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Moix ordena investigar a los fiscales del 3% por coacciones

 

¿Qué no habrá en la Fiscalía?

Mientras los fiscales dependan del Gobierno de turno no podremos fiarnos de sus actuaciones.

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Moix ordena investigar a los fiscales del 3% por coacciones

El fical jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, abandona la sede del...

El fical jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, abandona la sede del Ministerio Público. JAVIER BARBANCHO

MANUEL MARRACO – Madrid – 29 abr. 2017

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha ordenado investigar a tres fiscales de su unidad a raíz de la denuncia de uno de los imputados en la investigación sobre las cuentas de los Pujol en Andorra. Los fiscales afectados sonJosé Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, que han investigado los fondos de la familia de ex presidente de la Generalitat. A los dos primeros Moix les había apartado recientemente del llamado caso 3%, que investiga las comisiones ilegales a Convergència.

La actuación de Moix ha causado malestar entre los fiscales de Anticorrupción, un destino en el que son frecuentes las denuncias de los afectados por las investigaciones. Según fuentes de la Fiscalía, los afectados sólo tuvieron noticia de la denuncia cuando Moix les informó de que había dictado ya un decreto en el que respaldaba abrir una investigación por posibles delitos de coacciones y contra la administración de Justicia. Lo había hecho tras recibir al abogado del denunciante y tomar posteriormente declaración al propio denunciante sin que los tres fiscales conocieran la existencia del escrito en su contra.

En la denuncia, el imputado Rafael Pallardó sostiene que los fiscales le coaccionaron para declarar falsedades contra los Pujol. Los denunciados rebaten que, en realidad, en el encuentro el imputado les pidió dinero para declarar contra los Pujol, para quienes habría llevado fondos a Andorra. La respuesta fue que se podían ofrecer rebajas de pena por colaborar, pero no dinero.

Dos de los fiscales afectados habían sido ya apartados del ‘caso 3%’

El decreto de Moix indica que, puesto que los hechos se habrían cometido en Barcelona y que los fiscales están aforados, el órgano competente para investigar es la Fiscalía Superior de Cataluña. Ese departamento ya ha abierto unas diligencias de investigación a los fiscales tras el visto bueno del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Lo previsible a partir de ahora es que la Fiscalía Superior de Cataluña acuerde tomar declaración a los tres fiscales en presencia de sus abogados. Los afectados podrían, a su vez, solicitar diligencias como el interrogatorio a los testigos. Por ejemplo, a los entonces jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, y fiscal general,Eduardo Torres Dulce. Según fuentes del Ministerio Público, el encuentro con el imputado tuvo la autorización expresa de ambos.

Además de tratar el asunto directamente con el propio Maza y con el jefe de la inspección, los tres fiscales han pedido el amparo ante el Consejo Fiscal -órgano de representación de la carrera- frente a las denuncias presentadas en su contra, que a su juicio sólo pretenden minar su capacidad de actuación. El escrito enviado a la Fiscalía General va acompañado de las firmas de apoyo de todos sus compañeros de Anticorrupción. Varios de los firmantes señalan que el respaldo también puede interpretarse como una crítica al pábulo que Moix le ha dado a la denuncia.

En el caso de Grinda, existe una segunda denuncia presentada en Anticorrupción, esta vez por parte un imputado en el caso Petrov, que investiga la mafia rusa. Los fiscales afectados relacionan ambas denuncias con maniobras de los hermanosRamon e Higini Cierco, responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) -utilizada por los Pujol- hasta que el escándalo del blanqueo forzó su salida.

El episodio es un nuevo encontronazo de Moix en sus primeros meses al frente de Anticorrupción, tras la disputa mantenida con los dos fiscales encargados de la operación Lezo.

La petición de amparo es el segundo punto del orden del día que tiene marcado para los próximos días 3 y 4 de mayo el Consejo Fiscal. El primero será el intento de Moix de apartar a Grinda y Rosa del caso 3%. Ambos se han opuesto a la medida, por lo que la última palabra la tendrá Maza tras escuchar el parecer -no vinculante- del Consejo Fiscal. El jefe de Anticorrupción justificó el cambio en que era razonable que un caso de Cataluña lo lleven los delegados de Anticorrupción en esa comunidad. Entre los argumentos de los dos afectados está que Bermejo era fiscal en Cataluña cuando comenzó con el caso y que han pedido al juez de Tarragona que la investigación pase a manos de la Audiencia Nacional.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/29/5903afbf268e3ec05b8b45cd.html

 

Giorgio Aresu recupera a su hijo tras un supuesto secuestro que ha durado cinco años

 

Aunque tarde, un caso resuelto.

Uno más de los cientos de sustracciones de menores que se dan cada año. Si bien en esta ocasión se ha sacado al niño de las fronteras del país, recordemos que en la mayoría de las ocasiones no hace falta “exiliarse”. Simplemente basta la oposición de la madre basada en su convencimiento de que el hijo es de su propiedad. Esto es, lo que su cede en la inmensa mayoría de los divorcios.

Llama la atención el que el hijo reconozca a su padre y le acepte sin mayor trámite. En contra de las mentiras feminazis sustentandas en los juzgados por los equipos psicosociales.

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Emocinado reencuentro con el pequeño

Giorgio Aresu recupera a su hijo tras un supuesto secuestro que ha durado cinco años

El productor italiano se fundió en un abrazo con el niño, al que no ha visto en más de un lustro

Giorgio Aresu en una imagen de archivo. (Gtres)

Aurelio Manzano

28.04.2017

El productor italiano Giorgio Aresu está de enhorabuena. Después de casi cinco años de lucha en los juzgados de España, Estados Unidos y México, por fin ha recuperado a su hijo. Este, supuestamente, había sido secuestrado por su madre biológica. Los hechos ocurrieron este jueves en México, país donde Eva Fancsali, madre del niño, vivía con su actual pareja, el empresario español Matías Cortés. Los dos compartían domicilio desde que ella se fue de Estados Unidos con el pequeño.

El productor y director italiano ha interpuesto una demanda contra la madre de su hijo por secuestro en la que se dice que el empresario español ha colaborado

A última hora de la mañana de este jueves, la madre, que tenía una orden de búsqueda y captura con código rojo emitida por la Interpol, era detenida en su residencia y trasladada a la cárcel donde permanecerá hasta que pase a disposición judicial. El niño, G.A, que ha cumplido seis años, fue llevado de inmediato a un centro especial en donde se reencontró con su padre. Vanitatis ha podido hablar conAresu para conocer sus primeras impresiones. “Estoy muy feliz. La pesadilla que he vivido durante cinco años ha terminado. Nadie se puede imaginar la emoción que sentí cuando mi hijo se abalanzó hacia mí y me abrazó. Ahora, a vivir”, confesaba un emocionado Giorgio.

El reencuentro de Aresu con su hijo. (VA)

El reencuentro de Aresu con su hijo. (VA)

Aresu estaba acompañado de sus abogadas, Sandra Hoyos y María Victoria Aguilar, grandes artífices de la victoria conseguida. También por su hija Amalia, sobrina de Ana Obregón, la cual se encontraba en Ibiza haciendo su esperado posado de verano y al conocer la noticia a través de este medio, no podía dejar de expresar su felicidad: “Estoy emocionada. He sido testigo de todo lo que ha sufrido Giorgio. Ha hecho lo imposible y más por recuperarlo. Lo que ha hecho esta mujer, saltarse la ley y separar a un padre de un hijo, es una crueldad que nadie merece. Se ha hecho justicia”, declara una emocionada Ana entre lágrimas tras el final de un caso en el que ha estado implicado hasta el mismísimo Colate, que, según Aresu, habría sido cómplice y conspirador en el supuesto secuestro.

Los antecedentes del caso

Eva Fancsali y Giorgiu Aresu en una imagen de archivo. (Gtres)

El 9 de abril de 2012, Eva Fancsali​, pareja de Giorgio Aresu​, se marchaba a México y se llevaba al hijo que había tenido con el italiano sin contar con su consentimiento. A partir de ese momento, el músico comenzó una batalla legal en los tribunales españoles y norteamericanos, ya que el niño nació en América. Ahora, tras casi cinco años de búsqueda, padre e hijo se han vuelto a ver las caras. “El niño reconoció inmediatamente a su padre y se fundió en un abrazo con él. Cuando fue separado de Aresu tan solo tenía un año”, cuenta a Vanitatis un testigo de la escena.

En las próximas horas, se espera que el productor pueda salir de México con destino final a España para comenzar una nueva vida al lado de su hijo. Un final feliz para una historia de terror.

http://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2017-04-28/giorgio-aresu-supuesto-secuestro-mujer-eva-fancsali_1375017/

 

Campaña contra el «despatarre» de los hombres en el transporte público

 

La estupidez feminazi no tiene límites.

Las habituales mentiras feministas. No sólo generalizan conductas individuales sino que obvian lo más básico: la diformidad sexual en la especie humana.

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Campaña contra el «despatarre» de los hombres en el transporte público

La CUP denuncia el «manspreading», el «uso expansivo y abusivo» del espacio al sentarse

“Despatarre” en el transporte público – ABC

28/04/2017

La CUP de Terrassa (Barcelona) ha propuesto hacer una campaña contra el”despatarre” o “manspreading” en inglés, como se denomina a la práctica de algunos hombres de sentarse con las piernas abiertas en el transporte público, ocupando con ello más de un asiento.

La formación ha informado hoy en un comunicado que esta propuesta forma parte de las políticas enfocadas a alcanzar la igualdad de género, afirmando que esta actitud la “sufren” habitualmente las mujeres.

Aseguran que algunos hombres hacen un uso del transporte público “abusivo” y “expansivo” cuando se sientas en autobuses, trenes o metros, con laspiernas abiertas totalmente “espatarrados” y ocupando más de un asiento.

“Invaden el espacio vital de las otras personas, habitualmente mujeres, en una muestra de machismo y micro-agresión que puede incomodar a quien lo tiene que sufrir”, afirma la portavoz de la CUP de Terrassa, Sara Moya.

De este modo, la CUP propone realizar una campaña en las marquesinas del transporte público de Terrassa para visualizar y sensibilizar contra esta actuación, que incluya tanto los espacios de Renfe como los de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC).

La CUP apuesta también por un cambio en la simbología gráfica de los lavabos de los edificios públicos y otros espacios para que “dejen de reproducir roles sexistas”, como las mujeres con falda y los hombres con pantalones.

La propuesta de Nuevas Masculinidades de la CUP también apuesta por una campaña de sensibilización sobre la masculinidad hegemónica, abordando aspectos como la “corresponsabilidad” en el trabajo doméstico, informa Efe.

http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-campana-contra-despatarre-hombres-transporte-publico-201704280635_noticia.html

Educación introduce el matiz «cumplir los requisitos» para obtener el título de la ESO

 

Los políticos se afanan en degradar la educación para poder perpetuarse en el poder.

Cuanto peor sea el nivel académico más fácilmente se manipula a la población. Igualar por abajo para hacer borregos por igual. Todos igual de tontos e ignorantes.

La imposición de la ideología de género y la degradación del sistema educativo van de la mano.

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Educación introduce el matiz «cumplir los requisitos» para obtener el título de la ESO

El Gobierno atiende las sugerencias del sector y acuerda un nuevo término para poder definir a los alumnos que obtengan el título con dos suspensos

PALOMA CERVILLA  – Madrid – 28/04/2017

El Ministerio de Educación ya ha encontrado la fórmula, o mejor dicho el sinónimo de la palabra aprobado, que permita a los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) obtener el título con dos asignaturas suspendidas, que no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas, y con una calificación inferior al 5. La petición del Consejo Escolar del Estado ya ha sido atendida y ABC ha podido saber de fuentes gubernamentales que la expresión que se ha incorporado al título es «y cumple los requisitos de titulación». Esta expresión, junto a la calificación final de cada alumno, es la que se utilizará en todos los títulos que se otorguen de la ESO a partir del mes de junio.

Este departamento ministerial ha solventado con rapidez la observación que le había realizado el Consejo Escolar del Estado en su reunión del pasado martes y ya ha elaborado el nuevo texto de Real Decreto. Un documento que ha sido enviado al Consejo de Estado para que informe sobre el mismo. Este es el último trámite que tiene que superar esta normativa antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe definitivamente. Esta circunstancia ya no será posible en la reunión de hoy del gabinete ministerial, por lo que podríaproducirse la próxima semana. Las fuentes consultadas no han podido precisar el momento en el que el Gobierno aprobará el Real Decreto.

Con esta medida, el Gobierno pone fin a la polémica que se había suscitado con la legislación transitoria que se debe de aplicar, una vez paralizado en diciembre de 2016 el efecto académico de las reválidas de la Lomce. Al eliminar estas pruebas de evaluación para superar la ESO y el Bachillerato, y hasta que se consiga un Pacto de Estado, el Ministerio de Educación tenía que regular la forma con la que los alumnos de 15 años acrediten que han superado la ESO.

El Ejecutivo redactó un Real Decreto que sometió a la consideración del Consejo Escolar, en el que consideraba que se podía aprobar la ESO suspendiendo dos asignaturas y con una nota inferior al 5. Este organismo emitió un informe preliminar en el que cuestionaba que aprobara con esos criterios, señalando que era una «circunstancia anómala», que sin llegar al 5 se pudiera dar el título, y pidió «reflexionar» sobre ello.

Dicho informe se debatió en la reunión del pasado martes, originando unadivisión interna entre los miembros del citado Consejo. De hecho, ANPE, el sindicato independiente de profesores de la enseñanza pública, presentó una enmienda a este informe de la ponencia, en el que pedía que no se pudiera aprobar la ESO si no se llegaba al 5. Esta enmienda fue rechazada por nueve votos en contra y ocho abstenciones. La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) también se opuso a esta medida y se alineó con ANPE e incluso su responsable de Educación, Mario Gutiérrez, aseguró a ABC que lo que se estaba intentando era «inventar una palabra para esconder la realidad».

El acuerdo al que se llegó fue instar al Ministerio a «reflexionar» sobre este extremo y valorar la inclusión de alguna aclaración junto a la calificación final.

La aclaración será la expresión «y cumple los requisitos de titulación» junto a lo ya especificado en el texto del título actual, al señalar que el alumno «ha superado» los estudios regulados por la ley por el que se establece el currículo básico de la ESO. Por ello, se ha modificado el Real Decretosobre expedición de título académicos y profesionales correspondientes a la ESO con la inclusión de un nuevo anexo en el que se establece el modelo general del texto de título Graduado.

Aunque esta decisión del Gobierno de volver a utilizar los criterios que se aplicaban con anterioridad a la Lomce ha generado algunas críticas, las fuentes consultadas señalan que los casos en que se pueda aprobar con menos de un cinco serán excepcionales y que la nota, en todo caso, se situará en torno al 4,8 o 4,9. La explicación es que para obtener el título los alumnos están obligados a aprobar 46 de las 48 asignaturas que forman el ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Por lo tanto, en el peor de los casos, en el que el estudiante haya sacado un cinco en todas las asignaturas, la media estará alrededor de ese 4,8 o 4,9. Este argumento implica que no habrá alumnos que obtengan el título de la ESO con una nota inferior al 4.

Solo este curso

La entrada en vigor de esta normativa debe realizarse cuanto antes, según señalan representantes del sector, ya que tan solo queda mes y medio para la finalización del curso escolar, a mediados del mes de junio. En ese momento los profesores deben de conocer ya el Real Decreto, que un vez aprobado se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Esta medida solo se aplicará, en principio, para este curso escolar, ya que el próximo está supeditado a la nueva ley que tiene que acordarse por todos los grupos políticos en el Pacto de Estado por la Educación.

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-educacion-introduce-matiz-cumplir-requisitos-para-obtener-titulo-201704280315_noticia.html

 

Quitan dos hijos a una madre para que vuelvan a Chile con el padre

 

Caso paradigmático de sustracción de menores. La delincuente piensa sólo en su beneficio e interés desentendiéndose del perjuicio que le causa a su propio hijo al que considera su propiedad. Denuncias falsas, utilización de la industria del maltratolentitud de la justicia, engaño a la opinión pública, uso fraudulento de recursos públicos, etc. Pese al flagrante delito aún sigue en libertad aumentando el daño causado a sus propios hijos y a la sociedad en general.

En esta ocasión el país de origen es Chile de Bachelet. La agenda de género se ha implantado en todo el mundo.

Mención aparte merece la redacción del titular y cuerpo del artículo en el que se presenta a la madre como víctima y no como la delincuente que es. La constante manipulación de la realidad para amoldarla a la ficción feminazi.

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Quitan dos hijos a una madre para que vuelvan a Chile con el padre

La mujer dice a los menores que cogerá un avión para ir a por ellos al país suramericano, del que huyeron hace dos años por supuestos malos tratos

Entrada al Tribunal Constitucional en Madrid

Entrada al Tribunal Constitucional en Madrid – EFE
ABC – Alicante – 

La titular del juzgado de Familia de primera instancia número 10 de Alicanteha ordenado retirar a una madre a sus dos hijos menores para que regresen a Chile con su padre, tal y como establece una sentencia, según fuentes judiciales. Ambos han volado este sábado con destino a su país y la progenitora se ha despedido de ellos prometiéndoles ir a buscarlos.

Vanessa Skewes se trasladó con sus dos hijos y una nueva pareja hace unos dos años desde Chile hasta España, según su versión por los constantes malos tratos a los que su entonces pareja la sometía, aunque no existe ninguna condena.

Este sábado, los menores han tomado un vuelo desde Alicante junto a su progenitor con destino a su país de origen. Así lo ha confirmado a EFE la propia Skewes, a quien la Policía había retirado este viernes a sus hijos, una niña de 8 años y su hermano de 9, para llevarlos a un centro de protección donde debían ser entregados al padre, como establece un auto judicial que ejecuta una sentencia previa declarada firme.

“No he conseguido frenarlo. No me han hecho caso. Han salido esta mañana rumbo a Chile con su padre. Yo he ido a despedirlos y a contarles que voy en el avión detrás de ellos. Seguiremos luchando desde allá para conseguir que se escuche a mis hijos y se haga justicia”, ha asegurado la mujer.

El pasado mes de enero, Skewes y otra mujer, Juana Rivas, presentaron en el Ministerio de Justicia 150.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para impedir el regreso de sus respectivos hijos con los padres, a los que ellas acusan de violencia machista.

El excompañero sentimental de Skewes, Jaime David V.A., había llegado a Alicante recientemente para hacerse cargo de los pequeños, pero ella le había denunciado por un supuesto caso de violencia de género. Según fuentes próximas al caso, la denunciante asegura que el hombre la abordó el pasado miércoles por la tarde, cuando salía de su domicilio, le cogió del brazo, le propinó un golpe en la frente y le amenazó con quitarle a sus hijos.

“Me dijo que era la última oportunidad para que me fuera con él y los niños”, ha relatado por teléfono a EFE Skewes, que ha acudido este viernes a un juzgado de violencia sobre la mujer para ratificar la denuncia.

Jaime David V.A. ha sido detenido este viernes cuando acudía al juzgado de Familia para ultimar los trámites de su regreso a Chile con los niños.

Libertad provisional

Inmediatamente ha sido puesto a disposición del juzgado especializado en violencia machista que tramita la denuncia presentada por su expareja, pero ha quedado en libertad provisional con una orden de alejamiento tras prestar declaración, según fuentes próximas al caso.

Mientras tanto, los menores, una niña y un niño de 8 y 9 años, respectivamente, han permanecido en un centro de protección de la Generalitat a la espera de que su padre los recogiera para regresar a Chile, lo que ha hecho este sábado.

El juzgado de Familia de Alicante ordenó en su día devolver a los pequeños con su progenitor tras estimar una demanda interpuesta por la Abogacía del Estado en aplicación del convenio internacional sobre sustracción de menores, por lo que se declaró que el traslado a España o la retención de los dos pequeños era ilícito y se establecía que procedía su retorno a su lugar de procedencia, Chile.

Esa sentencia, de octubre de 2015, fue confirmada en enero de 2016 por laAudiencia Provincial de Alicante.

El juzgado de Familia alicantino había autorizado ahora al padre de los menores a recoger él mismo a sus hijos en Alicante para ejecutar la sentencia, después de que la madre comunicara que no tenía dinero para llevarlos a Chile por sus propios medios.

En un auto fechado este viernes, que no es firme y contra el que cabe interpone recurso de reposición, la titular del juzgado de Familia de primera instancia número 10 de Alicante había ordenado a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que localice a los pequeños y los lleve a un centro de la Generalitat, según fuentes judiciales.

Supervisión

Un técnico de la Generalitat debe supervisar en el centro el encuentro de los pequeños con su progenitor, al que no ven desde hace unos dos años, cuando su madre se escapó con ellos a España.

El auto dictado prohíbe a la mujer ver a sus hijos y comunicarse con ellos, y ha requerido a las fuerzas de seguridad que acompañaran este sábado al padre y a los niños hasta el aeropuerto de Alicante-Elche y supervisaran que toman el avión para que regresen a Chile con escala previa en Madrid.

En el auto, la juez considera necesaria “la adopción de medidas que garanticen la inmediata restitución de los menores a Chile, pero también que la misma se desarrolle del modo menos perjudicial posible” para los dos niños.

 

http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-alicante-retiran-hijos-madre-para-vuelvan-chile-padre-201704282249_noticia.html

 

La jueza Alaya: “Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid”

 

La jueza Alaya: “Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid”

Foto: KIKE TABERNER  Mercedes Alaya. Foto: KIKE TABERNER

La magistrada afirma que la injerencia política en la Justicia es total: “No se me permitió quedarme (en el caso ERE) por un voto unánime de PP y PSOE en el CGPJ”

Loreto Ochando

27/04/2017

VALÈNCIA. Mercedes Alaya, conocida como la jueza de los ERE de Andalucía, pronunció este miércoles una conferencia en el Hotel Las Arenas de València, organizada porForo de Opinión Cívico de la Cominidad Valenciana. Fiel a su imagen de no casarse con nadie, la magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no dejó títere con cabeza. Tuvo para todos: cúpula judicial, Fiscalía, medios de comunicación y políticos.

Al ser preguntada sobre las grabaciones entre el expresidente madrileño Ignacio González y el que fue su homólogo valenciano Eduardo Zaplana en las que hablan de poner y quitar jueces, la magistrada afirmó: “Claro que mueven los jueces a su antojo. Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

Alaya con respecto a estas declaraciones, primero pensó que se hablaba de mover fiscales,  sobre lo que dijo que, “no se puede utilizar a los fiscales como lacayos”, a lo que añadió que “no pueden existir cosas como las que hemos visto con un ministro del Interior”.

Críticas a la Fiscalía

Si hubo alguna institución contra la que la juez Alaya apuntó durante su disertación, sin duda fue contra la Fiscalía. Con respecto a los fiscales Anticorrupción aseguró que “no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido”, dijo en clara referencia al caso de los ERE. Explicó que “el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la jerarquía y la unidad de actuación”. “El Gobierno elige al fiscal general del Estado, y este a los de Anticorrupción. El Gobierno está presente en todos los casos de corrupción”.

Y añadió que “los fiscales son implacables en los delitos comunes, pero no se comportan de la misma manera en los casos de corrupción”.

En referencia a la posibilidad de que sean los representantes del Ministerio Público los que lleven la instrucción, actualmente en manos de los jueces, la juez estrella andaluza sostiene que “conceder la instrucción a un Ministerio Fiscal absolutamente politizado dejará al juez como si fuese una figura de piedra. No hay garantías de que nos llegue la realidad de lo que se ha investigado”.

Alaya, durante la conferencia. Foto: KIKE TABERNER

Alaya, durante la conferencia. Foto: KIKE TABERNER

Pero los dardos contra sus compañeros no finalizaron ahí. La juez aseveró que “si se revocan las causas (audiencias provinciales) es porque el fiscal se implica poco”. O con respecto a la Ley de Plazos, seis meses para causas simples y 18 para complejas, Alaya aseguró que “se limitan los plazos, pero se le dan las llaves al Ministerio Fiscal que no se mojan en las investigaciones judiciales y se mantienen al margen”, en referencia a que son ellos los que deben solicitar las prórrogas.

Por ello, la juez ahora apartada de los ERE por las continuas discusiones con la magistrada titular del juzgado que lleva esta causa, explica dice que “es necesario que el pueblo se involucre (acusación popular), porque nos podemos encontrar que el fiscal ponga fin a una investigación siguiendo órdenes del Gobierno”.

Asociaciones, partidos y medios

Tampoco sus propios compañeros magistrados se libraron de las críticas de Alaya, que explicó que aunque respeta, y mucho, a las asociaciones judiciales, no está asociada porque no está de acuerdo con el sistema.

Alaya tuvo balas para todos. En referencia a los partidos políticos, la juez andaluza afirmó que “tras el 15M hay un pacto de no agresión entre los grandes partidos para asegurarse la supervivencia”. Pero la juez, famosa por los ERE de Andalucía, traslada es pacto de no agresión a su tierra, de la que afirma que PP y PSOE  vienen a decir: “no comentes mis abusos, yo no comento los tuyos”.

Los medios de comunicación no salieron mejor parados que la Fiscalía o los partidos políticos. Según Alaya, “los medios de comunicación están a favor del poder”. “Los partidos políticos dan órdenes para hablar muy poco de temas judiciales”, añadió.

Soluciones

Las soluciones a todos los problemas que acucian a la Justicia para ella son: Un consejo General del Poder Judicial elegido por jueces; que la elección del fiscal general del Estado garantice su independencia; autonomía presupuestaria; un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas para evitar que “ningún procedimiento pueda ser moneda de cambio para pactos entre partidos, algo que está ocurriendo”, según manifestó.

http://valenciaplaza.com/jueza-alaya-valencia

Moix admite que se colocó un micrófono en el despacho de González por “la investigación que se estaba realizando”

 

El Estado omnipresente y controlador vaticinado por Orwell cada vez más presente. El Gran Hermano.

La legislación vigente permite la invasión de tu propio domicilio. Ley elaborada por políticos totalitarios y aplicada por un cargo político de confianza que depende jerárquicamente del propio gobierno de turno. Ley que utilizan tanto para sus guerras internas como para vigilar y controlar a los ciudadanos.

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Moix admite que se colocó un micrófono en el despacho de González por “la investigación que se estaba realizando”

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. GONZALO ARROYO

25 abril 2017

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha reconocido que se colocó un micrófono en el despacho de Ignacio González por necesidades de la investigación que se estaba realizando y “no por filtraciones” de las pesquisas a los interesados. La cadena Ser informa hoy de que el entonces juez instructor de la causa,Alejandro Abascal, ordenó a agentes de la Guardia Civil entrar en el despacho del ex presidente de la Comunidad de Madrid para colocar un micrófono oculto.

El juez decidió tomar esta inusual medida, permitida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, ante la gravedad de los delitos y las numerosas precauciones que tomaban los investigados. De hecho, González tiene un sistema de encriptación en su teléfono móvil, según informa la cadena Ser.

El fiscal Moix ha asegurado que ese micrófono no se colocó ante los supuestos chivatazos que recibían los afectados sobre la investigación en curso, sino como “consecuencia de la investigación”.

Además, el fiscal ha manifestado no tiene ninguna intención de dimitir, pese a su polémica actuación en torno a la ‘Operación Lezo’. Moix ha negado ser amigo deGonzález y ha manifestado que sólo mantenía con él una relación institucional: “Yo conozco a Ignacio González como a todos los gobernantes de la Comunidad de Madrid”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/25/58fef8f6468aeba8288b4631.html

Eloy Velasco, juez de la ‘Operación Lezo’: “Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino”

 

Conviene recordar que este juez dejó la judicatura para dedicarse a la política y luego volver a la política. Algo que debería estar prohibido. Al igual que Baltasar Garzón parece que sólo busque la venganza sobre quienes no cumplieron lo que le prometieron.

Habla de cumplir la ley y de que ésta emana del pueblo pero se niega a admitir una querella contra Pérez del Campo en base a mentiras palmarias. Más bien parece que ve la realidad con gafas polarizadas y aplica la ley según su criterio personal e intereses, algo común en la mayoría de los jueces ya que no tienen un órgano que les fiscalice y sancione pues tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial no realizan esa labor.

La entrevista no tiene desperdicio.

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Eloy Velasco, juez de la ‘Operación Lezo’: “Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino”

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado...

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado miércoles en la sede madrileña de la Deusto Business School. ANTONIO HEREDIA

“Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político”

“Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior”

“Un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional precisa más medios”

Carlos Segovia – 23 abril 2017

Eloy Velasco (Bilbao, 1963) es el juez del momento, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Respetó su compromiso previo de conceder esta entrevista a EL MUNDO, pese a que tuvo lugar el pasado miércoles tras lanzar la operación Lezo. La entrevista había sido concertada con motivo de una conferencia organizada por la Deusto Business School sobre el libro que ha escrito con su esposa Beatriz Saura llamado Cuestiones Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance. Velasco quiere que cale que la reforma penal permite incluso disolver empresas o partidos políticos cuando sus dirigentes incurren en delitos. Rechazó desde el principio comentar la Operación Lezo y el resto de procedimientos en curso que instruye, pero confirma sus planes de futuro y no se muerde la lengua en temas relevantes.

¿Qué opina al menos de la situación de la corrupción en España?
No quiero contestar a eso, porque se puede hacer una lectura sobre casos concretos. Prefiero hablar sobre la importancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Gracias por entenderlo.
Pero está relacionado…
Es uno de los muchos delitos en que puede incurrir una persona jurídica.
¿Cree que hay arsenal jurídico suficiente para castigar a las personas jurídicas delincuentes en España con incluso la disolución?
La disolución es una pena prevista. Es la muerte de la empresa. Para las instrumentales que se usan torticeramente para hacer trampas no es mala solución, pero para las que tienen vocación de permanencia y plantilla de trabajadores, no parece que sea la más adecuada. En la importante sentencia de 29 de febrero de 2016, que llamamos «la bisiesta», el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional, que condenó a la disolución de una empresa con 100 trabajadores. El Supremo prefirió otra opción menos grave como es la sanción. Es importante que no es sólo responsabilidad de las empresas, hay personas jurídicas como son las fundaciones, los partidos, los sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro como puede ser la Iglesia, los equipos de fútbol… El Barcelona ya tiene condena y es el primer equipo que está jugando con antecedentes penales, el Osasuna está siendo investigado, están apareciendo los fraudes en las apuestas en Tercera División… Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido.
¿A un partido político?
Es muy importante que el mensaje no va solo a las empresas, sino a cualquier persona jurídica, salvo al Estado, y que se pueden graduar las distintas sanciones. La normal es la de multa y la más drástica la de la disolución, pero hay otras formas intermedias. Lo que ha querido el legislador es llevarlo al terreno penal y no al administrativo como en Italia o Alemania. Han decidido que el empresario tiene que poner procedimientos para evitar casos como el de Enron. Tiene que ser el empresario el que ponga los costes de la prevención. Eso sí, el plan de prevención de delitos ocompliance es voluntario. El premio es que el que haya hecho planes puede llegar a ser eximido de la acción penal o le puede atenuar la responsabilidad con la correspondiente graduación de la multa.
¿Y en los partidos políticos?
Para los partidos políticos sí es obligatorio. Con la reforma que hizo Rajoy sobre partidos políticos, que introdujo delito de financiación, les obligó a tener planes de prevención.
Entonces nunca veremos la disolución de un partido político, porque tendrá el eximente de contar con un plan de prevención…
Son cosas distintas, un partido puede tener un plan de compliance, pero pese a eso puede que alguien que lo conoce, evite esos controles fraudulentamente y cometa delito. Si es directivo y lo hace para procurar un beneficio al partido, será el partido el que comete el delito. El responsable arrastra a la responsabilidad del conjunto. Es que lo que hace el presidente del Gobierno es como si lo hiciera el Gobierno y lo que hace el representante de la empresa es como si hiciera la empresa. Luego es verdad que los accionistas de una empresa pueden emprender acciones contra el directivo y pedirle que les indemnice.
Disolver a un partido sería privar a los militantes de una fuerza política…
Sí, podría ser interpretado como una interferencia en la expresión política, pero hay otras alternativas. Otras penas son prohibir actividades temporalmente, cerrar locales de una parte del país…
Si no quiere hablar de casos concretos, ¿puede aclarar al menos si va a dejar su actual puesto?
Sí. He pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso.
Pero puede dejar casos importantes empantanados…
Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor.
Pero así se ralentizan los procesos judiciales…
Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser.
Hay que bajar el déficit público…
Ya pero en un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional pedí un refuerzo y me lo pusieron seis meses. Es ridículo que lo pongan por un plazo tan corto y eso que el compañero trabajó perfectamente. Ahora se ha ofrecido a echarme una mano, pero no es legal que dos jueces funcionen a la vez si no están nombrados por el Consejo. La Audiencia Nacional necesita más medios.
¿Por eso se quiere ir?
Y porque llevo 10 años en la Audiencia Nacional de mis 30 años de juez. Voy a seguir en la Audiencia Nacional, pero haciendo otro trabajo ya. Ya tengo mis años y estar siempre de guardia… En este trabajo te llaman a las dos de la mañana. Estábamos de vacaciones en esta Semana Santa y me llamaron… Pero al servicio que me he pedido de la Sala de Apelaciones no llaman. Es a los jueces instructores a los que nos mueven más. Si consigo el puesto, es menos de actuar y más de escribir.
¿Se va porque le afectan las críticas a sus decisiones?
La crítica me es indiferente, si no es a mí será al siguiente.
Es preocupante que jueces con tanta experiencia quieran dejarlo…
Desde la Sala de Apelaciones tener experiencia es importante y sólo el que ha sido antes instructor sabe cómo está conseguida una prueba. Por ejemplo, cuando veo que la Audiencia Provincial de Navarra dice que no hay kale borroka en unos actos que llama de orden público en Pamplona, en contra de la Audiencia Nacional que se dedica al terrorismo… Eso es banalizarlo y demuestra que no se dedican al terrorismo. También lo veo en materia económica o, por ejemplo, en Justicia universal. Cuando haces un procedimiento por una persona que ha sido masacrada por alguien del régimen de Assad, hay gente sin experiencia internacional que dice: no perdamos el tiempo porque las investigaciones nacionales están necesitadas de tiempo. ¡Qué tendrá que ver una cosa con la otra! Hay gente que no tiene empatía con crímenes contra la Humanidad que son más graves que la muerte. En la Sala de Apelaciones intentaré aportar mi experiencia.
¿Cuándo prevé dejar su puesto?
Está previsto en junio. A ver si entonces tengo la suerte de ganar el concurso y me voy a otra cosa.
¿Volvería a la política tras su etapa en la Generalitat Valenciana?
¿Para qué? Además, en Valencia lo que hice fue gestión. Yo me dediqué a construir infraestructuras judiciales y a informatizar. Cuando llegué usaban máquina de escribir. Cuando me marché, los 300 juzgados usaban ordenadores.
¿Animaría a un compañero a sustituirle? Parece que su juzgado está desbordado…
Yo animaría a evitar juzgados desbordados. Mi trabajo es apasionante. Siempre hay temas graves. Ahora hay uno que parece grave y dentro de poco habrá otro.
¿Con los medios que tiene puede hacer bien su trabajo?
No, así no puedo hacer bien mi trabajo. Me gustaría tener tiempo, porque cada ciudadano, cada víctima merece mucho más tiempo del que yo puedo dedicar.
¿Qué le parece la propuesta de que sean los fiscales los instructores?
Soy contrario. Estoy a favor del juez instructor. Los fiscales son estupendos profesionales y en el 99% de los casos harían la instrucción igual que los jueces, pero hay un 1% de ellos que puede recibir instrucciones de sus superiores. Y yo no, porque no tengo superior. Me siento más independiente que los fiscales, también en esos casos en los que el fiscal general, que es elegido por el Gobierno, puede dar un instrucción.
¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las tarjetas black…
Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación… Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta 2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.
¿Y si se equivocan?
No pasa nada. Hay segunda instancia, hay casación y no hay asunto que no pase por ocho jueces.
¿Es más difícil actuar contra una gran empresa?
Instruir esos casos es complejo. Recuerdo que llevé una trama de información privilegiada de un banco muy importante y me enseñaron un organigrama que no tenía tiempo de entender. No tengo tiempo para entender como funciona un banco pero me tengo que enterar.
¿Cómo solucionarlo?
Hay que especializarse. Los jueces deben tener un equipo de asesores, auditores o contables que nos sepan explicar estos fenómenos.
¿Cómo están trabajando la Udef y la UCO?
Muy bien. Las condenas que empiezan a asomar son gracias a ellos. Son policías sin pistola que estudian desfalcos o desvíos de dinero. Hacen una labor muy buena.
Volviendo a su libro, ¿se dotan las grandes empresas de planes de prevención de delitos?
En las grandes empresas sí, pero no con un solo modelo. Yo tengo unas 80 personas jurídicas investigadas en mi juzgado y veo planes de prevención diferentes. No se ha profundizado en delitos impropios como la trata de personas, el tráfico de drogas, la prostitución, la pornografía infantil… Creen que nunca los van a cometer, pero en el mundo real ocurren esas cosas. Pienso que, o tienen un plan correcto, o como lo tengan débil van a tener problemas.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html

¿Cuándo se puede aplicar la excepción de la regla general de irretroactividad en casos de pensión de alimentos indebidamente percibidos?

 

Más de uno ha sido víctima de este engaño por parte del progenitor custodio. En este artículo se explica la legislación y jurisprudencia a tener en cuenta para recuperar las cantidades pagadas.

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¿Cuándo se puede aplicar la excepción de la regla general de irretroactividad en casos de pensión de alimentos indebidamente percibidos?

Gema Cornejo

23 Abril, 2017

La Audiencia Provincial de Madrid –en una sentencia todavía no publicada en los buscadores de jurisprudencia- condena a una mujer a devolver a su ex pareja la pensión de alimentos de sus hijos, percibida indebidamente, puesto que ninguno de ellos convivía con ella.

En la demanda se formulaban dos peticiones:

Por un lado,  que se declarase extinguida la obligación alimenticia de los dos hijos, mayores de edad, que se encontraban trabajando y percibiendo unos ingresos con los que podían afrontar sus gastos de subsistencia (con base en el artículo 152.3º del Código Civil).

Y por otro lado, que condenase a su ex pareja a la devolución de las cantidades indebidamente abonadas por alimentos: respecto del hijo, desde la fecha en la que comenzó a trabajar y, en el caso de la hija, desde que dejó de convivir con la madre (dos años antes de la mayoría de edad por residir en un centro de menores).

El padre había pasado varios años sin tener comunicación con los hijos, pero había continuado cumpliendo con sus obligaciones económicas de manutención.

El artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su apartado 2 dispone que: “Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos”.

Por lo tanto, para que pueda extinguirse la obligación de abonar la pensión de alimentos ¿Es necesario interponer una demanda de modificación de medidas? ¿Es correcta la aplicación de la irretroactividad en este supuesto o vulnera lo dispuesto por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 26 de marzo de 2014 que fijaba doctrina sobre este extremo?

Hemos de analizar las distintas cuestiones:

  • Para que subsista la obligación de pago de alimentos a los hijos mayores de edad, es necesaria que subsista su dependencia económica respecto de ambos progenitores. Además, también se exige el requisito de convivencia con el progenitor encargado de la administración de la pensión de alimentos (artículo 93, segundo párrafo del Código Civil) y, como hemos podido ver, en el supuesto analizado no se cumplían ninguno de los dos requisitos.
  • El efecto de cosa juzgada de las sentencias firmes, nos lleva a afirmar que lo normal en el ámbito procesal sería declarar la extinción del derecho a la pensión de alimentos de los hijos mayores de edad -independientes económicamente-, a través del procedimiento de modificación de medidas previsto en el artículo 775 de la LEC.
  • Abuso de derecho, enriquecimiento injusto y mala fe. La madre no comunicó al padre ni el hecho de la independencia económica de los hijos, ni que ya no convivían con ella. Esto suponía una alteración sustancial de las circunstancias de tal entidad que conllevaría a la extinción de la pensión alimenticia (con base en el artículo 91 del Código Civil).
  • Está claro que concurrían los requisitos para la estimación de la demanda de modificación de medidas, pero ¿desde cuándo han de dejar de abonarse los alimentos indebidamente percibidos? ¿Puede aplicarse el efecto retroactivo al momento en que cesó la obligación legal de abonarlos, si el artículo 18 de la LOPJ dispone que las sentencias han de ejecutarse en sus propios términos?

Las sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona de 10 de febrero de 2009 y 26 de enero de 2010; la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 24ª, de 30 de mayo de 2012; la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 30 de marzo de 2002 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 29 de febrero de 2012, confirman el efecto no retroactivo de la modificación de alimentos, dado el carácter consumible de los mismos.

Doctrina jurisprudencial

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de marzo de 2014, que fijaba como doctrina jurisprudencial que:

“Cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente”.

Esta doctrina es reiterada por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 23 de junio de 2015(recurso de casación 1097/2014) y de 6 de octubre de 2016 (rec. 2307/14, ponente Pantaleón Prieto).

Entonces, ¿por qué la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid aplica el efecto retroactivo en este caso?

La sentencia analizada declara extinguida la obligación alimenticia preestablecida desde la incorporación al trabajo de manera interrumpida de ambos hijos:

«La sola circunstancia de estar reconocida la obligación de alimentos mediante sentencia que no haya sido modificada no habilita el que uno de los progenitores pueda seguir reclamando y recibiendo pensiones de alimentos cuyos condicionamientos fácticos, en orden a la subsistencia del derecho, ya han desaparecido». «Nadie puede enriquecerse sin razón en perjuicio de otro».

Respecto de la hija, se reclamaba la extinción de la pensión desde los dos años anteriores a cumplir su mayoría de edad, alegando que se encontraba bajo la tutela y residiendo en centros de la Comunidad de Madrid. La sentencia entiende que, a pesar de esta circunstancia, la menor había permanecido bajo la custodia de la madre durante su minoría de edad y acuerda que debe subsistir de modo incondicional el deber alimenticio a cargo del progenitor no custodio.

El artículo 6 del Código Civil, en su apartado 4, dispone que:

  1. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

El artículo 7 del Código Civil, establece que:

  1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
  2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Por lo tanto, en los supuestos en los que se aprecie un claro fraude de ley, abuso de derecho, mala fe y enriquecimiento injusto por parte del perceptor de la pensión, puede aplicarse la excepción de la regla general de irretroactividad.

Se trata de una cuestión de justicia material. Así se había pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid en sus Sentencias de 12 de enero de 2001 y 29 de enero de 2002, afirmando que  “un enriquecimiento sin justa causa, no puede ser amparado judicialmente.

Pero hemos de tener en cuenta que, si planteado un supuesto similar, se mantuviese el efecto constitutivo con efectos no retroactivos de las pensiones de alimentos, nos quedaría la posibilidad de accionar en un proceso declarativo en un Juzgado de Primera Instancia, ejercitando una acción por enriquecimiento injusto o abuso del derecho, instando la devolución de las pensiones indebidamente percibidas, ex artículos 1.887 y 1.901 del Código Civil. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 12 de enero de 2001 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2ª, de 8 de Marzo de 2002.

https://confilegal.com/20170423-cuando-puede-aplicar-la-excepcion-la-regla-general-irretroactividad-casos-pension-alimentos-indebidamente-percibidos/

La Justicia española resuelve litigios en 238 días frente a los 17 de Dinamarca

 

Una justicia lenta no es justicia.

Los políticos españoles no dotan de medios a la Administración de justicia ni elaboran leyes que eviten y resuelvan problemas. Más bien hacen justo lo contrario para tener enredada a la población en temas menores mientras ellos hacen y deshacen a su antojo amparados en grandes dosis de impunidad.

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La Justicia española resuelve litigios en 238 días frente a los 17 de Dinamarca

Las cifras que prueban la lentitud de los procedimientos judiciales en nuestro país.

Audiencia Provincial de Madrid | Europa Press
Diego Sánchez de la Cruz – 

Dicen que la Justicia lenta no es Justicia, pero no todos los gobiernos europeos se toman en serio esta proclama. Así lo pone de manifiesto la última publicación de indicadores judiciales editada por la Comisión Europea. De acuerdo con dicho documento, hay hasta 700 días de diferencia entre el tiempo medio de resolución de litigios en unos y otros países de la Unión.

La Justicia más eficiente nos la encontramos en Dinamarca, donde la resolución en primera instancia de casos civiles, mercantiles o administrativos apenas supone una demora de 17 días. ¿Imaginan una Justicia capaz de zanjar disputas de esta naturaleza en poco más de dos semanas? Eso es lo que disfrutan los ciudadanos daneses. El informe de la Comisión Europea también deja bien paradas a dos de las tres repúblicas bálticas. Estonia y Lituania ocupan la segunda y tercera posición, con una demora de 39 y 50 días, respectivamente; por su parte, Letonia obtiene un peor resultado, con 161 días de espera media.

Otros países con buenos indicadores de eficiencia judicial serían Austria, Polonia y Hungría, donde el tiempo medio de resolución en primera instancia no llega a los dos meses. Para ser precisos, hablamos de 53 días de espera en Austria, 55 días en Polonia y 59 días en Hungría. A continuación nos topamos con Bulgaria (78 días), Eslovenia (82 días) y Holanda (87 días), donde el tiempo medio de resolución en primera instancia se mueve en el entorno de los tres meses de espera. Plazos más dilatados que los de Dinamarca, sin duda, pero aún dentro de un marco razonablemente eficiente.

Los siguientes clasificados de la tabla son Finlandia (111 días), Suecia (126 días) y Croacia (132 días). Detrás vienen Rumanía (154 días) y República Checa (161 días), además de la ya citada Letonia. Y justo después de este bloque de países nos topamos con España, donde hacen falta 238 días para que los casos civiles, mercantiles o administrativos queden sentenciados en primera instancia.

Tiempo-Medio-Resolucion-Litigios.png

Peor que nuestro país aparecen Eslovaquia (240 días), Francia(304 días), Italia (393 días), Malta (447 días), Grecia (que no ha ofrecido datos desde hace un lustro, pero que se movía en los 510 días en la edición para 2010), Portugal (710 días) y Chipre (1.085 días). Por tanto, a España le queda el consuelo de saber que estamos claramente mejor que el resto de economías del Mediterráneo.

El informe no recoge cifras de algunos países de la UE que no forman parte del proyecto de investigación de la Comisión. Es el caso de Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda o Reino Unido, relevantes economías del Viejo Continente para las que no tenemos datos comparables. Lo que sí incluye el documento es una serie comparada que nos permite comprobar cómo evolucionan los tiempos medios de espera. Aquí hay buenas noticias para España. Y es que, según el informe de 2010, el plazo de resolución de litigios en primera instancia se movía en un promedio de 291 días, frente a los 238 observados en el estudio de 2015.

Otro país que ha experimentado un cambio a mejor es Estonia, que en el último lustro ha reducido el plazo medio de resolución de litigios de 120 a 39 días. De no haber experimentado ningún progreso, el pequeño país báltico se habría quedado en el puesto 11. Sin embargo, el salto adelante observado en los últimos años ha sido suficiente para llegar a la segunda posición, por detrás de una Dinamarca donde también se ha dado una mejoría (de 27 a 17 días de espera media).

Donde las cosas no están cambiando a mejor es en Italia y Francia. La república transalpina parece haberse estancado en el entorno de los 400 días de espera. En 2010, su sistema judicial arrojaba plazos medios de 395 días, mientras que en 2015 sigue en 393. En cuanto a la república gala, la evolución ha sido a peor: 256 días en 2010, 304 en 2015.

http://www.libremercado.com/2017-04-23/la-justicia-espanola-resuelve-litigios-en-238-dias-frente-a-los-17-de-dinamarca-1276597368/