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La pedagoga sueca que sabe cuál es el mayor error de la educación española

 

La educación en España no ha dejado de decaer en su nivel desde la reforma de Villar Palasí.

En 1982 entró a gobernar el PSOE siendo una de sus prioridades el control de la educación instaurando oficialmente la “coeducación” que no era sino un eufemismo amable para instaurar el feminazismo.

De ahí viene el “os/as”. Miembros y miembras y demás disparates y coces a la gramática según dicta el sentido común y el criterio de la RAE.

Los autores fueron Felipe González y sus ministros de Educación: Maravall, Rubalcaba y Marchessi.

Fue con la LOGSE con la que se implantó la llamada coeducación que ha dado lugar a aberraciones como el famoso “miembros y miembras” que años después repitió la entonces ministra quien simplemente repitió como papagayo lo que había aprendido en el colegio. No viene mal recordar el “jóvenes y jóvenas” de la entonces esposa de Felipe González y diputada por Cádiz y la creación de una revista con esa cabecera dentro del Ministerio correspondiente.

El nivel académico se ha reducido considerablemente. A los alumnos se les enseña mucho menos temario que antaño y se les exige mucho menos. Incluso pasan de curso con varias asignaturas suspendidas. Los criterios “pedagógicos” se han implantado para adocenar con más facilidad a la población.

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La pedagoga sueca que sabe cuál es el mayor error de la educación española

Inger Enkvist, pedagoga e hispanista, explica en esRadio los problemas de la educación en España.

Libertad Digital/esRadio

2017-04-06

¿En qué falla la educación española? | Pixabay/CC/GGV

Tras comparecer en la comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, la pedagoga e hispanista sueca Inger Enkvist ha hablado en los informativos de esRadio de los problemas más graves de la educación española. Concretarlos todos es para Enkvist una “pregunta imposible”. Pero sí ha resaltado uno fundamental: “El nivel de los maestros”. En su opinión, “elevar el nivel” entre los profesores de primaria “sería muy importante” para mejorar la educación. “Elevar el corte para entrar es esencial”, ha insistido, “si los alumnos empiezan bien, continuarán con ventaja”.

Enkvist no ve relación entre inversión y resultados educativos: “Si el sistema es malo y no se pide un esfuerzo, la inversión tiene poca importancia”. Para la pedagoga, se habla de inversión “en parte porque uno no se atreve a exigir a los alumnos, y también a los profesores, un esfuerzo”.

Uno de los sistemas más elogiados mundialmente es el finlandés, cuya clave de éxito es, según Enkvist, “el nivel de los profesores en primaria”. La selección es “muy fuerte, muy seria”, y un alumno no encuentra profesores que no sean “personas cultas”. Si desde el principio se profundiza en Historia, en Geografía, en el mundo intelectual, aunque sea en un nivel sencillo, el alumno se acostumbra, no lo cuestiona y sigue adelante”, ha destacado. Además, ha subrayado como esa excelencia entre los maestros hace que ni padres ni políticos cuestionen el sistema: “Confían en los profesores”.

En Asia, ha contado, la razón de su éxito es otra: para ellos lo fundamental es “el esfuerzo”, que es conjunto entre toda la población y que tiene como objetivo “sacar adelante el país”. “Hay un esfuerzo nacional que exige ciertos sacrificios pero que se acepta por el bien de todos”, ha indicado.

Sobre las soluciones para los alumnos que se quedan atrás, Enkvist ha contado la solución finlandesa: darles profesores de educación especial, sacar a los niños del grupo y trabajar “de forma intensiva” con él. En Asia, la responsabilidad recae en los padres, que deben “asegurarse de que el niño pueda seguir el ritmo del grupo”. “Aceptan el esfuerzo como parte” del objetivo de que los alumnos obtengan un nivel “relativamente igual”.

En este punto, Enkvist ha dicho no entender propuestas como la huelga de deberes: “Ningún país con buen resultado ha eliminado los deberes, es una reivindicación muy extraña”. En su opinión, los deberes tienen que ver con la forma en la que se desarrolla la jornada escolar y ha enfatizado que las tareas en casa deben tener un equilibrio con el ocio. El objetivo, que la tarea “sea eficaz como aprendizaje y agradable para el joven”.

Por último, Enkvist se ha referido a la inmersión lingüística, con la que es muy crítica. La pedagoga defiende que se “pueda elegir”. Si se convierte en algo obligatorio, como en Cataluña, “es una medida muy cuestionable; política, nada educativa”. “No es algo que deba hacer un estado democrático”, ha zanjado.

 

http://www.libertaddigital.com/espana/2017-04-06/la-pedagoga-sueca-que-sabe-cual-es-el-mayor-error-de-la-educacion-espanola-1276596440/

Educación implantará un ciclo superior de FP en promoción de la igualdad de sexos

 

La industria del maltrato crea nuevos “puestos de trabajo”. Necesita instruir a comisarios políticos feminazis que vigilen el adoctrinamiento en las escuelas y persigan al disidente/opositor.

Más estómagos agradecidos que vivirán a costa del erario público que defenderán con ahínco la ideología de género en la que han sido deformadas y de la que les va el sueldo.

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Celebración del Día Internacional de la Mujer

Celebración del día internacional de la mujer – Imagen:MARCOS BRINDICCI | REUTERS

Educación implantará un ciclo superior de FP en promoción de la igualdad de sexos

El título formará en materias como prevención de la violencia machista o habilidades sociales

TAMARA MONTERO
SANTIAGO – LA VOZ – 06/04/2017

«Programar, desenvolver e avaliar intervencións relacionadas coa promoción da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes» y hacerlo «aplicando estratexias e técnicas do ámbito da intervención social, detectando situacións de risco de discriminación por razón de sexo e potenciando a participación social das mulleres». Es el perfil profesional deltécnico superior en promoción de la igualdad de género, una titulación de formación profesional que quiere implantar la Consellería de Educación -según las previsiones comenzaría a impartirse el próximo curso- y cuyo currículo se abordará hoy en la mesa sectorial de educación. Galicia será de este modo la décima comunidad autónoma en regular unos estudios a los que se accederá preferentemente a través del bachillerato de humanidades y ciencias sociales, y que constarán de módulos dedicados, entre otras cosas, a la prevención de la violencia machista, las habilidades sociales, la promoción del empleo femenino e información y comunicación con perspectiva de sexo.

Además, incluye un módulo de formación en centros de trabajo -que permitirá a los estudiantes enfrentarse a situaciones reales del entorno laboral- y otro de elaboración de un proyecto que «permitirá integrar de forma global os aspectos máis salientables das competencias profesionais», según reza el borrador que será debatido con los sindicatos.

Dicho proyecto será semejante al de fin de grado, ya que debe desarrollarse después de haber aprobado todos los módulos y coincidiendo con la realización de una parte del módulo de formación en centros de trabajo. Se evaluará después de haberse cursado ese módulo práctico.

Galicia se suma así a Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León,Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco y la Comunidad Valenciana en la elaboración del currículo para una profesión en auge en vista de la puesta en marcha de medidas, tanto por parte de la Administración central como de la autonómica, en materia de igualdad de género y prevención de la violencia machista que requieren de personal especializado.

No es el único paso que ha dado la consellería, que ya implantó de forma pionera una asignatura en igualdad de sexos que pueden impartir los centros.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/04/06/educacion-implantara-ciclo-superior-fp-promocion-igualdad-genero/0003_201704G6P9991.htm

Catalá insiste en que los fiscales instruyan las causas penales

 

Mientras los fiscales dependan jerárquicamente de sus superiores y deban acatar sus órdenes, su trabajo no tendrá la necesaria independencia para poder instruir las causas.

La separación de poderes no podrá estar garantizada mientras los fiscales estén a las órdenes del Gobierno de turno.

Resulta evidente cual es la intención del Gobierno.

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Catalá insiste en que los fiscales instruyan las causas penales

Catalá dice que prohibirá las órdenes verbales a los fiscales por parte de sus superiores Vídeo: ATLAS Foto: Kiko Huesca EFE
Insiste en que los fiscales nunca han recibido órdenes del Gobierno y dice que prohibirá las órdenes verbales a los fiscales por parte de sus superiores

HEMEROTECA: La Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia

MANUEL MARRACO – Madrid – 06/04/2017

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este jueves en el Congreso que sigue adelante con el proyecto de aprobar «en breve» una gran reforma del proceso penal, en la que la medida de mayor calado es la atribución de la investigación a los fiscales en lugar de los jueces. Catalá precisó que, «en paralelo», se reformará el ya «exhausto» Estatuto Fiscal para reforzar la autonomía de los representantes del Ministerio Público ante su nueva tarea. Una de las medidas que se incorporarán será la prohibición de que los fiscales reciban órdenes verbales de sus superiores.

«El nuevo Estatuto prohibirá las órdenes verbales», dijo Catalá a los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso, ante la que comparecía para aclarar las posibles presiones a fiscales que llevan casos de corrupción y las indicaciones políticas para los nombramientos más delicados.

El alcance real de la medida es difícil de precisar. Por ejemplo, en el caso Púnicala orden del fiscal general de no acusar al ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez se hizo por escrito. El decreto de José Manuel Maza llegó después de que las dos fiscales rechazaran asumir ese criterio.

Actualmente, los fiscales también pueden exigir a su superior que la orden de actuar contra su propio criterio venga por escrito. En la práctica, esa exigencia llega en rarísimas ocasiones y refleja una situación de enfrentamiento. En el día a día, lo más habitual es que el fiscal cumpla con lo que le traslada el superior verbalmente, aunque discrepe. Fuentes del Ministerio Público consideran positivo que se deje constancia de esas órdenes con más facilidad que hasta ahora, si bien encuentran problemas para su aplicación práctica. El ministro no dio más detalles sobre la medida anunciada.

Sobre los cambios del Estatuto Fiscal en general, clave para la reforma del proceso penal, explicó que buscarán «conciliar el principio de autonomía con el de unidad de actuación», remarcando «la imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley» por parte de los fiscales.

La intención es que «facilite la discrepancia jurídica mediante mecanismos más transparentes» y que las discrepancias se resuelvan por «un órgano colegiado, no por una sola persona». Catalá también propone conceder un «mayor protagonismo» al Consejo Fiscal -que reúne a fiscales elegidos por votación- y regular con más precisión «el mérito y la capacidad» para acceder a los puestos discrecionales.

Ante los representantes de la oposición, Catalá ha asegurado que la reforma del proceso penal en general no es un proyecto sólo del PP o del Gobierno, sino que debe contar con el apoyo de otros grupos. Si no lo obtiene -necesita los votos para aprobar la ley orgánica- España seguirá siendo «un exotismo» en un entorno jurídico europeo en el que la investigación la llevan los fiscales.

Si, en cambio, sale adelante, Catalá ofreció ayer algunos rasgos de la reforma que se sumarían a los de la instrucción por parte del fiscal. Por ejemplo, se simplificarían los procedimientos y recursos, con menos formalismos. Los dos procedimientos actuales (ordinario y abreviado) quedarían en sólo uno.

El apoyo de la oposición no está claro. La orden de no acusar a Sánchez o la no renovación de la ex fiscal general Consuelo Madrigal por no ceder en los nombramientos llevaron recientemente al PSOE a advertir a Catalá en el Senado de que estaba «rompiendo a pedazos» la posibilidad de un acuerdo. Ayer el tono del PSOE fue más suave, pero manteniendo las reservas sobre el control de la Fiscalía por parte del Gobierno. Por su parte, Catalá negó haber dado siquiera «recomendaciones» sobre nombramientos.

También negó que fuera él quien en el Congreso Nacional del PP informó al ex presidente de Murcia de que la Fiscalía no respaldaría su imputación. En este punto, Catalá reprochó a la oposición que no comprobara las fechas antes de acusarle. Según el ministro, cuando Sánchez alardeó de que «cuatro fiscales del Supremo» respaldaban su tesis no hacía sino repetir lo que la víspera había difundido públicamente la Fiscalía. En realidad, el Ministerio Público sí había informado con gran celeridad de que no acusaría, pero no había revelado la intervención en el caso de los fiscales de Sala del Supremo. De eso Sánchez se enteró por otra vía.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/06/58e6579d22601d1d378b4619.html

El Instituto de la Mujer despide a ocho técnicas por denunciar su situación laboral

 

Todo parece que han echado a las feminazis enchufadas en la época del Gobierno de Rodríguez Zapatero como parte de la industria del maltrato de la que vivía holgadamente como tantos otras parásitas.

Ella misma reconoce que su única función era repartir el dineral de los Fondos europeos entre sus acólitos. En su perfil profesional su único mérito es ser feminazi.

La cara dura se completa entrevistando a Rosa Peris que reconoce que se incumplía la ley al contratar a enchufadas cuyo único mérito es su bagaje feminazi. Nada nuevo en quien se atribuía funciones del Tribunal Constitucional y se ha movido siempre por intereses feminazis con su correspondiente faceta de comisaria política cuyos únicos argumentos son la estética del acusado.

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El Instituto de la Mujer despide a ocho técnicas por denunciar su situación laboral

Las trabajadoras cesadas denuncian haber sido represaliadas tras presentar una demanda de derechos laborales y acusan a la dirección de una paulatina privatización de la institución que debe velar por la igualdad de mujeres y hombres

Fachada Instituto de la Mujer
Fachada Instituto de la Mujer

MADRID – 06/04/2017 – MARISA KOHAN

“Empecé a trabajar en el Instituto de la Mujer en 2005 con un contrato por obra y servicio que fui renovando y renovando hasta ahora. La ley marca que este tipo de contrato no puede superar los 3 años, y yo llevaba más de 11 en esta situación. Así que en abril de 2016 (hace ahora 1 año) yo y otras siete compañeras en situación similar decidimos demandar al Instituto de la Mujer por la ilegalidad que supone la concatenación de contratos que en teoría son para la realización de una obra o servicio puntual, pero que en la realidad vienen a suplir una necesidad estructural (que no puntual) del organismo. Y ahí empezaron las represalias”.

Este es el relato de Isabel García Calvo, una de las trabajadoras despedidas por el Instituto de la Mujer el pasado 31 de marzo junto al resto de sus compañeras.

Varias de ellas llevaban más de 15 años trabajando ininterrumpidamente en este organismo, un ente autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, e Igualdad, que dirige Dolors Montserrat. La que menos tiempo llevaba, había encadenado contratos durante 6 años consecutivos.

“Durante todos esos años habíamos realizado tareas que estaban muy por encima de lo que estipulaba nuestro contrato y sueldo, pero esto es habitual en la Administración Pública. Eramos parte del equipo”, afirma una de ellas. El cometido clave de este grupo de técnicas era el de gestionar los programas y los fondos Estructuales de la Unión Europea en materia de igualdad, una de las fuentes fundametales de financiación de esta institución.

Según su relato (Público se reunió con una representación de cuatro de las ocho trabajadoras despedidas), tres días después de presentada la demanda, las apartaron de sus funciones, les dijeron que dejaran de trabajar en los proyectos que estaban realizando, las cambiaron de ubicación apartándolas de sus compañeras, les negaron el acceso a archivos de los ordenadores, cancelaron los viajes ya programados o les prohibieron participar en cursos y reuniones externas que ya tenían comprometidas. “Así estuvimos un año, realizando funciones muy por debajo de nuestra capacidad y formación hasta que el pasado 3 de marzo nos entregaron una carta de despido”, afirma una de ellas que prefiere no ser identificada.

“La reacción del Instituto de la Mujer con ellas fue espectacular, abrupta. No sé si por rabia o por pánico. No es una reacción muy distinta a otras demandas similares que he llevado contra la administración pública, pero en este caso me sorprendió porque esperaba una sensibilidad especial hacia estas mujeres que ejercían sus derechos en una institución que debería velar porque éstos se cumplan. Lo único que hacían estas mujeres era preguntar al tribunal si tenían razón y debían tener un contrato fijo y no uno temporal”, afirma Juan Manuel Fernández Otero, el abogado que representa a las ocho despedidas.

Ante esta reacción de castigo y “humillación”, como la definen las trabajadoras, el pasado 1 de diciembre decidieron ampliar sus demandas para denunciar este “acoso”. Según su abogado esta ampliación se realizó en los ocho caso por la “violación de derechos fundamentales y de indemnidad” (la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener judicial o extrajudicialmente la tutela de sus derechos). Poco después, todas recibieron una carta de despido.

“El Instituto de la Mujer justifica nuestro despido aduciendo que ya no hay dinero, que se acabó el período de fondos Estructurales Europeos para el que estábamos contratadas y que nuestro contrato se extendía hasta finales de marzo. Pero hasta el momento en el que nos apartaron de nuestras funciones, estuvimos trabajando de lleno en la puesta en marcha del nuevo período [2014-2020] de programación del Fondo Social Europeo que ya se han concedido y que ascienden a unos 50 millones de euros para este período de siete años”, afirma una de las técnicas ahora despedidas. “El desfase en las fechas se debe a que siempre estos períodos comienzan con retaso”, añade.

“Otra violación de sus derechos fue que desde el momento de la primera demanda, sus puestos fueron llenados por empresas externas”

“Otra de las violaciones de sus derechos fue que desde el momento de la primera demanda, sus puestos fueron llenados por empresas externas”, afirma Fernández Otero. “Esto en sí no constituye una ilegalidad, pero si el Instituto de la Mujer contrata a otras personas o empresas para que realicen el trabajo que estas trabajadoras estaban desempeñando, significaría que estos puestos son aún necesarios”. “En los próximos días vamos a presentar una demanda por despido nulo, puesto que la situación laboral ha cambiado”, añade.

A lo largo de la última semana, este diario intentó en varias ocasiones recabar la posición del Instituto de la Mujer sobre estos despidos. Así mismo solicitamos información sobre la financiación de la institución, la cuantía de los Fondos Sociales Europeos que recibe y algún comentario sobre la veracidad de que el Instituto de la Mujer había comenzado a sustituir el trabajo de las técnicas, ahora despedidas, con la contratación de empresas externas. Sin embargo, tras varios correos electrónicos y llamadas de teléfono no hemos recibido ningún tipo de respuesta.

Según fuentes consultadas, el número total de técnicas despedidas puede ascender a diez y ello puede incidir de manera directa en su capacidad para gestionar y supervisar los proyectos.

“En los años que estuve al frente (del Instituto de la Mujer), el personal técnico era fundamental para el funcionamiento del organismo”, afirma Rosa Peris, que dirigió esta institución entre 2004 y 2009. “Cuando hablamos de instituciones que no son muy grandes como el Instituto de la Mujer, las tareas no están completamente compartimentadas y el personal técnico, además de hacer el trabajo de gestión del Fondo Social Europeo, hacía muchísimas otras cosas dentro del organismo porque había que sacar el trabajo adelante”.

Peris reconoce que la situación irregular de algunas de las técnicas ahora despedidas se remonta a su etapa al frente del Instituto, pero asegura que el tipo de contrato no fue entonces motivo de conflicto porque “no había distinción entre unos y otros. Trabajábamos como un solo equipo”. Una idea refrendada también por muchas de las técnicas despedidas.

Según Peris, “si cada vez es más pequeña la plantilla de funcionarias y funcionarios porque se van jubilando, y estos puestos no se reponen, y si despides al equipo técnico que realiza un trabajo excelente, entonces tienes que hacer algo para sacar adelante todo ese trabajo. Probablemente están recurriendo al mecanismo de contratar a empresas externas. Para mí es un grave error porque no van a prestar el trabajo con la misma calidad que las técnicas que estaban en el instituto de la mujer y porque además, ese no era el espíritu detrás de la Ley de Igualdad”.

“La sensación que tenemos es de desmantelamiento paulatino de la institución. La política de no amortizar los puestos de las personas que se jubilan, sumado a un vaciado progresivo de contenido, hace que los funcionarios se quieran marchar. Se está convirtiendo en un lugar de tránsito donde los funcionarios están dos o tres años para consolidar nivel y luego irse a otro destino. El Instituto se está convirtiendo en un mero gestor de fondos, pero cada vez más vacío de contenido. Cuando no quede nada, se cerrará”, afirma otra de las despedidas que prefiere mantener su anonimato.

http://www.publico.es/sociedad/igualdad-instituto-mujer-despide-ocho.html

 

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