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Concentración día del padre 2018

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

 

La industria del maltrato sigue dando pingües beneficios.

Quienes viven de ello sólo piensan en el dinero público que generosamente reciben y gracias al cual disfrutan de una vida holgada.

La ley la han hecho ellas. Los protocolos los han hecho ellas. Las medidas de protección las han diseñado ellas. Los órganos de control y gestión los dirigen ellas. Todo lo relativo a la ley lo han hecho ellas.

Nada de ello funciona bien según ellas mismas reconocen.

Incluso publicitan como nuevo lo que lleva años aplicándose.

Pero lejos de reconocer su “error” echan la culpa a los demás y exigen más de lo que se ha demostrado ineficaz.

En realidad lo que hay detrás es un gran negocio y un intento de cambiar la sociedad para aislar al individuo impidiendo cualquier lazo afectivo.

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El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

La ministra de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat, hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso – ABC

Paloma Cervilla

Madrid – 31/01/2018

La ministra Dolors Montserrat comparece en el Congreso para explicar la ejecución de las 214 medidas, anunciando la modificación de 20 artículos de la Ley de 2004.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que la mitad de las 214 medidas recogidas en el Pacto contra la Violencia de Género han iniciado el proceso de estudio y ejecución. Del total de las medidas, 122 corresponden al Estado, 10 a las comunidades autónomas y 82 son competencias compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y entes locales.

El ritmo de trabajo es «positivo» y el objetivo es la modificación de unos 20 artículos de la ley integral contra la violencia de género de 2004. Para ello se han creado «un grupo de trabajo técnico del Gobierno». Una vez que los textos se vayan elaborando se remitirán al Parlamento para su aprobación.

La ministra está compareciendo a petición propia ante la Comisión de Igualdad para explicar las medidas que se van a poner en marcha del Pacto contra la Violencia de Género.

Entre estas medidas ha destacado el Real Decreto de 29 de diciembre, que incluye la desgravación en el IRPF a quienes ostenten la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género. Igualmente, se está trabajando «en la revisión de los textos legales vigentes que hacen referencia a regímenes de visita y custodia de los menores».

Otra iniciativa que la ministra ha puesto en valor son los convenios de prevención y sensibilización contra la violencia de género en oficinas de farmacia. Una red de más de 20.000 establecimientos que dan servicio a 2,3 millones de personas diarias «y que ayudan a mantener un canal directo con las víctimas en la detección de la violencia».

Delito quitar la pulsera

Dolors Montserrat también destacó que, como consecuencia de las reformas legislativas, a partir de ahora es un «delito» que un maltratador se quite o fuerza la pulsera que se les coloca para detectar que cumple la orden de alejamiento.

La ministra recordó que el punto de partida para las modificaciones legales está en la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, «verdadera clave del pacto, sin perjuicio de otras leyes que, como la relativa a la trata de seres humanos y la referida a la violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, constituirán los instrumentos legislativos de acción permanente para los próximos cinco años».

Montserrat afirmó que un tercio de las medidas del pacto «requieren de modificaciones normativas». Precisamente, en la ejecución del pacto se ha priorizado la modificación de estas normativas o la «redacción de nuevos textos legales»

La titular de Sanidad puso en valor la utilidad del teléfono 016 de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género que, en diez años, ha recibido un total de 500.000 llamadas; igualmente, señaló que las órdenes de protección se han incrementado un 6% desde 2011 a 2017.

Intervención de los grupos

Las intervenciones de los grupos la inició la portavoz del PSOE, Ángeles Álvarez, calificando «de relleno» la intervención de una hora y cuarenta minutos de la ministra. Además, negó que se hayan comenzado a ejecutar las 214 medidas del pacto.

La diputada socialista criticó que todavía no se hayan aprobado los primeros 200 millones para el pacto, circunstancia que se podía haber hecho, a su juicio, en el real decreto de prórroga del presupuesto, que se aprobó a final de 2017. Por ello, Álvarez afirmó que «tenemos desconfianza en su gestión y en su palabra».

Los socialistas retaron a la ministra a llevar al próximo consejo de ministros el decreto para que se puedan conceder estos 200 millones, y no a verano, como así había apuntado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el caso de que no se llevara a cabo, entiende que es «un incumplimiento del pacto».

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, arremetió contra el Gobierno, afirmando que «no nos consta que se haya puesto en marcha ninguna medida» del pacto, mostrando su preocupación porque «no está el dinero comprometido». La diputada le pidió a la ministra «que diga cuándo piensa el Gobierno dotar económicamente el pacto».

http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-asegura-mitad-medidas-pacto-contra-violencia-genero-estan-marcha-201801311055_noticia.html

 

 

Concentración día del padre 2018.

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005) Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento”, dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:

  • abandonar el domicilio familiar con “lo puesto”;
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su “ex” disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada “violencia de género”, los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido “ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)” o “no valora el trabajo que realiza”, entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamiento de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, constituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta
En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes:

  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2017, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

“Llora el teléfono”.

Autores: Claude François, Jean Pierre Bourtayre & Frank Thomas.

Adaptación e interpretación de Rafael Jiménez.

 

CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

 

Los sindicatos de “clase” no se bajan del carro feminazi propalando las habituales mentiras de las feminazis.

No en vano son herederos de Engels, Marx y Hegel y de sus criterios sobre la familia, la propiedad privada y el Estado.

A ello hay que añadir el dineral que roban vía subvenciones por apoyar y defender estas canallescas aberraciones.

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CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homólogo en UGT, Pepe Álvarez. EFE

ISABEL MUNERA

Madrid – 29 enero 2018

UGT y CCOO se han propuesto que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sea distinto. Por eso, este lunes han anunciado la convocatoria de “paros laborales” de dos horas de duración (por la mañana y por la tarde) para protestar contra “la violencia machista, la brecha salarial y contra la precariedad en el empleo”.

Con esta convocatoria, explicó Elena Blasco, responsable de Mujeres e Igualdad de CCOO, “los sindicatos queremos dar visibilidad a las discriminaciones que sufren las mujeres y combatirlas”.

Los sindicatos han optado por esta fórmula, según explicó Blasco, para “garantizar el éxito de la convocatoria”, darle “cobertura legal”, facilitar la negociación de los trabajadores que quieran consensuarlo con las empresas para sumarse, y “dar impulso político a la reivindicación”. Pretenden así “dar un paso más” tras los parones simbólicos que se convocaron el año pasado y visibilizar un problema para que “la gente reflexione en los puestos de trabajo”.

Estos paros son oficiales y, por tanto, se tratarán desde los sindicatos igual que se abordan las huelgas: se establecerán comités de huelga, asambleas informativas y se hará una provisión de servicios mínimos para cubrir la actividad imprescindible durante esas cuatro horas de parada.

Además, los sindicatos participarán en las movilizaciones y actos que se convoquen en los distintos territorios con motivo del 8 de marzo, así como en las manifestaciones que cada año se celebran en las capitales de provincia de prácticamente todo el país.

Durante la rueda de prensa en la que se presentó esta campaña, tanto Blasco como la vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, ofrecieron algunos datos de “la discriminación que sufren las mujeres en el acceso al empleo, la formación, la promoción y la retribución en el trabajo”.

Así, explicaron que las mujeres tienen una mayor tasa de paro -en concreto la tasa de desempleo femenino es un 3,5% superior-, desempeñan trabajos de peor calidad -un 74% de los empleos a tiempo parcial los ocupan las mujeres- y presentan también una tasa de actividad 11,5 puntos más baja. “A las mujeres nos están robando”, denunció Antoñanzas. Además, añadió Blasco, “todo esto repercute en las diferencias salariales”. Las mujeres cobran un salario inferior en unos 6.000 euros anuales.

De hecho, entre las principales reivindicaciones el próximo 8 de marzo está la de una ley de igualdad retributiva, que contribuya a reducir la brecha salarial (la diferencia entre lo que percibe un hombre y una mujer en igual o similar puesto se sitúa en el 23,5%, según el INE), sobre todo, después de el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contestase en una entrevista que no se iban a meter en eso cuando se le preguntó si se debería sancionar a las empresas que pagan distinto en función del género.

 

Además, en esta campaña con el lema “Vivas, libres, unidas por la igualdad” también estarán muy presentes la lucha contra la violencia de género y el acoso sexual.

http://www.elmundo.es/economia/2018/01/29/5a6f114ae2704e7f618b45e7.html

 

El CGPJ elige a Vicente Magro nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

 

Juez feminazi en la Sala penal del Tribunal Supremo.

Mal asunto. Aplicará sus aberrantes criterios feminazis e intentará que la Sala se vuelva feminazi. Una manzana podrida termina pudriendo el cesto.

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El CGPJ elige a Vicente Magro nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Actualmente destinado en la Audiencia de Madrid, desde 2002 es miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a Vicente Magro Servet, actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la vacante –correspondiente al turno general- producida por la jubilación de José Ramón Soriano Soriano.

Magro ha obtenido diez de los 20 votos emitidos en Pleno, al que no ha asistido el vocal Álvaro Cuesta. Los también candidatos Javier Hernández García y Susana Polo García han recibido cinco votos cada uno.

El nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1987 y tuvo sus primeros destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cartagena y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Elche-Elx, donde fue elegido juez decano; para servir luego en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante.

Letrado del Servicio de Inspección del CGPJ en 1998, al año siguiente se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Alicante, de la que en 2001 fue nombrado presidente, cargo en el que permaneció hasta 2016, cuando obtuvo destino en la Audiencia Provincial de Madrid.

Elegido dos veces –en 1989 como juez y en 1994 como magistrado- para formar parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha sido miembro nato de este órgano gubernativo durante su etapa como presidente de la Audiencia alicantina.

Vicente Magro es desde 2002 asesor del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, formando parte de su grupo de expertos. Además, es autor de una veintena de protocolos, como el puesto en marcha en Alicante en 2001 para coordinar la lucha contra la violencia doméstica, el de prevención de la violencia juvenil de 2007 o el dirigido a la reeducación de los condenados por delitos de maltrato animal de 2016.

Además, cuenta con experiencia docente como profesor de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche-Elx, es autor o coautor de más de medio centenar de obras de carácter jurídico y ha publicado más de un millar de artículos doctrinales en revistas especializadas.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-elige-a-Vicente-Magro-nuevo-magistrado-de-la-Sala-Segunda-del-Tribunal-Supremo

Expediente disciplinario y traslado forzoso al funcionario del Tribunal de Cuentas que denunció irregularidades

 

Ver para creer.

El órgano del Estado encargado de fiscalizar el gasto del dinero público no es sino uno de los mayores nidos de corrupción.

Su labor real es ocultar la corrupción y hacer creer a los ciudadanos que sus intereses están protegidos.

Quien se atreve a destaparlo y denunciarlo es perseguido y denigrado.

Mientras tanto Belén Esteban renueva contrato con Telecinco ya que sigue siendo quien lidera la audiencia y quien más libros vende.

Pan y circo.

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Expediente disciplinario y traslado forzoso al funcionario del Tribunal de Cuentas que denunció irregularidades

Fernando Clemente, jurista y letrado del Tribunal de Cuentas, presentó también una denuncia por prevaricación y malversación de fondos públicos ante el Supremo, cuyo edificio aparece al fondo. Carlos Berbell/Confilegal.

Carlos Berbell

24 enero, 2018

El Tribunal de Cuentas ha abierto un expediente disciplinario y ha trasladado de forma forzosa de su puesto de trabajo a Fernando Clemente, letrado de esa institución y miembro del Comité de Empresa (Junta de Personal) quien denunció irregularidades en materia de personal, algunas de las cuales fueron calificadas por el Tribunal Supremo en varias sentencias como de “desviación de poder”.

El expediente disciplinario busca el objetivo evidente, y contrastado, de suspenderle de empleo y sueldo. Medida gravísima para un funcionario que tiene como único ingreso su sueldo.

De la misma manera, Clemente ha sido trasladado del destino que ocupaba desde hace 25 años en la Sección de Enjuiciamiento (desde que en 1993 aprobó las oposiciones de letrado del Tribunal de Cuentas), en el edificio principal -en la calle Ortega y Gasset, 100, en Madrid-, a la Sección de Fiscalización, en un edificio secundario, en la calle Padre Damián, al que la jerga interna de los funcionarios se conoce como “las colonias”.

Este funcionario consiguió que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo condenara hasta cuatro veces al Tribunal de Cuentas por el intento de nombramiento de Enrique Medina, hermano del consejero Javier Medina, número 2 de este órgano de control constitucional -elegido por el Partido Popular- para un importante puesto dentro de la institución.

La consecuencia directa de todos y cada uno de los 4 sentencias y 2 autos fue la imposición de las costas al Tribunal de Cuentas, que superaron los 38.000 euros.

Denuncias

En junio de 2017 Clemente presentó, ante el propio tribunal de cuentas, una denuncia por responsabilidad contable por entender que dichas costas debían asumirlas de su propio bolsillo aquellos cargos de designación política cuya gestión irregular tenía la culpa, en especial el consejero Javier Medina.

El Tribunal de Cuentas, que en esto era “arte y parte”, puesto que era la parte denunciada y al mismo tiempo el juez -como era de esperar- no admitió la denuncia y le condenó en costas.

Un mes más tarde, el 10 de julio, Clemente presentó otra denuncia, esta ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra la Comisión de Gobierno por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de 38.000 euros.

Al día siguiente el consejero, jefe de este letrado –José Manuel Suárez Robledano– presentó un escrito al presidente en el que señalaba unas “posibles faltas” de carácter disciplinario con el objeto de abrirle el expediente que ahora ha visto la luz.

Clemente, en sus 25 años de servicio en el Tribunal de Cuentas, tiene una hoja de servicios impoluta.

Como miembro del Comité de Empresa y como trabajador de esa institución, el funcionario no podía dejar pasar por alto lo sucedido, por lo que lo denunció por acoso, en el propio Tribunal de Cuentas.

Un procedimiento del que el consejero pasó, negándose a comparecer en la investigación abierta al efecto, y finalmente el Tribunal de Cuentas (su órgano interno de denuncias) archivó.

Nepotismo en el Tribunal de Cuentas

Este funcionario viene denunciado desde hace años el nepotismo en el Tribunal de Cuentas. La denuncia del caso del hermano de Medina no es la primera.

Un precedente directo fue la denuncia, y la consiguiente sentencia condenatoria -que lleva por fecha 30 de septiembre. también por desviación de poder- del nombramiento de la hermana del entonces consejero por el PSOE, Ciriaco de Vicente, que anulo tal decisión.

Un “whistleblower” en el Tribunal de Cuentas

Clemente, colaborador de Transparencia Internacional, es lo que en el mundo se identifica como un “whistleblower” (denunciante de irregularidades).

El pasado 24 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó, por 399 votos a favor (el 60 por ciento de los 666 eurodiputados presentes), 101 en contra(el 15 por ciento) y 166 abstenciones (el 25 por ciento) el informe impulsado por la eurodiputada francesa, Virgine Rozière, en el que se hacía un llamamiento a la Comisión Europea para que, para finales de año, proponga normas que  garanticen la protección a los “whistleblowers” (denunciantes de irregularidades) en los 27 estados miembros de la Unión.

El informe aprobado es un documento no legislativo que, sin embargo, establece una fuerte prioridad en las instituciones europeas en la línea de desarrollar, posiblemente, una Directiva, decisión que ahora queda en manos de la Comisión Europea; a ella le corresponde hacer una propuesta.

“La información facilitada por los ‘whistleblowers’ es uno de los caminos más efectivos para luchar contra la corrupción”, afirmó Renate Schroeder, director de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés).

En el informe aprobado se propone a los países miembros que desarrollen mecanismos para facilitar el lanzamiento de alertas internas y para permitir que los denunciantes informen a las ONG y la prensa, incluida la posibilidad de hacerlo de forma anónima; protección contra represalias, incluidas sanciones contra aquéllos que intentan evitar que los denunciantes hablen y medidas para desalentar las represalias; medidas de apoyo, como asistencia financiera y legal, apoyo psicológico e indemnización por daños a denunciantes en procesos civiles; y la existencia de organismos informadores nacionales independientes, verificando su credibilidad y orientando a los denunciantes, así como la autoridad a nivel de la UE para facilitar la coordinación en casos transfronterizos.

https://confilegal.com/20180124-expediente-disciplinario-traslado-forzoso-al-funcionario-del-tribunal-cuentas-denuncio-irregularidades/

 

España tendrá, por primera vez, una juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Las feminazis siguen colocando a las suyas en puestos clave.

Perspectiva de género, multiculturalidad, discriminación positiva, redactora de la ley de desigualdad, etc. Todo un currículo de una acendrada feminazi.

No se trata de méritos o capacidad sino de pertenecer a un colectivo privilegiado. “…entre la terna de candidatos a magistrado que deben proponer los gobiernos figure al menos una mujer.”

Sucede a López Guerra, mano derecha del ministro López Aguilar. Los mismos que presentaron la aberrante ley de violencia de género.

Nueve años estará en el Tribunal de Derechos Humanos quien ha colaborado en crear leyes que conculcan los derechos humanos como la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia. Ya sabemos de antemano que decisiones tomará. El sectario titular de El País nos da una buena pista.

La agenda de género sigue implantándose en todo el mundo.

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España tendrá, por primera vez, una juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

María Elósegui Itxaso, en una imagen de archivo.

París – 

El Consejo de Europa elige a la catedrática María Elósegui Itxaso como miembro del Tribunal de Estrasburgo

El Consejo de Europa ha elegido este martes a María Elósegui Itxaso, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, como nueva juez española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo. La candidatura de la primera mujer española que será magistrada en Estrasburgo ha logrado 114 votos, alcanzando así una mayoría absoluta que ha hecho innecesaria una segunda vuelta.

Desde que comenzó su presencia en el TEDH, en 1978, todos los representantes españoles, seis hasta la fecha, han sido hombres. No es un caso único el de España. Actualmente, de los 47 jueces del TEDH, solo 15 son mujeres. Ese es uno de los motivos de que el Consejo de Europa establezca como requisito que, salvo contadas y justificadas excepciones, entre la terna de candidatos a magistrado que deben proponer los gobiernos figure al menos una mujer. Los oponentes de Elósegui, José Martín y Pérez de Nanclares y el expresidente del Tribunal Constitucional, José Luis Pérez de los Cobos, han obtenido 76 y 37 votos, respectivamente.

La ciudad de Estrasburgo no le es ajena a esta doctora en Derecho y Filosofía con formación en varias universidades europeas. Desde 2013 y hasta el pasado diciembre, formó parte como experta independiente de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI). Ha centrado parte de sus investigaciones en cuestiones de derechos humanos relacionados con el tribunal europeo del que ahora va a pasar a formar parte, además de trabajar en temas de libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como de mujeres y migrantes tanto en España como a nivel europeo.

Revés para Rajoy

El nombramiento de Elósegui supone un revés para el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo popular maniobró durante meses para favorecer a su candidato favorito, Francisco Pérez de los Cobos. Llegó a guardarle el puesto esperando a que acabara su mandato para lanzar la convocatoria —el mandato del actual juez español en Estrasburgo expiró oficialmente en enero de 2017—, e incluso quiso amoldar los requisitos de edad para el mismo a su favor, si bien el Tribunal Supremo acabó anulando por discriminatoria esa medida.

La victoria de Elósegui (San Sebastián, 1957) ha constituido sin embargo una sorpresa, ya que la comisión parlamentaria que analizó los currículums de los tres aspirantes españoles y los entrevistó en París el 12 de enero había propuesto, por amplia mayoría, a Pérez de Nanclares “como el candidato más cualificado”. Generalmente, el Consejo de Europa suele hacer caso de esta recomendación realizada por expertos.

Elósegui sucederá al juez Luis López Guerra, que fue propuesto durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Los jueces del TEDH son elegidos por un solo periodo renovable de nueve años.

Esa condición fue precisamente a la que se aferró el Gobierno español para intentar poner el límite de 61 años a las candidaturas al TEDH cuando abrió el año pasado el proceso de selección. Una maniobra interpretada como un intento de beneficiar a Pérez de los Cobos (Murcia, 1962) frente a la que se consideraba entonces su máxima rival, la también expresidenta del Constitucional María Emilia Casas, que superaba la edad máxima impuesta por el ejecutivo. La medida fue recurrida por la asociación Jueces para la Democracia y, finalmente, el Tribunal Supremo acabó por anularla en mayo pasado, al considerar que era discriminatoria. De todos modos, ninguno de los tres candidatos que acabaron constituyendo la terna propuesta por España ha cumplido aún los 61 (Elósegui Itxaso lo hará a finales de año).

No ha sido la única controversia que ha rodeado a Pérez de los Cobos. En España se puso en duda su imparcialidad como juez en 2013. Ese año, cuando ya ejercía como presidente del Tribunal Constitucional, se conoció que figuraba en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011, cuyas aportaciones sirven para sufragar los gastos del partido. De los Cobos fue elegido magistrado del alto tribunal el 29 de diciembre de 2010. Estrasburgo requiere que los aspirantes a juez en el TEDH indiquen en su currículum si han ocupado algún puesto “en un partido político o movimiento”. Mientras que Pérez de Nanclares y Elósegui especificaron claramente que no pertenecen a ningún partido ni han ejercido función alguna en uno en el pasado, Pérez de los Cobos no se pronunció al respecto.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/23/actualidad/1516699516_201350.html

 

WIKIPEDIA

María Elósegui Itxaso (San Sebastián, 7 de diciembre de 1957) es una jurista e intelectual española. Catedrática de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, (España), fue nombrada en enero de 2018 juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.1

Biografía[editar]

Es Doctora en Derecho y Doctora en Filosofía. Sus investigaciones están centradas en Interculturalidad y el Derecho a la Identidad Cultural, desde una perspectiva jurídica y filosófica. También realiza trabajos de investigación sobre la igualdad Jurídica entre mujeres y hombres. Desde 2018 es además la representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.2

Trayectoria profesional[editar]

Actividad Docente[editar]

Ha realizado varias estancias de investigación en el extranjero. En 1988-1990 recibió una beca para una investigación Postdoctoral del en la Universidad de Glasgow (Escocia), otorgada por el Ministerio español de Educación y Ciencia. Posteriormente en 1990 se incorporó a la Universidad de Valencia, como becaria de investigación, gracias al Programa de Reincorporación a España de doctores. Desde 1991 es profesora de la Universidad de Zaragoza, accediendo a la plaza de Titular de Filosofía del Derecho por oposición en 1994. Desde entonces imparte la docencia y desarrolla la investigación en dicha Universidad, donde actualmente es Catedrática.

Durante los años 1996-1997, le fue otorgada la prestigiosa beca de la Fundación alemana Alexander von Humboldt para realizar un trabajo de investigación sobre las acciones positivas para la igualdad entre mujeres y hombres en la Facultad de Derecho de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel (Alemania), bajo la dirección del catedrático Robert Alexy. La monografía resultado de esa estancia ha sido publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en la sección dirigida por el profesor Rubio Llorente, Catedrático de Derecho Constitucional, y en la actualidad Consejero de Estado.

Es Visiting Professor de las Universidades de Toronto (Canadá), Chicago, UCLA (Los Ángeles), Universidad Laval (Québec) y el Instituto Alemán de Derechos Humanos, con sede en Berlín (Deutsches Institut für Menschenrechte).

Actualmente, imparte la docencia de las asignaturas de Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y la asignatura optativa Derecho y Libertades en la Universidad de Zaragoza. Asimismo, coordina la línea de especialización de Derechos Humanos, libertades y Derecho Penal, dentro del Máster Universitario en Especialización e Investigación en Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Ha formado parte del Cuerpo Docente de la Academia Europea de Teoría del Derecho, con sede en Bruselas, en las Universidades Saint Louis y en la Universidad Flamenca de Bruselas (Facultés Universitaires Saint Louis y Katholieke Universiteit Brussel), desde el año 2001 hasta el 2009, fecha en la que debido a la reforma de Bolonia la Academia se extinguió. Asimismo, ha sido llamada a participar como experta en Igualdad en Organismos Internacionales tales como la ONU y el Consejo de Europa.3

Participación en proyectos de ley[editar]

Ha elaborado (junto con otros tres expertos) el proyecto de Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por encargo del Gobierno Español, con un contrato de asesoramiento, Instituto de la Mujer y Secretaria General de Políticas de Igualdad, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Aprobado el Anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros de España, el 7 de marzo de 2006. Ha participado en la elaboración de otros textos relacionados con el género como la estrategia española de Cooperación al desarrollo sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[editar]

En enero de 2018 fue elegida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como nuevo miembro español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Teoría[editar]

El modelo de corresponsabilidad entre mujeres y hombres[editar]

La doctora Elósegui aboga por un modelo de igualdad en la diferencia entre mujeres y hombres, lo que supone defender la necesidad de una corresponsabilidad y presencia de ambos en la esfera privada y en la vida pública. En Diez temas de género analiza el concepto de género que subyace en los documentos de la ONU, y su influencia en un cambio de mentalidad a nivel internacional, que se hace sentir en las legislaciones de todos los países del mundo en materias de familia, igualdad de sexos, reparto de roles entre hombres y mujeres.

Así se exponen los tres tipos de modelos de relaciones entre hombres y mujeres: El primer modelo es el no igualitario, que considera que la mujer es distinta e inferior al hombre. El segundo modelo es el propuesto por varios tipos de feminismo, que abogan bien por la igualdad absoluta de hombres y mujeres, bien por una diferencia también abismal entre los sexos. En los dos casos entienden la igualdad de la mujer como emancipación o liberalización de sus funciones reproductivas, ensalzando su papel en la esfera pública o laboral.

El modelo de corresponsabilidad considera deficientes tanto el primero como el segundo modelo, y apoya un tercer paradigma: el de la corresponsabilidad o interdependencia de hombres y mujeres tanto en el espacio privado, compartiendo la educación, crianza de los hijos y las tareas domésticas, como en el espacio público. En definitiva, plantea la necesidad de la conciliación entre los derechos productivos y los derechos reproductivos, tanto para los hombres como para las mujeres.

El modelo intercultural. El republicanismo intercultural y la ciudadanía inclusiva[editar]

La profesora Elósegui defiende en varias de sus obras el derecho a la identidad cultural como un Derecho Humano de cada persona y a su vez la necesidad de una ciudadanía que marque unos elementos comunes para todos los ciudadanos respetando sus diferencias culturales, religiosas, sin exigir una absoluta uniformización. La autora ha recreado el concepto de “Republicanismo Intercultural” aplicándolo de un modo novedoso a la situación europea contemporánea con sus específicos problemas de la existencia de Estados-nación, de viejas minorías y de la nueva inmigración.

Premios y galardones[editar]

En 2008, fue galardonada con el prestigioso Premio Luis Portero de Derechos Humanos por sus investigaciones sobre pluralismo cultural. Es Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.

Publicaciones[editar]

Ha escrito once libros y numerosos de artículos (más de cien) relacionados con los Derechos humanos, Filosofía del Derecho e Inmigración, lo que le ha valido el reconocimiento de la comunidad investigadora.

Libros:

  1. Lo físico y lo mental en Henri Bergson, ed. Nau Llibres, Valencia, 1990, 268 pp.
  2. El derecho a la igualdad y a la diferencia, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 1998, 662 p. Agotado.
  3. La transexualidad: jurisprudencia y argumentación jurídica, Granada, Comares, 379 p, 1999.
  4. Materiales de prácticas de Teoría del Derecho, Prensas Universidad de Zaragoza, 1998. 2ª edición revisada, 229 p. Agotada y reeditada en el año 2000.
  5. El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres (Coordinadora), Barcelona, Icaria, enero de 2002.
  6. Las acciones positivas para la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y la Directiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. 620 pp.
  7. Negociación colectiva y prácticas laborales. Perspectiva de género, Barcelona, Icaria, 2005, 521 pp
  8. Inmigración, empresa y formación. Implicaciones de la inmigración en la organización de las empresas y los centros educativos, Pilar de Luis Carnicer, María Elósegui Itxaso, Yolanda Gamarra, Angel Martínez Sánchez, Manuela Pérez Pérez, María José Vela Jiménez, Pamplona, Aranzadi-Thomson, 2007.
  9. Ley de Igualdad y Contrato de Trabajo. Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, Seguridad Social, Infracciones y Sanciones, Prevención de Riesgos y Procedimiento Laboral, Sistemática Memento, Dossier Práctico Francis Lefrebvre. Coordinador Fernando Lousada. Autores Fernando Lousada, Jaime Cabeza, María Elósegui y Teresa Pérez del Río, 2007
  10. “Derechos Humanos y pluralismo cultural'”, Madrid, Iustel, 2009, 289 p. Investigación galardonada con el premio Luis Portero de Derechos Humanos 2008, concedido por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, patrocinado por el Ayuntamiento de Granada. Publicado un capítulo en inglésLaw and Cultural Diversity in Spain, en el libro colectivo FOBLETS, M.C (ed). The Response of the State Law to the Expression of Cultural Diversity, Bruselas, Bruylant, Francqui Foundation, 2010.
  11. “El derecho a la identidad cultural en la Europa del siglo XXI” Ediciones Universidad de Navarra, Eunsa, 2012
  12. VVAA. El diálogo intercultural en España: un requisito de la educación y cultura de paz, Madrid, Fundación Europea Sociedad y Educación, 2009.
  13. Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (ESO), Ed. Reverté-Aguilar.
  14. Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (PRIMARIA), Ed. Reverté-Aguilar.
  15. Ética Cívica (4º ESO), Ed. Reverté-Aguilar.

Artículos:

  1. ““La legislación vigente sobre la asignatura de Politik en las escuelas alemanas”, Revista de Estudios Políticos, (2011), en prensa.
  2. “La mente del legislador en los programas de la asignatura de educación política en las escuelas alemanas, en la LOE y en la legislación educativa de la CAPV”, Revista vasca de Administración Pública, nº 89, enero-abril, (2011), pp. 265-310.
  3. “El libro verde de la RSC de la Comisión Europea y la teoría de los stakeholders desde la perspectiva de género”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 21, Diciembre, (2010), pp. 1-38.
  4. “El concepto de laicidad abierta en el informe Bouchard-Taylor para Québec”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 23, (2010), ISSN 1696-9669.
  5. “El modelo de interculturalidad en el informe de la Comisión Bouchard-Taylor para Québec”, Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época, Vol. 11, (2010), pp. 129-164.
  6. “ La política legislativa de inmigración en Québec y su reflejo en el informe Bouchard-Taylor ”, Derecho Migratorio y Extranjería, nº 22, (2009), pp. 281-234.
  7. “Educar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres: la igualdad necesaria”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº. 20, 2009.

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_El%C3%B3segui

 

«Van a por mí y si algún día me pasara algo pido a la gente que salga a la calle»

 

La mafia judicial no tolera que nadie destape sus vergüenzas.

Los miembros de este poder del Estado se juzgan ellos mismos. Su impunidad es total.

Hay que cambiar la ley de jurado para que los delitos cometidos por un juez sean juzgados por un jurado y no por sus compañeros.

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«Van a por mí y si algún día me pasara algo pido a la gente que salga a la calle»

Vicente Campaner durante su entrevista en el programa radiofónico Ley y Orden.

23-01-2018 | A. Sepúlveda

Bastida| Palma | 24/01/2018

El abogado Vicente Campaner afirma sentirse amenazado y solicita la movilización ciudadana para defenderlo en el supuesto caso de que le suceda algo.

«A mí me ha llegado muchísima información de altos cargos de Policía Nacional y de la Guardia Civil de que van a por mí. No me cabe ninguna duda, ya me han enviado dos testigos. Si algún me pasa algo, cualquier historia que cuenten de que soy traficante o cualquier cosa, por favor, que la gente salga a la calle. Yo seré el más feliz del mundo. Tengo muy claro dónde me he metido. Sé lo que posiblemente me va a pasar y por eso pido que la gente salga a la calle el próximo día 4 de febrero». Estas sorprendentes declaraciones del letrado Vicente Campaner fueron realizadas durante la entrevista concedida al programa Ley y Orden emitido este martes a través de todas las emisoras de Canal 4 Radio y ultimahora.es.

Durante su intervención radiofónica, Campaner no dejó títere con cabeza. «No tengo ninguna duda de que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán son dos delincuentes», señalaba el letrado. El promotor del movimiento 27-N y organizador de las manifestaciones contra la corrupción en la Justicia de Balears se mostró muy crítico contra todos aquellos que tratan de contaminar las concentraciones de protesta.

«Quiero que quede muy claro que yo no he sido nunca el abogado penalista de Cursach. Le he llevado un tema penitenciario por mi gran experiencia en el sector. Las manifestaciones no son pro Cursach ni para pedir su libertad. Que no intoxiquen. Además, ante tantos rumores y mentiras quiero decir bien alto y claro que es totalmente falso que el día 4 se estén organizando escraches contra las viviendas del juez y del fiscal. Aunque ganas no me faltan. También es totalmente falso que una vez finalizadas las manifestaciones Bartolomé Cursach pagara comidas o cenas en el restaurante del Hipódromo de Palma a todos los asistentes», concluye Campaner.

De hecho, con fecha 18 de enero, el abogado presentó un escrito en Fiscalía donde daba permiso a las autoridades policiales competentes para que le revisaran sus teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil y que registraran su domicilio y despacho en búsqueda de algún supuesto indicio de caso de obstrucción a la justicia, todo ello en un ejercicio de transparencia. Con la finalidad de evitar cualquier tipo de suspicacia, Coco Campaner ha decidido abandonar la defensa del empresario del ocio nocturno y desvincularse de la misma.

Quieres escuchar íntegro el programa Ley y orden de este martes día 23 de enero:

https://www.ivoox.com/ley-orden-23-01-2018-audios-mp3_rf_23303951_1.html

 

https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2018/01/24/322485/van-por-algun-dia-pasara-algo-pido-gente-salga-calle.html

 

La Audiencia de Madrid condena a mujer que mató a su ex novio maltratador y pide su indulto

 

Los privilegios feminazis.

No denuncia pese a que se lo dice la policía.

Se toma la justicia por su mano (dando por cierto lo que ella dice de él) bajando a la calle para acuchillarle.

El asesinado sufre la habitual campaña difamatoria de la que no puede defenderse al estar muerto.

La condenan a una pena ridícula que incluso es inferior a la que marca la ley.

Solicitan el indulto para que su crimen quede impune.

Un caso más de mujer que asesina a su pareja y que se irá de rositas. Una más de las mentiras de las feminazis.

Hay que reconocerles a las feminazis el mérito de conseguir que los hombres acabarán por no acercarse a una mujer.

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La Audiencia de Madrid condena a mujer que mató a su ex novio maltratador y pide su indulto

Una de las salas de la Audiencia Provincial de la Comunidad de Madrid. Angel Navarrete.EFE – Madrid – 22 ENE. 2018

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a seis años de prisión a una mujer que mató a puñaladas a su ex novio alterada por el miedo que le producía el maltrato al que él la sometía y ha decidido proponer al Gobierno su indulto una vez que la sentencia sea firme.

El tribunal, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, condena a seis años de prisión a Gloria C.S., una mujer guineana por el homicidio de Williams R. en septiembre de 2015 en Fuenlabrada cuando este acudió a su casa a intimidarla.

La sentencia es consecuencia del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, pero se establece una pena inferior a la establecida en el Código Penal al considerarse probado que la mujer actuó bajo los efectos del miedo, dado que la víctima la había maltratado durante tres años.

El tribunal, además, impone a la acusada una indemnización de 50.000 euros para el hijo que tenía con el asesinado, que vive con una familia de acogida desde 2013.

La Audiencia considera probado que en la mañana del 20 de septiembre de 2015, Williams fue al domicilio de Gloria y allí la increpó y amenazó, llegando a arrancar una malla metálica que protegía las ventanas.

La acusada pidió ayuda al presidente de la comunidad de vecinos, quien la convenció para llamar a la policía. Sin embargo, Gloria “hizo caso omiso” al consejo de los agentes de que denunciara lo ocurrido.

Una hora después, la víctima volvió al domicilio gritando e intimidando a Gloria de nuevo a través de la ventana, momento en el que ella cogió un cuchillo de cocina de 17 centímetros de hoja, salió de la vivienda y lanzó una cuchillada a su víctima “causándole la muerte de modo prácticamente inmediato”.

El jurado descartó que hubiera un forcejeo entre la acusada y su víctima, como había planteado la defensa, porque así lo demostraron las declaraciones de los vecinos y los informes de la policía científica.

La Fiscalía, que pidió inicialmente 17 años de prisión para la acusada, consideró tras la vista oral que concurría la “circunstancia eximente incompleta de miedo insuperable” por los antecedentes de maltrato de la pareja, lo que redujo la petición de condena a seis años.

La Audiencia expone que la acusada actuó impulsada por el temor que sentía respecto a su ex pareja con la que vivió una “larga situación de maltrato sostenido”, lo cual “mermaba de forma grave pero sin llegar a anularla, su capacidad de entender la ilicitud de sus actos y su voluntad de actuar conforme a ello”.

Estos antecedentes de maltrato fueron demostrados en el informe de los psicólogos ratificado durante el juicio, en el que quedaba probado que Gloria había rehecho su vida y estaba en trámites de recuperar la tutela de su hijo, lo que la hizo actuar motivada “por el miedo a perder todo lo conseguido”.

Sin embargo, la Audiencia rechaza aplicar la exención total de la responsabilidad de la acusada como demandaba la defensa porque, aunque Gloria padecía una perturbación mental indiscutible, pudo haber obrado de forma distinta, ya quesufrió “una alteración grave, pero no una pérdida” de sus facultades.

Por lo tanto, la Audiencia Provincial de Madrid condena a seis años de cárcel a Gloria S. C., aunque una vez que esta sentencia sea firme, el mismo tribunal, de acuerdo con la solicitud del jurado, procederá a presentar la solicitud de indulto parcial al Gobierno.

http://www.elmundo.es/madrid/2018/01/22/5a660efae2704e93248b45c2.html

Pérez de los Cobos mintió al tribunal al decir que habla tres idiomas: le han puesto un cero

 

Los jueces son una casta aparte que goza de impunidad.

Los “magistrados” del Tribunal Constitucional, como el de la noticia, ni siquiera han de ser jueces. Su impunidad es aún mayor.

Colocados a dedo por los partidos políticos, su imparcialidad y justicia, siempre está en entredicho por razones obvias.

Por muchos menos de lo que la noticia refleja, en otros países dimiten o van a la cárcel.

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Pérez de los Cobos mintió al tribunal al decir que habla tres idiomas: le han puesto un cero

Francisco Pérez de los Cobos.

Rafa Gallego – 22/01/2018

El ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos se quedó en blanco en la votación para obtener un puesto de magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al recibir cero votos de los diez que había en liza por parte de la Comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

La razón fue que Pérez de los Cobos demostró haber mentido al elaborar su propuesta para obtener el nombramiento. El dominio del inglés y del francés es obligatorio para desempeñar el cargo al que aspiraba, y durante la entrevista quedó evidenciado que no poseía esos conocimientos, a pesar de que en el currículum elaborado para defender su candidatura presumía de hablar tres idiomas -inglés, francés e italiano- además de su lengua nativa, el español.

Según figura en la declaración remitida por Pérez de los Cobos a la Comisión, el propio Pérez de los Cobos aseguraba que “mi nivel de inglés cumple con los estándares requeridos”, si bien reconocía la posibilidad de que tuviese que tomar “clases intensivas para desempeñar mis tareas como juez en Tribunal Europeo de Derechos Humanos” por lo que se comprometía a “tomarlas de cara a cumplir con los deberes que se requieren en dicho puesto”.

Lo cierto es que Pérez de los Cobos fue entrevistado en París el pasado 12 de enero por esta Comisión, formada por miembros de diez nacionalidades diferentes, y cuando éstos comenzaron a preguntarle en inglés, éste respondió: “¿Pueden preguntarme en español?”.

Según relata el portal Confilegal, el candidato De los Cobos “se vio sorprendido porque esperaba que la entrevista fuera en español”. Fue así como perdió sus opciones de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Fue José Martín y Pérez de Nanclares, director de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores quien ganó la votación, con siete votos, mientras que María Elósegui, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, obtuvo tres votos.

 

https://okdiario.com/espana/2018/01/22/perez-cobos-mintio-tribunal-decir-habla-tres-idiomas-puesto-cero-1723666

 

Brigitte Bardot: “Muchas actrices calientan a los productores para tener un papel”

 

Bardot se siente protegida por su edad y porque no depende económicamente de nadie.

No teme las represalias feminazis.

Por ello dice lo que todo el mundo sabe que, como siempre, es lo contrario a las mentiras de las feminazis.

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Brigitte Bardot: “Muchas actrices calientan a los productores para tener un papel”

Brigitte Bardot el pasado mes de septiembre Eric Feferberg – AFP

EFE – París

17 ENE. 2018

Brigitte Bardot considera que la mayor parte de las denuncias de acoso sexual en el cine que se han conocido en los últimos meses son “casos hipócritas” y afirma que muchas intérpretes “calientan a los productores para tener un papel”.

En una entrevista con la revista Paris Match, la que fuera actriz y mito erótico de los años 60 indicó que toda la polémica provocada por los abusos a actrices “ocupa el lugar de temas importantes sobre los que habría que debatir”.

“Yo nunca he sido víctima de acoso sexual. Y me parecía encantador que me dijeran que era guapa o que tenía un buen culito. Este tipo de piropo es agradable”, señaló.

Bardot, que está retirada desde hace años del cine y se dedica a la defensa de los animales, acusó a actrices de calentar a productores para tener papeles. “Después -añadió-, para que se hable de ellas, cuentan que han sido objeto de abusos”.

“En realidad, más que beneficiarles eso les perjudica”, indicó Bardot.

http://www.elmundo.es/loc/celebrities/2018/01/17/5a5fb50622601dc57b8b46af.html