Teléfono: 620100000 - Email: info@projusticia.es

Si no encuentra la página que busca pruebe en la sección "web anterior".

 

Los colegios tendrán un profesor liberado para luchar contra la violencia de género

 

Las feminazis se aseguran el adoctrinamiento a nuestros hijos desde la más tierna infancia. Se les inculca las mentiras feminazis basadas en los consabidos disparates feminazis. Empezando por el lenguaje “inclusivo”. De esta manera se aseguran futuros adultos aborregados. De esta manera se aseguran futuros adultos aborregados.

La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, reflejada en el artículo veintisiete de la Constitución, nuevamente conculcada por los desmanes totalitarios feminazis.

Por supuesto, todo ello controlado y fiscalizado por las respectivas comisarias políticas feminazis como la del vídeo adjunto.

Más estómagos agradecidos viviendo del erario público que sustenta la industria del maltrato.

El Estado totalitario cada vez más presente.

-o-o-o-o-

Los colegios tendrán un profesor liberado para luchar contra la violencia de género

Aula de Secundaria en un colegio de Murcia. / VICENTE VICÉNS / AGM

DANIEL VIDAL – Viernes, 12 octubre 2018

El Pacto Regional para frenar esta lacra, que se firmará este mes, promoverá formación estructural con perspectiva de género en las universidades

Extirpar el problema desde la raíz, incidiendo en la educación, a la vez que se incrementa la protección y la atención a las víctimas. Este es uno de los principales objetivos del Pacto Regional contra la Violencia de Género 2018-2022, que la Consejería de Familia e Igualdad y los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea Regional acaban de sacar del horno tras muchos meses de cocción y que, previsiblemente, los partidos firmarán a lo largo de la segunda quincena de este mes. El texto, al que ha tenido acceso ‘La Verdad’, contempla hasta siete grandes ejes de actuación y un total 69 medidas específicas, entre las que destacan las relacionadas con la sensibilización, la prevención y la formación. Solo para la puesta en marcha del acuerdo durante este año y el que viene hay presupuestados más de 9 millones de euros, entre los fondos del Gobierno regional y los que aporta el Ejecutivo nacional.

Así, y entre las muchas tareas que tendrá que asumir la Consejería de Educación (uno de los muchos departamentos del Gobierno regional implicados en el desarrollo del acuerdo), el documento recoge la introducción (entre los años 2019 y 2020) de «una asignatura de libre configuración en materia de igualdad y dirigida a la prevención, detección, intervención y apoyo a las víctimas de la violencia de género, en el segundo tramo de Educación Primaria y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria». También en los centros educativos, el pacto contempla la creación para el año próximo de la figura del responsable de Igualdad y contra la Violencia de Género, cuyo objetivo será impulsar y llevar a cabo un Plan Educativo en el centro para ese fin, y que estará liberado para ello. Asimismo, se busca «promover la educación formal y no formal de niños y niñas desde edades tempranas en los mismos valores, especialmente en los valores de igualdad y respeto», y el texto recalca que será necesario «asegurar la presencia en los Consejos Escolares y en las asociaciones de padres y madres de alumnos de los centros de una persona encargada de impulsar y velar por el cumplimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres».

Pero no solo eso. También se promoverán «acuerdos entre la Comunidad Autónoma y las universidades de la Región para introducir en los planes de estudios la formación estructural en perspectiva de género, así como contenidos relacionados con la prevención de la violencia de género». Esta medida, como otras muchas contempladas en el pacto, precisará de un «desarrollo reglamentario a determinar», según se especifica en el documento.

El docente será el responsable también de elaborar el plan del centro para tal fin

«La formación y la prevención nos ha parecido fundamental, y seguro que se nos han quedado muchas cosas en el tintero», afirma una de las representantes de los grupos parlamentarios. Aunque lo realmente importante «es que la Región contará con un instrumento para luchar contra la violencia de género que servirá para todos los gobiernos, independientemente de su color político», señaló.

Tipos de violencia y acoso

Fuera de las aulas también se incidirá en las campañas de sensibilización, «fomentando la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública, incidiendo en los patrones y valores culturales». De este modo, la Comunidad Autónoma desarrollará «campañas de prevención de la violencia de género y fomento de la igualdad para favorecer la concienciación ciudadana». Las campañas -contra el juguete sexista o las agresiones sexuales, por ejemplo-, estarán dirigidas «tanto a la ciudadanía en general como a colectivos específicos, prestando atención a mujeres en especial situación de vulnerabilidad, adolescentes y hombres», para lograr su implicación en el rechazo y prevención de esta lacra. Se divulgarán «todos los tipos de violencia y acoso que se ejercen sobre las mujeres», además de dar a conocer que «la violencia machista es un delito público que todo el mundo debe denunciar». También campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes, incidiendo en el ciberacoso y en la prevención de las relaciones tóxicas. Los hombres también serán destinatarios específicos de políticas de igualdad y prevención de la violencia, «habilitando cauces de atención a comportamientos de violencia potencial».

El texto prevé la creación del agente de Policía Local especializado en atención a las víctimas

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de la Mujer, también realizará a partir del año que viene «diagnósticos especiales» para colectivos vulnerables, con implicación de los mismos, identificando las dificultades y desventajas que experimentan diferentes tipos de mujeres, que enumera el texto acordado por los grupos políticos: «Las que viven y trabajan en el ámbito rural; mujeres con discapacidad; inmigrantes; las que ejercen la prostitución; de la tercera edad; exreclusas; viudas; embarazadas; mujeres a cargo de familias monoparentales; paradas de larga duración; y las que desean retornar al mundo laboral tras abandonarlo por el cuidado de la familia, entre otras».

Tipos de violencia y acoso

El Pacto, que también viene a mejorar (o a poner en marcha) muchos de los mecanismos de los que ya disponen las administraciones locales y regionales, también pone el foco en la protección de las víctimas. Enseñando a defenderse, por un lado, con la «elaboración de un programa de difusión de técnicas de autoprotección y defensa personal para las personas en programas de violencia de género y para quien lo solicite a través de los centros de atención a las víctimas (Cavis)». Por otro, habilitando «procedimientos específicos de actuación para las mujeres que, por diversas causas, retiran la denuncia», y «para el acompañamiento personalizado a las víctimas durante todo el proceso (antes, durante y después de la denuncia), y en todas las actuaciones o situaciones por las que tenga que atravesar», según se recoge en el texto. De hecho, el Pacto promueve «sistematizar el seguimiento de las mujeres atendidas en los recursos especializados de acogida inmediata y los centros de atención». También contempla el acuerdo «facilitar a las víctimas que no cuenten con los recursos económicos suficientes, y cuyo riesgo sea elevado, un recurso de acogida seguro, inmediato y eficaz, habilitando una bolsa de viviendas con los ayuntamientos para alquiler social».

El documento recoge actuaciones para las mujeres que retiran la denuncia

El documento recoge la necesidad de «garantizar la atención especializada en los recursos de carácter asistencial». Ya en el ámbito sanitario, el acuerdo alcanzado incluye la implantación de un sistema de envío directo de partes médicos al juzgado desde los servicios de urgencias y desde los centros de Atención Primaria. Asimismo, el Pacto pretende «desarrollar una atención sanitaria integral para las víctimas y menores a su cargo mediante la creación y establecimiento de equipos multidisciplinares que tengan como objetivo la asistencia y prevención de la violencia contra las mujeres».

Todos los funcionarios

Además de impulsar la figura del policía local especializado en violencia de género, en la negociación se consideró «muy importante» la formación de los especialistas que «acompañan a la víctima durante todo el proceso», según las mismas fuentes. La formación contra la violencia de género, de hecho, se extenderá en todos los ámbitos. Desde «todo el personal de la Función Pública y al servicio de la administración autonómica, profesorado, orientadores y otro personal de los centros de educación infantil, primaria y secundaria, a inspectores de educación y otros profesionales técnicos de la Consejería de Educación, pasando por profesionales de atención primaria, técnicos y representantes políticos de los ayuntamientos».

El pacto, que también recoge diferentes medidas de actuación en el ámbito laboral, contempla además la creación de diferentes organismos para dar cobertura y seguimiento al cumplimiento del acuerdo. Uno de estos organismos es el Observatorio de Igualdad y Violencia de Género de la Región de Murcia, como establece la Ley 7/2007. Además, también se creará una unidad en el Centro Regional de Estadística de la Consejería de Hacienda para extraer los datos relacionados con la violencia de género y la situación de mujeres y hombres en la Región; una Mesa de Coordinación con responsables políticos y técnicos de los 45 municipios; y también una Comisión de Seguimiento cuyo objetivo será «seguir adaptando las respuestas que ofrece el pacto, que no está cerrado, a las necesidades de la realidad».

https://www.laverdad.es/murcia/colegios-profesor-liberado-20181012010701-ntvo.html

 

Sánchez aprieta en su deriva a la censura: un órgano estatal “controlará” a medios públicos y privados

 

El Ministerio de la verdad orwelliano.

El control de la información para adoctrinar a la población y perseguir al disidente/opositor.

No es casualidad que la propuesta sea en la Comisión de igualdad con la falsa excusa de proteger a la mujer. El Estado totalitario feminazi.

-o-o-o-o-

Sánchez aprieta en su deriva a la censura: un órgano estatal “controlará” a medios públicos y privados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Luz Sela – 12/10/2018

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), un órgano estatal para el control y la regulación de los medios de comunicación, con capacidad sancionadora.

El organismo figuraba en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010) aunque fue derogado por el PP, que lo ‘fundió’ en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Ahora, la intención de Sánchez es recuperarlo, como revela una enmienda a una reciente moción de Podemos en el Senado, en la que el partido de Pablo Iglesias insta al Gobierno a “combatir la publicidad estereotipada y sexista”.

En concreto, el punto seis de la enmienda propone “recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, independiente y con competencias en la defensa de los derechos, libertades y valores de la ciudadanía en el ámbito de las radios y televisiones públicas y privadas, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad”.

Se trata, pues, de un organismo supervisor de contenidos y con capacidad para sancionar a los medios, bajo la ambigua finalidad de defender “los derechos, libertades y valores de la ciudadanía”. La idea surge además en plena polémica por las intenciones del Gobierno de imponer una regulación a la “libertad de expresión” en los medios, como recientemente revelaron varios miembros del Ejecutivo.

Dependerá de Presidencia

Aunque se presuma “independiente”, el órgano estará directamente adscrito al organigrama del Gobierno, y más en concreto, del Ministerio de la Presidencia. La elección de sus miembros se hará por convocatoria pública, a través de un comité asesor cuyos integrantes serán designados entre los propuestos por los distintos grupos parlamentarios.

En la Ley de 2010-donde se establece la creación de este Consejo-se señala que su finalidad será “supervisadora y reguladora de la actividad de los medios de titularidad del Estado o que estén bajo su competencia”. Sin embargo, los socialistas amplían ahora ese control también a los medios privados.

Según el texto de esta ley, entre las funciones originales del CEMA está asegurar “la transparencia y el pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual”, así como “la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio, televisión y servicios conexos e interactivos, y el cumplimiento de la misión de servicio público que le sea encomendada”.

Además, se encargará de determinar el catálogo de “acontecimientos de interés general para la sociedad”, de recibir las comunicaciones de inicio de actividad de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o de decidir sobre la renovación de licencias, y de “velar por la promoción de la alfabetización mediática en el ámbito audiovisual con la finalidad de fomentar la adquisición de la máxima competencia mediática por parte de la ciudadanía”.

El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales asesorará a las Cortes Generales, al Gobierno, a los organismos reguladores, así como a las autoridades audiovisuales independientes autonómicas, en las materias relacionadas con el sector audiovisual y podrá proponer al Gobierno la elaboración de disposiciones de carácter general sobre el sector.

Inspecciones y sanciones

La ley le otorga también la potestad de “requerir a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones”, de realizar inspecciones e incluso de requerir el cese de “aquellas prácticas que contravengan” las leyes y sancionar a los medios.

No es la primera vez que el PSOE revela sus intenciones con los medios a través de enmiendas en las Cortes.

Así ocurrió recientemente en una Propuesta No de Ley sobre la “desinformación” presentada por el grupo del PP en el Congreso.

Los ‘populares’ pedían en su iniciativa un acuerdo internacional contra esta “amenaza” con “medidas específicas para proteger escenarios sensibles como los procesos electorales democráticos”, haciendo especial hincapié en “las amenazas gestionadas por actores extranjeros con intenciones hostiles”.

Los socialistas -que votaron en contra de la proposición- suscribieron ese punto, pero eliminaron esa última referencia a las amenazas de procedencia exterior y con fines perversos, lo que dejaba el texto mucho más abierto a las injerencias del poder político.

En las últimas semanas, el Gobierno ha admitido que busca una cierta regulación de los medios y ha puesto como ejemplo a otros países, como Alemania, Italia o Francia, que ya han seguido esta senda. En Francia, por ejemplo, una norma reciente impone a los medios de comunicación –sobre todo digitales– un compromiso “reforzado” en las informaciones que se publiquen en períodos electorales y habilita al juez a bloquear en 48 horas el acceso a una web.

https://okdiario.com/espana/2018/10/12/sanchez-aprieta-deriva-censura-organo-estatal-controlara-medios-publicos-privados-3222706