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Acuerdan una financiación de 1.000 millones de euros y 200 medidas para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

 

Todos los partidos políticos con representación parlamentaria se han puesto de acuerdo para seguir conculcando derechos fundamentales y principios jurídicos básicos de la mitad de la población.

Simplemente por pertenecer a un colectivo siguiendo el criterio que aplicaron el régimen nazi y el stalinista.

Por supuesto, lo más importante es el aumento de la partida presupuestaria para dar de comer a los miles de estómagos agradecidos que viven gracias a la industria del maltrato.

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Prevén que el documento final se apruebe la próxima semana

Acuerdan una financiación de 1.000 millones de euros y 200 medidas para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

ISABEL F. LANTIGUA

Madrid – EFE – 20 JUL. 2017

Protesta en Madrid para reclamar un pacto de Estado contra la violencia de género. BERNARDO DÍAZ

Los grupos de la subcomisión del Congreso para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género han logrado este jueves un acuerdo sobre 200 medidas, con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años, para luchar contra este problema social, a falta de cerrar aún el documento final. En lo que va de año, 31 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.

A pesar de que en la propia web del Congreso se había anunciado que este miércoles se podía aprobar el documento, lo cierto es que el “volumen de trabajo, la discusión sobre algunas cuestiones y lo flojo del texto del borrador presentado por el PP, sobre el que se ha trabajado y que ha obligado a volver a renegociar muchos temas, han impedido cerrarlo esta semana”, explican a EL MUNDO fuentes parlamentarias. No obstante, después de dos prórrogas, tienen de plazo hasta el 31 de julio para presentar el trabajo, aunque el Gobierno quiere que esté cuanto antes.

Entre las cuestiones que más debate han generado, además de la financiación, se encuentran las relacionadas con la modificación de los mecanismos para acreditar la condición de víctima de violencia de género para acceder a asistencia social, la propia definición de violencia machista, la eliminación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en caso de violencia de género, para que la víctima no pueda acogerse a la dispensa que le permite no declarar contra su agresor y tenga la obligación de hacerlo y el régimen de visitas a los hijos por parte de los maltratadores.

Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, los grupos han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización en las prestaciones, que estarían a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales.

Además, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís han logrado que se incluyera en el texto una referencia a las competencias de las comunidades autónomas en materia de violencia de género.

Fuentes parlamentarias consultadas por Efe han precisado que este fin de semana se terminarán de redactar la parte introductoria del texto, el resumen de las comparecencias de expertos que han acudido a la subcomisión y la reglamentación.

La definición de violencia machista, clave

La subcomisión se reunirá el próximo lunes 24 de julio para la lectura y aprobación del documento, tras revisar la redacción del concepto de violencia de género, el artículo uno de la ley integral, que es la “llave” del acuerdo.

El viernes 28 de julio el texto se someterá a la aprobación de la Comisión de Igualdad, donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus votos particulares con aquellas cuestiones que han quedado fuera del acuerdo como la gestación subrogada.

Los grupos de la oposición han calificado de “aceptable” la dotación presupuestaria del pacto, que supone “una mejora sustancial” con respecto a los planteado inicialmente por el PP, aunque han reclamado un compromiso económico a más largo plazo.

Se ha acordado la creación de una comisión no legislativa en el Congreso para el seguimiento del pacto de Estado, que entre otras competencias podrá hacer un seguimiento presupuestario y fiscalizar la puesta en marcha de las medidas.

En declaraciones a Efe, la diputada del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-en Marea, Ángela Rodríguez, ha señalado que “todavía no hay un acuerdo definitivo, sino que quedan algunos flecos, que hay que solucionar, como la definición de violencia machista”.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/07/20/5970d929e2704eb8758b4608.html

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