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Aniversario ley del divorcio

 



Madrid, 28 de junio de 2006.


Con motivo del aniversario de la Ley de Divorcio quisiéramos hacer algunas consideraciones.

En el año 1981 y bajo la tutela del ministro Fernández Ordóñez, se redactó la Ley de Divorcio. En la redacción de la ley participaron varios colectivos “feministas” entre los que se encuentran el dirigido por Ana María Pérez del Campo.

Entre los artículos de la ley estaba el 159 del Código Civil. El citado artículo establecía la obligatoriedad de otorgar la custodia de los niños menores de siete años a la madre. Hemos de recordar que en la inmensa mayoría de las separaciones, los niños son menores de siete años. Si tenemos en cuenta la habitual manipulación de los menores por parte del progenitor custodio, llegando incluso a grados severos de Síndrome de Alienación Parental, y que en los juzgados rara vez se escucha a los menores a pesar de ser preceptivo por varias leyes, menos aún tomar en consideración su opinión y/o testimonio, la situación de maltrato infantil y orfandad artificial estaba servida.

En el año 1991 se deroga el art. 159 del Código Civil por inconstitucional. Las amargas quejas de los grupos de presión feminista no se hacen esperar. Son especialmente significativas y reveladoras de los criterios que sustentan estos grupos, las declaraciones de Cristina Alberdi quien ve en esta derogación la pérdida de un derecho de las madres. Del derecho de los hijos a tener padre, madre, abuelos, tíos, primos, etc., no dice nada Cristina Alberdi. Rápidamente los grupos de presión feminista crean los equipos psicosociales con la excusa de dilucidar cuál de los progenitores es el más capacitado para hacerse con la guarda y custodia de los niños. Estos equipos actúan sin criterio científico alguno pero con un marcado sesgo ideológico. Por supuesto, la mayoría de los miembros de estos equipos siguen las teorías de los grupos de presión feministas llegando a reconocer públicamente su adscripción a las asociaciones dirigidas por destacadas “feministas” como es Ana María Pérez del Campo, secretaria de Unión Nacional de Asociaciones de Familia (UNAF). Como era fácilmente previsible la situación de hecho es la misma que antes de la derogación del artículo 159 del Código Civil, otorgándose la práctica totalidad de las custodias a la madre. ¿Son todos los padres malos? ¿Son todas las madres buenas? Por si esto fuera poco, no se guardan siquiera las formas, realizándose los informes de manera repetitiva cambiando sólo los nombres de las personas “supuestamente analizadas” como denunció el sr. Félix Pantoja (vocal del C.G.P.J.) en el congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicología del Niño y el Adolescente (SEPYPNA). Estas prácticas no sólo generan un daño irreparable a miles de menores cada año sino que sustentan un espléndido negocio del que se lucran numerosas personas a costa del erario público y del daño a menores y adultos.

En el año 2004 se aprobó la Ley de violencia de género. Exactamente lo mismo que se hizo en EE.UU. cuando se aprobó la Custodia Compartida. Ley aberrante e inconstitucional basada en datos falsos o tergiversados. Esta ley da soporte legal a las teorías abracadabrantes de género y constituye un arma eficacísima a favor del negocio de los grupos de presión feminista y contra todo aquél que ose levantar la voz y denunciar la situación. Recordemos el caso de la jueza decana de Barcelona.

En el año 2005 se aprobó la última reforma de la Ley del Divorcio. Durante la tramitación de esta ley las presiones de los grupos “feministas” han sido una constante no teniendo reparo alguno en reunirse con el presidente del Gobierno el día anterior a la votación para exigirle que la votación fuese favorable a sus intereses. No hemos de olvidar que el primer colectivo que recibió Rodríguez Zapatero tras tomar posesión de su cargo, fue el de las “feministas”. Encabezadas por Pérez del Campo, Ángela Alemany, Ángeles Álvarez, etc. Finalmente se llegó a fingir una votación errónea por parte de los diputados del PSOE que quedará para los anales de la historia y en la conciencia y vergüenza de los diputados. Si es que tienen ambas cosas. El texto definitivamente aprobado poco o nada tiene que ver con la redacción original del anteproyecto de ley. Sobre todo con la exposición de motivos original. De hecho el texto aprobado es casi un calco del que defendían las asociaciones de mujeres y en concreto el publicado, casi un año antes, por Ángela Alemany en la página web de su Asociación de Mujeres Juristas Themis. Con la nueva ley, por ejemplo, la Custodia Compartida se ha convertido en una quimera imposible de alcanzar porque se han puesto tantas trabas y condiciones que es prácticamente imposible el conseguirla. Recordemos que basta que haya indicios de maltrato para que se deniegue. Pero hemos de tener en cuenta que en los procesos de separación, la práctica totalidad de las denuncias de maltrato son falsas.

Recordemos que los diputados conocían los estudios al respecto, como el Informe Renacer dado a todos los diputados, y que la inmensa mayoría de la población está a favor de la Custodia Compartida tal y como reflejó la encuesta que Gallup realizó al respecto.

No podemos olvidar los graves perjuicios que ocasiona a los menores el mantenerles separados artificialmente de su familia, normalmente la paterna, ocasionándoles una orfandad artificial innecesaria y contraproducente para su desarrollo como personas. Según el U.S.A. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Familie, National Center on Child Abuse and Neglect, 1996, en contraste con los hijos que conservan el trato con su padre, los hijos que crecen sin conservar el contacto y relación con su padre, son:

http://www.calib.com/nccanch/pubs/statinfo/nis3.cfm

No queremos extendernos más. Sólo hacer hincapié en que en los juzgados de familia no se persigue el interés del menor sino el mantener privilegios y prebendas a la madre y con ello sustentar el boyante negocio del que se lucran numerosas personas, la mayor parte de ellas a costa del erario público.


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Hembristas. Sus mentiras, prebendas y privilegios.

Asociación de artistas contra la violencia de género. Este colectivo es uno de tantos que se apuntan al negocio del maltrato institucional. Las subvenciones de dinero público que reciben son generosas y abundantes. La conciencia y la ética brillan por su ausencia. Veamos un ejemplo.

Centro Reina Sofía. El Centro Reina Sofía es el único Organismo público que estudia la violencia. Pero sus prácticas dejan mucho que desear.

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