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Declaraciones de Montserrat Comas en Ondacero.

Reproducimos la carta enviada a Ondacero en respuesta a las ominosas declaraciones plagadas de falsedades, de Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de violencia de género del CGPJ.

El documento original se puede ver en este enlace.

 

Onda Cero

Programa “A ver si te atreves”

San Sebastián de los Reyes

Madrid

 

16 de mayo de 2006.

 

Muy Sres. nuestros:

En relación con su programa emitido esta noche (entre las 02:30 y las 03:30 horas) en el que se habló sobre violencia de género, custodia compartida, etc., y en el que intervinieron Dª. María Sanahuja (jueza decana de los juzgados de Barcelona) y Montserrat Comas (vocal del Consejo General del Poder Judicial y directora del Observatorio sobre Violencia Doméstica), nos gustaría hacer unas puntualizaciones pues se dijeron varias falsedades.

Sobre lo manifestado por Dª. María Sanahuja nada podemos objetar por estar de acuerdo en sus argumentos y opiniones, como de costumbre, excepción hecha del asunto de la inferior remuneración de la mujer por igual trabajo. Suponemos que ha sido un lapsus de Dª. María Sanahuja pues nos consta que ella cobra lo mismo que sus compañeros varones.

Hemos de recordar que esta falacia tiene su origen en la forma de calcular la media de los sueldos. El  40% de mayor sueldo de los hombres lo obtienen de  datos del INE. Se calcula la media del salario de los varones (22.169,2€ frente a los 15.767,6€ de ellas). Si tomamos como base 100 el salario de los hombres, el de las mujeres es el 28,8% menor. Esta cifra es menos escandalosa que si se toma el salario base 100 de ellas. Es más lógico que el salario de referencia sea el del varón pero está claro el porqué se deciden las feministas radicales por el de las mujeres. Pero para despejar dudas quien mejor que el ministro de trabajo, Jesús Caldera, miembro del equipo de gobierno feminista radical de Rodríguez Zapatero: "Por el mismo trabajo, hombres y mujeres reciben el mismo salario; el problema radica en que los hombres ocupan los puestos mejor pagados y de mayor responsabilidad" (El País, 12-3-2006). Sólo hay que ver cuántas mujeres están subidas al andamio, picando en la mina, pescando en el Gran Sol, etc., y cobrando los pluses de peligrosidad. Las matemáticas y los hechos son contundentes contra las mentiras.

Por si esto fuera poco, y tal como manifestó en antena D. Antonio Piñeiro, presidente de la Asociación de padres y madres separados de Galicia, la Unión de Separados tiene desde hace años un premio de 6.000 euros a quien pueda demostrar que a igual trabajo en las mismas condiciones se pague más a un hombre que a una mujer. Este premio lleva desierto varios años. En fechas recientes la Asociación de Padres y Madres Separados ¡Custodia Compartida! de Extremadura ofrece también 6.000 euros a quien les demuestre que cobra menos que un hombre.

En cuanto a lo manifestado por Montserrat Comas hemos de aclarar algunos puntos pues esta persona sólo sabe dar datos falsos de los que se sirve para intentar fundamentar sus argumentos sin pies ni cabeza.

El 15 de junio de 2004, Montserrat Comas, manifestó ante varios medios de comunicación (palabra más o menos) lo que pocas fechas antes ya había manifestado a Europa-Press (literal): “En España, la violencia contra la mujer es una lacra social que ha costado este año ya la vida a 29 mujeres y a 6 menores, además de a 1 hombre pero este último caso se trató de la muerte del yerno a manos de su suegro. No hay ningún caso de mujer que haya sido imputada por matar a un hombre en este ámbito en lo que va de año”.

Pero por esas fechas y en lo que iba de año ya había 21 personas asesinadas por 18 mujeres asesinas. 10 hombres asesinados por sus mujeres o personas cercanas a ellas. 8 niños asesinados por abandono de sus madres normalmente en la basura. Y ello sin contar con que son muy pocos los contenedores de basura que son revisados antes de ir a la incineradora.

El día 29 de octubre de 2005 en el periódico “El País” (pagina 37), Montserrat Comas hacía unas declaraciones referentes al número de denuncias sobre maltrato en el ámbito familiar. De las propias cifras dadas por Montserrat Comas (que sabemos nada fiables) se deduce que la mayor parte de las denuncias son falsas (57,24%). Cuestión ésta que ya destapó en su día la jueza decana de Barcelona, Dª. María Sanahuja. Y que fue confirmada por la Junta de jueces de Barcelona, el Tribunal superior de Justicia de Cataluña, el Fiscal  Jefe de Cataluña, ..., el Congreso de psiquiatría forense (2004) celebrado en el Hospital San Carlos de Madrid, el Congreso de SEPYPNA (2004) celebrado en el Hospital San Carlos de Madrid, etc. En estos congresos se afirmó que las denuncias falsas llegan al 80 y el 90 por ciento del total. “A simple vista” según algunos de los ponentes. Félix Pantoja, vocal del C.G.P.J. encargado de asuntos de familia y menores llegó a manifestar el hartazgo de los jueces por recibir informes “hechos con multicopista” sin haber hablado siquiera con las personas supuestamente evaluadas.

Pero una vez más, los datos demuestran las mentiras de Montserrat Comas.

Por si todo esto no fuese suficiente, el propio Observatorio que dirige Montserrat Comas, emite informes en los que queda acreditado la falsedad de lo declarado por Montserrat Comas.

Además hemos de recordar que estamos hablando de una ley que es un compendio de disparates, aberraciones e inconstitucionalidades. A lo que hay que añadir que se está aplicando con irregularidades tales como que el perito (psicólogo) rara vez emite su opinión pues ni examina a las partes, y si lo hace, no se toma en consideración su informe. Ley sobre cuya inconstitucionalidad se han manifestado tanto el CGPJ como el Consejo de Estado, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación Jueces para la Democracia, magistrados del Tribunal Supremo, etc., e incluso diputados y senadores que votaron a favor de la ley a pesar de estar convencidos de su inconstitucionalidad pues tienen más miedo a ser tildados de machistas que a cometer prevaricación. Ley tan disparatada que ha habido que obligar a los jueces a hacerse cargo de estos puestos llegando algunos a hacer uso de la objeción de conciencia para no tener que verse cómplices de esta aberración.

El Fiscal General del Estado, para justificar la postura de quien le puso en el cargo, argumenta que la ley no discrimina pero da instrucción para que no se considere víctima de violencia doméstica a la mitad de la población, los varones, quienes al parecer no tienen derecho a quejarse siquiera.

En cuanto a las denuncias en si, hemos de advertir que en su día solicitamos tanto al decano de los juzgados de Madrid como al CGPJ que nos permitiesen colocar en las sedes judiciales y en las dependencias policiales y de la Guardia Civil, cárteles de iguales características a los que pueblan estas dependencias incitando a la mujer a denunciar a sus parejas si se sienten maltratadas. La respuesta ha sido, en ambos casos, el negar su competencia al respecto (¿?), obligándonos a pedir una aclaración que no ha obtenido respuesta a día de hoy.

Por último hemos de señalar que el organismo público que estudia la violencia, Centro Reina Sofía,  tiene instrucciones del CGPJ para no investigar la violencia contra el varón. Violencia que es igual si no superior a la perpetrada contra la mujer según estudios serios realizados en otros países de nuestro entorno tales como el Dunedin, Fiebert, etc.

Dice Montserrat Comas que la ley abrió una vía de solución de esta lacra social y justifica que la cifra de asesinadas no se haya reducido porque hay que dar más tiempo. Miente de nuevo Montserrat Comas. La cifra de asesinadas no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado como reconocen el ministro, la delegada del gobierno y las propias asociaciones de mujeres.

Habla Montserrat Comas de acción positiva. Nos quiere hacer creer que para igualar la balanza hay desestabilizar al lado contrario en vez de dejarla equilibrada.

En cuanto a la custodia compartida Montserrat Comas se muestra favorable siempre que haya acuerdo entre los progenitores. Algo hemos ganado pues antes decía que nunca era beneficiosa para los menores. Dice que si no hay acuerdo entre las partes no se ha de dar. ¿Para qué están los jueces entonces? ¿Por qué oculta los informes que demuestran sin lugar a dudas que la custodia compartida es la mejor opción tras la separación de los padres? Dice Montserrat que se estudia cada caso y que si el padre demuestra haber sido quien se ha ocupado de los hijos, se le da la custodia. ¿Nos toma por imbéciles? 95% de custodias para las madres, 3% para los padres y 2% para el Estado. Argumenta que se otorga mayoritariamente a las madres porque son quienes se ocupan de los niños. ¿En qué época vive Montserrat Comas? En cualquier caso, ¿no es ocuparse de tus hijos el trabajar para traer un sueldo a casa? Como bien explicó Dª. María Sanahuja y algún oyente confirmó, los abogados suelen asesorar de forma lamentable a los padres llegando a decirles que no pueden pedir la custodia porque la ley así lo estipula ya que el art. 159 del Código Civil establece que los niños menores de 7 años siempre han de quedar con la madre. Lástima que esta norma esté derogada desde hace más de quince años por inconstitucional.

Incide también Montserrat Comas en la diferente retribución del mismo trabajo según el sexo del trabajador. Ya ha quedado claro la falsedad de ello pero si Montserrat Comas cobra menos que sus compañeros, ¿por qué no lo ha denunciado? La ley es tajante al respecto. Esgrime que en el CGPJ hay 2 mujeres por 18 hombres y en el Tribunal Supremo 4 mujeres y 97 hombres. Oculta Montserrat Comas que hasta hace unos años las mujeres no podían acceder siquiera y en la actualidad suben como el resto de los jueces por antigüedad y méritos pero en igualdad de condiciones. ¿Por qué no comenta que en la totalidad de la judicatura las mujeres son ya mayoría y que en un futuro próximo serán mayoría en el C.G.P.J. y en el T.S.?

Vuelve a hablar Montserrat Comas de acción positiva al referirse a la Ley de Igualdad. Dice que en  el “mundo universal” durante muchas décadas se ha creído en superioridad de los hombres. ¿Pensaría igual Madame Curie? ¿Qué complejos de inferioridad tiene Montserrat Comas?

En cuanto al tema de la prostitución no podemos opinar por ser un tema que desconocemos pero nos tememos que los datos falsos son también una constante. Baste una consulta a www.malaprensa.com.

Pero puestos a dar la razón a Montserrat Comas en sus sofismas, exigimos la discriminación positiva. Nuestras madres tuvieron la custodia de sus hijos junto con el domicilio conyugal y pensión compensatoria. Nuestras abuelas ídem de ídem como nuestras bisabuelas y tatarabuelas. Por lo que dada la discriminación secular que hemos padecido los miembros varones de nuestras familias, y siguiendo los criterios de Montserrat Comas, deben darnos la custodia de nuestros hijos junto al domicilio conyugal y la correspondiente pensión. Y por supuesto que nuestras exesposas paguen la hipoteca.

En conclusión, con cartas marcadas cualquiera puede obtener el resultado deseado. ¿Montserrat Comas es un mago que nos ilusiona o una tramposa profesional? Esperamos que los documentos que a continuación les facilitamos les ayuden a responder esta pregunta.

Quedamos nuevamente a su disposición para cualquier aclaración o petición de más documentación que les ayude a formarse un mejor juicio sobre este grave problema.

 

Asociación
PROJUSTICIA
Dpto. de prensa

 

 

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IGUALDAD DE SEXOS

Premio por demostrar la desigualdad salarial
REDACCION (14/05/2006)
La Asociación de Padres y Madres Separados ¡Custodia compartida, ya! de Extremadura ofrece 6.000 euros "a quien o quienes demuestren que las mujeres ganan aproximadamente un 27% menos que los hombres (los días previos y siguientes al último 8 de marzo de 2006 se llegó a afirmar que el 40%)", informa la agencia Efe.

Así lo explica su presidente, Carlos Aurelio Caldito Aunión, que señala que con esta iniciativa su organización trata de "salir al paso de determinadas falsedades, maliciosamente difundidas e ingenuamente creídas".

Para lograr esta cantidad, se deberán aportar pruebas documentales de que "se trata exactamente del mismo trabajo" y "se descartarán las circunstancias diferenciales como nocturnidad o peligrosidad, otras categorías laborales, antigüedad, distintos convenios u horas trabajadas, etcétera".

Caldito Aunión agrega que "por ser España un Estado de derecho, habremos de suponer que se habrán agotado todos los recursos judiciales y legales que es posible llevar a cabo a través de los juzgados de lo Social o de otros órganos competentes en la materia, de manera que se hayan pronunciado ratificando dicha desigualdad salarial por razón exclusiva de sexo".

Por otro lado y según Europa Press, Extremadura registra uno de los ratios que miden la relación entre separaciones y divorcios más bajos del país, con 1,26.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=238500

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Encuentran el cadáver de una recién nacida en Barcelona
elmundo12/06/04

 

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VIOLENCIA DOMÉSTICA
Las denuncias por maltrato aumentaron un 7,6% durante el primer semestre
EFE. 20.10.2005 - 16:04h
71 personas murieron durante los primeros seis meses de 2005 dentro del ámbito de la violencia doméstica. 49 mujeres y 4 hombres fueron asesinados por sus parejas. Continúan artículo y comentarios

A manos de sus parejas o ex parejas murieron 49 mujeres; seis mujeres a manos de sus hijos, seis menores a manos del padre y cuatro de la madre; cuatro hombres fueron asesinados por sus parejas; y una mujer y un hombre por sus hermanos.

Además otras ocho mujeres perdieron la vida "por conocidos, clientes..., es decir, violencia de género sin relación de parentesco", afirma la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Montserrat Comas.

Según los datos facilitados por Comas tras inaugurar en Santander un seminario de formación al que asisten los titulares de 16 Juzgados con competencias exclusivas en violencia sobre la mujer, en el primer semestre de 2005 el porcentaje de denuncias retiradas disminuyó -un 10,6% frente al 12% de la primera mitad de 2004-, y en conjunto sumaron 5.418.

Durante el mismo periodo, las denuncias recibidas ascendieron a 51.213, un 7,6%  más respecto al primer semestre de 2004 y, en la mayoría de las ocasiones el denunciado fue el cónyuge (35 por ciento del total).

Los hombres aparecen como víctimas en el 12% de las denuncias (10% en 2004), y los extranjeros en el 23 por ciento de las denuncias (20% en 2004).

En cuanto a las órdenes de protección para las víctimas de malos tratos, en el periodo de referencia se solicitaron 20.238, un 19% más que en 2004, de las cuales el 76%  fueron tramitadas y el 23% denegadas.

El 87% de las órdenes pedidas se correspondieron con situaciones de violencia en el ámbito de la pareja o ex pareja, de éstas el 59% convivían o mantenían el estatus de casados en el momento de la solicitud y el 28% en relaciones en crisis.

En cuanto a la forma de terminación de los procedimientos judiciales, el Observatorio contra la Violencia Doméstica observa un "notable" descenso en las sentencias absolutorias, 29% en el 2004 y 19% en el primer trimestre de 2005.

Además hay un "ligero aumento de los sobreseimientos, que pasan del 13% en el 2004 al 25% en este primer trimestre de este año".

http://www.20minutos.es/noticia/58577/l/#comentarios

 

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Maltratados por mujeres (2005)

Vea la tabla.

Fecha

Agresora

Víctima

Tipo

Enlace

Texto

 

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EL PERIODICO MARTES 24/0/02
www.elperiodico.com/EDALICANTE/ED020723/CAS/CARP01/tex015.asp

ORIHUELA CIFRAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA

Varón y mujer reciben similar maltrato en la Comunidad

  • Las denuncias masculinas en Alicante superaron a las femeninas en julio
  • El 51% de la violencia doméstica se inflinge a hembras y el 49% la padecen hombres
  • ESTHER SANCHEZ ORIHUELA

Más hombres que mujeres presentaron denuncias en Alicante durante este mes de julio por haber sido víctimas de malos tratos. El dato lo puso ayer sobre la mesa la secretaria de Justicia y Administraciones Públicas, Carmen Galipienso, quien añadió además que los porcentajes de cada sexo en los casos de violencia doméstica son "muy similares" en la Comunidad Valenciana. En concreto, el 51% corresponde a mujeres y el 49%, a hombres.

consejera

Carmen Galipienso (izquierda) y Mercedes Dertell, ayer, en Orihuela. CAPITAN

Galipienso hizo estas declaraciones durante la visita a la oficina de ayudas a la víctima del delito en Orihuela, que está funcionando desde el pasado 1 de julio.

La representante de la Conselleria de Justicia aseguró que estos datos muestran un concepto contrario al que la mayoría de ciudadanos tiene de que generalmente las víctimas de malos tratos son mujeres.

Valdipienso resaltó que "la gran olvidada del ordenamiento jurídico es la víctima, que es la persona que pasa de protagonista total de unos hechos a ser una segundona".

En este sentido, manifestó que la ley "tiene asumido" que el agresor o agresora tiene derecho a letrado, a guardar silencio y a mentir, "sin embargo, a la víctima sólo se le dice que tiene obligación de decir la verdad y de comparecer". Por ello, defendió que la víctima "debe saber que también tiene muchos derechos, lo que ocurre es que están desperdigados dentro del organismo jurídico". Precisamente este asesoramiento es es el objetivo de la oficina de ayuda a la víctima.

LA OFICINA
Ayuda para que la víctima sepa actuar en un juicio
Un trabajador social y un psicólo prestarán sus servicios en la oficina de ayuda a la víctima del delito, que será inaugurada oficialmente el día 29. El personal asesorará a la víctima sobre todo lo que ocurrirá en el juzgado, "de forma que cuando llegue el juicio oral sepa qué le van a preguntar",según su directora, Mercedes Derretí

LAS CLAVES
DESMITIFICAR. Las cifras sobre paridad en los malos tratos rompe con la idea de que las mujeres son las víctimas de la violencia doméstica.

MANDATO COMUNITARIO. La Unión Europea exige en una ley que se habiliten oficinas de atención a las víctimas de agresiones en el hogar.

PREPARAR EL JUICIO.  El denunciante suele tener mayor desconocimiento de sus derechos que el demandado.

 

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3 de septiembre de 2005
El 40% de las mujeres asesinadas por su pareja este año son extranjeras
El País
Crece la incidencia de la violencia machista entre las mujeres extranjeras. Lo eran 17 de las 42 fallecidas a manos de su pareja o ex pareja en España en lo que va de año. Esta proporción de víctimas no españolas, el 40,4%, es muy superior a la registrada en años anteriores, según el Instituto de la Mujer. La delegada del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco, se muestra "preocupada" por el fenómeno. Anuncia que la próxima semana se dará el primer paso para lanzar una campaña dirigida a que las extranjeras maltratadas denuncien su situación. En 1999 -primer año para el que el Instituto de la Mujer ofrece este dato desglosado-, las extranjeras supusieron el 14% de las fallecidas por maltrato (7 de 54). A partir de entonces, la cifra ha ido casi siempre en alza (ver gráfico). En 2004 alcanzaron el 24,3% (17 extranjeras entre las 72 mujeres muertas por la violencia machista). Entre enero y agosto del presente año, la incidencia se ha disparado: cuatro de cada 10 víctimas mortales han sido extranjeras. Todas, excepto una turista irlandesa, residían habitualmente en España, señala Orozco.
La creciente incidencia de las muertes de extranjeras por maltrato se produce en un contexto de inmigración creciente: el 8,4% de la población española ha llegado de fuera, según el Instituto Nacional de Estadística (en 1999, los extranjeros suponían el 1,8%). Los datos del Instituto de la Mujer señalan que la tasa de víctimas mortales por millón de mujeres es muy superior entre las extranjeras: 13,6 fallecidas por maltrato por cada millón de residentes frente a 2,6 casos por cada millón de españolas en 2004. Mientras la tasa de las segundas se mantiene relativamente estable desde 1999, la de las extranjeras ha variado entre ocho y 19,9 casos por millón. Orozco prevé reunirse la próxima semana con responsables de la Secretaría de Estado de Inmigración "para elaborar una política concreta dirigida a este colectivo". También se busca que esas mujeres conozcan los beneficios de la ley contra la violencia machista. Las extranjeras presentan una de cada cuatro denuncias por malos tratos (el 25% de las 57.527 denuncias de maltratadas en 2004, según el Instituto de la Mujer).

 

VIOLENCIA DOMESTICA 18-03-2005

Comas cree 'infundado' ningún juez quiera asumir maltrato mujeres

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Montserrat Comas consideró hoy 'precipitada e infundada' la advertencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que ningún juez catalán se ha presentado voluntario para encargarse de los nuevos juzgados de violencia doméstica.

En declaraciones a Catalunya Radio que esta emisora remitió a Efe en un comunicado, Comas aseguró que el TSJC 'no puede saber cuántos jueces solicitarán esos juzgados' porque aún no se han ofrecido a concurso público ni los dos de violencia doméstica que se crearán en Barcelona ni los otros que se abrirán en Cataluña y que asumirán también esas competencias.

Según Comas, que preside el Observatorio contra la Violencia Doméstica, el CGPJ prevé otros criterios además de la voluntariedad al adjudicar esos juzgados: 'por ejemplo, tener en cuenta el juzgado que tenga menos cargas de asuntos, o bien atribuirlo al último juzgado creado de cada partido judicial'.

Comas explicó que el CGPJ podrá atribuir también las competencias sobre violencia doméstica a los juzgados que se creen de nueva planta en Cataluña y, de la misma manera que se hizo cuando se especializó la jurisdicción, lo podrá asignar 'o bien a familia, o bien a menores o bien a mercantil o vigilancia penitenciaria'.

La vocal del CGPJ recordó que los nuevos juzgados sobre violencia doméstica contarán con equipos psico-sociales para ayudar a tomar las decisiones de los casos que se tramiten, en referencia a las declaraciones de la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, que ayer afirmó que los jueces son especialistas en Derecho y no en Psicología.

 

Terra Actualidad - EFE

"El Gobierno se personará en los casos graves de maltrato"
29/06/2005versión para imprimir  
CH. N. - Madrid
EL PAÍS - Sociedad - 29-06-2005
"Me personaré en todos los procedimientos de maltrato con resultado de muerte o incapacidad permanente de la víctima y en los que generen gran alarma social", afirma la delegada del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco (Madrid, 1962). El pasado abril, esta abogada y técnica superior en prevención de riesgos laborales se estrenó en este nuevo cargo, creado en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Dependiente del Ministerio de Trabajo, su misión consiste en formular políticas públicas contra la violencia machista en colaboración con las comunidades autónomas.
Pregunta. Cinco meses después de la entrada en vigor de la ley, la cifra de muertes de mujeres no baja, y cada vez son más las de nacionalidad extranjera.
Respuesta. La ley no es una panacea con efectos inmediatos. Arrastramos la desigualdad entre hombre y mujer desde la Biblia. Entre las inmigrantes, que supusieron el 24,3% de las víctimas mortales el año pasado, aflora el problema. La Secretaría de Estado de Inmigración estudia darles una atención especial
.
P. ¿La Delegación del Gobierno se va a personar en los casos de violencia machista?
R. Sería imposible hacerlo en todos, pero sí nos personaremos en todos los casos con resultado de muerte o incapacidad de la víctima y en aquellos que generen gran alarma social. Será una manera de demostrar que el Estado está con las víctimas.
P. Hoy entran en vigor el agravamiento penal y los juzgados especializados, pero ¿cuál es el balance de lo vigente hasta ahora?
R. Para hacer balance hay que tener en cuenta que introduce una estrategia integral de protección con tres ejes: la sensibilización y prevención, el reconocimiento del derecho de las víctimas a ser protegidas y atendidas y la persecución y sanción del agresor. Los ocho ministerios implicados han empezado a poner en marcha sus medidas y en siete consejos de ministros se han adoptado medidas.

 

20 de abril de 2005, 18h54
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Caldera subraya que las muertes por violencia de género no pueden ser argumento para dudar de la eficacia de la Ley
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, subrayó hoy en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, que las muertes de mujeres a causa de la violencia de género no pueden servir de argumento para poner en duda la eficacia de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Caldera respondía así a la pregunta de la parlamentaria popular Susana Camarero, sobre el balance de los primeros 100 días de aplicación de la nueva normativa.

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En primer lugar, recordó que han pasado exactamente 82 días desde su entrada en vigor, y que una parte importante de la normativa no será de aplicación hasta junio.
"Más del 90 por ciento de los españoles cree que es una de las mejores cosas que se han hecho este año", dijo el titular de Trabajo, que hizo un repaso por las diferentes medidas que su Departamento ha ido poniendo en marcha para desarrollar la normativa. "La Ley es el principio de un camino a recorrer, que pasa por el compromiso de todos", añadió.
Desde el PP, Susana Camarero calificó el primer trimestre de 2004, que se ha cobrado ya 20 víctimas mortales, como "el más negro de la historia de la violencia de género". A su juicio, la Ley ha demostrado de forma inmediata sus "carencias y defectos", porque además de aprobar la norma "hay que desarrollarla, dotarla de contenidos y darle un presupuesto".

 

Un informe señala que el número de fallecidas por violencia doméstica creció un 27% en 2003  Las asociaciones piden que se considere el fenómeno como "terrorismo de género“.

05-01-2004 CADENA SER

Las asociaciones que luchan contra la violencia domestica aseguran que el numero de victimas mortales aumento el año pasado un veintisiete por ciento con respecto a 2002. Setenta y dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas y diez más dentro del ámbito familiar.

Un informe de la Red Feminista contra la violencia de género detalla que treinta y dos de las victimas mortales estaban casadas con sus agresores, cuatro lo estuvieron, veintitrés eran novias y trece habían mantenido una relación anteriormente.

La presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas Ana Maria Pérez del Campo critica al gobierno y denuncia su política ineficaz. Afirma que todo este fenómeno debe ser considerado “terrorismo de género”, y que como tal debe ser abordado.

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Justicia
La decana de los jueces de Barcelona considera "ineficaces" las penas por violencia doméstica
PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La decana de los jueces de Barcelona, Maria Sanahuja, consideró hoy "ineficaces" las penas por violencia doméstica establecidas en el Código Penal, ya que, según denunció, están "radicalizando" los conflictos y, además, "mueren más mujeres asesinadas, aunque ahora tengan la orden de alejamiento" de sus agresores.
En la conferencia que impartió en el Colegio de Abogados dentro del ciclo Divorcio y Familia que organiza la Asociación de Padres de Familias Separadas, Sanahuja señaló que el "exceso de denuncias nos está impidiendo identificar las verdaderamente graves" y, en este sentido, criticó que "se ha pasado de que no valga nada la palabra de una mujer a que denuncia de mujer sea igual a delito de hombre".
Por otro lado, indicó que los jueces "están trabajando para interpretar el Código Penal", con el fin de "no aplicar penas tan duras", en relación a la Ley de Violencia Doméstica y, en esta línea, abogó por la Medición Familiar y los Puntos de Encuentro, recordando que Palma es "pionera" a este respecto.
Asimismo, la decana de los jueces de Barcelona, que alcanzó gran popularidad al reconocer en la Memoria de los Juzgados de Barcelona, que se están utilizando las denuncias falsas para conseguir un mejor divorcio, denunció que la nueva Ley de Divorcio es "inconstitucional y vulnera derechos fundamentales".
Así, consideró que esta normativa "vulnera el Principio de Inocencia, ya que una mera denuncia puede condicionar una sentencia impidiendo al juez otorgar la custodia compartida" y, además, agregó que la nueva Ley de Divorcio "vulnera la Constitución, debido a que el juez debe elaborar la sentencia al dictado del Informe Fiscal que es vinculante". Por tanto, dijo que será el fiscal y no el juez quien decida.

 

Jueces de Madrid y Valencia cuestionan los juzgados de violencia de género y prevén un exceso de denuncias en divorcios

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El juez decano de Madrid José Luis González Armengol y la jueza decana de Barcelona María Sanahuja cuestionaron hoy los juzgados previstos para afrontar los casos de violencia de género y advirtieron de la posibilidad de que se produzca un exceso de denuncias por esta causa en los procesos de divorcio.

Ambos participaron en unas 'Jornadas sobre la Custodia Compartida ante la Modificación de la Ley del Divorcio' organizadas por el Colegio de Psicólogos de Madrid y la Plataforma de Asociaciones por la Custodia Compartida, que representa en su mayoría a colectivos de padres divorciados.
Coincidiendo con la finalización hoy del plazo previsto en el Senado para presentar enmiendas al proyecto de Ley contra la Violencia de Género, el juez madrileño instó a los senadores a que aprovechen el trámite en la Cámara Alta para mejorar el texto.

González Armengol critica el hecho de que los futuros juzgados para abordar estos casos aglutinen los procesos tanto por la vía de lo Penal como de lo Civil ya que prevé que se produzca un "colapso". Además, advierte de que en el caso de Madrid y Barcelona únicamente se prevé la creación de dos juzgados.

Por otra parte, en el caso de la reforma del divorcio, este juez defendió la necesidad de favorecer la custodia compartida del menor. Además, enlazando con la ley de violencia de género, prevé que "al igual que cuando se aprobaron las órdenes de protección se multipliquen las denuncias" por parte de las mujeres con el fin de obtener la custodia del hijo y la pensión del marido.

En la misma línea se expresó la jueza de Barcelona María Sanahuja que, meses atrás, fue objeto de la atención de los medios por sus polémicas declaraciones alertando del aumento de denuncias falsas de malos tratos por parte de mujeres para obtener la custodia de los hijos.

Sanahuja insistió en sus críticas a la Ley contra la violencia de género advirtiendo de que, en relación con los procesos de divorcio, "el Código Penal no permite la reconciliación de la pareja" en los casos de malos tratos.

"YO TAMBIÉN SOY DELINCUENTE"

Además, criticó las "disfunciones" que, desde su punto de vista, introduce la ley contra los maltratos. "Yo también soy delincuente porque alguna vez le he dado un cachete a mis hijas. Además, las coacciono para que se acuesten pronto y hagan sus deberes del colegio", apuntó con ironía.

Por lo demás, coincidió con el juez madrileño en que los juzgados previstos por la Ley "estarán colapsados desde el principio por las competencias que les atribuyen". A su juicio, las previsiones son "inasumibles" y " no se ha realizado un estudio sobre los jueces disponibles".

 

RECUERDAN QUE ESTA CONCLUSIÓN SE BASA EN LA EXPERIENCIA
La Junta de Jueces de Barcelona ratifica el abuso de denuncias por malos tratos

 

La Junta de Jueces de Instrucción de Barcelona ha manifestado su apoyo y su total coincidencia con las declaraciones de la jueza decana de Barcelona, María Sanahuja, que alertaban del abuso de denuncias falsas sobre violencia doméstica en procesos de separación. Los jueces recuerdan que estas conclusiones se basan en la experiencia de los profesionales que trabajan diariamente con estos casos.

L D (EFE) Los jueces celebraron este viernes un junta extraordinaria en la que se acordó por unanimidad hacer público su apoyo a Sanahuja quien, según ellos, ha sido víctima en los últimos días de "furibundos e infundados ataques y descalificaciones" por parte de algunas personas.

"Las declaraciones de la jueza decana responden a la realidad que dimana de la experiencia de los que diariamente tratamos este tipo de asuntos y son extremos conocidos y comentados por los distintos profesionales que intervienen en la tramitación", señalaron los jueces en un comunicado. La Junta de Jueces recuerda que las manifestaciones de María Sanahuja "fueron realizadas con motivo de la presentación de la actividad de los Juzgados de Barcelona durante el 2003, datos desconocidos hasta ese momento y, en los mismos, se refleja un considerable incremento de asuntos de violencia doméstica".

El pasado día 27, María Sanahuja aseguró que tenía "la percepción real" de la existencia de "denuncias por malos tratos falsas o infladas" y alertó de que algunas mujeres aprovechaban la alarma social creada por el tema para "realizar un uso abusivo de la jurisdicción penal" y lograr mayores beneficios ante una futura separación de su pareja.

Distinguir los malos tratos de la ruptura de pareja

Los jueces instructores entienden que esta manifestaciones "en ningún caso pretende desanimar a las auténticas víctimas de los malos tratos, que es un lacra social contra la que hay que luchar con todos los medios a nuestro alcance". Sin embargo, creen que es necesario "no hacer un uso inadecuado de esos recursos" para no perjudicar a las auténticas víctimas y, en este sentido, recordaron que la decana "se dirigió a algunos abogados que traen al ámbito penal asuntos que deben resolverse en el civil".

El comunicado matiza que "es necesario distinguir los malos tratos, un fenómeno complejo en el que la Justicia Penal debe estar orientada a la tolerancia cero, de las meras rupturas de pareja, que si bien tienen derecho a una respuesta rápida del sistema, no deben confundirse con los auténticos casos de violencia doméstica". La Junta de Jueces dice ser "plenamente consciente" de que existe un elevado número de casos que no se denuncia", pero pide que no se les cuestione "cada vez que se produce un hecho lamentable y execrable relacionado con la violencia doméstica". "La presión mediática, y no sólo mediática, existe, aunque no debe incidir en las resoluciones y no redunda en beneficio de una sosegada administración de justicia", concluye el comunicado.

 

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Red feminista
El TSJC dice que no hay jueces que quieran asumir los juzgados de violencia doméstica de forma voluntaria

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha constatado que "no hay ningún juez en Catalunya, que de forma voluntaria, quiera asumir las competencias de los nuevos juzgados de violencia doméstica", por lo que ha informado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las necesidades de los nuevos juzgados en Catalunya, debido a la entrada en vigor de la nueva ley el próximo mes de julio.
El Alto Tribunal catalán ha propuesto al CGPJ que sean los nuevos juzgados mixtos, que se tienen que crear durante este año, los que asuman las nuevas competencias, y por tanto, que entren en vigor antes de verano.
Los partidos judiciales que tienen prevista la creación de nuevos juzgados, mixtos o de instrucción, en 2005 son Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Gavà, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Rubí, Mollet del Vallès (Barcelona), Tarragona, Amposta, Reus, El Vendrell (Tarragona).
Asimismo, el TSJC ha pedido un total de tres juzgados de violencia doméstica para la ciudad de Barcelona, dada la carga de trabajo que existe en este ámbito. En 2004, se celebraron 1.188 juicios de faltas, 1.374 diligencias previas, 660 diligencias urgentes, 941 órdenes de protección y 435 procedimientos abreviados.
Por lo que se refiere a las secciones de las Audiencias Provinciales, los criterios de las apelaciones de los Juzgados de Violencia Doméstica en Barcelona serán competencia de la nueva sección penal número 20 en materia civil y penal.
En Girona, las apelaciones en materia penal serán competencia de la sección tercera, sin que se considere precedente una especial asignación por la orden civil. En Lleida, las apelaciones civiles y penales serán competencia de la sección primera, mientras que en Tarragona, la sección segunda se encargará de las apelaciones penales en este ámbito.
El CJPJ es quien debe decidir los criterios por los cuales se asignará a un juzgado determinado la materia de violencia doméstica, para la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

 

Los jueces apoyan que se consulte la ley de violencia sexista al Constitucional  
El Gobierno dice que los argumentos de la juez de Murcia contra la norma "no son sólidos"
MÓNICA C. BELAZA / RAFAEL MÉNDEZ  -  Madrid
EL PAÍS  -  Sociedad - 17-08-2005
Las tres asociaciones de jueces, la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, la progresista Jueces para la Democracia y la moderada Francisco de Vitoria, coinciden en que el tratamiento distinto en las penas que da a hombres y mujeres la Ley Integral contra la Violencia de Género es jurídicamente discutible y es conveniente que el Constitucional se pronuncie al respecto. Una juez de Murcia acaba de plantear la primera cuestión de constitucionalidad a la norma. El Gobierno considera que los argumentos de la juez "no son sólidos", según dijo ayer la secretaria de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo.
Las dos principales asociaciones de jueces, la progresista Jueces para la Democracia y la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), coinciden en dudar de que la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Parlamento en diciembre de 2004, respete la Constitución al establecer agravamientos de las penas según el sexo del agresor.
Jueces para la Democracia admite que el tratamiento penal diferenciado entre hombres y mujeres "podría llegar a ser considerado inconstitucional por vulneración del principio de igualdad del artículo 14", según afirmó su portavoz, Edmundo Rodríguez. La Asociación Profesional de la Magistratura es rotunda es su apreciación: "Esta ley es clarísimamente inconstitucional, sin duda de ningún tipo, porque genera una situación de desigualdad penal por el mero hecho de ser hombre", aseguró su portavoz, José Manuel Suárez.
La tercera asociación de jueces española, la moderada Francisco de Vitoria, a pesar de asegurar que "la ley es plenamente constitucional", entiende que se trata de una cuestión polémica y discutible y "es lógico que los jueces y magistrados que tienen que aplicar la norma tengan reservas", señaló Manuel Torres Vela, su portavoz.
Los jueces se pronuncian así sobre la cuestión de constitucionalidad planteada por la titular del Juzgado número 4 de Murcia, María Poza, sobre la ley contra la violencia machista. Poza afirma que la imposición de penas distintas en función del sexo del agresor vulnera tres artículos de la Constitución: el principio de igualdad del artículo 14, el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 y el derecho a la dignidad de la persona establecido en el artículo 10.1. La juez afirma que la ley, al determinar que las mujeres, son personas "especialmente vulnerables", está lesionando su dignidad.
La ley integral modificó varios artículos del Código Penal endureciendo las penas cuando el agresor es hombre. Tras su entrada en vigor, las lesiones que menoscaban la integridad física o psíquica de la mujer se castigan con penas de dos a cinco años de cárcel (lo que implica necesariamente el ingreso en prisión) si el autor es un hombre con el que tiene o ha tenido una relación sentimental. Si la agresora es la mujer, el castigo es de seis meses a tres años de prisión. En los casos de lesiones leves, maltratos de obra sin lesión, amenazas y coacciones leves, el mismo hecho se considera delito si lo comete el hombre (pena de prisión de seis meses a un año) y sólo falta si lo hace la mujer (pena de arresto de fin de semana o multa).
Las tres asociaciones de jueces consideran positivo que el Constitucional se pronuncie sobre la ley y despeje las dudas sobre su constitucionalidad. La Ley Integral contra la Violencia de Género es la primera que contempla medidas de discriminación positiva en el ámbito penal, por lo que los juristas no saben a ciencia cierta qué criterio seguirá el Constitucional. Hasta ahora, las medidas de discriminación positiva se han circunscrito al ámbito del acceso al trabajo, a cargos públicos o a la función pública. En estos casos, el Constitucional ha señalado que "los tratos diferenciados a favor de las mujeres con el fin de corregir desigualdades de partida o de eliminar situaciones discriminatorias" no vulneran el principio de igualdad.
"Ignora la tragedia"
El Gobierno considera que los argumentos de la juez de Murcia no son sólidos. "Ignora la realidad social de una tragedia, la muerte de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, que no se puede convertir en un problema abstracto", afirmó ayer la secretaria de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo, quien insistió en que la unanimidad que recibió la ley en el Congreso le da "mucha fuerza". "En la redacción tuvimos muy presente que podía llegar al Constitucional y confío en que entienda nuestros motivos para sacar la ley adelante para luchar contra la violencia de género, que tiene en España cifras de víctimas superiores a las del terrorismo", indicó.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, se mostró en desacuerdo con el razonamiento de la juez de Murcia: "No se aplica el agravamiento de penas frente a cualquier ataque de un hombre a una mujer", dijo ayer a Efe. La ley protege a la mujer "en la específica relación de pareja o ex pareja, por ser en esta específica relación sentimental donde muchas mujeres se encuentran en situación de debilidad", al ejercer los hombres manifestaciones "de superioridad, de dominio o de poder".

 

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Red feminista
Demagogia del PP en el Senado

24/06/2004

 

El pleno del Consejo General del Poder Judicial CGPJ) ha aprobado a primeras horas de esta tarde, por 10 votos frente a 9, su informe crítico sobre el anteproyecto del Gobierno de la Ley Integral Contra la Violencia de Género. Antes, y durante toda la mañana, un grupo de mujeres con rosas rojas se han manifestado desde ante la sede del CGPJ en protesta por el informe crítico de este organismo sobre el proyecto de ley de violencia a las mujeres. Las manifestantes, a las que la policía impidió el paso, depositaron las flores y también folios con los nombres de las mujeres asesinadas este año por sus parejas en la puerta del CGPJ. Por otra parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reiteró ayer que está "absolutamente abierto" a incorporar al proyecto de ley integral de violencia sobre las mujeres todas las propuestas que mejoren el texto, pero quiso dejar claro que no cambiará nada que debilite la acción positiva en favor de la mujer.
Caldera fue tajante en el pleno del Senado al responder a la senadora del PP Rosa Vindel, quien le preguntó si había pensado en "la montaña de recursos que se van a plantear" ante el Tribunal Constitucional y qué hará cuando ese órgano diga que la ley vulnera los derechos fundamentales de los agresores.
El titular de Asuntos Sociales instó al PP a "no irse por las ramas" porque el objetivo de la ley es proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las mujeres amenazadas, ya que "ese es el problema", una desigualdad "estructural" que existe en la sociedad española.
Algunas de las propuestas del informe del ponente del Consejo General del Poder Judicial que debilitan esa acción positiva no serán aceptadas, insistió Caldera, quien en los pasillos de la Cámara Alta puso como ejemplo que difícilmente se cambiará el artículo que establece que determinadas faltas pasen a ser delitos cuando las comete un hombre sobre una mujer.
Para el ministro, el problema del informe del ponente del CGPJ que cuestiona la constitucionalidad de determinados artículos del anteproyecto es que "niega que exista esa desigualdad previa". "Mejoraremos todo lo que haya que mejorar, pero desde luego no vamos a desnaturalizar este proyecto de ley porque es el que necesita la sociedad española; este proyecto de ley se basará en acciones positivas en defensa de la mujer, le guste o no le guste a su grupo parlamentario", insistió Caldera dirigiéndose al PP.
Sin embargo, para Vindel Caldera acertará si acepta las recomendaciones de los informes, pues el CGPJ cuestiona "más de 16 veces" la constitucionalidad" de la ley. El informe, destacó, incluye "afirmaciones muy serias", como que se rompe el principio de igualdad ante la ley y el principio del derecho al juez predeterminado por la ley con la creación de juzgados especiales.
La perla demagogica de la senadora Vindel  (PP):
La ley, apuntó Vindel parafraseando el informe del CGPJ, crea "un derecho penal de autor que estaba desterrado desde hacía muchísimo tiempo" y con el que, por ejemplo, si Caldera profiriera una expresión ofensiva contra la senadora y ésta le denunciara podría ser considerado autor de un delito, mientras que si fuera a la inversa "simplemente sería una falta".
"¿Esto le parece constitucional?", preguntó a Caldera la senadora, tras pedirle que explicara si cree que aumentar las penas sobre un sector de la población tendrá un efecto disuasorio. A su juicio, el ministro está "engañando y defraudando" a las víctimas al crearles "unas expectativas de derecho", por lo que le pidió que "no sea irresponsable" y que ofrezca "menos propaganda y más soluciones".
La senadora popular subrayó que el anteproyecto ha recibido "un rosario de críticas impresionante" desde organismos muy diversos, desde Amnistía Internacional y el Consejo Económico y Social hasta la Real Academia Española de la Lengua, pero en opinión de Caldera, sólo es criticado "quien arriesga, quien da un paso necesario, ineludible, que quiere la sociedad española".
El problema de la violencia de género, insistió, afecta a las mujeres y por ello es necesario "una actuación de refuerzo especial" en su favor.

 

Sánchez Melgar
DUDAS DE SÁNCHEZ MELGAR SOBRE LA "DISCRIMINACIÓN POSITIVA"
Un juez del Supremo cree que la Ley contra la Violencia de Género "puede que no pase el filtro" del Constitucional

 

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, advirtió este martes que la nueva Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género "puede que no pase el filtro" del Tribunal Constitucional (TC) por "la discriminación positiva" que "por primera vez se produce en nuestra tradición jurídica". Para Sánchez Melgar es "de dudosa constitucionalidad" que "comportamientos idénticos vayan a recibir un tratamiento punitivo distinto".

L D (Europa Press) El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, que participa en un curso procesal de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), aseguró que está "seguro de que el Tribunal Constitucional se va a pronunciar en el momento en que haya la primera ocasión en que un juez tenga que aplicar esa ley, y plantee un recurso". El miembro del Supremo explicó que "las mismas lesiones, las mismas ofensas, las mismas coacciones serán un delito si es de hombre a mujer y falta si es de mujer a hombre".

"Cuando la víctima sea mujer y reciba una agresión de un hombre es cuando se llevan a cabo las competencias de juzgados de violencia sobre la mujer, pero cuando es al revés sigue la vía de los juzgados de instrucción ordinaria, lo que 'discrimina' el hecho de "quién entra en los juzgados especializados en función del género de la persona agredida", apostilló Sánchez Melgar.

Sobre los órganos judiciales que acometerán estas competencias, el magistrado consideró que el hecho de que sólo 17 sean de nueva creación va a suponer que el resto de los juzgados que deban gestionar los asuntos que venían desarrollando, junto a las competencias específicas de la Violencia de Género, como en Cantabria, "se observa que tienen muchas lagunas de interpretación". Así, para Sánchez Melgar, estos juzgados con más competencias que las propias de la Violencia de Género, que en Cantabria serán nueve, "van a dar lugar a muchas cuestiones de competencia y mucho volumen de trabajo".

Cambio de la competencia territorial

Sánchez Melgar también cuestionó "la competencia territorial" de la nueva normativa, que "se cambia también por primera vez en España y que atribuye competencia al lugar del domicilio de la víctima, en lugar de donde se ha cometido el delito". Así, el jurista explicó que "en aquellas ocasiones en que una pareja o un matrimonio salgan fuera tal vez de vacaciones o sencillamente porque salgan de su localidad y se adentren en otro partido judicial y ocurra un acto de violencia de género, tal como unos malos tratos, no digamos nada de un asesinato, en ese caso la competencia no es el juzgado de la localidad donde ocurre, sino el domicilio de la víctima".

Para Sánchez Melgar, las consecuencias pueden ocasionar "perjuicios" en el sistema procesal porque "las fuentes probatorias, testigos, policías, médicos, todos los intervinientes en el juicio que normalmente acudirían al lugar donde han sucedido los hechos, tengan que desplazarse a la localidad del domicilio de la víctima, tal vez muy alejado".

 

NO SE AJUSTAN A LA DEFINICIÓN DE LA LEY
Conde Pumpido ordena a los fiscales que no consideren víctimas de violencia doméstica a los hombres


El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha emitido una instrucción sobre la acreditación de condición de víctimas de violencia de género en la que ordena a los fiscales que informen negativamente sobre esta acreditación cuando los solicitantes no se ajusten a la definición específica recogida en la Ley (mujeres agredidas por parejas o ex parejas). Tampoco acreditarán esta condición cuando no aprecien indicios de violencia o cuando no se haya objetivado una situación de riesgo.

L D (Europa Press) En cualquier caso, los fiscales sólo emitirán "certificados de víctimas de violencia de género" en situaciones excepcionales y para que las víctimas acreditadas puedan acceder a los derechos laborales y funcionariales que se derivan de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en aquellos casos en los que la urgencia de la situación aconseje tomar medidas incluso antes de que se haya completado el procedimiento para acordar una orden de protección.

Pretende dar así cumplimiento a la Ley Integral contra la Violencia de Género, que contempla la posibilidad excepcional de que se acrediten las situaciones de violencia por medio de informe del Ministerio Fiscal para otorgar derechos laborales a las víctimas (flexibilización y reducción de horarios, traslados y suspensión de contrato con reserva del puesto de trabajo, extinción del contrato con derecho a desempleo y formación para el empleo) y otras medidas de similares características para las funcionarias públicas. En la Instrucción, Conde Pumpido anuncia la publicación de una Circular, actualmente en elaboración, que unifique los criterios de actuación del Ministerio Fiscal en aquellos ámbitos de índole sustantiva, orgánica o procesal sobre los que incide la nueva legislación.

Como norma general, la situación de violencia se acredita con la posesión de una orden de protección. No obstante, la orden de protección puede acordarse en favor de otras víctimas de la violencia doméstica que, sin embargo, no son sujetos de los derechos reconocidos en la Ley Integral de Violencia de Género. Por ello, Conde-Pumpido pide a los fiscales que acrediten la condición de víctima de violencia de género mediante la acreditación de indicios de violencia, cuando el sujeto pasivo sea una mujer y el activo un hombre con el que exista o haya existido una relación afectiva, y cuando se haya objetivado una verdadera situación de riesgo.

"Por tanto, cuando no concurra alguno de los presupuestos anteriormente mencionados, los señores fiscales informarán negativamente la condición de víctima de violencia de género de la solicitante", añade el texto, al que ha tenido acceso Europa Press. Por el contrario, afirma que si, pese a no existir procedimiento iniciado, la demandante solicitase ayudas públicas o laborales, y existieran razones para estimarla acreedora de las mismas, los fiscales deben adoptar aquellas medidas que, en cada caso, resulten más idóneas para el esclarecimiento de los hechos, instando a la incoación del procedimiento penal que corresponda y de la oportuna orden de protección, si constasen indicios de violencia y resultara preciso para su protección, aún cuando la víctima opte por mantener una conducta abstencionista con relación al proceso.

A fin de obtener la información necesaria para la elaboración de estos informes, la Fiscalía General exige a los fiscales que consulten, además del Registro de Fiscalía, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. Estos informes se emitirán de forma excepcional a petición de la víctima o de su representante legal y deberán llevar el visado del Fiscal Jefe, aunque excepcionalmente por razones de urgencia los fiscales podrán emitir directamente el certificado de indicios, dando cuenta a la mayor brevedad al Fiscal encargado del visado.
Las Fiscalías llevarán un registro, según la instrucción con un número de identificación correlativo que también deberá ser consultado por los fiscales. Al mismo tiempo, el texto recuerda que, en virtud de un acuerdo suscrito hoy, los fiscales debe informar a las víctimas de la existencia de un servicio de teleasistencia móvil para su protección y de aquellos lugares (servicios sociales de los ayuntamientos) donde pueden solicitarlo.

 

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Errores y chapuzas de la prensa española: números equivocados, gráficos incorrectos, fallos lógicos, conceptos erróneos, mala interpretación de estadísticas o datos científicos...

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27.4.04

Todas p**** 

Una noticia sobre el sector de la prostitución en El Mundo del lunes 26 de abril (edición impresa), vuelve a mostrarnos la manga ancha, por no decir indebida credulidad, con la que los periódicos reproducen las cifras que les dan organizaciones o instituciones.
Parece que todo aquello que alguien ha dicho en una rueda de prensa o ha publicado en una nota de prensa o en un "informe", es digno de ser difundido, aunque sea un solemne disparate.
La noticia en cuestión se refiere a que los locales de alterne (algunos) piden el ingreso en la CEOE y la regulación de su actividad y reproduce, sin comentario o reserva alguna, varias cifras aportadas por la Asociación Nacional de Locales de Alterne (ANELA), que agrupa a 285 de ellos.
Entre esas cifras hay dos especialmente increíbles. En primer lugar, se estima que en España hay 400.000 mujeres que se dedican a la prostitución, de las que unas 60.000 serían españolas, y 340.000 inmigrantes. Si el periodista no tiene otras fuentes de información, ¿por qué no ha de creerse ese número? Porque el periodista, medianamente instruido, con básicos conocimientos de la sociedad española y de las matemáticas elementales puede llegar fácilmente a la conclusión de que la cifra es imposible.
Veamos. En España hay unos 42.000.000 millones de habitantes, de los que, aproximadamente la mitad, unos 21.000.000 son hombres. Es decir, según la ANELA, cada 52 hombres "mantenemos" a una prostituta. Resulta un número alarmantemente bajo, si se tiene en cuenta que esa cifra incluye a los varones de todas las edades.
Calcular el número de varones en edad, más o menos, de ser potenciales clientes, es una tarea que ya le requiere al periodista un (pequeño) trabajo de documentación. Muy a bulto, con un vistazo a un gráfico de población en el Anuario El País de 2002 (pag. 136), se puede calcular que los varones menores de 14 años son unos 3 millones y los mayores de 65 otros 3 millones (aunque alguno de estos será cliente del más antiguo negocio del mundo). Es decir, que redondeando otra vez quedarían unos 15 millones de varones potenciales clientes de 400.000 prostitutas, o una por cada 38 hombres.
¿Alguien se puede creer esa cifra? ¿Cada 38 varones españoles, entre 15 y 64 años, gastan lo suficiente en prostitución, mes tras mes, año tras año, para mantener (aunque sea con ingresos muy bajos) a una prostituta? Yo diría que no.
Pero hablando de ingresos, el propio artículo nos cuenta la cantidad que, de nuevo según la ANELA, mueve el negocio de la prostitución en España: 18.000 millones de euros (unos 3 billones de pesetas), excluyendo todos los ingresos legales de los clubes. Otra número que un periódico debería poner en cuestión.
Apliquemos de nuevo unas matemáticas básicas: si dividimos por el número de prostitutas (que ya hemos visto que es seguramente muy hinchado), nos salen unos ingresos por prostituta de 45.000 euros (7,5 millones de pesetas). Puede que algunas de lujo obtengan esos ingresos, o más. Pero ¿puede ser esa la media? (Si el número de prostitutas fuera menor, la media de ingresos aún crecería más).
Y si miramos a los clientes, la media de gasto de los 15 millones de varones entre 16 y 64 años sería de 1.200 euros al año, o 100 al mes. ¿De verdad? ¿Cada varón español se gasta como media, al año, en prostitución, 200.000 pesetas?
Otro pequeño esfuerzo de documentación permitiría a un periodista cuidadoso poner aún más en duda esas cifras. Del Anuario El País 2004 obtengo algunas cifras de distintos sectores económicos, referidos al año 2002: el valor de la producción de todo el sector agrícola español (no ganadero) fue de unos 21.000 millones; el gasto total en todos los juegos de azar (lotería, ONCE, máquinas tragaperras, quiniela...) fue de unos 26.000 millones; los ingresos totales del sector del textil y confección fueron de 13.200 millones; los ingresos de las cinco primeras empresas del sector del automóvil (Peugeout, Citroën, Renault, Seat, Opel y Ford) fueron 18.500 millones.
No hace falta seguir.
Las cifras de la ANELA no hay quien se las crea, pero el periódico las reproduce sin comentario alguno. Me pregunto: ¿Basta con citar la fuente para reproducir cualquier tontería que alguien diga? ¿No se extiende la obligación de comprobar los datos a aquellos que vienen por escrito, con la firma de alguien?

 

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Asociación de artistas contra la violencia de género. Este colectivo es uno de tantos que se apuntan al negocio del maltrato institucional. Las subvenciones de dinero público que reciben son generosas y abundantes. La conciencia y la ética brillan por su ausencia. Veamos un ejemplo.

Centro Reina Sofía. El Centro Reina Sofía es el único Organismo público que estudia la violencia. Pero sus prácticas dejan mucho que desear.

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