| 
              
              
                | El 
                  Foro |  | 
              
              
                | 
                    
                    
                      | Los hombres sufren casi la mitad de la violencia 
                        doméstica  |   |   |   |  
                    
                    
                      |  Según la policía, los 
                        varones representan el 22% de las muertes en el seno de 
                        la pareja y el 44% de la violencia doméstica Luis 
                        Losada 
                        Pescador 
 Pasado 
                        más de un año de la promulgación de la Ley de Violencia 
                        de Género, el drama de las muertes en el seno del hogar 
                        sigue vigente. Actualmente, la cifra de muertas se eleva 
                        a 62, más que en todo el 2005. Se trata de mujeres y 
                        hombres que encuentran la muerte donde habían colocado 
                        la esperanza de felicidad. Los últimos tres casos 
                        reflejados en Red Feminista resultan estremecedores: 
                        Muere una mujer en Asturias a manos de su hijo de 22 
                        años, una mujer de 59 años fallece presuntamente 
                        estrangulada por su hijo en Torrejón de Ardoz y un 
                        hombre se entrega en Sevilla tras asegurar que mató a su 
                        madre con insulina.
 
 Un drama que la Ley no 
                        ha conseguido atajar y que afecta casi por igual a 
                        hombres y a mujeres, aunque la doctrina feminista 
                        imperante esconda las cifras de muertes masculinas. 
                        Según el anuario estadístico de la policía del 2005, los 
                        varones representan el 22% de las muertes en el seno de 
                        la pareja y el 44% del total de violencia 
                        doméstica.
 
 No obstante, estos datos 
                        aparecen sesgados en la información pública del 
                        Instituto de la Mujer que desde hace años esconde las 
                        cifras de muertos a manos de sus parejas por razones 
                        ideológicas. “El concepto de violencia de género no 
                        contempla este tipo de actuaciones”, señalan a EPOCA 
                        desde el Instituto de la Mujer. “La violencia de género 
                        es una forma de violencia que se ejerce sobre la mujer 
                        por el mero hecho de serlo y que se manifiesta en 
                        nuestra sociedad como resultado de una larga 
                        construcción cultural que sitúa a los hombres como seres 
                        superiores a las mujeres”, explica la abogada feminista 
                        Mª José Varela, miembro de la Asociación de Mujeres 
                        Juristas Themis.
 
 El propio ministro 
                        Caldera afirma que la violencia de mujeres sobre hombres 
                        es “marginal”. Un 7%, según Varela. Sin embargo, el 
                        informe 2001/2002 del Servicio de Inspección del CGPJ 
                        sobre violencia de género informaba de la existencia de 
                        un 30% de muertes de hombres a manos de sus parejas 
                        frente a un 70% de mujeres. Eso sí, son fenómenos 
                        “cualitativamente diferentes”, sostiene Varela. ¿Son 
                        distintas unas muertes que otras? ¿En qué se basa el 
                        feminismo para demonizar la violencia del varón y 
                        justificar la de la mujer? ¿Es en realidad un fenómeno 
                        “marginal” como sostiene el feminismo 
                        militante?
 
 El socialista Joaquín Leguina 
                        señaló en un artículo publicado en El País el 4 de 
                        septiembre de 2004 –“Igualdad, paridad y violencia”- que 
                        la violencia entre hombres y mujeres se repartía 
                        prácticamente a partes iguales. “Los estudios de 
                        violencia intrafamiliar en Estados Unidos arrojan datos 
                        nada maniqueos. En los casos de violencia severa, 
                        básicamente física, el 35% se atribuye al hombre, el 30% 
                        a las mujeres y el 35% a ambos”, señala el estadístico. 
                        “La realidad de la violencia entre la pareja estaría 
                        cercana al 50% si descontáramos las cifras de 
                        extranjeros, pero las feministas las quisieron 
                        introducir en las estadísticas para elevar la alarma 
                        social”, señala a EPOCA el responsable del servicio 
                        jurídico de Asociación Amnistía Infantil, Manuel 
                        Oliete
 
 Por otra parte, Leguina explicaba la 
                        disparidad con las estadísticas oficiales en el 
                        “feminismo radical” que en su opinión, ha tomado el 
                        “camino equivocado”. “Pretenden argumentar que nada ha 
                        cambiado y levantar una muralla china entre los dos 
                        sexos”, apunta el ex presidente de la Comunidad de 
                        Madrid. Y de esta “lucha de sexos” –sostiene Leguina- se 
                        deriva el “tratamiento intelectual de la violencia de 
                        género: la violencia intrínseca del macho, aunque sea 
                        intelectualmente insostenible sumar asesinatos con 
                        presiones psicológicas”. La “construcción cultural” a la 
                        que se refiere Varela.
 
 Cambios
 La 
                        ‘ideologización’ de la violencia doméstica lleva a la 
                        creación del Observatorio de Violencia de Género del 
                        GGPJ el 26 de septiembre de 2002 por convenio entre el 
                        Consejo y los ministerios de Justicia y Trabajo y 
                        Asuntos Sociales. Lo dirige desde su creación la 
                        feminista Montserrat Comas, responsable de eliminar del 
                        campo de ‘observación’ la violencia hacia los hombres. 
                        “Se trata de una violencia que se dirige sobre las 
                        mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
                        consideradas, por sus agresores, carentes de los 
                        derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 
                        decisión”. Así es como se define la violencia de género 
                        en el preámbulo de la polémica Ley y como la define 
                        también la abogada feminista Varela que no obstante, 
                        reconoce que “contabilizar a los hombres que han matado 
                        puede ayudar a demostrar las diferencias y la magnitud 
                        del problema”.
 
 Se elimina la mitad de la 
                        violencia doméstica del análisis, aunque se incluye la 
                        violencia hacia niños y ancianos en el Congreso 
                        “Violencia Doméstica” organizado en junio de 2003. La 
                        razón es que las abogadas feministas suelen recomendar a 
                        las mujeres que se separan que denuncien abuso sexual de 
                        sus exparejas hacia sus hijos para garantizarse la 
                        custodia. Sin embargo, según señaló en el XII Simposium 
                        de Psiquiatría forense celebrado en el Hospital San 
                        Carlos en marzo de 2004, la médico forense de los 
                        juzgados de la Plaza de Castilla, Mª Paz Ruiz Tejedor, 
                        cerca del 90% de estas denuncias resultan falsas y así 
                        ha sido denunciado a la fiscalía. En cuanto a la 
                        violencia sobre la tercera edad baste señalar que sólo 
                        en Madrid murieron 733 ancianos y ancianas en verano de 
                        2003 como consecuencia de una ola de calor y de la 
                        desatención de sus familiares (hombres y 
                        mujeres).
 
 Tampoco se incorporan los datos 
                        de violencia de mujeres hacia hombres en el informe 
                        sobre violencia doméstica del Centro Reina Sofía, 
                        dirigido por el José Sanmartín, que recibe reiterados 
                        elogios de organizaciones feministas como Mujeres en 
                        Red.
 
 Fracaso
 Lo que no cabe duda es que 
                        la Ley de Violencia de Género ha fracasado. Algunos 
                        argumentan que el bombardeo mediático genera ‘efecto 
                        mimetización’. Además, otros países con tradición de 
                        leyes sobre violencia de género, manifiestan mayor 
                        prevalencia hacia el ‘feminicidio’ que España. Según 
                        datos del Centro de Estudios Reina Sofía, la prevalencia 
                        de ‘feminicidio’ a manos de la pareja o ex pareja en 
                        Finlandia se sitúa en el 8,65 por millón frente al 2,44 
                        de España.
 
 ¿Qué balance hace el gobierno 
                        de la aplicación de la Ley de Violencia de Género? 
                        “Tenemos que seguir trabajando y profundizando en la 
                        misma línea porque todavía queda mucho camino por 
                        recorrer”, señala De la Vega a este cronista para evitar 
                        mencionar el fracaso. “Es aún prematuro hacer un balance 
                        porque muchos de los contenidos educativos, formativos y 
                        sociales todavía no se han aplicado”, explica a EPOCA la 
                        abogada feminista Mª José Varela, y miembro de la 
                        Asociación de Mujeres Feministas Themis.
 
 Polémica
 Una de las polémicas 
                        suscitadas en torno a la Ley de Violencia de Género es 
                        la consagración jurídica del ‘delito de autor’: es decir 
                        la introducción de la discriminación positiva en el 
                        ámbito penal, estableciendo una pena extraordinaria al 
                        hombre respecto a las mujeres en los casos de violencia 
                        de doméstica. ¿Razón? La Ley asume el discurso feminista 
                        desde el preámbulo. Se asume que la violencia es 
                        consustancial al hombre y que -por tanto- es necesario 
                        corregir esta tendencia con una sanción extraordinaria. 
                        La presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y 
                        Divorciadas, Ana Mª Pérez del Campo, llegó a proponer 
                        incluso que a la violencia de género se le concediera el 
                        mismo tratamiento político que al terrorismo. “Nosotros 
                        las consideramos unas feminazis, porque los nazis 
                        segregaban por razón de raza, pero las feministas 
                        radicales presumen el carácter delictivo del hombre por 
                        el hecho de ser hombre”, señala a EPOCA, Francisco 
                        Zugasti, de la Asociación Projusticia
 
 Por 
                        supuesto, la decisión no ha sido nada pacífica, 
                        jurídicamente hablando. La decana de los juzgados de 
                        Barcelona, Mª Sanhauja, ya ha denunciado la 
                        inconstitucionalidad de la norma, junto a María Poza 
                        Cisneros, del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia. En 
                        total se han presentado casi un centenar de cuestiones 
                        de inconstitucionalidad por los juzgados de lo penal y 
                        de violencia de género. No opina igual el rector de la 
                        Universidad Carlos III, Gregorio Peces Barba, quien 
                        considera que la Ley se ajusta “perfectamente” a la 
                        Constitución. “Los mecanismos de corrección de 
                        desigualdades son instrumentos de justicia que cualquier 
                        demócrata deberá defender”, sostiene 
                        Varela.
 
 Por su parte, el vocal del CGPJ, 
                        José Luis Requero, sugiere que la Ley Integral de 
                        Violencia de Género fue elaborada por asociaciones 
                        feministas: “No ha sido redactada por juristas”. En 
                        Estados Unidos la Ley sobre la Violencia contra la Mujer 
                        también fue declarada inconstitucional en el caso United 
                        Status vs Morrison 529 SA 598 (2000) en el que el 
                        Tribunal Supremo declaró que la discriminación positiva 
                        en el ámbito penal no se ajustaba a la máxima 
                        ley
 
 Beneficios
 Además, la Ley de 
                        Violencia de Género desencadena una serie de beneficios 
                        para la mujer demandante por la mera presentación de la 
                        denuncia de maltrato. De esta manera, las mujeres que 
                        denuncien maltrato tienen derecho -por ejemplo- al 
                        acceso a la renta activa de inserción (cerca de 400 
                        euros mensuales durante 11 meses) un mecanismo ideado 
                        para ayudar en la inserción sociolaboral de los 
                        trabajadores mayores de 45 años una vez que se había 
                        acabado el paro.
 
 Además, las mujeres que 
                        denuncien malos tratos, tendrán puntos extraordinarios 
                        para el acceso a una VPO y prioridad para el acceso de 
                        un puesto de trabajo en la administración pública, como 
                        las supervisoras de la ORA del Madrid de Gallardón. En 
                        el caso de las militares podrán pedir cambio de destino 
                        aunque la plaza no haya sido todavía publicada. Por 
                        supuesto, una mujer con denuncia de maltrato tiene casi 
                        todas las posibilidades de quedarse con la guardia y 
                        custodia de los hijos impidiendo la custodia compartida 
                        e incluso –en ocasiones- el régimen de 
                        visitas.
 
 Pero, ¿qué pasa si finalmente la 
                        denuncia no es admitida? ¿Qué ocurre si la sentencia 
                        judicial desestima el maltrato? ¿Se da marcha atrás a 
                        todas las medidas sociales que se desencadenaron la 
                        denuncia? “Para que una mujer denuncie, tiene que estar 
                        pasando un infierno”, responde a este cronista la 
                        vicepresidenta De la Vega.
 
 -Ya, pero de 
                        las miles de denuncias que se presentan, es bastante 
                        posible que alguna acabe siendo archivada, 
                        insistimos
 - Yo no conozco ninguna denuncia que haya 
                        sido archivada, responde con contundencia la 
                        vicepresidenta.
 
 La realidad es que el 59% 
                        de las denuncias por violencia doméstica que se 
                        tramitaron durante el primer trimestre de este año 
                        acabaron archivadas por los jueces, sin que ni siquiera 
                        se celebrara juicio al no encontrarse indicios para 
                        continuar el procedimiento o no localizar al denunciado. 
                        Las cifras fueron facilitadas por el Observatorio contra 
                        la Violencia Doméstica y de Género, que preside 
                        Montserrat Comas. A este porcentaje habría que sumar las 
                        sentencias exculpatorias por denuncia falsa. Por 
                        ejemplo, Francisco Zugasti, de la Asociación Projusticia 
                        ha presentado queja ante el CGPJ por la actitud de la 
                        jueza Raimunda de Peñafort Lorente por aconsejar a una 
                        demandante que alegue ‘maltrato psicológico’ y que vaya 
                        de su parte a la Federación de Mujeres Separadas y 
                        Divorciadas para que así lo certifiquen, según consta en 
                        un video en poder de la asociación.
 
 O sea, 
                        que sí existen denuncias falsas. Las adolescentes 
                        despechadas vienen a denunciar a sus novios, señala la 
                        decana de los juzgados de Barcelona, Mª Sanhauja. Unas 
                        declaraciones que obligaron al Sindic de Greuges de 
                        Cataluña a abrir un expediente informativo y que 
                        provocaron una denuncia de organizaciones feministas 
                        ante el CGPJ. Denuncia que fue archivada por la 
                        unanimidad de los consejeros del órgano de gobierno de 
                        los jueces. No ocurrió lo mismo en la Asociación de 
                        Jueces para la Democracia, a la que pertenece Sanhauja. 
                        Inmaculada Montalbán, Ana Ferrer y Edmundo Rodríguez, 
                        votaron en contra del amparo de la jueza decana de 
                        Barcelona. ‘Casualmente’ Montalbán es una mujer 
                        feminista vinculada a la Asociación de Mujeres Juristas 
                        Themis y al ‘Observatorio Comas’ del que ha recibido 
                        prestaciones económicas por los servicios 
                        prestados.
 
 En el mismo sentido se ha 
                        manifestado el jefe de psiquiatría del Valle de Hebrón 
                        (Barcelona), el Fiscal Jefe de Cataluña y el la memoria 
                        anual de la Fiscalía General del Estado de 2003. Aún así 
                        ni a De la Vega ni a la directora del Observatorio de 
                        Violencia de Género del CGPJ, Montserrat Comas, les 
                        consta la existencia de denuncias falsas. Así se 
                        entiende que Mª Sanahuja señale públicamente que “las 
                        presiones del servicio de inspección condicionan las 
                        resoluciones judiciales”. Quizás por eso el juez de 
                        familia de Madrid, López Muñiz pidió traslado 
                        ‘voluntario’ tras las presiones mediáticas producidas 
                        por la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas 
                        presidida desde hace 25 años por Ana Mª Pérez del 
                        Campo.
 
 Pero la pregunta sigue en el aire: 
                        ¿Qué pasa con esos beneficios sociales que se habían 
                        desencadenado de la mera denuncia? El mecanismo es el 
                        siguiente: el mero ingreso en un centro de acogida sirve 
                        al juez como “prueba periférica” o indicio de maltrato. 
                        Las abogadas de las asociaciones feministas siguen 
                        cobrando sus minutas de “justicia gratuita”, las casas 
                        de acogida siguen manteniendo a las mujeres albergadas 
                        -recibiendo subvenciones por ellas- a pesar de que el 
                        juez desestima la denuncia. Y desde luego, los puestos 
                        de trabajo, las rentas de inserción, la prioridad de los 
                        cursos en el INEM y de acceso a una VPO, no se 
                        retrotraen. “Hay recursos, pero sin una vehiculación 
                        ‘inteligente’ que escasamente llegan a las víctimas”, 
                        reconoce Varela.
 
 |  
 |  | 
              
              
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            | HAY VOCES QUE LAS BALAS NUNCA 
                              PODRÁN CALLAR |  
                            |  |  |  |  
 |