Me veo en la obligación de valorar las múltiples reacciones que vengo leyendo estos últimos días en relación con unas declaraciones vertidas por María Jesús García Pérez, titular del Juzgado de Violencia de Género de Santander y no sólo porque coincido básicamente con su parecer, sino porque considero que lo que ella ha tenido la valentía de afirmar en un medio de comunicación es lo que piensan tantos que, por diversas razones, conocen la realidad de lo que está ocurriendo.

Que un juez critique una ley no sólo es legítimo sino deseable, pues, con toda seguridad, su opinión será constructiva.

Quien ha vertido las críticas sobre las consecuencias de la aplicación de la normativa sobre violencia de género es quien, por su experiencia directa, mejor lo conoce, indudablemente mejor que quienes se han escandalizado por ello. Por ese motivo las reacciones debieron ser precisamente lo contrario: tomar conocimiento, reflexionar sobre ello y tomar medidas al respecto.

De ser así, ¿por qué en este caso tales comentarios, realizados en el ejercicio de su libertad de expresión, han levantado tantas ampollas? Porque en esta sociedad decir la verdad sin tapujos y denunciar lo injusto no es políticamente correcto. Quienes se rasgan las vestiduras esperaban que esta persona dijera lo que quieren oír: «Con la aplicación de esta ley estamos atajando esta lacra social»; sin embargo, en este caso se equivocaron por la sencilla razón de que no es así y la «invitada al foro» -parece mentira que no lo previeran- se limitó a contar las cosas como son, que es toda una virtud.

Estarán conmigo en que, tras una crisis matrimonial, la mujer, tiene, a priori, reconocidos muchos derechos (vgr. custodia de hijos, uso de vivienda, pensiones) que sólo consiguen algunos hombres tras una dura batalla judicial, la misma que tienen que librar cuando pretenden la extinción de pensiones compensatorias injustificadas en el tiempo o alimenticias de hijos sobradamente independientes; por cierto, pensiones que no se conceden o en menor medida y cuantía a quienes tienen la 'suerte' de trabajar fuera de casa y también en casa (es el precio de la liberación de la mujer).

Pues bien, estas ventajas que algunas conseguían y consiguen en los procesos matrimoniales ahora lo intentan alcanzar al amparo de la legislación sobre violencia de género, pero 'express', con denuncias contra su pareja por presunto maltrato. A buen seguro que la que sufre violencia de parte de su pareja no busca ningún interés crematístico sino simplemente que la dejen vivir en paz. Esta víctima es la que merece la protección legal y si es de género masculino también y con el mismo rigor; el resto es victimismo y, como tal, no ha de ampararlo ni la la ley, ni el juez ni la sociedad, sino que hay que sacarlo a la luz con el fin de corregir conductas y evitar que se utilicen los juzgados de familia o de violencia de género invocando su protección ó instando privilegios para fines en muchos casos perversos que consagran situaciones de desigualdad de género, que flaco favor hacen para conseguir una sociedad de personas iguales en derechos y deberes.

Considero que es necesario denunciar estas situaciones y si quien lo hace es un juez, titular del mejor observatorio social para opinar sobre ello, es saludable.

Cuando alguien se ha esforzado por tener una profesión y alcanzar una autonomía personal y económica no acepta discriminaciones negativas pero tampoco tolera las positivas y si es una ley la que está amparando pretensiones espurias debemos luchar por corregirla.

Los fariseos mejor destinaran sus esfuerzos en denunciar otros problemas de la justicia como la falta de medios, los retrasos injustificables, la soberbia de ciertas castas, las decisiones judiciales ajenas a la realidad social, etc. Estos sí son problemas, no que un juez opine sobre una situación. Ojalá oyéramos más voces como la de María Jesús García Pérez, seguro que nos iría mejor.

Anero (Cantabria). DNI: 13.755.878-S