Unos me escriben desde la cárcel; otros, son libertos encausados. Pero la mayoría la constituyen aquéllos que viven el via crucis de ser expulsados de sus casas, tan solo con lo puesto; de tener que pasar pensiones escandalosas (compensatoria para la mujer, de alimentos para los hijos, hipoteca de la vivienda, de la que ya han sido expulsados por orden judicial, etcétera), mientras ellos malviven en una yacija en el hueco que les ha cedido en su casa un amigo.

Es el caso de Juan, en libertad pero con un proceso penal y civil pendiente. O el de Antonio, que me escribe desde la cárcel, animándome a seguir: «A no huir de los medios, tan olvidados de nosotros...». Nunca me gustó erigirme en bandera de nadie. No tengo madera de líder. Pero en este caso lo haría, si este sórdido y sangrante asunto se abordara con la seriedad y el rigor que merecen tanta desgracia y dolor. Lo triste de todo ello es que ciertos medios lo suelen frivolizar, especialmente en aquellos casos en que aparecen personajes famosos.

Ni jueces, ni abogados, ni intelectuales, nadie parece querer entrar en esta lacra social que a todos, sin excepción, nos vincula y compromete. Considero, sin embargo, que todos somos responsables -y en cierta forma culpables- de estos desafueros, al menos por lo que toca a nuestra inanidad y culpable silencio.

Los medios de comunicación nos informan, de manera casi matemática, de al menos la muerte de una mujer por semana a manos de su pareja. Esto es un hecho terrible que salpica semanalmente a cualquier sensibilidad social. En consecuencia, hacemos lo primero que se nos ocurre: aprobar una ley excepcional. Y ya está, que la ley lo resuelva todo. Y la sociedad descanse en paz.

Personalmente he de señalar que bien poco sabía de esta ley de nuevo cuño. O conocía de ella lo mismo que el ciudadano medio; o sea, nada: que se aprobó en el 2004 por mayoría absoluta, con los votos del PP y del PSOE, de manera urgente y un tanto expeditiva, porque mientras nuestros legisladores discutían la referida ley, tenían en la puerta del Congreso de los Diputados un nutrido grupo de mujeres radicales -lobby de poder lo llaman ahora- que clamaban pidiendo reparaciones inmediatas.

Es decir, nuestros legisladores salieron precipitadamente del paso aprobando una ley para aplacar las iras de las mujeres que tenían en la puerta. El resultado no podía ser otro que el que fue. La Ley Sobre la Violencia de la Mujer o Violencia de Género que se aprobó es una ley destinada, por unilateral, a ser anticonstitucional en cualquier país democrático. Se la cree a la mujer bajo palabra, sin más pruebas que su versión personal de los hechos. Una vez más hemos caído en el mismo error que tantas veces reprochó y denunció con acritud Ortega y Gasset a los políticos, juristas y demagogos de su época: «Aprobar leyes, sin la calma y el sosiego debidos y sin el consenso real del pueblo, es tanto como poner la carreta delante de los bueyes...».

No hemos de olvidar que la principal generadora de violencia es, en muchos casos, la propia ley cuando no se ajusta a Derecho. Esto es, cuando se aplica de manera injusta y torticera. Por fortuna el espíritu de la Ley no es así en la mayoría de los casos. De lo contrario, el ciudadano no recurriría a los Tribunales de Justicia a dirimir sus cuestiones, sino que optaría por la Ley del Oeste o por la Ley del Talión (es lo que viene ocurriendo, créanme, y no en pocos casos, en la práctica real de la aplicación de esta desacertada ley).

La aplicación de las leyes ha de sustentarse sobre la base de justicia y equidad. Y en todos los casos ha de practicarse de manera bilateral. Es decir, escuchar a las partes litigantes con la misma imparcialidad. Los hechos constatables (hechos probados) son los que deben inclinar la balanza en uno u otro sentido.

Cuando el hombre denuncia a su pareja, constituye una falta. Pero al contrario, cuando es la mujer la denunciante, eso mismo constituye un delito penal, por el cual -ya sean verdaderos los malos tratos o no- puede entrar en la cárcel y cumplir una condena de hasta varios años de prisión... y, repito, no hacen falta pruebas (es acaso lo más irritante). Tan solo es preciso el testimonio personal de la víctima. Esto es posible porque las avala únicamente la estadística cierta de que, al menos una mujer por semana muere a manos de su pareja. Con ser éste un hecho terrible, socialmente inaceptable, no por ello, la Ley debe olvidar el principio de equidad, que es su fundamento. Y no caer, a priori, en el maniqueísmo.

Más que aprobar leyes destinadas a salir del paso habríamos de tratarlo desde la perspectiva sociológica, cultural y educacional en profundidad. Creo que es ahí donde el problema hunde sus raíces más profundas. Las leyes, en general, constituyen materia inerte, papel mojado, si el pueblo no está educado y preparado para entender y respetar esa norma. El comportamiento machista (que también lo tienen las mujeres) no se erradica por Decreto-Ley ni metiendo a todos los hombres en la cárcel. ¿Por qué los legisladores y magistrados no estudian más sociología...? Pues primero es la sociología y segundo la criminología, no lo olvidemos.

La sublevación del hombre es, a veces, tan brutal como inútil. Es también, aunque parezca contradictorio, la fuerza del débil. El varón cuando incurre en violencia, ya sea física o psíquica, está mostrando su debilidad. Ciertamente, ello no disculpa sus actos ni le exime de responsabilidad penal. No obstante, es improcedente, desde cualquier punto de vista legal, la promulgación y aplicación de esa desatinada ley sobre la Violencia de Género, porque no se atiene a los principios jurídicos legales y colisiona con lo más elemental que tiene el Derecho. ¿Y que decir de la presunción de inocencia? La referida ley no la recoge en ninguno de sus apartados. Razón de más para insistir en su carácter de inconstitucional.

Que no haya más denuncias de hombres, víctimas de malos tratos, no significa, que no haya mujeres maltratadoras. Bien al contrario, las hay. Y muchas. Más de las que el ciudadano medio pueda imaginar. Ocurre que el hombre se siente «incómodo» y no suele denunciar estos hechos ante la Policía, porque cree hacer el ridículo. Pero la mujer no tiene habitualmente esas limitaciones. Ellas son más sutiles y sibilinas. Más persistentes y constantes en su encono.

Por lo demás, las mujeres, que forman al menos, la mitad de la Humanidad, son fuertes y valerosas. No necesitan la tutela (¿machista?) hasta extremos jurídicos sonrojantes. Pues, la situación de las mujeres se ve determinada por extrañas y contradictorias condiciones: sometidas y protegidas a la vez, débiles y poderosas, despreciadas y respetadas... En este caos de hábitos y contradicciones lo esencial se superpone a lo natural y no es fácil distinguirlo. En general, las mujeres son lo que quieren ser: o resisten a los cambios, o los aplican a sus mismos y únicos fines.

El respeto y la equidad de las leyes corresponde a lo que la Humanidad tiene de más hondo. No hemos de olvidar que las leyes, tanto civiles como penales, no serán nunca lo suficientemente flexibles para adaptarse a la inmensa y fluida variedad de los hechos y de las personas. Éstas cambian menos rápidamente que las costumbres. Por ello, el legislador pude quedar, en ocasiones, descolgado y fuera del sentir social.

Toda ley demasiado transgredida es mala. Y la que nos ocupa es, acaso, la peor. Corresponde al legislador abrogarla o cambiarla a fin de que el desprecio en que ha caído esa ordenanza insensata no se extienda a las leyes más justas.

Se pretende atajar por la vía penal una lacra social grave, y se incurre en otra peor. ¿Discriminación positiva...? Sería un desatino. Pues las mujeres actuales no la necesitan. Las leyes deberían diferir lo menos posible de los usos. La violencia legal es tal vez más repugnante que cualquier otra.

La fuerza de la mujer se pone de manifiesto -sobre todo- en su formación académica y en el sentido de la responsabilidad que ejerce en el mundo laboral, así como en mil cosas de índole privado, donde el poder que ejerce es casi ilimitado. Raras veces he visto familias en cuyas casa no reinara la mujer. En general, el matrimonio es muy importante en su vida. Justo es que ellas lo defiendan según su voluntad. Por ello, cuando les falla, se emplean a fondo...

La mujer está mejor dotada para la adversidad que el hombre. Sobrevive, por ejemplo, a la viudedad mejor que su compañero. Este hecho cierto es una prueba más de su fortaleza psíquica. Los datos que arrojan las estadísticas abundan en la misma dirección. A saber, el hombre puede llegar a ser tan suicida como homicida. Cuando acaba, como en tantos casos terribles, con la vida de su pareja, acto seguido pone -en no pocas ocasiones- fin a la suya. Y es que, por su fragilidad, el hombre propende a hundirse sin remedio, en aplicación de esta norma legal, cuando se le tira a la calle, despojándosele de su casa y de sus seres más queridos.

Observen, si no, la naturaleza de los homicidios y suicidios, cuándo y cómo se producen en la mayoría de los casos: Unos, cuando la pareja ya está rota, otros, cuando ha habido denuncia por medio y se ha decretado alejamiento judicial.

Las leyes, ciertamente, no pueden resolver todos los problemas que aquejan a la sociedad. Habría que desviar más recursos económicos, invertir e insistir más en educación cívica desde una edad temprana, como señalé antes.

He aquí un extracto de la carta que me envía Juan, imputado en causa penal por «malos tratos reiterados»: «...Había desavenencias entre mi mujer y yo... Un día supe la verdadera razón: La pillé con su amante... Se entendía con él desde hacía algún tiempo... Creo que yo era un estorbo... Me puso la denuncia porque quería deshacerse de mí... Me han echado de la casa. No puedo ver a mis hijos. Entre pensión para ella, alimentos para mis hijos, pago de la hipoteca de una casa que no puedo pisar, no me queda ni un euro con que vivir... me han despojado de todo... Estaría tirado en la calle si no fuera por la solidaridad de un amigo... Creo que es peligroso vivir en un país que aprueba una ley de esta naturaleza... A veces la veo desde lejos que entra y sale en mi casa con su amante... Tengo pensamientos homicidas...».

Es probable que no pocos de los homicidios que se producen actualmente guarden relación con la aplicación de esta desatinada ley. Internet informa de las mujeres que mueren a manos de sus parejas y de los hombres que se suicidan a diario, así como de una sobrecogedora cantidad de niños que quedan huérfanos al año. Y nadie apunta solución a esta gangrena social.

¿Hay -por desventura- un mundo de hombres y otro de mujeres? Basta ya. Hemos de poner fin a esta dramática situación social. Es preciso abolir o derogar la referida ley, si queremos evitar que los procedimientos judiciales puedan convertirse en un espantoso matorral, porque no se atiene a lo más elemental y reverente del Derecho.

Eleuterio Sánchez Rodríguez, tras su salida de la cárcel, escribió

Camina o revienta

y

Mañana seré libre

, dos libros en los que narra su peripecia personal.