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LA VIOLACIÓN DE LA JUSTICIA (por Melanie Phillips)
(Artículo publicado en The Spectator (Reino Unido) el 10 de junio de 2000) Melanie Phillips expone la intensa conspiración existente contra los hombres, víctimas de un sexismo que no sólo es hoy legal en Gran Bretaña, sino obligatorio UNO
de los muchos misterios de nuestro tiempo es por qué el
establishment británico ha abierto la veda sobre la especie humana.
A los hombres se les está robando sistemáticamente su
reputación, sus hijos y su razón de ser en la vida.
Las personas responsables de esta guerra de sexos son mujeres
y hombres de aspecto grave, vestidos con trajes oscuros -en lugar de
monos de trabajo-, por no hablar de pelucas y togas. Si
lo que se arroja habitualmente contra los hombres se dirigiera contra
cualquiera de nuestros fabulosos grupos de "mujeres víctimas",
"gente de color" o "gays", la sociedad sería de inmediato
acusada del más vil de los prejuicios, de discriminación e incluso
de persecución.
Y sin embargo, la inmensa mayoría de personas o bien no sabe
de qué manera se han cargado los dados en perjuicio de los hombres
o, si tienen una vaga idea, piensan que en el fondo (o no tan en el
fondo), bueno, que en realidad se lo merecen. ¿Les
parece que exagero? Piensen
en la revisión de los delitos sexuales que está a punto de
publicarse. Mediante
cuidadosas filtraciones, el gobierno ha indicado que desea
endurecer la ley sobre violación "porque no hay suficiente número
de hombres que hayan sido condenados".
De esta manera intenta sesgar los procedimientos judiciales
contra ellos, para limitar sus posibilidades de defensa frente a una
acusación. Sin
embargo, esto es precisamente lo que se propone para los casos de
violación. El gobierno
intenta cambiar la definición del consentimiento en mantener
relaciones sexuales, que es la defensa común contra el cargo de
violación, de modo que el que se defiende tendrá que probar
expresamente el consentimiento de la mujer.
Los abogados están divididos sobre si esto significaría técnicamente
invertir la carga de la prueba.
Todos están de acuerdo, sin embargo, que sería mucho más
difícil para un hombre acusado de violación defenderse.
Y eso porque el gobierno da por supuesto que todos los hombres acusados
de violación son culpables. De
hecho, la evidencia sugiere que esto es completamente falso.
Las cifras de Interior para 1996 muestran que el 25% de las
violaciones denunciadas a la policía eran falsas o maliciosas, o
los cargos fueron retirados por la denunciante.
En un 39% adicional la
policía o la Fiscalía del Estado no prosiguieron
sus actuaciones porque la denunciante y el sospechoso se conocían y
las circunstancias eran ambiguas;
y un 7 % adicional de los casos
resultaron en absolución. Sin
embargo, el gobierno no sólo fracasa a la hora de reconocer estos
hechos, sino que utiliza la manipulación de la estadística para
producir la falsa sensación de que las violaciones se incrementan y
de que miles de violadores escapan a su condena.
Cierto, hubo un descenso en la tasa de condenas, del 24% en
1985 al 9% en 1997. No
obstante, esto puede deberse a un comportamiento sexual más libre
que hace que las acusaciones de violación sean menos sostenibles.
Mientras que las "violaciones por extraños" son
muy escasas, las "violaciones en el curso de una cita"
entre conocidos se han elevado de 1300 en 1985 a 5000 en 1996, casi
la mitad de las denunciadas. La
violación es sin duda un crimen execrable.
Pero la gente más razonable pensaría probablemente que ser
atacada en una callejuela oscura es algo completamente distinto a
cambiar de idea, algunas veces retrospectivamente, respecto al tipo
con el que te has ido a casa después de una fiesta o con quien ya
te has acostado alguna vez. Los
prejuicios antihombre forman parte, de hecho, de la mentalidad del
gobierno. La baronesa
Jay y su unidad de mujeres fomentan constantemente la idea de que
una de cada cuatro mujeres es violada por su pareja.
De hecho, la mayor parte de los estudios sobre violencia en
Inglaterra, en los cuales se apoya el gobierno para tales
declaraciones, han sido claramente falsificados;
les preguntan sólo a las mujeres, nunca a los hombres,
acerca de sus experiencias de violencia doméstica, principalmente
siendo la muestra autoseleccionada,
entre mujeres maltratadas. Sin
embargo, las investigaciones internacionales más rigurosas muestran
abrumadoramente que los actos de violencia doméstica los comienza
la mujer contra el hombre al menos tan frecuentemente como sucede
viceversa. Cuando
se le preguntó por qué la unidad de mujeres no hace referencia a
toda esta investigación, Jay contesta que el gobierno no puede
involucrarse en temas tan "sutiles".
En vez de ello, recurre a amenazas no sutiles de perseguir
sin descanso a los "padres vagabundos" hasta sacarles las
pensiones de los hijos, promoviendo la impresión de que los padres
acostumbran a abandonar a sus hijos. De
hecho, muchos padres continúan desesperadamente intentando ser los
padres de sus hijos tras el divorcio, pero se encuentran con que los
juzgados ponen obstáculos formidables en su camino, incluso si los
hombres han actuado rectamente y sus mujeres no.
Los jueces de familia tienden a obligar a los padres a probar
que son buenos padres, que no son violentos o implacables.
Por el contrario, asumen que las madres son generalmente el
mejor progenitor para convivir los hijos, sin pararse a examinar cómo
se han comportado. Cierto
que algunos hombres se portan muy mal con sus mujeres e hijos.
Los abogados matrimonialistas estiman, sin embargo, que no más
de un tercio de los maridos que ven son violentos, y que tanto las
mujeres como los hombres mienten en igual proporción.
Y sin embargo, los juzgados están institucionalmente
sesgados contra los maridos, arrojándoles de sus casas con el mínimo
pretexto, despojándoles de sus hijos y sus bienes incluso si sus
esposas se han ido con un amante y su propio comportamiento ha sido,
entretanto, ejemplar. Los
jueces aceptarán igualmente las acusaciones de una mujer cuando
dice que su marido es violento sin base ni evidencia, en un sistema
donde es imposible verificar un examen cruzado de sus acusaciones.
Pese a lo cual, con este pretexto privarán a un hombre del
contacto con sus hijos. La
falta de contacto con sus hijos es una fuente de inmensa injusticia
y miseria para muchos padres. Los
abogados dicen que este es un escenario muy típico.
La madre decide separarse porque ha encontrado a otro hombre.
La manera más sencilla de desembarazarse del padre es
acusarle de ser violento con ella o los niños.
El padre se marcha o es expulsado.
Su acceso a los niños se limita a una orden de contacto
emitida por el juzgado a recomendación de un funcionario de la
asistencia social. Pero
la madre tiene el látigo en la mano a la hora de controlar el
contacto del padre. El
se encuentra con que normalmente los niños están demasiado
ocupados para verle. Cuando
llega a ver a sus hijos, es a menudo el novio de su ex mujer quien
le dice que se largue. Y
a pesar de todo, de alguna manera, la madre parece capaz de
persuadir al juzgado de que ella está legitimada a cambiar las
reglas del juego impunemente. La señora Isabel Butler-Sloss, nueva presidenta de la sección de familias del Tribunal Superior, negó unos meses atrás, este mismo año, que los derechos de contacto de los padres con los hijos fueran escasos o injustos aunque, añadió ambíguamente, que en una pequeña minoría de padres se suscitaron verdaderos problemas. ¿Cómo
puede ser tan complaciente cuando a los padres se les niega
habitualmente el contacto sobre motivos alegados por los
funcionarios de la asistencia social, tan espúrios que acaban
siendo incomprensibles? Como
aquel padre que, en McDonalds, abrió los brazos frente a su hija y
le dijo "Apuesto a que no me has visto nunca con traje", y
un asistente social que vigilaba malinterpretó el gesto, decidiendo
que la niña había rehusado devolver el abrazo que su padre le
instaba a darle y, a consecuencia de esa apreciación, se le negó
el contacto con ella. O
aquel padre cuyo contacto quincenal con su hijo de quince años fue
impedido porque "el niño tenía que recorrer muchos kilómetros",
o aquel otro al que se le justificó la pérdida del contacto
diciendo que "el niño se quedaba dormido en el coche cuando lo
devolvía a casa". Un
niño de 13 años no ha visto a su padre por más de ocho años,
porque se le hizo creer en que un mandato contra su padre se lo
impedía. Nadie —y
menos su madre— le dijo que el mandato duraría como máximo tres
meses y que por más de ocho años él había tenido derecho de ver
a su padre. Y así, más,
más... abrumadoramente
más casos como estos. El
desastroso impacto de la ausencia del padre en la vida de los hijos
está bien documentado. El
impacto sobre los padres es menos conocido.
Algunos acaban teniendo colapsos nerviosos o suicidándose;
otros pierden sus empleos cuando tratan de visitar a sus
hijos que se han mudado a un lugar diferente del país.
Por supuesto, hay hombres que se apartan de sus mujeres y
dejan a sus familias. Pero
la mayoría de los hombres se han divorciado contra su voluntad.
El dolor del fracaso familiar se hace insoportable cuando se
le añade la enorme injusticia de un sistema legal que bajo
apariencias de imparcialidad, lo que hace a menudo es recompensar a
la esposa agresora y castigar a su víctima. ¿Cómo
puede suceder esto? Las
conclusiones de los funcionarios de la asistencia social acerca de
las esposas divorciadas son raramente cuestionadas por los jueces,
que ven en estos funcionarios la única fuente de asesoría
profesional en tales casos. Hasta
ahora, ellos han sido funcionarios probatorios;
en el futuro, también se les va a reclutar de la rama de la
Oficina del fiscal dedicada a los niños, y de la de los guardias.
Sin embargo esta reforma no parece que pueda aportar mucho
para contrarrestar su peculiar manera de pensar, encorsetada por un
documento que elaboró en 1996 la Asociación Nacional de Agentes de
Libertad Vigilada. Bajo
el título "Iguales Derechos: Política
Antisexista", proclamaba que el matrimonio sujetaba a las
mujeres a la tiranía del marido;
que la sociedad se basaba en el control patriarcal del macho
sobre las mujeres y los hijos, control que se extendía a todas las
instituciones, y que la opresión de las mujeres debe ser desafiada
en los juzgados; y que,
por tanto, el propósito del funcionario de la asistencia social era
contrarrestar la discriminación contra las mujeres en el contesto
de una convivencia conflictiva y en las decisiones que tienen que
ver con el régimen de visitas. Esta
forma de sentir puede parecer excesiva;
pero la presunción de la violencia masculina a la que están
sometidos los hombres es ahora una presunción ordinaria en el
sistema legal de familias. El
Consejo Asesor del Lord Canciller dijo el año pasado que los
juzgados deben impedir a los padres que vean a sus hijos simplemente
sobre la base de una acusación de violencia hecha por sus ex
mujeres. La
extraordinaria presunción que el Consejo hace sobre la culpabilidad
masculina se apoyaba en su afirmación de que las investigaciones
realizadas sobre la violencia doméstica indican que "en la gran
mayoría de los casos el agresor es un macho y la víctima una
hembra". Y sin
embargo las investigaciones realizadas no dicen eso de ninguna de las
maneras. Es más:
la mayoría de la violencia practicada sobre los niños es
perpetrada por sus madres o por los novios de estas.
El padre natural de un niño tiene menos posibilidades de ser
violento con él. Los
juzgados deberían realmente dar a los padres, no a las madres, el
beneficio de la duda. Muchos
jueces piensan que las madres son intrínsecamente vulnerables y
deben ser protegidas siendo como son, por regla general, el
progenitor que retiene la custodia de los hijos.
Pero... ¿Por qué debe ser así?
Si una madre se ha marchado con su amante, arrebatando
considerablemente el bienestar de sus hijos y demostrando
infidelidad hacia el padre de estos, faltando a su promesa de forma
egoísta, por qué se la debe considerar automáticamente como el
progenitor idóneo para educar a los hijos? La
respuesta consiste en volver a considerar los aspectos del
comportamiento que conduce al divorcio y el cuidado subsiguiente de
los hijos. El argumento
espurio de que las necesidades de los hijos son prioritarias a
cualquier otra consideración significa en la práctica que los niños
son utilizados como rehenes para evitarles a los adultos la molestia
de afrontar las consecuencias de su propio comportamiento.
Las necesidades de los hijos se suplen mejor, de hecho,
cuando disponen de ambos padres para cuidarles;
a falta de eso, viviendo con el padre más responsable.
Esto puede incluso reducir la tasa de divorcios, tal y como
ha ocurrido en America en los estados donde las madres no obtienen
la custodia de manera automática. Los hombres viven aterrorizados de que se les considere como personas con prejuicios contra las mujeres, y ello en no poca medida por un antiguo sentido de la caballerosidad. Contemplan la ausencia de mujeres entre los grandes empresarios o los Miembros del Parlamento, o entre los hooligans de fútbol y los ladrones en prisión, y piensan que debe ser cierto que los hombres son básicamente verdugos viles y que las mujeres son sus víctimas. Pero la vida es muchísimo más complicada que eso; y el resultado de esta tenaz zambullida en falsos estereotipos es que todos acaban por convertirse en perdedores.(Publicado en The Spectator (Reino Unido) el 10 de junio 2000) ------------ © Melanie Phillips (Traducción cedida por la Asociación de Padres y Madres Separados Canaletas-Alhambra (Granada). Texto original del artículo. |
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