Es un tipo bonachón pero esta mañana se le ve muy indignado. Es una irritación que no oculta y que le dura ya cinco años: el tiempo que lleva en vigor la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin miedo al qué dirán, culpa de la «estigmatización» de miles de hombres detenidos en aplicación de la ley a la «dictadura» del «feminismo radical». O del «feminazismo». Lo dice desde el otro lado de la mesa de su despacho, donde destacan la foto de su mujer y sus dos hijas y unos dibujos infantiles en la pared. Se los han regalado los niños, rehenes a menudo de traumáticas separaciones, a los que atiende aquí.

Quien habla con tanta contundencia contra la «injusticia» de esta ley, Francisco Serrano Castro, nacido hace 44 años en Madrid y criado desde los 11 en Sevilla, no es un marido machista, despechado y sin estudios que pasaba por la calle, sino el titular del Juzgado de Familia 7 de la capital andaluza. Un magistrado que en los 11 años que lleva ejerciendo [se estrenó antes de juez de primera instancia e instrucción en la onubense Valverde del Camino, en la misma sede que Garzón] ha dictado unos 20.000 autos y sentencias, y ha sido premiado por la asociación de asistencia a mujeres violadas Amuvi, o por la de Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni) por su defensa de maltratadas y menores.

Pero Serrano -quien además preside la Asociación Multidisciplinar para la Investigación de Interferencias Parentales (Asemip), centrada en las manipulaciones que ejerce el progenitor (hombre o mujer, recalca) para poner a los hijos en contra del otro- dice que esa trayectoria no ha impedido que lo traten «como al juez loco» desde que ha decidido «dar la cara» y denunciar una realidad silenciada: que el Gobierno dejó de divulgar, a partir de 2007, las cifras de hombres muertos por agresiones de sus cónyuges. Aún más, Serrano sostiene que una parte de los 3.716 varones suicidados en 2006, frente a 2.753 mujeres, lo hicieron por efecto de la «discriminación de la Ley contra la Violencia de Género» (aprobada por unanimidad el 28 de diciembre de 2004 y que ahora el Gobierno se propone reformar). Otras fuentes dan la cifra exacta: 630 hombres se quitaron la vida cuando estaban en crisis con su pareja.

Afirma el juez que esta ley, que ha conducido a un «totalitarismo», mezcla en el mismo saco a los maltratadores machistas con los hombres -incluso «buenos padres, buenos cónyuges, buenas personas»- que han cometido un delito o una falta «puntual» durante una disputa con su pareja pero que no tienen una relación de dominio sobre ella. Esto ha causado una situación «cercana al holocausto social» porque, dice, citando al joven acusado por error en Tenerife de violar y matar a la hija de su novia, se detiene y marca como maltratador a todo acusado.

«Miles de hombres han sido detenidos por el hecho de serlo, tras una denuncia por maltrato. ¿Cuántas mujeres han sido detenidas por denuncia falsa? Ninguna», asegura Serrano. «Las mujeres del ojo hinchado en la foto existen, pero son el 1% [de las denuncias]. La que nos tiene que preocupar es la del ojo hinchado que no sale en la foto, la que sufre de verdad explotación, violencia y miedo, pero no se atreve a denunciar». Y reta al Gobierno y a la ministra de Igualdad a debatirlo con él. «En privado, diputados del PSOE y del PP me dicen que tengo razón, pero que ellos no lo pueden decir».

Dice el magistrado que se usan datos «sesgados» y que, mientras se registran y publicitan las estadísticas de mujeres víctimas de violencia machista, se «ocultan», no se registran o no se da publicidad a los datos de hombres muertos a manos de sus compañeras o ex parejas. Que la ley está causando un daño no estudiado a miles de hombres acusados «injustamente». Sus críticas van más lejos: «Este año han matado ya a 51 mujeres (hasta el 3 de diciembre) y a 30 hombres, pero no se registra oficialmente». Quien quiera saberlo, afirma, tendrá que recurrir, como él hizo, a internet y a la prensa.

MUJERES, SÍ; HOMBRES, NO

¿Por qué las muertes de mujeres, sí, y las de hombres, no? ¿En qué se basa el juez para sostener una afirmación tan grave? Serrano indica que el Ministerio del Interior precisaba hasta 2006 en su Anuario Estadístico el número de asesinadas... Y también el de asesinados. Murieron 55 mujeres a manos del cónyuge en 2002; 65 en 2003; 61 en 2004; 53 en 2005; 54 en 2006. En esos años, los varones a los que mataron sus compañeras o ex compañeras fueron 16, 13, 9, 15 y 12. Aproximadamente, uno por cada cinco asesinadas. En comparación con estas cifras oficiales divulgadas hasta 2006, los 30 varones muertos este año parecen una cifra exagerada.

Si se cuenta a las mujeres y hombres que murieron a manos de otros parientes [hijo/hija, progenitores u otros -no se especifica el sexo del autor, aunque la mayoría son hombres-], las cifras de la violencia doméstica suben proporcionalmente más en el caso de los varones: 77 muertas y 49 muertos en 2002; 84 y 49 en 2003; 79 y 31 en 2004; 71 y 56 en 2005; 78 y 37 en 2006.

A partir de 2007, Interior ya no refleja en su web estos datos de violencia doméstica por sexos. Pero mientras el Gobierno deja de publicar, al menos en lugares de fácil acceso, las cifras sobre los hombres, sí sigue divulgando, dice Serrano, la violencia contra mujeres. El registro de asesinadas se puede consultar en la web del Ministerio de Igualdad. Asegura el juez que hay muchos hombres que sufren graves consecuencias por ser acusados «falsamente» de maltrato, llegando incluso al suicidio, pero que no se conoce impacto real de la, dice, injusta «generalización» del castigo porque no hay organismos que lo analicen. Vuelve a citar el Anuario 2006 de Interior para señalar (pág. 292) que ese año se suicidaron 3.716 hombres frente a 2.753 mujeres. Él está convencido de que una parte de los suicidios se debe al trauma por el trato «discriminatorio» sufrido en el proceso de separación: hombres que perdieron la casa y la custodia de los hijos por una acusación, insiste, injusta.

De nuevo, reitera, faltan estudios para comprobar su teoría. Aunque los números cantan la realidad. En 2005 se suicidaron 3.867 hombres y 2.802 mujeres, según el anuario de ese año de Interior. Este ministerio no publicó los datos sobre suicidios en 2003 y 2004, pero sí en el de 2002, antes de la Ley contra la Violencia de Género. Ese año se quitaron la vida 3.563 hombres y 1.867 mujeres. [Desde entonces, los que se han disparado fueron los suicidios femeninos; la tasa de los masculinos no varió significativamente antes y después de la ley].

Afirma el magistrado que la mayor parte de los casos calificados como violencia de género son en realidad conflictos entre iguales en el litigio de una separación, y que la mayoría de los hombres tratados como maltratadores no lo son. Toma los juzgados de Violencia de Género de Sevilla como ejemplo para denunciar que se transmite una visión «distorsionada» del maltrato. En 2008, según la Fiscalía Superior de Andalucía, se incoaron 9.814 procedimientos. Sobre estas cerca de 10.000 denuncias, emitieron 1.010 sentencias, 395 condenatorias, 412 absoluciones y 203 condenas de conformidad. Un 90% de las denuncias se archivaron o acabaron en absolución.

Critica en cambio que un informe publicado este octubre por el Grupo de Expertos y Expertas del CGPJ acerca de la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género sobre la incidencia de las denuncias falsas (el estudio decía que sólo halló 1 entre 530 sentencias analizadas), haya sido utilizado de forma «sectaria» para dar a entender que las condenas son mayoritarias entre los denunciados. Según el estudio, el 84,91% de las sentencias fueron condenatorias: el 59,33% por maltrato ocasional, el 21,78% por delitos de amenazas leves, el 10,22% por quebrantamiento de pena o medida cautelar y el 6,28% por maltrato habitual. En 388 casos se impuso pena de prisión.

MINORÍA DE CONDENADOS

Serrano alega que si se tuvieran en cuenta las denuncias archivadas o sobreseídas, se percibiría que los condenados son minoría y que los casos en los que se da lo que él considera inconfundible y sistemático dominio machista representan «menos del 1% de todas las denuncias».

Sostiene que decir lo que él dice es ser «progresista», y resume su propuesta, ampliada en su libro Divorcio sin traumas: pasar de la «criminalización» por la vía penal de los conflictos de pareja a una mayor apuesta por la mediación y la conciliación. O cambiar la redacción del artículo 1 de la Ley: en vez de decir que la violencia de género es la que sufre la mujer «COMO» expresión de las relaciones de poder de los hombres [lo que «prejuzga que toda relación entre un hombre y una mujer es desigual y que ésta es inferior por el hecho de serlo»], la defina como la violencia que sufre «CUANDO» es expresión, etc., precisando así que es violencia machista sólo la que se produce en los casos concretos en que existe esa posición de dominio y abuso en la pareja.

Argumenta: «Una ley que agrave la pena contra el hombre sólo por serlo es tan discriminatoria como si se hiciese una ley de prevención de riesgos laborales que no protegiese a las mujeres porque representen sólo el 5% de los 1.100 trabajadores muertos en el tajo el año pasado».

No es la única voz autorizada. La protesta del magistrado Serrano converge con la jueza de Barcelona María Sanahuja y el juez de Violencia contra la Mujer, de Jaén, Miguel Sánchez Gasca, entre otros. Ya en 2005, Sanahuja aseguró que muchas mujeres utilizaban la denuncia para obtener mejoras en los divorcios. El pasado viernes, el juez Gasca negaba a un padre la custodia compartida de sus hijos. Pero al sospechar de la mujer, pues denunció a su marido por violencia justo al saber que éste aspiraba a la custodia compartida, se lo ha pensado: «Quizás lo más adecuado habría sido otorgar la custodia al padre».

La ley, para el juez Serrano, es ciega. Acaba de quitarle la patria potestad sobre su hijo a un joven que mató a su novia. Dice que este caso «sí» es un ejemplo claro de maltrato, desigualdad y dominio de poder.