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El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

 

Pese a las más que numerosas pruebas el juez ha decidido archivar la causa contra quienes ayudaron a delinquir a Juana Rivas.

Pese a las declaraciones públicas de la “asesora” Francisca Granados en las que hizo ostentación de sus delitos.

Pese a que indujeron e instruyeron para cometer el delito. Realizaron informes y documentos falsos. Malversaron fondos públicos. Etc.

Nada ajeno a lo que sucede cada día en los juzgados de familia y de violencia de género.

Había mucho en juego. Son miles de “asesoras” las que viven de esta industria del maltrato. Las mismas que se manifestaron en toda España para oponerse a la “criminalización” de tanta “experta” que se alimenta del dinero público argumentando las consabidas mentiras de las feministas.

El juez no ha sido capaz de aguantar la presión y la impunidad feminazi seguirá campando a sus anchas.

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El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

Juana Rivas acude al juzgado el pasado septiembre. MIGUEL RODRÍGUEZ

EUROPA PRESS – Granada – 13 DIC. 2017

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores tras permanecer casi un mes ilocalizable sin acatar la orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos al padre, ha acordado el archivo de esta causa para sus familiares, su asesora en el Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, de modo que el procedimiento continuará sólo contra la madre de Maracena.

En un auto notificado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado toma esta decisión después de que se unieran a las actuaciones la documentación aportada por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y de que la Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento provisional de la causa para todos los investigados a excepción de Juana Rivas, que está siendo investigada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores.

En la causa estaban siendo investigados el padre, la madre, y los hermanos de Juana Rivas por su presunta participación en los hechos, los cuales se acogieron a su derecho a no declarar el pasado agosto cuando fueron citados a comparecer ante el juez.

Días antes fueron citadas la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, como investigadas por “su presunta intervención” como “inductoras” o “partícipes necesarios” en la supuesta sustracción de los hijos de Rivas, extremo que negaron ante los medios.

Ambas estaban representadas por el despacho Aránguez Abogados, que ha presentado tres recursos a lo largo de la instrucción para solicitar elsobreseimiento de la causa respecto a sus patrocinadas por entender que “carecía de fundamento alguno”.

En declaraciones a Europa Press, el letrado Carlos Aránguez ha manifestado su “satisfacción” por esta decisión que, a su entender, “hace justicia” respecto a sus clientes.

En virtud de este auto, contra el que cabe recurso de reforma, la causa continuará exclusivamente contra Juana Rivas, representada por un equipo de abogados de Sevilla en coordinación con una letrada en Italia, donde hay abierto un procedimiento por la civil para decidir sobre la custodia de los pequeños, que residen desde finales de agosto con su padre en la isla de Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/13/5a316ca222601d10188b45c4.html

Promueven una recogida de firmas en apoyo a las asesoras de Juana Rivas en Maracena

Asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados

La plataforma 7N contra las violencias machistas ha promovido una recogida de firmas a través de internet en la que solicita a la justicia española que “deje de criminalizar” a las profesionales que han asesorado y apoyado desde el Centro de la Mujer de esta localidad granadina a Juana Rivas, la madre de Maracena obligada por la juez a entregar este lunes a sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, tras negarse a hacerlo hace más de un mes y declararse en “paradero desconocido”

EUROPA PRESS. 28.08.2017

“Juana Rivas ha mantenido su decisión mientras lo ha considerado posible, no incitada por su asesora jurídica y su psicóloga, sino por propia necesidad y voluntad”, ha señalado esta petición dirigida desde la web change.org al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, y que ha recogido más de 2.000 firmas en sus primeras 13 horas desde su puesta en marcha, en la noche de este pasado domingo.

La madre granadina, según recoge el texto de la petición, consultado por Europa Press, ha sido “incitada, como ella misma manifestó el pasado día 22 de agosto al salir del juzgado, por el apoyo social a su postura de intentar a toda costa lo que considera justo y necesario: conseguir protección de la justicia española para sus hijos frente al padre maltratador”.

“Somos miles las personas que hemos mostrado nuestro respeto a su decisión y nuestro apoyo a Juana Rivas en las plazas (de Maracena, Granada y otras ciudades), en las redes sociales y a través de los medios”, han señalado las promotoras de la iniciativa que se declaran “tan responsables de incitarla a delinquir como lo puedan ser su familia y las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena”, con quienes se solidarizan.

En el caso concreto de la asesora jurídica del CMIM de Maracena, Francisca Granados, la petición ha subrayado que “hay que estar muy convencida de la necesidad de no rendirse para, a pesar del miedo, enfrentar las consecuencias, y también para mantener el apoyo y dar la cara por ella ante la opinión pública”.

Tanto Granados como la psicóloga que ha atendido en el Centro de la Mujer a Juana Rivas, que permanece en libertad investigada por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores, están llamadas a declarar el próximo miércoles 30 de agosto en sede judicial por “su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios, en los delitos de sustracción de menores”.

El jueves 31 de agosto habrán de hacerlo, también como investigados, los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de Rivas por su presunta intervención en el posible delito de sustracción de menores.

El colectivo feminista que ha promovido la petición en change.org ha indicado, en este sentido, que “las leyes españolas, que desde 2015 dicen proteger del maltrato a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, son tremendamente hipócritas, pues en la práctica permiten su total desprotección”.

“Nuestras leyes dicen que hay que oír a las víctimas, pero no escucharlas”, por lo que, en opinión de la plataforma 7N, “es preciso desarrollarlas y modificar todo aquello contradictorio en las mismas”.

“Eso no es posible sin enfrentar al sistema a los efectos de sus propias contradicciones”, lo cual hace el caso de Juana Rivas, “que convertimos en causa, porque las contradicciones del sistema ya colmaron la paciencia feminista”.

La petición, que lleva por título ‘Basta ya de justicia patriarcal’, comienza explicando que tanto la madre de Maracena como su entorno sabían, cuando compareció ante el juez la semana pasada, que la justicia ordenaría la entrega de los niños al padre “dada la firmeza irrevocable de la sentencia que lo acuerda”.

“Juana Rivas, desde el principio, ha sido informada por su letrada y su asesora jurídica de las posibles consecuencias jurídicas de no devolver a sus hijos al padre”, ha indicado el texto, que ha agregado que la vecina de Maracena “ha querido intentar todo lo posible y lo imposible antes de devolverlos” pues “para ella la de entregar a los hijos al padre maltratador no es opción válida” ya que “equivale a una forma de suicidio: es matar toda posibilidad de defender a sus hijos del maltrato del padre”.

“Si la justicia española, la de su país, no da a sus hijos siquiera la protección temporal que permite el Convenio de la Haya -denegar la devolución inmediata-, mucho menos puede confiar en la italiana” pues en ese país, donde convivió con su excompañero sentimental, Francesco Arcuri, residente en Italia, “es extranjera”.

“La legislación y medios para enfrentar la violencia de género allí son mucho más precarios”, ha advertido la petición, que ha señalado que en Italia “es asesinada por violencia de género una mujer cada 72 horas”, habiendo “condenado” el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al país “por su ineficiente lucha contra la violencia machista”.

El entorno de Rivas está conformado por profesionales y familiares que son “responsables” de “no haber retirado a Juana su apoyo incondicional” mientras “existía aunque fuese un ínfimo resquicio de posibilidad de lograr protección de la justicia española”.

Este lunes al mediodía está previsto en Madrid que diversas asociaciones civiles entreguen en el CGPJ un escrito en contra de la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que obliga a entregar sus hijos al padre en un punto de intermediación familiar a las 17,00 horas.

Distintas iniciativas han sido promovidas en las redes sociales en las últimas semanas en apoyo a Juana Rivas, con etiquetas como #JuanaCuentaConmigo #YoApoyoAJuanaRivas o #JuanaEstáEnMiCasa.

http://www.20minutos.es/noticia/3120725/0/promueven-recogida-firmas-apoyo-asesoras-juana-rivas-maracena/

 

Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

 

Las feminazis no toleran que no les sigan el juego. Menos aún que les lleven la contraria.

Es llamativo que ahora utilicen los argumentos que antes negaban para invalidar el “trabajo” de los equipos psicosociales.

Delito de odio. ¡Hay que tener cara dura!

No olvidemos que es una ideología totalitaria y persiguen al disidente/opositor.

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Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

Manifestación contra la violencia de género celebrada en Madrid el pasado día 25. Javi Martínez

Patricia del Gallo – Oviedo – 29 NOV. 2017

Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres

Las organización Women’s Link Worldwide y el colectivo asturiano Abogadas para la Igualdad han presentado una querella contra el psicólogo forense de Oviedo que emite para la Administración de Justicia en Asturias la mayoría de los informes periciales sobre víctimas de violencia de género y menores que denunciaron abusos sexuales. Le acusan de un delito de odio las mujeres. Según las denunciantes, este profesional, encargado de valorar estos casos, basa sus informes en “prejuicios y estereotipos” de género como que “las mujeres manipulan a sus hijos e hijas para dañar a sus parejas o ex parejas” dice la querella.

Este colectivo ha dado el paso de querellarse amparándose en el artículo del 510 del Código Penal tras su reforma en 2015. Es la vía que han encontrado después de escuchar y presentar durante los últimos años quejas formales contra este profesional, que además es el decano presidente del Colegio de Psicólogos de Asturias. Se encarga de valorar la mayoría de los casos de abusos a menores y Abogadas para la Igualdad y Women’s Link temen que, debido a sus informes, gran parte de los delitos hayan quedado impunes, ya que ante las denuncias lo primero que hacen los jueces es pedir un informe pericial a un especialista. Si éste es desfavorable a la víctima, como aseguran está ocurriendo en la mayoría de los casos, el juez archiva la causa.

En esta querella, presentada por ambos colectivos como acusación popular, se aportan los casos de dos mujeres víctimas de violencia de género y de tres menores que supuestamente sufrieron abusos, dos por parte del padre y en el otro del abuelo. En sus casos, señalan, el psicólogo desacreditó sus versiones y calificó a las madres de “mentirosas y manipuladoras”. Las denunciantes sospechan que hay decenas de casos como estos y les animan a denunciar.

El delito de odio por razones de género recogido en el artículo 510 del Código Penal está tipificado con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/29/5a1e70c522601dc2128b45c8.html

 

Ayer nos tomaron declaración como investigados

 

Ayer nos tomaron declaración como investigados.

Esto es, imputados.

Nos han denunciado por “incitación a la discriminación” por pedir “igualdad ante la ley” en una concentración ante los juzgados feminaziss de Madrid.

Los denunciantes son un sindicalista de CC.OO., dos fiscales de los juzgados feminaziss y la jueza decana de los juzgados feminaziss.

Esto es, parte del colectivo de vividores de la industria del maltrato que casualmente sustentan su negocio en la discriminación.

Pese a los años transcurridos y las tristes experiencias al respecto, no deja de sorprenderme como falsean y manipulan esta gente.

Empezando por acusarnos de incitar a la discriminación por pedir igualdad ante la ley, tal y como estipula la Constitución Española en su artículo 14.

Los hechos denunciados se relataron en el siguiente enlace:

http://projusticia.es/concentracion-ante-los-juzgados-feminazis-de-manuel-tovar/

La Gaceta se hizo eco de lo sucedido.

http://gaceta.es/noticias/personas-retenidas-protestar-ley-violencia-genero-21022017-1233

No deja de ser una muestra más de la persecución al disidente/opositor y la indisimulada pretensión de atemorizar a quien osa sacar a la luz las mentiras feminazis.

 

PSOE exige al Gobierno que destine ya 200 millones contra violencia machista

 

Todos estos vividores de la industria del maltrato viven a costa del dinero público.

Necesitan  pagar sus gastos ordinarios y extraordinarios. La hipoteca, la comida, el coche, el ocio, las vacaciones, etc.

Todo ello a costa del dinero de todos y en base a las conocidas mentiras de las feminazis.

El resultado de su pretendida lucha contra el maltrato es un absoluto fracaso. Es precisamente lo que pretenden para poder seguir viviendo del cuento. Justificar más medios para administrar más “medicina” al enfermo imaginario.

Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes“. Albert Einstein.

Locas y malvadas.

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El PSOE reclama al Gobierno “que habilite ya un crédito extraordinario de 200 millones para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género”

08/11/2017

“Sin esa ampliación de crédito el Pacto queda herido de muerte”, ha afirmado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que, ante la prórroga de los PGE, el Gobierno apruebe, por Decreto-Ley, “el incremento de al menos 200 millones para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de violencia de género”.

La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, recuerda que el Pacto de Estado contra la violencia de género -que el Pleno del Congreso aprobó el pasado 28 de septiembre-, “contempla un compromiso económico por parte del Gobierno de mil millones de euros en los próximos 5 años”. “Ya advertimos de que seríamos exigentes con el cumplimiento de los acuerdos y reclamaríamos al gobierno diligencia en la puesta en marcha de las medidas, así como la habilitación de los recursos comprometidos”, ha señalado Álvarez. “Ahora, ante la evidencia de que el Gobierno va a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado, damos curso a esta exigencia pidiendo que se apruebe, mediante un Decreto-ley, la ampliación de crédito de, al menos, 200 millones de euros sobre los presupuestos de 2017 para dar cumplimiento al Pacto de Estado” al inicio del próximo ejercicio de 2018.

“Sin esa ampliación de crédito el Pacto queda herido de muerte”, ha afirmado Álvarez, quien ya indicó en el debate del Pacto celebrado a finales de julio que “está en manos del gobierno dar curso a la puesta en marcha de lo acordado” y que el PSOE no aceptaría “ningún tipo de evasiva para eludir la puesta en marcha de medidas que están enfocadas a salvar vidas”.

Álvarez ha querido insistir en que “ya no cabe una gestión relajada en esta materia” y anunció una batería de propuestas para indicar al Gobierno las acciones urgentes y prioritarias que ha de acometer el Ejecutivo para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto.

http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/export/sites/default/gps/resources/Prensa/Documentos/081117_Pacto_de_Estado_Violencia_de_Gxnero.pdf

http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/opencms/gps/elements/salaPrensa/noticias/listado/news_3813.html

PSOE exige al Gobierno que destine ya 200 millones contra violencia machista

08/11/2017

(EFE).-

El PSOE ha exigido al Gobierno que, en el caso de que se vaya a producir la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, apruebe una subida de al menos 200 millones en 2018 para cumplir las medidas contempladas en el pacto de violencia de género, porque lo contrario lo dejará “herido de muerte”.

Lo ha hecho en una proposición no de ley registrada hoy en el Congreso en la que recuerda que el Ejecutivo se ha comprometido a destinar una dotación económica en los próximos cinco años de 1.000 millones de euros para poner en marcha 213 medidas contempladas en el pacto, aprobado el pasado 28 de septiembre.

“Ya advertimos de que seríamos exigentes con el cumplimiento de los acuerdos y reclamaríamos al Gobierno diligencia en la puesta en marcha de las medidas”, ha subrayado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.

Por ello, ha pedido que se apruebe, mediante un decreto-ley, la ampliación de crédito de, al menos, 200 millones de euros sobre los presupuestos de 2017.

Sin ella, “el pacto queda herido de muerte”, ha advertido la diputada para insistir en que “ya no cabe una gestión relajada en esta materia”. EFE

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20171108/432725179265/psoe-exige-al-gobierno-que-destine-ya-200-millones-contra-violencia-machista.html

Las denuncias por violencia de género aumentaron un 18% de abril a junio

 

La industria del maltrato alentada y alimentada desde las instituciones.

Pese a la evidente falsedad de los datos la población sigue dándolos por buenos porque los facilita un organismo oficial y se difunde constantemente la mentira a través de todos los medios.

Aún existiendo querellas contra estas falsedades la opinión pública sigue adoctrinada en la mentira.

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Las denuncias por violencia de género aumentaron un 18% de abril a junio

Cada vez menos mujeres renuncian a declarar contra sus maridos. SERGIO VALERO

EFE – Madrid

23 OCT. 2017

Los juzgados españoles recibieron en el segundo trimestre de 2017 un total de 42.689 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 18%, según la estadística publicada hoy por el Poder Judicial, en la que figuran 40.366 mujeres víctimas de maltrato (un 20,7% más).

En el mismo periodo, se elevó también en tres puntos el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 67,2% del total de fallos dictados (8.885 condenas de 13.230 sentencias).

Destaca el descenso del número de mujeres que renuncian a declarar contra sus parejas, que siguen haciéndolo el 10,5%. Entre abril y junio de 2017 se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar 4.263 mujeres, frente a las 4.341 del mismo periodo de 2016 (un 1,8% menos).

Siguen siendo las mujeres extranjeras las que más renuncian a declarar contra su agresor (el 13,4 extranjeras y un 9,3 españolas).

El aumento de denuncias un 18% (han pasado de 36.166 denuncias en el segundo trimestre de 2016 a 42.689) significa un incremento de víctimas, en este caso del 20,7% (de 33.440 mujeres a 40.366).

El observatorio judicial refleja un incremento de siete puntos en las solicitudes de órdenes de protección (se pidieron 10.242, 9.586 un año antes) y cuatro puntos en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales.

La violencia de género se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 supera la media nacional (17) en Baleares (26,3), Murcia (21,8) y Comunidad Valenciana (21,3), mientras que la más baja se da en Castilla y León (10,8) y Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco (ligeramente superiores a 11).

Casi un 70% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales, mientras que el Poder Judicial aprecia un ligero descenso de las presentadas por familiares de las víctimas (sólo fueron el 2%)

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 15,25% de los casos.

En un 50% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección; un 3% de las víctimas que pidieron protección fueron mujeres menores de edad.

Derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 16.217 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio, la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión y las medidas privativas de libertad.

Al mismo tiempo se dictaron 4.138 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal; un 19% en relación con la prestación de alimentos y un 16,5% resolvieron la atribución de la vivienda, detalla la estadística.

En un 5,3% de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 3,7% de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.

La presidenta del observatorio judicial, Ángeles Carmona, ha destacado eldescenso del número de mujeres que renuncian a declarar durante el proceso y el mantenimiento de las medidas judiciales que buscan proteger a los menores, víctimas como son de la violencia de género.

Carmona también ha valorado el aumento de las condenas a los maltratadores y ha destacado la importancia de transmitir el mensaje de que “no hay impunidad para la violencia machista”.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/10/23/59edbf48468aeb15628b4668.html

 

El Congreso exige al Gobierno medidas para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres

 

Más privilegios basados en las habituales mentiras feminazis.

Las mujeres no cobran menos que los hombres por el mismo trabajo.

Si fuese verdad nadie contrataría hombres para así ahorrarse la diferencia en los salarios.

Además está severamente sancionado de forma que no merece la pena vulnerar la norma al respecto.

Da igual las obviedades, los datos, las declaraciones del ministro o del secretario general del sindicato… las feminazis no dudan en mantener sus falacias, instaurar un aparato de represión y exigir privilegios con la excusa de la igualdad.

Por supuesto, las medidas propuestas avanzan aún más en el control de las empresas y la creación de más estómagos agradecidos.

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El Congreso exige al Gobierno medidas para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres

18/10/2017

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes por unanimidad una moción de Unidos Podemos por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para corregir la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres en España.

Para lograrlo, los partidos piden la publicación de los salarios desglosada por género; que las empresas de al menos 50 trabajadores informen a éstos y los sindicatos de la remuneración media por categoría; o que se controlen los convenios colectivos para que no contengan cláusulas discriminatorias por razón de género.

Según ha explicado la portavoz de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, gran parte de estas medidas que se proponen ya están recogidas en las recomendaciones que la Comisión Europea trasladó en 2014 a los estados miembros, unas medidas que, según pedía, debían estar en marcha a finales de 2015. Sin embargo, España aún no las ha aplicado.

El texto firmado por todos los partidos representados en el Congreso, también llama a reforzar los sujetos con legitimación para la presentación de demandas por discriminación indirecta, dándole este poder, por ejemplo, a las asociaciones de mujeres, permitiendo así garantías específicas en el proceso de tutela de derechos fundamentales.

Potenciar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; reformar la normativa laboral y de funcionariado para favorecer la corresponsabilidad y la permanencia de las mujeres en el trabajo; aumentar de la tasa de actividad de las mujeres equiparando los permisos de maternidad y paternidad y con la racionalización de horarios y la financiación de una red de servicios sociales para la atención de las personas dependientes, son otros de los puntos más destacados de esta moción.

CIUDADANÍA Y SINDICATOS INVOLUCRADOS

Por parte del PP, su portavoz en esta materia, Celia Villalobos, ha señalado la necesidad e “involucrar a la sociedad” como acción “fundamental” para concienciar a los agentes sociales de que no se pueden negociar convenios colectivos con desigualdad porque, según ha denunciado, “siguen haciéndolo”, “Los sindicatos deben estar involucrados en esto”, ha señalado durante su intervención en el debate.

“La desigualdad tienen rostro de mujer”, ha declarado por su parte la diputada del PSOE Tamara Raya, quien ha apuntado que en el país existen “trabajadores pobres” y, en su mayoría “son mujeres”. Para la socialista, los problemas de la sociedad en esta materia son consecuencia de una Administración que no sabe solucionar la “inacción” de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien a su juicio, “marea la perdiz” para no reconocer la brecha salarial existente. “Póngase a trabajar y cumpla con el deber de luchar decididamente contra esta situación”, ha pedido Raya.

Del mismo modo, la portavoz de Ciudadanos en materia de Igualdad, Marta Martín, ha hecho un llamamiento a sus compañeras diputadas para denunciar que en el propio Congreso hay desigualdad salarial y les ha recordado que no existe un Plan de Igualdad en este sentido. “Os animo a que lo apoyéis y lo consideréis”, ha apuntado Martín, quien ha pedido para ella el mismo respeto y responsabilidad que sus compañeros varones.

En este sentido, el portavoz de PNV en este debate, Iñigo Barandiarán, ha destacado que la brecha salarial “no es un mero compromiso de las mujeres” sino de toda la sociedad y, aunque ha señalado que algunos puntos de la moción son “mejorables”, ha apuntado que “en lo fundamental” apoyan la iniciativa, destacando, además, el acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-congreso-exige-gobierno-medidas-eliminar-brecha-salarial-hombres-mujeres-20171017192052.html

El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

 

Se amplía la industria del maltrato agravando la inícua ley de violencia de género.

Más privilegios, más dinero público para alimentar estómagos agradecidos.

Todo ello basado en las consabidas mentiras feminazis.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

 

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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

El acuerdo incluye considerar a las madres de hijos asesinados como víctimas

Ruth Ortiz sigue las intervenciones en el pleno del Congreso de los Diputados desde la tribuna de invitados. LUIS SEVILLANO

PILAR ÁLVAREZ

Madrid  28 SEP 2017

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las 213 medidas para poner en marcha el Pacto de Estado para atajar la violencia machista. La propuesta ha salido adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.

Es el primer gran acuerdo de la legislatura y persigue que las mujeres y sus hijos estén protegidos en todo momento con medidas institucionales, educativas, judiciales o sanitarias, entre otras.  Contempla actuaciones para prevenir la violencia machista desde el colegio e incorpora como víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas para hacerles daño.

Más de un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde enero de 2001. Son 1.006 fallecidas, según el recuento elaborado por EL PAÍS desde entonces. En lo que va de año, hay 37 mujeres y seis menores asesinados, y cuatro casos en investigación. La última mujer muerta, de Cartagena, solo tenía 20 años y había denunciado a su pareja por amenazas apenas una hora antes de que morir asesinada. En Sestao, este mismo jueves, se investiga si otra mujer hallada muerta ha caído a manos de su pareja.

Los pactos de Estado alcanzados en democracia en España se pueden contar apenas con los dedos de una mano. Desde los históricos pactos de La Moncloa, de 1977, al pacto de Toledo centrado en las pensiones (1995) a los cuatro grandes acuerdos antiterroristas rubricados entre 1987 y 2015 contra ETA y el yihadismo. De ahí el empeño que han mostrado distintos grupos políticos para intentar la unanimidad que finalmente no se ha conseguido.

Los acuerdos del pacto, que en un plazo máximo de dos meses debe ser trasladado ahora a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades, será vigilado por una comisión de seguimiento que aún se debe constituir. Algunos requieren reformas legislativas.

Incluir  entre las víctimas de violencia machista a las madres de hijos asesinados supone que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación. En la tribuna, entre las asistentes al pleno, ha estado Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, a los que mató el padre, José Bretón. “Ya era hora”, ha asegurado Ortiz en una entrevista en la SER horas antes del debate. La madre de los dos menores asesinados ha asegurado sentirse “contenta” por el acuerdo porque supone “un paso bastante importante” para la lucha contra la violencia de género.

“Por todas las Ruth de España vamos a luchar contra esta lacra”, ha señalado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, mirando a Ortiz desde su asiento. “El maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha añadido.

El pleno ha votado las medidas recogidas en el informe elaborado a lo largo de los últimos seis meses por la subcomisión que se creó para impulsar el pacto y que ha escuchado a más de 60 expertos de distintos ámbitos. La previsión es incluir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, 200 millones anuales.

Enmienda a la totalidad

Unidos Podemos se ha abstenido tras presentar una enmienda “crítica” a la totalidad. “Este pacto no nos vale aunque las medidas que están ahí sean buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se van a poner en marcha”, ha señalado Ángela Rodríguez (En Marea) “No sabemos para quién es el pacto. No vale ni para las mujeres pobres, transexuales ni con diversidad funcional”, según Rodríguez. “Han dejado fuera también a las violadas”. La diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón ha añadido en la tribuna que su confederación no respalda la propuesta porque “es un pacto de mínimos, no es un pacto feminista y no soluciona el problema”. “Mientras estamos aquí haciendo discursos con florituras están discriminando, violando y asesinando a mujeres en este país”, ha añadido.

“Estos acuerdos atienden a la necesidad de comprometer más activamente al Estado en la lucha de la violencia que sufre las mujeres solo por el hecho de serlo”, ha resumido la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), que reclamó en su intervención a Unidos Podemos que “actúen con responsabilidad”. “El mejor ejemplo que hoy daremos no estará en la ruptura de la unidad”, ha dicho. “Tampoco está todo el presupuesto y todas las medidas que hubiese querido el PSOE pero todo lo que está es útil al conjunto de las víctimas”, ha señalado en referencia a los diputados abstencionistas. Su partido reclamará un crédito extraordinario de 200 millones de euros si la aprobación de los presupuestos se prorrogan aún más tras la paralización de las nuevas cuentas del Estado por la crisis catalana.

El caso Juana Rivas

Durante la tramitación en el Senado se incluyó una medida que pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Recuerda el caso vivido este verano por la granadina Juana Rivas, que se escondió con sus hijos durante un mes para no devolverlos al padre, condenado en 2009 por maltrato y que en la actualidad está con los menores en Italia. Uno de los votos particulares del PSOE alude a que los casos de sustracción de menores en los que hay malos tratos los lleven juzgados especializados, como reclama desde hace más de un año la defensa de Rivas. “Lo que ha ocurrido con Juana Rivas no hubiese pasado si la competencia penal para estos casos estuviera en los juzgados de Violencia”, ha añadido Álvarez.

ENTRE LAS PRINCIPALES MEDIDAS

  • Madres víctimas. Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia machista y podrán acceder así a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas.
  • Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
  • Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
  • Protección de los huérfanos y de hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
  • Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
  • Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
  • Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
  • Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
  • Dependencias separadas. El pacto prioriza la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor.
  • Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
  • Prevención en la escuela. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. No se exigirán requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio cuando se acredite una situación de violencia machista.
  • Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/actualidad/1506588859_420508.html

 

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 79 Pág. 1 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN Sesión plenaria núm. 75 celebrada el jueves 28 de septiembre de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-79.PDF

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

3 de agosto de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-199.PDF#page=3

El Congreso aprueba el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=25507&anyo=2017&mes=9&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null

Ley de Ingresos Mínimos y Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=25406&mostrarvolver=N

 

El Senado incluye una medida para evitar otro caso Juana Rivas en sus propuestas para el Pacto de Estado de Violencia de Género

 

El negocio de la industria del maltrato se amplia.

No les importa conculcar derechos fundamentales.

Si bien la mayor parte de las medidas acordadas ya están en vigor desde hace años, algunas desde la promulgación de la aberrante ley en 2004, se implementarán otras que no hacen sino agravar lo hecho hasta ahora otorgando aún más privilegios a un colectivo a costa de vulnerar los derechos del resto.

Son medidas para asegurarse la imposibilidad de defensa del acusado para facilitar la creación de estadísticas amañadas y poder justificar las propias medidas, los nuevos privilegios y la creación de nuevas partidas presupuestarias para crear nuevos puestos de trabajo para colocar a amigos y afiliados.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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267 medidas por unanimidad

El Senado incluye una medida para evitar otro caso Juana Rivas en sus propuestas para el Pacto de Estado de Violencia de Género

EUROPA PRESS – Madrid – 13 SEP. 2017

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los miembros de la Cámara (250 votos), el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio para alcanzar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene un total de 267 propuestas y recomendaciones al Gobierno, divididas en ocho apartados.

La votación del acuerdo ha concluido con una ovación de todos los parlamentarios y la enhorabuena del presidente, Pío García Escudero, a los miembros de la Ponencia. Lo que se ha ratificado ha sido la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, con un total de 267 medidas. También se han valorado 13 votos particulares, nueve del PSOE y cuatro de Unidos Podemos, que han sido rechazados con la mayoría parlamentaria del PP en la Cámara Alta.

Entre las medidas más destacadas, la Cámara Alta decidió incorporar una relacionada con el caso vivido este verano por Juana Rivas. Así, pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género.

Otras medidas llamativas proponen sustituir la declaración de la víctima de violencia de género en el juicio oral por la videograbación de su declaración en fase de investigación para evitar “una segunda victimización y la impunidad de los agresores” y estudiar las posibilidades en torno al derecho de dispensa de la víctima respecto al agresor. Igualmente, contempla el derecho de los jóvenes que han sufrido violencia de género a quitarse el apellido del padre maltratador.

En el marco de la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos -trata, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia sexual-, incluye un apartado específico en el que se contempla la realización de un plan de acción que visibilice la violencia sexual -a través de la recogida de datos y una macroencuesta-; así como que se realicen protocolos que actúen contra el “acoso callejero o la violencia sexual en las fiestas populares”.

También sugiere modificar la legislación con el fin de “dejar en suspenso” el régimen de visitas para los padres maltratadores durante la tramitación del procedimiento, y hasta que recaiga sentencia. Asimismo, contempla rechazar la custodia compartida en supuestos de violencia machista para que el menor no quede desprotegido; y la suspensión de la misma, si ya estaba acordado este régimen, en los casos en que se haya adoptado una orden de protección para la madre o para el menor. Para que los menores puedan recibir tratamiento psicológico, insta a eliminar el consentimiento informado de los padres y bastará con “ponerlo en conocimiento” de la otra parte.

El informe recoge, asimismo, impulsar con las comunidades autónomas que los puntos de encuentro familiar sean siempre específicos y no sean utilizados como instrumento de mediación, sino para aquellos supuestos en los que el juez establezca un régimen de visitas.

Además, insta a abordar en las estadísticas los abusos sexuales a menores y a realizar una Macroencuesta que saque a la luz el número de menores que sufren abusos sexuales. En cuanto a las madres de los niños asesinados por sus padres en el marco de esta violencia machista, sugiere que se reconozca a estas madres también como víctimas de violencia de género.

Para evitar la rebaja automática de la pena al maltratador por declararse culpable, insta a estudiar y valorar, junto al Consejo General del Poder Judicial, la supresión de este atenuante de confesión en delitos de asesinato por violencia de género.

Por otro lado, solicita la reforma del artículo de la Ley contra la violencia de género que regula la asistencia letrada a las víctimas para garantizar, “desde el primer momento y para todas las actuaciones y comparecencias en sede judicial” el derecho de la mujer a contar con la defensa de un abogado de forma gratuita. Asimismo, pide que las mujeres tengan acceso a apoyo y recursos sin necesidad de presentar denuncia, pudiendo ser acreditada su condición de víctima por los servicios sociales o sanitarios.

La unanimidad que no se logró en el Congreso

El Senado ha conseguido así mantener la unanimidad que el Congreso no logró en su comisión en julio cuando debatió su propio informe, ya que Podemos, ante la sorpresa de todos, decidió abstenerse. El informe de la Cámara Alta será remitido al Gobierno, junto con el del Congreso (que recogía 212 medidas), aunque el pleno de la Cámara Baja no tiene previsto aprobarlo hasta al menos finales de septiembre, según han confirmado fuentes parlamentarias.

A partir de las aprobaciones de los textos por los plenos de ambas Cámaras legislativas, el Ejecutivo tendrá dos meses para implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que prevé contar con un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir entre ayuntamientos, autonomías y Administración Central del Estado.

Durante la presentación del informe de la ponencia, la senadora ‘popular’, presidenta de la Comisión de Igualdad y ex secretaria de Estado de Igualdad,Susana Camarero, ha explicado que es fruto del “duro trabajo” de la ponencia de estudio y ha agradecido a todos los ponentes “su dedicación y esfuerzo”, su”voluntad de diálogo y consenso” y su “vocación de servicio”.

Además, la presidenta de la Comisión de Igualdad ha defendido que este informe es resultado de “un consenso histórico” y ha puesto de manifiesto que “sólo, desde la fuerza de la unanimidad”, se podrá acabar con el machismo y la violencia sobre la mujer.

Votos particulares y discrepancias

En el turno de defensa de los votos particulares, que han sido rechazados, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos ha explicado que su voto quería añadir el concepto de “diversidad funcional” porque, desde su punto de vista, “refuerza el valor de la dignidad”.

Por parte de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la senadora María Freixanetha detallado que su partido aboga por la creación de una ley marco contra todas las violencias machistas y después otras específicas para evitar la categorización de víctimas. Asimismo, la senadora de la formación morada ha declarado que falta “rigor en los compromisos” presupuestarios y que la distribución de los mismos es “arbitraria”. Además, cree que existe “falta de concreción” en algunos puntos. Así, considera que sus votos particulares “mejorarían” este informe, con propuestas que “generan acuerdo” en su gran mayoría.

Tras presentar sus nueve votos particulares, la senadora socialista Laura Berja ha dicho que “el tiempo apremia” para poner fin a esta lacra. En concreto, Berja ha indicado que el PSOE proponía reconocer la prostitución como una forma de violencia de género y abolirla, así como incorporar la explotación reproductiva de la mujer (gestación subrogada) como violencia de género y reconocer el impago de las pensiones alimenticias como violencia económica, entre otras cuestiones.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/13/59b96dd7468aeb097e8b465d.html

 

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jul.

268 medidas acordadas por el Senado y 13 discrepancias 212 medidas acordadas por el Congreso contra la Violencia de Género y 63 discrepancias

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

La Cámara Alta pide que en casos como el de Juana Rivas, la mujer no pueda ser acusada de sustracción de menores

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, y ha rechazado, con la mayoría del PP, 13 votos particulares, 9 presentados por el PSOE y 4 presentados por Podemos.

El texto será debatido en el pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre, según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias y se podrán volver a registrar votos particulares durane ese debate hasta el próximo 4 de septiembre.

El acuerdo pactado el pasado lunes por la Ponencia de estudio ha incorporado como novedad una nueva medida a través de un voto particular suscrito por todos los grupos de la Comisión que pretende evitar que se produzcan casos como el de la granadina Juana Rivas.

Concretamente, la Cámara Alta pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor.

El pacto recoge medidas en el ámbito asitencial, legislativo y educativo para mejorar la protección a las víctimas, así como sus hijos y a los huérfanos de la violencia de género y para atender la violencia sexual, con un presupuesto pactado de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Durante el debate, todos los grupos parlamentarios se han mostrado “orgullosos” del consenso alcanzado e incluso desde el PP se ha asegurado que la Comisión del Congreso no es tan “cordial” como la del Senado.

Sin embargo, la mayoría del PP ha sido suficiente para que se rechacen los nueve votos particulares presentados por el PSOE y los cuatro presentados por Podemos. Los ‘populares’ han argumentado el rechazo de los votos particulares argumentando que muchas de las medidas dependen de la negociación con las comunidades autónomas.

Las propuestas del PSOE perseguían la aprobación de medidas tendentes a abolir la prostitución; permitir a las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar que quieran abortar que no requieran el consentimiento paterno; reconocer el impago de pensiones alimenticias como violencia económica; o dignificar la jubilación para las mujeres víctimas de violencia de género que hayan recibido una Renta Activa de Inserción.

Asimismo, pedían incorporar en la educación la aportación de las mujeres al conocimiento; reconocer la “explotación reproductiva” (gestación subrogada) como violencia contra las mujeres; reformar la Ley para evitar el uso de la custodia compartida como preferente y mantenerla como excepcional; y acotar los plazos de tramitación de cada una de las medidas; y garantizar la asignación de procurador desde el momento en el que se designe abogado.

En cuanto Podemos, quería ampliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra sus mujeres por sus parejas o ex parejas; advertir de que la asignación económica es “arbitraria” y “sin garantías; exigir una formación “estructural” en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.

POSIBLE “MÁS ALLÁ” DE IDEOLOGÍAS

Para la presidenta de la Comisión de Igualdad y senadora del Grupo Parlamentario Popular, Susana Camarero, este acuerdo demuestra que el consenso “es posible”, aún defendiendo cada uno “sus intereses e ideologías”. “Hemos demostrado que el pacto y el acuerdo es posible más allá de las ideologías”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

“Estamos al lado de todas las víctimas, las que denuncian y las que no denuncian, porque hay un conjunto de medidas donde se pone de manifiesto que la denuncia ya no es la puerta de salida al maltrato, que hay otras formas de dar la condición de víctimas a las mujeres”, ha comentado la ‘popular’, resaltando también su preocupación de una “forma especial” por los menores y los jóvenes.

En este sentido, ha subrayado la incorporación de las medidas “necesarias” para evitar casos como el de la maltratada Juana Rivas, y evitar así que estas mujeres “puedan ser acusadas de sustracción de menores”.

SENSACIÓN “AGRIDULCE” DEL PSOE

Sin embargo, la senadora del Grupo Socialista Laura Berja ha asegurado que sale de este acuerdo con una “sensación agridulce” pero con una “actitud positiva, porque, en su opinión, “se han quedado cosas en el tintero”. “Espero que el pacto remueva conciencia y cambie actitudes”, ha apuntado la socialista.

“Necesitamos involucrar a todas las instituciones y agentes sociales. El PSOE estará vigilante a través de la Comisión de Seguimiento”, ha advertido, al tiempo que ha pedido que se “respeten” los compromisos presupuestarios.

Durante su intervención en la Comisión, la senadora de Podemos María Freixanet, ha asegurado que el informe, que recoge aquellas propuestas que “generan acuerdo”, “avanza” en la protección de las mujeres. “Estamos de acuerdo en trasladar estas propuestas para la firma de un Pacto de Estado”, ha indicado.

PODEMOS, DE ACUERDO EN TRASLADAR LAS PROPUESTAS A UN PACTO

“No creía que pudiéramos llegar hasta aquí, hasta esta apertura de miras con la que se ha trabajado. Hemos trabajado para detectar los fallos del sistema en la lucha contra la violencia de género, fallos como el del caso de Juana y sus hijos”, ha dicho Freixanet en contraste con sus compañeros del Congreso, que han decidido finalmente abstenerse en el acuerdo por considerarlo insuficiente.

SE VERÁ UN “CAMBIO RADICAL”

En la misma línea, la senadora del Grupo Parlamentario Vasco María Eugenia Iparragirre, ha destacado que el paso es “importante” pero que tiene que ser “un punto y seguido”; y Elisenda Pérez, de Esquerra Republicana, ha asegurado que si se aplican las medidas del informe se verá un “cambio radical” en la lucha contra la violencia machista.

“Todos tenemos que ponernos gafas de género desde que nos levantamos y aportar nuestro granito de arena, porque estamos ante una cuestión de Estado”, ha comentado Yaiza Castilla Herrera, de la Agrupación Socialista Gomera, del Grupo Parlamentario Mixto.

Por último, la senadora del PDeCAT Elisabet Abad, que ha actuado en sustitución del senador del Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, ha celebrado el acuerdo y el trabajo realizado por todos los participantes en la Ponencia.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-senado-aprueba-unanimidad-268-medidas-pacto-contra-violencia-genero-rechaza-13-votos-particulares-20170728141612.html

 

Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Susana Díaz olvida que no es diputada en el Parlamento italiano, país competente para resolver sobre el asunto. De hecho, ni siquiera es diputada en España.

No deja de ser una muestra de la concepción que tiene del Estado de derecho. Ese Estado en el que no hay división de poderes porque “Montesquieu ha muerto” según sentenció Alfonso Guerra tras modificar el PSOE el sistema de elección de jueces en 1985.

Según van apareciendo grietas en su legislación feminazi van haciendo remiendos con “perspectiva de género” cuya aplicación tiene el aberrante carácter de retroactivo.

El criterio de no legislar “en caliente” se obvia cuando está en juego la red clientelar creada bajo el paraguas de las leyes de género. Red que disfruta de una ingente cantidad de dinero público de cuyo destino real nada se sabe y del que no se exigen responsabilidades.

Susana Díaz se preocupa de sostener los organismos que realizan informes falsos que destrozan miles de vidas cada año.

No es sino una muestra más del desprecio a las decisiones judiciales que no les son favorables y de la obsesión por controlar la judicatura.

Un ejemplo de su concepción totalitaria del Estado.

No es de extrañar que tardase diez años en terminar la carrera de Derecho.

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Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Díaz urge a impedir por ley otorgar custodia a padres maltratadores EFE

Ángela de Bethencourt

Sevilla

29 AGO. 2017

Juana Rivas entrega a sus hijos al padre ante el ultimátum de la Justicia

La presidenta andaluza echa en falta la aplicación del pacto de estado contra la violencia de género en el caso de Juan Rivas.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido este martes un cambio legislativo que impida que un maltratador pueda tener la custodia de sus hijos: “Un buen padre no maltrata a una madre”, ha añadido.

Díaz ha defendido sin embargo el acatamiento de las decisión de la Justicia, que ha fallado en favor del ex marido de Juana Rivas y por la que la granadina se ha visto obligada a devolver voluntariamente a su ex pareja a sus dos hijos este lunes. Aunque ha considerado que el caso de Juana Rivas ha dejado en evidencia la urgencia de una modificación de la ley para evitar que el padre sobre el que haya recaído una sentencia firme por maltrato pueda tener la custodia de los hijos quienes son “víctimas directas” de la violencia de género.

En esta línea, la presidenta ha manifestado la insuficiente aplicación del reciente pacto de estado contra la violencia de género. Dicho pacto, aprobado por unanimidad política a finales del pasado mes de julio, cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros con una margen de aplicación de cinco años y 200 medidas.

Entre las medidas, se contempla aquellas para “prevenir, proteger y reparar” los daños que un ambiente familiar hostil por violencia de género provoque en los menores de edad o la no imposición de la custodia compartida en estos casos. Precisamente, el régimen de custodia compartida en Italia, país donde se encuentra la residencia familiar, es el que le propone su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri.

Susana Díaz ha comparecido este martes tras la primera reunión de su Consejo de Gobierno después del paréntesis del mes de agosto.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/08/29/59a5519d22601dab328b459b.html

 

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

 

El negocio de la industria del maltrato se amplia.

No les importa conculcar derechos fundamentales.

Si bien la mayor parte de las medidas acordadas ya están en vigor desde hace años, algunas desde la promulgación de la aberrante ley en 2004, se implementarán otras que no hacen sino agravar lo hecho hasta ahora otorgando aún más privilegios a un colectivo a costa de vulnerar los derechos del resto.

Son medidas para asegurarse la imposibilidad de defensa del acusado para facilitar la creación de estadísticas amañadas y poder justificar las propias medidas, los nuevos privilegios y la creación de nuevas partidas presupuestarias para crear nuevos puestos de trabajo para colocar a amigos y afiliados.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jul.

268 medidas acordadas por el Senado y 13 discrepancias 212 medidas acordadas por el Congreso contra la Violencia de Género y 63 discrepancias

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

La Cámara Alta pide que en casos como el de Juana Rivas, la mujer no pueda ser acusada de sustracción de menores

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, y ha rechazado, con la mayoría del PP, 13 votos particulares, 9 presentados por el PSOE y 4 presentados por Podemos.

El texto será debatido en el pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre, según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias y se podrán volver a registrar votos particulares durane ese debate hasta el próximo 4 de septiembre.

El acuerdo pactado el pasado lunes por la Ponencia de estudio ha incorporado como novedad una nueva medida a través de un voto particular suscrito por todos los grupos de la Comisión que pretende evitar que se produzcan casos como el de la granadina Juana Rivas.

Concretamente, la Cámara Alta pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor.

El pacto recoge medidas en el ámbito asitencial, legislativo y educativo para mejorar la protección a las víctimas, así como sus hijos y a los huérfanos de la violencia de género y para atender la violencia sexual, con un presupuesto pactado de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Durante el debate, todos los grupos parlamentarios se han mostrado “orgullosos” del consenso alcanzado e incluso desde el PP se ha asegurado que la Comisión del Congreso no es tan “cordial” como la del Senado.

Sin embargo, la mayoría del PP ha sido suficiente para que se rechacen los nueve votos particulares presentados por el PSOE y los cuatro presentados por Podemos. Los ‘populares’ han argumentado el rechazo de los votos particulares argumentando que muchas de las medidas dependen de la negociación con las comunidades autónomas.

Las propuestas del PSOE perseguían la aprobación de medidas tendentes a abolir la prostitución; permitir a las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar que quieran abortar que no requieran el consentimiento paterno; reconocer el impago de pensiones alimenticias como violencia económica; o dignificar la jubilación para las mujeres víctimas de violencia de género que hayan recibido una Renta Activa de Inserción.

Asimismo, pedían incorporar en la educación la aportación de las mujeres al conocimiento; reconocer la “explotación reproductiva” (gestación subrogada) como violencia contra las mujeres; reformar la Ley para evitar el uso de la custodia compartida como preferente y mantenerla como excepcional; y acotar los plazos de tramitación de cada una de las medidas; y garantizar la asignación de procurador desde el momento en el que se designe abogado.

En cuanto Podemos, quería ampliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra sus mujeres por sus parejas o ex parejas; advertir de que la asignación económica es “arbitraria” y “sin garantías; exigir una formación “estructural” en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.

POSIBLE “MÁS ALLÁ” DE IDEOLOGÍAS

Para la presidenta de la Comisión de Igualdad y senadora del Grupo Parlamentario Popular, Susana Camarero, este acuerdo demuestra que el consenso “es posible”, aún defendiendo cada uno “sus intereses e ideologías”. “Hemos demostrado que el pacto y el acuerdo es posible más allá de las ideologías”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

“Estamos al lado de todas las víctimas, las que denuncian y las que no denuncian, porque hay un conjunto de medidas donde se pone de manifiesto que la denuncia ya no es la puerta de salida al maltrato, que hay otras formas de dar la condición de víctimas a las mujeres”, ha comentado la ‘popular’, resaltando también su preocupación de una “forma especial” por los menores y los jóvenes.

En este sentido, ha subrayado la incorporación de las medidas “necesarias” para evitar casos como el de la maltratada Juana Rivas, y evitar así que estas mujeres “puedan ser acusadas de sustracción de menores”.

SENSACIÓN “AGRIDULCE” DEL PSOE

Sin embargo, la senadora del Grupo Socialista Laura Berja ha asegurado que sale de este acuerdo con una “sensación agridulce” pero con una “actitud positiva, porque, en su opinión, “se han quedado cosas en el tintero”. “Espero que el pacto remueva conciencia y cambie actitudes”, ha apuntado la socialista.

“Necesitamos involucrar a todas las instituciones y agentes sociales. El PSOE estará vigilante a través de la Comisión de Seguimiento”, ha advertido, al tiempo que ha pedido que se “respeten” los compromisos presupuestarios.

Durante su intervención en la Comisión, la senadora de Podemos María Freixanet, ha asegurado que el informe, que recoge aquellas propuestas que “generan acuerdo”, “avanza” en la protección de las mujeres. “Estamos de acuerdo en trasladar estas propuestas para la firma de un Pacto de Estado”, ha indicado.

PODEMOS, DE ACUERDO EN TRASLADAR LAS PROPUESTAS A UN PACTO

“No creía que pudiéramos llegar hasta aquí, hasta esta apertura de miras con la que se ha trabajado. Hemos trabajado para detectar los fallos del sistema en la lucha contra la violencia de género, fallos como el del caso de Juana y sus hijos”, ha dicho Freixanet en contraste con sus compañeros del Congreso, que han decidido finalmente abstenerse en el acuerdo por considerarlo insuficiente.

SE VERÁ UN “CAMBIO RADICAL”

En la misma línea, la senadora del Grupo Parlamentario Vasco María Eugenia Iparragirre, ha destacado que el paso es “importante” pero que tiene que ser “un punto y seguido”; y Elisenda Pérez, de Esquerra Republicana, ha asegurado que si se aplican las medidas del informe se verá un “cambio radical” en la lucha contra la violencia machista.

“Todos tenemos que ponernos gafas de género desde que nos levantamos y aportar nuestro granito de arena, porque estamos ante una cuestión de Estado”, ha comentado Yaiza Castilla Herrera, de la Agrupación Socialista Gomera, del Grupo Parlamentario Mixto.

Por último, la senadora del PDeCAT Elisabet Abad, que ha actuado en sustitución del senador del Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, ha celebrado el acuerdo y el trabajo realizado por todos los participantes en la Ponencia.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-senado-aprueba-unanimidad-268-medidas-pacto-contra-violencia-genero-rechaza-13-votos-particulares-20170728141612.html