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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

 

Se amplía la industria del maltrato agravando la inícua ley de violencia de género.

Más privilegios, más dinero público para alimentar estómagos agradecidos.

Todo ello basado en las consabidas mentiras feminazis.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

 

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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

El acuerdo incluye considerar a las madres de hijos asesinados como víctimas

Ruth Ortiz sigue las intervenciones en el pleno del Congreso de los Diputados desde la tribuna de invitados. LUIS SEVILLANO

PILAR ÁLVAREZ

Madrid  28 SEP 2017

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las 213 medidas para poner en marcha el Pacto de Estado para atajar la violencia machista. La propuesta ha salido adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.

Es el primer gran acuerdo de la legislatura y persigue que las mujeres y sus hijos estén protegidos en todo momento con medidas institucionales, educativas, judiciales o sanitarias, entre otras.  Contempla actuaciones para prevenir la violencia machista desde el colegio e incorpora como víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas para hacerles daño.

Más de un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde enero de 2001. Son 1.006 fallecidas, según el recuento elaborado por EL PAÍS desde entonces. En lo que va de año, hay 37 mujeres y seis menores asesinados, y cuatro casos en investigación. La última mujer muerta, de Cartagena, solo tenía 20 años y había denunciado a su pareja por amenazas apenas una hora antes de que morir asesinada. En Sestao, este mismo jueves, se investiga si otra mujer hallada muerta ha caído a manos de su pareja.

Los pactos de Estado alcanzados en democracia en España se pueden contar apenas con los dedos de una mano. Desde los históricos pactos de La Moncloa, de 1977, al pacto de Toledo centrado en las pensiones (1995) a los cuatro grandes acuerdos antiterroristas rubricados entre 1987 y 2015 contra ETA y el yihadismo. De ahí el empeño que han mostrado distintos grupos políticos para intentar la unanimidad que finalmente no se ha conseguido.

Los acuerdos del pacto, que en un plazo máximo de dos meses debe ser trasladado ahora a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades, será vigilado por una comisión de seguimiento que aún se debe constituir. Algunos requieren reformas legislativas.

Incluir  entre las víctimas de violencia machista a las madres de hijos asesinados supone que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación. En la tribuna, entre las asistentes al pleno, ha estado Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, a los que mató el padre, José Bretón. “Ya era hora”, ha asegurado Ortiz en una entrevista en la SER horas antes del debate. La madre de los dos menores asesinados ha asegurado sentirse “contenta” por el acuerdo porque supone “un paso bastante importante” para la lucha contra la violencia de género.

“Por todas las Ruth de España vamos a luchar contra esta lacra”, ha señalado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, mirando a Ortiz desde su asiento. “El maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha añadido.

El pleno ha votado las medidas recogidas en el informe elaborado a lo largo de los últimos seis meses por la subcomisión que se creó para impulsar el pacto y que ha escuchado a más de 60 expertos de distintos ámbitos. La previsión es incluir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, 200 millones anuales.

Enmienda a la totalidad

Unidos Podemos se ha abstenido tras presentar una enmienda “crítica” a la totalidad. “Este pacto no nos vale aunque las medidas que están ahí sean buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se van a poner en marcha”, ha señalado Ángela Rodríguez (En Marea) “No sabemos para quién es el pacto. No vale ni para las mujeres pobres, transexuales ni con diversidad funcional”, según Rodríguez. “Han dejado fuera también a las violadas”. La diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón ha añadido en la tribuna que su confederación no respalda la propuesta porque “es un pacto de mínimos, no es un pacto feminista y no soluciona el problema”. “Mientras estamos aquí haciendo discursos con florituras están discriminando, violando y asesinando a mujeres en este país”, ha añadido.

“Estos acuerdos atienden a la necesidad de comprometer más activamente al Estado en la lucha de la violencia que sufre las mujeres solo por el hecho de serlo”, ha resumido la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), que reclamó en su intervención a Unidos Podemos que “actúen con responsabilidad”. “El mejor ejemplo que hoy daremos no estará en la ruptura de la unidad”, ha dicho. “Tampoco está todo el presupuesto y todas las medidas que hubiese querido el PSOE pero todo lo que está es útil al conjunto de las víctimas”, ha señalado en referencia a los diputados abstencionistas. Su partido reclamará un crédito extraordinario de 200 millones de euros si la aprobación de los presupuestos se prorrogan aún más tras la paralización de las nuevas cuentas del Estado por la crisis catalana.

El caso Juana Rivas

Durante la tramitación en el Senado se incluyó una medida que pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Recuerda el caso vivido este verano por la granadina Juana Rivas, que se escondió con sus hijos durante un mes para no devolverlos al padre, condenado en 2009 por maltrato y que en la actualidad está con los menores en Italia. Uno de los votos particulares del PSOE alude a que los casos de sustracción de menores en los que hay malos tratos los lleven juzgados especializados, como reclama desde hace más de un año la defensa de Rivas. “Lo que ha ocurrido con Juana Rivas no hubiese pasado si la competencia penal para estos casos estuviera en los juzgados de Violencia”, ha añadido Álvarez.

ENTRE LAS PRINCIPALES MEDIDAS

  • Madres víctimas. Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia machista y podrán acceder así a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas.
  • Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
  • Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
  • Protección de los huérfanos y de hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
  • Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
  • Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
  • Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
  • Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
  • Dependencias separadas. El pacto prioriza la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor.
  • Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
  • Prevención en la escuela. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. No se exigirán requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio cuando se acredite una situación de violencia machista.
  • Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/actualidad/1506588859_420508.html

 

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 79 Pág. 1 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN Sesión plenaria núm. 75 celebrada el jueves 28 de septiembre de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-79.PDF

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

3 de agosto de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-199.PDF#page=3

El Congreso aprueba el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=25507&anyo=2017&mes=9&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null

Ley de Ingresos Mínimos y Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=25406&mostrarvolver=N

 

Montserrat: «No hay mujer con pulsera contra la violencia de género que haya sido asesinada»

 

La industria del maltrato continua boyante.

La ministra presume de gastar 15.000.000 de euros en una nueva remesa de pulseras para controlar a los maltratadores. El contrato “mayor de la democracia”.

Ni que estuviesen chapadas en oro.

La ministra miente cuando dice que ”no hay mujer que tenga pulsera que haya sido asesinada” cuando la realidad es bien distinta pues las pulseras no impiden que las mujeres sean asesinadas. Basta una sencilla búsqueda en internet para comprobar que la ministra miente.

De hecho, tres cuartas partes de las pulseras ni siquiera se usan lo que no impide que se hayan comprado varias remesas en estos años cuyo destino ha sido coger polvo en los almacenes correspondientes.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

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Montserrat: «No hay mujer con pulsera contra la violencia de género que haya sido asesinada»

El nuevo contrato del Gobierno, dotado con 15 millones de euros, es el «mayor de la democracia»

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso – EFE

PALOMA CERVILLA

Madrid – 20/09/2017

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado que la instalación de pulseras de protección en las mujeres víctimas de violencia de género se ha incrementado un 41% desde julio de 2016 a julio de este año, alcanzando las 4.786 más. Ello supone que «no hay mujer que tenga pulsera que haya sido asesinada» y que se incrementa la protección.

Montserrat respondía con este dato a la pregunta de la diputada popular Elena María Bastidas sobre «el contenido del nuevo contrato de adquisición de pulseras para la protección de las víctimas de la violencia de género autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de septiembre».

La ministra aseguro que es el «contrato mayor de la democracia», dotado con un presupuesto de 15 millones de euros, y que las ventajas son «la renovación tecnológica al pasar del 2G, al 3G y el 4G, lo que redunda en mayor seguridad para las víctimas. El contrato también prevé la sustitución progresiva de las pulseras más antiguas a las más actualizadas».

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-pulseras-proteccion-contra-violencia-genero-aumentan-41-por-ciento-201709201155_noticia.html

 

La ayuda valenciana por violencia machista se equiparará a la del terrorismo

 

Más dinero público para la industria del maltrato.

Más estómagos agradecidos viviendo a costa del dinero de todos.

Todo ello basado en las conocidas mentiras de las feministas y suprimiendo derechos y libertades sustentados en principios jurídicos elementales. La igualdad ante la ley o la presunción de inocencia seguirán siendo conculcados por el hecho de pertenecer a un colectivo.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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La ayuda valenciana por violencia machista se equiparará a la del terrorismo

Firma del pacto.

Firma del pacto.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere firmado hoy recoge cerca de 300 medidas

EFE – Valencia

Lunes, 18 septiembre 2017

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere recoge cerca de 300 medidas para situar la violencia machista como un problema social estructural, entre las que destaca la equiparación de las ayudas a estas víctimas con las que perciben los muertos por acciones terroristas.

Esto implica que las ayudas pasen de los 6.000 euros actuales a 75.000 y se une a otras acciones encaminadas a fomentar la educación en igualdad o atajar las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, además de una ampliación presupuestaria del 10 %, que en el caso de la Conselleria de Igualdad llegará a los 12 millones de euros.

El pacto, suscrito hoy por 63 representantes de diferentes instituciones y entidades, ha sido firmado en el Centre del Carme y presentado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en un acto al que han asistido representantes políticos y de la sociedad civil.

Puig ha afirmado que con esta firma se pasa de las palabras a los hechos ante una realidad que “no es tolerable”, mientras que Oltra, que también es consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha dicho sobre esta lucha: “La vamos a ganar porque tenemos la razón”.

 

http://www.lasprovincias.es/comunitat/ayudas-valenciana-violencia-genero-20170918125647-nt.html

 

El Senado incluye una medida para evitar otro caso Juana Rivas en sus propuestas para el Pacto de Estado de Violencia de Género

 

El negocio de la industria del maltrato se amplia.

No les importa conculcar derechos fundamentales.

Si bien la mayor parte de las medidas acordadas ya están en vigor desde hace años, algunas desde la promulgación de la aberrante ley en 2004, se implementarán otras que no hacen sino agravar lo hecho hasta ahora otorgando aún más privilegios a un colectivo a costa de vulnerar los derechos del resto.

Son medidas para asegurarse la imposibilidad de defensa del acusado para facilitar la creación de estadísticas amañadas y poder justificar las propias medidas, los nuevos privilegios y la creación de nuevas partidas presupuestarias para crear nuevos puestos de trabajo para colocar a amigos y afiliados.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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267 medidas por unanimidad

El Senado incluye una medida para evitar otro caso Juana Rivas en sus propuestas para el Pacto de Estado de Violencia de Género

EUROPA PRESS – Madrid – 13 SEP. 2017

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los miembros de la Cámara (250 votos), el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio para alcanzar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene un total de 267 propuestas y recomendaciones al Gobierno, divididas en ocho apartados.

La votación del acuerdo ha concluido con una ovación de todos los parlamentarios y la enhorabuena del presidente, Pío García Escudero, a los miembros de la Ponencia. Lo que se ha ratificado ha sido la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, con un total de 267 medidas. También se han valorado 13 votos particulares, nueve del PSOE y cuatro de Unidos Podemos, que han sido rechazados con la mayoría parlamentaria del PP en la Cámara Alta.

Entre las medidas más destacadas, la Cámara Alta decidió incorporar una relacionada con el caso vivido este verano por Juana Rivas. Así, pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género.

Otras medidas llamativas proponen sustituir la declaración de la víctima de violencia de género en el juicio oral por la videograbación de su declaración en fase de investigación para evitar “una segunda victimización y la impunidad de los agresores” y estudiar las posibilidades en torno al derecho de dispensa de la víctima respecto al agresor. Igualmente, contempla el derecho de los jóvenes que han sufrido violencia de género a quitarse el apellido del padre maltratador.

En el marco de la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos -trata, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia sexual-, incluye un apartado específico en el que se contempla la realización de un plan de acción que visibilice la violencia sexual -a través de la recogida de datos y una macroencuesta-; así como que se realicen protocolos que actúen contra el “acoso callejero o la violencia sexual en las fiestas populares”.

También sugiere modificar la legislación con el fin de “dejar en suspenso” el régimen de visitas para los padres maltratadores durante la tramitación del procedimiento, y hasta que recaiga sentencia. Asimismo, contempla rechazar la custodia compartida en supuestos de violencia machista para que el menor no quede desprotegido; y la suspensión de la misma, si ya estaba acordado este régimen, en los casos en que se haya adoptado una orden de protección para la madre o para el menor. Para que los menores puedan recibir tratamiento psicológico, insta a eliminar el consentimiento informado de los padres y bastará con “ponerlo en conocimiento” de la otra parte.

El informe recoge, asimismo, impulsar con las comunidades autónomas que los puntos de encuentro familiar sean siempre específicos y no sean utilizados como instrumento de mediación, sino para aquellos supuestos en los que el juez establezca un régimen de visitas.

Además, insta a abordar en las estadísticas los abusos sexuales a menores y a realizar una Macroencuesta que saque a la luz el número de menores que sufren abusos sexuales. En cuanto a las madres de los niños asesinados por sus padres en el marco de esta violencia machista, sugiere que se reconozca a estas madres también como víctimas de violencia de género.

Para evitar la rebaja automática de la pena al maltratador por declararse culpable, insta a estudiar y valorar, junto al Consejo General del Poder Judicial, la supresión de este atenuante de confesión en delitos de asesinato por violencia de género.

Por otro lado, solicita la reforma del artículo de la Ley contra la violencia de género que regula la asistencia letrada a las víctimas para garantizar, “desde el primer momento y para todas las actuaciones y comparecencias en sede judicial” el derecho de la mujer a contar con la defensa de un abogado de forma gratuita. Asimismo, pide que las mujeres tengan acceso a apoyo y recursos sin necesidad de presentar denuncia, pudiendo ser acreditada su condición de víctima por los servicios sociales o sanitarios.

La unanimidad que no se logró en el Congreso

El Senado ha conseguido así mantener la unanimidad que el Congreso no logró en su comisión en julio cuando debatió su propio informe, ya que Podemos, ante la sorpresa de todos, decidió abstenerse. El informe de la Cámara Alta será remitido al Gobierno, junto con el del Congreso (que recogía 212 medidas), aunque el pleno de la Cámara Baja no tiene previsto aprobarlo hasta al menos finales de septiembre, según han confirmado fuentes parlamentarias.

A partir de las aprobaciones de los textos por los plenos de ambas Cámaras legislativas, el Ejecutivo tendrá dos meses para implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que prevé contar con un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir entre ayuntamientos, autonomías y Administración Central del Estado.

Durante la presentación del informe de la ponencia, la senadora ‘popular’, presidenta de la Comisión de Igualdad y ex secretaria de Estado de Igualdad,Susana Camarero, ha explicado que es fruto del “duro trabajo” de la ponencia de estudio y ha agradecido a todos los ponentes “su dedicación y esfuerzo”, su”voluntad de diálogo y consenso” y su “vocación de servicio”.

Además, la presidenta de la Comisión de Igualdad ha defendido que este informe es resultado de “un consenso histórico” y ha puesto de manifiesto que “sólo, desde la fuerza de la unanimidad”, se podrá acabar con el machismo y la violencia sobre la mujer.

Votos particulares y discrepancias

En el turno de defensa de los votos particulares, que han sido rechazados, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos ha explicado que su voto quería añadir el concepto de “diversidad funcional” porque, desde su punto de vista, “refuerza el valor de la dignidad”.

Por parte de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la senadora María Freixanetha detallado que su partido aboga por la creación de una ley marco contra todas las violencias machistas y después otras específicas para evitar la categorización de víctimas. Asimismo, la senadora de la formación morada ha declarado que falta “rigor en los compromisos” presupuestarios y que la distribución de los mismos es “arbitraria”. Además, cree que existe “falta de concreción” en algunos puntos. Así, considera que sus votos particulares “mejorarían” este informe, con propuestas que “generan acuerdo” en su gran mayoría.

Tras presentar sus nueve votos particulares, la senadora socialista Laura Berja ha dicho que “el tiempo apremia” para poner fin a esta lacra. En concreto, Berja ha indicado que el PSOE proponía reconocer la prostitución como una forma de violencia de género y abolirla, así como incorporar la explotación reproductiva de la mujer (gestación subrogada) como violencia de género y reconocer el impago de las pensiones alimenticias como violencia económica, entre otras cuestiones.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/13/59b96dd7468aeb097e8b465d.html

 

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jul.

268 medidas acordadas por el Senado y 13 discrepancias 212 medidas acordadas por el Congreso contra la Violencia de Género y 63 discrepancias

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

La Cámara Alta pide que en casos como el de Juana Rivas, la mujer no pueda ser acusada de sustracción de menores

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, y ha rechazado, con la mayoría del PP, 13 votos particulares, 9 presentados por el PSOE y 4 presentados por Podemos.

El texto será debatido en el pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre, según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias y se podrán volver a registrar votos particulares durane ese debate hasta el próximo 4 de septiembre.

El acuerdo pactado el pasado lunes por la Ponencia de estudio ha incorporado como novedad una nueva medida a través de un voto particular suscrito por todos los grupos de la Comisión que pretende evitar que se produzcan casos como el de la granadina Juana Rivas.

Concretamente, la Cámara Alta pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor.

El pacto recoge medidas en el ámbito asitencial, legislativo y educativo para mejorar la protección a las víctimas, así como sus hijos y a los huérfanos de la violencia de género y para atender la violencia sexual, con un presupuesto pactado de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Durante el debate, todos los grupos parlamentarios se han mostrado “orgullosos” del consenso alcanzado e incluso desde el PP se ha asegurado que la Comisión del Congreso no es tan “cordial” como la del Senado.

Sin embargo, la mayoría del PP ha sido suficiente para que se rechacen los nueve votos particulares presentados por el PSOE y los cuatro presentados por Podemos. Los ‘populares’ han argumentado el rechazo de los votos particulares argumentando que muchas de las medidas dependen de la negociación con las comunidades autónomas.

Las propuestas del PSOE perseguían la aprobación de medidas tendentes a abolir la prostitución; permitir a las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar que quieran abortar que no requieran el consentimiento paterno; reconocer el impago de pensiones alimenticias como violencia económica; o dignificar la jubilación para las mujeres víctimas de violencia de género que hayan recibido una Renta Activa de Inserción.

Asimismo, pedían incorporar en la educación la aportación de las mujeres al conocimiento; reconocer la “explotación reproductiva” (gestación subrogada) como violencia contra las mujeres; reformar la Ley para evitar el uso de la custodia compartida como preferente y mantenerla como excepcional; y acotar los plazos de tramitación de cada una de las medidas; y garantizar la asignación de procurador desde el momento en el que se designe abogado.

En cuanto Podemos, quería ampliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra sus mujeres por sus parejas o ex parejas; advertir de que la asignación económica es “arbitraria” y “sin garantías; exigir una formación “estructural” en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.

POSIBLE “MÁS ALLÁ” DE IDEOLOGÍAS

Para la presidenta de la Comisión de Igualdad y senadora del Grupo Parlamentario Popular, Susana Camarero, este acuerdo demuestra que el consenso “es posible”, aún defendiendo cada uno “sus intereses e ideologías”. “Hemos demostrado que el pacto y el acuerdo es posible más allá de las ideologías”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

“Estamos al lado de todas las víctimas, las que denuncian y las que no denuncian, porque hay un conjunto de medidas donde se pone de manifiesto que la denuncia ya no es la puerta de salida al maltrato, que hay otras formas de dar la condición de víctimas a las mujeres”, ha comentado la ‘popular’, resaltando también su preocupación de una “forma especial” por los menores y los jóvenes.

En este sentido, ha subrayado la incorporación de las medidas “necesarias” para evitar casos como el de la maltratada Juana Rivas, y evitar así que estas mujeres “puedan ser acusadas de sustracción de menores”.

SENSACIÓN “AGRIDULCE” DEL PSOE

Sin embargo, la senadora del Grupo Socialista Laura Berja ha asegurado que sale de este acuerdo con una “sensación agridulce” pero con una “actitud positiva, porque, en su opinión, “se han quedado cosas en el tintero”. “Espero que el pacto remueva conciencia y cambie actitudes”, ha apuntado la socialista.

“Necesitamos involucrar a todas las instituciones y agentes sociales. El PSOE estará vigilante a través de la Comisión de Seguimiento”, ha advertido, al tiempo que ha pedido que se “respeten” los compromisos presupuestarios.

Durante su intervención en la Comisión, la senadora de Podemos María Freixanet, ha asegurado que el informe, que recoge aquellas propuestas que “generan acuerdo”, “avanza” en la protección de las mujeres. “Estamos de acuerdo en trasladar estas propuestas para la firma de un Pacto de Estado”, ha indicado.

PODEMOS, DE ACUERDO EN TRASLADAR LAS PROPUESTAS A UN PACTO

“No creía que pudiéramos llegar hasta aquí, hasta esta apertura de miras con la que se ha trabajado. Hemos trabajado para detectar los fallos del sistema en la lucha contra la violencia de género, fallos como el del caso de Juana y sus hijos”, ha dicho Freixanet en contraste con sus compañeros del Congreso, que han decidido finalmente abstenerse en el acuerdo por considerarlo insuficiente.

SE VERÁ UN “CAMBIO RADICAL”

En la misma línea, la senadora del Grupo Parlamentario Vasco María Eugenia Iparragirre, ha destacado que el paso es “importante” pero que tiene que ser “un punto y seguido”; y Elisenda Pérez, de Esquerra Republicana, ha asegurado que si se aplican las medidas del informe se verá un “cambio radical” en la lucha contra la violencia machista.

“Todos tenemos que ponernos gafas de género desde que nos levantamos y aportar nuestro granito de arena, porque estamos ante una cuestión de Estado”, ha comentado Yaiza Castilla Herrera, de la Agrupación Socialista Gomera, del Grupo Parlamentario Mixto.

Por último, la senadora del PDeCAT Elisabet Abad, que ha actuado en sustitución del senador del Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, ha celebrado el acuerdo y el trabajo realizado por todos los participantes en la Ponencia.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-senado-aprueba-unanimidad-268-medidas-pacto-contra-violencia-genero-rechaza-13-votos-particulares-20170728141612.html

 

Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Susana Díaz olvida que no es diputada en el Parlamento italiano, país competente para resolver sobre el asunto. De hecho, ni siquiera es diputada en España.

No deja de ser una muestra de la concepción que tiene del Estado de derecho. Ese Estado en el que no hay división de poderes porque “Montesquieu ha muerto” según sentenció Alfonso Guerra tras modificar el PSOE el sistema de elección de jueces en 1985.

Según van apareciendo grietas en su legislación feminazi van haciendo remiendos con “perspectiva de género” cuya aplicación tiene el aberrante carácter de retroactivo.

El criterio de no legislar “en caliente” se obvia cuando está en juego la red clientelar creada bajo el paraguas de las leyes de género. Red que disfruta de una ingente cantidad de dinero público de cuyo destino real nada se sabe y del que no se exigen responsabilidades.

Susana Díaz se preocupa de sostener los organismos que realizan informes falsos que destrozan miles de vidas cada año.

No es sino una muestra más del desprecio a las decisiones judiciales que no les son favorables y de la obsesión por controlar la judicatura.

Un ejemplo de su concepción totalitaria del Estado.

No es de extrañar que tardase diez años en terminar la carrera de Derecho.

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Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Díaz urge a impedir por ley otorgar custodia a padres maltratadores EFE

Ángela de Bethencourt

Sevilla

29 AGO. 2017

Juana Rivas entrega a sus hijos al padre ante el ultimátum de la Justicia

La presidenta andaluza echa en falta la aplicación del pacto de estado contra la violencia de género en el caso de Juan Rivas.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido este martes un cambio legislativo que impida que un maltratador pueda tener la custodia de sus hijos: “Un buen padre no maltrata a una madre”, ha añadido.

Díaz ha defendido sin embargo el acatamiento de las decisión de la Justicia, que ha fallado en favor del ex marido de Juana Rivas y por la que la granadina se ha visto obligada a devolver voluntariamente a su ex pareja a sus dos hijos este lunes. Aunque ha considerado que el caso de Juana Rivas ha dejado en evidencia la urgencia de una modificación de la ley para evitar que el padre sobre el que haya recaído una sentencia firme por maltrato pueda tener la custodia de los hijos quienes son “víctimas directas” de la violencia de género.

En esta línea, la presidenta ha manifestado la insuficiente aplicación del reciente pacto de estado contra la violencia de género. Dicho pacto, aprobado por unanimidad política a finales del pasado mes de julio, cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros con una margen de aplicación de cinco años y 200 medidas.

Entre las medidas, se contempla aquellas para “prevenir, proteger y reparar” los daños que un ambiente familiar hostil por violencia de género provoque en los menores de edad o la no imposición de la custodia compartida en estos casos. Precisamente, el régimen de custodia compartida en Italia, país donde se encuentra la residencia familiar, es el que le propone su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri.

Susana Díaz ha comparecido este martes tras la primera reunión de su Consejo de Gobierno después del paréntesis del mes de agosto.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/08/29/59a5519d22601dab328b459b.html

 

Cada año miles de Juanas Rivas

Cada año miles de Juanas Rivas.

 

25 de agosto de 2017

 

El caso de Juana Rivas no es sino uno más de los que se dan cada año en España en los más de cien mil separaciones y divorcios que se producen anualmente. Separaciones en las que se fabrican hijos huérfanos de padres vivos por no respetar la custodia compartida.

No les hace falta poner miles de kilómetros entre sus hijos y los padres.

Les basta con acudir al juzgado; reclamar la propiedad de los hijos; asegurarse el uso y disfrute de los bienes del ex; presentar una denuncia falsa de maltrato con su correspondiente informe falso; servirse del aparato del Estado creado al efecto y alienar a los hijos en contra del padre.

Sólo queda esperar a que las dilaciones judiciales, la política de hechos consumados, el lavado de cerebro a los hijos y la impunidad de sus delitos les confirmen la propiedad de los hijos aún en contra de la legislación y la jurisprudencia vigentes.

Poco les importa el daño que causen a sus propios hijos que para ellas son sólo las herramientas con las que se aseguran el nivel de vida al no respetar los legisladores y los jueces la propiedad privada.

Me voy a mi casa con mis hijos” declaró Juana Rivas en la puerta del juzgado pese a tener orden de detención y estar obligada a entregar a los niños, consciente de estar por encima de la ley. O mejor dicho, de que la ley es lo que le a ella se le ponga entre ceja y ceja en cada momento y lugar.

El Estado de Derecho, el imperio de la ley, conculcado diariamente en los juzgados españoles.

La aplicación del derecho con “perspectiva de género” según el cual lo que haga una mujer siempre está bien y el juez sólo puede decir amén so pena de ser inhabilitado tras la correspondiente persecución y muerte civil.

Leyes basadas en el derecho penal de autor, como bien nos ilustra el juez granadino, D. Manuel Piñar:

Para el magistrado granadino, este “excesivo celo ideológico” de proteger a la mujer “está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho”.

El criterio ideológico con el que se aplica el derecho penal de autor es puesto de manifiesto por el juez Piñar: “Posicionamiento [el de la Fiscalía] que puede ser preludio sin duda de ese principio de oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales (…) y practicaban con asiduidad los fiscales al servicio de Hitler o Stalin aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes”.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

www.libertaddigital.com/sociedad/2011-09-08/un-juez-cree-asegura-que-la-fiscalia-impide-la-persecucion-a-la-falsas-maltratadas-1276434741/

La igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y demás principios jurídicos básicos llevan años arrumbados en los archivadores de los juzgados españoles.

 

Dpto. de prensa

Asociación PROJUSTICIA

info@projusticia.es

www.projusticia.es

Telf.: 620100000

 

www.projusticia.es/cada-ano-miles-de-juanas-rivas

 

1.- Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a legislar en base al derecho penal de autor.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

2.- Ley integral contra la violencia de género.

www.projusticia.es/ley-integral-contra-la-violencia-de-genero

3.- Ley del divorcio.

www.projusticia.es/ley-del-divorcio

4.- Ley de igualdad o de desigualdad

www.projusticia.es/ley-de-igualdad

5.- Denuncias falsas.

www.projusticia.es/denuncias-falsas

6.- Mujeres maltratadoras

www.projusticia.es/mujeres-maltratadoras

7.- “Privilegios” de las “maltratadas”.

www.projusticia.es/anterior/informes/documentos/informe%20del%20CES.htm

8.- Industria del maltrato.

www.projusticia.es/industria-del-maltrato

9.- ¿Casas de acogida o negocio?

www.projusticia.es/casas-de-acogida-ayuda-a-las-victimas-o-negocio-a-costa-de-ellas

10.- La violencia en la pareja, bidireccional y simétrica.

www.projusticia.es/anterior/estudios/Espana/la-violencia-sobre-la-pareja-bidireccional-y-simetrica.html

11.- Las mentiras de las feministas.

www.projusticia.es/mentiras-de-las-feministas

12.- Custodia Compartida.

www.projusticia.es/custodia-compartida

13.- Padres divorciados, padres maltratados.

www.projusticia.es/padres-divorciados-padres-maltratados

14.- La falacia del argumento de los niños maleta.

www.projusticia.es/anterior/audiovisual/presentaciones/la-falacia-del-argumento-de-los-ninos-maleta.ppt

15.- Los jueces de familia incumplen la ley y la jurisprudencia.

http://projusticia.es/los-jueces-de-familia-incumplen-la-ley-y-la-jurisprudencia/

 

Notas de prensa anteriores

www.projusticia.es/notas-de-prensa

 

Ejemplos de la legislación feminazi española.

– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la “igualdad” efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

www.projusticia.es/ley-de-igualdad/

– Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 37. Protección contra los malos tratos.

El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:

  1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

www.projusticia.es\ley-integral-de-violencia-de-genero

– Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

Artículo 4

Carga de la prueba

  1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=80

 

Asociación PROJUSTICIA para damnificados por decisiones judiciales Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 586892 – CIF: G84649334

 

 

 

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

 

El negocio de la industria del maltrato se amplia.

No les importa conculcar derechos fundamentales.

Si bien la mayor parte de las medidas acordadas ya están en vigor desde hace años, algunas desde la promulgación de la aberrante ley en 2004, se implementarán otras que no hacen sino agravar lo hecho hasta ahora otorgando aún más privilegios a un colectivo a costa de vulnerar los derechos del resto.

Son medidas para asegurarse la imposibilidad de defensa del acusado para facilitar la creación de estadísticas amañadas y poder justificar las propias medidas, los nuevos privilegios y la creación de nuevas partidas presupuestarias para crear nuevos puestos de trabajo para colocar a amigos y afiliados.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jul.

268 medidas acordadas por el Senado y 13 discrepancias 212 medidas acordadas por el Congreso contra la Violencia de Género y 63 discrepancias

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

La Cámara Alta pide que en casos como el de Juana Rivas, la mujer no pueda ser acusada de sustracción de menores

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, y ha rechazado, con la mayoría del PP, 13 votos particulares, 9 presentados por el PSOE y 4 presentados por Podemos.

El texto será debatido en el pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre, según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias y se podrán volver a registrar votos particulares durane ese debate hasta el próximo 4 de septiembre.

El acuerdo pactado el pasado lunes por la Ponencia de estudio ha incorporado como novedad una nueva medida a través de un voto particular suscrito por todos los grupos de la Comisión que pretende evitar que se produzcan casos como el de la granadina Juana Rivas.

Concretamente, la Cámara Alta pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor.

El pacto recoge medidas en el ámbito asitencial, legislativo y educativo para mejorar la protección a las víctimas, así como sus hijos y a los huérfanos de la violencia de género y para atender la violencia sexual, con un presupuesto pactado de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Durante el debate, todos los grupos parlamentarios se han mostrado “orgullosos” del consenso alcanzado e incluso desde el PP se ha asegurado que la Comisión del Congreso no es tan “cordial” como la del Senado.

Sin embargo, la mayoría del PP ha sido suficiente para que se rechacen los nueve votos particulares presentados por el PSOE y los cuatro presentados por Podemos. Los ‘populares’ han argumentado el rechazo de los votos particulares argumentando que muchas de las medidas dependen de la negociación con las comunidades autónomas.

Las propuestas del PSOE perseguían la aprobación de medidas tendentes a abolir la prostitución; permitir a las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar que quieran abortar que no requieran el consentimiento paterno; reconocer el impago de pensiones alimenticias como violencia económica; o dignificar la jubilación para las mujeres víctimas de violencia de género que hayan recibido una Renta Activa de Inserción.

Asimismo, pedían incorporar en la educación la aportación de las mujeres al conocimiento; reconocer la “explotación reproductiva” (gestación subrogada) como violencia contra las mujeres; reformar la Ley para evitar el uso de la custodia compartida como preferente y mantenerla como excepcional; y acotar los plazos de tramitación de cada una de las medidas; y garantizar la asignación de procurador desde el momento en el que se designe abogado.

En cuanto Podemos, quería ampliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra sus mujeres por sus parejas o ex parejas; advertir de que la asignación económica es “arbitraria” y “sin garantías; exigir una formación “estructural” en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.

POSIBLE “MÁS ALLÁ” DE IDEOLOGÍAS

Para la presidenta de la Comisión de Igualdad y senadora del Grupo Parlamentario Popular, Susana Camarero, este acuerdo demuestra que el consenso “es posible”, aún defendiendo cada uno “sus intereses e ideologías”. “Hemos demostrado que el pacto y el acuerdo es posible más allá de las ideologías”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

“Estamos al lado de todas las víctimas, las que denuncian y las que no denuncian, porque hay un conjunto de medidas donde se pone de manifiesto que la denuncia ya no es la puerta de salida al maltrato, que hay otras formas de dar la condición de víctimas a las mujeres”, ha comentado la ‘popular’, resaltando también su preocupación de una “forma especial” por los menores y los jóvenes.

En este sentido, ha subrayado la incorporación de las medidas “necesarias” para evitar casos como el de la maltratada Juana Rivas, y evitar así que estas mujeres “puedan ser acusadas de sustracción de menores”.

SENSACIÓN “AGRIDULCE” DEL PSOE

Sin embargo, la senadora del Grupo Socialista Laura Berja ha asegurado que sale de este acuerdo con una “sensación agridulce” pero con una “actitud positiva, porque, en su opinión, “se han quedado cosas en el tintero”. “Espero que el pacto remueva conciencia y cambie actitudes”, ha apuntado la socialista.

“Necesitamos involucrar a todas las instituciones y agentes sociales. El PSOE estará vigilante a través de la Comisión de Seguimiento”, ha advertido, al tiempo que ha pedido que se “respeten” los compromisos presupuestarios.

Durante su intervención en la Comisión, la senadora de Podemos María Freixanet, ha asegurado que el informe, que recoge aquellas propuestas que “generan acuerdo”, “avanza” en la protección de las mujeres. “Estamos de acuerdo en trasladar estas propuestas para la firma de un Pacto de Estado”, ha indicado.

PODEMOS, DE ACUERDO EN TRASLADAR LAS PROPUESTAS A UN PACTO

“No creía que pudiéramos llegar hasta aquí, hasta esta apertura de miras con la que se ha trabajado. Hemos trabajado para detectar los fallos del sistema en la lucha contra la violencia de género, fallos como el del caso de Juana y sus hijos”, ha dicho Freixanet en contraste con sus compañeros del Congreso, que han decidido finalmente abstenerse en el acuerdo por considerarlo insuficiente.

SE VERÁ UN “CAMBIO RADICAL”

En la misma línea, la senadora del Grupo Parlamentario Vasco María Eugenia Iparragirre, ha destacado que el paso es “importante” pero que tiene que ser “un punto y seguido”; y Elisenda Pérez, de Esquerra Republicana, ha asegurado que si se aplican las medidas del informe se verá un “cambio radical” en la lucha contra la violencia machista.

“Todos tenemos que ponernos gafas de género desde que nos levantamos y aportar nuestro granito de arena, porque estamos ante una cuestión de Estado”, ha comentado Yaiza Castilla Herrera, de la Agrupación Socialista Gomera, del Grupo Parlamentario Mixto.

Por último, la senadora del PDeCAT Elisabet Abad, que ha actuado en sustitución del senador del Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, ha celebrado el acuerdo y el trabajo realizado por todos los participantes en la Ponencia.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-senado-aprueba-unanimidad-268-medidas-pacto-contra-violencia-genero-rechaza-13-votos-particulares-20170728141612.html

 

La mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima de violencia de género

 

La competición a feminazi mayor del Reino sigue reñida.

Todos a una para conculcar derechos fundamentales y principios jurídicos básicos.

Los hombres acabaremos llevando brazaletes para marcarnos al estilo nazi.

Por supuesto, lo más importante es el aumento de la partida presupuestaria para dar de comer a los miles de estómagos agradecidos que viven gracias a la industria del maltrato.

Viene bien recordar quien es Ángeles Álvarez, la portavoz del PSOE, principal impulsor de estas medidas. Sirve de ejemplo para saber la mentalidad de quienes promueven estas aberraciones contra el sentido común y la Constitución Española.

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La mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima de violencia de género

Todos los partidos políticos acuerdan eliminar la necesidad de denuncia previa y ampliar los mecanismos que las acreditan como víctimas de violencia de género, para que puedan beneficiarse de servicios sociales, protección y acompañamiento.

Manifestación contra la violencia machista

MADRID – 18/07/2017

MARISA KOHAN

El 80% de las mujeres asesinadas en España en la última década no habían presentado denuncia por violencia de género, ni solicitado ayuda o apoyo a las administraciones públicas. Muchas no están preparadas para dar el paso de interponer una denuncia, pero se encuentran con el obstáculo de tener que acreditar su condición de víctimas de violencia de género a la hora de poder acceder a servicios jurídicos, medidas de protección asesoramiento o acompañamiento.

Esto podría estar a punto de cambiar en breve. Todos los partidos que forman la subcomisión para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso han acordado modificar los mecanismos y canales por los que las mujeres accedan al “título habilitante” de la condición de víctima de violencia de genero.

Según el borrador de texto presentado por el Partido Popular a la subcomisión (que reúne sólo los puntos aprobados por consenso) y que trata esta cuestión de forma extensa, se trata de un “derecho que debe ser reconocido con el fin de prevenir esta violencia y asegurar su atención y protección y ayudarlas en la toma de decisiones,” tal como lo establece la ley de Violencia de Género de 2004.

El borrador del documento que está debatiendo estos días los miembros de la subcomisión, y al que ha tenido acceso Público, prevé el diseño de un Plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima, implicando a las diferentes administraciones, que complete la asistencia de las víctimas con carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento.

Este cambio implicaría algunos modificaciones importantes a nivel normativo y legislativo. Por un lado será necesario modificar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, puesta en marcha por el Partido Popular y por la cual se le quitaron competencias a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en materia de violencia de género y atención a las víctimas.

La puesta en marcha de un sistema de protección e identificación de los posibles riesgos antes de que exista una denuncia o una asesinato, pasa necesariamente por una atención a nivel local. Así lo han reconocido todos los partidos que han acordado devolver a los Ayuntamientos y entes locales amplias competencias en esta materia.

La medida requerirá, también, modificar la Ley de Violencia de Género para reconsiderar los distintos mecanismos por los que las mujeres podrán acreditar la condición de víctimas. Según el acuerdo, los mecanismos de acreditación serán múltiples: sentencias de cualquier orden jurídico que declare que la mujer ha sufrido violencias definidas en la ley; La orden de protección vigente o resolución judicial que la acordara; El atestado elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hayan presenciado una violencia; informe médico o psicológico elaborado por un profesional colegiado; el informe de los servicios públicos (servicio sociales, sanitarios, centros de salud mental, equipos de atención integral a víctimas…) o el informe de servicios de acogida de la Administración pública, entre otros.

El acuerdo alcanzado prevé, además, la creación de las llamadas “Unidades de apoyo”, que estarían regidas por el principio de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y formado por un equipo multidisciplinar.  Tal como explicaba la diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, en un reciente artículo de opinión publicado en este diario, estas unidades de apoyo son las que deben asegurar el acceso al catálogo de derechos, que no quedan actualmente activados si no existe interposición de denuncia o sentencia firme.

 

http://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-mujer-no-tendran-denunciar-considerada-victimas-violencia-genero.html

El sector público despilfarra hasta 32.000 millones de euros al año en subvenciones

 

Bastaría con cortar el grifo de las subvenciones a la industria del maltrato para acabar con este inícuo negocio y las miles de personas que viven de ello.

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El sector público despilfarra hasta 32.000 millones de euros al año en subvenciones

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que “España está muy retrasada” en cuanto a revisión del gasto.

Billetes de euro | Pixabay/CC/Alexas_Fotos

LM/Agencias

<2017-06-22

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) revisará el gasto en subvenciones por un importe de entre 22.000 y 32.000 millones de euros potencialmente revisables para mejorar a calidad del gasto público y la asignación de recursos públicos, en un acuerdo inicial que durará tres años y cuyos resultados se presentarán a finales de 2018.

Así lo ha anunciado su presidente, José Luis Escrivá, durante su intervención el pasado martes en el seminario La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria? organizado en la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que ha explicado que presentará un plan de acción antes de que finalice el mes de julio en el que detallará las líneas de actuación más importantes y aclarará la información necesaria y el coste de este ejercicio. Escrivá ha asegurado que “España está muy retrasada” en materia de revisión del gasto público.

La revisión del gasto que el Gobierno ha encargado a la institución consistirá en un análisis en profundidad del gasto con el objetivo deevaluar la calidad de las políticas públicas implementadas. Según ha explicado Escrivá, el primer paso será evaluar la pertinencia de las subvenciones, su coherencia externa e interna, su consistencia con arreglo a los objetivos y la lógica de intervención; para después proceder a evaluar la eficiancia de las subvenciones a través del análisis del gasto ejecutado real y de los costes medios.

Por último, la AIReF evaluará la cobertura de las subvenciones analizando la cantidad de productos suministrados en función de beneficiarios y valorará los resultados a través del estudio de la variable sobre la que el programa pretende tener efectos. A continuación, tratará de identificar su impacto real, es decir, en qué medida el resultado se debe al programa y no a otros factores externos. Respecto a la implantación del procedimiento de revisión del gasto, Escrivá ha señalado que depende de las administraciones públicas con competencias en cada materia, con las que se reunirá en los próximos días.

 

http://www.libremercado.com/2017-06-22/el-sector-publico-despilfarra-hasta-32000-millones-de-euros-al-ano-en-subvenciones-1276601510/

 

La violencia de género está infradiagnosticada

 

La industria del maltrato no deja de expandirse.

Al personal sanitario llevan años intentando obligarlos a denunciar maltratos inexistentes. Una vez más falsean los datos magnificándolos para intentar convencernos de la necesidad de combatir la inexistente”lacra”. De esta manera se ayuda a crear la alarma y la necesidad de combatirla con más medios económicos y humanos. Esto es, más gente viviendo de esta mentira.

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QUÉ HACER DESDE LA CONSULTA

La violencia de género está infradiagnosticada

El 24% de mujeres ha sufrido abusos y el 60% preferiría relatar el problema a su médico antes que a la policía o a servicios sociales

Laura G. Ibañes – 20/06/2017

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Una de cada cuatro mujeres mayores de 16 años (el 24,2 por ciento) reconoce haber sufrido violencia física (19,6 por ciento) y/o sexual (13,7 por ciento) en algún momento a lo largo de su vida y el 85 por ciento de ellas la ha sufrido en varias ocasiones. Además, un 25,4 por ciento ha sufrido violencia psicológica de control, un 21 por ciento violencia psicológica emocional y un 10,8 por ciento, violencia económica.

Por escalofriantes que resulten las cifras de la Macroencuesta de Violencia de Género en Españala realidad deja claro que sigue infradetectada, en tanto se estima que se tardan todavía entre 5 y 10 años hasta que se tiene conocimiento del maltrato que está sufriendo una persona desde que éste comenzó. Un periodo complejo en el que la propia mujer muchas veces no es consciente del maltrato sufrido y en el que, a veces, todavía no hay síntomas de violencia física o lesiones, pero sí existe ya violencia psicológica y los primeros síntomas que podrían ayudar a detectar el problema.

Así lo cree al menos Alicia Díaz Revilla, médica de Familia del centro de salud San Juan de la Cruz Pozuelo de Alarcón y miembro del Grupo de Trabajo de la Mujer de Somamfyc.

  • El 24% de mujeres ha sufrido abusos y el 60% preferiría relatar el problema a su médico antes que a la policía o a servicios sociales

Díaz Revilla explica que el médico está en una situación privilegiada para detectar estos casos “y no lo está haciendo tanto como debería. Todos tenemos muy claro qué hacer cuando hay riesgo vital o cuando hay que hacer un parte de lesiones, pero no se está actuando antes de que eso ocurra ni se está haciendo un cribaje a todas las mujeres pese a que se trata de hiperfrecuentadoras del sistema sanitario y pese a que sabemos que ellas mismas, cuando ya reconocen o denuncian la violencia sufrida, dicen que les habría gustado que el médico de Familia les hubiese tirado de la lengua cuando acudían un día tras otro a la consulta por insomnio o dolor de cabeza. Aunque sólo sea por evitar tratamientos y pruebas innecesarias hace falta hacer ese cribaje poblacional de violencia de género, porque es un problema infradiagnosticado”.

Problema de salud pública

Y es que la violencia de género es “como reconoció la propia OMS, un problema de salud pública, que afecta de lleno al bienestar y salud de quienes la sufren y que precisa, por tanto, la implicación del médico”, afirma Díaz Revilla. No en vano, los datos de la macroencuesta muestran que el 78 por ciento de quienes la han sufrido afirman que afectó profundamente a su estado de salud físico o psíquico y, mientras que el 68 por ciento de las mujeres que no han sufrido violencia dicen tener un estado de salud bueno o muy bueno, esta cifra se desploma hasta el 54 por ciento en el caso de quienes sí la han sufrido.

Sus síntomas se multiplican, con prevalencias de dolores de cabeza del 54 por ciento entre quienes reconocen haber sufrido violencia de género frente a sólo el 39 por ciento entre las que no la han padecido. El insomnio afecta a más del 50 por ciento de las maltratadas alguna vez en su vida, frente al 36 por ciento de mujeres que no han sido maltratadas y refieren este mismo problema. Y lo mismo ocurre con los dolores de espalda, la ansiedad, la fatiga permanente… “pero se están tratando los síntomas en la consulta sin diagnosticar el problema que los genera”.

  • La maltratada es hiperfrecuentadora de AP, pero aún se tarda entre 5 y 10 años en detectarse el problema de violencia desde que surge

En un momento en el que ministerio y partidos políticos tratan de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género, las sociedades de atención primaria se preguntan también qué puede hacer el médico desde la consulta, desde esa posición privilegiada que tiene para detectar antes los casos de violencia de género. El diagnóstico es común: ya hay protocolos claros de actuación ante una sospecha pero haría falta mayor implicación del médico, un cribaje poblacional, más formación y recursos, según coinciden en señalar los responsables de las tres sociedades de atención primaria: Semergen, Semfyc y SEMG.

Hay buenos protocolos

Carlos San Martín, coordinador del Grupo de Trabajo de Sexología de Semergen, explica al respecto que ya “existen protocolos de actuación del médico en todas las autonomías y son buenos, pero falta implantarlos, falta también formación continuada y sensibilización del profesional pese a que la atención primaria es el ámbito más adecuado para detectar estos casos porque se trata de hiperfrecuentadoras del sistema sanitario, con gran morbilidad, importantes psicopatologías… y que además sabemos que en un 60 por ciento de los casos afirman que elegirían a un médico para contarle su problema”, por encima de cualquier otro profesional de servicios sociales o de la policía, por lo que el médico es una pieza clave para detectar pronto estos casos de maltrato.

Díaz Revilla, de Semfyc, coincide también en que los protocolos están sobre la mesa pero no se está explotando todo el potencial del sistema sanitario para contribuir a frenar este problema, que debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, que incluya desde la educación para la prevención hasta la detección precoz en las consultas, junto a las medidas tradicionales de servicios sociales o de protección y legales una vez se ha activado ya una denuncia. Y eso, “precisa un cribado poblacional”.

  • Las autonomías han elaborado buenos protocolos pero falta formación, implantarlos y, en muchos casos, también recursos

En este sentido, Lorenzo Armenteros, miembro del Grupo de Trabajo de Salud de la Mujer de SEMG, opina también que “cada comunidad tiene establecidos protocolos sobre cómo actuar ante situaciones de violencia de género y abuso de menores, muy orientados ante situaciones claramente identificadas, y de ello somos conocedores todos los médicos de AP, pero los casos siguen siendo difíciles de identificar”, entre otras cuestiones porque “la víctima no suele reconocerlo” pero también, como gran problema “por la falta de habilidades para desarrollar una entrevista”.

Falta formación

En su opinión, sería necesario en cualquier caso “formación específica en detección, en este caso sobre todo relacionada con la entrevista clínica, y en habilidades para el manejo de estos casos. Es preciso conocer los recursos de los que disponemos en nuestro entorno y la existencia de programas coordinados con todos los servicios implicados. La existencia de una red asistencial coordinada sería la mejor opción, donde el médico de atención primaria sea el elemento coordinador y aglutinador de la asistencia”.

La sensación de carencias formativas la comparte Díaz Revilla, que explica que “falta también mucha formación entre los médicos. Casi todas las autonomías han creado responsables de violencia de género en los centros de salud, pero muchas veces son un cargo burocrático; sólo porque hay que tenerlo. Me he topado, por ejemplo, con responsables de violencia de género de centros de salud que ni siquiera habían hecho los cursos de formación, que les han trasladado a un puesto o centro distinto y aparejado a su puesto les ha caído este cargo. Esto también pasa muchísimo en los hospitales, por la inestabilidad laboral que hay y la movilidad del personal”.

Recursos desaprovechados

En su opinión “faltan muchísimos recursos. Desde que se puso en marcha la ley, las autonomías comenzaron a realizar en el sistema sanitario formación de formadores, pero en el camino se han quedado la mitad de esos formadores. Vengo ahora -explica cerca de las ocho de la tarde-, por ejemplo, de dar un curso en un pueblo al que he acudido con mi propio coche; por su puesto, sin remuneración alguna por ello, y mañana me enfrentaré a la consulta doble por los pacientes que no he podido ver hoy ya que no hay nadie para suplirme durante el rato que estoy dando el curso. Por un lado es verdad que hay muchos recursos, casas de emergencia y acogida que están vacías… -reflexiona Díaz Revilla-, pero por otro lado hay muy pocos recursos, lo que impide utilizar los que realmente hay. Por ejemplo, cuando has confirmado una sospecha y quieres derivar a la mujer al sistema para que esté atendida en todos los sentidos necesitas en algunos casos la decisión del juez o de la policía encargada de estos casos y resulta que ese día no está la policía encargada o nadie la suple así que no puede activarse todo el proceso. Y eso tiene un nombre: falta de recursos por falta de sensibilización política”.

  • Las mujeres que sufren violencia refieren más dolores de cabeza, insomnio, ansiedad y dolores de espalda, entre otros síntomas

San Martín pone cifras a esa falta de recursos que debería resolverse con el pacto contra la violencia de género porque “es verdad que se ha recuperado un 25 por ciento del presupuesto, pero también lo es que había caído un 10 por ciento anual en los últimos 10 años, así que no se ha recuperado todo el presupuesto que se ha perdido”.
pacto de estado

Así, San Martín reclama que el pacto de Estado contra la violencia de género que se está gestando en el Congreso y Senado “incluya el compromiso político por la formación e información, pero también dote económicamente a la ley recuperando el presupuesto perdido, que permita el apoyo logístico que hace falta una vez se detecta un caso”.

En paralelo a este paso adelante y compromiso que deben dar los políticos, San Martín afirma que los médicos pueden ir actuando ya para mejorar la situación realizando un cribado poblacional, “con preguntas que normalmente son muy sencillas como ¿qué tal van las cosas en casa?, pero que pueden ayudar a saber si hace falta una entrevista en mayor profundidad para descartar o activar el protocolo por una sospecha”. Esto es importante para detectar antes los casos, en lugar de esperar a que se produzcan situaciones evidentes de maltrato y deba realizarse ya el parte de lesiones correspondiente.

AP debería hacer un cribado poblacional de maltrato

Las sociedades de atención primaria coinciden en que sería necesario terminar de sensibilizar y formar al médico para realizar un cribado poblacional de violencia de género con preguntas sencillas que puedan ayudar a decidir si debe activarse el protocolo de sospecha (ver protocolo de actuación de la página anterior). Entre otras cuestiones, por la infradetección del problema que existe si se tiene en cuenta que incluso entre las mujeres que sí han sido capaces de identificar que están siendo sometidas a violencia de género, la denuncia es muy escasa. Los datos de la macroencuesta muestran que sólo el 28,6 por ciento de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual o miedo a su pareja o expareja han acudido a la policía o al juzgado y que, incluso entre quienes llegaron a denunciar (ellas u otra persona en su nombre), el 27 por ciento continuó con la relación de pareja pese a haberse presentado ya la denuncia, lo que deja clara la situación de vulnerabilidad ante posibles nuevas agresiones o la continuidad de la violencia psicológica. Entre las razones que animan a un cribado poblacional en primaria para detectar maltrato (ver decálogo) figura también la constancia del alto grado de satisfacción de las víctimas con la actuación de los servicios sanitarios y de los médicos cuando han acudido en busca de ayuda. La macroencuesta de violencia de género muestra que el 80 por ciento de las víctimas que acudieron a un médico en busca de ayuda se mostraron bastante o muy satisfechas con la actuación de este servicio, muy por encima del grado de satisfacción que demostraron con otros servicios como los prestados por ONG, psicólogos o servicios legales (70 por ciento de satisfacción) o los servicios sociales (64 por ciento de satisfacción). A esto hay que añadir la necesidad de actuar de forma temprana para evitar el riesgo de maltrato infantil que con frecuencia acompaña a estos casos de violencia de género. Los datos de la macroencuesta muestran que entre las mujeres que reconocieron haber sufrido violencia física o sexual y que tenían hijos en aquel momento, el 63 por ciento de los niños presenciaron esos episodios y otro tanto reconocieron que sus hijos sufrieron también la citada violencia. Las sociedades, con todo, recuerdan que deben respetarse en cualquier caso “los tiempos de la mujer” en el reconocimiento de la situación de violencia y la denuncia.

http://www.diariomedico.com/2017/06/20/area-profesional/sanidad/la-violencia-de-genero-esta-infradiagnosticada