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El juez desoye la petición de investigar el chivatazo a Ignacio González

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Hay quien califica al corporativismo judicial como mafia dado como se protegen entre ellos y los numerosos vínculos familiares entre los miembros de la judicatura.

No es de extrañar que el juez Velasco se niegue a investigar qué juez dio el chivatazo a González. Esto es, quién delinquió.

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El juez desoye la petición de investigar el chivatazo a Ignacio González

FERNANDO LÁZARO – 8 may. 2017

Ignacio González, el pasado 21 de abril, cuando era trasladado desde la Comandancia de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional para prestar declaración. JAVIER BARBANCHO

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En el curso de la investigación que dio lugar a laoperación Lezo, los agentes de laUnidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detectaron que Ignacio González podía estar recibiendo información «privilegiada» sobre el caso. Los operativos situaron a principios de año el momento en que el ex presidente de la Comunidad de Madrid pudo empezar a recibir datos de que estaba bajo vigilancia.

Los responsables del operativo contactaron con el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y le advirtieron de esta situación. Además, le reclamaron que abriera una pieza separada dentro del sumario para poder indagar el origen de las filtraciones. La solicitud de los agentes de la UCO al juez se llegó a producir por escrito, según explicaron fuentes cercanas a esta investigación.

Sin embargo, hasta hoy Velasco no ha dado el visto bueno para que exista una pieza separada para que la Guardia Civil pueda avanzar en la identificación de quiénes pudieron llevar a cabo el chivatazoa González, poniendo con ello en riesgo toda la investigación sobre la corrupción en torno al Canal de Isabel II.

Esta decisión de desoír las peticiones de la UCO ha generado malestar entre los investigadores, que entienden que es prioritario despejar estas incógnitas sobre los chivatazos. No comprenden por qué el instructor no abre esa pieza separada.

Los agentes detectaron primero que el investigado, que era pródigo en sus contactos telefónicos y no guardaba medidas de seguridad, de repente cambió su pauta de comportamiento y cercenó sus comunicaciones telefónicas. En ese momento, los especialistas alertaron de que se había podido producir una delación de las pesquisas al investigado o a su entorno. Los agentes entienden que los avisos no ha tenido que recibirlos directamente el propio González y abren el abanico al resto de los investigados en este causa.

En aquel momento, según estas fuentes, los operativos le plantearon al juez una medida muy extraordinaria: acceder a la oficina profesional que en ese momento utilizaba el ex presidente de la Comunidad de Madrid y colocarle un micrófono.

Para entonces, fruto de las intervenciones telefónicas que ya se estaban realizando, los agentes conocían muchos datos. Sabían por ejemplo que en una conversación dos de los investigados hablaban de una «magistrada amiga» que les había dicho que la Guardia Civil estaba ya sobre la pista del ex presidente madrileño.

También tuvieron conocimiento de la reunión que Pablo González, hermano de Ignacio, mantuvo con un secretario de Estado. Tras sus averiguaciones supieron que ese encuentro, que se celebró 40 días antes de que se explotara la operación Lezo, fue con el número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto. Fue el propio secretario de Estado de Seguridad el que, cuando trascendió que existía un contacto con un representante del Gobierno, avisó a su ministro de que él había mantenido un encuentro con el hermano del ex presidente.

Nieto, que compareció en el Parlamento a petición propia, explicó que esa reunión se produjo a petición de González y para tratar temas relacionados con su gestiones mercantiles, nada que ver con la operación Lezo. Nieto aseguró en la Cámara que en aquella fecha no tenía ni idea de que la Guardia Civil estaba investigando a Ignacio González, que los agentes de la UCO solo le avisan, como mucho, con un margen semanal de las actuaciones que pretende llevar a cabo.

La entrevista de Nieto no ha estado bajo sospecha policial, según explican estas fuentes. La Guardia Civil no centra sus sospechas del chivatazo en el número dos de Interior. La unidad investigadora sabe perfectamente en qué momento fue informado Nieto de la explotación de Lezo, y la explicación que dio en el Congreso el responsable de Interior les cuadra con sus datos.

Su preocupación está centrada en esa «magistrada amiga», que está en laAudiencia Nacional. Los agentes de la UCO sospechan que es esa juez la que pudo proporcionar la información sobre las pesquisas secretas. Es más, sobre la mesa tienen nombres. Por ese motivo, aún insisten más a Velasco para que aclare el papel de esa magistrada.

Tras el presunto chivatazo, tanto González como su entorno intentaron contactar con responsables policiales y judiciales para confirmar el alcance de las investigaciones.

Los implicados llegaron a saber que las pesquisas superaban con mucho la denuncia que el equipo de Cristina Cifuentes había entregado a la Fiscalía Anticorrupción en el verano de 2016. En las intervenciones, varios de los investigados llegaron a alertar en sus llamadas de que sus teléfonos podrían estar pinchados.

Los investigadores sospechan que las alertas recibidas por los investigados, además de provocar modificaciones en sus comportamientos, les pudo permitir deshacerse de material sensible.

Los pinchazos también desvelan la esperanza que tenía González en el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción. Lo consideraba favorable a las tesis del PP y confiaba en que, en cierta forma, frenara la investigación sobre su ático.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/05/08/590f4900e2704ed3078b4576.html

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