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El ‘papel cero’ en los juzgados tardará en ser una realidad: hoy entran en vigor las comunicaciones electrónicas

 

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El ‘papel cero’ en los juzgados tardará en ser una realidad: hoy entran en vigor las comunicaciones electrónicas

Ángela Martialay

1/1/2016

A partir de este viernes, los escritos se presentarán de forma telemática y los juzgados deberán comunicar sus resoluciones de igual manera. Pero nada más. El expediente digital no entrará en funcionamiento ya que esos documentos digitales tendrán que ser impresos en los juzgados para poder ser incorporados a suscorrespondientes expedientes y si el juez o funcionario quiere enviar una comunicación ésta deberá primero ser digitalizadacon un escáner.

El “papel cero” en los juzgados tendrá que esperar varios meses más para ser una realidad. A partir de este 1 de enero los profesionales de la Justicia (procuradores, abogados, graduados sociales y profesionales de los servicios jurídicos de las administraciones públicas) y todos los órganos y oficinas judiciales y fiscales estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos así como parael envío de citaciones, notificaciones, requerimientos y emplazamientos entodos los órganos jurisdiccionales. La razón es que así lo establece la Ley 42/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que entra en vigor en este año 2016.

Lo cierto es que a partir de ahora los escritos se presentarán de forma telemática y los juzgados deberán comunicar sus resoluciones de igualmanera. Pero nada más. El expediente digital no entrará en funcionamiento ya que esos documentos digitales tendrán que ser impresos en los juzgados para poder ser incorporados a suscorrespondientes expedientes y si el juez o funcionario quiere enviar una comunicación ésta deberá primero ser digitalizada con un escáner.

El Gobierno sostiene que la medida supone “un hito” en el camino hacia el expediente judicial que es el objetivo final, el auténtico papel cero en los juzgados

Una realidad que dista mucho del lema promulgado por el Gobierno del “papel cero”. Es un primer pasopero será a partir del 7 de julio de 2016 cuando todas las administraciones con competencias en materia de Justicia estarán obligadas a realizar la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. Segúnfuentes del Ministerio de Justicia consultadas por este periódico de lo que se trata es de marcar “un hito” en el camino hacia el expediente judicial que es el objetivo final: “Que no entre y no salga más papel de los juzgados a partir del año 2016″.

El sindicato CSIF: la medida acarreará problemas

Desde el sindicato de justicia CSIF, el mayoritario en el sector de la Administración de Justicia, se denuncia que “los sistemas informáticos en la Administración de Justicia, especialmente los que dependen del Ministerio que dirige Rafal Catalá no están preparados para tan ambicioso proyecto”. CSIF denuncia que el Ejecutivo debería haber puesto “primero en funcionamiento un programa digital y después ocuparse las comunicaciones electrónicas”.

En declaraciones a Vozpópuli, su portavoz Javier Jordán explica que “el Ministerio es consciente de que el programa Minerva no sirve y de que Lexnet es un sistema arcaico y que tiene muchas limitaciones frente a otros modelos de comunicación que ya funcionan en otras comunidades autónomas”. Jordán denuncia que esta medida ministerial acarreará “muchas disfunciones y problemas en los juzgados y a los funcionarios” a partir del próximo día 4 de enero; primer día hábil desde la entrada en vigor de esta iniciativa legal. Desde el sindicato CSIF se denuncia que los funcionarios de Justicia asisten “con preocupación” a la puesta en marcha de esta medida ya que las labores de formación de los empleados de la Administración de Justicia han sido “escasas”.

Otro problema añadido es que algunas comunidades autónomas tienen sus propios sistemas de gestión procesal y no todos son compatibles con Lexnet. Sobre este asunto, el ministro Rafael Catalá señaló el pasado martes en una rueda de prensa que, desde que se anunció en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) de Las Palmas el pasado 25 de febrero, se han celebrado “más de una treintena de reuniones” con los representantes de las Comunidades Autónomas con el objeto de abordar la hoja de ruta para impulsar las comunicaciones electrónicas a partir del día 1 de enero.

JpD: “No ha existido una actuación rigurosa”

Además, Catalá defendió que se ha actualizado el sistema de gestión procesal Minerva y el sistema Lexnet,que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas transferidas como medio de comunicación telemática” en referencia a Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña (solo para el envío de notificaciones), Galicia, La Rioja, Madrid y Valenciaque ya lo utilizan, mientras que el País Vasco está trabajando en la integración de su sistema de gestión procesal con Lexnet y Cantabria, Navarra y Cataluña (para presentación de escritos) disponen de un sistema propio.

JpD: “se ha constatado que lo único que va a empezar a practicarse el 1 de enero de 2016 es la presentación de documentos al juzgado de forma telemática”

Por otro lado, en un comunicado, la asociación Jueces para la Democracia también critica la citada reforma al señalar que “se ha constatado que lo único que va a empezar a practicarse el 1 de enero de 2016 es la presentación de documentos al juzgado de forma telemática. Como no se han creado los instrumentos técnicos para la creación de un expediente electrónico judicial, los citados documentos van a tener que imprimirse en los órganos judiciales tras su entrada en los mismos, con lo cual el papel va a seguir en los juzgados”.

Desde esta asociación progresista de jueces se critica que “tras ser anunciado a bombo y platillo por el ministro Catalá, el proceso de modernización ha estado marcado por la improvisación, la descoordinación y la precipitación con fines electorales”. JpD denuncia que “no ha existido una actuación rigurosa, planificada con las distintas administraciones implicadas, ni con los operadores jurídicos afectados, entre ellos las juezas y los jueces” y que tampoco se ha contado con “los instrumentos técnicos adecuados” para una iniciativa de esta relevancia.

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