El PSOE apoya que se limite la acción popular

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El PSOE apoya que se limite la acción popular

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Ustedes hagan la ley que yo haré el reglamento” decía Álvaro Figueroa.

¿Que la Constitución estipula una cosa? La cambiamos con una ley de rango inferior. La gente es tonta y traga.

La eliminación de la acción popular impedirá la persecución de las corrupciones de los políticos. Recordemos cómo UPyD se embarcó en esta guerra y cómo ha terminado.

Es evidente que quieren asegurarse de gozar de mayor impunidad aún.

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El PSOE apoya que se limite la acción popular

El socialista Antonio Hernando interpela al Gobierno en una sesión de...
El socialista Antonio Hernando interpela al Gobierno en una sesión de control en el Congreso. JAVI MARTÍNEZ

Partido Popular, Ciudadanos y los socialistas están de acuerdo en que hay que reformar la ley

La acción popular: una peculiaridad siempre bajo amenaza

LUIS ÁNGEL SANZ – Madrid

13/04/2017

El Gobierno de Zapatero aprobó el anteproyecto de ley en 2011, pero el texto acabó en un cajón por el fin de la legislatura y la nueva convocatoria electoral. Ahora, el PSOE vuelve a estar dispuesto a afrontar la negociación de una profunda reforma del proceso penal para, entre otros muchos objetivos, limitar la acción popular, como también defienden el PP y Ciudadanos. De esta forma, los partidos políticos, por ejemplo, o asociaciones de dudosas intenciones -como Manos Limpias– no podrían ejercer la acusación popular, como ha ocurrido hasta ahora en múltiples procesos.

Lo que el PSOE considera «osado» y hasta «frívolo» es vincular la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un «asunto de ámbito constitucional y una reforma de Estado», a un acuerdo de Gobierno entre el PP y Ciudadanos para una comunidad autónoma, en este caso Murcia, como explicó a EL MUNDO el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso, Juan Carlos Campo.

Este magistrado sevillano fue, precisamente, el secretario de Estado de Justicia que elaboró el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el último Gobierno socialista no pudo ya tramitar y aprobar. En este texto se incluía la limitación de la acción popular para evitar la politización de la justicia, como coinciden ahora también el PP y Ciudadanos.

Los socialistas estiman «frívolo» reducir un cambio de tanto calado a un acuerdo para el gobierno regional de Murcia

Campo está dispuesto a negociar con el PP, Ciudadanos y Podemos esta importante reforma penal, pero en un marco amplio en el que se discuta también sobre la instrucción de los casos por parte de la Fiscalía, en vez de los jueces, sobre un nuevo Estatuto Fiscal que dote al Ministerio Público de una auténtica independencia del Poder Ejecutivo y sobre un nuevo procedimiento penal más rápido y eficaz.

«Supresión de la acción popular, no», explicó ayer a este diario el portavoz socialista de Justicia, «limitación, sí, pero antes tenemos que abrir un profundo debate, no sólo con todos los grupos políticos, sino también con las asociaciones de jueces y con juristas de prestigio para dar la mejor solución al procedimiento penal general».

El PSOE, por tanto, está dispuesto a discutir con el PP, con Ciudadanos y con todas las demás formaciones políticas la limitación de la acción popular. De hecho, subrayan desde este partido, «es un tema de mucha enjundia jurídica como para pactarlo entre dos y limitado a garantizar un acuerdo de gobierno en una región concreta».

Los socialistas están en principio de acuerdo con que los partidos políticos no puedan ejercer la acción popular, como plantea también el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta posibilidad, entienden, lleva a la judicialización de la política.

El PSOE plantea que el propio juez pueda decidir si acepta o no la acción popular

En segundo lugar, el PSOE considera que se debe delimitar en qué tipo de delitos se puede desarrollar la posibilidad constitucional de la acción popular y en cuáles no. Por último, Campo añade incluso la posibilidad de que pueda ser el juez el que valore y determine en cada caso concreto si admite o no la acción popular.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya aseguró en su primera comparecencia parlamentaria esta legislatura que es «fundamental despolitizar la justicia» y «desjudicializar la política». De hecho y en su opinión, «el abuso o el mal uso» de la acusación popular ha «pervertido el sentido de esta figura», que tiene relevancia constitucional. De hecho, Catalá recordó ante la Comisión de Justicia que la tendencia legislativa en toda Europa en torno a la acción popular es «sumamente restrictiva».

Catalá abogará por que la acusación popular sea «lo que quiso nuestra Constitución que fuese: un mecanismo de participación de los ciudadanos en la justicia, pero nunca un instrumento al servicio de la política, ni de espurios objetivos no judiciales».

El Congreso de los Diputados ha creado hace escasas semanas una Subcomisión para la Estrategia Nacional de Justicia con presencia de todos los grupos parlamentarios donde, precisamente, se va a estudiar y debatir la reforma penal en profundidad a partir de este año.

La Subcomisión para la Estrategia Nacional de Justicia lo estudiará este año

Fuentes parlamentarias explicaron que las comparecencias ante esta subcomisión comenzarán el próximo 26 de abril con la asistencia de representantes de las cuatro principales asociaciones de jueces de España. Por este órgano pasarán jueces, juristas y especialistas de todo tipo para proponer y abordar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la justicia de forma general.

El Gobierno insiste en que su intención es que la reforma se haga por consenso de una amplia mayoría del Parlamento. Por eso, fuentes socialistas temen que tras esta reclamación de casi unanimidad se esconde una intención final de no reformar el proceso penal, que lleva años siendo parcheado.

La justicia penal española, como aseguran tanto desde el PP como desde el PSOE, funciona ahora mismo con una ley del siglo XIX que ha sido parcheada y modificada 75 veces. Por eso tanto Catalá como el PSOE coinciden en que la reforma es ya «inaplazable». Sin embargo está por ver qué posición adoptan Podemos y los partidos nacionalistas catalanes y vascos.

Los socialistas añaden que también falta por saber si el Gobierno y el PP tienen voluntad real de afrontar una reforma de tanto calado esta legislatura, con un Congreso muy fragmentado.

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, y Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario, ayer en el Congreso. OLMO CALVO
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By | 2017-04-16T08:23:02+00:00 Abril 13th, 2017|Categories: corrupción, políticos|Tags: , |0 Comments

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