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El Senado incluye una medida para evitar otro caso Juana Rivas en sus propuestas para el Pacto de Estado de Violencia de Género

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El negocio de la industria del maltrato se amplia.

No les importa conculcar derechos fundamentales.

Si bien la mayor parte de las medidas acordadas ya están en vigor desde hace años, algunas desde la promulgación de la aberrante ley en 2004, se implementarán otras que no hacen sino agravar lo hecho hasta ahora otorgando aún más privilegios a un colectivo a costa de vulnerar los derechos del resto.

Son medidas para asegurarse la imposibilidad de defensa del acusado para facilitar la creación de estadísticas amañadas y poder justificar las propias medidas, los nuevos privilegios y la creación de nuevas partidas presupuestarias para crear nuevos puestos de trabajo para colocar a amigos y afiliados.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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267 medidas por unanimidad

El Senado incluye una medida para evitar otro caso Juana Rivas en sus propuestas para el Pacto de Estado de Violencia de Género

EUROPA PRESS – Madrid – 13 SEP. 2017

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los miembros de la Cámara (250 votos), el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio para alcanzar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene un total de 267 propuestas y recomendaciones al Gobierno, divididas en ocho apartados.

La votación del acuerdo ha concluido con una ovación de todos los parlamentarios y la enhorabuena del presidente, Pío García Escudero, a los miembros de la Ponencia. Lo que se ha ratificado ha sido la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, con un total de 267 medidas. También se han valorado 13 votos particulares, nueve del PSOE y cuatro de Unidos Podemos, que han sido rechazados con la mayoría parlamentaria del PP en la Cámara Alta.

Entre las medidas más destacadas, la Cámara Alta decidió incorporar una relacionada con el caso vivido este verano por Juana Rivas. Así, pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género.

Otras medidas llamativas proponen sustituir la declaración de la víctima de violencia de género en el juicio oral por la videograbación de su declaración en fase de investigación para evitar “una segunda victimización y la impunidad de los agresores” y estudiar las posibilidades en torno al derecho de dispensa de la víctima respecto al agresor. Igualmente, contempla el derecho de los jóvenes que han sufrido violencia de género a quitarse el apellido del padre maltratador.

En el marco de la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos -trata, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia sexual-, incluye un apartado específico en el que se contempla la realización de un plan de acción que visibilice la violencia sexual -a través de la recogida de datos y una macroencuesta-; así como que se realicen protocolos que actúen contra el “acoso callejero o la violencia sexual en las fiestas populares”.

También sugiere modificar la legislación con el fin de “dejar en suspenso” el régimen de visitas para los padres maltratadores durante la tramitación del procedimiento, y hasta que recaiga sentencia. Asimismo, contempla rechazar la custodia compartida en supuestos de violencia machista para que el menor no quede desprotegido; y la suspensión de la misma, si ya estaba acordado este régimen, en los casos en que se haya adoptado una orden de protección para la madre o para el menor. Para que los menores puedan recibir tratamiento psicológico, insta a eliminar el consentimiento informado de los padres y bastará con “ponerlo en conocimiento” de la otra parte.

El informe recoge, asimismo, impulsar con las comunidades autónomas que los puntos de encuentro familiar sean siempre específicos y no sean utilizados como instrumento de mediación, sino para aquellos supuestos en los que el juez establezca un régimen de visitas.

Además, insta a abordar en las estadísticas los abusos sexuales a menores y a realizar una Macroencuesta que saque a la luz el número de menores que sufren abusos sexuales. En cuanto a las madres de los niños asesinados por sus padres en el marco de esta violencia machista, sugiere que se reconozca a estas madres también como víctimas de violencia de género.

Para evitar la rebaja automática de la pena al maltratador por declararse culpable, insta a estudiar y valorar, junto al Consejo General del Poder Judicial, la supresión de este atenuante de confesión en delitos de asesinato por violencia de género.

Por otro lado, solicita la reforma del artículo de la Ley contra la violencia de género que regula la asistencia letrada a las víctimas para garantizar, “desde el primer momento y para todas las actuaciones y comparecencias en sede judicial” el derecho de la mujer a contar con la defensa de un abogado de forma gratuita. Asimismo, pide que las mujeres tengan acceso a apoyo y recursos sin necesidad de presentar denuncia, pudiendo ser acreditada su condición de víctima por los servicios sociales o sanitarios.

La unanimidad que no se logró en el Congreso

El Senado ha conseguido así mantener la unanimidad que el Congreso no logró en su comisión en julio cuando debatió su propio informe, ya que Podemos, ante la sorpresa de todos, decidió abstenerse. El informe de la Cámara Alta será remitido al Gobierno, junto con el del Congreso (que recogía 212 medidas), aunque el pleno de la Cámara Baja no tiene previsto aprobarlo hasta al menos finales de septiembre, según han confirmado fuentes parlamentarias.

A partir de las aprobaciones de los textos por los plenos de ambas Cámaras legislativas, el Ejecutivo tendrá dos meses para implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que prevé contar con un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir entre ayuntamientos, autonomías y Administración Central del Estado.

Durante la presentación del informe de la ponencia, la senadora ‘popular’, presidenta de la Comisión de Igualdad y ex secretaria de Estado de Igualdad,Susana Camarero, ha explicado que es fruto del “duro trabajo” de la ponencia de estudio y ha agradecido a todos los ponentes “su dedicación y esfuerzo”, su”voluntad de diálogo y consenso” y su “vocación de servicio”.

Además, la presidenta de la Comisión de Igualdad ha defendido que este informe es resultado de “un consenso histórico” y ha puesto de manifiesto que “sólo, desde la fuerza de la unanimidad”, se podrá acabar con el machismo y la violencia sobre la mujer.

Votos particulares y discrepancias

En el turno de defensa de los votos particulares, que han sido rechazados, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos ha explicado que su voto quería añadir el concepto de “diversidad funcional” porque, desde su punto de vista, “refuerza el valor de la dignidad”.

Por parte de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la senadora María Freixanetha detallado que su partido aboga por la creación de una ley marco contra todas las violencias machistas y después otras específicas para evitar la categorización de víctimas. Asimismo, la senadora de la formación morada ha declarado que falta “rigor en los compromisos” presupuestarios y que la distribución de los mismos es “arbitraria”. Además, cree que existe “falta de concreción” en algunos puntos. Así, considera que sus votos particulares “mejorarían” este informe, con propuestas que “generan acuerdo” en su gran mayoría.

Tras presentar sus nueve votos particulares, la senadora socialista Laura Berja ha dicho que “el tiempo apremia” para poner fin a esta lacra. En concreto, Berja ha indicado que el PSOE proponía reconocer la prostitución como una forma de violencia de género y abolirla, así como incorporar la explotación reproductiva de la mujer (gestación subrogada) como violencia de género y reconocer el impago de las pensiones alimenticias como violencia económica, entre otras cuestiones.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/13/59b96dd7468aeb097e8b465d.html

 

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jul.

268 medidas acordadas por el Senado y 13 discrepancias 212 medidas acordadas por el Congreso contra la Violencia de Género y 63 discrepancias

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

La Cámara Alta pide que en casos como el de Juana Rivas, la mujer no pueda ser acusada de sustracción de menores

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, y ha rechazado, con la mayoría del PP, 13 votos particulares, 9 presentados por el PSOE y 4 presentados por Podemos.

El texto será debatido en el pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre, según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias y se podrán volver a registrar votos particulares durane ese debate hasta el próximo 4 de septiembre.

El acuerdo pactado el pasado lunes por la Ponencia de estudio ha incorporado como novedad una nueva medida a través de un voto particular suscrito por todos los grupos de la Comisión que pretende evitar que se produzcan casos como el de la granadina Juana Rivas.

Concretamente, la Cámara Alta pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor.

El pacto recoge medidas en el ámbito asitencial, legislativo y educativo para mejorar la protección a las víctimas, así como sus hijos y a los huérfanos de la violencia de género y para atender la violencia sexual, con un presupuesto pactado de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Durante el debate, todos los grupos parlamentarios se han mostrado “orgullosos” del consenso alcanzado e incluso desde el PP se ha asegurado que la Comisión del Congreso no es tan “cordial” como la del Senado.

Sin embargo, la mayoría del PP ha sido suficiente para que se rechacen los nueve votos particulares presentados por el PSOE y los cuatro presentados por Podemos. Los ‘populares’ han argumentado el rechazo de los votos particulares argumentando que muchas de las medidas dependen de la negociación con las comunidades autónomas.

Las propuestas del PSOE perseguían la aprobación de medidas tendentes a abolir la prostitución; permitir a las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar que quieran abortar que no requieran el consentimiento paterno; reconocer el impago de pensiones alimenticias como violencia económica; o dignificar la jubilación para las mujeres víctimas de violencia de género que hayan recibido una Renta Activa de Inserción.

Asimismo, pedían incorporar en la educación la aportación de las mujeres al conocimiento; reconocer la “explotación reproductiva” (gestación subrogada) como violencia contra las mujeres; reformar la Ley para evitar el uso de la custodia compartida como preferente y mantenerla como excepcional; y acotar los plazos de tramitación de cada una de las medidas; y garantizar la asignación de procurador desde el momento en el que se designe abogado.

En cuanto Podemos, quería ampliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra sus mujeres por sus parejas o ex parejas; advertir de que la asignación económica es “arbitraria” y “sin garantías; exigir una formación “estructural” en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.

POSIBLE “MÁS ALLÁ” DE IDEOLOGÍAS

Para la presidenta de la Comisión de Igualdad y senadora del Grupo Parlamentario Popular, Susana Camarero, este acuerdo demuestra que el consenso “es posible”, aún defendiendo cada uno “sus intereses e ideologías”. “Hemos demostrado que el pacto y el acuerdo es posible más allá de las ideologías”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

“Estamos al lado de todas las víctimas, las que denuncian y las que no denuncian, porque hay un conjunto de medidas donde se pone de manifiesto que la denuncia ya no es la puerta de salida al maltrato, que hay otras formas de dar la condición de víctimas a las mujeres”, ha comentado la ‘popular’, resaltando también su preocupación de una “forma especial” por los menores y los jóvenes.

En este sentido, ha subrayado la incorporación de las medidas “necesarias” para evitar casos como el de la maltratada Juana Rivas, y evitar así que estas mujeres “puedan ser acusadas de sustracción de menores”.

SENSACIÓN “AGRIDULCE” DEL PSOE

Sin embargo, la senadora del Grupo Socialista Laura Berja ha asegurado que sale de este acuerdo con una “sensación agridulce” pero con una “actitud positiva, porque, en su opinión, “se han quedado cosas en el tintero”. “Espero que el pacto remueva conciencia y cambie actitudes”, ha apuntado la socialista.

“Necesitamos involucrar a todas las instituciones y agentes sociales. El PSOE estará vigilante a través de la Comisión de Seguimiento”, ha advertido, al tiempo que ha pedido que se “respeten” los compromisos presupuestarios.

Durante su intervención en la Comisión, la senadora de Podemos María Freixanet, ha asegurado que el informe, que recoge aquellas propuestas que “generan acuerdo”, “avanza” en la protección de las mujeres. “Estamos de acuerdo en trasladar estas propuestas para la firma de un Pacto de Estado”, ha indicado.

PODEMOS, DE ACUERDO EN TRASLADAR LAS PROPUESTAS A UN PACTO

“No creía que pudiéramos llegar hasta aquí, hasta esta apertura de miras con la que se ha trabajado. Hemos trabajado para detectar los fallos del sistema en la lucha contra la violencia de género, fallos como el del caso de Juana y sus hijos”, ha dicho Freixanet en contraste con sus compañeros del Congreso, que han decidido finalmente abstenerse en el acuerdo por considerarlo insuficiente.

SE VERÁ UN “CAMBIO RADICAL”

En la misma línea, la senadora del Grupo Parlamentario Vasco María Eugenia Iparragirre, ha destacado que el paso es “importante” pero que tiene que ser “un punto y seguido”; y Elisenda Pérez, de Esquerra Republicana, ha asegurado que si se aplican las medidas del informe se verá un “cambio radical” en la lucha contra la violencia machista.

“Todos tenemos que ponernos gafas de género desde que nos levantamos y aportar nuestro granito de arena, porque estamos ante una cuestión de Estado”, ha comentado Yaiza Castilla Herrera, de la Agrupación Socialista Gomera, del Grupo Parlamentario Mixto.

Por último, la senadora del PDeCAT Elisabet Abad, que ha actuado en sustitución del senador del Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, ha celebrado el acuerdo y el trabajo realizado por todos los participantes en la Ponencia.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-senado-aprueba-unanimidad-268-medidas-pacto-contra-violencia-genero-rechaza-13-votos-particulares-20170728141612.html

 

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