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Eloy Velasco, juez de la ‘Operación Lezo’: “Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino”

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Conviene recordar que este juez dejó la judicatura para dedicarse a la política y luego volver a la política. Algo que debería estar prohibido. Al igual que Baltasar Garzón parece que sólo busque la venganza sobre quienes no cumplieron lo que le prometieron.

Habla de cumplir la ley y de que ésta emana del pueblo pero se niega a admitir una querella contra Pérez del Campo en base a mentiras palmarias. Más bien parece que ve la realidad con gafas polarizadas y aplica la ley según su criterio personal e intereses, algo común en la mayoría de los jueces ya que no tienen un órgano que les fiscalice y sancione pues tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial no realizan esa labor.

La entrevista no tiene desperdicio.

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Eloy Velasco, juez de la ‘Operación Lezo’: “Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino”

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado...

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado miércoles en la sede madrileña de la Deusto Business School. ANTONIO HEREDIA

“Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político”

“Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior”

“Un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional precisa más medios”

Carlos Segovia – 23 abril 2017

Eloy Velasco (Bilbao, 1963) es el juez del momento, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Respetó su compromiso previo de conceder esta entrevista a EL MUNDO, pese a que tuvo lugar el pasado miércoles tras lanzar la operación Lezo. La entrevista había sido concertada con motivo de una conferencia organizada por la Deusto Business School sobre el libro que ha escrito con su esposa Beatriz Saura llamado Cuestiones Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance. Velasco quiere que cale que la reforma penal permite incluso disolver empresas o partidos políticos cuando sus dirigentes incurren en delitos. Rechazó desde el principio comentar la Operación Lezo y el resto de procedimientos en curso que instruye, pero confirma sus planes de futuro y no se muerde la lengua en temas relevantes.

¿Qué opina al menos de la situación de la corrupción en España?
No quiero contestar a eso, porque se puede hacer una lectura sobre casos concretos. Prefiero hablar sobre la importancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Gracias por entenderlo.
Pero está relacionado…
Es uno de los muchos delitos en que puede incurrir una persona jurídica.
¿Cree que hay arsenal jurídico suficiente para castigar a las personas jurídicas delincuentes en España con incluso la disolución?
La disolución es una pena prevista. Es la muerte de la empresa. Para las instrumentales que se usan torticeramente para hacer trampas no es mala solución, pero para las que tienen vocación de permanencia y plantilla de trabajadores, no parece que sea la más adecuada. En la importante sentencia de 29 de febrero de 2016, que llamamos «la bisiesta», el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional, que condenó a la disolución de una empresa con 100 trabajadores. El Supremo prefirió otra opción menos grave como es la sanción. Es importante que no es sólo responsabilidad de las empresas, hay personas jurídicas como son las fundaciones, los partidos, los sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro como puede ser la Iglesia, los equipos de fútbol… El Barcelona ya tiene condena y es el primer equipo que está jugando con antecedentes penales, el Osasuna está siendo investigado, están apareciendo los fraudes en las apuestas en Tercera División… Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido.
¿A un partido político?
Es muy importante que el mensaje no va solo a las empresas, sino a cualquier persona jurídica, salvo al Estado, y que se pueden graduar las distintas sanciones. La normal es la de multa y la más drástica la de la disolución, pero hay otras formas intermedias. Lo que ha querido el legislador es llevarlo al terreno penal y no al administrativo como en Italia o Alemania. Han decidido que el empresario tiene que poner procedimientos para evitar casos como el de Enron. Tiene que ser el empresario el que ponga los costes de la prevención. Eso sí, el plan de prevención de delitos ocompliance es voluntario. El premio es que el que haya hecho planes puede llegar a ser eximido de la acción penal o le puede atenuar la responsabilidad con la correspondiente graduación de la multa.
¿Y en los partidos políticos?
Para los partidos políticos sí es obligatorio. Con la reforma que hizo Rajoy sobre partidos políticos, que introdujo delito de financiación, les obligó a tener planes de prevención.
Entonces nunca veremos la disolución de un partido político, porque tendrá el eximente de contar con un plan de prevención…
Son cosas distintas, un partido puede tener un plan de compliance, pero pese a eso puede que alguien que lo conoce, evite esos controles fraudulentamente y cometa delito. Si es directivo y lo hace para procurar un beneficio al partido, será el partido el que comete el delito. El responsable arrastra a la responsabilidad del conjunto. Es que lo que hace el presidente del Gobierno es como si lo hiciera el Gobierno y lo que hace el representante de la empresa es como si hiciera la empresa. Luego es verdad que los accionistas de una empresa pueden emprender acciones contra el directivo y pedirle que les indemnice.
Disolver a un partido sería privar a los militantes de una fuerza política…
Sí, podría ser interpretado como una interferencia en la expresión política, pero hay otras alternativas. Otras penas son prohibir actividades temporalmente, cerrar locales de una parte del país…
Si no quiere hablar de casos concretos, ¿puede aclarar al menos si va a dejar su actual puesto?
Sí. He pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso.
Pero puede dejar casos importantes empantanados…
Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor.
Pero así se ralentizan los procesos judiciales…
Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser.
Hay que bajar el déficit público…
Ya pero en un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional pedí un refuerzo y me lo pusieron seis meses. Es ridículo que lo pongan por un plazo tan corto y eso que el compañero trabajó perfectamente. Ahora se ha ofrecido a echarme una mano, pero no es legal que dos jueces funcionen a la vez si no están nombrados por el Consejo. La Audiencia Nacional necesita más medios.
¿Por eso se quiere ir?
Y porque llevo 10 años en la Audiencia Nacional de mis 30 años de juez. Voy a seguir en la Audiencia Nacional, pero haciendo otro trabajo ya. Ya tengo mis años y estar siempre de guardia… En este trabajo te llaman a las dos de la mañana. Estábamos de vacaciones en esta Semana Santa y me llamaron… Pero al servicio que me he pedido de la Sala de Apelaciones no llaman. Es a los jueces instructores a los que nos mueven más. Si consigo el puesto, es menos de actuar y más de escribir.
¿Se va porque le afectan las críticas a sus decisiones?
La crítica me es indiferente, si no es a mí será al siguiente.
Es preocupante que jueces con tanta experiencia quieran dejarlo…
Desde la Sala de Apelaciones tener experiencia es importante y sólo el que ha sido antes instructor sabe cómo está conseguida una prueba. Por ejemplo, cuando veo que la Audiencia Provincial de Navarra dice que no hay kale borroka en unos actos que llama de orden público en Pamplona, en contra de la Audiencia Nacional que se dedica al terrorismo… Eso es banalizarlo y demuestra que no se dedican al terrorismo. También lo veo en materia económica o, por ejemplo, en Justicia universal. Cuando haces un procedimiento por una persona que ha sido masacrada por alguien del régimen de Assad, hay gente sin experiencia internacional que dice: no perdamos el tiempo porque las investigaciones nacionales están necesitadas de tiempo. ¡Qué tendrá que ver una cosa con la otra! Hay gente que no tiene empatía con crímenes contra la Humanidad que son más graves que la muerte. En la Sala de Apelaciones intentaré aportar mi experiencia.
¿Cuándo prevé dejar su puesto?
Está previsto en junio. A ver si entonces tengo la suerte de ganar el concurso y me voy a otra cosa.
¿Volvería a la política tras su etapa en la Generalitat Valenciana?
¿Para qué? Además, en Valencia lo que hice fue gestión. Yo me dediqué a construir infraestructuras judiciales y a informatizar. Cuando llegué usaban máquina de escribir. Cuando me marché, los 300 juzgados usaban ordenadores.
¿Animaría a un compañero a sustituirle? Parece que su juzgado está desbordado…
Yo animaría a evitar juzgados desbordados. Mi trabajo es apasionante. Siempre hay temas graves. Ahora hay uno que parece grave y dentro de poco habrá otro.
¿Con los medios que tiene puede hacer bien su trabajo?
No, así no puedo hacer bien mi trabajo. Me gustaría tener tiempo, porque cada ciudadano, cada víctima merece mucho más tiempo del que yo puedo dedicar.
¿Qué le parece la propuesta de que sean los fiscales los instructores?
Soy contrario. Estoy a favor del juez instructor. Los fiscales son estupendos profesionales y en el 99% de los casos harían la instrucción igual que los jueces, pero hay un 1% de ellos que puede recibir instrucciones de sus superiores. Y yo no, porque no tengo superior. Me siento más independiente que los fiscales, también en esos casos en los que el fiscal general, que es elegido por el Gobierno, puede dar un instrucción.
¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las tarjetas black…
Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación… Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta 2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.
¿Y si se equivocan?
No pasa nada. Hay segunda instancia, hay casación y no hay asunto que no pase por ocho jueces.
¿Es más difícil actuar contra una gran empresa?
Instruir esos casos es complejo. Recuerdo que llevé una trama de información privilegiada de un banco muy importante y me enseñaron un organigrama que no tenía tiempo de entender. No tengo tiempo para entender como funciona un banco pero me tengo que enterar.
¿Cómo solucionarlo?
Hay que especializarse. Los jueces deben tener un equipo de asesores, auditores o contables que nos sepan explicar estos fenómenos.
¿Cómo están trabajando la Udef y la UCO?
Muy bien. Las condenas que empiezan a asomar son gracias a ellos. Son policías sin pistola que estudian desfalcos o desvíos de dinero. Hacen una labor muy buena.
Volviendo a su libro, ¿se dotan las grandes empresas de planes de prevención de delitos?
En las grandes empresas sí, pero no con un solo modelo. Yo tengo unas 80 personas jurídicas investigadas en mi juzgado y veo planes de prevención diferentes. No se ha profundizado en delitos impropios como la trata de personas, el tráfico de drogas, la prostitución, la pornografía infantil… Creen que nunca los van a cometer, pero en el mundo real ocurren esas cosas. Pienso que, o tienen un plan correcto, o como lo tengan débil van a tener problemas.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html

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