En el mes de marzo de 2008, justo antes de las elecciones generales, se hace público por parte del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, un informe recopilatorio de los cambios legislativos habidos en los últimos años en relación con la perversamente llamada “violencia de género” y las ayudas, beneficios y privilegios que las maltratadas obtienen por parte de la Administración pública. El informe también se hace eco de los abusos que se cometen. El informe es un compendio. Una recopilación. No se da opinión alguna sino sólo datos. La autora ni siquiera pertenece al CES pero su sentido común y su formación le hacen ver los “defectos”. “El trabajo, elaborado por la experta en Derecho, Economía y Políticas Públicas Tatiana Torrejón, recuerda que la sentencia condenatoria no está prevista ni en la Ley Orgánica contra la violencia de género ni en la legislación de la Comunidad de Madrid en la materia y, que, sin embargo, tiene más peso que una orden provisional o una denuncia“. Esto es, no es necesario una sentencia condenatoria firme para acreditar la condición de maltratada sino que basta la simple denuncia cuando no un simple certificado de la asociación feminista de turno para acceder a todas las ayudas, prebendas y privilegios que la legislación concede a las “maltratadas”. El diario “Público” se hace eco de la noticia con una tendenciosidad más que manifiesta cargando las culpas en la presidenta de la CAM a quien le atribuyen incluso la financiación del CES como si saliese de su bolsillo el dinero del presupuesto de este organismo.

Conviene recordar la “industria del maltrato” sustentada en las mentiras, en las denuncias falsas y financiada generosamente gracias a las subvenciones.

Ángeles Álvarez tilda de ignominioso el informe y pide el cese fulminante del presidente y los expertos del CES. Llama “absoluta ignorante” a la autora sin conocerla siquiera siquiendo la vieja táctica de denigrar y desprestigiar al “adversario” con cualquier excusa. Resulta llamativo que Álvarez llame ignorante a quien tiene sobrada y acreditada formación cuando el único mérito académico conocido de Álvarez y por el que ha hecho carrera política y ostenta actualmente el cargo de concejal es sus gustos sexuales y su condición de lesbiana. Desconocemos en que Universidad se cursan estudios sobre esta materia y se otorga el correspondiente título de licenciado.

Las asociaciones autoproclamadas feministas y que se arrogan la representación de la totalidad de las mujeres, feminismorepresentación de los que carecen, ponen el grito en el cielo. El Consejo de las mujeres, ente creado y subvencionado por la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos y cuyos miembros carecen de representatividad alguna y cuyo funcionamiento carece de las más elementales normas democráticas, exige la retirada del informe. Finalmente las feministas, previa rueda de prensa, presentan escrito a Esperanza Aguirre conminándola (¿coaccionando y amenazando?) a retirar el informe. Siguiendo una vez más sus criterios stalinistas pues ya sabemos que no soportan ni toleran que nadie saque a la luz sus mentiras. Mentiras que han sido convenientemente introducidas en la mente de los ciudadanos. Todo aquél que ose airear sus patrañas es convenientemente perseguido.

PSOE e IU exigen la retirada del informe y la dimisión del presidente del CES. Necesitan tapar sus vergüenzas y no quieren que nada ni nadie las airee. Por supuesto siguen la vieja táctica de desacreditar al autor y al contenido sin conocer siquiera ni al uno ni al otro.

Los sindicatos, leales a quien les da de comer, también se suman a la campaña de difamación contra el informe y su autora y exigen la retirada del informe.

La campaña incluye la coacción a los diputados de la Asamblea de Madrid, “tomando” la Asamblea de la que son desalojadas las feministas que allí se han congregado. Acción que a pesar de estar tipificada como delito en el Código Penal (art. 492 y ss.) nunca les acarrean consecuencias penales por la desidia y negligencia del Ministerio fiscal y el miedo, cobardía, e irreponsabilidad de los diputados que no denuncian los hechos. En buena parte de ellos se da el ser afines a la causa cuando no directamente copartícipes.

Este tipo de acción es una constante de estas autoproclamadas feministas y demócratas. Recordemos de lo sucedido con ocasión de la presentación por parte del PP del recurso de inconstitucionalidad de la Ley de igualdad o para ser más exactos, de desigualdad. Las feministas, viendo peligrar su chiringuito tras la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, se manifiestaron ante el Congreso de los diputados con la evidente intención de presionar, algunos lo califican de coacción, al poder legislativo. Como tienen por costumbre, enarbolaron la mayor de sus mentiras, la perversamente llamada violencia de género. Las manifestaciones delante del Congreso de los diputados rara vez cuentan con la autorización de la Delegación del Gobierno, pero a la cabeza de ésta se encuentra la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Gallego, anterior subdelegada del gobierno y exesposa del ministro de interior. También reciben el apoyo, con foto incluida, del portavoz del PSOE en el Congreso de los diputados, Diego López Garrido, que cuenta en su currículo el ser catedrático de Derecho Constitucional. Los manifestantes presentan un escrito en el registro del Congreso a pesar de estar prohibido por la Constitución Española.

Artículo 77
1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Finalmente el CES retira el informe con la oposición del presidente.

Nuevamente la persecución stalinista de cualquier disidente u opositor queda consumada. Se consiguen al menos dos objetivos:

Ocultar la realidad.

Atemorizar a quien se atreve a hacerla pública.

Recordemos algunos de los privilegios, muchos de ellos recogidos en la propia Ley integral contra la violencia de género (tanto nacional como autonómica) y de caracter obligatorio. Otros simplemente desarrollados por la picaresca y la corrupción.

  1. Obtención de salario de inserción. La CAM lo tiene establecido en 900 euros mensuales.
  2. Obtención de vivienda del IVIMA gratis. Son viviendas nuevas, con garaje y piscina, y sólo se les obliga a pagar un porcentaje mínimo, sobre el 10%, que en la mayoría de los casos tampoco es abonado y esa “deuda” es condonada.
  3. Regularización de la situación a las emigrantes y obtención de la ciudadanía española y reagrupamiento familiar.
  4. Cursos remunerados para la obtención de un título profesional. En la mayoría de los casos las alumnas no asisten pues los cursos versan sobre temas por encima de sus posibilidades académicas. Por ejemplo: curso de administración de empresas impartido a alumnas que son analfabetas.
  5. Obtención de plaza de trabajo en la Administración pública, Ayuntamiento o Comunidad, con el título del curso al que nunca acudió.
  6. Subvenciones para crear empresas como el plan Dike de la Junta de Castilla y León mencionado anteriormente.
  7. Traslados y/o cambios de horarios en el trabajo.
  8. Subvenciones para obtención del carnet de conducir.
  9. Vacaciones pagadas en hoteles de cuatro estrellas. Dos semanas en la playa. Para evitar que las acólitas se diluyan es obligatorio asistir todos los días a dos horas diarias de adoctrinamiento y lavado de cerebro.
  10. Etc.

Recordemos que la polémica se suscita en plena campaña electoral y que en la misma la candidata del Partido Popular, Ana Pastor, prometió la concesión de microcréditos a las mujeres maltratadas. Resulta llamativo que estos microcréditos ya los concedía la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, bajo el Plan Dike. Este Plan ha sido un gran saco de corrupción en el que el dinero público, cada vez en mayores cantidades, ha ido a parar a todos menos a las mujeres realmente maltratadas pues entre otras irregularidades, sólo era necesario la presentación de la denuncia para “acreditar” la condición de maltratada aún sabiendo que la inmensa mayoría de las denuncias de maltrato son falsas. Finalmente y tras la oportuna queja al Procurador del Común, la Junta de Castilla y León tuvo que modificar los requisitos para considerar maltratada como queda reflejado en el Boletín oficial de Castilla y León nº. 9 de 6 de septiembre de 2007.

Por ello, se formuló la siguiente resolución a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades:
“Que se proceda a la modificación del apartado segundo de la ORDEN FAM/19/2006, de 10 de enero, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a empresas para fomentar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, dentro de las actuaciones que se incluyen en el Plan Dike, en relación con los medios de acreditación de la situación de maltrato, en el siguiente sentido:
1. Mediante la referencia expresa a las órdenes de protección y otras actuaciones judiciales como documentos válidos para acreditar la situación de maltrato.
2. Mediante la eliminación de la denuncia por maltrato como justificante admitido, por sí solo, para acreditar esta problemática social, o bien condicionando su valor probatorio a la presentación de informes técnicos que avalen suficientemente su contenido y confirmen, así, la evidencia del maltrato”.
La Consejería aceptó dicha resolución y comunicó a esta Institución que en la próxima convocatoria de subvenciones para inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género se tipificarían los títulos acreditativos de tal condición, eliminándose la referencia
a la denuncia por maltrato.

¿No sabía Ana Pastor de esta resolución o no quería saber?

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid certifican la defunción del informe guiados por sus intereses y no por la consecución del bien común ni el respeteo a las normas.

¿Cómo es posible que estos politicuchos denigren a la autora del informe por decir lo mismo que el Procurador del Común y cualquiera con un mínimo de sentido común? ¿Cómo es posible que vayan en contra de lo que el gobierno autonómico y el Parlamento de Castilla y León han dispuesto corrigiendo sus errores anteriores?

¿Puede alguien creer que estas feministas ignoraban la resolución de Castilla y León? ¿O simplemente defienden con uñas y dientes su boyante industria del maltrato?

Ningún medio de comunicación, siguiendo las normas al respecto, se ha puesto en contacto con la autora para conocer su versión. No creemos que ningún político lo haya hecho. Afortunadamente internet sigue siendo díficil de controlar muy a pesar de estos politicos totalitarios. El más que interesante INFORME sigue estando disponible para quien quiera leerlo y comprobar lo que en el mismo se dice y que nada tiene que ver con lo que esta secta, y sus serviles políticos y periodistas, nos ha querido hacer creer.

INFORME en formato PDF

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