La antigualla de la doctrina Botín

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La antigualla de la doctrina Botín 2018-10-18T21:16:43+00:00

 

http://www.elmundo.es/opinion/2016/01/11/56935369e2704ed7028b463f.html

La antigualla de la doctrina Botín

ENRIQUE GIMBERNAT

Junto al Ministerio Fiscal (MF) y el acusador particular, que defiende los intereses del perjudicado por el delito, nuestro Derecho faculta a cualquier ciudadano español, haya sido o no ofendido por el delito, a mostrarse parte en el procedimiento penal (acusación popular).

La sentencia del TS (STS) 1045/2007, de 17 de diciembre, rompiendo con toda la jurisprudencia anterior, establece, con carácter general y sin admitir excepción alguna, que si el MF, y, si está personado, el acusador particular, solicitan el sobreseimiento, y aunque la acusación popular inste la apertura de juicio oral, el juez, obligatoriamente, acordará dicho sobreseimiento (doctrina Botín).

La doctrina Botín ha sido rectificada y, en parte dejada sin efecto, por la STS 54/2008, de 8 de abril, así como por la STS 8/2010, de 20 de enero, que confirma la doctrina establecida por aquélla.

En la STS 1045/2007 aparecían imputados por un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil y 30 delitos contra la Hacienda Pública, además de Emilio Botín, tres personas más. Tanto el MF, como la acusación particular, que era defendida por el abogado del Estado, que ejercía la acción en nombre del Erario Público, solicitaban el sobreseimiento libre y total de todos los inculpados por el Juzgado Central de Instrucción “porque los hechos no constituyen delito”. En el caso Nóos, en cambio, y a diferencia del supuesto de hecho de la STS 1045/2007, y en cuanto que afirman la existencia de dos delitos fiscales cometidos por Iñaki Urdangarín (negando únicamente la participación, como cooperadora necesaria, de la Infanta Cristinaen los delitos cometidos por su marido), el Ministerio Fiscal sí que considera que ha sido vulnerado el interés social que defiende, de la misma manera que la abogacía del Estado considera que ha sido perjudicada en su interés particular, por lo que no se dan los presupuestos para aplicar la doctrina Botín, ya que ésta sólo concede a las acusaciones pública y particular la facultad de vetar la apertura de juicio oral si no se consideran perjudicadas, pero, si se consideran perjudicadas, en ningún lugar de la referida sentencia aparece que puedan decidir a su antojo -vetando también la apertura de juicio oral contra ellos- quiénes, como autores, inductores, cooperadores necesarios o cómplices, son aquéllos que en concreto les han perjudicado. Que el MF y la acusación particular, una vez que han afirmado la existencia de un delito, no tengan el poder de vetar a quién se juzga y a quién no como autores y partícipes del mismo -es decir: el poder de vetar el total esclarecimiento de los hechos- es también lo que ha entendido la STS 54/2008, cuando afirma, como ejemplo en los que la acción popular -independientemente de lo que estimen las restantes acusaciones- puede promover la apertura de juicio oral -en este caso sería respecto de la Infanta- “aquellos otros casos en los que la acusación particular solicitara un sobreseimiento parcial, en discrepancia con el criterio del acusador popular, que podría estar interesado en acusar a todos los imputados”.

La STS 59/2008 afirma también que, aunque el MF pida el sobreseimiento, la acusación popular esta legitimada para instar la apertura del juicio oral, en aquellos delitos -como el de desobediencia que se le imputaba a Juan María Atutxa– “que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual” (doctrina Atutxa). De esta manera, la doctrina Botín queda desautorizada por la doctrina Atutxa.

Para empezar, porque es unánime opinión jurisprudencial -y también doctrinal-, e independientemente de que en el caso concreto puedan afectar al interés particular de una persona perjudicada por el delito, que los delitos de falsedad vulneran el bien jurídico metaindividual de la seguridad del tráfico jurídico; así, por todas, y últimamente, la STS 508/2015, de 27 de julio (caso Operación Malaya): “bien jurídico protegido en función de la propia naturaleza y efectos que producen en el tráfico jurídico

[los documentos falsificados]”, “lesividad [de las falsedades] en el sentido de que también cumplen una función en dicho tráfico que consiste fundamentalmente en su aptitud como instrumento probatorio”. El sobreseimiento de Emilio Botín y de los otros tres imputados por los delitos de falsedad en documento oficial y mercantil, decretado por la STS 1045/2007, a pesar de que, por tratarse de hechos punibles que afectaban a bienes de titularidad colectiva, bastaba, según la posterior STS 54/2008 (y también 8/2010), con la acusación efectivamente ejercida por la acción popular, pone de manifiesto hasta qué punto la apelación que con fervor casi religioso hacen el MF y la defensa de la Infanta a la antigualla de la doctrina Botín carece de cualquier apoyo en la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Pero es que, en segundo y último lugar, de acuerdo también con la doctrina Atutxa, la STS 1045/2007 tampoco podría haber acordado el sobreseimiento por los 30 delitos contra la Hacienda Pública, dado que éstos afectan, además de al patrimonio de la Hacienda Publica, que es un mero depositario de los tributos que se le ingresan, también al interés colectivo de los españoles en tener una buena asistencia sanitaria o en que se paguen puntualmente los subsidios de desempleo o las pensiones de jubilación. Así lo reconoce también nuestra jurisprudencia, últimamente, por ejemplo, en la STS 182/2014, de 11 de marzo en la que, apoyándose en otras sentencias anteriores del TS, se puede leer: “Cualquier fraude tributario supone un grave atentado contra los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas. Frente a esta concepción del bien jurídico protegido, algunos sectores doctrinales desvían la esencia de la lesión hacia un delito semejante a los patrimoniales cuyo sujeto pasivo es la Hacienda Pública. Es cierto que al final el perjuicio es económico, pero no puede olvidarse que la justificación de la pena específica radica en la inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática”. De donde se sigue: como los delitos fiscales vulneran intereses metaindividuales, en el caso Nóos basta la acusación de la acción popular para que se abra juicio oral contra la Infanta Cristina.

La Agencia Tributaria mantiene en los procedimientos penales que el único bien jurídico lesionado por las infracciones tributarias es su propio patrimonio. A ver si tiene agallas, en su próxima campaña institucional, para, consecuentemente, inundar España, no con el eslogan: “Hacienda somos todos”, sino con el de “Hacienda soy yo”.

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