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La “eficiencia” de los 25.000 millones en subvenciones públicas que se dan cada año se auditará por primera vez

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Ya no sorprende que hasta ahora nunca se haya fiscalizado en qué y cómo se gasta el dinero público que se entrega a los amiguetes.

Ni siquiera cuando se denuncia pues se ponen todas las trabas posibles y se da carpetazo.

Las subvenciones deberían estar prohibidas. El dinero debería devolverse y buena parte de los beneficiarios deberían estar en la cárcel por usar el dinero para fines distintos a los solicitados cuando no directamente se han utilizado para el lucro personal.

Basta ya de robar el dinero del contribuyente para repartir el botín entre los afines y garantizarse fidelidades.

Esta medida no dejará de ser una campaña de imagen para tranquilizar a la opinión pública y ni se investigará, ni se sancionará ni se devolverá un céntimo.

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La AIReF los evaluará por orden del Gobierno

La “eficiencia” de los 25.000 millones en subvenciones públicas que se dan cada año se auditará por primera vez

El presidente de la Autoridad Fiscal Independiente, José Luis Escrivá. JAVIER BARBANCHO

Carlos Segovia

5 junio 2017

El Estado evaluará, por primera vez, si merece la pena la montaña de subvenciones que reparte cada año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) investigará «la eficiencia» de cerca de 25.000 millones de euros concedidos cada año a todos los sectores en un ejercicio de control de gasto sin precedentes. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, y el presidente de la AIReF, José Luis Escrivá han acordado empezar el examen con esta magnitud de subvenciones, según aseguran a EL MUNDO fuentes de Hacienda. Se da por seguro que detectará duplicidades y ayudas públicas insólitas o estériles para los teóricos fines que persigue.

El Consejo de Ministros formalizó el pasado viernes el encargo a la AIReF con mandato de poner bajo la lupa tanto las subvenciones concedidas por la Administración central, como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Los fondos para la formación, las ayudas al transporte público, las subvenciones al gasóleo de determinados colectivos, el apoyo a la agricultura o los estímulos públicos para investigación y desarrollo son algunos de los ejemplos que deberán ser revisados. Se estima que la Administración central y la Seguridad Social otorgan cada año subvenciones por valor de 15.000 millones, las comunidades autónomas, cerca de 7.000 millones y, las corporaciones locales, más de 2.000.

El Gobierno pretende cumplir así una reiterada solicitud de la Comisión Europea, que considera esencial el examen en la lucha contra el déficit público. De hecho, su primera recomendación en su informe sobre España del pasado 22 de mayo incluye la puesta en marcha de este análisis, «porque puede ayudar a cumplir necesidades de gasto con un uso más eficiente de los recursos».

Aunque la AIReF, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda debe empezar este spending review por las citadas subvenciones, equivalentes al 2,5%del Producto Interior Bruto, el objetivo final es una «revisión integral del gasto público», según Moncloa.

Responde también a uno de los acuerdos de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos pero al tratarse sobre todo del cumplimiento de una obligación internacional, el Gobierno se ha visto obligado a encargar el ejercicio al organismo público de más reciente creación, la AIReF, al ser el más creíble para la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El Tribunal de Cuentas o la Intervención General del Estado han quedado relegados. También queda fuera la llamada Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval) creada en 2006 por el Gobierno de Zapatero y que no ha logrado credibilidad ante los organismos internacionales en sus ya 11 años de historia.

Las autoridades fiscales independientes van ganando peso en los países occidentales y un ejemplo es la Oficina Presupuestaria del Congreso de EEUU que ha sido esencial para frustar los planes del nuevo presidente, Donald Trump, sobre el llamado Obamacare. El informe de este departamento advirtiendo que la modificación del programa supondría dejar sin seguro médico a 20 millones de estadounidenses fue decisivo. Sin embargo, abundan más los ejemplos en dirección contraria, la de recomendar a los gobiernos que eliminen subvenciones y gasto en general por estéril. La misma oficina de EEUU ha redactado un informe de 316 páginas con propuestas para recortar el gasto tras auditarlo.

En Holanda, por ejemplo, es usual que la autoridad fiscal evalúe antes de las elecciones el interés y verdadero coste los programas electorales de los partidos en liza.

El Gobierno español no quiere por ahora ir tan lejos. Según su comunicado, «la revisión del gasto en subvenciones se ha identificado como la primera área de trabajo sobre la cual se hará una revisión en profundidad, con el fin de detectar posibles mejoras en los procedimientos, eliminar duplicidades y realizar un análisis de impacto».

Según el plan de trabajo acordado, Escrivá y su equipo prepararán, en el plazo de dos meses, «un plan de acción que incorporará los aspectos metodológicos y las previsiones del citado proceso de revisión, e incluirá una propuesta inicial con el detalle de las líneas de subvenciones a analizar, las entidades públicas afectadas, los períodos temporales a los que se refiera el análisis, y la información que sería necesaria para la realización de estos análisis, así como el presupuesto y calendario de desarrollo».

Sus primeras conclusiones deberán ser presentadas antes del final de 2018, según el acuerdo del Consejo de Ministros. El Ministerio de Hacienda se asegura ejercer como enlace entre la AIReF y la Administración y se ha comprometido a financiar los gastos que va a tener que realizar la agencia estatal para poder cumplir el encargo. La AIReF deberá compatibilizarlo con sus actuales labores como la del seguimiento presupuestario. La semana pasada señaló que la mejora del Cupo vasco y el rescate de autopistas complicará el cumplimiento del déficit en 2017.

http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/06/05/59343dd146163fc7148b45ef.html

 

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