La juez pitonisa de Lugo se libra de sanción porque fue descubierta por una cámara oculta

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La juez pitonisa de Lugo se libra de sanción porque fue descubierta por una cámara oculta

 

La jueza expedientada niega los hechos pese a que están grabados con una cámara oculta.

Como niega el resto de causas que se le imputan. Por ejemplo, el asunto del gato pese a los numerosos abogados que lo atestiguan.

El corporativismo judicial nuevamente muestra su cara más dura.

Hay quien lo llama mafia. Dado que muchos de ellos son familia el calificativo no parece muy desatinado.

Es fundamental que los jueces dejan de juzgarse entre ellos y pasen a ser juzgados por un jurado popular. La separación de poderes debe restituirse.

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La juez pitonisa de Lugo se libra de sanción porque fue descubierta por una cámara oculta

La juez pitonisa, María Jesús García, de 55 años, camina por las calles de Lugo. Pedro Agrelo

MANUEL MARRACO – Madrid

NATALIA PUGA – Pontevedra

17 OCT. 2018

La juez pitonisa se queda sin sanción. La Comisión Disciplinaria ha acordado archivar el expediente disciplinario abierto contra ella al considerar ilegal la prueba que activó la investigación: una grabación periodística con cámara oculta realizada en el domicilio de la magistrada y aportada posteriormente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto una sanción de seis meses de suspensión de funciones para la magistrada María Jesús García Pérez, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo. A su juicio, la magistrada había cometido una falta “muy grave” consistente en el ejercicio de actividades incompatibles con el cargo judicial, en este caso echar las cartas del tarot.

La decisión del CGPJ no ha sido pacífica. El archivo se ha producido por cuatro votos a tres. A favor han votado los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Vicente Guilarte y Enrique Lucas. Por su parte, Ángeles Carmona, Carmen Llombarty Wenceslao Olea respaldaban imponer la sanción.

La tesis que se ha impuesto es que esa prueba inicial ilícita estaba conectada a los actos de investigación posterior, a los que contaminaba. Se aplica así la denominada doctrina del fruto del árbol envenenado, acuñada en el ámbito penal y aplicable al derecho sancionador administrativo. Aplicada al caso, implica que, pese a que tras el vídeo ilícito la magistrada reconoció la actividad de tarotista ante el promotor, esta declaración venía contaminada de origen.

La decisión podría ser recurrida por el fiscal, que apoyaba la imposición de una sanción. En ese caso, el recurso lo resolvería el Pleno del Consejo.

Una juez con sanciones reiteradas

María Jesús García Pérez, de 55 años, lleva 26 en la carrera judicial y le ha dado tiempo a labrarse una fama paralela a la de sus resoluciones. Antes de que una grabación con una cámara oculta realizada por periodistas de Lugo que se colaron en su casa destapase su faceta de pitonisa, su ejercicio profesional ya había sido objeto de críticas e investigaciones en el pasado.

A lo largo de su carrera profesional ha pasado por múltiples destinos que la llevaron a recorrer toda la geografía española, desde Laredo (Cantabria) a la localidad madrileña de Collado Villalba, Las Palmas de Gran Canaria, Santander, Bilbao o Santiago de Compostela hasta acabar en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo. En casi todos ellos ha dejado huella por sus excentricidades y de alguno se fue con sanción.

Una de esas sanciones se la impuso el CGPJ por una falta disciplinaria muy grave por no acudir a su puesto cuando estaba de guardia por ir al gimnasio. Ejercía entonces en Collado Villalba y se le impuso un año de suspensión de empleo.

Cuando ejercía en Las Palmas en 2001, el servicio de inspección del Poder Judicial investigó una denuncia por actividad paralela a la de juez: actuaba en un local de striptease de un amigo y llegaron a abrirse diligencias informativas, pero aquel caso también se archivó.

Durante su etapa en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santander fue sancionada con 3.000 euros por el Poder Judicial por criticar la ley contra la violencia de género en una entrevista en la que, además, cuestionaba los juzgados especializados -precisamente en el que ella trabajaba- y cuestionaba a algunas víctimas.

Su paso por el Juzgado de lo Penal número 6 de Bilbao acabó igualmente en sanción, en esta ocasión por una falta leve, por fumar entre juicio y juicio sin salir de la sala de vistas y en su destino anterior a Lugo, y se del Juzgado de lo Penal 1 de Santiago de Compostela en 2012 dejando muy mal recuerdo, pues llevaba a su gato a la sala de vistas, motivando la queja oficial del Colegio de Abogados.

https://www.elmundo.es/espana/2018/10/17/5bc75c3f22601dc9108b462b.html

https://www.elmundo.es/cronica/2018/07/24/5b54865722601d6f088b4627.html

Teléfono.: 620100000 - Email: info@projusticia.es

 

 
By | 2018-10-18T21:19:00+00:00 octubre 17th, 2018|Categories: jueces|Tags: |1 comentario

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Un comentario

  1. Marcus Schumacher 18/10/2018 en 07:19- Responder

    Así es el tema….”CORPORATIVISMO” puro! El CGPJ no es nada independiente. Mi propia experiencia con quejas, interpuestas por la clara parcialidad de muchos jueces, dictados en sus resoluciones, y claras infracciones cometidas por ell@s, claramente especificadas, en la misma página web del mismismo CGPJ, se archivan por defecto, siempre con el mismo artículo de la Ley, el 117.3! Y después en el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, el Abogado, asignado de oficio, solicita la “INSOSTENIBILIDAD” de la causa que es amparada por la Comisión de la asistencia jurídica gratuita y el Colegio y ya esta arreglado el tema….hoy yo por ti, mañana tu por mi! Este recurso debería ser llevado por un jurado popular, entonces otro gallo cantaría…..

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