Teléfono: 620100000 - Email: info@projusticia.es

Si no encuentra la página que busca pruebe en la sección "web anterior".

La Junta acumula trece años de promesas incumplidas en los juzgados

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Es evidente que los políticos tienen un interés especial en que la Justicia no funcione.

Tener entretenidos a los ciudadanos con problemas menores y hacer que éstos desistan de acudir a la justicia son algunos de los objetivos.

-o-o-o-o-

La Junta acumula trece años de promesas incumplidas en los juzgados

Lorenzo del Río y Emilio de Llera presiden una comisión mixta entre el TSJA y la Consejería de Justicia. M. RODRÍGUEZ

RAMÓN RAMOS – Granada – 7 may. 2017

La Junta anunció una nueva oficina judicial en 2004 que funcionaría al año siguiente, pero todavía no existe

Granada reivindica la “capitalidad judicial” que proclama el Estatuto

Iba a ser un cambio “revolucionario” en organización y métodos de trabajo en la administración de Justicia o, al menos, así se anunció aquel lejano 22 de julio de 2004 en que la entonces consejera María José López reunió en una jornada de trabajo a representaciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Fiscalía Superior, encabezadas por sus titulares de la época, Augusto Méndez de Lugo y Jesús García Calderón: es la fecha inaugural de la Oficina Judicial y Fiscal, que ese día echaba a andar en lo que se anunciaba como una realidad tangible en abril siguiente, es decir en 2005, bajo la premisa mágica que en la jerga autonómica suele acompañar todo plan o proyecto diseñado por la Junta: ‘pionero’.

Pero pasó 2005 y 2006 y… hasta llegar a este 2017 en que con desencanto el actual presidente del TSJA, Lorenzo del Río, al presentar la Memoria del TSJA rescataba lo que se ha convertido en un clásico del anual resumen judicial en Andalucía: los avances experimentados son “anecdóticos”, ningún adelanto “significativo” respecto a la Oficina, “donde todo apunta a una voluntad de implantación más testimonial que efectiva”. Una visita a las sucesivas Memorias de la Fiscalía Superior arrojaría un lamento similar año tras año.

El último hito en esta historia que va camino de los trece años se registró el pasado 22 de noviembre, cuando la Consejería de Justicia remitió al Ministerio la Orden que regula la relación de puestos de trabajo (RPT) en la reorganización de recursos humanos y materiales que conllevará la efectiva implantación de la Oficina. La pelota, pues, está en el tejado del Gobierno central, que debe dar la aprobación definitiva a lo que ya de forma provisional ha hecho la Junta, según comentaron a EL MUNDO portavoces de la Consejería. Una vez recibido el ‘visto bueno’ se pondrán en marcha como ‘experiencia piloto’ en los municipios de El Ejido, Vélez Málaga y Dos Hermanas, ya designados, aunque aquel julio de 2004 en que se habló de abril de 2005 como ‘minuto uno’ se anunció una Oficina por cada provincia de Andalucía.

Las comisiones

En noviembre, por tanto, se puso fin a una larga negociación con la representación sindical de los funcionarios y el tiempo anterior se fue en el trabajo para el diseño de la Oficina y las modificaciones legislativas inherentes a la entrada en servicio de la Oficina. En el tiempo transcurrido desde la jornada iniciática quedaron atrás las comisiones de coordinación y la comisión general constituidas en 2004 para el estudio pormenorizado en cada orden jurisdiccional. A los actores de aquella jornada la historia reciente los ha dejado atrás: a Méndez de Lugo le sucedió Del Río en la presidencia del TSJA, por la Consejería pasaron -después de López-Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez, Luis Pizarro y Francisco Menachoantes del actual Emilio de Llera y el último ‘superviviente’, García Calderón, acaba de ser reemplazado en la Fiscalía por Ana Tárrago.

Trece años después no hay Oficina Judicial y Fiscal pero sí existe el director general de la Oficina Judicial y Fiscal: Juan Rueda, a quien en su oficina de la Consejería no le falta el trabajo pues sus funciones abarcan a la gestión de los recursos humanos en la Administración de Justicia, tarea que ocupa su jornada ante la carencia de facto de funciones respecto a la Oficina Judicial y Fiscal.

Una Oficina que hunde sus orígenes en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que suscribieron en 2001 los principales partidos políticos de nuestro país el 28 de mayo de 2001, que contemplaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, entre otros aspectos, abordar “por primera vez una regulación de los aspectos organizativos de la denominada Oficina Judicial”. En desarrollo del Pacto, el proyecto de la Junta trataba de superar el “obsoleto” sistema organizativo de la Justicia “cuando pueden existir una serie de servicios comunes procesales” que contribuyan “a la agilización y descarga” de la saturación que se acumula en los Juzgados, según expresó a la prensa Méndez de Lugo, mientras Calderónresaltaba la “racionalización de esfuerzos” que conllevaría una Oficina entonces ‘acariciada’ para 2005. Pero la Junta encargada de su desarrollo esperó a enero de 2014 para que se publicase el decreto por el que se regula organización y estructura de la Oficina, definida en la web de la Consejería como “organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, y que va a traer indudables ventajas tanto para la ciudadanía como para el propio personal al servicio de la Administración de Justicia”. Un decreto mirado con desconfianza por los funcionarios que “rompe con la configuración clásica de juzgado, superando el modelo atomizado e incorporando criterios de buenas prácticas”.

A día de hoy, en el apartado correspondiente la web consagra la Oficina como “una necesidad legal y de gestión”, compelida además por “el actual panorama presupuestario que obliga mucho más a optimizar los recursos disponibles en aras de la mejora continua de los servicios públicos”. Una urgencia para la que la Junta se ha tomado su tiempo: ya en fecha temprana, en 2006, la Memoria del TSJA apunta “la frustración ante la actual situación, puesto que el año 2006 puede considerarse un año en blanco, un año perdido en la puesta en marcha de la Oficina Judicial. Nada nuevo puede reseñarse en el proceso de implantación y el estado actual es de desánimo y estancamiento”. Y así, hasta 2017.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/07/590e0be9e5fdea5b758b45be.html

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Teléfono.: 620100000 - Email: info@projusticia.es

Deja un comentario