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Ley del divorcio

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Veamos la reciente modificación de la Ley del divorcio y cómo al final se hace tal y como las feministas radicales ordenan.

Meses antes de iniciarse siquiera el trámite parlamentario, Themis, por boca de su presidenta, ya decía bien claro cómo debería ser el espíritu y la letra de la futura ley, como por ejemplo en el aspecto más controvertido de esta reforma legislativa que era la Custodia Compartida.

El ministerio presenta un anteproyecto que incluye modificaciones importantes, empezando por la exposición de motivos. El Consejo de Ministros lo retoca algo y lo envía al Congreso. Pero como quiera que estas modificaciones van en contra de los intereses de las feministas radicales, representadas por Themis, la maquinaria de presión de Themis se pone en marcha, como siempre manipulando datos, ofreciendo cifras falsas y estudios sesgados y acientíficos.

Además crean un nuevo concepto, el de custodia responsable, con objeto de confundir tanto a la opinión pública como a los diputados y senadores que están debatiendo la ley. En cualquier caso no deja de ser un subterfugio para tratar de impedir la Custodia Compartida con la excusa de que si los progenitores no llegan a un acuerdo cómo van a compartir la custodia. Por supuesto, con la fachada de velar por el bien de los niños lo que hacen es reclamar el dinero ajeno.

Queremos hacer constar que el Proyecto de Ley no hace un tratamiento igualitario para mujeres y hombres. Entre otras cuestiones, la eliminación absoluta de las causas y la regulación de la pensión compensatoria que se contempla en el Proyecto, son aspectos que perjudican fundamentalmente a las mujeres.

En el Congreso de los Diputados, las feministas radicales consiguen que se “corrijan” las desviaciones de su doctrina que tenía el anteproyecto. Poco les importa que sus criterios vayan en contra de la opinión de la casi totalidad de la población incluida la femenina a la que dicen representar.

Pero en el Senado se aprueban unas enmiendas de manera consensuada entre el PSOE y el PP que son contrarias, de nuevo, a las posiciones de las feministas radicales dado que éstas no representan mas que a una mínima parte de la población.

Antes de pasar de nuevo por el Congreso de los Diputados, y viendo lo que ha pasado en el Senado, las feministas radicales se reúnen con Rodríguez Zapatero en La Moncloa. ¿O es Rodríguez Zapatero quién se reúne con ellas?

Especialmente revelador y aterrador resulta el siguiente párrafo de la noticia:

Durante la intervención de Pérez del Campo, el jefe del Ejecutivo le interrumpió para afirmar “esta misma noche“. “No hagas más esfuerzos, conmigo, no hace falta“, dijo tras el discurso de la feminista en contra de una custodia compartida sin acuerdo de los padres.

¿Coacción? ¿Extorsión? ¿Chantaje? ¿Estulticia? Rodríguez Zapatero cede y promete a las feministas radicales que sus criterios serán los que quedarán reflejados en la ley. En qué cabeza entra que el presidente del gobierno reciba a bombo y platillo a una de las partes el día anterior a la votación y que les prometa que sus pretensiones serán atendidas en contra del criterio de la casi totalidad de la ciudadanía.

La ley se vuelve a modificar gracias a que los diputados del PSOE votan en contra de sus propias enmiendas aprobadas en el Senado cediendo a las presiones de las feministas radicales. El PSOE lo justifica argumentando que ha sido un error, tomando a los ciudadanos por imbéciles. Cualquiera que haya visto una votación en el Congreso habrá observado como se sigue a rajatabla la disciplina de voto y como se sanciona a quien se la salta.

Es significativo como nuestros “bien intencionados” diputados, siguiendo las directrices de las feministas radicales, crean una norma ilegal e inmoral como es la prohibición de que los niños declaren en los procesos de separación. Con la excusa de evitar el mal trago a los niños se impide que declare el mejor testigo de la situación familiar; se impide que el menor de su opinión sobre lo que desea; y se fomenta la Alienación Parental. Dando carta de naturaleza a la aberrante práctica judicial de no escuchar a los niños salvo que tenga 12 años, incumpliéndose el propio Código Civil (arts. 92 y 159). Además se incumplía ya partir de ahora se incumplirá la Constitución Española, la Ley de Protección Jurídica del Menor (1/1996), la Declaración universal de los Derechos del Niño (ONU) y la Convención Europea de los Derechos del Niño (UE). La decisión es objeto de alabanzas por parte de las feministas radicales. Destaquemos el siguiente párrafo:

Con el apoyo de todos los grupos políticos sí salió adelante una enmienda que elimina la obligación de que los hijos de 12 años o más deban comparecer ante el juez en procesos de separación o divorcio para exponer su punto de vista en el caso de sus padres. Ahora, sólo será potestativo del juez. La intención es intentar suavizar la presión psicológica y los malos tragos que padecen los más pequeños durante estos procesos.”

Algo que desgraciadamente es la norma en la mayoría de los países produciéndose la paradoja de tomarse decisiones trascendentales sobre la vida de los menores sin oír su opinión o tomarla en consideración.

El Defensor del Menor ha brillado por su ausencia, como casi siempre, a la hora de defender los derechos de la infancia, limitándose a ser políticamente correcto y dorar la píldora a quienes le han puesto en el cargo.

Por supuesto, y a pesar de la promesa del ministro López Aguilar, ni el “error” en la votación se va a corregir ni se van a subsanar las aberraciones en los juzgados de familia. Todo lo contrario. Los equipos psicosociales de los juzgados de excepción creados a la sombra de la inconstitucional Ley de violencia de género, van a ser los encargados de ayudar a los equipos de los juzgados de familia. Poner a la zorra a cuidar el gallinero.

¿Por qué se cometen estas tropelías en contra del interés general y del de las mujeres a las que dicen representar? No debemos olvidar que en el fondo de todos estos grupos feministas radicales está el interés económico. Baste recordar las ingentes cantidades de dinero público que reciben y en qué lo emplean.

Finalmente la nueva ley ha puesto tantas trabas y condiciones a la Custodia Compartida que de facto es casi imposible que se conceda.

  • Es obligatorio el informe favorable del fiscal. Privando así, de manera inconstitucional, al juez de su capacidad de decisión. Hemos de recordar que si bien los jueces son independientes, los fiscales deben seguir los criterios de su superior jerárquico que en España es el gobierno. Y los criterios del gobierno al respecto han quedado claros: son los que le dicta las feministas radicales.
  • Se condiciona la Custodia Compartida a que no haya indicios de delito. Basta una denuncia que ni siquiera condena, para no poder optar a la Custodia Compartida. No olvidemos que la casi totalidad de las denunias por maltrato son falsas y que la mayor parte se interponen cuando hay un proceso de separación.
  • Se priva a los menores de su derecho a ser oidos vulnerando sus derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, Declaración Universal de los Derechos del Niño, Código Civil y Ley de Protección Jurídica del Menor.

Por supuesto, la separación entre “cariño” e intereses económicos sigue sin producirse. La separación de bienes no se introduce como situación por defecto en el matrimonio. La liquidación de gananciales sigue siendo un proceso lento e injusto. La atribución de la vivienda al custodio sigue siendo la práctica habitual. De modo y manera que la disputa por los bienes materiales, y en la mayoría de los casos el expolio de los mismos, sigue presente en los procesos de separación provocando continuas injusticias y disputas haciendo que el interés principal, el beneficio de los menores, quede soslayado por las constantes discrepancias sobre el reparto de los bienes materiales.

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