N. IGLESIAS Una mujer acusada de quemar con gasolina al hombre que
violó a su hija menor de edad en la localidad alicantina de Benejúzar se
enfrenta a una pena de nueve años y medio de cárcel. La acusada comparecerá la
próxima semana en la sección séptima de la Audiencia provincial, con sede en
Elche, como presunta autora de un delito de homicidio, además de por los daños
ocasionados a una segunda persona el día en que se registraron los hechos.
El
caso, que despertó una gran alarma social, se produjo en junio de 2005, cuando
la procesada tuvo noticias de que el fallecido se encontraba disfrutando de un
permiso carcelario concedido por el centro penitenciario Alicante II, donde
estaba cumpliendo condena por la violación de la hija de la acusada, nueve años
atrás.
El fallecido regresó así durante esos días a Benejúzar. Según la
calificación de la Fiscalía, fue a las once de la mañana cuando la procesada,
que desde que se registró la violación de la menor "padecía un transtorno
ansioso depresivo", acudió a una gasolinera para comprar un litro de gasolina
que trasladó en una botella de plástico hasta un bar del municipio donde se
encontraba la víctima.
La mujer accedió al establecimiento, situado en la
avenida Juan Carlos I de Benejúzar, y dirigiéndose al hombre le preguntó "¿te
acuerdas de mí?" para, inmediatamente, rociarle con gasolina por todo el cuerpo
y "prender fuego a una cerilla que le arrojó y que provocó que el hombre
comenzara a arder", según se desprende del escrito.
El fuego ocasionó a
A.C.V. quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo que le llevaron a
padecer un "shock séptico" que le llevó a la muerte unos días después. Con
motivo del incidente, una segunda persona que se encontraba en el local padeció
también lesiones en las manos y en los pies. Circunstancia por la que el
Ministerio Fiscal pide para la acusada dos años de cárcel, junto a los siete
años solicitados por el delito de homicidio.
Por otra parte, la calificación
recoge la inclusión de una atenuante por alteración psíquica atendiendo al
estado en que se encontraba la procesada, al considerar el fiscal que la mujer,
como consecuencia de su situación emocional, "tenía disminuida su capacidad de
discernimiento y voluntad".
El acusador público pide, además, una
indemnización de 108.000 euros para la mujer y los cuatro hijos del
fallecido.
Estancia en prisión
Tras pasar poco más de un año en la
cárcel, la acusada abandonó el centro penitenciario de Fontcalent en respuesta a
un auto dictado por la Audiencia en el que se decretaba su libertad. Una opción
sujeta a dos condiciones; que se presentara cada lunes en los juzgados de
Orihuela y que se sometiese a un tratamiento psiquiátrico ambulatorio
supervisado por el propio tribunal.
Asimismo, la crudeza de este caso motivó
la necesidad de revisar la aplicación de las órdenes de alejamiento para
proteger a las víctimas de violaciones y delitos sexuales. Una aplicación de
carácter obligatorio recogida en la reforma del Código Penal de 2004 para este
tipo de agresiones.