
«No existe maltrato ni sombra de duda al respecto», aclararon las ediles, quienes hicieron hincapié también en que «la Casa Malva no tiene un reglamento de funcionamiento propio sino que se rige por las normas establecidas en la Red de Casas de Acogida». Sea como fuere, lo cierto es que tanto el Principado de Asturias como el Ayuntamiento de Gijón han abierto expedientes informativos para dejar constancia de los hechos y hacer un seguimiento de las residentes y del funcionamiento del centro, para «introducir las variaciones o mejoras necesarias». A pesar de eso, las concejalas explicaron que ya se habían reunido con las cinco residentes actuales y que sus discrepancias «no se refieren a las normas en sí mismas, sino a su aplicación puntual y concreta en algunos casos».
Esperanza Fernández y Begoña Fernández, junto a representantes del Instituto Asturiano de la Mujer, del Consejo de Mujeres de Gijón y de Cruz Roja de Asturias, censuraron «el tratamiento que el PP de Gijón ha hecho de este tema, al tratar de convertir quejas personas en un problema grave de funcionamiento». Con ello, aseguran, «rompen el consenso existente hasta ahora en materia de violencia de género y deterioran gravemente la imagen de las instituciones».