El Tribunal de Cuentas ha nombrado este martes consejero
instructor para estudiar los presuntos delitos de malversación
de fondos públicos y secuestro de menores con dinero público
por parte de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas,
presidida por Ana Mª Pérez del Campo. Dicha Federación es la
responsable de gestionar un centro de atención a la mujer
maltratada en la localidad madrileña de Coslada, que ha sido
objeto de múltiples irregularidades. Al final, el
divorcio-express y la violencia de género han credo un nuevo
mercado, del que se lucran ONG feministas y despachos de
abogados
Para empezar, la ausencia de contabilidad transparente
puesta a disposición del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, órgano que debería de supervisar las cuentas al
tratarse de una de las asociaciones financiadas con cargo al
0,52% del IRPF. La anterior directora general de la Mujer
encargó una auditoría sobre el citado centro de acogida que
gozó de todos los impedimentos posibles por parte de sus
gestores y que destapó numerosas irregularidades
Además, en dicho centro obliga a las madres que ingresan en
el centro a que ni ellas ni –en su caso- sus hijos mantengan
ningún tipo de trato, contacto o relación con su pareja,
presunto maltratador, rompiendo los lazos de los niños con sus
padres. Incluso la prohibición –y su internamiento- se
prolongan una vez que el juez ha desestimado la denuncia de
malos tratos, produciéndose un secuestro efectivo de menores
con cargo al erario público.
Por si fuera poco, el “chiringuito” forma parte de una
trama familiar donde la hija y el yerno de Pérez del
Campo –Ratita Pérez, en la jerga de los padres
separados- trabajan como abogados y psicólogos de las mujeres,
con sus correspondientes minutas. Son los que redactan las
denuncias “clones” por malos tratos a las mujeres y abusos
sexuales a los niños para conseguir la custodia exclusiva de
los hijos generando un millón de “huérfanos legales”, según
los cálculos de las asociaciones de separados.
En resumen: el centro de la Ratita Pérez es un foco de
irregularidades y presuntos delitos que podrían ir más allá
del mal uso de los fondos públicos. Tras la denuncia
presentada ante el Tribunal de Cuentas por la
Asociación Amnistía Infantil el pasado mes de mayo, la
Fiscalía se opuso mientras que la Abogacía del Estado ha
observado indicios de delito. El 6 de junio abrieron
diligencias y finalmente este martes 7 de noviembre el
Tribunal de Cuentas ha decidido abrir diligencias en la fase
de instrucción y nombrar consejero instructor. Una
investigación lenta, pero que podrá esclarecer la realidad de
la contabilidad del centro de acogida de Coslada, de la
Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y del patrimonio
personal de su presidenta desde hace 25 años.
Además, en paralelo, la Asociación Amnistía Infantil tiene
presentada desde el pasado mes de mayo una denuncia contra la
misma asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas por
presunta “asociación ilícita” debido al presunto “secuestro de
menores”. La causa se presentó en la Plaza de Castilla, aunque
el expediente ha sido trasladado a Coslada por cuestión de
competencia. Poco a poco se cierra el círculo de la ‘industria
del maltrato’. Una industria que ha permitido generosos lucros
para las profesionales de la abogacía y psicología vinculadas
profesionalmente al asunto, pero sobre todo, para las
asociaciones que se dedican a explotar el asunto, fuertemente
financiadas por el Estado y CCAA, cuya gestión no es
supervisada ni auditada por organismo alguno. Luz y
taquígrafos, por favor.
Lo cierto es que la ley del divorcio Express y la ley de
Violencia de Género han creado todo un mercado de rupturas
familiares del que se aprovechan ONG de carecer feministas y
despachos de abogados. Y ambas cuestiones son una sola, porque
la práctica abrumadoramente mayoritaria consiste en la unión
de ambas leyes: en definitiva, que todo este entramado de
asociaciones y abogados aconsejan a la mujer que se separa que
alegue violencia de género, el mejor método de asegurarse la
victoria en todos los terrenos: guardia y custodia de los
niños y pensiones y reparto del patrimonio
familiar.