Persecución del disidente/opositor

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Persecución del disidente/opositor 2017-04-29T14:53:09+00:00

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disidente

Detengámonos a ver cómo se las gastan las hembristas cuando se trata de silenciar las voces discrepantes o las de quienes se atreven a decir en público la verdad sobre las intenciones reales de las hembristas, sus intereses económicos y la falsedad de los datos que dan a la opinión pública.

Tomemos como ejemplo el caso de la jueza decana de Barcelona, Dª. María Sanahuja. Antes de nada hemos de recordar que las hembristas fueron las primeras en felicitarse por el nombramiento de Dª. María Sanahuja como jueza decana. Felicitaciones y parabienes que tornaron en invectivas y descalificaciones en cuanto Dª. María Sanahuja destapó el asunto de las denuncias falsas en procesos de separación. No olvidemos que en estos procesos las hembristas basan uno de sus sofismas y sustentan uno de sus más lucrativos negocios. Las hembristas llegaron al punto de exigir al C.G.P.J. que apartasen a Dª. María Sanahuja de su empleo de jueza y a que la obligasen a estar calladita.

¿Quiénes se creen estas sinvergüenzas que son? ¿Qué poder tienen para atreverse a realizar estas exigencias? ¿En qué república bananera se creen que viven estas dictadorzuelas? Entre las dictadorzuelas se encuentra alguna diputada. Del PSOE.

¿Por qué esta furibunda reacción contra Dª. María Sanahuja?

Muy sencillo. Por decir la verdad y destapar la podredumbre. Es la habitual y sistemática reacción de las organizaciones fascistas o stalinistas contra quien ose descubrir lo que ocultan.

Dª. María Sanahuja abrió la caja de los truenos al avisar de la proliferación de denuncias falsas en los procesos de separación y divorcio. Se ha manifestado pública y notoriamente sobre la inconstitucional ley de genero. Se ha mostrado defensora incondicional de la custodia compartida. Ha dicho por activa y por pasiva que la reforma de la ley de divorcio es inconstitucional. Para colmo, también ha denunciado el negocio de las hembristas basado en las subvenciones multimillonarias.

Pero para gran disgusto de las hembristas, Dª. María Sanahuja se ha visto apoyada, y sus opiniones y tesis refrendadas, por la Junta de jueces de Barcelona, el Fiscal jefe de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, diversos jueces decanos, el Congreso de psiquiatría forense, el congreso del SEPYPNA, decanos de colegios de abogados, asociaciones de padres, etc.

A pesar de las enormes presiones, el C.G.P.J. tomó la decisión sensata y ajustada a derecho y archivó la denuncia de las hembristas contra Dª María Sanahuja.

Este archivo de la denuncia fue celebrado por un número elevado de feministas que no están de acuerdo ni se sienten representadas por las radicales. En la carta que firman no sólo se felicitan por el archivo sino que dan su opinión sobre la Ley de violencia de género y la Ley de divorcio. Opinión que dista mucho de la que defienden las radicales.

Esta persecución a toda aquella persona que ose ir en contra de los intereses de las hembristas o que se atreve a publicar lo que hacen, no es nueva. Por supuesto los colectivos que se enfrentan a las hembristas destapando sus vergüenzas son el blanco de las hembristas quienes en el más puro estilo stalinista intentan tapar la boca utilizando, al más puro estilo stalinista, sus propios organismos de “justicia” creados ex profeso.

Joaquín Leguina tuvo la osadía de publicar su opinión en un periódico nacional. De manera automática las feministas radicales empezaron la campaña contra él. No pueden tolerar que nadie diga en público, menos en un medio importante, las mentiras del feminismo radical.

La anterior directora del Instituto de la Mujer, Miriam Tey, en un tímido intento de sanear la institución y terminar con la corrupción, tomó algunas medidas como el exigir las auditorias del dinero entregado vía subvenciones a las asociaciones feministas radicales. La reacción fue fulminante y la campaña contra ella fue muy intensa. Duró hasta que fue destituida del cargo tras llegar el PSOE a La Moncloa.

La lista de personas que han dado la voz de alarma sobre este asunto es interminable. Fijémonos en las declaraciones del juez D. Eduardo Navarro. Son tan de sentido común que caen por su propio peso. En cualquier caso y a pesar de lo evidente, en los juzgados se siguen cometiendo tropelías a ritmo industrial.

En fechas recientes, el colectivo feminista radical ha fijado su objetivo en una nueva persona. Es un juez que dicta una resolución más que sensata pero que socava las mentiras de las feministas dando datos y no ideología. La campaña de acoso y derribo continúa en marcha difamándole y calumniándole.

Es de destacar la cantidad de feministas ya octogenarias, que se han sumado al coro de voces que avisan de lo que el feminismo radical (hembrismo) está haciendo. Conviene ahora hacer una breve reseña sobre Erin Pizzey que tuvo que exiliarse por las amenazas de muerte que sufría a manos de las feministas radicales por el simple hecho de decir la verdad.

ERIN PIZZEY

Escritora, periodista y, ante todo, precursora del movimiento mundial de albergues para mujeres maltratadas. Hija de un diplomático británico, Erin Patricia Margaret Carney nació en China en 1939, y alternó sus primeros años entre los diversos destinos de su padre en ultramar y una estricta escuela religiosa de Inglaterra. En 1961 se casó con el periodista Jack Pizzey. Divorciada, en 1979 contrajo matrimonio con el psicólogo Jeffrey Shapiro, en cuya colaboración escribió Prone to violence (“Proclives a la violencia”) (1982).

En 1971 fundó el primer albergue moderno de mujeres maltratadas en Chiswick, cerca de Londres, y conoce de primera mano el mundo de la violencia doméstica. El albergue de Chiswick, en el que Erin Pizzey mantuvo a toda costa una política de puertas abiertas, pronto se vio desbordado por la gran afluencia de mujeres y niños. Las autoridades no tardaron en preocuparse por las condiciones sanitarias y de hacinamiento, que costaron a su promotora interminables procesos judiciales. Sólo la intervención directa de la Reina evitó el cierre de la institución. A lo largo de diez años, Erin Pizzey trató con más de 5.000 mujeres y sus hijos, acogidos en su albergue.

Erin Pizzey comprendió desde el primer momento que existía una clara distinción entre las mujeres que, accidentalmente, habían emprendido una relación con un compañero violento al que deseaban abandonar definitivamente y las mujeres que, por profundas razones psicológicas generalmente relacionadas con experiencias infantiles de violencia, buscaban una o sucesivas relaciones violentas, sin intención de abandonarlas. A ese respecto, Erin Pizzey afirma: “… es esencial comprender el diferente significado con que utilizamos las palabras ‘maltratadas’ y ‘proclives a la violencia’. Para nosotros, una persona maltratada es la víctima inocente de la violencia de otra persona; mientras que una persona proclive a la violencia es la víctima de su propia adicción a la violencia”. Ambos tipos de mujeres necesitan tipos de ayuda totalmente distintos. Según sus conclusiones, 62 de las primeras 100 mujeres que llegaron al albergue eran tanto o más violentas que los compañeros de los que huían, “y a cuyo lado acababan volviendo una y otra vez debido a su adicción al dolor y a la violencia”.

Erin Pizzey ha escrito varios libros sobre la violencia doméstica, entre los que destaca el mencionado Prone to violence, que recoge la experiencia de esos diez años de trabajo en el albergue. Tras la publicación del libro, Erin Pizzey recibió amenazas de muerte contra sí misma y contra su familia, y se le aconsejó que, durante la gira de promoción del libro, viajase acompañada de escolta policial. El volumen desapareció pronto de los estantes de las bibliotecas y librerías, y el editor se arruinó. El acoso alcanzó tales proporciones que Erin Pizzey acabó exiliándose en Santa Fe (Nuevo México) y no volvió a Inglaterra hasta 1997.

Según los resultados de una investigación realizada en 1996 en todas las bibliotecas del mundo accesibles desde la Biblioteca del Congreso estadounidense a través de la red Inter-Library, en esa fecha sólo existían13 ejemplares en todo el mundo.

La extrema reacción suscitada por la obra de Erin Pizzey demuestra que ha tocado una verdad fundamental que el feminismo radical trata de ocultar desesperadamente. Hace tiempo que las feministas observaron que la violencia doméstica contiene tanto aspectos físicos como psicológicos. Pero tratan de ocultar el hecho de que la violencia psicológica es más frecuente entre las mujeres. En su artículo Working with violent women (“Trabajando con mujeres violentas”), la autora afirma: “Tenemos miles de estudios internacionales sobre la violencia masculina, pero existen muy pocos sobre las causas o las formas de la violencia femenina. Al parecer, un manto de silencio cubre las enormes cifras de la violencia ejercida por mujeres”. Con gran objetividad, Erin Pizzey estudia los aspectos patológicos de estos comportamientos, ajena a toda parcialidad sexista: “Según mi experiencia -dice-, tanto los hombres como las mujeres incurren igualmente en los comportamientos descritos, pero en conjunto, debido a que sólo las disfunciones del comportamiento masculino se estudian y son objeto de informes, la gente no comprende que, en la misma medida, las mujeres son igualmente responsables de ese tipo de conductas violentas”.

Para reforzar su conclusión de que las mujeres pueden ser tan violentas como los hombres, en su artículo When did you last beat your wife? (“¿Cuándo golpeó Ud. a su mujer por última vez?”) (The Observer, 3 de julio de 1998) señala que “la peor forma de violencia no tiene lugar entre hombres y mujeres, sino entre mujeres y mujeres. La violencia lesbiana destaca por su intensidad y resulta muy incómoda para el movimiento feminista radical”. En ese artículo observa también, en referencia a la discriminación ejercida contra los hombres en los sistemas judiciales canadiense y estadounidense que “las mujeres comenzaron a falsear la información y a acusar a sus parejas de violencia doméstica como preámbulo para solicitar el divorcio. Los hombres fueron acusados de abusar sexualmente de sus hijos y muchos acabaron en la cárcel sin que existiesen pruebas contra ellos. Para expulsar a un hombre de su hogar, bastaba con que su pareja alegase que tenía ‘miedo'”.

Especialmente significativo es su artículo No more war (“No más guerra”) (Irish Times, 9 de junio de 2000), donde recurre a su experiencia infantil para insistir en las causas patológicas de la violencia doméstica, que puede ser ejercida en igual medida por hombres y mujeres. “La experiencia personal me había enseñado que mi madre era tan violenta como mi padre. Siempre pensé que era una terrorista doméstica. Mi madre, sin embargo, gozaba de gran estima, ya que se comportaba como un ángel en la calle y como el mismo demonio apenas traspasaba el umbral de su casa”. Otra frase significativa de ese artículo: “A finales de 1974 ya me había dado cuenta de que no se podía prestar apoyo general al movimiento feminista inglés, por su radical odio a la familia y a los hombres. Sabía que buscaban una causa legítima para justificar su odio a los hombres y obtener ayuda económica”.

En alguna ocasión, Erin Pizzey se ha definido a sí misma como “reformadora social”, y es la experiencia de su labor en la comunidad la que sirve de trasfondo a muchos de sus textos. En ellos se desnudan y sacan a la luz algunos de los aspectos más incómodos y deliberadamente ignorados del comportamiento humano. Cada época tiene sus dogmas y tabúes. En la nuestra se ha impuesto un concepto dogmático y unidireccional de la violencia doméstica. Pero cuando ese concepto se confronta con la versión de los protagonistas – activos y pasivos- de esa violencia y la objetividad de sus testigos directos, el “dogma oficial” salta en pedazos, y de nada vale seguir cubriendo la amarga realidad con más velos y tabúes. La verdad tiene sus espinas. Quizás por eso la obra -social y literaria- de Erin Pizzey ha molestado tanto en los círculos políticamente correctos y entre los administradores del pensamiento, aparentemente múltiple, pero realmente único.

“I think that you have special problems in Spain…”

“Uno de mis principales mensajes es que la violencia doméstica no es una cuestión de género. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser violentos, pero la violencia de las mujeres se expresa de modo diferente y de forma más insidiosa que la violencia de los hombres.
Lo que realmente me preocupa es que los tribunales de familia han sido creados partiendo del criterio de que los hombres son los instigadores de todos los problemas que surgen en la familia.

En ellos, no se suele admitir que las mujeres puedan ser violentas y cometer abusos sexuales. La maternidad es sacrosanta y se considera un insulto poner en tela de juicio la función de una mujer en la familia. Todos sabemos que la mayoría de los hombres y las mujeres pasan por divorcios muy traumáticos y toman medidas para proteger el bienestar de sus hijos como mejor saben. El problema surge cuando uno de los miembros de la pareja, o a veces ambos, padecen algún tipo de trastorno de la personalidad. Cuando los hombres son violentos y peligrosos es bastante fácil obtener protección para las mujeres y los niños. En la mayoría de los países existe actualmente una multitud de organismos que prestarán ayuda y protección a la mujer. Pero cuando el trastorno de personalidad lo padece la mujer, incluso aunque ésta tenga lo que yo llamaría una personalidad “maligna”, se le concede la misma protección y ayuda que a una mujer no violenta, debido a que no se reconoce su trastorno. Una mujer que grita, se pone histérica y amenaza a su pareja o al juez es tratada como una madre que sufre. Un hombre que muestre el mismo comportamiento será considerado violento, peligroso y tal vez encarcelado por desacato al tribunal. Además de reeducar profesionalmente a los jueces y los funcionarios de bienestar social, tenemos que insistir en que, cuando una madre padece un grave trastorno de personalidad, su pareja y sus hijos han de recibir la misma protección legal que se concede sistemáticamente a todas las mujeres. Tengo alguna experiencia de vuestros tribunales españoles, y la falta de comprensión de la dinámica familiar me parece realmente preocupante.” [Fragmentos de correspondencia de Erin Pizzey, del 1 de agosto de 2001.]

 

La última exigencia al respecto de las feministas radicales es la pretensión de endurecer la Ley de violencia de género para que se castigue a quien diga algo diferente a la verdad oficial. Así, por ejemplo, solicitan que sea considerado apología de terrorismo sexista a quien diga que hay denuncias falsas. Pero estos disparates se vuelven en su contra pues, ¿será terrorista el ministro de Justicia, López Aguilar?

¿Alguien recuerda la Alemania nazi, la Unión soviética stalinista o la actual China comunista donde nadie puede disentir de la verdad oficial?

Veamos algún ejemplo más.

En el mes de marzo de 2008, justo antes de las elecciones generales, se hace público por parte del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, un informe recopilatorio de los cambios legislativos habidos en los últimos años en relación con la perversamente llamada “violencia de género” y las ayudas, beneficios y privilegios que las maltratadas obtienen por parte de la Administración pública. El informe también se hace eco de los abusos que se cometen. El informe es un compendio. Una recopilación. No se da opinión alguna sino datos. La autora ni siquiera pertenece al CES pero su sentido común y su formación le hacen ver los “defectos”. “El trabajo, elaborado por la experta en Derecho, Economía y Políticas Públicas Tatiana Torrejón, recuerda que la sentencia condenatoria no está prevista ni en la Ley Orgánica contra la violencia de género ni en la legislación de la Comunidad de Madrid en la materia y, que, sin embargo, tiene más peso que una orden provisional o una denuncia“. Esto es, no es necesario una sentencia condenatoria firme para acreditar la condición de maltratada sino que basta la simple denuncia cuando no un simple certificado de la asociación feminista de turno para acceder a todas las ayudas, prebendas y privilegios que la legislación concede a las “maltratadas”. Las feminazis no dudaron en hacer uso de todos los resortes a su alcance, incluido el delito consentido por el Ministerio fiscal, para conseguir la retirada del informe.

En el año 2007 el juez de familia de Murcia, Fernando Ferrin Calamita, que se había significado a favor de la Custodia Compartida y en contra de la Ley integral contra la violencia de género, sufre el ataque de las feminazis al dictar una sentencia, tras recabar el informe de los peritos, en la que se atiene estrictamente a la legislación vigente. Como era previsible se le intenta apartar de la carrera e incluso se le encausa por prevaricación con el evidente objetivo de asustar a cualquier otro que se atreva a hacer lo que ha hecho Ferrín: ir en contra de los criterios de las feminazis.

María Jesús García Pérez, juez titular del juzgado de violencia sobre la mujer de Gijón se atreve a declarar en público su criterio basado en sus conocimientos jurídicos y su experiencia profesional. Esto es, que la Ley es inconstitucional y que provoca denuncias falsas, venganzas y corrupción. Rápidamente es atacada por diversas organizaciones feminazis tales como el Consejo de la Mujer o la Comisión contra la violencia. Por supuesto el organo de represión dirigido por Montserrat Comas entra en acción y abre expediente a la díscola jueza tras descalificar sus opiniones. La jueza ha manifestado que intentará defender su honor ante estos ataques a su persona. De poco le servirán ante el aparato stalinista de las feminazis.

Finalmente María Jesús Pérez ha sido sancionada por el CGPJ con una multa de 3.000 euros por la falta grave de hacer uso de su libertad de expresión y criticar una ley. en realidad se la castiga para impedir que cunda el ejemplo y dar una severa advertencia a todo aquél que se atreva a ir en contra de los designios feminazis. La libertad de expresión ha sido abolida y el delito de opinión ha vuelto a instaurarse.

Veamos lo que sucede en la Universidad. Fijémonos en el caso de Canadá.

Correctamente silenciada

El aumento del relativismo moral no ha llevado a una mayor libertad de discusión, sino a la creación de nuevos tabúes incluso en la Universidad. El pensamiento políticamente correcto resucita así la actitud censora para excluir del debate las ideas que considera inaceptables. La profesora universitaria canadiense Margaret Somerville explica en primera persona su experiencia. La segunda parte de ese servicio analiza los intentos de que los médicos se olviden de sus convicciones éticas a la hora de atender al paciente (1).

Firmado por Margaret Somerville 
Fecha: 10 Septiembre 2008

En 2006 acepté una invitación para recibir un doctorado honoris causa en ciencias por la Universidad de Ryerson (Toronto). Cuando se supo la noticia, la comunidad de activistas gays y quienes les apoyan desataron una ola de protestas por todo Canadá exigiendo que, debido a mis opiniones sobre el matrimonio homosexual, la Universidad retirara su ofrecimiento del título. Esto, a su vez, provocó en el país una tormenta mediática incluso mayor en defensa de la libertad de expresión.

La Universidad de Ryerson recibió numerosas llamadas de personas que afirmaban que jamás volverían a realizar una donación a la institución si me otorgaban el título honorario. Una de mis clases fue invadida por estudiantes, acompañados de cámaras de TV que filmaban la escena, y tuvo que ser suspendida cuando los intrusos llevaron a cabo un simulacro de matrimonio homosexual. Me llegaron cantidades de cartas insultantes; fui objeto de una campaña de protestas en Internet y necesité tomar medidas de seguridad al hablar en público; todo ello, porque creo que todos los niños –incluidos los que, llegados a la edad adulta, sean homosexuales– necesitan al padre y a la madre que el matrimonio heterosexual les da y de los que les priva el homosexual.

catedratica

Margaret Somerville el día en que fue investida doctora honoris causa en ciencias por la Universidad de Ryerson (Toronto)

El relativismo de rigor

En esa “tormenta perfecta” encontré numerosas personas que me expresaban su honda preocupación sobre “lo que está ocurriendo en nuestras universidades”. Algo que está sucediendo es el aumento del relativismo moral. Esto puede conducir a la pérdida, por parte de los estudiantes universitarios, de valores esenciales, sin duda compartidos, o incluso abrir la puerta al nihilismo ético en el sentido de que la ética se reduzca nada más que a preferencias personales.

El postmodernismo es actualmente de rigor en las humanidades y las ciencias sociales. Los postmodernistas adoptan un enfoque relativista: no existe la verdad fundamentada; lo ético es sencillamente una cuestión de opinión y de preferencias personales. El relativismo moral supone que todos los valores valen lo mismo, y cuál debe tener prioridad en caso de conflicto no depende más que de la percepción y la preferencia de cada persona. Paradójicamente, el resultado es que “la igualdad de todos los valores” se convierte, ella misma, en el valor supremo.

Esta postura conduce en definitiva, al menos teóricamente, a convertir la extrema tolerancia en el “más igual” de entre los valores iguales. Pero, ¿sucede eso en la práctica?

La corrección política excluye los valores políticamente incorrectos del redil en el que “todos los valores son iguales”. Sofoca la libertad de expresión de las personas políticamente incorrectas. Quien desafíe la postura políticamente correcta queda, por ello mismo, etiquetado como intolerante, fanático o propagador del odio. La sustancia de los argumentos queda sin debatir; en vez de ello, las personas catalogadas como políticamente incorrectas son atacadas como intolerantes y odiosas simplemente por expresar tales argumentos.

Estrategias para aplastar el debate

Es importante comprender la estrategia empleada: hablar en contra del aborto o del matrimonio homosexual no es considerado como materia de discurso; se considera, más bien, como un acto sexista o discriminatorio contra los homosexuales, respectivamente, y, por lo tanto, en sí mismo, como una violación de los derechos humanos o incluso un delito de intolerancia. En consecuencia, se argumenta que la protección de la libertad de expresión no es aplicable en estos casos.

Otro aspecto de la misma estrategia consiste en reducir el discurso a dos posturas posibles. O eres “pro choice” en el caso del aborto y a favor de respetar los derechos de las mujeres, o eres “pro vida” y estás en contra de las mujeres y sus derechos. La posibilidad de estar a favor de las mujeres, de sus derechos y ser pro vida queda eliminada.

Idéntico enfoque se adopta respecto del matrimonio homosexual: o se está contra la discriminación basada en la orientación sexual y a favor del matrimonio homosexual, o contra el mencionado matrimonio y a favor de dicha discriminación. Se elimina la opción de estar en contra de tal discriminación y del matrimonio homosexual, como es mi caso.

Nada de ello es casual; constituye el núcleo de la estrategia que ha tenido éxito en Canadá y que ha llevado a la legalización del matrimonio homosexual y al mantenimiento de un vacío legal absoluto sobre la regulación del aborto.

En pocas palabras, la corrección política está siendo utilizada como una forma de fundamentalismo.

Política de exclusión

¿Ha sido Ryerson un caso singular en nuestras universidades? No lo creo. Un ejemplo actual, y muy preocupante, es la supresión de grupos pro vida y de todo discurso de idéntica orientación en los campus universitarios canadienses. Sean cuales sean nuestras opiniones acerca del aborto, a todos debería preocuparnos esta tendencia. Los estudiantes favorables al aborto tratan de impedir que sus compañeros pro vida participen en el debate colectivo que debería tener lugar a propósito del aborto. En realidad, no desean que haya debate alguno, alegando que preguntarse si deberíamos tener alguna ley sobre el aborto es, en sí mismo, inaceptable.

Hay quienes van incluso más lejos: quieren obligar a los estudiantes a actuar en contra de su conciencia como condición para graduarse. El grupo “Medical Students for Choice” quisiera que la realización de un aborto fuera un “procedimiento requerido”; es decir, que un estudiante tendría que realizar competentemente un aborto para obtener el título. En cambio, asistir en un parto no es un “procedimiento requerido”.

No es necesario hacer hincapié en los peligros que esto entraña para las universidades. El precepto más fundamental sobre el que se funda una universidad es la apertura a las ideas y al conocimiento procedentes de todas las fuentes.

¿Qué fue de los valores compartidos?

Lo más preocupante es que este conflicto dentro de las universidades, resuelto mediante la anulación de la libertad de expresión, podría ser un ejemplo menor de un problema mucho mayor fuera de los centros docentes. Podríamos estar corriendo el riesgo de aniquilar algunos de nuestros valores compartidos, y eso crea una situación que amenaza a la misma sociedad.

No podemos mantener unida a una sociedad a largo plazo sin valores compartidos, es decir, sin un paradigma socio-cultural: la historia sobre nosotros mismos que sostiene nuestros principios, valores, actitudes y creencias más importantes, la que nos transmitimos mutuamente y la que todos nosotros aceptamos a fin de formar la argamasa que nos mantiene unidos. La sola tolerancia, especialmente si no está equilibrada por otros valores importantes, no es suficiente, ni de lejos, para fundamentar ese discurso.

Para garantizar que nuestra historia no se desintegre y siga enriqueciéndose, debemos entablar una conversación mutuamente respetuosa. El público necesita que los profesores universitarios hablen con libertad –y con respeto, abierta y francamente, sin la amenaza de posibles repercusiones– sobre problemas sociales polémicos pero importantes. Ello exige que se respeten la libertad de pensamiento, la de expresión, la de asociación y la académica; esta última tiene como fin principal el bien del público, permitiendo que los profesores universitarios sientan que pueden decir la verdad, tal y como ellos la ven.

(Artículo publicado originalmente en MercatorNet (1-07-2008).

 

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