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Prohibidos los “alumnos” y los “andaluces” en las escuelas de la Junta

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El control del Estado totalitario feminazi empieza por la escuela. Empieza con el adoctrinamiento a los niños durante su etapa escolar.

El lenguaje es la principal herramienta del ser humano. Su uso y las reglas de utilización son objetivo prioritario para el feminazismo.

Lejos de permitir que los usuarios de la lengua la modelen y la cambien, el Comisariado feminazi impone las normas de uso y persigue y castiga a quien no obedece sus órdenes.

Muchos se rieron de la “estupidez” de la recién nombrada ministra de igualdad. Pero su “miembros y miembras” no era sino el resultado de la educación y adoctrinamiento que la propia ministra había recibido en su etapa escolar.

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http://www.elmundo.es/andalucia/2016/04/04/5702c058268e3e6c228b46dd.html

Prohibidos los “alumnos” y los “andaluces” en las escuelas de la Junta

La presidenta de la Junta, Susana Díaz (centro) visita el colegio Duque de Rivas (Córdoba). M. CUBERO

Lo nuevo: otro plan de igualdad de género en la Educación con el que, por norma, ya no se puede decir “los andaluces” en el aula sino “población andaluza”

La gramática, la lógica, la sintaxis y la eufonía se sacrifican a una construcción ideológica del discurso.

TEODORO LEÓN GROSS

Siempre se puede esperar una pirueta -¡alehop!- de los centinelas de la corrección progresista de la Junta de Andalucía, donde se cultiva el prurito de ser la reserva espiritual de la socialdemocracia, aunque no haya evidencias para sostener ese tachintachán. Lo nuevo: otro plan de igualdad de género en la Educación con el que, por norma, ya no se puede decir “los andaluces” en el aula sino “población andaluza”, no se puede hablar de “los políticos” sino “la clase política”, y por supuesto no “los alumnos” sino “alumnos y alumnas”, “padres y madres” y suma y sigue. Fin del sustantivo de uso genérico para toda la especie.

Es esa práctica llevada ya al ridículo por la clase política con marchamo progresista -carne de caricatura cuyo paroxismo son “los jóvenes y las jóvenas” de la bodeguiya al bibianismo- que violenta el principio de economía del lenguaje y las advertencias de la propia Academia sobre el fárrago resultante. La gramática, la lógica, la sintaxis y la eufonía se sacrifican a una construcción ideológica del discurso.

Si el plan sólo fuera ridículo, se podría considerar inocuo hasta cierto punto. También es ridículo usar medallas de oro de ringorrango o pulseritas corporativas, y no pasa nada. Pero esto va más allá; supone ya una imposición, un programa sin “permisividad” cuyo incumplimiento, una vez implantado, generará “denuncias”. Es de locos… y locas. Este obligacionismo es, claro, la cara B del prohibicionismo de los nuevos inquisidores.Reformulada la norma, debe leerse así: “La Junta de Andalucía prohíbe decir genéricamente ‘niños’ o ‘alumnos’ en el aula, aunque sea lo adecuado gramaticalmente, y obliga al desdoblamiento de género”.

Otro capítulo más de los prohibicionismos de quienes quieren legislar hasta las preferencias y gustos. Ya sucedió con las corridas de toros, sobre lo que Savater ha escrito brillantemente, véase su Tauroética. El filósofo recuerda que es como prohibir el adulterio, algo que te puede parecer bien o mal, pero sería peligrosamente chusco proclamar ¡queda prohibido irse a la cama con la vecina del 3º! En Andalucía hay datos inquietantes de machismo entre los jóvenes, sí, y malos resultados educativos. Y son dos cosas que esta norma no va a cambiar.

http://www.diariosur.es/malaga/201604/03/educacion-obliga-profesores-hablar-20160402211630.html

Educación obliga a los profesores a hablar de ‘alumnos y alumnas’ o ‘niños y niñas’

El II Plan de Igualdad de Género de la Junta de Andalucía pretende distinguir ambos sexos, algo que contraviene las normas de la Real Academia

Al hablar sobre política, tendrá que referirse a ‘la clase política’, porque ‘políticos’ es sexista
Al hablar sobre política, tendrá que referirse a ‘la clase política’, porque ‘políticos’ es sexista / SUR

LA lengua no tiene sexo, pero los profesores tendrán que pensarlo antes de pronunciar una palabra que pueda entenderse como sexista. Porque el IIPlan de Igualdad de Género en Educación aprobado recientemente refuerza las medidas de la Junta para erradicar la violencia de género y las actitudes sexistas. El plan contempla entre sus líneas de actuación la sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa, para lo que una de sus medidas es «impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización de un lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales». La Inspección Educativa, señala la norma, velará por el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en los centros docentes.

Esto sin tener en cuenta los informes de la Real Academia que analizaron, entre otras, las guías de la Junta de Andalucía, y que determinaron que «conculcan aspectos gramaticales o léxicos firmemente asentados». De seguirse al pie de la letra las directrices de algunas de estas guías «no se podría hablar», según la RAE.

Este II Plan de Igualdad obvia las recomendaciones de la Academia. De esta manera, un profesor tendrá que dirigirse a sus ‘alumnos y alumnas’, que son ‘chicos’ y chicas’. Al hablar sobre política, tendrá que referirse a ‘la clase política’, porque ‘políticos’ está considerada una palabra sexista, como ocurre con ‘los andaluces’, que es sustituida por ‘población andaluza’ o como le sucede a ‘los españoles’, que pasarían a ser ‘población española’. Los alumnos y alumnas no podrán dirigirse a sus profesores, sino a su ‘profesorado’ y la ‘dirección’ pasa a ser ‘equipo directivo’, así como los ‘tutores’ son ahora ‘tutoría’. Si el estudiante pidió beca no será ‘becario’, sino ‘persona becada’ y no fue ‘el solicitante’ de la ayuda, sino ‘quienes soliciten’. Si sus padres están ‘parados’, ahora serán ‘personas sin trabajo’.

La dificultad de la norma, según lingüistas consultados, radica en el concepto de ‘lenguaje sexista’ y qué se entiende por sexismo. Según los manuales que maneja la Junta y a los que remite Educación (el elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer, ‘Lenguaje administrativo no sexista’), el sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. El sexismo «no está en la lengua en sí misma sino en los usos que hacemos de ella, los cuales, al ser reflejo de la cultura androcéntrica en la que vivimos, muestran que el sexo comúnmente más discriminado es el femenino». Este mismo manual recomienda evitar el uso generalizado del masculino genérico, es decir, el uso de ‘niños’, ‘profesores’ o ‘alumnos’ cuando se intente aludir a personas de los dos sexos.

El académico Ignacio Bosque considera que «no tiene sentido forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad» ni «impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real».

Una norma obligatoria

La normativa es clara sobre su obligación de cumplimiento. «Es preceptivo el uso no sexista del lenguaje y no podemos actuar con permisividad a su incumplimiento», señalaron fuentes de la Consejería de Educación. Pero reconocen, al mismo tiempo, que su implementación «es un proceso cultural y por tanto necesita, para su logro, tiempo, constancia y cambio de hábitos». Un cambio que, indican, se ve dificultado «por resistencias a superar valores dominantes». Ante el incumplimiento de la normativa, la Consejería de Educación plantea en primer término información y difusión de la misma. Pero también la «denuncia» de los incumplimientos.

Los sindicatos de educación han acogido con matices esta normativa, y recuerdan a Educación que se necesitan inversiones y la igualdad es algo más que el lenguaje. Sonia Gaya, de UGT, indica que los profesores «procuramos cuidar el lenguaje en ese sentido, sin llegar a que el lenguaje no sexista dificulte la comunicación». José Blanco, de Comisiones Obreras, recuerda que desde 1991 hay recomendaciones de la ONU para el uso de este lenguaje y que una ley orgánica de Igualdad de 1997 ya determinaba el uso oficial. « Ahora se trata de tomar en serio el cumplimiento de estas disposiciones, a la vez que se reconoce el papel de las mujeres en la educación y en la sociedad». Andrés Alcaraz, de CSIF, explica que su sindicato cuenta con un departamento de igualdad, que hay una sensibilización social pero que también hay libertad de cátedra reconocida por la Constitución y que, en todo caso, «es necesario un cambio de mentalidad, no sólo como docentes, sino también como personas o ciudadanos». Considera Alcaraz que, por encima del lenguaje, lo relevante es que «una chica pueda entrar en un laboratorio a hacer investigación, o que pueda ser una más en el equipo de fútbol, o que un chico pueda participar en un concurso de baile, son esas las barreras que hay que romper». Los inspectores, afirma, «deben corregir, no penalizar, y se les debe dotar de medios para poder trabajar de una manera transversal, sin que afecte a la libertad de cátedra o contenidos curriculares».

Para María Gracia del Amo, de ANPE, la cuestión de género «debe ser considerada prioritaria en la planificación de la educación, desde las infraestructuras hasta el desarrollo de materiales o procesos pedagógicos». En cuando al uso del lenguaje no sexista, considera que se implementará llevando a cabo medidas de inversión y formación. Y, sobre la labor de los inspectores, indica que «debe aportar su parte en este plan, pero insistimos que no puede ser a costa del buen hacer del profesorado únicamente».

Desde otro de los colectivos implicados en el plan, el de los inspectores, el presidente de la asociación andaluza explica que, entre sus funciones, está también supervisar y comprobar que se cumplen los planes de igualdad. «Nuestra labor es de supervisión, control y evaluación», explica Juan Ruiz, incluida la utilización de un lenguaje no sexista. «Lo que señala la norma tenemos que transformarlo en una realidad en la vida diaria del centro».

Los inspectores, señala, son los únicos competentes para entrar en un aula –«somos los ojos de la administración en los centros»– y si, detectan alguna anomalía están obligados a denunciarlo ya sea levantando acta o elevando un informe a los superiores. Inspección educativa está realizando una actuación a nivel autonómico en la que se visita una muestra de centros y el inspector está una hora en una clase. Vigilan así que no haya cartelería discriminatoria, o que no se coloque a niños y niñas separados en clase o que se organicen actividades diferentes para cada sexo. Respecto al lenguaje, indica que la normativa es «de obligado cumplimiento», que los inspectores requerirán «de manera adecuada».

IGNACIO BOSQUEAcadémico RAE

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BEGOÑA TUNDIDORDelegada de Igualdad

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PATRICIA ALBADelegada de Educación

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