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Javier Saavedra condenado a 6 meses de cárcel por estafar al exmarido de Gina Lollobrigida

 

La pena de cárcel que le han impuesto es ridícula. La pena de inhabilitación es aún más ridícula. A un policía o un militar le hubiese acarreado la expulsión del Cuerpo.

Caer en manos de un abogado sinvergüeza acarrea muchos daños y perjuicios que no suelen ser ni reparados ni castigados dado el corporativismo reinante.

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Javier Saavedra condenado a 6 meses de cárcel por estafar al exmarido de Gina Lollobrigida

El abogado Javier Saavedra.

Yolanda Rodríguez Vidales

9 enero, 2018

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al letrado Javier Saavedra a 6 meses de prisión y un año de inhabilitación para ejercer su profesión por estafar 6.000 euros al empresario barcelonés Javier Rigau, exmarido de la actriz italiana Gina Lollobrigida.

Eso sí, le absuelve de los delitos de estafa agravada y de apropiación indebida. Contra la sentencia cabe interponer un recurso de casación y para Rigau se le reservan las correspondientes acciones civiles, según la sentencia.

La acusación pública solicitaba una pena de cinco años de cárcel contra el abogado.

A tenor de su escrito de conclusiones provisionales, el procesado habría perjudicado de forma notoria a su cliente, un joven español del que la revista Hola, en octubre de 2006, anunció que iba a contraer matrimonio con la conocida y veterana actriz italiana.

A raíz de la publicación de la noticia, el empresario contrató los servicios del abogado procesado,  para que estudiara e interpusiera cuantas demandas estimara necesarias para defender sus derechos y  hacer frente a las personas que decían de él que era un mentiroso, un gigoló o un delincuente.

Saavedra, para detener la preocupación que en el joven causaban esas calificaciones, comenzó a interponer constantes y repetidas demandas contra el honor, solicitando indemnizaciones que oscilaban entre los 200.000 y los 300.000 euros con el exclusivo ánimo -dijo la Fiscalía-, de que cuantas más demandas se presentaran y cuanto más dinero se reclamara, más facultado estaba para interesar de su cliente mayores cantidades económicas en concepto de provisión de fondos y minuta profesional.

Como método de actuación interpuso demandas contra diferentes programas de televisión de varias cadenas (aunque muchas fueron inadmitidas por defectos de forma) e incluso llegó a repetir la misma demanda hasta en cinco juzgados diferentes.

De las 44 demandas que prometió presentar, sólo inició la mitad. Sólo ganó dos y por un importe sensiblemente inferior al que exigía, que no llegó ni a 3.000 euros, aunque en provisión de fondos llegó a ingresar 237.000 euros, según el Ministerio Público. El joven español reclamó una indemnización de más de 433.000 euros y una procuradora, 34.000 euros.

Pero los jueces sólo han acreditado que Javier Saavedra engañó a su cliente diciéndole que en uno de esos procedimientos de demanda tenía que pagar 12.000 euros en concepto de fianza, cuando en realizada eran 6.000. Por ello, desestiman que se trata de un delito de estafa continuada.

“El delito de estafa que se imputa exige que al tiempo de la presentación de las demandas, el acusado conociera que por defectos de forma por ellas padecidas o por lo improsperable de sus pretensiones, estuvieran condenadas al fracaso, y además fueran presentadas únicamente para justificar un desplazamiento patrimonial previo conseguido mediante ardid o artificio, o provocar uno futuro”.

“Se trataría, en definitiva, de una suerte de negocio jurídico criminalizado en el que el letrado tuviera desde el inicio intención de incumplir sus obligaciones constituyendo el contrato el propio instrumento de engaño. No ha sido así. Al menos esta Sala no lo considera acreditado sin ningún género de dudas”, esgrime en la sentencia.

Inhabilitación de la abogacía por 1 año

Según la sentencia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Código Penal también se impone al abogado Javier Saavedra la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Asimismo, “como autor criminalmente responsable de un delito del artículo 467.2º del CP, a la pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogacía durante 1 año”.

 

https://confilegal.com/20180109-javier-saavedra-condenado-a-6-meses-de-carcel-por-estafar-al-exmarido-de-gina-lollobrigida/

 

José Luis Sariego y compañía quedan retratados una vez más

 

José Luis Sariego y compañía quedan retratados una vez más.

Esperemos que sea definitivamente.

Quería publicidad y lo ha conseguido. Le ha bastado una semana de sus habituales mentiras.

Lástima que sus compinches se vayan de rositas. Carrasco, Corredoira y los demás no son citados en el artículo.

Se explica el porqué de la mala fama de muchos abogados.

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La venganza contra Juana Rivas

Francesco Arcuri, expareja de la granadina, prepara una ofensiva legal en Italia contra ella. En octubre se dirime la custodia de los hijos

Juana Rivas, en el centro, antes de su última comparecencia ante la juez en Granada. PEPE MARIN (EL PAÍS) ATLAS-QUALITY

JAVIER ARROYO

Granada – 18 SEP 2017

La entrega de los dos hijos de Juana Rivas al padre de los niños, Francesco Arcuri,el 28 de agosto pasado fue un momento relevante pero no el final de esta historia desgarradora. Desde que los hijos se reencontraran con su padre, condenado en 2009 en España por maltrato, el trasiego de abogados, citaciones judiciales, demandas y avisos de demandas se multiplica exponencialmente.

La decisión de Juana de abandonar Italia, el retraso en la tramitación de su denuncia por malos tratos realizada en España en vez de en Italia, país donde supuestamente ocurrieron, así como su desaparición y no entrega de los niños a su padre, la obliga a defenderse en el ámbito judicial. Arcuri, por su parte, ha planificado un futuro legal al ataque en Italia. Su estrategia legal parece tener el objetivo de que Rivas acabe en la cárcel y lo más lejos posible de los niños. El equipo de la madre, por otro lado, busca centrar su estrategia en la idea de que ella es una madre maltratada y que, todo lo que ha hecho posteriormente está justificado por ello y por el retraso en la denuncia de malos tratos que presentó en España y que ha tardado más de un año en llegar a Italia.

El juicio más relevante tendrá lugar el 31 de octubre a las 9 de la mañana en la Sección 1ª del Tribunal Civil de Cagliari. Allí, tres jueces deben decidir sobre la guardia y custodia de los menores y sobre su manutención. Han citado a las partes para revisar la sentencia que en julio otorgaba la guardia y custodia de los dos menores, de 3 y 11 años, de modo provisional a Arcuri. La presencia de Juana Rivas no es obligatoria y ha sido imposible conseguir que sus abogados aclaren qué decisión tomará Juana. Antes, los servicios sociales de Carloforte y los servicios médicos locales deberán visitar el hogar familiar e informar al juzgado de las condiciones de vida y salud de los menores.

Fuentes cercanas a Francesco explican que los niños han recibido ya varias visitas –al menos los dos miércoles anteriores– de estos equipos sociales. Este juicio no va a ser pacífico para Juana Rivas. Bruno Poli anuncia cuáles serán sus peticiones al tribunal: además de hacer permanente la guardia y custodia para el padre, lucharán por conseguir la suspensión de la patria potestad de la madre así como modificar su derecho de visita, que quieren que pase de ilimitado a que Juana solo pueda visitar a los niños en Italia y en presencia de su padre “vista la manifiesta peligrosidad de la señora Rivas que puede volver a secuestrar a los niños”, cuenta Poli, miembro también de su equipo legal.

En ese mismo juicio, debe resolverse la manutención de los niños. Francesco, según sus abogado, pedirá 500 euros mensuales a Rivas. En definitiva, queda atrás la buena voluntad del primer abogado de Arcuri, Adolfo Alonso, que sostenía que la entrega de los niños supondría el inicio de una nueva etapa menos problemática entre el padre y la madre de los menores.

En Granada, mientras tanto, Juana tiene que defenderse en el juicio penal que se lleva contra ella por sustracción de menores y desobediencia judicial, consecuencia de una denuncia interpuesta por Arcuri tras su desaparición a finales de julio y su no comparecencia con los hijos. Arcuri, desde su llegada a Italia, ha cortado la comunicación entre madre e hijos. Ante eso, los abogados de Rivas han presentado en Italia una demanda para asegurar una comunicación diaria entre madre e hijos a través de internet. A todo eso, la denuncia original presentada hace más de un año en Granada contra Arcuri por violencia de género y que, tras diversas peripecias judiciales fue trasladada a Italia apenas hace un mes, no ha tenido aún ningún trámite conocido en ningún juzgado italiano. Al menos, los abogados de Arcuri dicen no haber recibido ninguna notificación de juzgado alguno al respecto.

Por su parte, Francesco Arcuri está centrando su estrategia jurídica en Italia. Arcuri y su equipo sienten que les conviene batallar allí mientras que su actuación en España será atender los asuntos que vayan surgiendo a través de un abogado contratado esta misma semana, que es el tercero desde que todo arrancó.

Así las cosas, lo que se avecina en los juzgados “es lo más parecido a una batalla”, comenta uno de los miembros del equipo jurídico de Juana Rivas. Conscientes de ello, ambas partes se han hecho con equipos legales robustos. Juana ha contado con una abogada de oficio y una asesora del Centro de la mujer de Maracena en el proceso civil que ya acabó. Un día antes de su entrega y detención por la Guardia Civil, el 22 de agosto pasado, con el caso ya convertido en causa penal, contrató un nuevo equipo legal, encabezado por Juan de Dios Ramírez Sarrión.

Éstos, a su vez, buscan ahora un equipo legal italiano fuerte para trabajar conjuntamente. Arcuri también pasó el trámite civil español con un solo abogado. Ahora, en Italia, está representado por cuatro letrados. Ambos están fuertemente arropados, por otro lado, por grupos que defienden sus causas. Arcuri por la Asociación italiana de padres de niños secuestrados y Rivas por numerosos grupos feministas que, además, han iniciado una petición de fondos por internet para pagar al nuevo equipo legal.

La actuación de los abogados muestra que Arcuri, aunque tiene ya a los niños consigo, no va a ejercer la compasión que prometió. Poli ha explicado por correo electrónico a este diario que en este momento, en la vía penal italiana, solo está viva “la denuncia contra la madre por sustracción de menores, cuya pena máxima en Italia es de 4 años y suspensión de patria potestad. No obstante, estamos preparando otro procedimiento contra la madre por secuestro de los niños”. Según Poli, en el ordenamiento italiano, si durante el periodo de sustracción de los niños se les ha privado de sus derechos fundamentales, el delito podría ser el de secuestro, penado de 1 a 10 años de cárcel mientras que el de sustracción es de 1 a 4 años de prisión. Y eso están valorando ahora.

También está preocupado Francesco por la imagen que se ha dado de él. Por eso, relata su portavoz, “nuestro equipo penal está examinando y traduciendo todo lo publicado por internet para identificar cualquier daño al honor y reputación de Arcuri. Dada la documentación, necesitamos algunos días para saber con seguridad el número de personas a las que denunciaremos. Puedo anticipar que ya hemos identificado 6 o 7”. Y tienen otras 20 bajo observación. En Italia han intentado ampliar la denuncia a lo emitido y publicado en televisiones y periódicos españoles pero han comprobado que su legislación no lo permite. Quizá podrían hacerlo en España pero ese no es ya su terreno.

Además de sustracción y secuestro, a Juana también la quieren hacer pagar por mancillar la reputación de Francesco. No le perdonan el relato que ella ha hecho de su vida en Italia, que incluye malos tratos hacia ella y los niños. “Tendrá que responder al delito de difamación por lo dicho sobre Francesco. Cualquier condena, además de compensación económica, incluirá penas privativas de libertad”. En la cárcel y lejos de los niños. Éste es, según sus abogados, el apabullante presente y futuro penal del caso que busca Arcuri.

Juan de Dios Ramírez, abogado de Juana en España, sabe que a estas alturas la situación es difícil para su defendida, pero tiene clara su línea de defensa. “Juana es una mujer maltratada, víctima de violencia de género y debería haber sido defendida por la ley. Y no ha sido así. El sistema judicial español le ha dado la espalda mientras que el italiano ha corrido a favor de Arcuri. Si la denuncia original por maltrato hubiera sido tramitada según marcan los convenios y tratados internacionales, nada de lo que ha venido después hubiera pasado”. Y concluye con el núcleo de su defensa: “A partir de la violencia de Francesco hacia Juana, cualquier actuación posterior ha de ser comprendida”.

NI DENUNCIA A SUSANA DÍAZ NI CONTRA LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

El caso de Juana y Francesco ha tenido muchas jornadas tristes. Y alguna delirante. El día que Rivas apareció en el programa de Ana Rosa Quintana para explicar su vida junto a Arcuri, José Luis Sariego, abogado en España del italiano emitió un comunicado. Un puro delirio de falsedades en dos folios. Tanto que ese mismo día, dejó de ser abogado de Arcuri. Un día después, Sariego informaba que se despedía del equipo de Francesco por diferencias con él. Bruno Poli, portavoz de Arcuri, explica que, al contrario de esa versión, “Francesco ha comunicado a Sariego que no lo necesita y no le ha renovado el poder notarial” necesario para representarlo.

En la nota, Sariego, que decía hablar en nombre de Arcuri, hacía referencia a una demanda con “una indemnización millonaria contra 12 periodistas y políticas que le han difamado”. Y continuaba: “Entre ellas, deberán responder ante la justicia italiana, la presidenta de una comunidad autónoma española”. Poli, desde Italia y con gran enfado, confirma que presentarán, “en los próximos días”, 6 o 7 denuncias pero “no sobre ninguna política”. ¿Está la presidenta Susana Díaz, como se ha dicho, en la denuncia?. “No sé quién es. No hay ninguna denuncia contra ella ni la tenemos prevista”, responde. Tampoco hay petición millonaria de indemnizaciones porque “no se ha cuantificado en dinero. Se denunciará y, en caso de ser culpables, se valorará el daño”.

Otra patraña de la nota de Sariego es que se había denunciado “la ley de violencia de género española por vulnerar sus derechos y las de todos los hombres”. Rotundo, Bruno Poli lo niega: “Es totalmente falso”.

Y finalmente, la nota en nombre de Arcuri advertía de que “por consejo de los psicólogos… era recomendable cortar todo contacto con aquellas personas [su madre] que los tuvieron secuestrados”. Poli desmiente que el corte de la comunicación se deba al consejo de los psicólogos. Sencillamente, no hablan con su madre ahora “porque ella no ha dejado que su padre tenga contacto con ellos en un año y medio”.

 

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/08/actualidad/1504859235_824442.html

 

7 años de cárcel para un abogado que estafó 700.000 euros a un anciano desvalido

 

Si tienes la mala suerte de caer en las manos de un abogado sinvergüenza no dudes en denunciar.

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7 años de cárcel para un abogado que estafó 700.000 euros a un anciano desvalido

13 Septiembre, 2017

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una pena de siete años de prisión al letrado A.S.V.Q. como autor de un delito continuado de estafa por valor de unos 700.000 euros entre 2003 y 2008 en la persona de un aciano, casi ciego y privado de sus facultades mentales, mediante distintas operaciones de refinanciación de la deuda de éste, a través de la firma de hasta 18 hipotecas cambiarias, que convirtieron al letrado en su principal acreedor.

En su fallo, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la Sección Cuarta de lo Penal considera probada la culpabilidad del letrado y, amén de la citada pena privativa de libertad–el fiscal había pedido para él ocho años y la acusación particular 17–resuelve imponerle una multa de 12.600 euros, su inhabilitación para el ejercicio de la profesión por espacio de siete años y, además, acuerda decretar la nulidad d todas las hipotecas cambiarias formalizadas bajo engaño.

El hijo del ahora condenado, A.V.G, que compartió banquillo con él acusado de los mismos hechos, por los que se exponía a seis años y medio y 17 años solicitados por las acusaciones pública y particular, respectivamente, ha quedado absuelto de todos los cargos.

El tribunal sentenciador fundamenta la condena de su padre en la concurrencia de todos los elementos del delito, “pues no se trata simplemente de un supuesto de préstamos con usura; se trata de un conglomerado de acciones con apariencia de préstamo (en la mayoría de los casos ni siquiera se llega a producir el préstamo del dinero), y que en toda la actividad desplegada por el acusado concurre el elemento del engaño”. (EP)

 

https://confilegal.com/20170913-7-anos-de-carcel-para-un-abogado-que-estafo-700-000-euros-a-un-anciano-desvalido/

 

El Tribunal Supremo anula la designación de un abogado de oficio al apreciar “falta absoluta de defensa” en su recurso de casación

 

Desgraciadamente no son casos aislados.

El Tribunal Supremo abre la puerta para que puedan defenderse los afectados por abogados negligentes.

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El Tribunal Supremo anula la designación de un abogado de oficio al apreciar “falta absoluta de defensa” en su recurso de casación

La Sala Segunda interesa el nombramiento de un nuevo abogado para el recurrente, que deberá interponer el recurso que corresponda
Autor
Comunicación Poder Judicial

La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la designación de abogado de oficio a un recurrente en casación al apreciar “una falta absoluta de defensa” en su recurso, que califica como “collage de consideraciones jurídicas” “carentes de ligazón discursiva” y “huérfanas” de correspondencia con las objeciones que plantea, sosteniendo en ocasiones “una cosa y su contraria”. El alto tribunal interesa el nombramiento de un nuevo abogado para el condenado, que deberá interponer el recurso que corresponda.

Según explica el Supremo en un auto, “la voluntad del condenado de que su condena sea revisada judicialmente se ha saldado con la presentación meramente formal o aparente de un recurso”, ya que “la específica actuación profesional desplegada, por desatender el análisis de la realidad fáctica y jurídica plasmada en la sentencia, no posibilita la revisión de la sentencia condenatoria en los términos que son inherentes al desacuerdo expresado por el acusado”.

La sentencia recurrida fue dictada el 17 de octubre de 2016 por la Audiencia Provincial de Barcelona, y condenó al acusado a 12 años y medio de prisión por delito continuado de agresión sexual; y a otros 3 años de prisión por delito continuado de abusos sexuales. El acusado, pese a haber reconocido los hechos en el juicio oral, reclamó un abogado que recurriese en su nombre el pronunciamiento de condena, concretamente, si era o no pertinente que la sentencia declare una doble responsabilidad criminal desde una misma continuidad delictiva.

Ante la solicitud del condenado para recurrir, se designó abogado del turno de oficio por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El Supremo ha decidido anular esa designación a la vista del recurso presentado, y ordenado que se nombre otro abogado de oficio. El tribunal explica que la mejor o peor calidad jurídica de los escritos es algo extraño al juzgador, salvo flagrante infracción del principio de defensa como ocurre en este concreto caso.
“Solamente en los casos , como el que es objeto de esta resolución judicial, en donde se aprecia una falta absoluta de defensa, puede el Tribunal dar traslado al correspondiente Colegio de Abogados para que designe un nuevo colegiado que instrumentalice en términos sustanciales el derecho de defensa que a toda parte corresponde”, dice la Sala.

Por otro lado, el Supremo quiere destacar en su auto la labor del turno de oficio, actividad desempeñada mediante la organización de los colegios de abogados, “que sin duda contribuye no solamente a realzar la calidad de la defensa, sino a proporcionar la universalidad de la misma”.

El auto recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone de manifiesto que la mera designación de un letrado no garantiza por sí misma la efectividad del auxilio, ya que, de lo contrario, si el abogado eludiese sus deberes de defensa, se amenazaría con convertir la asistencia jurídica gratuita en una palabra vacía. Por ello, las autoridades nacionales competentes están obligados a intervenir cuando el abogado de oficio fracase de forma manifiesta en su defensa.-

La resolución destaca que los colegios profesionales de abogados, en satisfacción del interés público que justifica la naturaleza de su personalidad, deben recoger las peticiones de defensa de oficio y canalizarlas hacia aquellos profesionales que satisfagan las necesidades de capacitación y compromiso que, con sujeción a los mínimos establecidos por el Ministerio de Justicia, ellos mismos establezcan. Además, subraya que el Estatuto General de la Abogacía Española atribuye a los colegios un control del desempeño de todo abogado así como la depuración de las responsabilidad disciplinarias en que hubiera podido incurrir.

También indica el auto que, por más que la misión de velar por la presencia del derecho de defensa en el proceso penal corresponda al Tribunal Constitucional, no se excluye la obligación de su tutela general por los tribunales de justicia (como dice el artículo 41.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), siendo éstos quienes están en condiciones de examinar si la defensa fue intrínsecamente adecuada o idónea.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-la-designacion-de-un-abogado-de-oficio-al-apreciar–falta-absoluta-de-defensa–en-su-recurso-de-casacion

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas por estar fuera de plazo

 

Las abogadas de Juana Rivas no paran de demostrar su incompetencia y sectarismo.

Dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y los dos inadmitidos por estar presentados fuera de plazo.

El primero presentado antes de tiempo.

El segundo presentado meses después de cumplirse el plazo.

No es de extrañar que las abogadas feminazis exijan ventajas y privilegios. Es comprensible que reclamen tener leyes hechas a medida, siguiendo el derecho penal de autor, para que no necesiten ni ir a juicio. De otra manera difícilmente ganarían un pleito. De hecho, no podrían dedicarse a la abogacía.

Su nivel es lamentable. Basta oír a las presidentes de Themis: Alemany, Gonzalo, Cerrillos…

Lejos de argumentar y dar datos se limitan a recitar como papagallos las soflamas feminazis. Y aún después de haberlas repetido cientos de veces, lo hacen balbuceando y trastabillándose.

La “asesora” Francisca Granados ya empieza a descargarse de responsabilidad sobre lo sucedido alegando que la decisión siempre ha sido de Juana Rivas. Como si ella no fuese parte de la industria del maltrato ni viviese a cuenta de ella.

Juana Rivas debería pedirles indemnización por el penoso asesoramiento recibido y la utilización de la que la ha sido objeto para “defender” la causa feminazi.

Hay que seguir exigiendo que la ley se cumpla y que esta gente termine en donde les corresponde: en la cárcel.

Tendrán su Spandau y su Nuremberg.

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El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas por estar fuera de plazo

La madre de Granada había solicitado la suspensión de la sentencia que le obliga a entregar a sus dos hijos

ROCÍO F. DE BUJÁN / LUIS P. ARECHEDERRA

Madrid – 16/08/2017

El Tribunal Constitucional ha rechazado por estar fuera de plazo el recurso de amparo presentado por Juana Rivas, que había solicitado la suspensión de la sentencia que le obliga a entregar a sus dos hijos al padre, el italiano Francesco Arcuri. La sala de vacaciones del tribunal garante de la Constitución asegura en su resolución, a la que ha accedido ABC, que el recurso de Rivas es extemporáneo «por haberse prolongado, de modo manifiestamente improcedente, la vía judicial previa».

La decisión del tribunal garante de la Constitución obliga a la madre de Granada a acudir a la justicia europea, una vez que ya no existen posibilidades de reclamar ante el Tribunal Constitucional, que ya ha inadmitido en dos ocasiones los recursos de Juana Rivas. Si ella lo decide, los abogados acudirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por vulneración de derechos.

El abogado de Rivas, Juan Ramón Montero, ha declarado a ABC que la providencia del TC «entra en contradicción» con su primera resolución, en la que pidieron a la recurrente que acudiera a la Audiencia de Granada «para ver si había transcurrido dicho plazo». «De este modo, no entran a resolver el fondo del asunto y lo inadmiten por una cuestión formal», lamenta el letrado.

La providencia del Constitucional, dictada por los tres magistrados que conforman la sala de vacaciones, explica que Juana Rivas no presentó el recurso de amparo en el plazo necesario, consistente en 30 días hábiles desde que la Audiencia Provincial de Granada le notificó su decisión, el pasado 26 de abril. La madre de Granada acudió al TC el pasado 10 de agosto, fuera del plazo exigido.

Los magistrados argumentan que el recurso extraordinario por infracción procesal que Juana Rivas presentó ante la propia Audiencia de Granada el 31 de mayo no puede tenerse en cuenta para interrumpir el plazo del recurso de amparo, porque fue presentado en un «modo manifiestamente improcedente». El TC también niega efectos sobre el plazo al anunció de un recurso de queja ante el Tribunal Supremo, que la madre de Granada expresó el 15 de junio, y al que luego renunció, el pasado 1 de agosto.

http://www.abc.es/sociedad/abci-tribunal-constitucional-rechaza-recurso-juana-rivas-estar-fuera-plazo-201708161804_noticia.html

El tribunal considera que Diario de Ibiza no vulneró el derecho al honor y la intimidad del condenado

 

Los delincuentes tienden a ser muy sensibles con su “honor”. No les hace gracia que la gente sepa la verdad de lo que hacen. No dudan en reclamar que se cumpla la misma ley que ellos incumplen. Aún siendo abogados. Pero la ley y la jurisprudencia son claras al respecto.

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La Audiencia avala la publicación íntegra de la sentencia que condenó al abogado Andrés Tuells

El tribunal considera que Diario de Ibiza no vulneró el derecho al honor y la intimidad del condenado

Redacción | Ibiza 06.07.2017

La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de apelación presentado por el abogado Andrés Tuells contra la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza que desestimó una demanda suya contra Diario de Ibiza, en la que sostenía que la reproducción íntegra de la sentencia que le condenó por denuncia falsa en el caso Ibiza Centre vulneraba su derecho al honor y a la intimidad personal.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia avala plenamente la actuación de Diario de Ibiza, rechaza todos los argumentos de Tuells y hace suyos los de la sentencia recurrida, que concluyó que «la mera publicación del contenido de una sentencia no supone por sí misma, en un asunto de amplia repercusión y seguimiento mediático en Ibiza, la vulneración del derecho al honor del condenado», y subrayó además que la libertad de información debe prevalecer sobre el derecho al honor y a la intimidad personal, al tratarse de una noticia veraz de interés general y trascendencia pública.

La sentencia de la Audiencia, fechada el pasado 29 de junio, desmonta todas las pretensiones del abogado ibicenco en su recurso, cita una abundante doctrina constitucional sobre la forma de resolver posibles colisiones entre los derechos a la libertad de información y al honor y a la intimidad personal, y señala que no había ni en la sentencia reproducida ni en la noticia que publicó Diario de Ibiza «comentarios injuriosos o insultantes» ni «información sobre aspectos correspondientes a la vida privada del demandante susceptibles de vulnerar su derecho a la intimidad». Y añade: «De la misma manera que el demandante [Tuells] publicitó la interposición de una querella [contra el juez instructor y una abogada del caso Ibiza Centre] mediante una rueda de prensa, no se comprende el motivo por el cual la opinión pública no puede conocer el resultado final de su actuación profesional ni el contenido de una sentencia que se relaciona con el caso Ibiza Centre».

El fallo del tribunal condena también a Andrés Tuells a pagar las costas procesales del recurso.

 

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/07/06/audiencia-avala-publicacion-integra-sentencia/927012.html

XXIV Congreso AEAFA: Abogacía y judicatura reclaman una Jurisdicción de familia

 

Resulta evidente que su interés no está en arreglar el problema. ¿De qué iban a vivir entonces?

Más bien parece que pretenden ampliar el negocio.

Bastaría con dar la custodia compartida por defecto y respetar la propiedad privada para evitar el 99% de la conflictividad en los divorcios.

Y ambas cosas están ya en la ley y la jurisprudencia.

Pero no se respetan ni la una ni la otra. Hay muchos intereses en juego.

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XXIV Congreso AEAFA: Abogacía y judicatura reclaman una Jurisdicción de familia

10/03/2017 10:32:42 | ANA MARÍA GÓMEZ

El principio de igualdad; la evolución de la sociedad; la “cronificación” a lo largo de los años de los procesos de familia; la transversalidad del Derecho de familia, que exige conocimientos de derecho civil, penal, fiscal o social; el descomunal volumen de los asuntos de familia (1.300.000 en el año 2013). Estos fueron los argumentos esgrimidos por María Dolores Lozado, actual Presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, para reivindicar en su discurso de apertura del XXIV Encuentro de AEAFA, ante el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, la inaplazable necesidad de la creación de una Jurisdicción especializada de familia.

María Dolores Lozado señaló “No puede ser que el lugar de residencia sea el que determine la posibilidad de acudir a un juzgado de familia. Tanto desde la abogacía como desde la judicatura, reivindicamos la imperiosa necesidad de una jurisdicción especializada, independiente de la jurisdicción civil, en aras de la seguridad jurídica y de la igualdad”.

Éste fue el reclamo común de todos los ponentes y asistentes al Encuentro número 24 de la AEAFA, que reunió a más de 500 profesionales los días 3 y 4 de marzo en Madrid. Bajo el título “Una mirada realista”, abogados, jueces y representantes políticos debatieron y analizaron, durante dos días, algunos de los retos a los que el Derecho de familia y la política han de dar respuesta de forma inmediata: la reivindicada, desde hace décadas, jurisdicción especializada de familia; la violencia de género; la guarda y custodia compartida; la discapacidad; el fortalecimiento de la mediación familiar o la internacionalización de las relaciones familiares.

El drama de la violencia de género

Rafael Catalá, Ministro de Justicia, tras la intervención de la Presidenta de AEAFA, “cogió el guante” lanzado en relación a la necesidad de esta jurisdicción especializada, y destacó tres aspectos como objetivos fundamentales de la Estrategia Nacional de Justicia: la mediación, cuyo principal obstáculo sitúa no en la legislación, sino en la falta de una cultura de mediación en nuestra sociedad; la necesidad de adaptar la legislación sobre discapacidad al Convenio de Nueva York, cuenta pendiente de nuestro ordenamiento jurídico; y la lucha contra la violencia de género. “En estos años se han tomado muchas medidas y se han logrado muchos avances, pero también hemos experimentamos mucha frustración. Queda mucho por hacer”. Insistió el Ministro en la necesidad de mejorar la formación de todos los profesionales que intervienen en este ámbito, e hizo referencia al recientemente creado Sistema de seguimiento permanente acordado tras la reunión mantenida con representantes de los Ministerios de Justicia, Sanidad, Educación e Interior, ante el repunte de casos de violencia de género de las últimas semanas.

La violencia de género fue el tema analizado por Margarita Pérez Salazar, Magistrada de Violencia sobre la mujer de Pamplona, que centró su ponencia en tres aspectos: la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; las medidas civiles de la orden de protección y en sede de instrucción; y la delicada problemática en torno a la guarda y custodia compartida en los casos de violencia.

Defendió una interpretación amplia y flexible de la atribución de competencias civiles a los Juzgados de Violencia en defensa de la “protección integral” perseguida por la Ley Orgánica 1/2004. Y en relación a la atribución de la guarda y custodia compartida en supuestos en los que existe una situación de violencia de género, tras en un repaso a la jurisprudencia y la legislación estatal y autonómica, insistió en la necesidad de, en todo caso, examinar el caso concreto.

En su exposición, muy presentes las reformas del año 2015, con la aprobación del Estatuto de la Víctima y la LO 8/2015, a partir de las cuales queda clara la consideración como víctimas directas de la violencia de género de los menores que se encuentran en un entorno familiar de violencia, y que han puesto el énfasis en la obligación de adoptar todas las medidas civiles dirigidas a su protección.

Discapacidad y guarda y custodia compartida

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo estuvieron representados en una de las mesas de la Jornada por los Magistrados Encarnación Roca Trías, Juan Antonio Xiol, José Antonio Seijas y Eduardo Baena. Los cuatro Magistrados hicieron un repaso de las líneas fundamentales dibujadas por la jurisprudencia del TC y TS en materia de familia, con especial atención a dos cuestiones: discapacidad y guarda y custodia compartida.

“La necesidad de repensar las categorías históricas de personas capaces e incapaces es inaplazable tras haber ratificado España la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006”. De este modo inició Encarnación Roca Trías su discurso acerca de la necesidad de adaptar nuestra legislación al Convenio de Nueva York. Destacó los avances que en esta materia ha supuesto la reforma del sistema de protección a la infancia del año 2015. Pero la reforma ha de ser más ambiciosa: “Nuestra Constitución parte de un concepto amplio de la discapacidad, pero requiere una puesta al día, con distintas categorías en función de la discapacidad de cada persona”. Realizó la Magistrada un repaso a la jurisprudencia del TC en esta materia, desde la sentencia 174/2002 (“El derecho a la personalidad jurídica del ser humano, consagrado en el art. 6 de la Declaración universal de los derechos humanos, lleva implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la persona”) hasta la actualidad, con especial detenimiento en los problemas que plantea el ingreso no voluntario en centros especializados.

El análisis de la jurisprudencia del TS en materia de discapacidad corrió a cargo deJosé Antonio Seijas, que se refirió a cuestiones como la pensión de alimentos, la atribución del uso de la vivienda o el derecho al voto en el caso de personas con discapacidad. Así, la STS 372/2014, de 7 julio, que equipara a los hijos con discapacidad mayores de edad con los hijos menores, a la hora de determinar la extinción o la modificación de la pensión de alimentos; la STS 31/2017, de 19 de enero, que atribuye de modo temporal el uso de de la vivienda a la esposa que convive con la hija mayor de edad que padece esquizofrenia; y la STS 181/2016, de 17 de marzo, que determinó la privación del derecho al sufragio activo como consecuencia de una discapacidad reconocida y declarada judicialmente.

La guarda y custodia compartida volvió a ser tema de estudio, en esta ocasión de la mano deEduardo Baena Ruiz. En la respuesta “con los dos” dada por los menores ante la pregunta que tradicionalmente se les hacía: “¿con quién quieres estar, con papá o con mamá?”, podría encontrarse la base de la “bondad” de la guarda y custodia compartida. De algún modo, ésta es la razón fundamental en la que se basa la jurisprudencia favorable del TS al régimen de guarda y custodia compartida: el ser el régimen “que más se aproxima al modelo anterior a la ruptura del matrimonio”.

A partir de esta primera consideración, la descripción de la jurisprudencia del TS en todas las materias “huérfanas” de regulación en nuestro ordenamiento jurídico (alimentos, vivienda, relación entre los progenitores…) y una pregunta que inunda el debate: ¿es necesaria un ley nacional de guarda y custodia compartida? La opinión generalizada es que sí. Solo de este modo se garantizan el principio de igualdad y la seguridad jurídica. Pero siempre primando el análisis del caso concreto. “La aplicación rígida de criterios reglados en materia de custodia compartida puede tener consecuencias nefastas” afirmó Encarnación Roca.

El nombramiento de la nueva Directora General de Familia e Infancia, aplaudido por la sala

“Su nombramiento nos reconcilia con la política”. Estas palabras de uno de los asistentes al Encuentro, tras la intervención de Pilar Gonzálvez, dio muestra del sentir general de la sala ante su nombramiento como Directora General del Servicio para la Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad. Fue nombrada Directora General el pasado mes de diciembre, quedando en situación de excedencia en su puesto de Magistrada de la Sección 22.ª AP Madrid. Anteriormente fue letrada del Consejo General del Poder Judicial e inspectora delegada de los Juzgados de Familia.

En una intervención, que dejaba entrever su pasión por esta rama del derecho y su vocación de Magistrada, aplaudió el trabajo de los profesionales del Derecho de familia, y también reclamó la creación de una jurisdicción especializada. “En toda España tenemos 5 secciones de Audiencias especializadas en familia. Es insuficiente para atender el aumento de temas de familia y la judicialización de la vida familiar y de los menores”.

Hizo un detallado repaso de todos los problemas que plantea la segunda instancia en los asuntos de familia, precisamente por su peculiaridad y la ausencia de normas específicas; defendió el recurso a la mediación en la segunda instancia, “muy difícil, pero es el momento idóneo, calmados los ánimos tras la primera instancia”; y destacó la necesidad de una preparación específica para jueces de primera y segunda instancia para realizar la exploración del menor.

– El problema de la internacionalización de las relaciones familiares entró en el Encuentro de la mano de Javier Casado, Letrado de la Administración de Justicia y asesor de la Red Española de Cooperacion Jurídica Internacional, que analizó los problemas prácticos que la práctica de la prueba fuera de nuestras fronteras.

Y Carlos Puigcerver Asor, Magistrado del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 50 de Barcelona, analizó el mecanismo de segunda oportunidad, introducido por el Real Decreto Ley 1/2015. Dicha norma introdujo por primera vez en España la regulación de la segunda oportunidad para las personas naturales no empresarias. “Transcurridos 19 meses desde su entrada en vigor la sensación generalizada es de fracaso”. Entre las razones de este fracaso: “El coste y complejidad del proceso, la connotación negativa que supone acudir a un concurso, la ausencia de tradición jurídica, la falta de información de los destinatarios y la falta de formación de los operadores jurídicos que deben aplicarla”.

El apretado programa del Encuentro se completó con un exhustivo análisis de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, realizado por el Magistrado Antonio Javier Martín Pérez.

– El momento más emotivo del Congreso fue el acto de homenaje a Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, fundador de la Asociación en 1993 y Presidente de Honor de la misma. Un sentido acto con el que la actual Junta quiso rendir tributo al creador de la Asociación y a sus 60 años dedicados a esta profesión.

– Sonia Gumpert, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y Mario Garcés, Secretario de Estadio de Servicios Sociales e Igualdad, clausuraron un extraordinario Congreso que puso sobre la mesa los problemas a los que se enfrenta un Derecho siempre en el filo entre la legislación aplicable y la realidad a la que no es capaz de dar respuesta; que se enfrenta a la coexistencia de un derecho común y unos derechos forales, en muchas ocasiones dispares entre sí; a la división de criterios entre las Audiencias Provinciales, no siempre unificados por el Tribunal Supremo; a las presiones sociales que en muchas ocasiones frenan la toma de decisiones. Y que en ese contexto ha de defender, como principio primero e indiscutible, algo tan difícil de concretar a veces como es el “interés superior del menor”.

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11738-xxiv-congreso-aeafa:-abogacia-y-judicatura-reclaman-una-jurisdiccion-de-familia/

Prisión para una abogada por estafar a un inmigrante

 

En este caso se ha hecho justicia.

Desgraciadamente son numerosos los casos de abogados incompetentes, cuando no delincuentes, que no pagan por sus desmanes.

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Prisión para una abogada por estafar a un inmigrante

La letrada le prometió regularizar su situación a cambio de 2.000 euros
Autor
Comunicación Poder Judicial

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a cuatro años y nueve meses de prisión a una abogada que estafó a un ciudadano de nacionalidad argelina en situación irregular prometiéndole permiso de residencia y trabajo, así como a la devolución a la víctima de los 2.000 euros que le cobró.

Por haber incurrido, también, en los delitos de falsedad en documento oficial y deslealtad profesional, el tribunal ha impuesto a la letrada, reincidente ya en esta práctica, la pena de inhabilitación especial para el desempeño de su profesión y varias multas.

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Prision-para-una-abogada-por-estafar-a-un-inmigrante

Condenada a tres años de prisión una abogada por apropiación indebida del dinero de una clienta menor

miércoles, 25 de enero de 2017

Condenada a tres años de prisión una abogada por apropiación indebida del dinero de una clienta menor

El tribunal absuelve al marido de la procesada de los cargos de los que estaba acusado

Autor
Comunicación Poder Judicial

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a una abogada, Cristina R. P., a un total de tres años de cárcel por los delitos de apropiación indebida, estafa procesal, en grado de tentativa, y falsedad en documento mercantil.

Las clientas perjudicadas han sido una madre y su hija menor de edad. Como responsabilidad civil la acusada debe indemnizar a la hija menor en la cantidad de ciento veintinueve mil quinientos euros (129.500 euros), más los intereses legales.

Por su parte, el tribunal ha absuelto al esposo de la condenada, Jesús A. de A. de los delitos de apropiación indebida, estafa procesal intentada y falsedad en documento mercantil de los que venía siendo acusado.

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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Condenada-a-tres-anos-de-prision-una-abogada-por-apropiacion-indebida-del-dinero-de-una-clienta-menor

Un letrado, condenado a pagar 27.000 euros a un cliente por asesorarle mal

 

NEGLIGENCIA PROFESIONAL

Un letrado, condenado a pagar 27.000 euros a un cliente por asesorarle mal

DREAMSTIME EXPANSION
POR A. VIGIL
03/12/20 – MADRID

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un abogado por negligencia profesional, exigiéndole una indemnización de 27.333 euros, tras haber provocado que su clienta fuera condenada a pagar las costas de un procedimiento.

Asesorar mal a un cliente puede salir caro. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca ha confirmado la condena a un abogado por negligencia profesional, exigiéndole una indemnización de 27.333 euros, tras haber provocado, con su mala praxis, que su clienta fuera condenada a pagar las costas de un procedimiento.

En este caso, la clienta se hallaba inmersa en un procedimiento de liquidación de una sociedad de gananciales constituida con su exmarido. Su abogado solicitó incluir en el inventario bienes y derechos por valor de 300.000 euros, pese a saber que eran privativos del esposo. La petición fue desestimada y la clienta tuvo que pagar costas.

Según la sentencia, aunque hubiera sido la clienta quien insistió en la necesidad de incluir dichos bienes, el letrado debe saber que, pese a haber sido adquiridos con posterioridad al matrimonio, se consideran privativos por ser objetos de uso habitual del marido. Además, recuerda que tampoco puede ser ganancial el incremento patrimonial obtenido por el valor de la sociedad cuyas participaciones sociales le fueron transmitidas por sus padres antes de la celebración del matrimonio. La audiencia considera que pretender incluir estos bienes en el activo del inventario de la sociedad de gananciales constituye una evidente negligencia del letrado que nunca puede imputar a su cliente, salvo que hubiese salvado su responsabilidad o hubiese recibido información errónea.

Eximir de responsabilidad

Finalmente, concluye que existe un nexo causal entre la negligencia profesional que se imputa al letrado y el daño provocado a su clienta. Además, no acepta que se pueda eximir al abogado de responsabilidad por el hecho de que su clienta gozara del beneficio de justicia gratuita en primera instancia, ya que podría haberse opuesto a defender pretensiones insostenibles.

http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2016/12/03/5841bc36e2704e432e8b461c.html