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La Audiencia Provincial crea una «mini ciudad de la Justicia» al unificar las sedes de lo Penal y Civil

 

Lejos de reducir la conflictividad la aumentan.

Crean nuevos juzgados y nuevos “empleos“.

Engordando la administración de justicia en vez de adelgazarla.

Bastaría con aplicar la ley y la jurisprudencia del Tribunal supremo y del Tribunal Constitucional para reducir al mínimo los juicios en procesos de familia.

Esto es, aplicar la custodia compartida por defecto y respetar la propiedad privada.

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La Audiencia Provincial crea una «mini ciudad de la Justicia» al unificar las sedes de lo Penal y Civil

Las secciones de Martínez Campos y Ferraz se mudan la próxima semana a Santiago de Compostela, asegura el presidente de la institución

Una de las salas semivacías del edificio de Ferraz, 41, en plena mudanza

Una de las salas semivacías del edificio de Ferraz, 41, en plena mudanza – ABC

M. J. ÁLVAREZ – Madrid – 15/09/2017

La Audiencia Provincial de Madrid crea una «mínima ciudad de la Justicia». Así lo asegura el presidente de la institución, Eduardo De Porres. A partir del lunes, las secciones de lo Civil situadas en las calles de General Martínez Campos y Ferraz se mudan a un edificio de Santiago de Compostela, 100, al lado de la sede de lo Penal, situada en el 96.

Este hecho responde a la petición que le hizo De Porres a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Se enmarca en el Plan de la Comunidad de Madrid para unificar sedes y mejora de medios humanos y materiales. En total, se trasladan 13 secciones de las 15 existentes en la jurisdicción civil, salvo las dos de familia, situadas en Francisco Gervás, 2. El cambio de emplazamiento no afectará a la actividad de la Audiencia. Así lo ha asegurado De Porres.

De este modo estarán unidas la 15 secciones de lo Penal con las 13 de lo Civil que comenzarán a trabajar de inmediato, a medida que se instalen. «La idea es que en quince días funcione en su totalidad», ha precisado De Porres. «La cercanía de los dos edificios permitirá, además de que cada magistrado tenga un despacho, mejorar la gestión del trabajo judicial, al contar con una estructura coherente que permitirá reducir dependencias duplicadas y compartir otras, entre ellas, la sala de vistas».

En cuanto a la sede de lo Penal se van a acometer «importantes obras para renovar en el inmueble y se ganará una planta para despachos. De este modo, a principios de 2018 contaremos con una Audiencia Provincial unida y renovada, lo que mejorará sustancialmente la situación actual», ha aseverado el responsable del órgano judicial.

Esta unificación es una vieja reivindicación de la presidencia de la Audiencia Provincial, dadas las deficiencias de los edificios de Ferraz y Martínez Campos que denunciaban cada año en la presentación de la Memoria Anual. Hoy, De Porres ha dado cuenta de la correspondiente a 2016 y ha solicitado 30 magistrados más, uno más por tribunal para corregir las defiencias estructurales de personal, aliviar la carga de trabajo de los jueces y para dar una respuesta de calidad, al dedicar a cada asunto el tiempo que merece.

Refuerzo urgente en Familia y Mercantil

En cuanto a la jurisdicción civil, los litigios han crecido un 12,46%, al pasar de 15.323 en 2015 a 18.304 en 2016. Los asuntos pendientes de resolver han bajado ligeramente, al pasar de los 8.222 del ejercicio de 2015 a 8.147 del pasado. «La carga de trabajo ha aumentado por el caso Bankia y el tsunami de las claúsulas suelo» ha aseverado De Porres. Tras indicar que la situación de las secciones generales está bien, con una pendencia de 3,48 meses, ha recalcado que le preocupan las secciones de familia y mercantil. La primera tiene un tiempo medio de respuesta de 10,2 meses, que tacha de «excesivos», dado que son asuntos que precisan de rapidez. A los asuntos de la segunda se les da salida en 17,73 meses, con «los perjuicios económicos que acarrea esta demora». Por ello reclama un refuerzo urgente mínimo de 2 y 3 magistrados, respectivamente.

En materia penal, a pesar de que tiene el doble de asuntos, la litigiosidad ha descendio un 1,16%. «El tiempo medio de respuesta, de 1,7 meses, es óptimo, debido al esfuerzo de los magistrados», ha destacado el presidente de la Audiencia. En cuanto a los juicios, destaca que los que duran más de un día han pasado de los 100 de 2015 a los 167 de 2016, mientras que los rápidos han descendido, al pasar de los 1.767 a los 1.558.

 

http://www.abc.es/espana/madrid/abci-audiencia-provincial-crea-mini-ciudad-justicia-unificar-sedes-penal-y-civil-201709151353_noticia.html

 

El Congreso quiere que las denuncias por maltrato no puedan retirarse

 

La inícua ley de violencia de género no ha servido para el fin por el que que nos la publicitaron. No se ha terminado ni reducido la supuesta “lacra” de los asesinatos a mujeres.

Entre otras cosas porque la ley está basada en burdas mentiras de las feministas.

Por el contrario sí se ha terminado con derechos básicos legislando aberraciones jurídicas que han conculcado el principio de igualdad ante la ley o el principio de presunción de inocencia. Los mismos que esgrimió Saulo de Tarso cuando le detuvieron pues estos principios los habíamos heredado del antiguo Derecho romano.

Sólo se ha creado una ingente industria del maltrato de la que viven miles de estómagos agradecidos gracias al dinero que nos roban vía impuestos.

Tal y como predijeron el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, las Asociaciones de fiscales o los expertos que comparecieron en la Comisión de justicia del Congreso de los diputados.

Es la ley que ha tenido más cuestiones de inconstitucionalidad y que ha sido más criticada por los jueces.

Pero lejos de reconocer el “error” nuestros políticos pretenden endurecer la ley. Saben que no van a solucionar el supuesto “problema” pero se aseguran seguir manteniendo el lucrativo negocio de la industria del maltrato.

De paso se cambia la sociedad aislando al individuo de su núcleo familiar donde se siente más protegido del abuso del poderoso.

En esta ocasión se han cuidado muy mucho de no convocar a la subcomisión a nadie que les pueda dejar en evidencia. Sólo han llamado a afines en la ideología de género y a quienes viven de su vertedero.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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El Congreso quiere que las denuncias por maltrato no puedan retirarse

La Subcomisión del Congreso finaliza su trabajo con la elaboración de un documento, sobre el que ya puede haber consenso en diez medidas

El Congreso quiere que las denuncias por maltrato no puedan retirarse

PALOMA CERVILLA – Madrid – 05/06/2017

La Subcomisión del Congreso de los Diputados, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad, tiene previsto finalizar esta semana sus trabajos, con la elaboración de un documento consensuado que recoja las propuestas de los grupos parlamentarios. Unas propuestas que debe asumir el Gobierno, ya que el presidente Mariano Rajoy se comprometió a ello en su discurso de investidura. Su promesa fue alcazar un «gran pacto» que «nos involucre a todos», y a ello han dedicado los esfuerzos todos los partidos, desde que el 15 de febrero comenzaron las comparecencias en esta Subcomisión.

El germen de este pacto fue la proposición no de ley, apoyada por todo el Congreso, que se aprobó el 15 de noviembre de 2016. En este texto se comprometían a reformar la Ley de Violencia de Género, aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2014, así como llevar a cabo los cambios legislativos que fueran necesarios.

Durante estos casi cuatro meses de trabajo, los grupos mayoritarios, PP y PSOE, han encontrado el consenso en al menos diez medidas que, si son aprobadas, se llevarán a la práctica con casi total seguridad. Una de ellas es la eliminación del denominado «derecho de dispensa» para los casos de malos tratos, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo es que las mujeres no puedan retractarse de su declaración inicial contra el maltratador. También hay unanimidad en ampliar el concepto de violencia de género o extender la orden de alejamiento a los menores, según han señalado a ABC las portavoces del PP y PSOE, Marta González y Ángeles Álvarez, respectivamente.

Todas estas medidas forman parte de un documento de 600 propuestas, al que ha tenido acceso ABC, y que se debatirá este jueves y viernes. Los partidos se han marcado como objetivo tener a final de semana este texto para remitir al Gobierno.

Estas son las diez medidas sobre las que puede haber consenso:

Ampliar el concepto de violencia de género. Tanto PP como PSOE y Ciudadanos están de acuerdo en tratar como violencia de género los matrimonios forzosos o el acoso en las redes, aunque no tienen claro la fórmula. Bien se puede hacer modificando la ley actual o redactando una norma de trata de personas con fines de explotación sexual, como apunta el PSOE. Ciudadanos apuesta más por cambiar la ley.

Eliminar el derecho de dispensa. Una gran parte de las acusaciones contra los maltratadores se retiran cuando llega el juicio y terminan sin condena, porque la víctima se acoge a la dispensa del deber de declarar y cambia su declaración. PP y PSOE quieren eliminar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la víctima no pueda acogerse. La portavoz socialista, Ángeles Álvarez, señala que «hay que ver cómo se hace para que no colisione con principios fundamentales».

Suprimir el atenuante de confesión. Un maltratador sabe que si confiesa rápidamente su crimen se le aplica el atenuante de confesión, que figura en el Código Penal. Los grupos mayoritarios quieren eliminar este atenuante del Código Penal y así impedir que la Justicia le beneficie.

Orden de alejamiento para menores. El Partido Popular apunta que también podría haber un alto nivel de acuerdo en la decisión de extender a los menores la orden de alojamiento que el juez dicte contra el padre. Se dan casos de que el juez dicta una orden solo para la madre, y cuando el padre se queda con los niños, los mata, como así sucedió en Córdoba con José Bretón, y en otros muchos casos.

Más formación para jueces, médicos, psicólogos… La necesidad de reforzar la formación de todos los actores implicados en los casos de violencia de género también ha sido puesta de manifiesto en las diversas comparecencias que se han llevado a cabo ante la Subcomisión. Los partidos mayoritarios la asumen como un elemento fundamental del pacto. Incluso no descartan que se pueda impartir alguna asignatura sobre esta materia en los centros escolares.

Eliminar el agravante de género. En la Ley Orgánica de Violencia de Género existe el agravante de género para condenar al maltratador. «Se ha dado el caso en que algunos pronunciamientos judiciales aseguran que no hubo intención de someter a la mujer y consideran la agresión como violencia doméstica y no de género», señala la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Marta González. Esta formación política señala que hay que eliminar este agravante porque en algunos casos son «apreciaciones subjetivas del juez sobre si existe, o no, violencia de género». Otros grupos también comparten esta consideración.

Eliminar el derecho de información. Los hijos de mujeres maltratadas, en algunos casos, tienen que recibir asistencia psicológica. Este tratamiento tiene que ser autorizado por el padre maltratador, según el artículo 156 del Código Civil. Con este pacto se pretende que se elimine esta autorización. La portavoz socialista señala cómo «se han producido denuncias de los padres contra psicólogos porque entienden que sus hijos reciben el tratamiento sin permiso».

Tipificar el delito de suplantación en la red. Los populares tienen la intención de plantear que se tipifique en el Código Penal el delito de suplantación en la red. Ello es así por que se ha detectado que los maltratadores, al conocer las claves de sus parejas en las redes sociales, envían mensajes que en muchos casos se consideran ofensivos, suplantando su personalidad. Incluso contestan su correo electrónico. A día de hoy este delito no existe en la legislación. Los populares creen que la mayoría de grupos parlamentarios podría aceptar incorporar esta medida al documento final, que está previsto cerrar el próximo viernes y enviarlo al Gobierno para su aplicación.

Equipos especializados en la Policía . Cuando se interpone una denuncia por violencia de género, la Policía Nacional somete a la víctima a un cuestionario tomando como base el programa Viogen, y hacen una valoración del riesgo. En función de ello, deciden las medidas de protección a adoptar. Pero los policías se quejan se que ellos no son sicólogos y de que el juez debería tener otros informes. Por ello, los expertos consideran que en los Juzgados de Violencia de Género debe haber un equipo específico para hacer esos informes desde un punto de vista más profesional. En el pacto que se firme se podría recoger esta petición, sobre la que puede haber, de entrada, un consenso.

Endurecer el proxenetismo. El artículo 187 del Código Penal castiga el delito de proxenetismo. Sin embargo, el Partido Popular considera que lo hace de una manera muy laxa y que es «necesario castigarlo con mayor dureza». La mayoría respaldaría esta propuesta.

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-congreso-quiere-denuncias-maltrato-no-puedan-retirarse-201706052145_noticia.html

 

La losa de la burocracia: España publica 900 leyes y 960.000 páginas de regulación al año

 

Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene.”

Cayo Cornelio Tácito

Por supuesto, la seguridad jurídica es inversamente proporcional al número de leyes.

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La losa de la burocracia: España publica 900 leyes y 960.000 páginas de regulación al año

Gobierno y comunidades autónomas publican casi 8 millones de páginas de regulación durante la crisis.

La burocracia pesa mucho en España | Pixabay/CC/Geisteskerker

M. Llamas. – 25-05-2017

La economía española todavía tiene importantes retos por delante para dar por superada la crisis, a pesar de la buena marcha que ha registrado la recuperación en los dos últimos años, con avances del PIB superiores al 3% interanual. La alta tasa de paro, la escasa productividad y la elevada deuda pública son los grandes lastres que quedan por solventar, tras el progresivo cambio del modelo productivo, la mejora de la competitividad y la sustancial amortización de deuda privada que han protagonizado familias y empresas.

Y buena parte de esos problemas pendientes tiene que ver, además de con un excesivo gasto público, con una copiosa y muy compleja regulación, cuya aplicación frena la capacidad de las empresas españolas para generar riqueza y empleo. Basta echar un vistazo al número de leyes aprobadas y a los boletines oficiales publicados para percatarse de la ingente normativa a la que están sometidos los españoles y, muy especialmente, autónomos y empresarios en su día a día.

El pasado año fue, hasta cierto punto, una excepción, debido a la existencia de un gobierno en funciones desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016. Así, entraron en vigor un total de 436 normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un descenso del 50,7% interanual, mientras que el Boletín Oficial del Estado (BOE) editó 171.905 páginas, un 2,6% menos, según el informe La producción normativa en 2016, elaborado por la patronal CEOE.

Y algo similar sucede con las comunidades autónomas, ya que aprobaron 245 normas (-19,4%) y publicaron 723.915 páginas en sus respectivos boletines oficiales, una caída del 7,8% con respecto a 2015. Cataluña, con casi 91.000 folios de normativa, fue la región más prolija en esta materia.

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En total, Estado y autonomías aprobaron 681 nuevas normas y 895.820 páginas de regulación en 2016, lo que implica una reducción del 42,7% y 6,8% interanual, respectivamente.

Y todo ello, a pesar de la existencia de un gobierno en funciones. La situación, por tanto, empeora si se echa la vista atrás. Así, el BOE publicó más de 1,6 millones de páginas de regulación desde 2009, que, sumadas, a los más de 6 millones emitidas por las CCAA, hacen un total de 7,7 millones de folios de nueva normativa en los últimos ocho años. De este modo, los políticos han publicado una media de 960.000 páginas al año en los boletines oficiales durante la crisis económica (unos 203.000 el Estado y otros 757.000 los gobiernos regionales).

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Además, si se echa la vista atrás, se observa que España ha aprobado un total de 41.336 normas estatales entre 1970 y 2016, a un ritmo medio de 900 leyes al año, lo cual da idea del denso y complejo marco normativo que sufre el país, lo cual, entre otros efectos, se traduce en graves distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas.

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“Esta situación tiene un impacto directo sobre nuestra capacidad de crecimiento económico, puesto que las empresas no pueden dedicar sus recursos y esfuerzos plenamente a lo que saben hacer, que es crear riqueza y generar empleo”, advierte la patronal. “Hemos de tener presente que si queremos convertirnos en polo de competitividad en la economía globalizada, hemos de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas”, concluye.

Entre otras medidas, la CEOE solicita que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recabe los datos sobre empresas que ya tiene de forma directa, que el Gobierno cree la “carpeta del empresario” para facilitar la tramitación del conjunto de procedimientos con las Administraciones Públicas, así como ampliar la operativa del sistema de remisión electrónica de documentos-red, tramitar de forma electrónica las solicitudes de exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, simplificar el Impuesto de Sociedades, sustituir el libro de subcontratación por un modelo de libro electrónico o simplificar la solicitud y renovación de certificados electrónicos.

 

http://www.libremercado.com/2017-05-25/la-losa-de-la-burocracia-espana-publica-900-leyes-y-960000-paginas-de-regulacion-al-ano-1276599688/

 

 

 

El juez desoye la petición de investigar el chivatazo a Ignacio González

 

Hay quien califica al corporativismo judicial como mafia dado como se protegen entre ellos y los numerosos vínculos familiares entre los miembros de la judicatura.

No es de extrañar que el juez Velasco se niegue a investigar qué juez dio el chivatazo a González. Esto es, quién delinquió.

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El juez desoye la petición de investigar el chivatazo a Ignacio González

FERNANDO LÁZARO – 8 may. 2017

Ignacio González, el pasado 21 de abril, cuando era trasladado desde la Comandancia de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional para prestar declaración. JAVIER BARBANCHO

La Guardia Civil pidió abrir una pieza separada, pero Eloy Velasco no la ha hecho

Aguirre dio ayudas al ex gerente del Canal para sus negocios

OHL admite transferencias de 1,8 millones de euros a la cuenta suiza que el juez vincula a Ignacio González

En el curso de la investigación que dio lugar a laoperación Lezo, los agentes de laUnidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detectaron que Ignacio González podía estar recibiendo información «privilegiada» sobre el caso. Los operativos situaron a principios de año el momento en que el ex presidente de la Comunidad de Madrid pudo empezar a recibir datos de que estaba bajo vigilancia.

Los responsables del operativo contactaron con el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y le advirtieron de esta situación. Además, le reclamaron que abriera una pieza separada dentro del sumario para poder indagar el origen de las filtraciones. La solicitud de los agentes de la UCO al juez se llegó a producir por escrito, según explicaron fuentes cercanas a esta investigación.

Sin embargo, hasta hoy Velasco no ha dado el visto bueno para que exista una pieza separada para que la Guardia Civil pueda avanzar en la identificación de quiénes pudieron llevar a cabo el chivatazoa González, poniendo con ello en riesgo toda la investigación sobre la corrupción en torno al Canal de Isabel II.

Esta decisión de desoír las peticiones de la UCO ha generado malestar entre los investigadores, que entienden que es prioritario despejar estas incógnitas sobre los chivatazos. No comprenden por qué el instructor no abre esa pieza separada.

Los agentes detectaron primero que el investigado, que era pródigo en sus contactos telefónicos y no guardaba medidas de seguridad, de repente cambió su pauta de comportamiento y cercenó sus comunicaciones telefónicas. En ese momento, los especialistas alertaron de que se había podido producir una delación de las pesquisas al investigado o a su entorno. Los agentes entienden que los avisos no ha tenido que recibirlos directamente el propio González y abren el abanico al resto de los investigados en este causa.

En aquel momento, según estas fuentes, los operativos le plantearon al juez una medida muy extraordinaria: acceder a la oficina profesional que en ese momento utilizaba el ex presidente de la Comunidad de Madrid y colocarle un micrófono.

Para entonces, fruto de las intervenciones telefónicas que ya se estaban realizando, los agentes conocían muchos datos. Sabían por ejemplo que en una conversación dos de los investigados hablaban de una «magistrada amiga» que les había dicho que la Guardia Civil estaba ya sobre la pista del ex presidente madrileño.

También tuvieron conocimiento de la reunión que Pablo González, hermano de Ignacio, mantuvo con un secretario de Estado. Tras sus averiguaciones supieron que ese encuentro, que se celebró 40 días antes de que se explotara la operación Lezo, fue con el número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto. Fue el propio secretario de Estado de Seguridad el que, cuando trascendió que existía un contacto con un representante del Gobierno, avisó a su ministro de que él había mantenido un encuentro con el hermano del ex presidente.

Nieto, que compareció en el Parlamento a petición propia, explicó que esa reunión se produjo a petición de González y para tratar temas relacionados con su gestiones mercantiles, nada que ver con la operación Lezo. Nieto aseguró en la Cámara que en aquella fecha no tenía ni idea de que la Guardia Civil estaba investigando a Ignacio González, que los agentes de la UCO solo le avisan, como mucho, con un margen semanal de las actuaciones que pretende llevar a cabo.

La entrevista de Nieto no ha estado bajo sospecha policial, según explican estas fuentes. La Guardia Civil no centra sus sospechas del chivatazo en el número dos de Interior. La unidad investigadora sabe perfectamente en qué momento fue informado Nieto de la explotación de Lezo, y la explicación que dio en el Congreso el responsable de Interior les cuadra con sus datos.

Su preocupación está centrada en esa «magistrada amiga», que está en laAudiencia Nacional. Los agentes de la UCO sospechan que es esa juez la que pudo proporcionar la información sobre las pesquisas secretas. Es más, sobre la mesa tienen nombres. Por ese motivo, aún insisten más a Velasco para que aclare el papel de esa magistrada.

Tras el presunto chivatazo, tanto González como su entorno intentaron contactar con responsables policiales y judiciales para confirmar el alcance de las investigaciones.

Los implicados llegaron a saber que las pesquisas superaban con mucho la denuncia que el equipo de Cristina Cifuentes había entregado a la Fiscalía Anticorrupción en el verano de 2016. En las intervenciones, varios de los investigados llegaron a alertar en sus llamadas de que sus teléfonos podrían estar pinchados.

Los investigadores sospechan que las alertas recibidas por los investigados, además de provocar modificaciones en sus comportamientos, les pudo permitir deshacerse de material sensible.

Los pinchazos también desvelan la esperanza que tenía González en el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción. Lo consideraba favorable a las tesis del PP y confiaba en que, en cierta forma, frenara la investigación sobre su ático.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/05/08/590f4900e2704ed3078b4576.html

La Junta acumula trece años de promesas incumplidas en los juzgados

 

Es evidente que los políticos tienen un interés especial en que la Justicia no funcione.

Tener entretenidos a los ciudadanos con problemas menores y hacer que éstos desistan de acudir a la justicia son algunos de los objetivos.

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La Junta acumula trece años de promesas incumplidas en los juzgados

Lorenzo del Río y Emilio de Llera presiden una comisión mixta entre el TSJA y la Consejería de Justicia. M. RODRÍGUEZ

RAMÓN RAMOS – Granada – 7 may. 2017

La Junta anunció una nueva oficina judicial en 2004 que funcionaría al año siguiente, pero todavía no existe

Granada reivindica la “capitalidad judicial” que proclama el Estatuto

Iba a ser un cambio “revolucionario” en organización y métodos de trabajo en la administración de Justicia o, al menos, así se anunció aquel lejano 22 de julio de 2004 en que la entonces consejera María José López reunió en una jornada de trabajo a representaciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Fiscalía Superior, encabezadas por sus titulares de la época, Augusto Méndez de Lugo y Jesús García Calderón: es la fecha inaugural de la Oficina Judicial y Fiscal, que ese día echaba a andar en lo que se anunciaba como una realidad tangible en abril siguiente, es decir en 2005, bajo la premisa mágica que en la jerga autonómica suele acompañar todo plan o proyecto diseñado por la Junta: ‘pionero’.

Pero pasó 2005 y 2006 y… hasta llegar a este 2017 en que con desencanto el actual presidente del TSJA, Lorenzo del Río, al presentar la Memoria del TSJA rescataba lo que se ha convertido en un clásico del anual resumen judicial en Andalucía: los avances experimentados son “anecdóticos”, ningún adelanto “significativo” respecto a la Oficina, “donde todo apunta a una voluntad de implantación más testimonial que efectiva”. Una visita a las sucesivas Memorias de la Fiscalía Superior arrojaría un lamento similar año tras año.

El último hito en esta historia que va camino de los trece años se registró el pasado 22 de noviembre, cuando la Consejería de Justicia remitió al Ministerio la Orden que regula la relación de puestos de trabajo (RPT) en la reorganización de recursos humanos y materiales que conllevará la efectiva implantación de la Oficina. La pelota, pues, está en el tejado del Gobierno central, que debe dar la aprobación definitiva a lo que ya de forma provisional ha hecho la Junta, según comentaron a EL MUNDO portavoces de la Consejería. Una vez recibido el ‘visto bueno’ se pondrán en marcha como ‘experiencia piloto’ en los municipios de El Ejido, Vélez Málaga y Dos Hermanas, ya designados, aunque aquel julio de 2004 en que se habló de abril de 2005 como ‘minuto uno’ se anunció una Oficina por cada provincia de Andalucía.

Las comisiones

En noviembre, por tanto, se puso fin a una larga negociación con la representación sindical de los funcionarios y el tiempo anterior se fue en el trabajo para el diseño de la Oficina y las modificaciones legislativas inherentes a la entrada en servicio de la Oficina. En el tiempo transcurrido desde la jornada iniciática quedaron atrás las comisiones de coordinación y la comisión general constituidas en 2004 para el estudio pormenorizado en cada orden jurisdiccional. A los actores de aquella jornada la historia reciente los ha dejado atrás: a Méndez de Lugo le sucedió Del Río en la presidencia del TSJA, por la Consejería pasaron -después de López-Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez, Luis Pizarro y Francisco Menachoantes del actual Emilio de Llera y el último ‘superviviente’, García Calderón, acaba de ser reemplazado en la Fiscalía por Ana Tárrago.

Trece años después no hay Oficina Judicial y Fiscal pero sí existe el director general de la Oficina Judicial y Fiscal: Juan Rueda, a quien en su oficina de la Consejería no le falta el trabajo pues sus funciones abarcan a la gestión de los recursos humanos en la Administración de Justicia, tarea que ocupa su jornada ante la carencia de facto de funciones respecto a la Oficina Judicial y Fiscal.

Una Oficina que hunde sus orígenes en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que suscribieron en 2001 los principales partidos políticos de nuestro país el 28 de mayo de 2001, que contemplaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, entre otros aspectos, abordar “por primera vez una regulación de los aspectos organizativos de la denominada Oficina Judicial”. En desarrollo del Pacto, el proyecto de la Junta trataba de superar el “obsoleto” sistema organizativo de la Justicia “cuando pueden existir una serie de servicios comunes procesales” que contribuyan “a la agilización y descarga” de la saturación que se acumula en los Juzgados, según expresó a la prensa Méndez de Lugo, mientras Calderónresaltaba la “racionalización de esfuerzos” que conllevaría una Oficina entonces ‘acariciada’ para 2005. Pero la Junta encargada de su desarrollo esperó a enero de 2014 para que se publicase el decreto por el que se regula organización y estructura de la Oficina, definida en la web de la Consejería como “organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, y que va a traer indudables ventajas tanto para la ciudadanía como para el propio personal al servicio de la Administración de Justicia”. Un decreto mirado con desconfianza por los funcionarios que “rompe con la configuración clásica de juzgado, superando el modelo atomizado e incorporando criterios de buenas prácticas”.

A día de hoy, en el apartado correspondiente la web consagra la Oficina como “una necesidad legal y de gestión”, compelida además por “el actual panorama presupuestario que obliga mucho más a optimizar los recursos disponibles en aras de la mejora continua de los servicios públicos”. Una urgencia para la que la Junta se ha tomado su tiempo: ya en fecha temprana, en 2006, la Memoria del TSJA apunta “la frustración ante la actual situación, puesto que el año 2006 puede considerarse un año en blanco, un año perdido en la puesta en marcha de la Oficina Judicial. Nada nuevo puede reseñarse en el proceso de implantación y el estado actual es de desánimo y estancamiento”. Y así, hasta 2017.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/07/590e0be9e5fdea5b758b45be.html

 

Moix ordena investigar a los fiscales del 3% por coacciones

 

¿Qué no habrá en la Fiscalía?

Mientras los fiscales dependan del Gobierno de turno no podremos fiarnos de sus actuaciones.

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Moix ordena investigar a los fiscales del 3% por coacciones

El fical jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, abandona la sede del...

El fical jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, abandona la sede del Ministerio Público. JAVIER BARBANCHO

MANUEL MARRACO – Madrid – 29 abr. 2017

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha ordenado investigar a tres fiscales de su unidad a raíz de la denuncia de uno de los imputados en la investigación sobre las cuentas de los Pujol en Andorra. Los fiscales afectados sonJosé Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, que han investigado los fondos de la familia de ex presidente de la Generalitat. A los dos primeros Moix les había apartado recientemente del llamado caso 3%, que investiga las comisiones ilegales a Convergència.

La actuación de Moix ha causado malestar entre los fiscales de Anticorrupción, un destino en el que son frecuentes las denuncias de los afectados por las investigaciones. Según fuentes de la Fiscalía, los afectados sólo tuvieron noticia de la denuncia cuando Moix les informó de que había dictado ya un decreto en el que respaldaba abrir una investigación por posibles delitos de coacciones y contra la administración de Justicia. Lo había hecho tras recibir al abogado del denunciante y tomar posteriormente declaración al propio denunciante sin que los tres fiscales conocieran la existencia del escrito en su contra.

En la denuncia, el imputado Rafael Pallardó sostiene que los fiscales le coaccionaron para declarar falsedades contra los Pujol. Los denunciados rebaten que, en realidad, en el encuentro el imputado les pidió dinero para declarar contra los Pujol, para quienes habría llevado fondos a Andorra. La respuesta fue que se podían ofrecer rebajas de pena por colaborar, pero no dinero.

Dos de los fiscales afectados habían sido ya apartados del ‘caso 3%’

El decreto de Moix indica que, puesto que los hechos se habrían cometido en Barcelona y que los fiscales están aforados, el órgano competente para investigar es la Fiscalía Superior de Cataluña. Ese departamento ya ha abierto unas diligencias de investigación a los fiscales tras el visto bueno del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Lo previsible a partir de ahora es que la Fiscalía Superior de Cataluña acuerde tomar declaración a los tres fiscales en presencia de sus abogados. Los afectados podrían, a su vez, solicitar diligencias como el interrogatorio a los testigos. Por ejemplo, a los entonces jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, y fiscal general,Eduardo Torres Dulce. Según fuentes del Ministerio Público, el encuentro con el imputado tuvo la autorización expresa de ambos.

Además de tratar el asunto directamente con el propio Maza y con el jefe de la inspección, los tres fiscales han pedido el amparo ante el Consejo Fiscal -órgano de representación de la carrera- frente a las denuncias presentadas en su contra, que a su juicio sólo pretenden minar su capacidad de actuación. El escrito enviado a la Fiscalía General va acompañado de las firmas de apoyo de todos sus compañeros de Anticorrupción. Varios de los firmantes señalan que el respaldo también puede interpretarse como una crítica al pábulo que Moix le ha dado a la denuncia.

En el caso de Grinda, existe una segunda denuncia presentada en Anticorrupción, esta vez por parte un imputado en el caso Petrov, que investiga la mafia rusa. Los fiscales afectados relacionan ambas denuncias con maniobras de los hermanosRamon e Higini Cierco, responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) -utilizada por los Pujol- hasta que el escándalo del blanqueo forzó su salida.

El episodio es un nuevo encontronazo de Moix en sus primeros meses al frente de Anticorrupción, tras la disputa mantenida con los dos fiscales encargados de la operación Lezo.

La petición de amparo es el segundo punto del orden del día que tiene marcado para los próximos días 3 y 4 de mayo el Consejo Fiscal. El primero será el intento de Moix de apartar a Grinda y Rosa del caso 3%. Ambos se han opuesto a la medida, por lo que la última palabra la tendrá Maza tras escuchar el parecer -no vinculante- del Consejo Fiscal. El jefe de Anticorrupción justificó el cambio en que era razonable que un caso de Cataluña lo lleven los delegados de Anticorrupción en esa comunidad. Entre los argumentos de los dos afectados está que Bermejo era fiscal en Cataluña cuando comenzó con el caso y que han pedido al juez de Tarragona que la investigación pase a manos de la Audiencia Nacional.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/29/5903afbf268e3ec05b8b45cd.html

 

La jueza Alaya: “Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid”

 

La jueza Alaya: “Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid”

Foto: KIKE TABERNER  Mercedes Alaya. Foto: KIKE TABERNER

La magistrada afirma que la injerencia política en la Justicia es total: “No se me permitió quedarme (en el caso ERE) por un voto unánime de PP y PSOE en el CGPJ”

Loreto Ochando

27/04/2017

VALÈNCIA. Mercedes Alaya, conocida como la jueza de los ERE de Andalucía, pronunció este miércoles una conferencia en el Hotel Las Arenas de València, organizada porForo de Opinión Cívico de la Cominidad Valenciana. Fiel a su imagen de no casarse con nadie, la magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no dejó títere con cabeza. Tuvo para todos: cúpula judicial, Fiscalía, medios de comunicación y políticos.

Al ser preguntada sobre las grabaciones entre el expresidente madrileño Ignacio González y el que fue su homólogo valenciano Eduardo Zaplana en las que hablan de poner y quitar jueces, la magistrada afirmó: “Claro que mueven los jueces a su antojo. Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

Alaya con respecto a estas declaraciones, primero pensó que se hablaba de mover fiscales,  sobre lo que dijo que, “no se puede utilizar a los fiscales como lacayos”, a lo que añadió que “no pueden existir cosas como las que hemos visto con un ministro del Interior”.

Críticas a la Fiscalía

Si hubo alguna institución contra la que la juez Alaya apuntó durante su disertación, sin duda fue contra la Fiscalía. Con respecto a los fiscales Anticorrupción aseguró que “no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido”, dijo en clara referencia al caso de los ERE. Explicó que “el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la jerarquía y la unidad de actuación”. “El Gobierno elige al fiscal general del Estado, y este a los de Anticorrupción. El Gobierno está presente en todos los casos de corrupción”.

Y añadió que “los fiscales son implacables en los delitos comunes, pero no se comportan de la misma manera en los casos de corrupción”.

En referencia a la posibilidad de que sean los representantes del Ministerio Público los que lleven la instrucción, actualmente en manos de los jueces, la juez estrella andaluza sostiene que “conceder la instrucción a un Ministerio Fiscal absolutamente politizado dejará al juez como si fuese una figura de piedra. No hay garantías de que nos llegue la realidad de lo que se ha investigado”.

Alaya, durante la conferencia. Foto: KIKE TABERNER

Alaya, durante la conferencia. Foto: KIKE TABERNER

Pero los dardos contra sus compañeros no finalizaron ahí. La juez aseveró que “si se revocan las causas (audiencias provinciales) es porque el fiscal se implica poco”. O con respecto a la Ley de Plazos, seis meses para causas simples y 18 para complejas, Alaya aseguró que “se limitan los plazos, pero se le dan las llaves al Ministerio Fiscal que no se mojan en las investigaciones judiciales y se mantienen al margen”, en referencia a que son ellos los que deben solicitar las prórrogas.

Por ello, la juez ahora apartada de los ERE por las continuas discusiones con la magistrada titular del juzgado que lleva esta causa, explica dice que “es necesario que el pueblo se involucre (acusación popular), porque nos podemos encontrar que el fiscal ponga fin a una investigación siguiendo órdenes del Gobierno”.

Asociaciones, partidos y medios

Tampoco sus propios compañeros magistrados se libraron de las críticas de Alaya, que explicó que aunque respeta, y mucho, a las asociaciones judiciales, no está asociada porque no está de acuerdo con el sistema.

Alaya tuvo balas para todos. En referencia a los partidos políticos, la juez andaluza afirmó que “tras el 15M hay un pacto de no agresión entre los grandes partidos para asegurarse la supervivencia”. Pero la juez, famosa por los ERE de Andalucía, traslada es pacto de no agresión a su tierra, de la que afirma que PP y PSOE  vienen a decir: “no comentes mis abusos, yo no comento los tuyos”.

Los medios de comunicación no salieron mejor parados que la Fiscalía o los partidos políticos. Según Alaya, “los medios de comunicación están a favor del poder”. “Los partidos políticos dan órdenes para hablar muy poco de temas judiciales”, añadió.

Soluciones

Las soluciones a todos los problemas que acucian a la Justicia para ella son: Un consejo General del Poder Judicial elegido por jueces; que la elección del fiscal general del Estado garantice su independencia; autonomía presupuestaria; un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas para evitar que “ningún procedimiento pueda ser moneda de cambio para pactos entre partidos, algo que está ocurriendo”, según manifestó.

http://valenciaplaza.com/jueza-alaya-valencia

Eloy Velasco, juez de la ‘Operación Lezo’: “Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino”

 

Conviene recordar que este juez dejó la judicatura para dedicarse a la política y luego volver a la política. Algo que debería estar prohibido. Al igual que Baltasar Garzón parece que sólo busque la venganza sobre quienes no cumplieron lo que le prometieron.

Habla de cumplir la ley y de que ésta emana del pueblo pero se niega a admitir una querella contra Pérez del Campo en base a mentiras palmarias. Más bien parece que ve la realidad con gafas polarizadas y aplica la ley según su criterio personal e intereses, algo común en la mayoría de los jueces ya que no tienen un órgano que les fiscalice y sancione pues tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial no realizan esa labor.

La entrevista no tiene desperdicio.

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Eloy Velasco, juez de la ‘Operación Lezo’: “Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino”

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado...

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado miércoles en la sede madrileña de la Deusto Business School. ANTONIO HEREDIA

“Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político”

“Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior”

“Un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional precisa más medios”

Carlos Segovia – 23 abril 2017

Eloy Velasco (Bilbao, 1963) es el juez del momento, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Respetó su compromiso previo de conceder esta entrevista a EL MUNDO, pese a que tuvo lugar el pasado miércoles tras lanzar la operación Lezo. La entrevista había sido concertada con motivo de una conferencia organizada por la Deusto Business School sobre el libro que ha escrito con su esposa Beatriz Saura llamado Cuestiones Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance. Velasco quiere que cale que la reforma penal permite incluso disolver empresas o partidos políticos cuando sus dirigentes incurren en delitos. Rechazó desde el principio comentar la Operación Lezo y el resto de procedimientos en curso que instruye, pero confirma sus planes de futuro y no se muerde la lengua en temas relevantes.

¿Qué opina al menos de la situación de la corrupción en España?
No quiero contestar a eso, porque se puede hacer una lectura sobre casos concretos. Prefiero hablar sobre la importancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Gracias por entenderlo.
Pero está relacionado…
Es uno de los muchos delitos en que puede incurrir una persona jurídica.
¿Cree que hay arsenal jurídico suficiente para castigar a las personas jurídicas delincuentes en España con incluso la disolución?
La disolución es una pena prevista. Es la muerte de la empresa. Para las instrumentales que se usan torticeramente para hacer trampas no es mala solución, pero para las que tienen vocación de permanencia y plantilla de trabajadores, no parece que sea la más adecuada. En la importante sentencia de 29 de febrero de 2016, que llamamos «la bisiesta», el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional, que condenó a la disolución de una empresa con 100 trabajadores. El Supremo prefirió otra opción menos grave como es la sanción. Es importante que no es sólo responsabilidad de las empresas, hay personas jurídicas como son las fundaciones, los partidos, los sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro como puede ser la Iglesia, los equipos de fútbol… El Barcelona ya tiene condena y es el primer equipo que está jugando con antecedentes penales, el Osasuna está siendo investigado, están apareciendo los fraudes en las apuestas en Tercera División… Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido.
¿A un partido político?
Es muy importante que el mensaje no va solo a las empresas, sino a cualquier persona jurídica, salvo al Estado, y que se pueden graduar las distintas sanciones. La normal es la de multa y la más drástica la de la disolución, pero hay otras formas intermedias. Lo que ha querido el legislador es llevarlo al terreno penal y no al administrativo como en Italia o Alemania. Han decidido que el empresario tiene que poner procedimientos para evitar casos como el de Enron. Tiene que ser el empresario el que ponga los costes de la prevención. Eso sí, el plan de prevención de delitos ocompliance es voluntario. El premio es que el que haya hecho planes puede llegar a ser eximido de la acción penal o le puede atenuar la responsabilidad con la correspondiente graduación de la multa.
¿Y en los partidos políticos?
Para los partidos políticos sí es obligatorio. Con la reforma que hizo Rajoy sobre partidos políticos, que introdujo delito de financiación, les obligó a tener planes de prevención.
Entonces nunca veremos la disolución de un partido político, porque tendrá el eximente de contar con un plan de prevención…
Son cosas distintas, un partido puede tener un plan de compliance, pero pese a eso puede que alguien que lo conoce, evite esos controles fraudulentamente y cometa delito. Si es directivo y lo hace para procurar un beneficio al partido, será el partido el que comete el delito. El responsable arrastra a la responsabilidad del conjunto. Es que lo que hace el presidente del Gobierno es como si lo hiciera el Gobierno y lo que hace el representante de la empresa es como si hiciera la empresa. Luego es verdad que los accionistas de una empresa pueden emprender acciones contra el directivo y pedirle que les indemnice.
Disolver a un partido sería privar a los militantes de una fuerza política…
Sí, podría ser interpretado como una interferencia en la expresión política, pero hay otras alternativas. Otras penas son prohibir actividades temporalmente, cerrar locales de una parte del país…
Si no quiere hablar de casos concretos, ¿puede aclarar al menos si va a dejar su actual puesto?
Sí. He pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso.
Pero puede dejar casos importantes empantanados…
Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor.
Pero así se ralentizan los procesos judiciales…
Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser.
Hay que bajar el déficit público…
Ya pero en un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional pedí un refuerzo y me lo pusieron seis meses. Es ridículo que lo pongan por un plazo tan corto y eso que el compañero trabajó perfectamente. Ahora se ha ofrecido a echarme una mano, pero no es legal que dos jueces funcionen a la vez si no están nombrados por el Consejo. La Audiencia Nacional necesita más medios.
¿Por eso se quiere ir?
Y porque llevo 10 años en la Audiencia Nacional de mis 30 años de juez. Voy a seguir en la Audiencia Nacional, pero haciendo otro trabajo ya. Ya tengo mis años y estar siempre de guardia… En este trabajo te llaman a las dos de la mañana. Estábamos de vacaciones en esta Semana Santa y me llamaron… Pero al servicio que me he pedido de la Sala de Apelaciones no llaman. Es a los jueces instructores a los que nos mueven más. Si consigo el puesto, es menos de actuar y más de escribir.
¿Se va porque le afectan las críticas a sus decisiones?
La crítica me es indiferente, si no es a mí será al siguiente.
Es preocupante que jueces con tanta experiencia quieran dejarlo…
Desde la Sala de Apelaciones tener experiencia es importante y sólo el que ha sido antes instructor sabe cómo está conseguida una prueba. Por ejemplo, cuando veo que la Audiencia Provincial de Navarra dice que no hay kale borroka en unos actos que llama de orden público en Pamplona, en contra de la Audiencia Nacional que se dedica al terrorismo… Eso es banalizarlo y demuestra que no se dedican al terrorismo. También lo veo en materia económica o, por ejemplo, en Justicia universal. Cuando haces un procedimiento por una persona que ha sido masacrada por alguien del régimen de Assad, hay gente sin experiencia internacional que dice: no perdamos el tiempo porque las investigaciones nacionales están necesitadas de tiempo. ¡Qué tendrá que ver una cosa con la otra! Hay gente que no tiene empatía con crímenes contra la Humanidad que son más graves que la muerte. En la Sala de Apelaciones intentaré aportar mi experiencia.
¿Cuándo prevé dejar su puesto?
Está previsto en junio. A ver si entonces tengo la suerte de ganar el concurso y me voy a otra cosa.
¿Volvería a la política tras su etapa en la Generalitat Valenciana?
¿Para qué? Además, en Valencia lo que hice fue gestión. Yo me dediqué a construir infraestructuras judiciales y a informatizar. Cuando llegué usaban máquina de escribir. Cuando me marché, los 300 juzgados usaban ordenadores.
¿Animaría a un compañero a sustituirle? Parece que su juzgado está desbordado…
Yo animaría a evitar juzgados desbordados. Mi trabajo es apasionante. Siempre hay temas graves. Ahora hay uno que parece grave y dentro de poco habrá otro.
¿Con los medios que tiene puede hacer bien su trabajo?
No, así no puedo hacer bien mi trabajo. Me gustaría tener tiempo, porque cada ciudadano, cada víctima merece mucho más tiempo del que yo puedo dedicar.
¿Qué le parece la propuesta de que sean los fiscales los instructores?
Soy contrario. Estoy a favor del juez instructor. Los fiscales son estupendos profesionales y en el 99% de los casos harían la instrucción igual que los jueces, pero hay un 1% de ellos que puede recibir instrucciones de sus superiores. Y yo no, porque no tengo superior. Me siento más independiente que los fiscales, también en esos casos en los que el fiscal general, que es elegido por el Gobierno, puede dar un instrucción.
¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las tarjetas black…
Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación… Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta 2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.
¿Y si se equivocan?
No pasa nada. Hay segunda instancia, hay casación y no hay asunto que no pase por ocho jueces.
¿Es más difícil actuar contra una gran empresa?
Instruir esos casos es complejo. Recuerdo que llevé una trama de información privilegiada de un banco muy importante y me enseñaron un organigrama que no tenía tiempo de entender. No tengo tiempo para entender como funciona un banco pero me tengo que enterar.
¿Cómo solucionarlo?
Hay que especializarse. Los jueces deben tener un equipo de asesores, auditores o contables que nos sepan explicar estos fenómenos.
¿Cómo están trabajando la Udef y la UCO?
Muy bien. Las condenas que empiezan a asomar son gracias a ellos. Son policías sin pistola que estudian desfalcos o desvíos de dinero. Hacen una labor muy buena.
Volviendo a su libro, ¿se dotan las grandes empresas de planes de prevención de delitos?
En las grandes empresas sí, pero no con un solo modelo. Yo tengo unas 80 personas jurídicas investigadas en mi juzgado y veo planes de prevención diferentes. No se ha profundizado en delitos impropios como la trata de personas, el tráfico de drogas, la prostitución, la pornografía infantil… Creen que nunca los van a cometer, pero en el mundo real ocurren esas cosas. Pienso que, o tienen un plan correcto, o como lo tengan débil van a tener problemas.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html

La Justicia española resuelve litigios en 238 días frente a los 17 de Dinamarca

 

Una justicia lenta no es justicia.

Los políticos españoles no dotan de medios a la Administración de justicia ni elaboran leyes que eviten y resuelvan problemas. Más bien hacen justo lo contrario para tener enredada a la población en temas menores mientras ellos hacen y deshacen a su antojo amparados en grandes dosis de impunidad.

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La Justicia española resuelve litigios en 238 días frente a los 17 de Dinamarca

Las cifras que prueban la lentitud de los procedimientos judiciales en nuestro país.

Audiencia Provincial de Madrid | Europa Press
Diego Sánchez de la Cruz – 

Dicen que la Justicia lenta no es Justicia, pero no todos los gobiernos europeos se toman en serio esta proclama. Así lo pone de manifiesto la última publicación de indicadores judiciales editada por la Comisión Europea. De acuerdo con dicho documento, hay hasta 700 días de diferencia entre el tiempo medio de resolución de litigios en unos y otros países de la Unión.

La Justicia más eficiente nos la encontramos en Dinamarca, donde la resolución en primera instancia de casos civiles, mercantiles o administrativos apenas supone una demora de 17 días. ¿Imaginan una Justicia capaz de zanjar disputas de esta naturaleza en poco más de dos semanas? Eso es lo que disfrutan los ciudadanos daneses. El informe de la Comisión Europea también deja bien paradas a dos de las tres repúblicas bálticas. Estonia y Lituania ocupan la segunda y tercera posición, con una demora de 39 y 50 días, respectivamente; por su parte, Letonia obtiene un peor resultado, con 161 días de espera media.

Otros países con buenos indicadores de eficiencia judicial serían Austria, Polonia y Hungría, donde el tiempo medio de resolución en primera instancia no llega a los dos meses. Para ser precisos, hablamos de 53 días de espera en Austria, 55 días en Polonia y 59 días en Hungría. A continuación nos topamos con Bulgaria (78 días), Eslovenia (82 días) y Holanda (87 días), donde el tiempo medio de resolución en primera instancia se mueve en el entorno de los tres meses de espera. Plazos más dilatados que los de Dinamarca, sin duda, pero aún dentro de un marco razonablemente eficiente.

Los siguientes clasificados de la tabla son Finlandia (111 días), Suecia (126 días) y Croacia (132 días). Detrás vienen Rumanía (154 días) y República Checa (161 días), además de la ya citada Letonia. Y justo después de este bloque de países nos topamos con España, donde hacen falta 238 días para que los casos civiles, mercantiles o administrativos queden sentenciados en primera instancia.

Tiempo-Medio-Resolucion-Litigios.png

Peor que nuestro país aparecen Eslovaquia (240 días), Francia(304 días), Italia (393 días), Malta (447 días), Grecia (que no ha ofrecido datos desde hace un lustro, pero que se movía en los 510 días en la edición para 2010), Portugal (710 días) y Chipre (1.085 días). Por tanto, a España le queda el consuelo de saber que estamos claramente mejor que el resto de economías del Mediterráneo.

El informe no recoge cifras de algunos países de la UE que no forman parte del proyecto de investigación de la Comisión. Es el caso de Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda o Reino Unido, relevantes economías del Viejo Continente para las que no tenemos datos comparables. Lo que sí incluye el documento es una serie comparada que nos permite comprobar cómo evolucionan los tiempos medios de espera. Aquí hay buenas noticias para España. Y es que, según el informe de 2010, el plazo de resolución de litigios en primera instancia se movía en un promedio de 291 días, frente a los 238 observados en el estudio de 2015.

Otro país que ha experimentado un cambio a mejor es Estonia, que en el último lustro ha reducido el plazo medio de resolución de litigios de 120 a 39 días. De no haber experimentado ningún progreso, el pequeño país báltico se habría quedado en el puesto 11. Sin embargo, el salto adelante observado en los últimos años ha sido suficiente para llegar a la segunda posición, por detrás de una Dinamarca donde también se ha dado una mejoría (de 27 a 17 días de espera media).

Donde las cosas no están cambiando a mejor es en Italia y Francia. La república transalpina parece haberse estancado en el entorno de los 400 días de espera. En 2010, su sistema judicial arrojaba plazos medios de 395 días, mientras que en 2015 sigue en 393. En cuanto a la república gala, la evolución ha sido a peor: 256 días en 2010, 304 en 2015.

http://www.libremercado.com/2017-04-23/la-justicia-espanola-resuelve-litigios-en-238-dias-frente-a-los-17-de-dinamarca-1276597368/

Un juez usó a Manos Limpias para denunciar al presidente del TSJ de Castilla-La Mancha

 

Algo huele a podrido en la judicatura.

La penosa campaña del periódico ABC para desautorizar a quienes sentaron en el banquillo a Cristina de Borbón y Grecia no resta gravedad a los hechos que reflejan la noticia.

Ya no sorprende que el juez reconozca el delito, acostumbrado durante años a tener impunidad. Aunque no se da cuenta de que su impunidad le ha sido derogada y de que le van a “cortar la cabeza”.

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Un juez usó a Manos Limpias para denunciar al presidente del TSJ de Castilla-La Mancha

El magistrado Fernando Presencia, suspendido de sus funciones y detenido por negarse a declarar, redactaba querellas de Manos Limpias contra otros jueces y fiscales con los que está enfrentado

El juez Fernando Presencia

El juez Fernando Presencia – LA VOZ DEL TAJO

JAVIER CHICOTE – Madrid – 14/04/2017

El juez Fernando Presencia, suspendido en sus funciones y detenido el pasado febrero por negarse a declarar en los juzgados de Talavera de la Reina (Toledo), utilizó al sindicato Manos Limpias para denunciar a sus enemigos:el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco; el fiscal jefe de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz; la juez de lo Penal Cristina Peño; y el secretario del Juzgado de lo Penal José Luis Colmenero, entre otros.

Así lo acreditan los correos electrónicos del juez y los testimonios de colaboradores de Manos Limpias recabados por ABC. El polémico juez pactó con Miguel Bernad, líder de Manos Limpias, que el sindicato denunciara a varios colegas. Presencia redactó las querellas y las envió al sindicato y a la abogada de Manos Limpias Esther Rodrígez para que estamparan su membrete y las presentaran como propias. El juez, que mantiene una enconada lucha en los tribunales con Rouco, Demetrio y De la Cruz, pretendía hacerse de forma encubierta con la acusación popular en procedimientos que él también denunciaba a título personal.

Mail en el que el juez remite una querella a Manos Limpias para que la presenten ellosMail en el que el juez remite una querella a Manos Limpias para que la presenten ellos- ABC

El 21 de octubre de 2015, Presencia envió un correo electrónico a «dircom@manoslimpias»:«Te remito el escrito de ampliación de querella contra el fiscal y su mujer para el Juzgado nº 4, en sus D.P. 45/2014. El segundo documento (QUERELLA TALAVERA) es el escrito de ampliación, que tienes que rellenar el nombre de la Procurador/a y con firma de abogado. Como verás al escrito le sigue un documento. Ya he hecho la corrección». El juez daba instrucciones precisas: «El primer documento (VIVIENDA FISCAL) contiene el resto de documentación del escrito de ampliación. Tienes que presentar 8 copias en el Juzgado (6 para los querellados, 1 para el M.Fiscal, y 1 original para el Juzgado)».

Su versión

Fernando Presencia ha reconocido los hechos en conversación telefónica con ABC. Argumenta que «dos afiliados de Manos Limpias de Talavera se pusieron en contacto conmigo porque les interesaba el caso como escaparate para el sindicato». El juez sostiene que «me pidieron mis escritos, mi querella, y la presentaron ellos, no tuve inconveniente». Ante la pregunta sobre cómo un juez puede parapetarse tras una acusación popular, Presencia reconoce que«yo, como juez, no puedo ejercer la acción popular, lo de Manos Limpias es poco ortodoxo, poco ético, es verdad, pero también denuncié a título particular».

El juez sostiene que el fiscal jefe de Talavera «me declaró la guerra al pedir el ingreso en prisión de mi esposa por una condena de hace siete años», y que tras las cuatro querellas que actualmente pesan sobre él «está la corrupción urbanística judicial y sobre todo de la Fiscalía en Talavera de la Reina». Presencia asegura que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, es «la X de esta trama de corrupción», y argumenta que todas sus denuncias –y las de Manos Limpias– contra esta supuesta trama han sido archivadas «porque son ellos mismos los que las tramitan». Presencia fue arrestado en febrero por orden de la juez que lo sustituye tras no presentarse a declarar por tres veces en una de las querellas que le interpuso la Fiscalía.

Por otro lado, el juez denunció que Manos Limpias «me extorsionó pidiéndome dinero». Según ha podido comprobar ABC, el sindicato le pidió 80 euros para pagar al procurador, «porque las denuncias de Talavera las pusimos porque nos lo pidió él», aseveran a este diario los colaboradores de Manos Limpias que las tramitaron.

Fernando Presencia está condenado a diez años de inhabilitación por prevaricar. El fallo está pendiente de la resolución del recurso.

http://www.abc.es/espana/abci-juez-manos-limpias-para-denunciar-presidente-castilla-la-mancha-201704140152_noticia.html