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El PSOE apoya que se limite la acción popular

 

Ustedes hagan la ley que yo haré el reglamento” decía Álvaro Figueroa.

¿Que la Constitución estipula una cosa? La cambiamos con una ley de rango inferior. La gente es tonta y traga.

La eliminación de la acción popular impedirá la persecución de las corrupciones de los políticos. Recordemos cómo UPyD se embarcó en esta guerra y cómo ha terminado.

Es evidente que quieren asegurarse de gozar de mayor impunidad aún.

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El PSOE apoya que se limite la acción popular

El socialista Antonio Hernando interpela al Gobierno en una sesión de...
El socialista Antonio Hernando interpela al Gobierno en una sesión de control en el Congreso. JAVI MARTÍNEZ

Partido Popular, Ciudadanos y los socialistas están de acuerdo en que hay que reformar la ley

La acción popular: una peculiaridad siempre bajo amenaza

LUIS ÁNGEL SANZ – Madrid

13/04/2017

El Gobierno de Zapatero aprobó el anteproyecto de ley en 2011, pero el texto acabó en un cajón por el fin de la legislatura y la nueva convocatoria electoral. Ahora, el PSOE vuelve a estar dispuesto a afrontar la negociación de una profunda reforma del proceso penal para, entre otros muchos objetivos, limitar la acción popular, como también defienden el PP y Ciudadanos. De esta forma, los partidos políticos, por ejemplo, o asociaciones de dudosas intenciones -como Manos Limpias– no podrían ejercer la acusación popular, como ha ocurrido hasta ahora en múltiples procesos.

Lo que el PSOE considera «osado» y hasta «frívolo» es vincular la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, un «asunto de ámbito constitucional y una reforma de Estado», a un acuerdo de Gobierno entre el PP y Ciudadanos para una comunidad autónoma, en este caso Murcia, como explicó a EL MUNDO el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso, Juan Carlos Campo.

Este magistrado sevillano fue, precisamente, el secretario de Estado de Justicia que elaboró el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el último Gobierno socialista no pudo ya tramitar y aprobar. En este texto se incluía la limitación de la acción popular para evitar la politización de la justicia, como coinciden ahora también el PP y Ciudadanos.

Los socialistas estiman «frívolo» reducir un cambio de tanto calado a un acuerdo para el gobierno regional de Murcia

Campo está dispuesto a negociar con el PP, Ciudadanos y Podemos esta importante reforma penal, pero en un marco amplio en el que se discuta también sobre la instrucción de los casos por parte de la Fiscalía, en vez de los jueces, sobre un nuevo Estatuto Fiscal que dote al Ministerio Público de una auténtica independencia del Poder Ejecutivo y sobre un nuevo procedimiento penal más rápido y eficaz.

«Supresión de la acción popular, no», explicó ayer a este diario el portavoz socialista de Justicia, «limitación, sí, pero antes tenemos que abrir un profundo debate, no sólo con todos los grupos políticos, sino también con las asociaciones de jueces y con juristas de prestigio para dar la mejor solución al procedimiento penal general».

El PSOE, por tanto, está dispuesto a discutir con el PP, con Ciudadanos y con todas las demás formaciones políticas la limitación de la acción popular. De hecho, subrayan desde este partido, «es un tema de mucha enjundia jurídica como para pactarlo entre dos y limitado a garantizar un acuerdo de gobierno en una región concreta».

Los socialistas están en principio de acuerdo con que los partidos políticos no puedan ejercer la acción popular, como plantea también el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta posibilidad, entienden, lleva a la judicialización de la política.

El PSOE plantea que el propio juez pueda decidir si acepta o no la acción popular

En segundo lugar, el PSOE considera que se debe delimitar en qué tipo de delitos se puede desarrollar la posibilidad constitucional de la acción popular y en cuáles no. Por último, Campo añade incluso la posibilidad de que pueda ser el juez el que valore y determine en cada caso concreto si admite o no la acción popular.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya aseguró en su primera comparecencia parlamentaria esta legislatura que es «fundamental despolitizar la justicia» y «desjudicializar la política». De hecho y en su opinión, «el abuso o el mal uso» de la acusación popular ha «pervertido el sentido de esta figura», que tiene relevancia constitucional. De hecho, Catalá recordó ante la Comisión de Justicia que la tendencia legislativa en toda Europa en torno a la acción popular es «sumamente restrictiva».

Catalá abogará por que la acusación popular sea «lo que quiso nuestra Constitución que fuese: un mecanismo de participación de los ciudadanos en la justicia, pero nunca un instrumento al servicio de la política, ni de espurios objetivos no judiciales».

El Congreso de los Diputados ha creado hace escasas semanas una Subcomisión para la Estrategia Nacional de Justicia con presencia de todos los grupos parlamentarios donde, precisamente, se va a estudiar y debatir la reforma penal en profundidad a partir de este año.

La Subcomisión para la Estrategia Nacional de Justicia lo estudiará este año

Fuentes parlamentarias explicaron que las comparecencias ante esta subcomisión comenzarán el próximo 26 de abril con la asistencia de representantes de las cuatro principales asociaciones de jueces de España. Por este órgano pasarán jueces, juristas y especialistas de todo tipo para proponer y abordar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la justicia de forma general.

El Gobierno insiste en que su intención es que la reforma se haga por consenso de una amplia mayoría del Parlamento. Por eso, fuentes socialistas temen que tras esta reclamación de casi unanimidad se esconde una intención final de no reformar el proceso penal, que lleva años siendo parcheado.

La justicia penal española, como aseguran tanto desde el PP como desde el PSOE, funciona ahora mismo con una ley del siglo XIX que ha sido parcheada y modificada 75 veces. Por eso tanto Catalá como el PSOE coinciden en que la reforma es ya «inaplazable». Sin embargo está por ver qué posición adoptan Podemos y los partidos nacionalistas catalanes y vascos.

Los socialistas añaden que también falta por saber si el Gobierno y el PP tienen voluntad real de afrontar una reforma de tanto calado esta legislatura, con un Congreso muy fragmentado.

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, y Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario, ayer en el Congreso. OLMO CALVO

El Tribunal Supremo ordena al Tribunal de Cuentas cumplir una sentencia y le impone 10.000 euros en costas

 

Se saben impunes.

Saben que es su cortijo.

Los siervos de gleba aún no son conscientes de su condición de ciudadanos y siguen tolerando la corrupción resignados a mantener a tanto corrupto.

Por si alguien se le ha pasado el detalle, si algún día pagan las costas también las pagarán con los impuestos de todos. Porque no se sanciona a las personas sino a la institución. Como si los ladrillos, las ventanas y los muebles fuesen los responsables en vez de las personas.

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El Tribunal Supremo ordena al Tribunal de Cuentas cumplir una sentencia y le impone 10.000 euros en costas

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón María Álvarez de Miranda García, no tiene más remedio que cumplir la sentencia del Supremo.

El Tribunal Supremo ordena al Tribunal de Cuentas cumplir una sentencia y le impone 10.000 euros en costas

Carlos Berbell

27 febrero, 2017

El Tribunal Supremo ha ordenado al Tribunal de Cuentas cumplir una sentencia suya (por la que ya le condenó a pagar 9.000 € de costas), y ahora, otra vez, nuevamente lo condena en costas, esta vez por por 10.000 €. Por no ejecutar una sentencia  del propio tribunal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal da así un nuevo varapalo -otro más- al Tribunal de Cuentas.

Y es el octavo que recibe desde el órgano cúspide de la jurisdicción española. Este llega en forma de auto de ejecución. Esta vez por hacer caso omiso de la sentencia emitida el 25 de abril de 2016, la última del “culebrón” conocido como “caso Medina”.

Una sentencia que, por unanimidad, decía, con  todas sus palabras, que hubo “desviación de poder” en el nombramiento por el sistema de libre designación (como subdirector técnico y nivel 30) de Enrique Medina Guijarro, hermano del consejero y número dos del Tribunal de Cuentas, Javier Medina Guijarro, elegido por el Partido Popular, mediante una convocatoria amañada.

En consecuencia decretó la nulidad del nombramiento y condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas.

En el ánimo de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo pesó el informe del propio abogado del Estado-Jefe del Tribunal de Cuentas, Javier Borrego [ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y uno de los juristas españoles más respetados], quien elaboró un contundente informe proponiendo la nulidad del nombramiento, y el voto particular de la Consejera Enriqueta Chicano, que también fue demoledor.

Se suponía que un órgano constitucional cumpliría al pie de la letra con el fallo.

Es decir, que el Tribunal de Cuentas volvería a convocar la plaza, la cual había sido modificada expresamente para que el perfil encajara en la persona de Enrique Medina (Técnico de Organismos Autónomos de Agricultura), impidiendo, así que Letrados y Auditores del propio Tribunal de Cuentas, entre los que se encontraba Fernando Clemente, letrado de la institución.

Había que volver a la casilla de salida.

No ha sido así.

“República independiente” del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, que preside Ramón María Álvarez de Miranda García -propuesto también por el PP- ha mirado para Sevilla, como si el cumplimiento de la legalidad decretada por el Supremo no fuera con él.

Como si fuera la “república independiente” del Tribunal de Cuentas, emulando los anuncios de una famosa compañía sueca de venta de muebles. Una institución que, en los últimos años, se ha visto asaeteada con varios casos de nepotismo y enchufismo, del que este era el más emblemático.

En consecuencia, Fernando Clemente recurrió, otra vez ante la misma Sala del Supremo, pidiendo que se cumpliera su sentencia, en una solicitud de incidente de ejecución.

Hay que decir que el hermano del consejero se marchó antes de que se dictara la previsible sentencia que anuló su nombramiento, como así fue.

Pero sí que se hizo un nombramiento provisional en la plaza en litigio, desde el Tribunal de Cuentas, antes de dictarse la sentencia  de 25 de abril de 2016, que determinó anular el nombramiento de Enrique Medina y convocar nuevamente esa plaza.

También el Tribunal Supremo, anuló por desviación de poder, la convocatoria de la plaza para Enrique Medina.

Los magistrados del caso, Luis María Díez-Picazo (Presidente de la Sala),  Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (magistrado ponente), Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo, María del Pilar Teso Gamella,  José Luis Requero Ibáñez y Rafael Toledano Cantero, cansados de tantos pases “toreros” del Tribunal de Cuentas le dice, ahora, con toda crudeza que no ha cumplido su resolución.

“Son ya cuatro las sentencias de esta Sala Tercera que han estimado otras tantas impugnaciones efectuadas por el ejecutante [el letrado Fernando Clemente] contra una serie de resoluciones del Tribunal de Cuentas que se han anulado y en las que esta Sala ha apreciado la finalidad desviada de conceder el puesto de trabajo en litigio favoreciendo a un funcionario determinado”, dicen en su Auto.

Y añaden: “Sería paradójico, e inadmisible, que el esfuerzo desplegado con éxito para obtener la razón devenga obstáculo que impida satisfacer las pretensiones de la persona que ha pleiteado y ha logrado que se le otorgue la razón”.

El Supremo le dice muy claro al Tribunal de Cuentas que “no ha ejecutado la sentencia” y le “ordena” que resuelva la “provisión del puesto de trabajo en litigio de la forma que se establecía en el fallo de 25 de abril de 2016”.

Volver a la casilla de salida, convocando el mismo puesto con los aspirantes de ese momento.

Y advierte muy seriamente al Tribunal de Cuentas, en su fundamento jurídico 5, que podría incurrir en “responsabilidad” (no especifica si penal, patrimonial o disciplinaria) si siguiera incumpliendo su mandato.

Por otra parte, es insólito que el Tribunal Supremo imponga costas a otro órgano constitucional y mucho menos que lo haga en un trámite de incidente de ejecución como este, por una cantidad tan elevada como 10.000 euros.

Algunas expertos jurídicos consultados por Confilegal consideran que podría entenderse como una sanción por incumplimiento de sentencia.

También es una advertencia clara para este órgano, que debería ser  riguroso y ejemplar en sus actuaciones, lo que da idea de la gravedad y del grado de hartura de los magistrados del Tribunal Supremo, que ven que no se cumplen sus resoluciones.

El Tribunal de Cuentas, en consecuencia, no puede seguir siendo “una república independiente”.

Esta información, con toda seguridad, no aparecerá en el resumen que hace la oficina de comunicación del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con los precedentes, como se puede comprobar en la información que ya publicamos.

 

https://confilegal.com/20170227-tribunal-supremo-ordena-al-tribunal-cuentas-cumplir-sentencia-eleva-las-costas-10-000-euros/