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La Audiencia de Córdoba impone la custodia compartida a un padre que no la quería

 

No son pocos los jueces que durante estos años pasados nos han dicho que no podían obligar a un progenitor a cumplir sus obligaciones respecto a sus hijos. Con los consiguientes comentarios: yo no quiero pagar impuestos; yo quiero circular por el carril izquierdo…

El juez de esta noticia tiene claro que los padres sólo tienen obligaciones respecto a sus hijos y que éstas no son eludibles.

Esperemos que este criterio tan de Pero Grullo se extienda de una vez entre los jueces de familia.

La custodia compartida es un derecho de los hijos y una obligación de los padres.

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La Audiencia de Córdoba impone la custodia compartida a un padre que no la quería

Ciudad de la Justicia de Córdoba. – SÁNCHEZ MORENO

18-02-2018

La sentencia tiene en cuenta la enfermedad de uno de los hijos y la imposibilidad de la madre de cuidarlos en solitario

La Audiencia Provincial de Córdoba ha impuesto a un padre el régimen de custodia compartida sobre los hijos menores de edad, debido a la grave enfermedad que padece uno de ellos y la imposibilidad de la madre, de cuidarlos en solitario, según informa la Asociación Española de Abogados de Familia(Aeafa).

La sentencia, con fecha del pasado 23 de enero, estipula para ambos progenitores la custodia compartida por semanas alternas, pese a la oposición del padre, explica la Aeafa, una de cuyas abogadas ha defendido a la madre en este caso.

En concreto, la sentencia indica que, “dada la entidad del problema familiar, se exige extremar los deberes de ambos, sin que puedan hacerse recaer exclusivamente en la madre”. El tribunal considera que se trata de “una situación excepcional que requiere una solución también excepcional”.

La Audiencia se niega a establecer un régimen diferente para cada hijo “con el fin de evitar un conflicto entre hermanos y sentimientos de rechazo”, recomendación además que habían realizado los médicos.

“SENTENCIA PIONERA”

En palabras de la vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), María Dolores Azaustre, “se trata de una sentencia muy humana, que da una solución efectiva al problema real de esta familia. Es pionera, es la primera vez que se obliga a un padre a ejercer una custodia compartida, pese a su oposición”.

Azaustre señala que “hasta ahora, los tribunales entendían que si el progenitor se negaba a cuidar de los hijos, difícilmente se le podía obligar”, y recuerda que “desgraciadamente esa fue la solución de la Audiencia de Valencia a una madre que solicitaba la implicación del padre en el cuidado de un hijo enfermo. Y la de un juzgado de Madrid a una madre que pedía ayuda para compartir con el padre los cuidados de su hijo autista: el padre se negaba incluso a pernoctar con el menor, y el Juzgado accedió, argumentando que no se podían imponer al padre las estancias no pedidas por él mismo”.

CUSTODIA COMPARTIDA ¿DERECHO O DEBER?

La letrada de Aeafa destaca que, “afortunadamente, en el caso de la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, se ha velado prioritariamente por el interés de los hijos. Estamos acostumbrados a que la guarda y custodia se pida como un derecho y este fallo nos hace reflexionar sobre el deber que implica tener un hijo, pues también es una obligación cuidarlo cuando existen circunstancias excepcionales que así lo requieren.

María Dolores Azaustre concluye que esta sentencia “denota la sensibilidad especial y sentido común que requiere el Derecho de Familia para obtener una solución adecuada a cada situación familiar”.

UNA MADRE SOLA Y DESBORDADA

Cuando se tramitó el divorcio de esta pareja de Córdoba, se atribuyó a la madre la guarda y custodia de los dos hijos, que ahora tienen 16 y 14 años. La Aeafa explica en el comunicado donde da cuenta de la sentencia, que uno de los hijos padece una discapacidad que se ha agravado en su etapa adolescente, lo que hace que su cuidado diario requiera una atención especial y dedicación constante, con el agotamiento que ello conlleva.

María Dolores Azaustre (en la foto) relata que la madre estaba desbordada. “Además de la dedicación y cuidados permanentes de los hijos, tenía que  atender sus obligaciones laborales, lo que le resultaba ya casi imposible, puesto que se le unió la pérdida del apoyo de sus padres para ayudarla a cuidar de los nietos, a causa de una desgraciada enfermedad”, cuenta la vicepresidenta de Aeafa.

En definitiva, la madre “no podía más”, y solicitaba más implicación del padre en el cuidado de los hijos, mediante una guarda y custodia compartida. El padre se negaba a ello. El Juzgado de primera instancia dictó una Sentencia manteniendo la custodia materna, pero incrementando la pensión de alimentos del hijo en 75 euros, una cantidad a todas luces insuficiente para solucionar el problema, pues con ese importe era imposible contratar a una persona especializada para atender al hijo en los periodos que la madre lo necesitaba.

En realidad, “no era una cuestión de dinero, sino de exigir más responsabilidad e implicación al padre en el cuidado de los hijos”, señala la letrada. En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Córdoba, acordando la custodia compartida por semanas alternas, pese a la oposición del progenitor.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/audiencia-cordoba-impone-custodia-compartida-padre-no-queria_1206793.html

 

Concentración día del padre 2018.

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005) Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento”, dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:

  • abandonar el domicilio familiar con “lo puesto”;
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su “ex” disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada “violencia de género”, los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido “ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)” o “no valora el trabajo que realiza”, entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamiento de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, constituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta
En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes:

  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2017, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

“Llora el teléfono”.

Autores: Claude François, Jean Pierre Bourtayre & Frank Thomas.

Adaptación e interpretación de Rafael Jiménez.

 

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Un nueva denuncia sobre la prevaricación constante en el juzgado de familia 28 de Madrid.

Son hechos probados. Es una grabación.

No pasará nada. O la archivarán sin más trámite o trasladarán a la juez Emilia Marta Sánchez Alonso a otro juzgado. Igual que hicieron con su antecesora María Dolores Planes Moreno.

La pichicóloga Natalene Suanzez Leenhardt reconoce que se ha ido de rositas gracias a la intervención de la propia jueza.

La prevaricación es una constante en este juzgado. Una simple comprobación de sus estadísticas sirve para despejar cualquier duda.

Emilia Marta Sánchez Alonso

Tanto por parte de la jueza como del equipo psicosocial que la “asiste”. Nada extraño en los juzgados de familia.

http://projusticia.es/la-jueza-emilia-marta-sanchez-alonso-y-la-prevaricacion-judicial/

 

Juzgados de familia. Política de hechos consumados. Extravío del expediente. 

 

La jueza María Dolores Planes Moreno y la prevaricación judicial.

 

http://planesmoreno.blogspot.com.es/

 

El Gobierno frena la ley de custodia compartida ante la falta de apoyos

 

Excusas de mal pagador.

Nuevamente engañados.

Tomándonos por idiotas.

Es evidente que hay que hacer más presión o los políticos no nos harán caso.

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El Gobierno frena la ley de custodia compartida ante la falta de apoyos

La ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Dolors Monserrat -EFE

La ministra de Asuntos Sociales, Dolors Monserrat, asegura que hoy solo es apoyada por Ciudadanos y el PP

Avanza que el reglamento para las adopciones internacionales estará listo en el primer trimestre de 2018

Ana I. Sánchez – Madrid – 22/11/2017

La ley de custodia compartida tendrá que seguir esperando. Así lo ha apuntado la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Dolors Monserrat, esta mañana en el Pleno del Congreso donde ha asegurado que esta iniciativa solo cuenta a día de hoy con el apoyo de PP y Ciudadanos y que este respaldo es insuficiente para que pueda ser aprobada. «Falta consenso», ha asegurado.

En respuesta a la diputada de Ciudadanos, Patricia Reyes, que le pedía celeridad en el desarrollo de esta ley, Monserrat le ha recordado que el texto tendrá un «gran impacto» en las familias y en sus hijos y, por ello, debe ser aprobado con «grandes consensos».

«Una ley que tiene este impacto, no puede salir de esta Cámara con la mitad más uno, porque al final lo que estaríamos consiguiendo es una sociedad dividida en dos», le ha advertido. Según Monserrat, deberá aprobarse «con el mayor apoyo del Congreso de los Diputados. No podemos hacer electoralismo con este tema».

La ley de custodia compartida es uno de los compromisos alcanzados por PP y Ciudadanos dentro del pacto de investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En lo que sí trabaja el Ejecutivo es en el reglamento de adopciones internacionales. Montserrat ha avanzado que prevé tenerlo listo para el primer trimestre del año que viene y que para ello pasará al trámite de información pública este jueves. Reyes le había acusado de mantener «bloqueadas» las adopciones desde hace dos años.

http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-frena-ley-custodia-compartida-ante-falta-apoyos-201711221222_noticia.html

 

El bofetón de Antonio David Flores a Rocío Carrasco: recibe un premio por su labor como padre

 

Uno más de los miles de casos que se dan cada año en España.

Esperemos que a David Flores le vaya bien y que su caso visibilice los demás, tan ocultados por las directrices políticas siguiendo los dictados de la agenda de género.

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El bofetón de Antonio David Flores a Rocío Carrasco: recibe un premio por su labor como padre

El ex guardia civil recibe el Premio Libra por su lucha por la custodia compartida de los hijos que tiene con la hija de Rocío Jurado.

Chic/Agencias

2017-11-15

Antonio David Flores recibió este miércoles el Premio Libra por su lucha por la custodia compartida de sus hijos y lo hace junto a otros cinco premiados como José María García, Josep Maldonado, Manuel Altava, Nicolás de Cárdenas y Tomás Aceituno.

En medio del complicado momento judicial que vive con Rocío Carrasco, sin duda este premio tiene un sentido muy especial para Antonio David. Y es que, desde que se separó de su exmujer, ha luchado por la custodia de sus hijos siendo ellos los que han decidido quedarse al lado de su padre.

Visiblemente emocionado por el reconocimiento, Antonio David Flores llegó solo a Sevilla para recoger el premio y, como no podía ser de otra forma, en su discurso tuvo muy presente su caso personal. A la espera de conocer la resolución de la juez para saber si se archiva el caso o va a juicio por la denuncia de malos tratos interpuesta por Rocío Carrasco, Antonio David comentó en su discurso: “Cuando estoy en contra de la ley de violencia de género es cuando alguna mujer la utiliza poniendo una denuncia falsa, acogiéndose a sus beneficios, son muchos, ya lo sabemos. Pero hay uno que es fundamental, es que el padre denunciado por violencia de género, ipso facto pierde la custodia compartida. No hay marcha atrás. De repente, igual no tienen en cuenta el perjuicio que se crea al padre y a sus hijos al utilizar de una manera dañina y falsa esta ley”.

Antes de finalizar su discurso, Antonio David quiso dedicarle el premio a las que sin duda son las personas más importantes en su vida: “Ofrecer este premio a mi mujer y a mis hijos porque solo ellos saben realmente cómo lo están pasando. Como bien sabéis, hace siete meses fui denunciado por mi exmujer, utilizando la Ley de Violencia de Género. Estoy esperando que la juez se pronuncie, para archivar la causa o ir a juicio. Espero la próxima vez poder hacer una reflexión algo más extensa y con datos sobre la Ley de Violencia de Género”.

En años anteriores, también otros rostros conocidos recibieron este mismo premio como fue el caso de Francisco Rivera o el propio Jesulín de Ubrique,que recibió este mismo reconocimiento el pasado año en medio de una gran polémica.

 

http://www.libertaddigital.com/chic/corazon/2017-11-15/rocio-carrasco-antonio-david-flores-premio-libra-labor-como-padre-1276609143/

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/polemicas-declaraciones-Antonio-David-violencia_2_2468055090.html

La iniciativa popular por la custodia compartida inicia su trámite parlamentario con el aval de PP y PSdeG

 

Ante la ley hemos de ser todos iguales sin depender del lugar de nacimiento o de residencia.

Las normas autonómicas solucionan poco. Por no decir nada.

Basta con aplicar la custodia compartida por defecto y respetar la propiedad privada (art. 33 de la C.E.).

Esto será un nuevo episodio de mareo de perdiz.

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La iniciativa popular por la custodia compartida inicia su trámite parlamentario con el aval de PP y PSdeG

17/10/2017

El BNG vota en contra de la “imposición” de esta medida en una sociedad que todavía no es “igualitaria” y En Marea rechaza votar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) –

La iniciativa legislativa popular que pide que, con carácter general, la custodia de los hijos se establezca de forma compartida entre los progenitores en caso de ruptura de la pareja ha dado este martes su primer paso, al recabar el aval del PP y el PSdeG para iniciar su recorrido parlamentario.

Esta propuesta normativa ha llegado al Pazo do Hórreo con el respaldo de 15.000 firmas y ha sido defendida ante el pleno por Lois Manuel Toirán, quien ha reivindicado la importancia de que los hijos mantengan “lazos estrechos” con sus dos padres e, incluso, su “derecho” a tener “cuatro abuelos”.

Así, ha demandado que se permita a los hombres “participar en la crianza y el cuidado de los hijos” y que la custodia sea compartida por defecto, salvo en los casos en los que un juez dictamine en contra. “La realidad pide herramientas para poder avanzar”, ha apelado a los cuatro grupos parlamentarios.

En su petición se ha topado con el voto en contra del BNG, que ha justificado su viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil. En concreto, ha objetado contra la “imposición” de la custodia compartida, partidaria de que, como ya está regulado, se establezca “de común acuerdo” entre los padres o cuando la Fiscalía lo apoya.

“NO VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD IGUALITARIA”

“No se puede imponer como solución salomónica, sin tener en cuenta el contexto social”, ha argumentado, consciente de que no vivimos en “una sociedad igualitaria” y de que poner en práctica esta medida exigiría “un altísimo grado de cooperación” entre los padres que no se da en la actualidad.

De que los hombres no están “implicados en la práctica lo suficiente” en el cuidado de los niños ni siquiera durante el tiempo que dura la convivencia de la pareja, da cuenta –ha señalado– el hecho de que más del 70 por ciento de las reducciones de jornada las asumen las mujeres, con la caída de recursos económicos que ello conlleva.

DUDAS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD

En cambio, tanto los socialistas, que por boca de Patricia Vilán han planteado su desacuerdo con algunas partes del texto, como los populares, de la mano de Paula Prado, han aportado su voto favorable para que esta iniciativa legislativa sea ahora trabajada por los grupos.

Eso sí, no han obviado que la norma, de aprobarse, podría incurrir en inconstitucionalidad, pues la regulación de las relaciones paterno-filiales es de competencia estatal. Es por ello que la representante del PP en el debate ha abogado por buscar asesoramiento previo, para evitar “generar problemas”.

También se han dado ciertas coincidencias entre PP y PSdeG a la hora de “superar los estereotipos” que conceden la custodia, de oficio, a las mujeres, como ha dicho Prado; mientras Vilán ha rebatido las afirmaciones de Rodil al sostener que ya no es cuestión de “padres” o “madres”, sino de “roles”, pues hoy son muchas las parejas homosexuales con hijos en situación de ruptura.

A renglón seguido, la compostelana ha expresado sus “dudas” sobre la obligatoriedad de la custodia compartida y la pontevedresa ha dejado claro que el texto requiere “precisión” en “multitud” de aspectos y ha tildado de “inaceptable” la redacción de la parte que atañe al maltrato.

Con todo, a la vista de que se trata de un debate que “está en la calle”, se ha mostrado “a favor” de que se permita su entrada en la Cámara. “El documento es manifiestamente mejorable, pero respetamos las firmas de una parte muy importante de la sociedad gallega”, ha concluido Vilán.

EN MAREA NO VOTA

Llamativa ha sido la postura de En Marea, cuya portavoz en el debate, Paula Quinteiro, rechazó pronunciarse sobre el asunto, en línea con lo que siguió ocurriendo en el resto de la sesión. Durante el tiempo que ocupó el estrado, y pese a las numerosas llamadas a centrarse en la cuestión lanzadas por el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, la diputada de la formación rupturista no llegó a verbalizar la postura de su grupo.

“Hoy sólo cabe analizar los incendios”, repitió en varias ocasiones y, ante el aviso de que le sería retirada la palabra, sostuvo que será \”el pueblo\” el que hable “en la calle”. En el momento de la votación, En Marea optó por no posicionarse, tanto para evidenciar su malestar con el hecho de que el pleno no se centrase en los incendios de este fin de semana como para no reflejar la división de opiniones en el seno del grupo.

Y es que, si bien el portavoz, Luís Villares, está a favor de la custodia compartida, ni Podemos ni Esquerda Unida la apoyan. Del pleno se ausentaron la líder de la formación morada en Galicia, Carmen Santos, entre otros miembros de Podemos, y la responsable de EU, Eva Solla.

EN ESTA LEGISLATURA

Para cerrar el debate, Lois Manuel Toirán ha pedido que la tramitación de esta norma no se alargue demasiado en el tiempo y que, si es posible, “se lleve a cabo en esta legislatura”

 

http://www.europapress.es/galicia/noticia-iniciativa-popular-custodia-compartida-inicia-tramite-parlamentario-aval-pp-psdeg-20171017142823.html

 

El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

 

Se amplía la industria del maltrato agravando la inícua ley de violencia de género.

Más privilegios, más dinero público para alimentar estómagos agradecidos.

Todo ello basado en las consabidas mentiras feminazis.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

 

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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

El acuerdo incluye considerar a las madres de hijos asesinados como víctimas

Ruth Ortiz sigue las intervenciones en el pleno del Congreso de los Diputados desde la tribuna de invitados. LUIS SEVILLANO

PILAR ÁLVAREZ

Madrid  28 SEP 2017

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las 213 medidas para poner en marcha el Pacto de Estado para atajar la violencia machista. La propuesta ha salido adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.

Es el primer gran acuerdo de la legislatura y persigue que las mujeres y sus hijos estén protegidos en todo momento con medidas institucionales, educativas, judiciales o sanitarias, entre otras.  Contempla actuaciones para prevenir la violencia machista desde el colegio e incorpora como víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas para hacerles daño.

Más de un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde enero de 2001. Son 1.006 fallecidas, según el recuento elaborado por EL PAÍS desde entonces. En lo que va de año, hay 37 mujeres y seis menores asesinados, y cuatro casos en investigación. La última mujer muerta, de Cartagena, solo tenía 20 años y había denunciado a su pareja por amenazas apenas una hora antes de que morir asesinada. En Sestao, este mismo jueves, se investiga si otra mujer hallada muerta ha caído a manos de su pareja.

Los pactos de Estado alcanzados en democracia en España se pueden contar apenas con los dedos de una mano. Desde los históricos pactos de La Moncloa, de 1977, al pacto de Toledo centrado en las pensiones (1995) a los cuatro grandes acuerdos antiterroristas rubricados entre 1987 y 2015 contra ETA y el yihadismo. De ahí el empeño que han mostrado distintos grupos políticos para intentar la unanimidad que finalmente no se ha conseguido.

Los acuerdos del pacto, que en un plazo máximo de dos meses debe ser trasladado ahora a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades, será vigilado por una comisión de seguimiento que aún se debe constituir. Algunos requieren reformas legislativas.

Incluir  entre las víctimas de violencia machista a las madres de hijos asesinados supone que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación. En la tribuna, entre las asistentes al pleno, ha estado Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, a los que mató el padre, José Bretón. “Ya era hora”, ha asegurado Ortiz en una entrevista en la SER horas antes del debate. La madre de los dos menores asesinados ha asegurado sentirse “contenta” por el acuerdo porque supone “un paso bastante importante” para la lucha contra la violencia de género.

“Por todas las Ruth de España vamos a luchar contra esta lacra”, ha señalado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, mirando a Ortiz desde su asiento. “El maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha añadido.

El pleno ha votado las medidas recogidas en el informe elaborado a lo largo de los últimos seis meses por la subcomisión que se creó para impulsar el pacto y que ha escuchado a más de 60 expertos de distintos ámbitos. La previsión es incluir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, 200 millones anuales.

Enmienda a la totalidad

Unidos Podemos se ha abstenido tras presentar una enmienda “crítica” a la totalidad. “Este pacto no nos vale aunque las medidas que están ahí sean buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se van a poner en marcha”, ha señalado Ángela Rodríguez (En Marea) “No sabemos para quién es el pacto. No vale ni para las mujeres pobres, transexuales ni con diversidad funcional”, según Rodríguez. “Han dejado fuera también a las violadas”. La diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón ha añadido en la tribuna que su confederación no respalda la propuesta porque “es un pacto de mínimos, no es un pacto feminista y no soluciona el problema”. “Mientras estamos aquí haciendo discursos con florituras están discriminando, violando y asesinando a mujeres en este país”, ha añadido.

“Estos acuerdos atienden a la necesidad de comprometer más activamente al Estado en la lucha de la violencia que sufre las mujeres solo por el hecho de serlo”, ha resumido la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), que reclamó en su intervención a Unidos Podemos que “actúen con responsabilidad”. “El mejor ejemplo que hoy daremos no estará en la ruptura de la unidad”, ha dicho. “Tampoco está todo el presupuesto y todas las medidas que hubiese querido el PSOE pero todo lo que está es útil al conjunto de las víctimas”, ha señalado en referencia a los diputados abstencionistas. Su partido reclamará un crédito extraordinario de 200 millones de euros si la aprobación de los presupuestos se prorrogan aún más tras la paralización de las nuevas cuentas del Estado por la crisis catalana.

El caso Juana Rivas

Durante la tramitación en el Senado se incluyó una medida que pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Recuerda el caso vivido este verano por la granadina Juana Rivas, que se escondió con sus hijos durante un mes para no devolverlos al padre, condenado en 2009 por maltrato y que en la actualidad está con los menores en Italia. Uno de los votos particulares del PSOE alude a que los casos de sustracción de menores en los que hay malos tratos los lleven juzgados especializados, como reclama desde hace más de un año la defensa de Rivas. “Lo que ha ocurrido con Juana Rivas no hubiese pasado si la competencia penal para estos casos estuviera en los juzgados de Violencia”, ha añadido Álvarez.

ENTRE LAS PRINCIPALES MEDIDAS

  • Madres víctimas. Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia machista y podrán acceder así a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas.
  • Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
  • Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
  • Protección de los huérfanos y de hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
  • Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
  • Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
  • Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
  • Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
  • Dependencias separadas. El pacto prioriza la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor.
  • Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
  • Prevención en la escuela. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. No se exigirán requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio cuando se acredite una situación de violencia machista.
  • Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/actualidad/1506588859_420508.html

 

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 79 Pág. 1 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN Sesión plenaria núm. 75 celebrada el jueves 28 de septiembre de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-79.PDF

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

3 de agosto de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-199.PDF#page=3

El Congreso aprueba el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=25507&anyo=2017&mes=9&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null

Ley de Ingresos Mínimos y Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=25406&mostrarvolver=N

 

IU pregunta al Gobierno por qué permite que los jueces impongan la custodia compartida

 

No es de extrañar siendo los herederos ideológicos de Engels y Marx y su concepción de la sociedad en general y de la familia en particular.

Conviene tener en cuenta a la hora de votar quien te roba a tus hijos prohibiendo la lógica Custodia Compartida.

Lo sorprendente es que aún haya quien los vote.

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IU pregunta al Gobierno por qué permite que los jueces impongan la custodia compartida

MADRID, 24 Septiembre 2017. (EUROPA PRESS) –

Los diputados de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón y Ascensión de las Heras, han registrado una pregunta dirigida al Gobierno en la que le piden que aclare su disposición a reformar el Código Civil que en la actualidad está permitiendo judicialmente se imponga la custodia compartida en los casos de separación o divorcio cuando hay menores de por medio, a pesar del “coladero de casos aberrantes”.

Así, detallan que esta práctica de corresponsabilidad parental se está aplicando entre parejas donde existe una mala relación, conflictividad, violencia, o en casos donde no se tiene en cuenta la edad del menor, la distancia entre los domicilios, alguno de los progenitores no se ocupa personalmente del menor de manera continua, dejándolo en manos de terceros incluso cuando se tiene disponibilidad para ello.

La formación ha lanzado esta cuestión al Gobierno tras mantener un encuentro en el Congreso con representantes de asociaciones que desde hace tiempo demandan una solución jurídica a este problema.

Por ello, quieren que el Gobierno aclare si está dispuesto a reformar el Código Civil y suprimir el punto 8 del artículo 92, relativo a la guarda y custodia, que permite este tipo de casos cuando uno de los progenitores la solicita, con el fin de proteger el interés superior del menor.

Desde que en 2005 se reformara este punto Garzón y De las Heras subrayan que “fiscales y jueces actúan de forma arbitraria y subjetiva”, sobre todo “al no tener en cuenta” la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia, ni el “perjuicio irreparable” que, en su opinión, “se está haciendo a los menores”.

No queda fundamentado de forma racional que de esta manera se proteja el interés superior del menor, que es un concepto jurídico abstracto, atentando sin embargo contra el derecho fundamental del menor a un adecuado desarrollo de su vida y su personalidad”, denuncian ambos diputados de IU.

Según subrayan, sus madres, al tratar de defenderlos, se encuentran con que las pruebas “no son tenidas en cuenta” y que “son silenciadas” por parte de los juzgados “con la amenaza implícita de perder la custodia, sufriendo un daño moral irreparable”.

CUSTODIA COMPARTIDA SÍ, PERO DE MUTUO ACUERDO

Para los diputados de Izquierda Unida la custodia compartida debe alcanzarse de mutuo acuerdo, ya que requiere de una alta concienciación entre los progenitores que deben tener una buena comunicación, sin conflictividad, para seguir un mismo modelo de educación y crianza.

Finalmente, reprochan al Gobierno que, pese a la promesa del exministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, y de su sucesor en el cargo, Rafael Català, de emprender una reforma en la materia, “los casos de imposición judicial de custodia compartida son una constante aunque medien sentencias firmes de violencia machista, maltrato y abusos sexuales a los menores o a bebes aún en periodo de lactancia, a los que se separa obligatoriamente de la madre durante una semana”.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-iu-pregunta-gobierno-permite-jueces-impongan-custodia-compartida-20150924143312.html

La Audiencia Provincial crea una «mini ciudad de la Justicia» al unificar las sedes de lo Penal y Civil

 

Lejos de reducir la conflictividad la aumentan.

Crean nuevos juzgados y nuevos “empleos“.

Engordando la administración de justicia en vez de adelgazarla.

Bastaría con aplicar la ley y la jurisprudencia del Tribunal supremo y del Tribunal Constitucional para reducir al mínimo los juicios en procesos de familia.

Esto es, aplicar la custodia compartida por defecto y respetar la propiedad privada.

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La Audiencia Provincial crea una «mini ciudad de la Justicia» al unificar las sedes de lo Penal y Civil

Las secciones de Martínez Campos y Ferraz se mudan la próxima semana a Santiago de Compostela, asegura el presidente de la institución

Una de las salas semivacías del edificio de Ferraz, 41, en plena mudanza

Una de las salas semivacías del edificio de Ferraz, 41, en plena mudanza – ABC

M. J. ÁLVAREZ – Madrid – 15/09/2017

La Audiencia Provincial de Madrid crea una «mínima ciudad de la Justicia». Así lo asegura el presidente de la institución, Eduardo De Porres. A partir del lunes, las secciones de lo Civil situadas en las calles de General Martínez Campos y Ferraz se mudan a un edificio de Santiago de Compostela, 100, al lado de la sede de lo Penal, situada en el 96.

Este hecho responde a la petición que le hizo De Porres a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Se enmarca en el Plan de la Comunidad de Madrid para unificar sedes y mejora de medios humanos y materiales. En total, se trasladan 13 secciones de las 15 existentes en la jurisdicción civil, salvo las dos de familia, situadas en Francisco Gervás, 2. El cambio de emplazamiento no afectará a la actividad de la Audiencia. Así lo ha asegurado De Porres.

De este modo estarán unidas la 15 secciones de lo Penal con las 13 de lo Civil que comenzarán a trabajar de inmediato, a medida que se instalen. «La idea es que en quince días funcione en su totalidad», ha precisado De Porres. «La cercanía de los dos edificios permitirá, además de que cada magistrado tenga un despacho, mejorar la gestión del trabajo judicial, al contar con una estructura coherente que permitirá reducir dependencias duplicadas y compartir otras, entre ellas, la sala de vistas».

En cuanto a la sede de lo Penal se van a acometer «importantes obras para renovar en el inmueble y se ganará una planta para despachos. De este modo, a principios de 2018 contaremos con una Audiencia Provincial unida y renovada, lo que mejorará sustancialmente la situación actual», ha aseverado el responsable del órgano judicial.

Esta unificación es una vieja reivindicación de la presidencia de la Audiencia Provincial, dadas las deficiencias de los edificios de Ferraz y Martínez Campos que denunciaban cada año en la presentación de la Memoria Anual. Hoy, De Porres ha dado cuenta de la correspondiente a 2016 y ha solicitado 30 magistrados más, uno más por tribunal para corregir las defiencias estructurales de personal, aliviar la carga de trabajo de los jueces y para dar una respuesta de calidad, al dedicar a cada asunto el tiempo que merece.

Refuerzo urgente en Familia y Mercantil

En cuanto a la jurisdicción civil, los litigios han crecido un 12,46%, al pasar de 15.323 en 2015 a 18.304 en 2016. Los asuntos pendientes de resolver han bajado ligeramente, al pasar de los 8.222 del ejercicio de 2015 a 8.147 del pasado. «La carga de trabajo ha aumentado por el caso Bankia y el tsunami de las claúsulas suelo» ha aseverado De Porres. Tras indicar que la situación de las secciones generales está bien, con una pendencia de 3,48 meses, ha recalcado que le preocupan las secciones de familia y mercantil. La primera tiene un tiempo medio de respuesta de 10,2 meses, que tacha de «excesivos», dado que son asuntos que precisan de rapidez. A los asuntos de la segunda se les da salida en 17,73 meses, con «los perjuicios económicos que acarrea esta demora». Por ello reclama un refuerzo urgente mínimo de 2 y 3 magistrados, respectivamente.

En materia penal, a pesar de que tiene el doble de asuntos, la litigiosidad ha descendio un 1,16%. «El tiempo medio de respuesta, de 1,7 meses, es óptimo, debido al esfuerzo de los magistrados», ha destacado el presidente de la Audiencia. En cuanto a los juicios, destaca que los que duran más de un día han pasado de los 100 de 2015 a los 167 de 2016, mientras que los rápidos han descendido, al pasar de los 1.767 a los 1.558.

 

http://www.abc.es/espana/madrid/abci-audiencia-provincial-crea-mini-ciudad-justicia-unificar-sedes-penal-y-civil-201709151353_noticia.html

 

Un padre espera nueve meses para ver a su hijo en el punto de encuentro de la Junta que investiga la juez

 

El negocio de los Puntos de encuentro a costa del sufrimiento de padres e hijos y sustentado con el dinero público.

Los niños se entregan y recogen en el colegio y en vacaciones en el domicilio del progenitor que corresponda. Y a quien no cumpla se le aplica la ley. Incluido el Código Penal. Basta con ejecutar las sentencias de acuerdo a la ley.

Basta con aplicar la Custodia Compartida por defecto, tal y como estipula la jurisprudencia, y respetar la propiedad privada, tal y como estipula la Constitución, para evitar el 99% de los conflictos tras las separaciones.

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Un padre espera nueve meses para ver a su hijo en el punto de encuentro de la Junta que investiga la juez

Silvia Moreno

Sevilla

5 SEP. 2017

Una adolescente pasa por el punto de encuentro de la Junta en Sevilla. ESTHER LOBATO

Los puntos de encuentro familiar de la Junta andaluza acumulan retrasos y listas de espera, según el Defensor del Pueblo

Una juez investiga “vejaciones” a menores en un punto de encuentro de la Junta de Andalucía

La denuncia de cinco padres sobre «vejaciones e insultos» a menores y otras irregularidades en un punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía en Sevilla que está investigando una juez, como informó EL MUNDO, se suma a las reiteradas quejas sobre el funcionamiento de estos equipamientos que ha realizado el Defensor del Pueblo andaluz. Un padre tuvo que esperar nueve meses -desde mayo de 2016 hasta enero de 2017- para poder ver a su hijo en el punto de encuentro que gestiona la Asociación Humanos con Recursos en Sevilla.

El progenitor acudió a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, que dirige Jesús Maeztu, en busca de ayuda. Esta institución lleva años recibiendo quejas ciudadanas sobre el mal funcionamiento de estos centros, en los que progenitores afectados por separaciones traumáticas, condenados por violencia de género o con orden de alejamiento de sus ex parejas retoman el contacto con sus hijos bajo supervisión judicial o los entregan y recogen en cumplimiento del régimen de visitas.

Fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz indicaron a este diario que las denuncias ciudadanas sobre los puntos de encuentro de la Junta «siempre» han estado presentes en las quejas dirigidas a la institución, por el «malestar» de los padres ante alguna de las decisiones que se toman y también por los retrasos de varios meses o incluso las listas de espera que han debido sufrir antes del encuentro con sus hijos.

Es el caso del padre que esperó nueve meses para poder ver a su hijo, como detalla una de las últimas resoluciones sobre los puntos de encuentro del Defensor del Pueblo andaluz, fechada en abril de 2017, y que está colgada en la web con el título: «Tras dos años de espera, podrá visitar a su hijo en el punto de encuentro familiar».

El hombre expone ante el Defensor del Pueblo andaluz que, tras dos años sin ver a sus hijo, ha conseguido finalmente por sentencia el derecho a verlo. Presenta su queja en mayo de 2016 porque lo han citado en el punto de encuentro para finales de noviembre a una entrevista previa con los técnicos de la Asociación Humanos con Recursos, por lo que aún ni siquiera tiene fecha para ver a su hijo.

Tras la queja, le adelantan la cita para agosto, pero no va, y en octubre, tampoco acude porque no le llegan las notificaciones, así que al final asiste en el mes de noviembre, como decía el primer oficio, según la información recopilada por el Defensor del Pueblo andaluz. El punto de encuentro de Sevilla alega que no tiene ninguna responsabilidad en que no le hayan llegado las citaciones al padre porque ello depende directamente del órgano judicial, del servicio común de notificaciones o de sus representantes legales. Este padre comienza, finalmente, las visitas con su hijo en enero. Con nueve meses de retraso desde que en mayo acudió al Defensor del Pueblo.

La Junta de Andalucía informa de que «se han realizado las actuaciones oportunas para adelantar la cita en el punto de encuentro familiar, tal y como puede acreditarse a través de los escritos remitidos al juzgado», según recoge la resolución del Defensor, en la que da el caso por cerrado, al haberse producido ya el encuentro entre padre e hijo.

Lista de espera

No es la única queja sobre los puntos de encuentro. Una madre de Huelva acudió al Defensor del Pueblo andaluz el año pasado para denunciar el «pésimo» servicio que ofrece el punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía en Huelva. En su queja, expresa su preocupación por los cuatro meses que lleva en lista de espera y, según las noticias que tenía, tendría que esperar como mínimo otro mes y medio.

Tras la denuncia, la Junta tomó medidas para solventar el problema planteado por esta madre de Huelva, según la información reunida por el Defensor del Pueblo.

La Consejería andaluza de Justicia e Interior, que dirige Rosa Aguilar, puntualizó a este diario que todas esas quejas están ya cerradas por el Defensor del Pueblo andaluz, al haberse subsanado los problemas que denuncian los padres afectados. Actualmente, según la Junta, no hay «ni retrasos ni listas de espera» en los puntos de encuentro andaluces.

Tan sólo hay una queja abierta en el Defensor del Pueblo andaluz en la que se menciona un punto de encuentro familiar, si bien los retrasos que denuncia el ciudadano son achacables al órgano judicial, precisó la Junta.

Más controles

A principios de la década, el anterior Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, urgió a la Junta para que intensificara los controles y «con carácter urgente»elaborase una normativa reguladora de los puntos de encuentro familiar tras las reiteradas quejas ciudadanas. La petición era del año 2012, pero el decreto que regula estos centros no se aprobó hasta 2014.

En aquella resolución de Chamizo, del 2 de julio de 2012, se destaca el importante «encargo institucional» que la Junta realiza a las entidades «privadas» gestoras de los puntos de encuentro familiar.

La Consejería de Justicia invierte cada año un millón de euros en los diez puntos de encuentro que funcionan en las provincias andaluzas, en los que el año pasado fueron atendidos 2.426 menores. La Junta no ofrece este servicio a través de sus funcionarios, sino que lo subcontrata con entidades privadas, que son las encargadas de gestionar estos centros.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga la denuncia interpuesta el pasado 19 de junio por cuatro madres y un padre sobre «vejaciones e insultos» a menores en el equipamiento de Sevilla.

Comparecencia en el Parlamento

El Partido Popular pidió este lunes la comparecencia de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, en el Parlamento andaluz para que dé explicaciones sobre la «situación muy grave» que describe la denuncia de un grupo de padres publicada por EL MUNDO sobre las presuntas «vejaciones e insultos» a menores en el punto de encuentro de la Junta de Andalucía en Sevilla.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, anunció que los parlamentarios del Grupo Popular en la Cámara andaluza presentarán iniciativas parlamentarias requiriendo explicaciones a la consejera «ante la gravedad de la situación y de los hechos que denuncian los padres» sobre el punto de encuentro.

Mientras, Aguilar aseguró que su departamento recabará «información interna»sobre el funcionamiento del punto de encuentro cuando reciba formalmente la denuncia sobre el trato «vejatorio» a los menores en este centro.

Aguilar dijo que «formalmente» no les «ha llegado esa denuncia aún a la Consejería» y que en el momento en que la reciban actuarán «obteniendo la oportuna información interna».

Explicó que el punto de encuentro familiar «está en estos momentos en licitación pública» para adjudicar la prestación del servicio que en estos centros permite a progenitores con orden de alejamiento de sus ex parejas mantener encuentros con sus hijos o su uso para la entrega de los niños al progenitor no custodio en separaciones y divorcios traumáticos.

Estos centros «emiten informes trimestralmente a los jueces de su funcionamiento» que también requerirá la Consejería en caso de recibir la denuncia formal, añadió Aguilar, quien reiteró la «colaboración plena con la Justicia para que se pueda llegar hasta el final» en este asunto. «Actuaremos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y colaboraremos con la Justicia», zanjó.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/09/05/59ada983ca474185058b45a0.html