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El Bloque solo en la defensa de tribunales exclusivos para violencia doméstica – que pueden ser inconstitucionales

 

Como en todo el mundo, en Portugal el bloque de partidos de izquierda, no por casualidad, ha intentado implantar la aberrante y totalitaria ley de género basándose en las consabidas mentiras feminazis.

Afortunadamente para los portugueses su “Tribunal Constitucional” no se prestaría a los cambalaches políticos que padecemos en el nuestro y la propuesta se ha quedado en agua de borrajas.

No olvidemos que la ley española se aprobó con el voto de calidad de Emilia Casas, presidenta del Tribunal cuyo único mérito era ser la comisaria política del PSOE. Y ayudar de forma ilegal a una asesina.

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Bloco sozinho na defesa de tribunais exclusivos para violência doméstica — que podem ser inconstitucionais

El Bloque solo en la defensa de tribunales exclusivos para violencia doméstica – que pueden ser inconstitucionales

Adriano Miranda

Maria Lopes

12 de Outubro de 2018

Pacote de reforço do combate ao fenómeno da violência doméstica foi discutido na Comissão de Assuntos Constitucionais.

O Bloco de Esquerda foi praticamente cilindrado na apreciação que os restantes partidos fizeram da sua proposta para a criação de juízos exclusivos para julgar a violência doméstica. A principal crítica é a possibilidade de a proposta ser inconstitucional, aviso que é partilhado pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) no parecer que elaborou sobre o projecto de lei bloquista.

A questão é que a Constituição proíbe a “existência de tribunais com competência exclusiva para o julgamento de certas categorias de crimes” — com excepção dos tribunais militares. E foi a esse argumento que os partidos se agarraram, embora todos se tenham manifestado preocupados com a quantidade de crimes de violência doméstica e a repercussão que têm na sociedade, nas famílias e nas crianças. Houve até quem, entre os deputados, tenha lembrado que a existência de tribunais dedicados a alguns tipos de crimes era uma política do Estado Novo.

O parecer do CSM também vai no mesmo sentido de alertar para a violação da Constituição e considera que “o necessário combate à violência doméstica melhor passará pelo incremento da formação dos magistrados judiciais, do que pela formalização de tribunais especializados”. O CSM também tem dúvidas sobre a aglutinação num tribunal de competências díspares sobre o tipo de crime (violência doméstica) e a regulação das responsabilidades parentais (que estão nos tribunais de família e menores) que apenas têm em comum a existência de violência doméstica. E diz que o regime proposto pelo Bloco “deixa de fora outro tipo de processos, tutelares cíveis e de crianças e jovens em perigo, que poderão também ter subjacente um quadro de violência doméstica”.

Quando o PÚBLICO noticiou a iniciativa do Bloco, tanto o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público como a Associação Sindical dos Juízes Portugueses mostraram dúvidas sobre a pertinência destes juízos. Nem a Ordem dos Advogados nem o Conselho Superior do Ministério Público responderam ao pedido de parecer do Parlamento.

A proposta do Bloco pressupõe duas experiências-piloto nas comarcas de Braga e Setúbal — as que têm um maior rácio de casos no país — e os juízes e funcionários teriam que ter formação específica e especializada na temática da violência doméstica. Estes juízos assumiriam igualmente os processos de regulação do poder paternal em que estivesse também em causa a violência doméstica. Ora esta necessidade de maior formação foi a única questão que mereceu o aplauso dos deputados do PSD, PS e PCP — o CDS remeteu a sua opinião para a discussão em plenário que está marcada para dia 26. O PSD foi tão crítico que até apelou ao Bloco para a retirar da agenda, mas a deputada Sandra Cunha não quis desistir.

https://www.publico.pt/2018/10/12/sociedade/noticia/bloco-sozinho-na-defesa-de-tribunais-exclusivos-para-violencia-domestica–que-podem-ser-inconstitucionais-1847222?

 

 

 

Otra afirmación que me desagrada “debe primarse la presunción de veracidad de la víctima”

 

Una juez sensata.

Su experiencia desmonta, una vez más, las mentiras de las feminazis.

Será señalada por las feminazis e intentarán expulsarla.

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Otra afirmación que me desagrada “debe primarse la presunción de veracidad de la víctima”

Y ahora sin sutilezas: detener a prevención no es un salvavidas. Acordar órdenes de alejamiento a favor de toda aquella mujer que denuncia no garantiza la vida de nadie. Ojalá fuera tan sencillo.

Así mismo, creo que criticar la adopción de determinadas medidas no me sitúa a favor de ningún colectivo ni en contra de ningún otro. Hace trece años juré mi sometimiento al imperio de ley y en esas sigo.

Yo he visto el párpado de una señora en el que parecía que le habían metido una pelota de tenis. Y he visto cómo me decía a la cara que no quería hacer nada para ir contra el sinvergüenza que se lo había hecho. No necesito lecciones sobre lo que sufren las mujeres.

La misma rabia y frustración he experimentado cuando he visto a un señor engrilletado, ojeroso y llorando porque una sinvergüenza le había denunciado sin tener la más mínima base penal para ello.

Es curioso que leemos “un sinvergüenza” y asentimos; pero leemos “una sinvergüenza” y sentimos cierta resistencia a aceptar el término. ¿por qué? A mí me produce la misma desazón observar la comisión de un hecho delictivo, independientemente del sexo del autor.

Si se me va a criticar lo q escriba, agradecería q fuera con argumentos y con fundamento. Ya sé q soy mujer y que soy juez, pero no me agrada leer que no soy digna de ninguna de ambas circunstancias por el hecho de discrepar de ciertas afirmaciones que últimamente se están dando.

Una muy habitual: “es mejor una detención a tiempo que lamentar una muerte”. ¿Si detenemos al señor del segundo ejemplo le vamos a salvar la vida de la del primer ejemplo? NO. Y, lamentablemente, ni siquiera deteniendo al sinvergüenza que golpeó a la señora en el ojo.

Cuando se detiene a un sujeto se le pasa a disposición judicial y luego el juez acuerda su libertad o prisión provisional. La prisión provisional solo procede ante indicios de la comisión de hechos muy graves. Pero se puede acordar algo intermedio: una medida de alejamiento.

Pero una medida de alejamiento no es más q un maldito papel. Si alguien quiere matar a una persona ¿le va a detener un folio? Por mucho membrete judicial que lleve: NO. Si no lo frena la perspectiva de ingreso en prisión por asesinato, ¿le va a detener un posible quebrantamiento?

La prisión provisional es la medida cautelar más grave que existe y solo puede acordarse ante determinados ataques y para el cumplimiento de unas concretas finalidades. Si el hecho es aislado y no hay denuncia resultaría cuestionable adoptar esta medida. Y su duración es limitada.

Volvemos al punto inicial: si este señor se ha propuesto matar a alguien, lo hará. No lo evitará una detención de horas, ni una orden de alejamiento, ni una prisión provisional de meses. Lamentablemente, no podemos frenar la maldad.

Otra afirmación que me desagrada “debe primarse la presunción de veracidad de la víctima”. Discrepo. En mi opinión debe primar la presunción de inocencia de la que gozamos todos. ¿Recuerdo que la gente miente?

Un dato: ¿sabéis que la gente miente? Da igual el sexo, la edad, posición social, educación, nivel académico. Todos mentimos.

Creernos cualquier afirmación que recaiga en nuestras mesas no salvará la vida de nadie, pero sí puede poner en peligro la salud de nuestro estado de derecho: la culpabilidad debe probarse.

También es muy habitual esta “nos están matando”. En la estadística del CGPJ del año 2017 se registraron 1158 delitos de “homicidio y sus formas”: 364 homicidios y 200 asesinatos, de esos fueron registrados como violencia sobre la mujer 48.

Aunque la vida es el bien más preciado que tenemos y cualquier fallecimiento supone una pérdida insustituible, realmente las cifras no son tan elevadas, sobre todo si se analizan desde una perspectiva estadística.

Creo que el fin no justifica los medios, pero es que además, creo que los medios que se están utilizando ni siquiera garantizan el fin que se persigue. No podemos prever ni evitar la muerte de nadie.

También se apela a la educación como elemento fundamental. Coincido que ésta es fundamental para poder afrontar una mejor convivencia entre todos, pero la educación no frena a quien ha decidido acabar con la vida de alguien. Lamentablemente.

Las motivaciones y deseos de quien atenta contra la vida de otro ser humano pueden ser muy dispares. Muchas de ellas surgen súbita e inopinadamente, por lo que cualquier medida previa resulta inalcanzable. Lamentablemente.

A mí me parecen terribles todas las muertes violentas

Un juez se mofa y llama “bicho” e “hija puta” a una víctima de violencia machista

 

Los comentarios del juez, fiscal y secretaria judicial son tras la celebración del juicio. Los comentarios que hace cualquier persona tras realizar su trabajo. En este caso no hay ningún prejuicio ni enemistad ni animadversión con alguna de las partes. Simplemente tienen meridianamente claro que la denuncia es falsa y que la denunciante es muy mala actriz y muy mala persona cuyo único interés es vivir parasitando al padre de sus hijos.

El vídeo ha sido difundido por la abogada de la falsa denunciante, Teresa Bueyes. No sorprende dado su historial. Es de esperar que se tomen las correspondientes medidas contra ella.

El linchamiento al juez es el procedimiento habitual a quien no sigue a pies juntillas los postulados totalitarios de las feminazis.

Una más de las miles de denuncias falsas de maltrato que se dan cada año.

Uno más de los miles de abogados que se prestan a esta canallada.

Uno más de los miles de purgados por el comisariado feminazi.

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Un juez se mofa y llama “bicho” e “hija puta” a una víctima de violencia machista

Un juez se mofa de una víctima de violencia machista y la llama “bicho” e “hija puta”. / CADENA SER

MARIOLA LOURIDO – Madrid – 04/10/2018

La víctima pide la intervención del Consejo General del Poder Judicial donde ha presentado una queja contra el magistrado por falta de imparcialidad, animadversión y posible delito de prevaricación.

Una víctima de violencia de género denuncia al juez que instruye su caso tras comprobar que se ha burlado y se ha mofado de ella hasta el punto de insultarla y llamarle “bicho” e “hija puta”.

Esta mujer, que tuvo incluso una valoración policial de riesgo extremo tras una de sus denuncias, ha presentado una queja contra el magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella. Alerta de que esta circunstancia le provoca una situación de indefensión total y absoluta. También pide al máximo órgano de gobierno de los jueces que lo investigue por un presunto delito de prevaricación, según la documentación del caso a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

La víctima se llama María Sanjuan y pide al Consejo General del Poder Judicialque tome medidas contra el titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid Francisco Javier Martínez Derqui. Este magistrado instruye los procedimientos civiles y penales derivados del divorcio y de las dos denuncias presentadas por malos tratos psicológicos, por amenazas y coacciones, contra su exmarido, Josué Reyzábal.

María Sanjuan, la víctima, pide la intervención del Consejo General del Poder Judicial, donde ha presentado una queja contra el magistrado por falta de imparcialidad, animadversión y posible delito de prevaricación. / GETTY IMAGES

Lo hace después de constatar en el vídeo oficial grabado por el juzgado en la sala de vistas que el juez se refiere a ella como el “bicho” “hija puta”. Y hace además los siguientes comentarios “verás el disgusto que se va a llevar la María Sanjuan cuando vea que tiene que darle los hijos al padre” “estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media”.

Se trata de una conversación que se produce una vez que terminada la vistade la demanda de divorcio para decidir las medidas sobre la custodia de los dos hijos, dos bebés de 21 y 10 meses. El vídeo sigue grabando porque alguien se olvida de detener el programa de grabación. En la charla participan también la fiscala y la letrada de la administración de justicia.

Los tres miembros del tribunal hablan entre risas del caso y siembran dudas sobre la causa por la que María Sanjuan no pudo asistir a la vista. Cuestionan que tuviese que ser ingresada la noche anterior en urgencias en el hospital público de La Princesa por un fuerte ataque de pánico tras conocer que le acaban de retirar la orden de protección. Dicen los juristas que “todo está preparado” por parte “de ella” y el juez concluye con un “sí, que hija puta”.

La denunciante ha recusado a este tribunal especializado en violencia de género por “falta de imparcialidad” y “enemistad manifiesta”. Según ha podido saber la Cadena SER de fuentes del juzgado, la fiscala y la letrada la han aceptado y han dejado el caso. Mientras, el juez Martínez Derqui ha presentado un escrito y ahora la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si lo aparta o no del caso.

También pide la nulidad de todos los procedimientos y al máximo órgano de gobierno de los jueces que valore si la actuación de este juez puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. La víctima denuncia que, tras la revocación de la orden de protección, el magistrado decidió, sin pedirlo las partes, actuar de oficio. Dictó un auto sin posibilidad de recurso en el que le entrega al padre para las “vacaciones escolares” a los dos niños y le amplía el régimen de visitas.

Juzgados de violencia sobre la mujer en la calle Manuel Tovar. / ALBERTO POZAS

Lo justifica en el artículo 158 del Código Civil “a fin de apartar a los menores de un peligro o de evitarles perjuicios” y como comentan en la animada charla el juez “hace sangre” con la mujer porque explica que con “esta resolución contribuirá además a la recuperación de la madre de los problemas de salud que han motivado su ingreso en de urgencias en un centro hospitalario sin previsión de fecha de alta, impidiéndole atender con normalidad sus tareas cotidianas y el cuidado de los hijos”.

El juez y la fiscala cuestionan su estado de salud a pesar de los informes del hospital que incluso activó el protocolo de malos tratos.

Fue una enfermera de la Comisión de Violencia de Género la que activa el protocolo después de que María Sanjuan, en un estado de pánico y ansiedad, contara que le habían retirado la orden de protección y su marido puede por lo tanto volver a la casa. El parte hospitalario de alta señala “la paciente manifiesta pánico a ser agredida o asesinada, ella o sus hijos, por lo que presenta gran estado de agitación, llanto e hiperventilación”. ” Se presenta muy nerviosa, angustiada y llorosa y manifiesta su miedo ante la posibilidad de que su marido pueda hacerle algo a los niños ya que en ocasiones anteriores ya le había amenazado con ello”.

El informe médico recoge que la víctima sufre maltrato psicológico continuado desde 2016. Al principio los episodios se producían cuando su marido se encontraba bajo los efectos del alcohol, de noche y cuando estaban solos, pero posteriormente se fueron haciendo más intensos, también por el día, estando sobrio y delante de otras personas. Su relato concreta que desde el inicio de la convivencia, su marido la ha insultado, gritado y amenazado con matarla. También refiere que le ha obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La víctima estuvo 15 horas en las urgencias de La Princesa hasta donde fue trasladada por el Samur. Hasta siete profesionales sanitarios la atendieron pero no lograron calmarla y estabilizarla después de recibir el auto de la Audiencia de Madrid que revocaba la orden de protección. Esta medida se la había concedido la jueza del número 3 de violencia de género María Gracia Parera tras la segunda denuncia presentada y con un informe policial de valoración de riesgo extremo, una valoración extraordinaria. En el mes de agosto solo hay 8 de 56.000 mujeres del sistema Viogen en esa situación, es decir, el 0,01 de las víctimas con algún tipo de seguimiento policial. En su auto, esta jueza afirma que la medida de la protección es proporcionada, el riesgo objetivo y ve indicios de delitos de amenazas, coacciones y hostigamiento.

La jueza Parera detalla que el acusado reconoció que le había dicho expresiones como “que continúe el entierro” y “te espera a ti y a tu padre el sábado una sorpresita”. Y que cuando se producen situaciones de conflicto el marido se lleva a uno de los bebés y se encierra en el dormitorio. Además, califica de acoso, coacción y hostigamiento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y metérselos dentro del propio domicilio vigilantes de seguridad para controlarla.

Los guardas jurados se instalaban en el salón de forma “intrusiva e invasiva” y incluso acuden detrás de la mujer al dormitorio de los bebés cuando lloran, según el auto. La jueza, que alude a la vulnerabilidad de la víctima, impone al denunciado una orden de alejamiento de 500 metros. Otorga a la madre la custodia de los hijos y el uso del domicilio y al padre le concede un régimen de visitas. Él recurrió y la Audiencia Provincial le dio la razón al no encontrar indicios de delito.

El juez: “Es una conversación privada”

La Cadena SER ha hablado con el juez Francisco Martínez Derqui para recabar su versión. El magistrado señala “lo único que puedo decir es que es una conversación privada que se ha grabado indebidamente, una conversación fuera de mi actuación jurisdiccional, que se produce en un espacio cerrado y que se está haciendo un uso indebido de ella”. Martínez Derqui añade que tiene conocimiento de que la víctima lo ha recusado y “esa recusación está en trámite pendiente de que la Audiencia se pronuncie”.

El juez bromea en la conversación con que la víctima va a pasearse por las teles y vaya al Sálvame porque son una pareja conocida. Maria Sanjuan es modelo y el acusado, Josué Reyzábal, es un empresario de una familia muy notoria en Madrid.

http://cadenaser.com/ser/2018/10/03/sociedad/1538581619_584708.html

Un juez llama “hija de puta” a la modelo María Sanjuán, víctima de violencia machista

Sara Tejada – 4/10/2018

La modelo María Sanjuán, ex de Miki Nadal, denunció que el padre de sus hijos la insulta, la grita y ha amenazado con matarla. Sin embargo, el juez de violencia de género que se encarga del caso la llama “hija de puta” y pretendía dar la custodia de sus hijos (de meses) al denunciado. Un vídeo espeluznante muestra la actitud del magistrado contra la víctima. Otra jueza había considerado que María Sanjuán era víctima de acoso por parte del padre de sus hijos, el empresario Josué Reyzábal:acoso, coacción y hostigamento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y meterlos dentro del propio domicilio ara controlarla.

Como informamos en su día, uno de los herederos de la poderosa familia Reyzábalfue detenido y trasladado a primeros de año por las fuerzas de seguridad a los juzgados de violencia contra la mujer. Josué Reyzábal había sido denunciado horas antes por su mujer, la modelo María Sanjuán. El Juzgado de Violencia número 7 se hizo cargo del detenido y abrió las diligencias previas de investigación, tomándole declaración en calidad de imputado. Minutos después, el titular del juzgado, Francisco Javier Martínez, dejó en libertad al arrestado.

Reyzábal es miembro de una poderosa familia, con fuerte actividad empresarial en torno a locales de ocio y fondos de inversión. La prima del empresario es la cantante Barei, que participó en Eurovisión 2016 representando a España. La denunciante, su mujer, es la modelo María Sanjuán, bellísima mujer de labios sensuales y ojos verdes, con la que tiene tres hijos. Maria Sanjuán nació en Madrid el 19 de julio de 1984. Se hizo famosa cuando apenas era una adolescente gracias a los grandes almacenes El Corte Inglés, que la eligieron como imagen con doce años. En 1997 fue elegida como la protagonista de la campaña de la firma Pepe JeansLondon. Este trabajo supuso su despegue internacional y que importantes agencias de modelos comenzaran a interesarse por ella. Con 13 años, María firmaba un contrato con la agencia America nFord de Nueva York, y poco después con DNA Model Management.

Su trabajo más importante fue para la campaña CKOne de Calvin Klein. También ha posado para campañas de las firmas Via Spiga, Fornarina, Max Mara, Burberry y Green Coast, entre otras. Ha desfilado en pasarelas en Madrid Barcelona, Madrid o Milán, y eso que su estatura es de 1.70.

María saltó a las páginas de la crónica rosa en 2010 por su relación con el humorista Miki Nadal. Aquel noviazgo no llegó a buen puerto y fue poco después de la ruptura con el presentador cuando Josué apareció en su vida y con él tuvo dos hijos. Josué pertenece a la tercera generación de los poderosos Reyzábal y ocupa un puesto de prestigio en Arconte Holding, perteneciente a la inmobiliaria Grupo Concisa.

Hace apenas dos años ambos bautizaban juntos a su segundo hijo, Álvaro, y el padrino era, nada más y nada menos, que el DJ y blogger Aless Gibaja, habitual en programas de televisión. Poco después, Reyzábal y María veían llegar al mundo a Claudia, su tercer hijo.

Este jueves, la Cadena Ser ha difundido un vídeo en el que el juez que se encarga del caso se ha mofa de María Sanjuán hasta el punto de insultarla y llamarle “bicho” e “hija puta”. La modelo de 34 años llegó a contar con una valoración policial de riesgo extremo tras una de sus denuncias contra el padre de sus hijos.

María Sanjuán ha presentado una queja contra el magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella. Alerta de que esta circunstancia le provoca una situación de indefensión total y absoluta. También pide al máximo órgano de gobierno de los jueces que lo investigue por un presunto delito de prevaricación.

María Sanjuán y pide al Consejo General del Poder Judicial que tome medidas contra el titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid Francisco Javier Martínez Derqui. Este magistrado instruye los procedimientos civiles y penales derivados del divorcio y de las dos denuncias presentadas pormalos tratos psicológicos, por amenazas y coacciones, contra su exmarido, Josué Reyzábal.

Lo hace después de constatar en el vídeo oficial grabado por el juzgado en la sala de vistas que el juez se refiere a ella como el “bicho” “hija puta”. Y hace además los siguientes comentarios a la fiscal  y otra letrada: “Veras el disgusto que se va a llevar la María Sanjuan cuando vea que tiene que darle los hijos al padre”,”estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media”.

La conversación difundida por la Ser se produce una vez que terminada la vista de la demanda de divorcio para decidir las medidas sobre la custodia de dos de mlos tres hijos de la pareja, dos bebés de 21 y 10 meses. El vídeo sigue grabando porque alguien se olvida de detener el programa de grabación.

Los tres miembros del tribunal hablan entre risas del caso y siembran dudas sobre la causa por la que María Sanjuan no pudo asistir a la vista. Cuestionan que tuviese que ser ingresada la noche anterior en urgencias en el hospital público de La Princesa por un fuerte ataque de pánico tras conocer que le acaban de retirar la orden de protección. Dicen los juristas que “todo está preparado” por parte “de ella” y el juez concluye con un “sí, ¡qué hija puta!”.

La denunciante ha recusado a este tribunal especializado en violencia de género por “falta de imparcialidad” y “enemistad manifiesta”. La fiscala y la letrada la han aceptado y han dejado el caso pero el juez Martínez Derqui ha presentado un escrito y ahora la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si lo aparta o no del caso.

María Sanjuán pide la nulidad de todos los procedimientos y al máximo órgano de gobierno de los jueces que valore si la actuación de este juez puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. La víctima denuncia que, tras la revocación de la orden de protección, el magistrado decidió, sin pedirlo las partes, actuar de oficio. Dictó un auto sin posibilidad de recurso en el que le entrega al padre para las “vacaciones escolares” a los dos niños y le amplía el régimen de visitas.

Una enfermera de la Comisión de Violencia de Género fue quien activó el protocolo después de que María Sanjuán, en un estado de pánico y ansiedad, contara que le habían retirado la orden de protección, y su marido podía por lo tanto volver a la casa. El parte hospitalario de alta señala “la paciente manifiesta pánico a ser agredida o asesinada, ella o sus hijos, por lo que presenta gran estado de agitación, llanto e hiperventilación”. “Se presenta muy nerviosa, angustiada y llorosa y manifiesta su miedo ante la posibilidad de que su marido pueda hacerle algo a los niños ya que en ocasiones anteriores ya le había amenazado con ello”.

El informe médico recoge que la víctima sufre maltrato psicológico continuado desde 2016. Al principio los episodios se producían cuando su marido seencontraba bajo los efectos del alcohol, de noche y cuando estaban solos, pero posteriormente se fueron haciendo más intensos, también por el día, estando sobrio y delante de otras personas. Su relato concreta que desde el inicio de la convivencia, su marido la ha insultado, gritado y amenazado con matarla. También refiere que le ha obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La víctima estuvo 15 horas en las urgencias del madriñelo hospital de La Princesa, hasta donde fue trasladada por el Samur. Hasta siete profesionales sanitarios la atendieron pero no lograron calmarla y estabilizarla después de recibir el auto de la Audiencia de Madrid que revocaba la orden de protección. Esta medida se la había concedido tras la segunda denuncia presentada y con un informe policial de valoración de riesgo extremo, una valoración extraordinaria. En el mes de agosto solo hay 8 de 56.000 mujeres del sistema Viogen en esa situación, es decir, el 0,01 de las víctimas con algún tipo de seguimiento policial. En su auto, esta jueza afirma que la medida de la protección es proporcionada, el riesgo objetivo y ve indicios de delitos de amenazas, coacciones y hostigamiento.

La jueza Parera detalla que el acusado reconoció que le había dicho expresiones como “que continúe el entierro” y “te espera a ti y a tu padre el sábado una sorpresita”. Y que cuando se producen situaciones de conflicto el marido se lleva a uno de los bebés y se encierra en el dormitorio. Además, califica de acoso, coacción y hostigamento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y metérlos dentro del propio domicilio ara controlarla.

Los guardas jurados se instalaban en el salón de forma “intrusiva e invasiva” y incluso acuden detrás de la mujer al dormitorio de los bebés cuando lloran, según el auto. La jueza, que alude a la vulnerabilidad de la víctima, impone al denunciado unaorden de alejamiento de 500 metros. Otorga a la madre la custodia de los hijos y el uso del domicilio y al padre le concede un régimen de visitas. Él recurrió y laAudiencia Provincial le dio la razón al no encontrar indicios de delito.

El juez Francisco Martínez Derqui asegura que “se trata de una conversación privada que se ha grabado indebidamente, una conversación fuera de mi actuación jurisdiccional, que se produce en un espacio cerrado y que se está haciendo un uso indebido de ella”.

https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/9429376/10/18/Un-juez-llama-hija-de-puta-a-la-modelo-Maria-Sanjuan-victima-de-violencia-machista.html

 

 

 

Aragón reservará el 1% de las ofertas públicas de empleo para personas transexuales y víctimas de violencia de género

 

Dicen exigir derechos e igualdad pero lo único que defienden son prebendas y privilegios a costa de los derechos e igualdad de los demás.

Por supuesto todo ello a costa del erario público.

Como bien dijo Orwell, todos somos iguales pero unos más iguales que otros.

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Aragón reservará el 1% de las ofertas públicas de empleo para personas transexuales y víctimas de violencia de género

Manifestación del Día del orgullo gay en Zaragoza. Oliver Duch

Estos cupos se unen a los que ya están vigentes para personas con discapacidad y víctimas de terrorismo

B. Travesí – Zaragoza – 01/10/2018

Las personas transexuales y las víctimas de violencia de género van a tener en breve el mismo tratamiento en las ofertas públicas de empleo (OPE) que convoquen las diferentes administraciones públicas de Aragón que tienen ahora las personas con alguna discapacidad y las víctimas -y familiares de víctimas- de terrorismo.

Ambos colectivos tendrán derecho a reserva de plazas en las convocatorias de empleo público.

Este cupo será, como mínimo, del 1% en ambos casos, según queda recogido en la ley de Identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación -conocida como ‘ley trans’- y en la de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las dos normas han sido aprobadas recientemente, pero falta que se elaboren los reglamentos para que puedan desarrollarse y aplicarse.

En el caso de la que regula la identidad y no discriminación de las personas transgénero, que es pionera en la legislación española, fue fruto del acuerdo alcanzado entre los partidos políticos y los colectivosLGTBI -lesbianas, gais, bisexuales y transgénero-.

Trata de recoger en su articulado la mejor forma de abordar íntegramente los problemas que este colectivo sufre en diferentes ámbitos como el laboral, educativo, social, familiar, sanitario, juventud y personas mayores, de ocio, cultura y deporte, cooperación internacional, comunicación, cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otros.

Tras su aprobación, y a falta de que el reglamento que desarrolle su puesta en marcha vea la luz, CC. OO. consideró que la reserva de plazas fijada, no inferior al 1%, es “insuficiente y mejorable”, por lo que ya avanzó que en los sectores de las administraciones aragonesas en los que el sindicato esté presente -local, autonómica, justicia, sanidad y educación-, plantearán que se aumente ese porcentaje.

“Hay que dar mayor visibilidad al colectivo y facilitar de este modo una mejor inclusión laboral lo que a su vez contribuye a una participación igualitaria en la sociedad”, explicó en su momento en una nota de prensa.

Estas dos nuevas reservas de plazas en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de las diferentes administraciones públicas de Aragón vienen a sumarse a las que ya están vigentes para personas con discapacidad y víctimas y familiares de víctimas del terrorismo.

Para el primer caso, la legislación autonómica contempla un cupo del 7%, de que el 2% debe ser reservado específicamente para discapacitados intelectuales; en el segundo, regulado en la ley estatal de protección a las víctimas de terrorismo, el cupo de reserva es del 1% de las plazas que se oferten.

Francisco José González, secretario general de Administración Autonómica de C. OO., ha explicado este lunes que estos cupos se aprueban para fomentar y facilitar la inserción laboral de los colectivos más vulnerables, aquellos que a priori tienen más dificultades para encontrar empleo.

“Debe haber cupos”, afirma. “Es una manera de estimular que se presenten a las OPE -recuerda-. Aunque ni siquiera con reserva de plazas hay garantías de que vayan a inscribirse. En muchas ocasiones, los puestos quedan vacantes y se suman a las plazas que se ofertan en el turno libre”.

Para el representante de CC. OO. es una cuestión de coherencia. “Las administraciones deben dar ejemplo -afirma-. Si aprobamos leyes contra la discriminación y a favor de la integración social y laboral y luego no la fomentamos estaríamos dando un mensaje muy contradictorio”.

Por otra parte, considera que con estas medidas se hace un llamamiento a la empresa privada para que “haga un esfuerzo” e integre también en sus plantillas a ciudadanos pertenecientes a estos colectivos.

Desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón se ha avanzado este lunes que el desarrollo normativo de ambas leyes va a buen ritmo y que, en todo caso, los reglamentos estarán antes de que finalice la legislatura.

Natalia Salvo, directora general del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), a explicado que la razón por la que las Cortes de Aragón, que aprobaron ambas leyes, contemplaron la necesidad de que hubiera cupos en las ofertas públicas de empleo de la Comunidad para estos colectivos es porque se consideran “especialmente vulnerables”. “En el caso de la violencia de género -ha apuntado-, se ha intentado que las situaciones se asemejen a las de las víctimas de terrorismo”.

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/10/01/aragon-reservara-las-plazas-oposiciones-empleo-publico-para-transexuales-victimas-violencia-genero-1269255-300.html

 

Borrando las cicatrices del maltrato con tatuajes

 

La industria del maltrato busca nuevos nichos de negocio.

A este gran negocio se apuntan muchos vividores.

Curiosa la foto del artículo. No se molestan en poner algo mínimamente creíble. Esas marcas tienen toda la pinta de ser autolesión. Las habituales mentiras de las feminazis entre las que está la inexistencia de denuncias falsas.

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Borrando las cicatrices del maltrato con tatuajes

Mimí sustituyó las cicatrices de sus brazos por unas ramitas de romero.

GABRIELA BALAREZO – 16 MAR. 2018

A una joven le cubrieron los cortes con pequeñas flores. A otra le sustituyeron los navajazos por plumas…

Entramos en el primer servicio de tatuaje terapéutico para víctimas. “Cubrimos con arte el horror vivido”, nos dice una de las siete tatuadoras

Cae la tarde en Barcelona. Es un día frío de finales de febrero. En el número 3 de la calle Calders, Shinda -pelirroja y gafas de marco fino- prepara sus herramientas de trabajo. Botes de tinta negra, una máquina de tatuar, guantes desechables, agujas esterilizadas… Tumbada sobre una camilla y rodeada de paredes blancas e inmaculadas, espera una mujer de veinte y tantos. La llamaremos Paula. Tras transferir el diseño, con papel calco, a la piel desnuda, la tatuadora enciende la máquina. Punto a punto, repasa las líneas estampadas. Múltiples pinchazos atravesando la epidermis. Un dolor que no es nada en comparación con lo que Paula ha vivido. Como si estuviera amortiguado por el susurro continuo de la máquina de tatuar. Cuando Shinda ha terminado no queda rastro de ese nombre gastado de cinco letras. En su lugar emerge una flor.

Dos horas y media separan el antes y el después de Paula. El tiempo que le llevó a Shinda cubrir a golpe de aguja y tinta negra el nombre que desde hace años llevaba tatuado en su hombro derecho. El de su ex pareja. El que hizo de su vida un infierno. La llamamos Paula porque no quiere revelar su identidad. Tampoco muchos más detalles de su vida. Sólo ha accedido a mostrar las fotografías de su antes y después. Que es una suerte de metáfora abreviada -grabada en su piel- de su vida pasada y su presente. Ella, como otras 150.000 [los casos denunciados según las fuentes oficiales], es una víctima de la violencia de género. Una «luchadora», una «superviviente». Llegó hasta el peculiar estudio de tatuajes del que es parte Shinda para hacerse un cover. Un paso más en su proceso de recuperación.

Un “público muy especial”

La idea es transformar esa herida, que en el caso de Paula es un nombre tatuado, en algo hermoso. En arte. Es lo que hacen en Desideratum [«deseo que aún no se ha cumplido»]. Convertir cicatrices o cualquier otro rastro de dolor en algo que sea digno de admirar. El estudio se levanta en una de las medievales callejuelas del barrio del Born, rodeado de sofisticadas galerías y boutiques. A escasos 200 metros del famoso Museo Picasso. Podría parecer un estudio como cualquier otro, salvo porque está comandado sólo por mujeres y atienden a un «público especial». Aunque por sus camillas desfilan todo tipo de clientes, es de los pocos, sino el único, que ofrece un servicio de tatuaje terapéutico y social para mujeres víctimas de maltrato.

Noemí García Sánchez -40 años, menuda y cabello rizado- es la mente detrás de un proyecto que abrió sus puertas hace menos de un año. Cuenta Noemí a Crónica que Desideratum es el resultado de combinar su vocación social y su amor por los tatuajes. «Siempre he ido tatuada, porque me ha gustado mucho lo que significa el empoderamiento del tatuaje en la mujer», dice. Por eso el suyo no podía ser un estudio al uso. Quería darle un carácter social. Por su trabajo en un centro de equinoterapia que atiende a personas con adicciones supo cómo podía llevarlo a ese nivel. Allí había conocido a varias mujeres víctimas de violencia de género y le pareció que el tatuaje podía ayudarlas, de alguna manera, a mejorar sus vidas. O «intentar cubrir con una obra de arte el horror vivido».

El equipo que da vida a Desideratum está formado por siete mujeres. Tatuadoras, con diferentes backgrounds y vertientes artísticas. Shinda, de 27 años con tres dedicados al mundo del tattoo, es una de ellas. Junto a Noemí, nos desvela los detalles del cover de Paula. Dice la fundadora del estudio que todavía son pocas las que se animan a visitar el lugar para transformar sus cicatrices, aunque reciben llamadas de muchas interesadas. Sobre todo cuando se trata de mujeres que han sido maltratadas en el pasado. Desde su apertura no más de una decena de ellas han llegado hasta el estudio. Y por ahora, sólo una se ha atrevido a compartir las imágenes del antes y después de su tatuaje.

La historia de la valiente Paula es como la de otras tantas. Un círculo vicioso, un patrón que se repite hasta el cansancio. Cuenta la líder de Desideratum que la chica conoció a su pareja muy joven y se hizo el tattoo por amor. Con el paso del tiempo él se volvió muy controlador. Empezó por aislarla socialmente, continuó con dosis de maltrato psicológico y terminó en los golpes. Hasta que un día ella dijo basta.

Shinda nos cuenta que una educadora de la residencia en la que vive Paula actualmente le recomendó el estudio. Enseguida se puso en contacto con Noemí y acordaron una primera visita. En ese encuentro previo tatuadora y tatuada se conocieron y congeniaron. La chica les contó un poco lo que había vivido y les mostró la marca que quería cubrir. Sobre el proceso de diseño -explica Shinda-vieron entre ambas «algo que fuera bonito y que no se relacionara con lo que tenía». Y añade: «Con esta chica fue todo muy cercano y abierto desde el primero momento».

Otra peculiaridad de Desideratum es que procuran que la creación del tatuaje sea un ejercicio conjunto entre cliente y artista. En el caso de Paula y Shinda optar por una flor fue unánime. Las dos querían cubrir ese nombre de letras gastadas con algo «femenino y delicado». Que la representara más a ella. Por eso la flor de pétalos abiertos en negro -que simboliza la fortaleza-. Una obra de arte impresa en su piel que ahora luce con alegría. Debajo de ésta se lee con trazo fino: Manuel, el nombre de su padre. Quien ha sido su «pilar» en la lucha por vencer las secuelas del maltrato.

Noemí recuerda también otros casos. Mujeres que se han animado a tatuarse pero que todavía tienen miedo o vergüenza de exhibirse como víctimas de violencia machista ante la sociedad. Son mujeres que ya no están con sus parejas pero que están todavía en camino de superar el trauma. Si es que algún día puede llegar a superarse del todo. Una de ellas llegó al estudio con unas cicatrices en forma de garra en el hombro. Su chico, en un momento de furia, le había arrojado un cenicero. Para cubrir las terribles marcas usaron pequeñas flores. Otra historia, es la de una chica que escondía los vestigios alargados de unos navajazos en su abdomen que le hizo su pareja. Para cubrirlos, usaron plumas.

Un año después de la herida

La única restricción para optar por este tipo de tatuajes es que haya pasado al menos un año desde la cicatrización de la herida. Ni siquiera la cuestión económica es una limitación. Explica Shinda que varias de las mujeres que han acudido no tienen muchos recursos. En los casos concretos de violencia de género los trabajos se realizan de forma gratuita. Por el momento, han conseguido apoyo de una marca de tinta y aspiran a recibir, en un futuro, algún tipo de subvención municipal. Las víctimas de violencia machista conocen del estudio a través de entidades de apoyo y casas de acogida, como la Fundación Surt o la Fundación Ana Bella.

-¿Qué poder ejerce un tatuaje en estas mujeres [víctimas de maltrato]?- le preguntamos a Noemí.

-Tiene un efecto increíble. Pasa de ser una parte de la piel que ni siquiera miran o que evitan mirar a algo de lo que luego se sienten orgullosas. Me acuerdo de una chica que vino a tatuarse una cicatriz en la rodilla, que era incapaz de echar un vistazo a esa zona, que se ponía nerviosa cuando al bañarse se le caía el jabón y debía agacharse. Después del tatuaje empezó a reconocer otra vez esa zona de su cuerpo, empezó a gustarse, a llevar minifalda… es una forma de superar también.

Y la satisfacción es mutua. Tanto para la tatuada como para la tatuadora. Shinda describe su experiencia con Paula como «la más plena sonoridad». Por su parte, la joven reconoció estar encantada con que existieran este tipo de iniciativas. Para la artista es también una forma de dar visibilidad al problema y, a la vez, desviar los estereotipos negativos [de criminalidad, por ejemplo] asociados al mundo del tattoo.

Pero a Desideratum, no sólo llegan mujeres afectadas por la violencia de género a borrar sus cicatrices. Hay, asimismo, casos de personas que se autolesionaban y que buscan a través del tatuaje «romper con el pasado». Como Mimí, también de veinte y tantos. La joven que trabaja en el ámbito de la cultura y el teatro, eligió una ramita de romero para enterrar con arte las decenas de cicatrices lineales que le quedaron de los cortes que se hacía en el brazo.

El diseño corrió a cargo de la tatuadora e ilustradora Carla Bianchi. Una detallada ramita de romero acompañada de la palabra «Munay», que es el principio base de la cosmovisión andina y que significa amor. Esta planta -explica Mimí en una publicación de una red social- ha sido usada desde tiempos ancestrales con fines mágicos. Se lo hizo [como «ritual de bruja» que tiene para despedir cada año] a finales de 2017. Dice Noemí que la elección del diseño, aunque es un proceso conjunto con la artista, es una decisión muy personal. Hay chicas que prefieren «lo natural» y «lo femenino» y otras que piden trabajos más específicos. Como una chica, con los brazos saturados de cortes, escogió coloridos dibujos de personajes de Disney para taparlos.

Otros tattoos para públicos especiales que realizan en Desideratum son: reconstrucciones [en 3D] de pezones y para cubrir cicatrices de cesáreas o de operaciones de cambio sexo, en el caso de personas del colectivo LGBTI.

Your body, your choice [Tu cuerpo, tu decisión], reza el lema de este singular estudio de tatuajes donde sólo trabajan mujeres. Una resolución pensada, en principio, para generar un ambiente de confianza para el público especial que tienen. Y también, como enarbola Noemí, para «reivindicar un poquito el trabajo de la mujer en un mundo machista a tantos niveles».

http://www.elmundo.es/cronica/2018/03/16/5aa580b522601d78018b458a.html

Aumentan un 48% los menores enjuiciados por violencia de género

 

En estas últimas décadas se ha adoctrinado a los niños en las aulas en los disparates, mentiras y aberraciones feminazis. Se ha adoctrinado a la población con constantes campañas para que los propios padres adoctrinen a los hijos.

Se han aplicado las recetas feminazis para arreglar la supuesta lacra.

Aún así los datos que nos facilitan las propias feminazis demuestran que su falsa medicina no cura al falso enfermo sino que lo cronifica.

El negocio de la industria del maltrato necesita siempre fagocitar más recursos para dar de comer a tantos estómagos agradecidos.

En los últimos años ampliaron el negocio con la población adolescente. Ahora hacen ostentación de ello para seguir creando la alarma social que justifique la existencia de su negocio.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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Aumentan un 48% los menores enjuiciados por violencia de género

Homenaje a las muertas por violencia de género desde el año 2007 en Vinaròs. Domenech Castelló. EFE

OLGA R. SANMARTÍN – Madrid – 13 MAR. 2018

Cada vez salen a la luz más casos de violencia de género entre parejas adolescentes. Chicas muy jóvenes acuden a los juzgados para revelar reiteradas situaciones de control a través del teléfono móvil, manipulación psicológica y agresiones físicas. Los jueces de menores enjuiciaron en 2017 por delitos de malos tratos a 266 menores de edad, chicos que, sin tener cumplidos aún los 18 años, han convertido ya las vidas de sus novias en un infierno. Son un 48% más que los 179 registrados el año anterior.

Las cifras están recogidas en la estadística anual que este lunes hizo pública el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces considera “muy preocupante” el incremento de denuncias de malos tratos en las que el agresor es menor de edad. De las 266 registradas el año pasado, 249 acabaron con la imposición de medidas (a los menores no se les aplican penas de privación de libertad, pero sí se les condena a trabajos reeducativos de ayuda a la comunidad), 210 relativas a menores españoles y 39 a extranjeros.

Angeles Carmona, presidenta del Observatorio, explica que “en los juzgados cada vez se reciben más denuncias que afectan a menores de edad”. “Son niñas muy jóvenes, de 15, 14 o incluso 13 años. Esto tiene una doble lectura: por un lado es positivo porque se está denunciando más; por otro, indica que en las generaciones más jóvenes persisten las actitudes machistas en la pareja”.

Los datos de los jueces se complementan con los del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que, en varias encuestas realizadas en los últimos años, ha sacado porcentajes espeluznantes: un 27% de los jóvenes españoles cree que la violencia de género es una conducta normal en el seno de la pareja; más del 80% de los adolescentes afirma conocer algún acto de malos tratos en parejas de su edad; la mitad de los chicos y chicas afirma que la violencia machista ha aumentado en España en los últimos años…

La gran mayoría de los encuestados por el Centro Reina Sofía tiene una amiga que permite que su novio le revise el móvil o conoce a un chico que le dice a su novia con quién puede hablar o dónde puede ir, que controla todo lo que hace, que la insulta o difunde imágenes íntimas en las redes sociales sin su consentimiento, que le impide que vea a sus amigas o que la obliga a hacer cosas que no quiere. ¿Qué está pasando? ¿Hay más machismo y sumisión entre los jóvenes que antes?

“Antes no podíamos visibilizar el problema porque había muy pocas denuncias”, responde Carmona. “En los últimos estudios estamos observando que hay más. Han incrementado los hechos delictivos entre parejas jóvenes por dos motivos. El primero es que las relaciones cada vez comienzan antes y hay muchas chicas de 13 o 14 años que no tienen la madurez suficiente para percibir las primeras señales de que su pareja les está controlando. El segundo es que el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales es un importante campo de cultivo para ejercer una violencia de control sobre las adolescentes. Las redes sociales o el Smartphone permiten al maltratador realizar un control más fácil sobre su pareja”.

Carmona insiste en que estos datos “deben llevar a una reflexión” y resalta “la importancia de la educación”, para que, “desde los tres años, los niños y las niñas reciban educación en el respeto, en la igualdad, en tener unas relaciones afectivas sanas, en prevenir conflictos”. En este sentido, elPacto de Estado contra la Violencia de Género plantea un buen número de medidas, pero algunas están supeditadas al Pacto de Estado de Educación, del que el PSOE y Unidos Podemos se salieron hace unos días.

Otro dato igualmente “preocupante” que aparece en el informe anual del CGPJ es que los familiares de las víctimas sólo interponen un 2% de las denuncias realizadas. Es un porcentaje “muy bajo”, que no sube a pesar de que ha crecido el número de peticiones de auxilio a los juzgados. Los jueces están inquietos por “la falta” de implicación de los allegados, un hecho que obedece, según Carmona, a que la violencia de género “se sigue percibiendo como algo que pertenece a la intimidad de la pareja, en donde no debemos entrar”.

El conjunto de denuncias alcanzó durante 2017 su máximo histórico (166.620) y supone un 17% más que en 2017. También aumentó el número de condenas y de órdenes de protección y descendió -una buena noticia- el porcentaje de víctimas que se echan para atrás y se acogen a la dispensa de la obligación legal de declarar. “La mayoría de los casos se produce sin testigos ni pruebas y por eso la declaración de la víctima es muy importante. Muchos se quedan en nada porque la mujer se acoge a este derecho que el Pacto de Estado va a eliminar”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/13/5aa6e216ca4741d1028b45f6.html

 

Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

 

Continúa la persecución del disidente/opositor por parte de las feminazis.

Su negocio se resiente y braman contra quien pone en peligro su modo de vida: la industria del maltrato.

Las mentiras feminazis se tambalean y han de ser sostenidas por la fuerza ya que la lógica y las pruebas las refutan.

No pueden tolerar que las estadísticas judiciales contraríen sus mentiras. Los datos no pueden obstaculizar su credo.

Insisten en conculcar la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.

Para las feminazis la palabra de una mujer es verdad absoluta dado que las mujeres nunca mienten. Les resultan innecesarias las pruebas, documentación, testigos, investigación policial, instrucción judicial, juicio, fiscal y juez. Les basta con creer a la “víctima” y no necesitan otra “prueba” que la palabra de la mujer.

Exigen más adoctrinamiento a jueces y fiscales (impartido por ellas) y la eliminación de quien les lleve la contraria a sus disparates y mentiras.

Pero se enfadan cuando las llamamos feminazis.

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Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

Isabel López de la Torre muestra su denuncia durante la rueda de prensa. EFE

OLGA R. SANMARTÍN – Madrid -12 FEB. 2018

Presentarán quejas al CGPJ sobre casos concretos porque “no puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”

La primera es la de una víctima que ha denunciado a la jueza que llevó su caso y la imputó: “Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”

Las asociaciones feministas han decidido presentar quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre casos concretos en los que los jueces no estén dando un “trato” adecuado a las víctimas de violencia de género. Después de estar durante años recibiendo denuncias de mujeres que se ven “maltratadas judicialmente”, van a recopilar uno a uno todos los ejemplos y van a ir dando cuenta de ellos al máximo órgano de gobierno de los jueces.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa las representantes de seis organizaciones (la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos), que se han dirigido posteriormente a la sede del CGPJ para poner las dos primeras quejas.

La primera alude al caso de Isabel López de la Torre, que fue a denunciar a su pareja por malos tratos y salió imputada ella misma porque él la denunció también. Finalmente ha sido absuelta y él ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión, pero la niña de ambos sigue disfrutando del régimen de visitas. “Me he sentido tratada como si fuera una delincuente. El sistema te castiga por denunciar. Él me pegó con un palo de bambú por todo el cuerpo y me tiró al suelo y me intentó estrangular. Llegué al juzgando destrozada y suplicando ayuda, con moratones por todo el cuerpo. Pero él me puso una denuncia por tres arañazos que no le había hecho y apenas me dejaron hablar. Me convertí en la acusada. Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial. Salí de ese juzgado imputada”, ha relatado, antes de ir a denunciar a la jueza que llevó su caso.

En la queja presentada ante la Comisión del Régimen Disciplinario Judicial del CGPJ, ante el Observatorio contra la Violencia de Género del mismo organismo y ante el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las firmantes sostienen que, entre otras cosas, María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), expresó ante varios testigos: “Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal”.

“No es un hecho aislado”

En el escrito censuran “la ausencia de independencia judicial” y “los prejuicios” de la juez e insisten en que este tipo de comportamientos “representan una efectiva medida disuasoria a la hora de armarse la mujer de valor para denunciar”.

“No se trata de un hecho aislado, sino excesivamente frecuente, como pretenderemos demostrar, con las sucesivas denuncias que iremos haciendo llegar al CGPJ y a los respectivos observatorios, y todo ello para evitar que con nuestro silencio nos hagamos cómplices de una conducta inadmisible, sobre todo cuando, como en este caso, las mujeres acuden en demanda de protección y justicia ante los juzgados”, recalcan.

Y piden que “se tomen las medidas correspondientes con el fin de apartar de los juzgados de violencia de género y de los de familia a jueces y juezas que adolecen de prejuicios contra la mujer”.

La segunda queja la realizan contra el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia), Julián González, por sus “actitudes arrogantes y autoritarias”, “faltas de respeto y consideración” y “nula empatía”. Hasta 22 asociaciones feministas firman un escrito que señala que, “desde hace tiempo, mujeres que han sido parte en procedimientos de violencia de género y de derecho de familia seguidos ante este juzgado nos han manifestado su malestar por el trato que les ha dispensado su titular”.

Sostienen que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto “también” les ha confirmado que ha recibido quejas de mujeres en el mismo sentido. “Además, nos han informado de que nunca ha mostrado interés ni participación en las reuniones de coordinación para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado”.

El juez, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana con el PP, ha negado las acusaciones y ha afirmado no haber tenido quejas del Ayuntamiento de Sagunto en sus 12 años de ejercicio en la localidad.

Las firmantes piden al CGPJ que “proceda a advertir a este juez sobre la necesidad de modificar estas actitudes, impropìas de un órgano judicial, apercibiéndole de sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica” sobre igualdad de género.

Falta de formación

“Tenemos que tomar medidas. No puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”, ha expresado durante la rueda de prensa Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, ha explicado que esta forma de actuación es novedosa porque, hasta ahora, agrupaban todas las quejas y se las trasmitían al CGPJ de forma general, cuando se reunían con sus miembros para evaluar el seguimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género. “Desde ahora, cada vez que tengamos un caso, daremos traslado por escrito con quejas documentadas y casos concretos. Se insiste en que las víctimas deben denunciar, pero luego no reciben la respuesta esperada por parte de las instituciones”.

Además del “maltrato judicial” -entendido como “prejuicios que ponen en duda la credibilidad de su testimonio” y “falta de garantías y de buen trato” que provocan una “víctimización secundaria”-, han enumerado otras “deficiencias” con las que se han encontrado, como el hecho de que los juzgados denieguen el 75% de las órdenes de protección que se reclaman, no se haga una valoración efectiva de los riesgos o no se repare el daño causado.

Atribuyen todo ello a una “mala formación de los operadores judiciales”, incluso en los juzgados específicos. “Se nos dice que hacen un curso online de 16 horas, pero esa formación no habilita para tomar decisiones de tal envergadura”, expresa Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. “¿Y qué ocurre cuando la víctima acude a declarar? Que el juez le dice: ‘Por favor, señora, al grano, céntrese en el delito. Y la víctima se bloquea, porque no se puede encorsetar su dolor a un hecho concreto”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/12/5a818d1646163f29638b4588.html

 

El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

 

Más sueldos para estómagos agradecidos.

Más comisarios políticos.

Más adoctrinamiento a jueces y fiscales disfrazado de formación en igualdad basado en una ley que discrimina en función del sexo y conculca derechos básicos en base al derecho penal de autor que aplicaban Hitler o Stalin.

Todo ello realizado por quienes falsean datos y sostienen las conocidas mentiras de las feminazis. De hecho, van a ampliar las estadísticas con nuevas manipulaciones para justificar sus canalladas cuyo fin último es garantizarse el sueldo.

Que la ley que promueven y todas las medidas creadas bajo su paraguas no hayan servido para eliminar la presunta lacra les trae al fresco mientras el dinero público siga fluyendo a sus bolsillos.

Por supuesto, se incrementará la persecución al disidente/opositor y se garantizarán más privilegios a las falsas denunciantes.

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El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

jueves, 8 de febrero de 2018

Autor, Comunicación Poder Judicial

A propuesta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la Comisión Permanente solicita informes a distintos servicios del Consejo sobre la forma de dar cumplimiento a las medidas incluidas en el Pacto. El Consejo ampliará la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy poner en marcha el desarrollo de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que entran dentro de su ámbito de competencias, para lo que ha solicitado a distintos servicios de la institución la elaboración de propuestas concretas o de informes sobre la forma de dar cumplimiento a las mismas.

A propuesta de la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, la Permanente también ha acordado dirigirse a la Comisión Nacional de Estadística Judicial –de la que, además del órgano de gobierno de los jueces, forman parte el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y la Fiscalía General del Estado- para que los boletines estadísticos recojan información sobre todas las formas de violencia sobre las mujeres.

Para conseguir el cumplimiento de muchas de las medidas en las que el Consejo aparece como institución implicada, Carmona considera fundamental la colaboración del Grupo de expertos y expertas en Violencia Doméstica y de Género que asesora al Observatorio, aunque esta labor implicará además a servicios o departamentos del CGPJ como Inspección, Oficina Judicial, Promotor de la Acción Disciplinaria, Selección y Formación Inicial y Formación Continua.

Así, la Comisión Permanente ha encomendado al Grupo de expertos y expertas del Observatorio la formulación de propuestas para mejorar los protocolos de actuación entre los Juzgados y las Administraciones, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección.

También le ha solicitado que plantee una propuesta concreta de Protocolo de actuación específico para la toma de declaración de los menores en los procedimientos en los que exista cualquier forma de violencia incluida en el Convenio de Estambul y otra de actualización de la Guía de actuación de buenas prácticas judiciales.

Mientras tanto, los servicios del Consejo estudiarán, entre otras cuestiones, la forma de impulsar la especialización de los Juzgados de lo Penal en materia de violencia sobre la mujer y la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales, siempre que ello repercuta en una mejora cualitativa de la atención y de los medios con los que se cuenta.

Además, el Servicio de Formación Inicial y el Servicio de Formación Continua adoptarán las medidas necesarias para conseguir una mayor especialización en la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer.

Con ello se dará cumplimiento a las medidas número 214, 217, 218 y 262 del Pacto de Estado, que tratan sobre la extensión de la formación especializada a los órganos judiciales con competencia en materia de familia y de menores, la introducción de temas de Derecho Antidiscriminatorio en el temario de las oposiciones a judicatura y fiscalía o la formación sobre las especificidades de la inmigración.

Por último, la Comisión Permanente ha dado traslado a la Comisión Nacional de Estadística Judicial para que adopte las medidas que considere oportunas para, de acuerdo con el Convenio de Estambul, obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y elaborar estadísticas sobre abusos sexuales a menores y/o violencia sexual.

El CGPJ también insta a la Comisión Nacional de Estadística Judicial a incluir en los boletines estadísticos los datos relativos a la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad y/o diversidad funcional y a los casos de trata de personas con fines de explotación sexual.

Una vez que se hayan llevado a cabo los trabajos encomendados, los mismos serán remitidos a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-pone-en-marcha-el-desarrollo-de-las-medidas-del-Pacto-de-Estado-contra-la-Violencia-de-genero

 

Juana Rivas, condenada a indemnizar Francesco Arcuri por la fuga con sus hijos

 

Sólo le tendrá que pagar por los gastos materiales en los que ha incurrido. Aunque no todos.

De los daños morales causados al padre y a los hijos no se le obliga a resarcir. De hecho, es imposible resarcir el perderte la infancia de tus hijos. Infancia que ya no volverá.

Dada la repercusión mediática del caso servirá de ejemplo para disuadir a otras Juanas y para que otros jueces no tengan miedo en aplicar la ley.

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Juana Rivas, condenada a indemnizar Francesco Arcuri por la fuga con sus hijos

Juana Rivas este miércoles, en la sala de vistas. M. RODRÍGUEZ

La madre de Granada deberá compensar el mes que el italiano permaneció en España el pasado verano

Leo Rama – Granada – 07/02/2018

El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha acordado este miércoles la indemnización que deberá abonar Juana Rivas a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por el mes que éste permaneció en España mientras ella se encontraba en paradero desconocido con sus dos hijos. Aún se desconoce cuánto deberá abonar la madre a Arcuri. La cantidad dependerá de la documentación que aporte a la causa el italiano, que ha solicitado unos 1.900 euros por los desplazamientos y el alojamiento en España el pasado verano.

Aunque la defensa de la madre ha tratado de impedirlo, la documentación que la parte de Arcuri ha aportado ha sido aceptada por el juez, que ahora deberá estudiarla para aumentar o rebajar la cuantía que solicita el italiano; gastos que el abogado de Rivas considera «injustificados», aunque asume el cumplimiento de la condena fruto de la vista sobre posibles daños y perjuicios.

«Lo vamos a conseguir gracias a todos», ha asegurado Juana Rivas, confiada en que «todo va a salir bien». A la salida de los juzgados de Granada, a pesar del nuevo revés judicial, la madre ha defendido su actuación el pasado verano: «En procesos legales, no puedo hablar mucho. […] Era la realidad en la que yo estaba y era la alternativa que yo veía, es imposible que hubiese pensado de otra manera».

La vista de este miércoles ha tenido lugar después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que paralelamente investiga la presunta comisión de delitos por parte de Juana Rivas a causa de su fuga, acordara la apertura de juicio oral por la vía penal. A la madre se le imputan dos presuntos delitos: sustracción de menores y desobediencia a la justicia. El abogado de Rivas ha adelantado que pedirá la absolución de su cliente.

En concreto, la Fiscalía le pide cinco años de cárcel, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, mientras que Arcuri solicita la misma pena de prisión, la pérdida de la patria potestad durante ocho años y que lo indemnice con 30.000 euros por daños materiales y morales.

http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-juana-rivas-condenada-indemnizar-francesco-arcuri-fuga-hijos-201802071307_noticia.html

El fiscal ve acreditados los daños económicos que Juana Rivas causó a su ex pareja

RAMÓN RAMOS – Sevilla – 7 FEB. 2018

Francesco Arcuri reclama a su ex pareja Juana Rivas 1.912,5 euros, como devolución de los gastos que conllevó su estancia en Granada cuando acudió desde Italia a recoger a sus dos hijos en cumplimiento de una resolución judicial y la madre los retuvo y se mantuvo en paradero desconocido durante más de un mes del pasado verano.

La reclamación de Arcuri deriva de la resolución judicial que obligó a Juana Rivas a devolver a sus dos hijos, tras agotar todos los recursos a su alcance para mantener a los menores en España. Este nuevo ángulo del caso ha llegado este miércoles al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, en una vista pública que apenas ha durado diez minutos en los que el abogado de Arcuri ha anunciado que la cantidad reclamada se irá incrementando a medida que el padre italiano pueda documentar con facturas los gastos pagados con tarjeta durante su prolongada estancia en Granada, que podrían ascender a 7.000 euros. La Fiscalía se adhiere a la reclamación y la defensa de Juana Rivas alega que los gastos no están suficientemente justificados.

Los gastos que reclama Arcuri están “suficientemente precisados y documentados”, ya que “Francesco no vino nadando desde Italia”, ha alegado el letrado de su defensa, que ha aludido también al “lucro cesante” que no se cuantifica pero que, paralelamente, causó daños y perjuicios en la economía del padre. “En esos 33 días, Francesco tuvo que pagar un hotel, desayunar, comer y cenar”, ha añadido expresivamente el abogado de Arcuri

La defensa de Juana Rivas, sin embargo, considera que la documentación presentada en la sala por los abogados de Arcuri “no son facturas” ni están “acreditados los gastos, que, por otra parte, “no guardan relación con la causa”. El fiscal sí los considera acreditados y Rivas, por tanto, está obligada a pagar los gastos del viaje y la estancia.

En primera fila

La vista pública por la reclamación de Arcuri ha reunido en la ‘sala Luis Portero’ del edificio de La Caleta la habitual concentración de cámaras y micrófonos en torno a la presencia de Juana Rivas, quien durante la sesión ha permanecido en silencio en el primer banco de la dependencia judicial, donde no ha tenido que responder a pregunta alguna porque ninguna de las partes lo ha solicitado. Tampoco ha sido necesario recurrir al sistema de videoconferencia para registrar una hipotética declaración de Arcuri desde Italia porque tampoco ha sido requerida. El italiano Francesco Arcuri ha reclamado este miércoles en los tribunales a su ex pareja, Juana Rivas, el abono de 1.912,5 euros por los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno a Italia de los dos hijos que tienen en común, a raíz de que ella permaneciera casi un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que obligaban a que regresaran con el padre.

Juicio oral

La sesión de este miércoles se produce un día después de difundirse el auto que el auto de apertura de juicio oral en la vertiente penal del caso de la madre de Maracena, que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 por dos presuntos delitos de sustracción de menores y otro de desobediencia, a raíz de la retención de los dos hijos menores y su negativa a entregarlos al padre, como ordenaban las resoluciones judiciales en su contra. En este escenario, y a preguntas de los periodistas momentos después de celebrada la vista, Juana Rivas ha rehusado contestar a la pregunta de si se arrepiente de haber retenido a los dos niños: “Es imposible saber si, a día de hoy, volvería a actuar igual”, aunque ha reiterado que “yo era una víctima que escapó” de Italia porque era la única alternativa que veía frente a la supuesta situación de violencia que asegura haber padecido en Italia.

Como se ha venido publicando, la Fiscalía solicita para Juana Rivas cinco años de prisión y seis de inhabilitación en su derecho a la patria potestad sobre sus hijos. Arcuri, que ejerce la acusación particular, también pide cinco años de prisión pero eleva a ocho años la petición de inhabilitación y plantea a través de sus abogados la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia por el que pide nueve meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama 30.000 euros de indemnización por los “daños materiales y morales ocasionados”.

Juana Rivas abandonó el domicilio familiar de Carloforte, en Italia, con sus dos hijos menores en el verano de 2016 para pasar unas vacaciones en Granada, pero no regresó en el tiempo acordado -cuando la convivencia con su pareja se estaba deteriorando- y presentó una denuncia por maltrato doméstico ante la Guardia Civil de Maracena por hechos sucedidos presuntamente en el país trasalpino. Arcuri había sido condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, una sentencia que se dictó por un acuerdo de conformidad entre las partes que conllevaba la retirada de la denuncia que a su vez el italiano había interpuesto contra su pareja, con la que de mutuo acuerdo volvió a reanudar la convivencia tiempo después.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana Rivas interpuso en Granada. En paralelo, un juzgado de Cagliari mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/07/5a7ac6b646163f72068b4570.html

 

Abren juicio oral contra Juana Rivas

 

Buena noticia.

Esperemos que se cumpla la ley de una vez y que estos delitos dejen de ser impunes y sirva de mensaje disuasorio a quien en el futuro se plantee hacer lo mismo.

Lo sorprendente es que sus inductoras y colaboradoras hayan sido desimputadas dando manga ancha a quienes viven gracias a la industria del maltrato.

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Abren juicio oral contra Juana Rivas

La madre de Maracena, tras una de sus visitas a los juzgados de Granada. / EFE

Yenalia Huertas – Martes, 6 febrero 2018

El auto establece que los hechos, por los que se enfrenta a cinco años de cárcel, deben ser enjuiciados en un juzgado de lo Penal

La jueza de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, ha acordado la apertura de juicio oral contra Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores y, subsidiariamente, por un delito de desobediencia de orden judicial.

El auto de la magistrada, fechado el 22 de enero y al que ha tenido acceso IDEAL, declara que el órgano competente para el enjuiciamiento de la madre de Maracena es un “juzgado de lo Penal”.

En la resolución, se recogen los cargos que han formulado contra ella tanto el ministerio fiscal como la acusación que ejerce su expareja, Francesco Arcuri, representado en este proceso por el letrado Enrique Zambrano.

La fiscalía solicitó cinco años de prisión para Juana Rivas, al atribuirle la presunta comisión de dos delitos de sustracción de menores. La misma pena reclamó el padre de sus dos hijos menores, que además solicita una indemnización de 30.000 euros. No obstante, Arcuri planteó la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia, por el que pidió nueve meses de prisión.

La jueza dispone que se mantenga la situación de libertad de la granadina, que se vio inmersa en este proceso por permanecer oculta con sus dos hijos pequeños durante un mes, el verano pasado, para evitar entregárselos a su expareja, residente en Italia. La mujer le denunció en 2016, aprovechando que vino a España de vacaciones, por presunta violencia de género y esta denuncia se tramita actualmente en Italia.

http://www.ideal.es/granada/abren-juicio-oral-20180206185803-nt.html