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El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

 

Pese a las más que numerosas pruebas el juez ha decidido archivar la causa contra quienes ayudaron a delinquir a Juana Rivas.

Pese a las declaraciones públicas de la “asesora” Francisca Granados en las que hizo ostentación de sus delitos.

Pese a que indujeron e instruyeron para cometer el delito. Realizaron informes y documentos falsos. Malversaron fondos públicos. Etc.

Nada ajeno a lo que sucede cada día en los juzgados de familia y de violencia de género.

Había mucho en juego. Son miles de “asesoras” las que viven de esta industria del maltrato. Las mismas que se manifestaron en toda España para oponerse a la “criminalización” de tanta “experta” que se alimenta del dinero público argumentando las consabidas mentiras de las feministas.

El juez no ha sido capaz de aguantar la presión y la impunidad feminazi seguirá campando a sus anchas.

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El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

Juana Rivas acude al juzgado el pasado septiembre. MIGUEL RODRÍGUEZ

EUROPA PRESS – Granada – 13 DIC. 2017

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores tras permanecer casi un mes ilocalizable sin acatar la orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos al padre, ha acordado el archivo de esta causa para sus familiares, su asesora en el Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, de modo que el procedimiento continuará sólo contra la madre de Maracena.

En un auto notificado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado toma esta decisión después de que se unieran a las actuaciones la documentación aportada por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y de que la Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento provisional de la causa para todos los investigados a excepción de Juana Rivas, que está siendo investigada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores.

En la causa estaban siendo investigados el padre, la madre, y los hermanos de Juana Rivas por su presunta participación en los hechos, los cuales se acogieron a su derecho a no declarar el pasado agosto cuando fueron citados a comparecer ante el juez.

Días antes fueron citadas la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, como investigadas por “su presunta intervención” como “inductoras” o “partícipes necesarios” en la supuesta sustracción de los hijos de Rivas, extremo que negaron ante los medios.

Ambas estaban representadas por el despacho Aránguez Abogados, que ha presentado tres recursos a lo largo de la instrucción para solicitar elsobreseimiento de la causa respecto a sus patrocinadas por entender que “carecía de fundamento alguno”.

En declaraciones a Europa Press, el letrado Carlos Aránguez ha manifestado su “satisfacción” por esta decisión que, a su entender, “hace justicia” respecto a sus clientes.

En virtud de este auto, contra el que cabe recurso de reforma, la causa continuará exclusivamente contra Juana Rivas, representada por un equipo de abogados de Sevilla en coordinación con una letrada en Italia, donde hay abierto un procedimiento por la civil para decidir sobre la custodia de los pequeños, que residen desde finales de agosto con su padre en la isla de Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/13/5a316ca222601d10188b45c4.html

Promueven una recogida de firmas en apoyo a las asesoras de Juana Rivas en Maracena

Asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados

La plataforma 7N contra las violencias machistas ha promovido una recogida de firmas a través de internet en la que solicita a la justicia española que “deje de criminalizar” a las profesionales que han asesorado y apoyado desde el Centro de la Mujer de esta localidad granadina a Juana Rivas, la madre de Maracena obligada por la juez a entregar este lunes a sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, tras negarse a hacerlo hace más de un mes y declararse en “paradero desconocido”

EUROPA PRESS. 28.08.2017

“Juana Rivas ha mantenido su decisión mientras lo ha considerado posible, no incitada por su asesora jurídica y su psicóloga, sino por propia necesidad y voluntad”, ha señalado esta petición dirigida desde la web change.org al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, y que ha recogido más de 2.000 firmas en sus primeras 13 horas desde su puesta en marcha, en la noche de este pasado domingo.

La madre granadina, según recoge el texto de la petición, consultado por Europa Press, ha sido “incitada, como ella misma manifestó el pasado día 22 de agosto al salir del juzgado, por el apoyo social a su postura de intentar a toda costa lo que considera justo y necesario: conseguir protección de la justicia española para sus hijos frente al padre maltratador”.

“Somos miles las personas que hemos mostrado nuestro respeto a su decisión y nuestro apoyo a Juana Rivas en las plazas (de Maracena, Granada y otras ciudades), en las redes sociales y a través de los medios”, han señalado las promotoras de la iniciativa que se declaran “tan responsables de incitarla a delinquir como lo puedan ser su familia y las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena”, con quienes se solidarizan.

En el caso concreto de la asesora jurídica del CMIM de Maracena, Francisca Granados, la petición ha subrayado que “hay que estar muy convencida de la necesidad de no rendirse para, a pesar del miedo, enfrentar las consecuencias, y también para mantener el apoyo y dar la cara por ella ante la opinión pública”.

Tanto Granados como la psicóloga que ha atendido en el Centro de la Mujer a Juana Rivas, que permanece en libertad investigada por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores, están llamadas a declarar el próximo miércoles 30 de agosto en sede judicial por “su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios, en los delitos de sustracción de menores”.

El jueves 31 de agosto habrán de hacerlo, también como investigados, los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de Rivas por su presunta intervención en el posible delito de sustracción de menores.

El colectivo feminista que ha promovido la petición en change.org ha indicado, en este sentido, que “las leyes españolas, que desde 2015 dicen proteger del maltrato a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, son tremendamente hipócritas, pues en la práctica permiten su total desprotección”.

“Nuestras leyes dicen que hay que oír a las víctimas, pero no escucharlas”, por lo que, en opinión de la plataforma 7N, “es preciso desarrollarlas y modificar todo aquello contradictorio en las mismas”.

“Eso no es posible sin enfrentar al sistema a los efectos de sus propias contradicciones”, lo cual hace el caso de Juana Rivas, “que convertimos en causa, porque las contradicciones del sistema ya colmaron la paciencia feminista”.

La petición, que lleva por título ‘Basta ya de justicia patriarcal’, comienza explicando que tanto la madre de Maracena como su entorno sabían, cuando compareció ante el juez la semana pasada, que la justicia ordenaría la entrega de los niños al padre “dada la firmeza irrevocable de la sentencia que lo acuerda”.

“Juana Rivas, desde el principio, ha sido informada por su letrada y su asesora jurídica de las posibles consecuencias jurídicas de no devolver a sus hijos al padre”, ha indicado el texto, que ha agregado que la vecina de Maracena “ha querido intentar todo lo posible y lo imposible antes de devolverlos” pues “para ella la de entregar a los hijos al padre maltratador no es opción válida” ya que “equivale a una forma de suicidio: es matar toda posibilidad de defender a sus hijos del maltrato del padre”.

“Si la justicia española, la de su país, no da a sus hijos siquiera la protección temporal que permite el Convenio de la Haya -denegar la devolución inmediata-, mucho menos puede confiar en la italiana” pues en ese país, donde convivió con su excompañero sentimental, Francesco Arcuri, residente en Italia, “es extranjera”.

“La legislación y medios para enfrentar la violencia de género allí son mucho más precarios”, ha advertido la petición, que ha señalado que en Italia “es asesinada por violencia de género una mujer cada 72 horas”, habiendo “condenado” el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al país “por su ineficiente lucha contra la violencia machista”.

El entorno de Rivas está conformado por profesionales y familiares que son “responsables” de “no haber retirado a Juana su apoyo incondicional” mientras “existía aunque fuese un ínfimo resquicio de posibilidad de lograr protección de la justicia española”.

Este lunes al mediodía está previsto en Madrid que diversas asociaciones civiles entreguen en el CGPJ un escrito en contra de la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que obliga a entregar sus hijos al padre en un punto de intermediación familiar a las 17,00 horas.

Distintas iniciativas han sido promovidas en las redes sociales en las últimas semanas en apoyo a Juana Rivas, con etiquetas como #JuanaCuentaConmigo #YoApoyoAJuanaRivas o #JuanaEstáEnMiCasa.

http://www.20minutos.es/noticia/3120725/0/promueven-recogida-firmas-apoyo-asesoras-juana-rivas-maracena/

 

Un juez de Granada impone tres años de cárcel a una madre por el secuestro de su hijo

 

Afortunadamente algún juez se empeña en aplicar la ley haciendo caso omiso a las presiones feminazis.

No es la primera ocasión en que el juez Piñar condena a una mujer que se cree impune.

Alguna esperanza nos queda.

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Un juez de Granada impone tres años de cárcel a una madre por el secuestro de su hijo

La sentencia considera probado que se llevó al niño a Francia cuando la custodia corresponde al padre, a quien se lo debe devolver en 15 días

YENALIA HUERTAS – Granada.

Martes, 12 diciembre 2017

La sustracción de menores es un delito que se paga con cárcel. Con el mediático caso de Juana Rivas en la memoria colectiva, un juez de Granada, el magistrado Manuel Piñar, dictó ayer una sentencia que ilustra el alcance penal que conlleva una acción de este tipo. El magistrado condena a una mujer, L. J. M. L., a tres años de prisión por llevarse a su hijo a Francia aprovechando una visita consentida por el padre, que tiene la guarda y custodia, en junio de 2016. El fallo, que puede ser recurrido, señala que la acusada cometió un delito de sustracción de menores.

Junto a la pena de cárcel, también le imponen seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre el menor, a quien deberá entregar al padre, de iniciales H. G. T., en 15 días. Da la razón al fiscal, pues su defensa solicitaba la absolución.

La resolución declara probado que la procesada y el padre del menor habían mantenido una relación de la que nació el niño. Con el final de la relación, ambos suscribieron un convenio regulador, que fue tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, el mismo que llevó el caso de Juana Rivas en la vía civil. En el convenio acordaron que el padre ostentase la guarda y custodia del menor, aunque con la previsión de decidir en el futuro una custodia compartida si cambiasen las circunstancias. Incluso recogía la posibilidad de atribuir la guarda y custodia a la mujer si volvía a residir en España, teniendo en cuenta siempre el interés del menor.

El juez sostiene que, «sabiendo la acusada el contenido del convenio que ella misma había firmado y ratificado judicialmente, el 2 de junio de 2016 hizo saber a su ex pareja su deseo de ver al menor, que lo entregó bajo la promesa de ella de devolverlo el día 3, a las 15.00 horas». Pero no lo hizo. Se lo llevó a Francia, «donde lo tiene en su compañía, sin que su expareja haya podido verlo desde hace un año».

No ve maltrato

El fallo indica que la madre admitió haber firmado el convenio y que, además, «añadió que sabía que la custodia del niño se atribuyó al padre». Reconoció que se lo había llevado a Francia y explicó que si no lo entrega a H. G. T. es porque el crío le dijo que «el padre le pega».

El juez dice no tener dudas. Considera increíble el argumento de la defensa de que ella no ratificó el convenio o no recibió copia de la sentencia que lo aprobaba. Y es que, como recuerda, la sentencia del juzgado de familia refleja en sus antecedentes que el convenio fue ratificado. «Ella sabía la situación en la que se hallaba el menor bajo la guarda y custodia del padre cuando decide arrebatárselo», señala.

El magistrado añade que la mujer no ha probado que el menor haya sido maltratado por el padre, asunto que, en todo caso, «debe decidirlo el juzgado correspondiente en juicio contradictorio, donde se debe resolver si el interés del menor exige restringir las visitas con el padre».

Ve un delito de sustracción de menores, que castiga «al progenitor que, sin causa justificada para ello, sustrajere a su hijo menor». Se entiende por tal «el traslado del menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con el que conviva habitualmente o la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa». Para el juez, «está claro» que L. J. M. L. conocía la resolución y tuvo «una clara intención» de incumplirla.

http://www.diariosur.es/sociedad/juez-granada-impone-20171212003222-ntvo_amp.html

Un juez acusa a la Fiscalía de actuar como Hitler y Stalin

http://projusticia.es/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-hitler-y-stalin/

 

 

 

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Un nueva denuncia sobre la prevaricación constante en el juzgado de familia 28 de Madrid.

Son hechos probados. Es una grabación.

No pasará nada. O la archivarán sin más trámite o trasladarán a la juez Emilia Marta Sánchez Alonso a otro juzgado. Igual que hicieron con su antecesora María Dolores Planes Moreno.

La pichicóloga Natalene Suanzez Leenhardt reconoce que se ha ido de rositas gracias a la intervención de la propia jueza.

La prevaricación es una constante en este juzgado. Una simple comprobación de sus estadísticas sirve para despejar cualquier duda.

Emilia Marta Sánchez Alonso

Tanto por parte de la jueza como del equipo psicosocial que la “asiste”. Nada extraño en los juzgados de familia.

http://projusticia.es/la-jueza-emilia-marta-sanchez-alonso-y-la-prevaricacion-judicial/

 

Juzgados de familia. Política de hechos consumados. Extravío del expediente. 

 

La jueza María Dolores Planes Moreno y la prevaricación judicial.

 

http://planesmoreno.blogspot.com.es/

 

Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

 

Las feminazis no toleran que no les sigan el juego. Menos aún que les lleven la contraria.

Es llamativo que ahora utilicen los argumentos que antes negaban para invalidar el “trabajo” de los equipos psicosociales.

Delito de odio. ¡Hay que tener cara dura!

No olvidemos que es una ideología totalitaria y persiguen al disidente/opositor.

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Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

Manifestación contra la violencia de género celebrada en Madrid el pasado día 25. Javi Martínez

Patricia del Gallo – Oviedo – 29 NOV. 2017

Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres

Las organización Women’s Link Worldwide y el colectivo asturiano Abogadas para la Igualdad han presentado una querella contra el psicólogo forense de Oviedo que emite para la Administración de Justicia en Asturias la mayoría de los informes periciales sobre víctimas de violencia de género y menores que denunciaron abusos sexuales. Le acusan de un delito de odio las mujeres. Según las denunciantes, este profesional, encargado de valorar estos casos, basa sus informes en “prejuicios y estereotipos” de género como que “las mujeres manipulan a sus hijos e hijas para dañar a sus parejas o ex parejas” dice la querella.

Este colectivo ha dado el paso de querellarse amparándose en el artículo del 510 del Código Penal tras su reforma en 2015. Es la vía que han encontrado después de escuchar y presentar durante los últimos años quejas formales contra este profesional, que además es el decano presidente del Colegio de Psicólogos de Asturias. Se encarga de valorar la mayoría de los casos de abusos a menores y Abogadas para la Igualdad y Women’s Link temen que, debido a sus informes, gran parte de los delitos hayan quedado impunes, ya que ante las denuncias lo primero que hacen los jueces es pedir un informe pericial a un especialista. Si éste es desfavorable a la víctima, como aseguran está ocurriendo en la mayoría de los casos, el juez archiva la causa.

En esta querella, presentada por ambos colectivos como acusación popular, se aportan los casos de dos mujeres víctimas de violencia de género y de tres menores que supuestamente sufrieron abusos, dos por parte del padre y en el otro del abuelo. En sus casos, señalan, el psicólogo desacreditó sus versiones y calificó a las madres de “mentirosas y manipuladoras”. Las denunciantes sospechan que hay decenas de casos como estos y les animan a denunciar.

El delito de odio por razones de género recogido en el artículo 510 del Código Penal está tipificado con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/29/5a1e70c522601dc2128b45c8.html

 

Acuden a desahuciarle y descubren que llevaba cuatro años muerto en su casa de San Blas

 

Uno más.

Tras un proceso de divorcio en el que se le priva de hijos, dignidad y patrimonio, la soledad es lo único que espera a miles de hombres cada año.

Hasta el extremo de acabar sus días sin que nadie repare en su ausencia.

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Acuden a desahuciarle y descubren que llevaba cuatro años muerto en su casa de San Blas

Calle Castillo Madrigal de las altas torres JAVIER BARBANCHO

LUIS F. DURÁN – Madrid – 23 NOV. 2017

Fue descubierto al presentarse en su casa la comisión judicial para desahuciarle

Agustín, de 56 años, murió en el otoño de 2013. Falleció en su casa de San Blas, probablemente por una enfermedad hepática que padecía. Pero hasta la semana pasada no se descubrió el cadáver en su domicilio, situado en el tercer piso del número de 5 de la calle de Castillo de Madrigal de las Altas Torres, en el corazón del barrio de Simancas.

El cuerpo fue encontrado momificado en una habitación de la casa, según fuentes jurídicas. Su hallazgo se produjo cuando iba a ser desahuciado de su domicilio por orden del Juzgado de Instrucción Número 100 de Madrid.

En el barrio no se hablaba ayer de otra cosa. Y todos se hacían la misma pregunta: “¿Cómo es posible que llevase allí cuatro años fallecido?”. Los más sorprendidos eran los vecinos del bloque, los de su rellano de escalera. “Es increíble pero hemos estado cuatro años conviviendo con un cadáver sin saberlo”, dijeron. “Nadie olió nada raro, nada extraño”, explicaban con perplejidad. Sin embargo, sí recordaban que hace tiempo el vecino del tercero comentó que parecía que olía a muerto. «Es el chico del tercero el que lo dijo. Y señaló que percibió algo muy raro», apuntó otra persona.

Todos en el vecindario le habían echado en falta a lo largo de estos años, pero pensaron que había perdido la vida en el hospital. “Agustín estaba enfermo. La última vez que le vimos con vida, en 2013, fue una tarde que vino una ambulancia y se lo llevó. No le volvimos a ver y creímos que había muerto en el centro médico”, explicaban.

Esta suposición estaba además avalada por lo que el propio fallecido decía a sus amigos. Les contó que estaba enfermo sin precisar qué sufría, insistieron varias personas.

El fallecido vivía solo desde hacía varios años, según sus allegados. “Se había separado de la mujer hace tiempo y creo que tenía una hija que ya debe ser mayor”, señaló otro de los residentes. “Había trabajado toda su vida en Telefónica y nos dijo que se había prejubilado. Paseaba por el barrio y tenía muchos amigos, pero no sabíamos nada de su familia. Desconocemos si tenía hermanos o parientes con los que mantenía contacto”, apuntaban en la plaza donde vivía.

En su buzón no cabía ni un solo papel al estar repleto de cartas y documentos. “Creo que un día vinieron preguntando por él del banco pero no sabemos qué pasó”, explicaba una persona. Le habían cortado el agua y la luz, pero, obviamente, nadie le daba por muerto.

El pasado 14 de noviembre se presentó en su casa la comisión judicial. Era la fecha señalada para el lanzamiento por impago de las letras de la casa. Según los vecinos, acudieron junto a un cerrajero. Fue al entrar cuando encontraron al hombre.

El cadáver momificado se encuentra en el Instituto Anatómico Forense. A priori, se sospecha que llevaba unos cuatro años muerto. Ya se le han realizado las pruebas de ADN y los antropólogos se están encargando de tratar de descubrir la causa de la muerte. En la casa todo estaba en orden y no había nada revuelto. Por lo tanto, en principio se descarta que su muerte fuese violenta.

http://www.elmundo.es/madrid/2017/11/23/5a15d730268e3e183a8b45dd.html

 

El Gobierno frena la ley de custodia compartida ante la falta de apoyos

 

Excusas de mal pagador.

Nuevamente engañados.

Tomándonos por idiotas.

Es evidente que hay que hacer más presión o los políticos no nos harán caso.

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El Gobierno frena la ley de custodia compartida ante la falta de apoyos

La ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Dolors Monserrat -EFE

La ministra de Asuntos Sociales, Dolors Monserrat, asegura que hoy solo es apoyada por Ciudadanos y el PP

Avanza que el reglamento para las adopciones internacionales estará listo en el primer trimestre de 2018

Ana I. Sánchez – Madrid – 22/11/2017

La ley de custodia compartida tendrá que seguir esperando. Así lo ha apuntado la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Dolors Monserrat, esta mañana en el Pleno del Congreso donde ha asegurado que esta iniciativa solo cuenta a día de hoy con el apoyo de PP y Ciudadanos y que este respaldo es insuficiente para que pueda ser aprobada. «Falta consenso», ha asegurado.

En respuesta a la diputada de Ciudadanos, Patricia Reyes, que le pedía celeridad en el desarrollo de esta ley, Monserrat le ha recordado que el texto tendrá un «gran impacto» en las familias y en sus hijos y, por ello, debe ser aprobado con «grandes consensos».

«Una ley que tiene este impacto, no puede salir de esta Cámara con la mitad más uno, porque al final lo que estaríamos consiguiendo es una sociedad dividida en dos», le ha advertido. Según Monserrat, deberá aprobarse «con el mayor apoyo del Congreso de los Diputados. No podemos hacer electoralismo con este tema».

La ley de custodia compartida es uno de los compromisos alcanzados por PP y Ciudadanos dentro del pacto de investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En lo que sí trabaja el Ejecutivo es en el reglamento de adopciones internacionales. Montserrat ha avanzado que prevé tenerlo listo para el primer trimestre del año que viene y que para ello pasará al trámite de información pública este jueves. Reyes le había acusado de mantener «bloqueadas» las adopciones desde hace dos años.

http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-frena-ley-custodia-compartida-ante-falta-apoyos-201711221222_noticia.html

 

El bofetón de Antonio David Flores a Rocío Carrasco: recibe un premio por su labor como padre

 

Uno más de los miles de casos que se dan cada año en España.

Esperemos que a David Flores le vaya bien y que su caso visibilice los demás, tan ocultados por las directrices políticas siguiendo los dictados de la agenda de género.

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El bofetón de Antonio David Flores a Rocío Carrasco: recibe un premio por su labor como padre

El ex guardia civil recibe el Premio Libra por su lucha por la custodia compartida de los hijos que tiene con la hija de Rocío Jurado.

Chic/Agencias

2017-11-15

Antonio David Flores recibió este miércoles el Premio Libra por su lucha por la custodia compartida de sus hijos y lo hace junto a otros cinco premiados como José María García, Josep Maldonado, Manuel Altava, Nicolás de Cárdenas y Tomás Aceituno.

En medio del complicado momento judicial que vive con Rocío Carrasco, sin duda este premio tiene un sentido muy especial para Antonio David. Y es que, desde que se separó de su exmujer, ha luchado por la custodia de sus hijos siendo ellos los que han decidido quedarse al lado de su padre.

Visiblemente emocionado por el reconocimiento, Antonio David Flores llegó solo a Sevilla para recoger el premio y, como no podía ser de otra forma, en su discurso tuvo muy presente su caso personal. A la espera de conocer la resolución de la juez para saber si se archiva el caso o va a juicio por la denuncia de malos tratos interpuesta por Rocío Carrasco, Antonio David comentó en su discurso: “Cuando estoy en contra de la ley de violencia de género es cuando alguna mujer la utiliza poniendo una denuncia falsa, acogiéndose a sus beneficios, son muchos, ya lo sabemos. Pero hay uno que es fundamental, es que el padre denunciado por violencia de género, ipso facto pierde la custodia compartida. No hay marcha atrás. De repente, igual no tienen en cuenta el perjuicio que se crea al padre y a sus hijos al utilizar de una manera dañina y falsa esta ley”.

Antes de finalizar su discurso, Antonio David quiso dedicarle el premio a las que sin duda son las personas más importantes en su vida: “Ofrecer este premio a mi mujer y a mis hijos porque solo ellos saben realmente cómo lo están pasando. Como bien sabéis, hace siete meses fui denunciado por mi exmujer, utilizando la Ley de Violencia de Género. Estoy esperando que la juez se pronuncie, para archivar la causa o ir a juicio. Espero la próxima vez poder hacer una reflexión algo más extensa y con datos sobre la Ley de Violencia de Género”.

En años anteriores, también otros rostros conocidos recibieron este mismo premio como fue el caso de Francisco Rivera o el propio Jesulín de Ubrique,que recibió este mismo reconocimiento el pasado año en medio de una gran polémica.

 

http://www.libertaddigital.com/chic/corazon/2017-11-15/rocio-carrasco-antonio-david-flores-premio-libra-labor-como-padre-1276609143/

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/polemicas-declaraciones-Antonio-David-violencia_2_2468055090.html

Una denuncia y un testigo bastan para que una divorciada perciba pensión de viudedad por malos tratos

 

No es la primera sentencia al respecto.

La más sangrante ha sido la que dictó Gloria Poyatos, presidente de la Asociación de mujeres juezas de España.

El Tribunal Supremo sienta doctrina al respecto saltándose el sentido común y el más elemental criterio jurídico.

La seguridad jurídica eliminada.

Acercarse a una mujer es una actividad de alto riesgo. Vamos camino de igualar a Japón donde casi la mitad de la población no quiere tener trato alguno con el sexo contrario.

La pensión de viudedad la pagaremos los demás españoles con nuestros impuestos. Eso es perspectiva de género.

La agenda de género sigue implantándose.

Feminazis. Tarde o temprano tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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Una denuncia y un testigo bastan para que una divorciada perciba pensión de viudedad por malos tratos

Xavier Gil Pecharromán

14/11/2017

Las víctimas de violencia de género tienen derecho “en todo caso” a pensión

En la denuncia por daños en el vehículo decía “sospechar” de su marido

Tiene derecho a pensión de viudedad, aunque no tenga reconocida pensión compensatoria, la mujer que a la fecha de su separación era objeto de amenazas e insultos, según reconoce el Tribunal Supremo, en una sentencia de 26 de septiembre de 2017.

El ponente, el magistrado De Castro Fernandez, señala que sirven como pruebas del mal trato la existencia de dicha denuncia y la declaración de un testigo sobre supuestos malos tratos no acreditados.

Acepta el magistrado las conclusiones del juzgado de Instancia que estimó que “se puede presumir plena objetividad de la testigo, en tanto que carente de interés alguno a la vista de las circunstancias concurrentes y valoradas por este Juzgador en aras del principio de inmediación, y que fue la que precisamente refirió los citados insultos durante la vida marital de la demandante”.

La recurrente presentó denuncia por un posible caso de violencia de género ante la Policía Local, por daños en su vehículo particular interpuesta por la víctima con posterioridad a la separación, sin que conste acreditado que se hubiera instruido procedimiento penal alguno frente al excónyuge de la demandante.

Manifestaba en la denuncia que “sospecha que el causante… pudiera ser su ex marido, puesto que en anteriores ocasiones ha sido amenazada de muerte por él”.

La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece que las víctimas de violencia de género tienen derecho “en todo caso” a percibir la pensión de viudedad a pesar de estar legalmente separadas o divorciadas y no satisfacer el requisito general de ser beneficiarias de una pensión compensatoria por parte del cónyuge en el momento de su fallecimiento.

Para los de abogados del Colectivo Ronda, que han actuado como defensores de la reclamante, la Sala del TS estima que no hay ninguna razón para anteponer el propio criterio, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al del titular del Juzgado Social 1 de Tarragona, ni cuestionar el hecho de que la declaración de un testigo pueda ser argumento suficiente para considerar probada la existencia de violencia de género”.

En este sentido, consideran que la resolución resulta de enorme trascendencia para numerosas víctimas que sufren dificultades para acreditar los malos tratos sufridos, especialmente cuando ha transcurrido cierto tiempo desde su materialización.”

La decisión del Supremo, adoptada en pleno y con voluntad de unificar doctrina, refuerza la potestad de los tribunales para realizar interpretaciones amplias de la normativa con voluntad de proteger los intereses de la parte más débil, la víctima, frente a situaciones de violencia”, explican.

 

Sentencia en el siguiente enlace.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8185165&links=&optimize=20171027&publicinterface=true

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8743099/11/17/Una-denuncia-y-un-testigo-bastan-para-que-una-divorciada-perciba-pension-de-viudedad-por-malos-tratos.html

 

La Comunidad de Murcia crea un protocolo dirigido a centros educativos para alumnos con padres separados

 

Otra Comunidad Autónoma que se inventa un “protocolo propio” que no es sino copia de los que ya han aplicado otras Comunidades Autónomas. Y éstos a su vez son plagios del “Decálogo de actuación de colegios y médicos ante hijos de padres separados” redactado hace años por esta Asociación como parte de su labor para facilitar a los afectados la defensa de sus derechos.

Decálogo que no es mas que un recopilatorio de las leyes en vigor sobre la materia y que no se aplicaban. Ley de Educación, Ley de Sanidad, etc.

Bienvenido sea por el bien de hijos y padres.

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La Comunidad crea un protocolo dirigido a centros educativos para alumnos con padres separados

25/10/2017

La Consejería de Educación dota a los centros de herramientas para facilitar la resolución de conflictos entre progenitores separados en el ámbito educativo de sus hijos

El protocolo regula la comunicación de los centros con los padres, la recogida de menores, el proceso de escolarización o la participación en actividades, siempre favoreciendo al alumno menor de edad

Una de las novedades es duplicar toda la información relacionada con el menor en el caso de que ambos progenitores tengan la patria potestad

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha enviado esta mañana a los centros educativos las nuevas instrucciones para establecer pautas comunes de actuación sobre cuestiones que afectan al alumno menor de edad con padres, madres o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado.

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cacha, informó hoy en Consejo de Gobierno del nuevo protocolo de actuación en los centros escolares para facilitar la resolución de conflictos entre progenitores separados en el ámbito educativo de sus hijos.

“Este protocolo es importante para que los equipos directivos y docentes puedan seguir medidas concretas para reforzar la mediación entre padres cuando no haya acuerdo en situaciones cotidianas que afecten al alumnado”, señaló la consejera.

El protocolo entrará en vigor esta semana y regula la comunicación de los centros con los padres, la recogida de los menores, el proceso de escolarización y la participación en actividades de menores y padres en los centros, siempre favoreciendo al alumno menor de edad.

Martínez-Cachá explicó que “estas instrucciones surgen de la comunicación y el trabajo conjunto con equipos directivos, asociaciones de padres y madres de alumnos e inspección educativa y de las necesidades que se han detectado en relación a alumnos con padres separados”. Así, señaló que “el protocolo de actuación facilita la gestión de las situaciones siempre primando el interés del menor y favoreciendo el buen clima escolar”.

Derecho a la información

Con carácter general, el padre, madre o tutor legal separado, divorciado o sin vínculo matrimonial o de pareja de hecho, en virtud de la patria potestad y con independencia de que tenga o no asignada la guarda y custodia del menor, tendrá derecho a ser convocado para acudir a las reuniones informativas que realice el centro en relación con el proceso educativo del alumno.

Una de las novedades consiste en duplicar toda la información relacionada con el menor en el caso de que ambos progenitores tengan la patria potestad, incluido el boletín de calificaciones.

Así, recibirán por duplicado, si fuese necesario, toda la información relacionada con notas informativas, entrevistas familiares, calificaciones, solicitud de becas, asistencia al comedor, adopción de medidas educativas, autorizaciones para participar en actividades extraescolares y complementarias.

Recogida de los menores

En cuanto a la recogida del centro, el menor se entregará al padre o madre o tutor, según establezca la resolución judicial, sin perjuicio de que éste pueda autorizar por escrito al otro progenitor o a una tercera persona para que lo recoja en su nombre. Para ello, quien tenga la guardia y custodia entregará al centro un listado de personas autorizadas debidamente identificadas para poder recoger al menor a la salida de clase.

En caso de impuntualidad en la recogida, el maestro, profesor o responsable en el centro educativo se pondrá en contacto con la persona autorizada y, en caso de no obtener respuesta, dará parte a la Autoridad competente para que intente localizar a la familia o se ponga en contacto con Servicios Sociales.

Escolarización

Por otro lado, el Protocolo de Actuación también establece la norma para el proceso de escolarización de los menores. En este sentido, uno de los aspectos más importantes que se recogen, y que afectará a todas las familias, es que a partir del próximo curso sólo se admitirá una única solicitud por cada alumno, en la que ha de constar las firmas del padre y de la madre, estén o no separados. En todos los casos las solicitudes deberán ir firmadas por ambos.

Cuando se solicite la admisión en un centro educativo y exista discrepancia en relación con la localidad o municipio donde este se ubica, se dará prioridad a la escolarización en la localidad donde reside el progenitor que convive habitualmente con el menor.

Si la custodia es compartida o convive por igual con ambos progenitores o tutores legales, se dará prioridad, en primer lugar, al centro en el que el menor tenga hermanos y, en su defecto, al centro más próximo al domicilio de cualquiera de ellos. Una vez matriculado un alumno, para proceder a un cambio de centro se requerirá como regla general el consentimiento expreso de ambos progenitores.

Respecto a la participación en las actividades del centro, siempre que ambos padres mantengan la patria potestad, ambos podrán formar parte en el Consejo Escolar. Además, tendrán derecho a ser informados del calendario de elecciones al Consejo Escolar, así como a participar en el funcionamiento del centro a través de las diferentes asociaciones

Discrepancias entre los progenitores

Finalmente, entre las medidas que incluye el protocolo se contempla que persistan las discrepancias entre los progenitores. En este caso, si estas desavenencias constantes pudieran perjudicar la integración social y educativa del menor, el equipo directivo del centro escolar deberá poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Adela Martínez-Cachá destacó que “se trata de un paso muy importante que beneficia tanto a los centros educativos como a los padres porque les permite ser proactivos en la educación de sus hijos sin sentirse excluidos y, lo más importante, beneficia a los niños, porque se favorece siempre el interés superior del menor y evita situaciones que le puedan generar incertidumbre, miedo o ansiedad”.

La consejera añadió que, de esta forma, “se da respuesta a una importante demanda social y se dota a los centros educativos de herramientas hasta ahora inexistentes para facilitar la resolución de conflictos”.

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=93914&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70

http://www.laopiniondemurcia.es/consejo-gobierno/2017/10/25/centros-escolares-tendran-protocolo-evitar/869865.html

http://www.laverdad.es/murcia/centros-informaran-fiscal-20171026013541-ntvo.html

 

Las demandas de disolución matrimonial disminuyen un 10,3 por ciento en el segundo trimestre del año

 

 

miércoles, 18 de octubre de 2017

Las demandas de disolución matrimonial disminuyen un 10,3 por ciento en el segundo trimestre del año

El descenso se observa en todas las formas de disolución, tanto contenciosas como consensuadas. Canarias y la Comunidad Valenciana registran el mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes

AutorComunicación Poder Judicial

En el segundo trimestre de 2017, el número de demandas de disolución matrimonial –separaciones y divorcios- experimentó una disminución del 10,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 33.434 a 29.988, según los datos recogidos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Aunque el descenso se observa en todas las formas de disolución, la mayor reducción interanual se dio en las separaciones no consensuadas: las 440 presentadas suponen un 14,6 por ciento menos que las registradas en el segundo trimestre de 2016. Mientras tanto, las separaciones de mutuo acuerdo cayeron un 12,1 por ciento (de 1.061 a 933).

En cuanto a los divorcios, las 17.095 demandas de divorcio consensuadas son un 9,3 por ciento menos que las presentadas entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2016; mientras que las 11.520 demandas contenciosas representan un descenso del 9,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, en el segundo trimestre del año se presentaron 36 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 46 de igual periodo de 2016.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2017, la media nacional de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes fue de 6,44.

Canarias (7,4) y la Comunidad Valenciana (7,39) son los territorios donde mayor número de demandas por habitante se registraron, aunque Asturias (6,99), Cataluña (6,89), Andalucía (6,77), Illes Balears (6,75), Cantabria (6,67) y Murcia (6,55) también superaron la media española.

En el otro extremo, Castilla y León (5,15) es la Comunidad Autónoma que menos demandas de disolución matrimonial registra en relación con su población.

Bajan los procedimientos de modificación de medidas

Los datos recogidos por la Sección de Estadística también revelan un descenso interanual en todos los procedimientos de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales.

Así, en el segundo trimestre del año se iniciaron 2.804 procedimientos de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 7,5 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior; y 9.391 de modificación de medidas no consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 4,2 por ciento.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 5.094 demandas consensuadas, un 5,4 por ciento menos que en el mismo periodo de 2016; y 7.441 demandas no consensuadas, un 6,3 por ciento menos.

Consulte los datos estadísticos en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial

Archivos asociados

  • NdP_divorcios_2T_2017.pdf

 

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Las-demandas-de-disolucion-matrimonial-disminuyen-un-10-3-por-ciento-en-el-segundo-trimestre-del-ano