Teléfono: 620100000 - Email: info@projusticia.es

Si no encuentra la página que busca pruebe en la sección "web anterior".

 

Concentración día del padre 2018

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

 

Continúa la persecución del disidente/opositor por parte de las feminazis.

Su negocio se resiente y braman contra quien pone en peligro su modo de vida: la industria del maltrato.

Las mentiras feminazis se tambalean y han de ser sostenidas por la fuerza ya que la lógica y las pruebas las refutan.

No pueden tolerar que las estadísticas judiciales contraríen sus mentiras. Los datos no pueden obstaculizar su credo.

Insisten en conculcar la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.

Para las feminazis la palabra de una mujer es verdad absoluta dado que las mujeres nunca mienten. Les resultan innecesarias las pruebas, documentación, testigos, investigación policial, instrucción judicial, juicio, fiscal y juez. Les basta con creer a la “víctima” y no necesitan otra “prueba” que la palabra de la mujer.

Exigen más adoctrinamiento a jueces y fiscales (impartido por ellas) y la eliminación de quien les lleve la contraria a sus disparates y mentiras.

Pero se enfadan cuando las llamamos feminazis.

-o-o-o-o-

Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

Isabel López de la Torre muestra su denuncia durante la rueda de prensa. EFE

OLGA R. SANMARTÍN – Madrid -12 FEB. 2018

Presentarán quejas al CGPJ sobre casos concretos porque “no puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”

La primera es la de una víctima que ha denunciado a la jueza que llevó su caso y la imputó: “Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”

Las asociaciones feministas han decidido presentar quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre casos concretos en los que los jueces no estén dando un “trato” adecuado a las víctimas de violencia de género. Después de estar durante años recibiendo denuncias de mujeres que se ven “maltratadas judicialmente”, van a recopilar uno a uno todos los ejemplos y van a ir dando cuenta de ellos al máximo órgano de gobierno de los jueces.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa las representantes de seis organizaciones (la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos), que se han dirigido posteriormente a la sede del CGPJ para poner las dos primeras quejas.

La primera alude al caso de Isabel López de la Torre, que fue a denunciar a su pareja por malos tratos y salió imputada ella misma porque él la denunció también. Finalmente ha sido absuelta y él ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión, pero la niña de ambos sigue disfrutando del régimen de visitas. “Me he sentido tratada como si fuera una delincuente. El sistema te castiga por denunciar. Él me pegó con un palo de bambú por todo el cuerpo y me tiró al suelo y me intentó estrangular. Llegué al juzgando destrozada y suplicando ayuda, con moratones por todo el cuerpo. Pero él me puso una denuncia por tres arañazos que no le había hecho y apenas me dejaron hablar. Me convertí en la acusada. Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial. Salí de ese juzgado imputada”, ha relatado, antes de ir a denunciar a la jueza que llevó su caso.

En la queja presentada ante la Comisión del Régimen Disciplinario Judicial del CGPJ, ante el Observatorio contra la Violencia de Género del mismo organismo y ante el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las firmantes sostienen que, entre otras cosas, María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), expresó ante varios testigos: “Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal”.

“No es un hecho aislado”

En el escrito censuran “la ausencia de independencia judicial” y “los prejuicios” de la juez e insisten en que este tipo de comportamientos “representan una efectiva medida disuasoria a la hora de armarse la mujer de valor para denunciar”.

“No se trata de un hecho aislado, sino excesivamente frecuente, como pretenderemos demostrar, con las sucesivas denuncias que iremos haciendo llegar al CGPJ y a los respectivos observatorios, y todo ello para evitar que con nuestro silencio nos hagamos cómplices de una conducta inadmisible, sobre todo cuando, como en este caso, las mujeres acuden en demanda de protección y justicia ante los juzgados”, recalcan.

Y piden que “se tomen las medidas correspondientes con el fin de apartar de los juzgados de violencia de género y de los de familia a jueces y juezas que adolecen de prejuicios contra la mujer”.

La segunda queja la realizan contra el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia), Julián González, por sus “actitudes arrogantes y autoritarias”, “faltas de respeto y consideración” y “nula empatía”. Hasta 22 asociaciones feministas firman un escrito que señala que, “desde hace tiempo, mujeres que han sido parte en procedimientos de violencia de género y de derecho de familia seguidos ante este juzgado nos han manifestado su malestar por el trato que les ha dispensado su titular”.

Sostienen que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto “también” les ha confirmado que ha recibido quejas de mujeres en el mismo sentido. “Además, nos han informado de que nunca ha mostrado interés ni participación en las reuniones de coordinación para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado”.

El juez, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana con el PP, ha negado las acusaciones y ha afirmado no haber tenido quejas del Ayuntamiento de Sagunto en sus 12 años de ejercicio en la localidad.

Las firmantes piden al CGPJ que “proceda a advertir a este juez sobre la necesidad de modificar estas actitudes, impropìas de un órgano judicial, apercibiéndole de sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica” sobre igualdad de género.

Falta de formación

“Tenemos que tomar medidas. No puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”, ha expresado durante la rueda de prensa Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, ha explicado que esta forma de actuación es novedosa porque, hasta ahora, agrupaban todas las quejas y se las trasmitían al CGPJ de forma general, cuando se reunían con sus miembros para evaluar el seguimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género. “Desde ahora, cada vez que tengamos un caso, daremos traslado por escrito con quejas documentadas y casos concretos. Se insiste en que las víctimas deben denunciar, pero luego no reciben la respuesta esperada por parte de las instituciones”.

Además del “maltrato judicial” -entendido como “prejuicios que ponen en duda la credibilidad de su testimonio” y “falta de garantías y de buen trato” que provocan una “víctimización secundaria”-, han enumerado otras “deficiencias” con las que se han encontrado, como el hecho de que los juzgados denieguen el 75% de las órdenes de protección que se reclaman, no se haga una valoración efectiva de los riesgos o no se repare el daño causado.

Atribuyen todo ello a una “mala formación de los operadores judiciales”, incluso en los juzgados específicos. “Se nos dice que hacen un curso online de 16 horas, pero esa formación no habilita para tomar decisiones de tal envergadura”, expresa Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. “¿Y qué ocurre cuando la víctima acude a declarar? Que el juez le dice: ‘Por favor, señora, al grano, céntrese en el delito. Y la víctima se bloquea, porque no se puede encorsetar su dolor a un hecho concreto”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/12/5a818d1646163f29638b4588.html

 

El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

 

Más sueldos para estómagos agradecidos.

Más comisarios políticos.

Más adoctrinamiento a jueces y fiscales disfrazado de formación en igualdad basado en una ley que discrimina en función del sexo y conculca derechos básicos en base al derecho penal de autor que aplicaban Hitler o Stalin.

Todo ello realizado por quienes falsean datos y sostienen las conocidas mentiras de las feminazis. De hecho, van a ampliar las estadísticas con nuevas manipulaciones para justificar sus canalladas cuyo fin último es garantizarse el sueldo.

Que la ley que promueven y todas las medidas creadas bajo su paraguas no hayan servido para eliminar la presunta lacra les trae al fresco mientras el dinero público siga fluyendo a sus bolsillos.

Por supuesto, se incrementará la persecución al disidente/opositor y se garantizarán más privilegios a las falsas denunciantes.

-o-o-o-o-

El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

jueves, 8 de febrero de 2018

Autor, Comunicación Poder Judicial

A propuesta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la Comisión Permanente solicita informes a distintos servicios del Consejo sobre la forma de dar cumplimiento a las medidas incluidas en el Pacto. El Consejo ampliará la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy poner en marcha el desarrollo de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que entran dentro de su ámbito de competencias, para lo que ha solicitado a distintos servicios de la institución la elaboración de propuestas concretas o de informes sobre la forma de dar cumplimiento a las mismas.

A propuesta de la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, la Permanente también ha acordado dirigirse a la Comisión Nacional de Estadística Judicial –de la que, además del órgano de gobierno de los jueces, forman parte el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y la Fiscalía General del Estado- para que los boletines estadísticos recojan información sobre todas las formas de violencia sobre las mujeres.

Para conseguir el cumplimiento de muchas de las medidas en las que el Consejo aparece como institución implicada, Carmona considera fundamental la colaboración del Grupo de expertos y expertas en Violencia Doméstica y de Género que asesora al Observatorio, aunque esta labor implicará además a servicios o departamentos del CGPJ como Inspección, Oficina Judicial, Promotor de la Acción Disciplinaria, Selección y Formación Inicial y Formación Continua.

Así, la Comisión Permanente ha encomendado al Grupo de expertos y expertas del Observatorio la formulación de propuestas para mejorar los protocolos de actuación entre los Juzgados y las Administraciones, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección.

También le ha solicitado que plantee una propuesta concreta de Protocolo de actuación específico para la toma de declaración de los menores en los procedimientos en los que exista cualquier forma de violencia incluida en el Convenio de Estambul y otra de actualización de la Guía de actuación de buenas prácticas judiciales.

Mientras tanto, los servicios del Consejo estudiarán, entre otras cuestiones, la forma de impulsar la especialización de los Juzgados de lo Penal en materia de violencia sobre la mujer y la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales, siempre que ello repercuta en una mejora cualitativa de la atención y de los medios con los que se cuenta.

Además, el Servicio de Formación Inicial y el Servicio de Formación Continua adoptarán las medidas necesarias para conseguir una mayor especialización en la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer.

Con ello se dará cumplimiento a las medidas número 214, 217, 218 y 262 del Pacto de Estado, que tratan sobre la extensión de la formación especializada a los órganos judiciales con competencia en materia de familia y de menores, la introducción de temas de Derecho Antidiscriminatorio en el temario de las oposiciones a judicatura y fiscalía o la formación sobre las especificidades de la inmigración.

Por último, la Comisión Permanente ha dado traslado a la Comisión Nacional de Estadística Judicial para que adopte las medidas que considere oportunas para, de acuerdo con el Convenio de Estambul, obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y elaborar estadísticas sobre abusos sexuales a menores y/o violencia sexual.

El CGPJ también insta a la Comisión Nacional de Estadística Judicial a incluir en los boletines estadísticos los datos relativos a la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad y/o diversidad funcional y a los casos de trata de personas con fines de explotación sexual.

Una vez que se hayan llevado a cabo los trabajos encomendados, los mismos serán remitidos a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-pone-en-marcha-el-desarrollo-de-las-medidas-del-Pacto-de-Estado-contra-la-Violencia-de-genero

 

La UAB tendrá el curso próximo la única carrera sobre feminismo de España

 

Las feminazis siguen introduciéndose en todos los estamentos.

Uno de los más importantes es la educación. Adoctrinar a las generaciones futuras es muy importante para ellas pues así se garantizan adeptos que las mantengan en el futuro.

Por supuesto sólo se enseñarán las consabidas mentiras de las feminazis.

Además se obtienen unos buenos ingresos económicos sin gastos ya que es el propio Estado quien lo sufraga con nuestros impuestos.

Negocio redondo.

¿Quién puede pedir más?

-o-o-o-o-

La UAB tendrá el curso próximo la única carrera sobre feminismo de España

Estudiantes de bachillerato asisten a la jornada de presentación del nuevo grado universitario de Estudios de Género en la UAB, el pasado martes. / RICARD FADRIQUE

María Jesús Ibáñez – Barcelona – Miércoles, 07/02/2018

Desde la psicología, la comunicación y la educación a la economía, el derecho y la antropología. Profesores de hasta ocho facultades distintas van a participar el próximo curso en el nuevo grado de Estudios de Género de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), una carrera que hasta ahora ha sido prácticamente ignorada en España, a pesar de la creciente demanda que hay en este ámbito. “Es una formación que existe en otros países desde hace años, que imparten universidades del prestigio de Stanford o Yale, en Estados Unidos, y para la que aquí en España hay numerosas y muy diversas salidas laborales”, precisa Joan Carbonell, decano de la facultad de Filosofía y Letras de la UAB, donde se va a impartir la nueva carrera. En algunos países de tradición anglosajona estos estudios existen desde hace más de 20 años.

“Nos dimos cuenta de que en España en temas de género e igualdad actualmente solo existen estudios o bien de formación profesional de ciclo superior o bien de máster, algunos muy prestigiosos, pero que no había posibilidad de obtener una titulación intermedia, un grado universitario específico sobre un asunto que es transversal y se puede abordar desde tantas perspectivas”, señala Carbonell.

El precedente más cercano hay que ir a buscarlo al curso 2013-2014, cuando la universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, suprimió el grado de Igualdad y Género que llevaba unos años impartiendo. La institución, de titularidad pública, alegó razones presupuestarias para justificar la desaparición, aunque desde sectores feministas se atribuyó a motivos políticos “porque eran unos estudios con un importante éxito de matrícula”, asegura Rosa San Segundo, presidenta de la presidenta de la recientemente creada Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género.

Los nuevos Estudios de Género de la UAB, una de las cuatro universidades públicas dirigidas por una mujer que hay en España (las otras tres son la de Granada, la de Huelva y la del País Vasco), tienen rango de estratégicos. “Eso nos permitirá contratar profesorado, además del que ya está trabajando en otros departamentos de la universidad y que van a hacerse cargo de diferentes asignaturas”, detalla el decano de Filosofía y Letras.

Entre estas materias están, por ejemplo, el Derecho Antidiscriminatorio y la Historia del Feminismo Occidental de segundo curso hasta el estudio de las Clases Sociales y la Estratificación que se hace el primer año y el de los Espacios y Vida Cotidiana de tercero.

Una carrera de tres años

Será, explica el decano, un grado de tres años de duración, es decir de 180 créditos, porque “la oferta de másteres para que los alumnos luego puedan especializarse en un ámbito más concreto es muy amplia”. De momento, la facultad ha recibido más de 200 peticiones de estudiantes de bachillerato interesados en la nueva carrera, para la que el próximo curso habrá 60 plazas disponibles.

Con todo, pese al carácter multidisciplinar que quiere tener el nuevo grado, “es una lástima que no incorpore cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud o los estudios politécnicos, en los que hay un gran camino por recorrer en términos de género”, lamenta San Segundo. “Es importante, por ejemplo, porque suelen ser los profesionales del ámbito sanitario quienes primero detectan situaciones como los malos tratos”, subraya. “O porque, cada vez más, en el mundo de las ingenierías se puntúan mejor los proyectos que tienen en cuenta la perspectiva de género”, agrega la presidenta de la plataforma de estudios feministas, que agrupa a más de 30 entidades universitarias, agencias de investigación y asociaciones.

Con todo, San Segundo, que es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, considera positivo el paso adelante que va a dar la UAB. “Es importante, sin duda”, afirma. Entre otras cosas, argumenta, “porque lamentablemente en España los estudios sobre feminismo o igualdad de género están totalmente marginados, al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa y en la mayoría de países desarrollados, donde sí se tienen muy en cuenta”.

“Un ejemplo del desprecio con el que se trata a esta área de conocimiento desde la Administración española lo encontramos en el hecho de que los organismos oficiales encargados de acreditar la actividad universitaria, como la agencia Aneca, no la consideran como tal, lo que perjudica a las profesoras e investigadoras que se dedican a estos temas”, denuncia San Segundo. “Y eso, además, hace que la universidad española sea menos competitiva frente a las de otros países, porque no incluye la perspectiva de género en sus proyectos internacionales”, lamenta la docente.

 

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180207/uab-tendra-curso-2018-2019-unica-carrera-sobre-feminismo-espana-6609060

 

Abren juicio oral contra Juana Rivas

 

Buena noticia.

Esperemos que se cumpla la ley de una vez y que estos delitos dejen de ser impunes y sirva de mensaje disuasorio a quien en el futuro se plantee hacer lo mismo.

Lo sorprendente es que sus inductoras y colaboradoras hayan sido desimputadas dando manga ancha a quienes viven gracias a la industria del maltrato.

-o-o-o-o-

Abren juicio oral contra Juana Rivas

La madre de Maracena, tras una de sus visitas a los juzgados de Granada. / EFE

Yenalia Huertas – Martes, 6 febrero 2018

El auto establece que los hechos, por los que se enfrenta a cinco años de cárcel, deben ser enjuiciados en un juzgado de lo Penal

La jueza de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, ha acordado la apertura de juicio oral contra Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores y, subsidiariamente, por un delito de desobediencia de orden judicial.

El auto de la magistrada, fechado el 22 de enero y al que ha tenido acceso IDEAL, declara que el órgano competente para el enjuiciamiento de la madre de Maracena es un “juzgado de lo Penal”.

En la resolución, se recogen los cargos que han formulado contra ella tanto el ministerio fiscal como la acusación que ejerce su expareja, Francesco Arcuri, representado en este proceso por el letrado Enrique Zambrano.

La fiscalía solicitó cinco años de prisión para Juana Rivas, al atribuirle la presunta comisión de dos delitos de sustracción de menores. La misma pena reclamó el padre de sus dos hijos menores, que además solicita una indemnización de 30.000 euros. No obstante, Arcuri planteó la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia, por el que pidió nueve meses de prisión.

La jueza dispone que se mantenga la situación de libertad de la granadina, que se vio inmersa en este proceso por permanecer oculta con sus dos hijos pequeños durante un mes, el verano pasado, para evitar entregárselos a su expareja, residente en Italia. La mujer le denunció en 2016, aprovechando que vino a España de vacaciones, por presunta violencia de género y esta denuncia se tramita actualmente en Italia.

http://www.ideal.es/granada/abren-juicio-oral-20180206185803-nt.html

El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

 

La industria del maltrato sigue dando pingües beneficios.

Quienes viven de ello sólo piensan en el dinero público que generosamente reciben y gracias al cual disfrutan de una vida holgada.

La ley la han hecho ellas. Los protocolos los han hecho ellas. Las medidas de protección las han diseñado ellas. Los órganos de control y gestión los dirigen ellas. Todo lo relativo a la ley lo han hecho ellas.

Nada de ello funciona bien según ellas mismas reconocen.

Incluso publicitan como nuevo lo que lleva años aplicándose.

Pero lejos de reconocer su “error” echan la culpa a los demás y exigen más de lo que se ha demostrado ineficaz.

En realidad lo que hay detrás es un gran negocio y un intento de cambiar la sociedad para aislar al individuo impidiendo cualquier lazo afectivo.

-o-o-o-o-

El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

La ministra de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat, hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso – ABC

Paloma Cervilla

Madrid – 31/01/2018

La ministra Dolors Montserrat comparece en el Congreso para explicar la ejecución de las 214 medidas, anunciando la modificación de 20 artículos de la Ley de 2004.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que la mitad de las 214 medidas recogidas en el Pacto contra la Violencia de Género han iniciado el proceso de estudio y ejecución. Del total de las medidas, 122 corresponden al Estado, 10 a las comunidades autónomas y 82 son competencias compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y entes locales.

El ritmo de trabajo es «positivo» y el objetivo es la modificación de unos 20 artículos de la ley integral contra la violencia de género de 2004. Para ello se han creado «un grupo de trabajo técnico del Gobierno». Una vez que los textos se vayan elaborando se remitirán al Parlamento para su aprobación.

La ministra está compareciendo a petición propia ante la Comisión de Igualdad para explicar las medidas que se van a poner en marcha del Pacto contra la Violencia de Género.

Entre estas medidas ha destacado el Real Decreto de 29 de diciembre, que incluye la desgravación en el IRPF a quienes ostenten la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género. Igualmente, se está trabajando «en la revisión de los textos legales vigentes que hacen referencia a regímenes de visita y custodia de los menores».

Otra iniciativa que la ministra ha puesto en valor son los convenios de prevención y sensibilización contra la violencia de género en oficinas de farmacia. Una red de más de 20.000 establecimientos que dan servicio a 2,3 millones de personas diarias «y que ayudan a mantener un canal directo con las víctimas en la detección de la violencia».

Delito quitar la pulsera

Dolors Montserrat también destacó que, como consecuencia de las reformas legislativas, a partir de ahora es un «delito» que un maltratador se quite o fuerza la pulsera que se les coloca para detectar que cumple la orden de alejamiento.

La ministra recordó que el punto de partida para las modificaciones legales está en la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, «verdadera clave del pacto, sin perjuicio de otras leyes que, como la relativa a la trata de seres humanos y la referida a la violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, constituirán los instrumentos legislativos de acción permanente para los próximos cinco años».

Montserrat afirmó que un tercio de las medidas del pacto «requieren de modificaciones normativas». Precisamente, en la ejecución del pacto se ha priorizado la modificación de estas normativas o la «redacción de nuevos textos legales»

La titular de Sanidad puso en valor la utilidad del teléfono 016 de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género que, en diez años, ha recibido un total de 500.000 llamadas; igualmente, señaló que las órdenes de protección se han incrementado un 6% desde 2011 a 2017.

Intervención de los grupos

Las intervenciones de los grupos la inició la portavoz del PSOE, Ángeles Álvarez, calificando «de relleno» la intervención de una hora y cuarenta minutos de la ministra. Además, negó que se hayan comenzado a ejecutar las 214 medidas del pacto.

La diputada socialista criticó que todavía no se hayan aprobado los primeros 200 millones para el pacto, circunstancia que se podía haber hecho, a su juicio, en el real decreto de prórroga del presupuesto, que se aprobó a final de 2017. Por ello, Álvarez afirmó que «tenemos desconfianza en su gestión y en su palabra».

Los socialistas retaron a la ministra a llevar al próximo consejo de ministros el decreto para que se puedan conceder estos 200 millones, y no a verano, como así había apuntado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el caso de que no se llevara a cabo, entiende que es «un incumplimiento del pacto».

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, arremetió contra el Gobierno, afirmando que «no nos consta que se haya puesto en marcha ninguna medida» del pacto, mostrando su preocupación porque «no está el dinero comprometido». La diputada le pidió a la ministra «que diga cuándo piensa el Gobierno dotar económicamente el pacto».

http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-asegura-mitad-medidas-pacto-contra-violencia-genero-estan-marcha-201801311055_noticia.html

 

 

Concentración día del padre 2018.

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005) Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento”, dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:

  • abandonar el domicilio familiar con “lo puesto”;
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su “ex” disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada “violencia de género”, los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido “ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)” o “no valora el trabajo que realiza”, entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamiento de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, constituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta
En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes:

  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2017, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

“Llora el teléfono”.

Autores: Claude François, Jean Pierre Bourtayre & Frank Thomas.

Adaptación e interpretación de Rafael Jiménez.

 

CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

 

Los sindicatos de “clase” no se bajan del carro feminazi propalando las habituales mentiras de las feminazis.

No en vano son herederos de Engels, Marx y Hegel y de sus criterios sobre la familia, la propiedad privada y el Estado.

A ello hay que añadir el dineral que roban vía subvenciones por apoyar y defender estas canallescas aberraciones.

-o-o-o-o-o-

CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homólogo en UGT, Pepe Álvarez. EFE

ISABEL MUNERA

Madrid – 29 enero 2018

UGT y CCOO se han propuesto que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sea distinto. Por eso, este lunes han anunciado la convocatoria de “paros laborales” de dos horas de duración (por la mañana y por la tarde) para protestar contra “la violencia machista, la brecha salarial y contra la precariedad en el empleo”.

Con esta convocatoria, explicó Elena Blasco, responsable de Mujeres e Igualdad de CCOO, “los sindicatos queremos dar visibilidad a las discriminaciones que sufren las mujeres y combatirlas”.

Los sindicatos han optado por esta fórmula, según explicó Blasco, para “garantizar el éxito de la convocatoria”, darle “cobertura legal”, facilitar la negociación de los trabajadores que quieran consensuarlo con las empresas para sumarse, y “dar impulso político a la reivindicación”. Pretenden así “dar un paso más” tras los parones simbólicos que se convocaron el año pasado y visibilizar un problema para que “la gente reflexione en los puestos de trabajo”.

Estos paros son oficiales y, por tanto, se tratarán desde los sindicatos igual que se abordan las huelgas: se establecerán comités de huelga, asambleas informativas y se hará una provisión de servicios mínimos para cubrir la actividad imprescindible durante esas cuatro horas de parada.

Además, los sindicatos participarán en las movilizaciones y actos que se convoquen en los distintos territorios con motivo del 8 de marzo, así como en las manifestaciones que cada año se celebran en las capitales de provincia de prácticamente todo el país.

Durante la rueda de prensa en la que se presentó esta campaña, tanto Blasco como la vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, ofrecieron algunos datos de “la discriminación que sufren las mujeres en el acceso al empleo, la formación, la promoción y la retribución en el trabajo”.

Así, explicaron que las mujeres tienen una mayor tasa de paro -en concreto la tasa de desempleo femenino es un 3,5% superior-, desempeñan trabajos de peor calidad -un 74% de los empleos a tiempo parcial los ocupan las mujeres- y presentan también una tasa de actividad 11,5 puntos más baja. “A las mujeres nos están robando”, denunció Antoñanzas. Además, añadió Blasco, “todo esto repercute en las diferencias salariales”. Las mujeres cobran un salario inferior en unos 6.000 euros anuales.

De hecho, entre las principales reivindicaciones el próximo 8 de marzo está la de una ley de igualdad retributiva, que contribuya a reducir la brecha salarial (la diferencia entre lo que percibe un hombre y una mujer en igual o similar puesto se sitúa en el 23,5%, según el INE), sobre todo, después de el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contestase en una entrevista que no se iban a meter en eso cuando se le preguntó si se debería sancionar a las empresas que pagan distinto en función del género.

 

Además, en esta campaña con el lema “Vivas, libres, unidas por la igualdad” también estarán muy presentes la lucha contra la violencia de género y el acoso sexual.

http://www.elmundo.es/economia/2018/01/29/5a6f114ae2704e7f618b45e7.html

 

El CGPJ elige a Vicente Magro nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

 

Juez feminazi en la Sala penal del Tribunal Supremo.

Mal asunto. Aplicará sus aberrantes criterios feminazis e intentará que la Sala se vuelva feminazi. Una manzana podrida termina pudriendo el cesto.

-o-o-o-o-

El CGPJ elige a Vicente Magro nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Actualmente destinado en la Audiencia de Madrid, desde 2002 es miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a Vicente Magro Servet, actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la vacante –correspondiente al turno general- producida por la jubilación de José Ramón Soriano Soriano.

Magro ha obtenido diez de los 20 votos emitidos en Pleno, al que no ha asistido el vocal Álvaro Cuesta. Los también candidatos Javier Hernández García y Susana Polo García han recibido cinco votos cada uno.

El nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1987 y tuvo sus primeros destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cartagena y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Elche-Elx, donde fue elegido juez decano; para servir luego en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante.

Letrado del Servicio de Inspección del CGPJ en 1998, al año siguiente se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Alicante, de la que en 2001 fue nombrado presidente, cargo en el que permaneció hasta 2016, cuando obtuvo destino en la Audiencia Provincial de Madrid.

Elegido dos veces –en 1989 como juez y en 1994 como magistrado- para formar parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha sido miembro nato de este órgano gubernativo durante su etapa como presidente de la Audiencia alicantina.

Vicente Magro es desde 2002 asesor del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, formando parte de su grupo de expertos. Además, es autor de una veintena de protocolos, como el puesto en marcha en Alicante en 2001 para coordinar la lucha contra la violencia doméstica, el de prevención de la violencia juvenil de 2007 o el dirigido a la reeducación de los condenados por delitos de maltrato animal de 2016.

Además, cuenta con experiencia docente como profesor de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche-Elx, es autor o coautor de más de medio centenar de obras de carácter jurídico y ha publicado más de un millar de artículos doctrinales en revistas especializadas.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-elige-a-Vicente-Magro-nuevo-magistrado-de-la-Sala-Segunda-del-Tribunal-Supremo

España tendrá, por primera vez, una juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Las feminazis siguen colocando a las suyas en puestos clave.

Perspectiva de género, multiculturalidad, discriminación positiva, redactora de la ley de desigualdad, etc. Todo un currículo de una acendrada feminazi.

No se trata de méritos o capacidad sino de pertenecer a un colectivo privilegiado. “…entre la terna de candidatos a magistrado que deben proponer los gobiernos figure al menos una mujer.”

Sucede a López Guerra, mano derecha del ministro López Aguilar. Los mismos que presentaron la aberrante ley de violencia de género.

Nueve años estará en el Tribunal de Derechos Humanos quien ha colaborado en crear leyes que conculcan los derechos humanos como la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia. Ya sabemos de antemano que decisiones tomará. El sectario titular de El País nos da una buena pista.

La agenda de género sigue implantándose en todo el mundo.

-o-o-o-o-

España tendrá, por primera vez, una juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

María Elósegui Itxaso, en una imagen de archivo.

París – 

El Consejo de Europa elige a la catedrática María Elósegui Itxaso como miembro del Tribunal de Estrasburgo

El Consejo de Europa ha elegido este martes a María Elósegui Itxaso, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, como nueva juez española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo. La candidatura de la primera mujer española que será magistrada en Estrasburgo ha logrado 114 votos, alcanzando así una mayoría absoluta que ha hecho innecesaria una segunda vuelta.

Desde que comenzó su presencia en el TEDH, en 1978, todos los representantes españoles, seis hasta la fecha, han sido hombres. No es un caso único el de España. Actualmente, de los 47 jueces del TEDH, solo 15 son mujeres. Ese es uno de los motivos de que el Consejo de Europa establezca como requisito que, salvo contadas y justificadas excepciones, entre la terna de candidatos a magistrado que deben proponer los gobiernos figure al menos una mujer. Los oponentes de Elósegui, José Martín y Pérez de Nanclares y el expresidente del Tribunal Constitucional, José Luis Pérez de los Cobos, han obtenido 76 y 37 votos, respectivamente.

La ciudad de Estrasburgo no le es ajena a esta doctora en Derecho y Filosofía con formación en varias universidades europeas. Desde 2013 y hasta el pasado diciembre, formó parte como experta independiente de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI). Ha centrado parte de sus investigaciones en cuestiones de derechos humanos relacionados con el tribunal europeo del que ahora va a pasar a formar parte, además de trabajar en temas de libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como de mujeres y migrantes tanto en España como a nivel europeo.

Revés para Rajoy

El nombramiento de Elósegui supone un revés para el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo popular maniobró durante meses para favorecer a su candidato favorito, Francisco Pérez de los Cobos. Llegó a guardarle el puesto esperando a que acabara su mandato para lanzar la convocatoria —el mandato del actual juez español en Estrasburgo expiró oficialmente en enero de 2017—, e incluso quiso amoldar los requisitos de edad para el mismo a su favor, si bien el Tribunal Supremo acabó anulando por discriminatoria esa medida.

La victoria de Elósegui (San Sebastián, 1957) ha constituido sin embargo una sorpresa, ya que la comisión parlamentaria que analizó los currículums de los tres aspirantes españoles y los entrevistó en París el 12 de enero había propuesto, por amplia mayoría, a Pérez de Nanclares “como el candidato más cualificado”. Generalmente, el Consejo de Europa suele hacer caso de esta recomendación realizada por expertos.

Elósegui sucederá al juez Luis López Guerra, que fue propuesto durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Los jueces del TEDH son elegidos por un solo periodo renovable de nueve años.

Esa condición fue precisamente a la que se aferró el Gobierno español para intentar poner el límite de 61 años a las candidaturas al TEDH cuando abrió el año pasado el proceso de selección. Una maniobra interpretada como un intento de beneficiar a Pérez de los Cobos (Murcia, 1962) frente a la que se consideraba entonces su máxima rival, la también expresidenta del Constitucional María Emilia Casas, que superaba la edad máxima impuesta por el ejecutivo. La medida fue recurrida por la asociación Jueces para la Democracia y, finalmente, el Tribunal Supremo acabó por anularla en mayo pasado, al considerar que era discriminatoria. De todos modos, ninguno de los tres candidatos que acabaron constituyendo la terna propuesta por España ha cumplido aún los 61 (Elósegui Itxaso lo hará a finales de año).

No ha sido la única controversia que ha rodeado a Pérez de los Cobos. En España se puso en duda su imparcialidad como juez en 2013. Ese año, cuando ya ejercía como presidente del Tribunal Constitucional, se conoció que figuraba en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011, cuyas aportaciones sirven para sufragar los gastos del partido. De los Cobos fue elegido magistrado del alto tribunal el 29 de diciembre de 2010. Estrasburgo requiere que los aspirantes a juez en el TEDH indiquen en su currículum si han ocupado algún puesto “en un partido político o movimiento”. Mientras que Pérez de Nanclares y Elósegui especificaron claramente que no pertenecen a ningún partido ni han ejercido función alguna en uno en el pasado, Pérez de los Cobos no se pronunció al respecto.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/23/actualidad/1516699516_201350.html

 

WIKIPEDIA

María Elósegui Itxaso (San Sebastián, 7 de diciembre de 1957) es una jurista e intelectual española. Catedrática de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, (España), fue nombrada en enero de 2018 juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.1

Biografía[editar]

Es Doctora en Derecho y Doctora en Filosofía. Sus investigaciones están centradas en Interculturalidad y el Derecho a la Identidad Cultural, desde una perspectiva jurídica y filosófica. También realiza trabajos de investigación sobre la igualdad Jurídica entre mujeres y hombres. Desde 2018 es además la representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.2

Trayectoria profesional[editar]

Actividad Docente[editar]

Ha realizado varias estancias de investigación en el extranjero. En 1988-1990 recibió una beca para una investigación Postdoctoral del en la Universidad de Glasgow (Escocia), otorgada por el Ministerio español de Educación y Ciencia. Posteriormente en 1990 se incorporó a la Universidad de Valencia, como becaria de investigación, gracias al Programa de Reincorporación a España de doctores. Desde 1991 es profesora de la Universidad de Zaragoza, accediendo a la plaza de Titular de Filosofía del Derecho por oposición en 1994. Desde entonces imparte la docencia y desarrolla la investigación en dicha Universidad, donde actualmente es Catedrática.

Durante los años 1996-1997, le fue otorgada la prestigiosa beca de la Fundación alemana Alexander von Humboldt para realizar un trabajo de investigación sobre las acciones positivas para la igualdad entre mujeres y hombres en la Facultad de Derecho de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel (Alemania), bajo la dirección del catedrático Robert Alexy. La monografía resultado de esa estancia ha sido publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en la sección dirigida por el profesor Rubio Llorente, Catedrático de Derecho Constitucional, y en la actualidad Consejero de Estado.

Es Visiting Professor de las Universidades de Toronto (Canadá), Chicago, UCLA (Los Ángeles), Universidad Laval (Québec) y el Instituto Alemán de Derechos Humanos, con sede en Berlín (Deutsches Institut für Menschenrechte).

Actualmente, imparte la docencia de las asignaturas de Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y la asignatura optativa Derecho y Libertades en la Universidad de Zaragoza. Asimismo, coordina la línea de especialización de Derechos Humanos, libertades y Derecho Penal, dentro del Máster Universitario en Especialización e Investigación en Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Ha formado parte del Cuerpo Docente de la Academia Europea de Teoría del Derecho, con sede en Bruselas, en las Universidades Saint Louis y en la Universidad Flamenca de Bruselas (Facultés Universitaires Saint Louis y Katholieke Universiteit Brussel), desde el año 2001 hasta el 2009, fecha en la que debido a la reforma de Bolonia la Academia se extinguió. Asimismo, ha sido llamada a participar como experta en Igualdad en Organismos Internacionales tales como la ONU y el Consejo de Europa.3

Participación en proyectos de ley[editar]

Ha elaborado (junto con otros tres expertos) el proyecto de Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por encargo del Gobierno Español, con un contrato de asesoramiento, Instituto de la Mujer y Secretaria General de Políticas de Igualdad, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Aprobado el Anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros de España, el 7 de marzo de 2006. Ha participado en la elaboración de otros textos relacionados con el género como la estrategia española de Cooperación al desarrollo sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[editar]

En enero de 2018 fue elegida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como nuevo miembro español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Teoría[editar]

El modelo de corresponsabilidad entre mujeres y hombres[editar]

La doctora Elósegui aboga por un modelo de igualdad en la diferencia entre mujeres y hombres, lo que supone defender la necesidad de una corresponsabilidad y presencia de ambos en la esfera privada y en la vida pública. En Diez temas de género analiza el concepto de género que subyace en los documentos de la ONU, y su influencia en un cambio de mentalidad a nivel internacional, que se hace sentir en las legislaciones de todos los países del mundo en materias de familia, igualdad de sexos, reparto de roles entre hombres y mujeres.

Así se exponen los tres tipos de modelos de relaciones entre hombres y mujeres: El primer modelo es el no igualitario, que considera que la mujer es distinta e inferior al hombre. El segundo modelo es el propuesto por varios tipos de feminismo, que abogan bien por la igualdad absoluta de hombres y mujeres, bien por una diferencia también abismal entre los sexos. En los dos casos entienden la igualdad de la mujer como emancipación o liberalización de sus funciones reproductivas, ensalzando su papel en la esfera pública o laboral.

El modelo de corresponsabilidad considera deficientes tanto el primero como el segundo modelo, y apoya un tercer paradigma: el de la corresponsabilidad o interdependencia de hombres y mujeres tanto en el espacio privado, compartiendo la educación, crianza de los hijos y las tareas domésticas, como en el espacio público. En definitiva, plantea la necesidad de la conciliación entre los derechos productivos y los derechos reproductivos, tanto para los hombres como para las mujeres.

El modelo intercultural. El republicanismo intercultural y la ciudadanía inclusiva[editar]

La profesora Elósegui defiende en varias de sus obras el derecho a la identidad cultural como un Derecho Humano de cada persona y a su vez la necesidad de una ciudadanía que marque unos elementos comunes para todos los ciudadanos respetando sus diferencias culturales, religiosas, sin exigir una absoluta uniformización. La autora ha recreado el concepto de “Republicanismo Intercultural” aplicándolo de un modo novedoso a la situación europea contemporánea con sus específicos problemas de la existencia de Estados-nación, de viejas minorías y de la nueva inmigración.

Premios y galardones[editar]

En 2008, fue galardonada con el prestigioso Premio Luis Portero de Derechos Humanos por sus investigaciones sobre pluralismo cultural. Es Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.

Publicaciones[editar]

Ha escrito once libros y numerosos de artículos (más de cien) relacionados con los Derechos humanos, Filosofía del Derecho e Inmigración, lo que le ha valido el reconocimiento de la comunidad investigadora.

Libros:

  1. Lo físico y lo mental en Henri Bergson, ed. Nau Llibres, Valencia, 1990, 268 pp.
  2. El derecho a la igualdad y a la diferencia, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 1998, 662 p. Agotado.
  3. La transexualidad: jurisprudencia y argumentación jurídica, Granada, Comares, 379 p, 1999.
  4. Materiales de prácticas de Teoría del Derecho, Prensas Universidad de Zaragoza, 1998. 2ª edición revisada, 229 p. Agotada y reeditada en el año 2000.
  5. El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres (Coordinadora), Barcelona, Icaria, enero de 2002.
  6. Las acciones positivas para la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y la Directiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. 620 pp.
  7. Negociación colectiva y prácticas laborales. Perspectiva de género, Barcelona, Icaria, 2005, 521 pp
  8. Inmigración, empresa y formación. Implicaciones de la inmigración en la organización de las empresas y los centros educativos, Pilar de Luis Carnicer, María Elósegui Itxaso, Yolanda Gamarra, Angel Martínez Sánchez, Manuela Pérez Pérez, María José Vela Jiménez, Pamplona, Aranzadi-Thomson, 2007.
  9. Ley de Igualdad y Contrato de Trabajo. Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, Seguridad Social, Infracciones y Sanciones, Prevención de Riesgos y Procedimiento Laboral, Sistemática Memento, Dossier Práctico Francis Lefrebvre. Coordinador Fernando Lousada. Autores Fernando Lousada, Jaime Cabeza, María Elósegui y Teresa Pérez del Río, 2007
  10. “Derechos Humanos y pluralismo cultural'”, Madrid, Iustel, 2009, 289 p. Investigación galardonada con el premio Luis Portero de Derechos Humanos 2008, concedido por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, patrocinado por el Ayuntamiento de Granada. Publicado un capítulo en inglésLaw and Cultural Diversity in Spain, en el libro colectivo FOBLETS, M.C (ed). The Response of the State Law to the Expression of Cultural Diversity, Bruselas, Bruylant, Francqui Foundation, 2010.
  11. “El derecho a la identidad cultural en la Europa del siglo XXI” Ediciones Universidad de Navarra, Eunsa, 2012
  12. VVAA. El diálogo intercultural en España: un requisito de la educación y cultura de paz, Madrid, Fundación Europea Sociedad y Educación, 2009.
  13. Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (ESO), Ed. Reverté-Aguilar.
  14. Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (PRIMARIA), Ed. Reverté-Aguilar.
  15. Ética Cívica (4º ESO), Ed. Reverté-Aguilar.

Artículos:

  1. ““La legislación vigente sobre la asignatura de Politik en las escuelas alemanas”, Revista de Estudios Políticos, (2011), en prensa.
  2. “La mente del legislador en los programas de la asignatura de educación política en las escuelas alemanas, en la LOE y en la legislación educativa de la CAPV”, Revista vasca de Administración Pública, nº 89, enero-abril, (2011), pp. 265-310.
  3. “El libro verde de la RSC de la Comisión Europea y la teoría de los stakeholders desde la perspectiva de género”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 21, Diciembre, (2010), pp. 1-38.
  4. “El concepto de laicidad abierta en el informe Bouchard-Taylor para Québec”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 23, (2010), ISSN 1696-9669.
  5. “El modelo de interculturalidad en el informe de la Comisión Bouchard-Taylor para Québec”, Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época, Vol. 11, (2010), pp. 129-164.
  6. “ La política legislativa de inmigración en Québec y su reflejo en el informe Bouchard-Taylor ”, Derecho Migratorio y Extranjería, nº 22, (2009), pp. 281-234.
  7. “Educar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres: la igualdad necesaria”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº. 20, 2009.

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_El%C3%B3segui

 

La Audiencia de Madrid condena a mujer que mató a su ex novio maltratador y pide su indulto

 

Los privilegios feminazis.

No denuncia pese a que se lo dice la policía.

Se toma la justicia por su mano (dando por cierto lo que ella dice de él) bajando a la calle para acuchillarle.

El asesinado sufre la habitual campaña difamatoria de la que no puede defenderse al estar muerto.

La condenan a una pena ridícula que incluso es inferior a la que marca la ley.

Solicitan el indulto para que su crimen quede impune.

Un caso más de mujer que asesina a su pareja y que se irá de rositas. Una más de las mentiras de las feminazis.

Hay que reconocerles a las feminazis el mérito de conseguir que los hombres acabarán por no acercarse a una mujer.

-o-o-o-o-

La Audiencia de Madrid condena a mujer que mató a su ex novio maltratador y pide su indulto

Una de las salas de la Audiencia Provincial de la Comunidad de Madrid. Angel Navarrete.EFE – Madrid – 22 ENE. 2018

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a seis años de prisión a una mujer que mató a puñaladas a su ex novio alterada por el miedo que le producía el maltrato al que él la sometía y ha decidido proponer al Gobierno su indulto una vez que la sentencia sea firme.

El tribunal, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, condena a seis años de prisión a Gloria C.S., una mujer guineana por el homicidio de Williams R. en septiembre de 2015 en Fuenlabrada cuando este acudió a su casa a intimidarla.

La sentencia es consecuencia del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, pero se establece una pena inferior a la establecida en el Código Penal al considerarse probado que la mujer actuó bajo los efectos del miedo, dado que la víctima la había maltratado durante tres años.

El tribunal, además, impone a la acusada una indemnización de 50.000 euros para el hijo que tenía con el asesinado, que vive con una familia de acogida desde 2013.

La Audiencia considera probado que en la mañana del 20 de septiembre de 2015, Williams fue al domicilio de Gloria y allí la increpó y amenazó, llegando a arrancar una malla metálica que protegía las ventanas.

La acusada pidió ayuda al presidente de la comunidad de vecinos, quien la convenció para llamar a la policía. Sin embargo, Gloria “hizo caso omiso” al consejo de los agentes de que denunciara lo ocurrido.

Una hora después, la víctima volvió al domicilio gritando e intimidando a Gloria de nuevo a través de la ventana, momento en el que ella cogió un cuchillo de cocina de 17 centímetros de hoja, salió de la vivienda y lanzó una cuchillada a su víctima “causándole la muerte de modo prácticamente inmediato”.

El jurado descartó que hubiera un forcejeo entre la acusada y su víctima, como había planteado la defensa, porque así lo demostraron las declaraciones de los vecinos y los informes de la policía científica.

La Fiscalía, que pidió inicialmente 17 años de prisión para la acusada, consideró tras la vista oral que concurría la “circunstancia eximente incompleta de miedo insuperable” por los antecedentes de maltrato de la pareja, lo que redujo la petición de condena a seis años.

La Audiencia expone que la acusada actuó impulsada por el temor que sentía respecto a su ex pareja con la que vivió una “larga situación de maltrato sostenido”, lo cual “mermaba de forma grave pero sin llegar a anularla, su capacidad de entender la ilicitud de sus actos y su voluntad de actuar conforme a ello”.

Estos antecedentes de maltrato fueron demostrados en el informe de los psicólogos ratificado durante el juicio, en el que quedaba probado que Gloria había rehecho su vida y estaba en trámites de recuperar la tutela de su hijo, lo que la hizo actuar motivada “por el miedo a perder todo lo conseguido”.

Sin embargo, la Audiencia rechaza aplicar la exención total de la responsabilidad de la acusada como demandaba la defensa porque, aunque Gloria padecía una perturbación mental indiscutible, pudo haber obrado de forma distinta, ya quesufrió “una alteración grave, pero no una pérdida” de sus facultades.

Por lo tanto, la Audiencia Provincial de Madrid condena a seis años de cárcel a Gloria S. C., aunque una vez que esta sentencia sea firme, el mismo tribunal, de acuerdo con la solicitud del jurado, procederá a presentar la solicitud de indulto parcial al Gobierno.

http://www.elmundo.es/madrid/2018/01/22/5a660efae2704e93248b45c2.html