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Concentración día del padre 2018

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

La Fiscalía señala que sólo el 0’01% de las denuncias por violencia machista son falsas

 

Es vergonzoso y vergonzante la burda manipulación de los datos.

Es un insulto a la inteligencia.

Sólo las denuncias al ministro López Aguilar demuestran la falsedad de estas cifras.

Ya son muchos años de indignantes engaños.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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La Fiscalía señala que sólo el 0’01% de las denuncias por violencia machista son falsas

 

Una mujer sujeta un cartel contra la violencia machista en una manifestación. ALBERTO DI LOLLI

La Fiscalía destaca el”escasísimo” porcentaje de denuncias falsas por violencia de género

Los profesionales sociales “no son conscientes” de su obligación de denunciar casos de agresión a la mujer

El mapa de la violencia de género en España

EUROPA PRESS / EFE

Madrid

La Fiscalía General del Estado subraya que el porcentaje de denuncias falsas por violencia machista es “escasísimo”. Entre 2009 y 2016 las condenas por denuncias falsas fueron 79, frente a las 1.055.912 denuncias por violencia de género presentadas en esos ocho años.

“El escasísimo porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación y denuncia falsa” es “suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer”, ha indicado el Ministerio Público en su Memoria relativa a 2016, presentada este martes.

En 2016 se presentaron 142.893 denuncias por violencia machista y, en ese mismo año, se abrieron 16 causas por delito de acusación y violencia falsa, de las cuales dos fueron archivadas o sobreseídas y las 14 restantes se encuentran en tramitación.

La Fiscalía detalla que, de las 1.055.912 denuncias por violencia de géneroque se pusieron entre 2009 y 2016, se incoaron 194 causas por denuncias falsas suponiendo un 0,18%. De ellas sólo han resultado en condena 79 (el 0,0075%) y, si se les suma las 110 causas en tramitación -pendientes de fallo-, el porcentaje sería del 0,01%, señala la Fiscalía.

Asimismo, la institución que dirige José Manuel Maza ha advertido de las”escasas” denuncias sobre violencia machista realizadas por los profesionales de la sanidad, enseñanza o servicios sociales, que, en su opinión, son los “primeros” que pueden detectar los indicios de la agresión sobre la mujer, pero “no son conscientes de su obligación de denunciar”. También aconseja continuar con la labor de concienciación de la víctima y de las personas de su entorno para que denuncien.

Para el Ministerio Fiscal, el número de víctimas mortales, aunque haya descendido un poco, sigue siendo “demasiado alto”, al igual que el de aquellas víctimas que no denuncian. “Junto a ese silencio, también preocupa el de familiares, vecinos y amigos que conocen o sospechan la existencia de malos tratos”, apunta la institución.

Por otro lado, lamenta el “notable incremento” de la violencia de género digital, “especialmente entre adolescentes y jóvenes”, ya que, a su juicio, las redes sociales constituyen el “principal” medio de comunicación entre ellos y, a la vez,facilitan el control, la vigilancia y la presión sobre la pareja,aprovechando además el anonimato y la “gran repercusión” que la red tiene. Por ello, advierte de la “necesidad” de que las administraciones competentes adopten las medidas precisas para garantizar en el ámbito de la educación la transmisión de valores de “igualdad, respeto y no discriminación”.

Del mismo modo, asegura que es “imprescindible” insistir en la importancia de avanzar en la formación de todos los profesionales implicados en esta materia y en su especialización a todos los niveles, y reclama la “inaplazable”reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dispensa de la obligación de declarar a la víctima de violencia de género.

Los menores también son víctimas de la violencia de género

La Fiscalía celebra que se reconozca a los menores, hijos de mujeres víctimas de violencia de género, como víctimas por el simple hecho de haber presenciado y sufrido el maltrato a su madre, y que se haya reforzado la obligación de los jueces de pronunciarse sobre el mantenimiento o no de la guarda y custodia, la patria potestad y el régimen de visitas, así como el protagonismo otorgado a los menores al tener que ser oídos para conocer su opinión antes de adoptar medidas que les afecten.

El Ministerio Fiscal recuerda que el total de mujeres asesinadas a manos de su pareja o ex pareja ascendió a 52 en 2016, lo que supone no sólo una reducción con relación al año anterior, que se saldó con 62 víctimas, sino la menor cifra computada en la última década, junto con el año 2012. No obstante, advierte de que aún hay cuatro casos en investigación.

También indica que, paralelamente al “significativo incremento” de denuncias que reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 10,6% más de 2015 a 2016, se constata un ligero aumento del número de mujeres asesinadas que habían denunciado previamente (16). La Fiscalía recalca que 12 de ellas habían hecho uso de la dispensa y se acercaron a su agresor a pesar de la orden de protección vigente o, una vez cumplida la condena, reanudaron la convivencia.

Maza sostiene que hay que hacer una revisión de estos casos mortales con denuncia previa y asegura que en ninguno de ellos se estableció como medida de protección el control telemático de sus agresores por las “reticencias” de los jueces como por la falta de insistencia de los fiscales y abogados de las mujeres para solicitar su imposición.

También señala que los elementos con los que se cuenta a la hora de realizar una valoración del riesgo policial son insuficientes y no se reúnen todos los indicios para que este diagnóstico sea lo más adecuado posible.

En concreto, lamenta el uso “escaso” del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género, habiéndose emitido exclusivamente 284 informes de conformidad con este sistema. “Un número muy inferior al del año anterior (421) y a todas luces insuficiente e insignificante si se tiene en cuenta el número de solicitudes de orden de protección en las que su utilización podría haber sido de gran utilidad (0,74 % del total de aquellas)”.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/05/59aec40022601d052f8b4574.html

 

El Fiscal General del Estado ignora la jurisprudencia sobre custodia compartida

 

El Fiscal General del Estado ignora la jurisprudencia sobre custodia compartida.

Forum Europa.

Hotel Ritz, Madrid.

16 de junio de 2017

Tras la intervención del Fiscal General del Estado en el Forum Europa, éste ha respondido a preguntas de los presentes en el acto.

En respuesta a la cuestión planteada por el presidente de ProJusticia, el Señor Maza ha negado que el Tribunal Supremo considera la custodia compartida como la mejor opción para los niños tras la separación de sus padres.

Queremos sacar de su error al Fiscal General del Estado.

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de Abril de 2013 textualmente indica lo siguiente:

“Señalando que la redacción del Artículo 92 CC no permite concluir que se trate de una medida excepcional (la guarda y custodia compartida), sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea”

La prensa recogió la noticia con titulares como el siguiente:

El Supremo valora la custodia compartida como la mejor solución para el menor

http://www.lavanguardia.com/vida/20130523/54374325206/supremo-valora-custodia-compartida-mejor-solucion-menor.html

En estos años han sido numerosas las sentencias del Tribunal Supremo al respecto. Tales como la siguiente:

El Tribunal Supremo reitera que la custodia compartida es la “deseable”

http://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-tribunal-supremo-reitera-custodia-compartida-deseable-20160401141530.html

Este procedimiento en concreto fue instado por un socio de ProJusticia.

La Sentencia es del año 2016. Es especialmente llamativa pues el Tribunal Supremo reprocha a los Tribunales y Juzgados inferiores que no hagan caso a su criterio que es de obligado cumplimiento y conocimiento. La llamada jurisprudencia.

http://projusticia.es/los-jueces-de-familia-incumplen-la-ley-y-la-jurisprudencia

La sentencia puede verse en el siguiente enlace:

http://projusticia.es/wp-content/uploads/2016/04/STS-194-2016-29-03-2016-custodia-compartida-sin-nombres.rtf

Habrá que recordar a los fiscales lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto sobre su función en estos asuntos en su Sentencia 185/2012 de 17 de octubre, reflejada en la prensa con titulares como el siguiente:

Los jueces podrán acordar la custodia compartida, aunque el fiscal se oponga

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/25/espana/1351172050.html

La Sentencia puede verse en el siguiente enlace:

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23092

 

Afirmación falsa del fiscal Moix

 

La mentira tiene las patas cortas.

Esta persona no es sino un mandado del Gobierno de turno.

Mientras la Fiscalía dependa del Gobierno de turno no puede haber independencia ni separación de poderes.

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Afirmación falsa del fiscal Moix

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. JAVIER BARBANCHO

ENRIQUE GIMBERNAT

7 may. 2017

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, acaba de afirmar que convendría introducir en España alguna medida, como la que rige en Alemania, para sancionar a los medios que publican filtraciones de sumarios secretos.

En lo que se refiere a Alemania, esta afirmación es falsa. El sumario o las diligencias previas españolas se corresponden, en Alemania, con el Ermittlungsverfahren -procedimiento de investigación- que allí instruye el Ministerio Fiscal y que tiene siempre el carácter de secreto.

Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán ((BVerfG), «si se pondera este interés [el informativo] con la vulneración del derecho de la personalidad, que está vinculado con la información identificadora de la persona afectada, en general merece la preferencia, para el reportaje de actualidad sobre hechos punibles, el interés informativo» (así, la sentencia del BVerfG de 19 de junio de 2009, con referencias a otras sentencias de este tribunal que se han manifestado en el mismo sentido).

Por otra parte, y en lo que a la veracidad de la información se refiere, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Oberlandesgerichtshof) de Hamburgo, fechada el 15 de julio de 2014, resume de esta manera los principios establecidos por los tribunales Constitucional y Supremo alemanes: «Si el objeto de la información es un procedimiento de investigación penal, los medios de comunicación pueden prescindir de pesquisas propias, siempre que de las averiguaciones de la Policía o de la Fiscalía se haya derivado una sospecha, la cual justifica -aun teniendo en cuenta los intereses del afectado- que la información sea publicada».

http://www.elmundo.es/espana/2017/05/07/590e0e67268e3e72748b45ce.html

 

Moix ordena investigar a los fiscales del 3% por coacciones

 

¿Qué no habrá en la Fiscalía?

Mientras los fiscales dependan del Gobierno de turno no podremos fiarnos de sus actuaciones.

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Moix ordena investigar a los fiscales del 3% por coacciones

El fical jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, abandona la sede del...

El fical jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, abandona la sede del Ministerio Público. JAVIER BARBANCHO

MANUEL MARRACO – Madrid – 29 abr. 2017

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ha ordenado investigar a tres fiscales de su unidad a raíz de la denuncia de uno de los imputados en la investigación sobre las cuentas de los Pujol en Andorra. Los fiscales afectados sonJosé Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, que han investigado los fondos de la familia de ex presidente de la Generalitat. A los dos primeros Moix les había apartado recientemente del llamado caso 3%, que investiga las comisiones ilegales a Convergència.

La actuación de Moix ha causado malestar entre los fiscales de Anticorrupción, un destino en el que son frecuentes las denuncias de los afectados por las investigaciones. Según fuentes de la Fiscalía, los afectados sólo tuvieron noticia de la denuncia cuando Moix les informó de que había dictado ya un decreto en el que respaldaba abrir una investigación por posibles delitos de coacciones y contra la administración de Justicia. Lo había hecho tras recibir al abogado del denunciante y tomar posteriormente declaración al propio denunciante sin que los tres fiscales conocieran la existencia del escrito en su contra.

En la denuncia, el imputado Rafael Pallardó sostiene que los fiscales le coaccionaron para declarar falsedades contra los Pujol. Los denunciados rebaten que, en realidad, en el encuentro el imputado les pidió dinero para declarar contra los Pujol, para quienes habría llevado fondos a Andorra. La respuesta fue que se podían ofrecer rebajas de pena por colaborar, pero no dinero.

Dos de los fiscales afectados habían sido ya apartados del ‘caso 3%’

El decreto de Moix indica que, puesto que los hechos se habrían cometido en Barcelona y que los fiscales están aforados, el órgano competente para investigar es la Fiscalía Superior de Cataluña. Ese departamento ya ha abierto unas diligencias de investigación a los fiscales tras el visto bueno del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Lo previsible a partir de ahora es que la Fiscalía Superior de Cataluña acuerde tomar declaración a los tres fiscales en presencia de sus abogados. Los afectados podrían, a su vez, solicitar diligencias como el interrogatorio a los testigos. Por ejemplo, a los entonces jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, y fiscal general,Eduardo Torres Dulce. Según fuentes del Ministerio Público, el encuentro con el imputado tuvo la autorización expresa de ambos.

Además de tratar el asunto directamente con el propio Maza y con el jefe de la inspección, los tres fiscales han pedido el amparo ante el Consejo Fiscal -órgano de representación de la carrera- frente a las denuncias presentadas en su contra, que a su juicio sólo pretenden minar su capacidad de actuación. El escrito enviado a la Fiscalía General va acompañado de las firmas de apoyo de todos sus compañeros de Anticorrupción. Varios de los firmantes señalan que el respaldo también puede interpretarse como una crítica al pábulo que Moix le ha dado a la denuncia.

En el caso de Grinda, existe una segunda denuncia presentada en Anticorrupción, esta vez por parte un imputado en el caso Petrov, que investiga la mafia rusa. Los fiscales afectados relacionan ambas denuncias con maniobras de los hermanosRamon e Higini Cierco, responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) -utilizada por los Pujol- hasta que el escándalo del blanqueo forzó su salida.

El episodio es un nuevo encontronazo de Moix en sus primeros meses al frente de Anticorrupción, tras la disputa mantenida con los dos fiscales encargados de la operación Lezo.

La petición de amparo es el segundo punto del orden del día que tiene marcado para los próximos días 3 y 4 de mayo el Consejo Fiscal. El primero será el intento de Moix de apartar a Grinda y Rosa del caso 3%. Ambos se han opuesto a la medida, por lo que la última palabra la tendrá Maza tras escuchar el parecer -no vinculante- del Consejo Fiscal. El jefe de Anticorrupción justificó el cambio en que era razonable que un caso de Cataluña lo lleven los delegados de Anticorrupción en esa comunidad. Entre los argumentos de los dos afectados está que Bermejo era fiscal en Cataluña cuando comenzó con el caso y que han pedido al juez de Tarragona que la investigación pase a manos de la Audiencia Nacional.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/29/5903afbf268e3ec05b8b45cd.html

 

La jueza Alaya: “Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid”

 

La jueza Alaya: “Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid”

Foto: KIKE TABERNER  Mercedes Alaya. Foto: KIKE TABERNER

La magistrada afirma que la injerencia política en la Justicia es total: “No se me permitió quedarme (en el caso ERE) por un voto unánime de PP y PSOE en el CGPJ”

Loreto Ochando

27/04/2017

VALÈNCIA. Mercedes Alaya, conocida como la jueza de los ERE de Andalucía, pronunció este miércoles una conferencia en el Hotel Las Arenas de València, organizada porForo de Opinión Cívico de la Cominidad Valenciana. Fiel a su imagen de no casarse con nadie, la magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no dejó títere con cabeza. Tuvo para todos: cúpula judicial, Fiscalía, medios de comunicación y políticos.

Al ser preguntada sobre las grabaciones entre el expresidente madrileño Ignacio González y el que fue su homólogo valenciano Eduardo Zaplana en las que hablan de poner y quitar jueces, la magistrada afirmó: “Claro que mueven los jueces a su antojo. Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

Alaya con respecto a estas declaraciones, primero pensó que se hablaba de mover fiscales,  sobre lo que dijo que, “no se puede utilizar a los fiscales como lacayos”, a lo que añadió que “no pueden existir cosas como las que hemos visto con un ministro del Interior”.

Críticas a la Fiscalía

Si hubo alguna institución contra la que la juez Alaya apuntó durante su disertación, sin duda fue contra la Fiscalía. Con respecto a los fiscales Anticorrupción aseguró que “no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido”, dijo en clara referencia al caso de los ERE. Explicó que “el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la jerarquía y la unidad de actuación”. “El Gobierno elige al fiscal general del Estado, y este a los de Anticorrupción. El Gobierno está presente en todos los casos de corrupción”.

Y añadió que “los fiscales son implacables en los delitos comunes, pero no se comportan de la misma manera en los casos de corrupción”.

En referencia a la posibilidad de que sean los representantes del Ministerio Público los que lleven la instrucción, actualmente en manos de los jueces, la juez estrella andaluza sostiene que “conceder la instrucción a un Ministerio Fiscal absolutamente politizado dejará al juez como si fuese una figura de piedra. No hay garantías de que nos llegue la realidad de lo que se ha investigado”.

Alaya, durante la conferencia. Foto: KIKE TABERNER

Alaya, durante la conferencia. Foto: KIKE TABERNER

Pero los dardos contra sus compañeros no finalizaron ahí. La juez aseveró que “si se revocan las causas (audiencias provinciales) es porque el fiscal se implica poco”. O con respecto a la Ley de Plazos, seis meses para causas simples y 18 para complejas, Alaya aseguró que “se limitan los plazos, pero se le dan las llaves al Ministerio Fiscal que no se mojan en las investigaciones judiciales y se mantienen al margen”, en referencia a que son ellos los que deben solicitar las prórrogas.

Por ello, la juez ahora apartada de los ERE por las continuas discusiones con la magistrada titular del juzgado que lleva esta causa, explica dice que “es necesario que el pueblo se involucre (acusación popular), porque nos podemos encontrar que el fiscal ponga fin a una investigación siguiendo órdenes del Gobierno”.

Asociaciones, partidos y medios

Tampoco sus propios compañeros magistrados se libraron de las críticas de Alaya, que explicó que aunque respeta, y mucho, a las asociaciones judiciales, no está asociada porque no está de acuerdo con el sistema.

Alaya tuvo balas para todos. En referencia a los partidos políticos, la juez andaluza afirmó que “tras el 15M hay un pacto de no agresión entre los grandes partidos para asegurarse la supervivencia”. Pero la juez, famosa por los ERE de Andalucía, traslada es pacto de no agresión a su tierra, de la que afirma que PP y PSOE  vienen a decir: “no comentes mis abusos, yo no comento los tuyos”.

Los medios de comunicación no salieron mejor parados que la Fiscalía o los partidos políticos. Según Alaya, “los medios de comunicación están a favor del poder”. “Los partidos políticos dan órdenes para hablar muy poco de temas judiciales”, añadió.

Soluciones

Las soluciones a todos los problemas que acucian a la Justicia para ella son: Un consejo General del Poder Judicial elegido por jueces; que la elección del fiscal general del Estado garantice su independencia; autonomía presupuestaria; un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas para evitar que “ningún procedimiento pueda ser moneda de cambio para pactos entre partidos, algo que está ocurriendo”, según manifestó.

http://valenciaplaza.com/jueza-alaya-valencia

Moix admite que se colocó un micrófono en el despacho de González por “la investigación que se estaba realizando”

 

El Estado omnipresente y controlador vaticinado por Orwell cada vez más presente. El Gran Hermano.

La legislación vigente permite la invasión de tu propio domicilio. Ley elaborada por políticos totalitarios y aplicada por un cargo político de confianza que depende jerárquicamente del propio gobierno de turno. Ley que utilizan tanto para sus guerras internas como para vigilar y controlar a los ciudadanos.

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Moix admite que se colocó un micrófono en el despacho de González por “la investigación que se estaba realizando”

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. GONZALO ARROYO

25 abril 2017

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha reconocido que se colocó un micrófono en el despacho de Ignacio González por necesidades de la investigación que se estaba realizando y “no por filtraciones” de las pesquisas a los interesados. La cadena Ser informa hoy de que el entonces juez instructor de la causa,Alejandro Abascal, ordenó a agentes de la Guardia Civil entrar en el despacho del ex presidente de la Comunidad de Madrid para colocar un micrófono oculto.

El juez decidió tomar esta inusual medida, permitida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, ante la gravedad de los delitos y las numerosas precauciones que tomaban los investigados. De hecho, González tiene un sistema de encriptación en su teléfono móvil, según informa la cadena Ser.

El fiscal Moix ha asegurado que ese micrófono no se colocó ante los supuestos chivatazos que recibían los afectados sobre la investigación en curso, sino como “consecuencia de la investigación”.

Además, el fiscal ha manifestado no tiene ninguna intención de dimitir, pese a su polémica actuación en torno a la ‘Operación Lezo’. Moix ha negado ser amigo deGonzález y ha manifestado que sólo mantenía con él una relación institucional: “Yo conozco a Ignacio González como a todos los gobernantes de la Comunidad de Madrid”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/25/58fef8f6468aeba8288b4631.html

Un juez usó a Manos Limpias para denunciar al presidente del TSJ de Castilla-La Mancha

 

Algo huele a podrido en la judicatura.

La penosa campaña del periódico ABC para desautorizar a quienes sentaron en el banquillo a Cristina de Borbón y Grecia no resta gravedad a los hechos que reflejan la noticia.

Ya no sorprende que el juez reconozca el delito, acostumbrado durante años a tener impunidad. Aunque no se da cuenta de que su impunidad le ha sido derogada y de que le van a “cortar la cabeza”.

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Un juez usó a Manos Limpias para denunciar al presidente del TSJ de Castilla-La Mancha

El magistrado Fernando Presencia, suspendido de sus funciones y detenido por negarse a declarar, redactaba querellas de Manos Limpias contra otros jueces y fiscales con los que está enfrentado

El juez Fernando Presencia

El juez Fernando Presencia – LA VOZ DEL TAJO

JAVIER CHICOTE – Madrid – 14/04/2017

El juez Fernando Presencia, suspendido en sus funciones y detenido el pasado febrero por negarse a declarar en los juzgados de Talavera de la Reina (Toledo), utilizó al sindicato Manos Limpias para denunciar a sus enemigos:el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco; el fiscal jefe de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz; la juez de lo Penal Cristina Peño; y el secretario del Juzgado de lo Penal José Luis Colmenero, entre otros.

Así lo acreditan los correos electrónicos del juez y los testimonios de colaboradores de Manos Limpias recabados por ABC. El polémico juez pactó con Miguel Bernad, líder de Manos Limpias, que el sindicato denunciara a varios colegas. Presencia redactó las querellas y las envió al sindicato y a la abogada de Manos Limpias Esther Rodrígez para que estamparan su membrete y las presentaran como propias. El juez, que mantiene una enconada lucha en los tribunales con Rouco, Demetrio y De la Cruz, pretendía hacerse de forma encubierta con la acusación popular en procedimientos que él también denunciaba a título personal.

Mail en el que el juez remite una querella a Manos Limpias para que la presenten ellosMail en el que el juez remite una querella a Manos Limpias para que la presenten ellos- ABC

El 21 de octubre de 2015, Presencia envió un correo electrónico a «dircom@manoslimpias»:«Te remito el escrito de ampliación de querella contra el fiscal y su mujer para el Juzgado nº 4, en sus D.P. 45/2014. El segundo documento (QUERELLA TALAVERA) es el escrito de ampliación, que tienes que rellenar el nombre de la Procurador/a y con firma de abogado. Como verás al escrito le sigue un documento. Ya he hecho la corrección». El juez daba instrucciones precisas: «El primer documento (VIVIENDA FISCAL) contiene el resto de documentación del escrito de ampliación. Tienes que presentar 8 copias en el Juzgado (6 para los querellados, 1 para el M.Fiscal, y 1 original para el Juzgado)».

Su versión

Fernando Presencia ha reconocido los hechos en conversación telefónica con ABC. Argumenta que «dos afiliados de Manos Limpias de Talavera se pusieron en contacto conmigo porque les interesaba el caso como escaparate para el sindicato». El juez sostiene que «me pidieron mis escritos, mi querella, y la presentaron ellos, no tuve inconveniente». Ante la pregunta sobre cómo un juez puede parapetarse tras una acusación popular, Presencia reconoce que«yo, como juez, no puedo ejercer la acción popular, lo de Manos Limpias es poco ortodoxo, poco ético, es verdad, pero también denuncié a título particular».

El juez sostiene que el fiscal jefe de Talavera «me declaró la guerra al pedir el ingreso en prisión de mi esposa por una condena de hace siete años», y que tras las cuatro querellas que actualmente pesan sobre él «está la corrupción urbanística judicial y sobre todo de la Fiscalía en Talavera de la Reina». Presencia asegura que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, es «la X de esta trama de corrupción», y argumenta que todas sus denuncias –y las de Manos Limpias– contra esta supuesta trama han sido archivadas «porque son ellos mismos los que las tramitan». Presencia fue arrestado en febrero por orden de la juez que lo sustituye tras no presentarse a declarar por tres veces en una de las querellas que le interpuso la Fiscalía.

Por otro lado, el juez denunció que Manos Limpias «me extorsionó pidiéndome dinero». Según ha podido comprobar ABC, el sindicato le pidió 80 euros para pagar al procurador, «porque las denuncias de Talavera las pusimos porque nos lo pidió él», aseveran a este diario los colaboradores de Manos Limpias que las tramitaron.

Fernando Presencia está condenado a diez años de inhabilitación por prevaricar. El fallo está pendiente de la resolución del recurso.

http://www.abc.es/espana/abci-juez-manos-limpias-para-denunciar-presidente-castilla-la-mancha-201704140152_noticia.html

Catalá insiste en que los fiscales instruyan las causas penales

 

Mientras los fiscales dependan jerárquicamente de sus superiores y deban acatar sus órdenes, su trabajo no tendrá la necesaria independencia para poder instruir las causas.

La separación de poderes no podrá estar garantizada mientras los fiscales estén a las órdenes del Gobierno de turno.

Resulta evidente cual es la intención del Gobierno.

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Catalá insiste en que los fiscales instruyan las causas penales

Catalá dice que prohibirá las órdenes verbales a los fiscales por parte de sus superiores Vídeo: ATLAS Foto: Kiko Huesca EFE
Insiste en que los fiscales nunca han recibido órdenes del Gobierno y dice que prohibirá las órdenes verbales a los fiscales por parte de sus superiores

HEMEROTECA: La Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia

MANUEL MARRACO – Madrid – 06/04/2017

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este jueves en el Congreso que sigue adelante con el proyecto de aprobar «en breve» una gran reforma del proceso penal, en la que la medida de mayor calado es la atribución de la investigación a los fiscales en lugar de los jueces. Catalá precisó que, «en paralelo», se reformará el ya «exhausto» Estatuto Fiscal para reforzar la autonomía de los representantes del Ministerio Público ante su nueva tarea. Una de las medidas que se incorporarán será la prohibición de que los fiscales reciban órdenes verbales de sus superiores.

«El nuevo Estatuto prohibirá las órdenes verbales», dijo Catalá a los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso, ante la que comparecía para aclarar las posibles presiones a fiscales que llevan casos de corrupción y las indicaciones políticas para los nombramientos más delicados.

El alcance real de la medida es difícil de precisar. Por ejemplo, en el caso Púnicala orden del fiscal general de no acusar al ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez se hizo por escrito. El decreto de José Manuel Maza llegó después de que las dos fiscales rechazaran asumir ese criterio.

Actualmente, los fiscales también pueden exigir a su superior que la orden de actuar contra su propio criterio venga por escrito. En la práctica, esa exigencia llega en rarísimas ocasiones y refleja una situación de enfrentamiento. En el día a día, lo más habitual es que el fiscal cumpla con lo que le traslada el superior verbalmente, aunque discrepe. Fuentes del Ministerio Público consideran positivo que se deje constancia de esas órdenes con más facilidad que hasta ahora, si bien encuentran problemas para su aplicación práctica. El ministro no dio más detalles sobre la medida anunciada.

Sobre los cambios del Estatuto Fiscal en general, clave para la reforma del proceso penal, explicó que buscarán «conciliar el principio de autonomía con el de unidad de actuación», remarcando «la imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley» por parte de los fiscales.

La intención es que «facilite la discrepancia jurídica mediante mecanismos más transparentes» y que las discrepancias se resuelvan por «un órgano colegiado, no por una sola persona». Catalá también propone conceder un «mayor protagonismo» al Consejo Fiscal -que reúne a fiscales elegidos por votación- y regular con más precisión «el mérito y la capacidad» para acceder a los puestos discrecionales.

Ante los representantes de la oposición, Catalá ha asegurado que la reforma del proceso penal en general no es un proyecto sólo del PP o del Gobierno, sino que debe contar con el apoyo de otros grupos. Si no lo obtiene -necesita los votos para aprobar la ley orgánica- España seguirá siendo «un exotismo» en un entorno jurídico europeo en el que la investigación la llevan los fiscales.

Si, en cambio, sale adelante, Catalá ofreció ayer algunos rasgos de la reforma que se sumarían a los de la instrucción por parte del fiscal. Por ejemplo, se simplificarían los procedimientos y recursos, con menos formalismos. Los dos procedimientos actuales (ordinario y abreviado) quedarían en sólo uno.

El apoyo de la oposición no está claro. La orden de no acusar a Sánchez o la no renovación de la ex fiscal general Consuelo Madrigal por no ceder en los nombramientos llevaron recientemente al PSOE a advertir a Catalá en el Senado de que estaba «rompiendo a pedazos» la posibilidad de un acuerdo. Ayer el tono del PSOE fue más suave, pero manteniendo las reservas sobre el control de la Fiscalía por parte del Gobierno. Por su parte, Catalá negó haber dado siquiera «recomendaciones» sobre nombramientos.

También negó que fuera él quien en el Congreso Nacional del PP informó al ex presidente de Murcia de que la Fiscalía no respaldaría su imputación. En este punto, Catalá reprochó a la oposición que no comprobara las fechas antes de acusarle. Según el ministro, cuando Sánchez alardeó de que «cuatro fiscales del Supremo» respaldaban su tesis no hacía sino repetir lo que la víspera había difundido públicamente la Fiscalía. En realidad, el Ministerio Público sí había informado con gran celeridad de que no acusaría, pero no había revelado la intervención en el caso de los fiscales de Sala del Supremo. De eso Sánchez se enteró por otra vía.

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/06/58e6579d22601d1d378b4619.html

El nuevo jefe de Anticorrupción quiere abrir menos investigaciones

 

No sorprende que esta persona prefiera no investigar, tarea que es una de sus obligaciones como fiscal.

Primero porque su nombramiento no obedece a criterios profesionales sino a su disposición a cumplir las órdenes de la superioridad. No olvidemos que los fiscales son un cuerpo jerárquico que ha de seguir el criterio de sus superiores. Y en España el Gobierno de turno es el jefe de los fiscales.

Segundo, por su pasado como Fiscal jefe de Madrid y su nulo interés en investigar los numerosos delitos que se cometen en los juzgados de familia de los que tenía constancia tanto por los escritos que se le han presentado como por las entrevistas personales mantenidas con él.

Tercero, por no preocuparse por el interés de los menores. Sus “representados” en los juicios de divorcio. No se puede entender de otra forma el que los fiscales no soliciten la custodia compartida por defecto pese a ser lo mejor para los menores.

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El nuevo jefe de Anticorrupción quiere abrir menos investigaciones

El nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix,...

El nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, antiguo fiscal jefe de Madrid y ex fiscal del Tribunal Supremo. GONZALO ARROYO

Manuel Moix reivindica en su plan de actuación que la Fiscalía se centre en la “persecución de hechos delictivos” y huya de las pesquisas “sin soporte real”

HEMEROTECA: El fiscal general renueva los dos puestos clave en la lucha contra la corrupción

MANUEL MARRACO – Madrid – 06/03/2017

El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción considera que es necesario abrir menos investigaciones y centrar así los esfuerzos en aquellas con más visos de prosperar. Esa es una de las ideas centrales del extenso «Plan de Actuación» remitido porManuel Moix a la Fiscalía General del Estado acompañando su candidatura. En su proyecto, Moix alerta de que no admitirá que sean las Fuerzas de Seguridad las que marquen la investigación, un reproche que se lanzó contra las fiscales de Púnica: «Han de actuar bajo la dirección del Fiscal y no viceversa».

El plan de actuación contiene un elocuente epígrafe denominado «Persecución únicamente de hechos delictivos», que propone un criterio restrictivo a la hora de decidir qué investigaciones se abordan. «Ha de descartarse el inicio de investigación alguna cuando las denuncias (policiales, de la Agencia Tributaria o de particulares) se funden exclusivamente en meras hipótesis subjetivas o en simples plasmaciones de suposiciones».

Palabras tras las que subyace la constatación de que buena parte de las diligencias que abre Anticorrupción acaban archivándose.

El escrito prosigue explicando que habrá que evitar especialmente lo que desde ciertos ámbitos del Ministerio Público se reprochaba a las fiscales del caso Púnica: que se limitaran a seguir lo que la Guardia Civil decía en sus informes. «Es necesario tener claro y hacérselo saber tanto a la Policía Judicial, como a la Agencia Tributaria, que las mismas han de actuar bajo la dirección del Fiscal y no viceversa».

Y recuerda otro límite que marca la ley: «Deben, por ello, desecharse, tanto las investigaciones generales o prospectivas dirigidas a la búsqueda de algo que pudiera ser un indicio de delito, como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales». Entre la legión de investigados que se han quejado de que lo suyo nació como una investigación prospectiva está la familiaPujol.

Será el propio Moix el que ejecute la limitación de las investigaciones. Conforme a su proyecto, se reservará, junto a su número dos, «el análisis inicial de las denuncias y procedimientos». También examinará «todos los dictámenes, informes y escritos de cualquier clase elaborados por los fiscales».

El motivo del exhaustivo control anunciado es que «la envergadura y repercusión de la inmensa mayoría, por no decir de todos los asuntos competencia de estaFiscalía Especial, exige que el fiscal jefe esté en disposición de dar cuenta de los mismos y de su avance al fiscal general, lo que sólo puede realizar eficazmente si él mismo posee ese conocimiento».

El proyecto empezará a ponerse en práctica esta misma semana, puesto que el miércoles toma posesión del cargo. Como fiscal jefe in pectore, el pasado jueves ya saludó a los fiscales en una visita informal al palacete afrancesado que alberga su nuevo despacho.

En coherencia con lo anterior, el plan de actuación también adelanta que habrá que cerrar la investigación «en el instante» en el que se perciba que no hay delito. Si ya está en manos del juez, la petición de archivo será inmediata, aunque haya otras acusaciones que respalden seguir adelante, algo que ha sucedido con frecuencia en las causas con políticos implicados. «La participación de la Fiscalía como mero espectador en macro-instrucciones que el fiscal considera innecesarias o irrelevantes […], sin manifestarlo expresamente, es una práctica que no debe ser tolerada bajo ningún concepto».

El control de las causas se efectuará a través de las llamadas juntas fiscales, en las que se intercambian pareceres y se fijan criterios unitarios. Éstas vienen exigidas por el Estatuto Fiscal, pero el anterior fiscal jefe, Antonio Salinas, no las convocaba. «No es asumible que haya fiscales que actúen de manera descoordinada o independiente […]. El principio de unidad de actuación no es incompatible, desde luego, con la imparcialidad que ha de presidir la actuación de cada fiscal, pero sí lo es con la independencia y la autonomía individual».

Finalmente, el control se extiende a los siempre delicados pactos con los investigados: «Cualquier conformidad o propuesta de conformidad que quiera hacerse llegar a quienes hayan sido objeto de acusación, o puedan llegar a serlo, deberá contar con el visto bueno de la Jefatura».

Los 18 folios del plan de actuación incluyen una larga lista de medidas. Por ejemplo, debido al «sobredimensionamiento» de la plantilla y de los asuntos, Moix pedirá la creación de dos plazas de fiscales decanos. Uno para coordinar los delegados que Anticorrupción tiene en diversas provincias. Y otro para las causas de criminalidad organizada. Actualmente, el fiscal jefe cuenta con un teniente y 26 fiscales, en la sede central, y otros 29 delegados.

Moix también propone impulsar las relaciones internacionales para que Anticorrupción «sea percibida, fuera de nuestras fronteras, como la vanguardia en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada». Para ello, «es preciso que abandere» la colaboración con sus homólogos de la UE.

Moix obtuvo el respaldo del fiscal general y de la mayoría de los votos del Consejo Fiscal. José Manuel Maza explicó en el Congreso que, pese a ser el único candidato que no provenía de Anticorrupción, confía en él por el éxito con el que dirigió la complicada Fiscalía de Madrid. El propio Moix reconoce su falta de experiencia y asegura que su llegada no implica, «forzosamente, una modificación radical». «No se cambian las cosas por cambiar, se cambian para mejorar. Lo que funciona y funciona bien no se debe tocar», concluye.

Huir de los macroprocesos

Moix considera «imprescindible» que los fiscales impulsen «la simplificación» de las investigaciones. Para ello, siempre que sea posible pedirá al juez el fraccionamiento de la causa en piezas separadas que puedan juzgarse de forma independiente. «La práctica diaria pone de manifiesto que la instrucción conjunta de diversos hechos conexos, lejos de favorecer su esclarecimiento, produce un efecto contrario y no deseado: macroprocesos […] que hacen ingobernable el procedimiento y que dilatan enormemente su terminación». Otro elemento para agilizar la fase de instrucción es el uso de videoconferencias que eviten el desplazamiento del fiscal y facilite así su presencia en un número mayor de diligencias.

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/06/58bc5a97ca474180278b45bf.html

La Fiscal Madrigal no siguió por rechazar las presiones de Catalá

 

Quitaron a Madrigal y colocaron a otro más afín.

La Fiscalía no deja de ser un brazo del poder ejecutivo.

En España no hay separación de poderes.

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La Fiscal Madrigal no siguió por rechazar las presiones de Catalá

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una reunión el pasado...

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una reunión el pasado jueves. JOSÉ S. GUTIÉRREZ

El ministro se reunió varias veces con la ex fiscal general para imponerle los nombramientos de los jefes en Anticorrupción y la Audiencia Nacional

Ella se negó a este último y fue relevada

MANUEL MARRACO – Madrid – 27/02/2017

El Gobierno rechazó mantener a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado al comprobar que no estaba dispuesta a aceptar algunos cambios en la cúpula del Ministerio Público. Las propuestas de modificación fueron planteadas directamente a Madrigal por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en diversas reuniones y en conversaciones telefónicas.

Según confirman las fuentes consultadas, el Gobierno explicó a la fiscal general que eran necesarios cambios en varias de las plazas de la cúpula fiscal pendientes de renovación. Conforme avanzaban los encuentros, el interés mostrado por el Gobierno se fue centrando en ciertas plazas. Las conversaciones incluían las más delicadas: las jefaturas de Anticorrupción y Audiencia Nacional. También otras como el jefe de la Unidad de Apoyo -clave en las relaciones entre la Fiscalía y el Ministerio- y la jefatura Superior de Murcia.

En esos encuentros, el ministro ya respaldó expresamente la opción de queManuel Moix ocupara la jefatura de Anticorrupción, como finalmente se acordó el pasado miércoles. Madrigal tenía previsto designar a Alejandro Luzón, un histórico Anticorrupción que Madrigal tenía a su lado como teniente de la Secretaría Técnica. Sin embargo, también consideraba aceptable la propuesta de Moix.

Ni en este puesto ni en otros como la renovación de la jefatura de Murcia -que la Fiscalía General también quería cambiar- hubo problemas. Donde según las fuentes consultadas se produjo el choque determinante para que Madrigal no renovara en el cargo fue en la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El ministro transmitió a la fiscal general que era necesario apartar de ese puesto clave a Javier Zaragoza. Las conversaciones no se centraron tanto en poner a alguien concreto como en quitar a Zaragoza.

Justicia dice que el ministro nunca trató el asunto ni con Madrigal ni con Maza

Madrigal objetó que no encontraba motivos para justificar una decisión así ante una carrera fiscal que iba a tener que dirigir en los siguientes cuatro años. La fiscal general mantuvo esa postura en los diversas conversaciones con el ministro sobre los puestos a renovar.

El proceso culminó con una última reunión en el Ministerio, ya de cortesía, a primera hora del viernes 11 de noviembre, día en que el Consejo de Ministrosdebía nombrar al fiscal general de la nueva legislatura. Catalá comunicó a Madrigal que no iba a continuar en el puesto y horas después se anunciaba el nombramientodel magistrado José Manuel Maza.

Antes de que la insistencia en los cambios torciera las cosas, Catalá había hecho saber a Madrigal que iba a proponer al Gobierno su renovación, dado que era legalmente posible al no haber cumplido aún los dos años en el puesto. El ministro también comunicó ese criterio en otros ámbitos tras su toma de posesión el día 4 de noviembre, apenas una semana antes del cambió en la Fiscalía General.

Preguntada directamente por los encuentros con Catalá y los términos en los que se produjeron las conversaciones sobre los puestos, Madrigal no quiso hacer comentarios a este diario.

El Ministerio de Justicia, por su parte, niega «rotundamente» que el ministro mantuviera reuniones con Madrigal en las que tratara «los nombramientos», así como la supuesta «connivencia» con la Fiscalía General para algunos de ellos. Insisten en que Catalá «no se reunió ni con Madrigal ni con Maza» para tratar las designaciones. «Nosotros nos limitamos a hacer nuestras las propuestas delConsejo Fiscal», afirman, añadiendo que conocen los nombres de los propuestos por el fiscal general incluso «más tarde» que los medios de comunicación.

La jefatura de la Fiscalía de la Audiencia fue uno de los puestos clave de los 35 nombramientos que el miércoles abordó el Consejo Fiscal encabezado por Maza. El otro, el de jefe de Anticorrupción, que ofrecía un margen más amplio a la hora de escoger a un candidato porque la plaza se encontraba vacante desde la jubilación de Antonio Salinas.

Por contra, en el caso de la Audiencia había que justificar la salida de un fiscal jefe que llevaba dos mandatos. Aunque no se lo había llegado a transmitir al propio interesado, Madrigal había decidido mantener a Zaragoza un tercer mandato. La entonces fiscal general estaba muy satisfecha con su trabajo, que además contaba con el respaldo de sus asesores directos. Los dos miembros natos del Consejo Fiscal habían hecho saber a Zaragoza que contaba con su apoyo, que iba a sumarse a tres votos seguros de los miembros electos del Consejo Fiscal. Obtuvo cinco votos frente a los seis del finalmente nombrado, Jesús Alonso.

Zaragoza llegó al puesto en 2006 a propuesta de Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2011 volvió a obtener su respaldo para otros cinco años y desde mayo del año pasado estaba en funciones a la espera de que la conformación de nuevo Gobierno reactivara los nombramientos pendientes en el Ministerio Público. Como sucedió con su llegada para ocupar el puesto de Eduardo Fungairiño, su salida ha llegado con polémica.

Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado. | JAVIER CUESTA