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Un juez se mofa y llama “bicho” e “hija puta” a una víctima de violencia machista

 

Los comentarios del juez, fiscal y secretaria judicial son tras la celebración del juicio. Los comentarios que hace cualquier persona tras realizar su trabajo. En este caso no hay ningún prejuicio ni enemistad ni animadversión con alguna de las partes. Simplemente tienen meridianamente claro que la denuncia es falsa y que la denunciante es muy mala actriz y muy mala persona cuyo único interés es vivir parasitando al padre de sus hijos.

El vídeo ha sido difundido por la abogada de la falsa denunciante, Teresa Bueyes. No sorprende dado su historial. Es de esperar que se tomen las correspondientes medidas contra ella.

El linchamiento al juez es el procedimiento habitual a quien no sigue a pies juntillas los postulados totalitarios de las feminazis.

Una más de las miles de denuncias falsas de maltrato que se dan cada año.

Uno más de los miles de abogados que se prestan a esta canallada.

Uno más de los miles de purgados por el comisariado feminazi.

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Un juez se mofa y llama “bicho” e “hija puta” a una víctima de violencia machista

Un juez se mofa de una víctima de violencia machista y la llama “bicho” e “hija puta”. / CADENA SER

MARIOLA LOURIDO – Madrid – 04/10/2018

La víctima pide la intervención del Consejo General del Poder Judicial donde ha presentado una queja contra el magistrado por falta de imparcialidad, animadversión y posible delito de prevaricación.

Una víctima de violencia de género denuncia al juez que instruye su caso tras comprobar que se ha burlado y se ha mofado de ella hasta el punto de insultarla y llamarle “bicho” e “hija puta”.

Esta mujer, que tuvo incluso una valoración policial de riesgo extremo tras una de sus denuncias, ha presentado una queja contra el magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella. Alerta de que esta circunstancia le provoca una situación de indefensión total y absoluta. También pide al máximo órgano de gobierno de los jueces que lo investigue por un presunto delito de prevaricación, según la documentación del caso a la que ha tenido acceso la Cadena SER.

La víctima se llama María Sanjuan y pide al Consejo General del Poder Judicialque tome medidas contra el titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid Francisco Javier Martínez Derqui. Este magistrado instruye los procedimientos civiles y penales derivados del divorcio y de las dos denuncias presentadas por malos tratos psicológicos, por amenazas y coacciones, contra su exmarido, Josué Reyzábal.

María Sanjuan, la víctima, pide la intervención del Consejo General del Poder Judicial, donde ha presentado una queja contra el magistrado por falta de imparcialidad, animadversión y posible delito de prevaricación. / GETTY IMAGES

Lo hace después de constatar en el vídeo oficial grabado por el juzgado en la sala de vistas que el juez se refiere a ella como el “bicho” “hija puta”. Y hace además los siguientes comentarios “verás el disgusto que se va a llevar la María Sanjuan cuando vea que tiene que darle los hijos al padre” “estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media”.

Se trata de una conversación que se produce una vez que terminada la vistade la demanda de divorcio para decidir las medidas sobre la custodia de los dos hijos, dos bebés de 21 y 10 meses. El vídeo sigue grabando porque alguien se olvida de detener el programa de grabación. En la charla participan también la fiscala y la letrada de la administración de justicia.

Los tres miembros del tribunal hablan entre risas del caso y siembran dudas sobre la causa por la que María Sanjuan no pudo asistir a la vista. Cuestionan que tuviese que ser ingresada la noche anterior en urgencias en el hospital público de La Princesa por un fuerte ataque de pánico tras conocer que le acaban de retirar la orden de protección. Dicen los juristas que “todo está preparado” por parte “de ella” y el juez concluye con un “sí, que hija puta”.

La denunciante ha recusado a este tribunal especializado en violencia de género por “falta de imparcialidad” y “enemistad manifiesta”. Según ha podido saber la Cadena SER de fuentes del juzgado, la fiscala y la letrada la han aceptado y han dejado el caso. Mientras, el juez Martínez Derqui ha presentado un escrito y ahora la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si lo aparta o no del caso.

También pide la nulidad de todos los procedimientos y al máximo órgano de gobierno de los jueces que valore si la actuación de este juez puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. La víctima denuncia que, tras la revocación de la orden de protección, el magistrado decidió, sin pedirlo las partes, actuar de oficio. Dictó un auto sin posibilidad de recurso en el que le entrega al padre para las “vacaciones escolares” a los dos niños y le amplía el régimen de visitas.

Juzgados de violencia sobre la mujer en la calle Manuel Tovar. / ALBERTO POZAS

Lo justifica en el artículo 158 del Código Civil “a fin de apartar a los menores de un peligro o de evitarles perjuicios” y como comentan en la animada charla el juez “hace sangre” con la mujer porque explica que con “esta resolución contribuirá además a la recuperación de la madre de los problemas de salud que han motivado su ingreso en de urgencias en un centro hospitalario sin previsión de fecha de alta, impidiéndole atender con normalidad sus tareas cotidianas y el cuidado de los hijos”.

El juez y la fiscala cuestionan su estado de salud a pesar de los informes del hospital que incluso activó el protocolo de malos tratos.

Fue una enfermera de la Comisión de Violencia de Género la que activa el protocolo después de que María Sanjuan, en un estado de pánico y ansiedad, contara que le habían retirado la orden de protección y su marido puede por lo tanto volver a la casa. El parte hospitalario de alta señala “la paciente manifiesta pánico a ser agredida o asesinada, ella o sus hijos, por lo que presenta gran estado de agitación, llanto e hiperventilación”. ” Se presenta muy nerviosa, angustiada y llorosa y manifiesta su miedo ante la posibilidad de que su marido pueda hacerle algo a los niños ya que en ocasiones anteriores ya le había amenazado con ello”.

El informe médico recoge que la víctima sufre maltrato psicológico continuado desde 2016. Al principio los episodios se producían cuando su marido se encontraba bajo los efectos del alcohol, de noche y cuando estaban solos, pero posteriormente se fueron haciendo más intensos, también por el día, estando sobrio y delante de otras personas. Su relato concreta que desde el inicio de la convivencia, su marido la ha insultado, gritado y amenazado con matarla. También refiere que le ha obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La víctima estuvo 15 horas en las urgencias de La Princesa hasta donde fue trasladada por el Samur. Hasta siete profesionales sanitarios la atendieron pero no lograron calmarla y estabilizarla después de recibir el auto de la Audiencia de Madrid que revocaba la orden de protección. Esta medida se la había concedido la jueza del número 3 de violencia de género María Gracia Parera tras la segunda denuncia presentada y con un informe policial de valoración de riesgo extremo, una valoración extraordinaria. En el mes de agosto solo hay 8 de 56.000 mujeres del sistema Viogen en esa situación, es decir, el 0,01 de las víctimas con algún tipo de seguimiento policial. En su auto, esta jueza afirma que la medida de la protección es proporcionada, el riesgo objetivo y ve indicios de delitos de amenazas, coacciones y hostigamiento.

La jueza Parera detalla que el acusado reconoció que le había dicho expresiones como “que continúe el entierro” y “te espera a ti y a tu padre el sábado una sorpresita”. Y que cuando se producen situaciones de conflicto el marido se lleva a uno de los bebés y se encierra en el dormitorio. Además, califica de acoso, coacción y hostigamiento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y metérselos dentro del propio domicilio vigilantes de seguridad para controlarla.

Los guardas jurados se instalaban en el salón de forma “intrusiva e invasiva” y incluso acuden detrás de la mujer al dormitorio de los bebés cuando lloran, según el auto. La jueza, que alude a la vulnerabilidad de la víctima, impone al denunciado una orden de alejamiento de 500 metros. Otorga a la madre la custodia de los hijos y el uso del domicilio y al padre le concede un régimen de visitas. Él recurrió y la Audiencia Provincial le dio la razón al no encontrar indicios de delito.

El juez: “Es una conversación privada”

La Cadena SER ha hablado con el juez Francisco Martínez Derqui para recabar su versión. El magistrado señala “lo único que puedo decir es que es una conversación privada que se ha grabado indebidamente, una conversación fuera de mi actuación jurisdiccional, que se produce en un espacio cerrado y que se está haciendo un uso indebido de ella”. Martínez Derqui añade que tiene conocimiento de que la víctima lo ha recusado y “esa recusación está en trámite pendiente de que la Audiencia se pronuncie”.

El juez bromea en la conversación con que la víctima va a pasearse por las teles y vaya al Sálvame porque son una pareja conocida. Maria Sanjuan es modelo y el acusado, Josué Reyzábal, es un empresario de una familia muy notoria en Madrid.

http://cadenaser.com/ser/2018/10/03/sociedad/1538581619_584708.html

Un juez llama “hija de puta” a la modelo María Sanjuán, víctima de violencia machista

Sara Tejada – 4/10/2018

La modelo María Sanjuán, ex de Miki Nadal, denunció que el padre de sus hijos la insulta, la grita y ha amenazado con matarla. Sin embargo, el juez de violencia de género que se encarga del caso la llama “hija de puta” y pretendía dar la custodia de sus hijos (de meses) al denunciado. Un vídeo espeluznante muestra la actitud del magistrado contra la víctima. Otra jueza había considerado que María Sanjuán era víctima de acoso por parte del padre de sus hijos, el empresario Josué Reyzábal:acoso, coacción y hostigamento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y meterlos dentro del propio domicilio ara controlarla.

Como informamos en su día, uno de los herederos de la poderosa familia Reyzábalfue detenido y trasladado a primeros de año por las fuerzas de seguridad a los juzgados de violencia contra la mujer. Josué Reyzábal había sido denunciado horas antes por su mujer, la modelo María Sanjuán. El Juzgado de Violencia número 7 se hizo cargo del detenido y abrió las diligencias previas de investigación, tomándole declaración en calidad de imputado. Minutos después, el titular del juzgado, Francisco Javier Martínez, dejó en libertad al arrestado.

Reyzábal es miembro de una poderosa familia, con fuerte actividad empresarial en torno a locales de ocio y fondos de inversión. La prima del empresario es la cantante Barei, que participó en Eurovisión 2016 representando a España. La denunciante, su mujer, es la modelo María Sanjuán, bellísima mujer de labios sensuales y ojos verdes, con la que tiene tres hijos. Maria Sanjuán nació en Madrid el 19 de julio de 1984. Se hizo famosa cuando apenas era una adolescente gracias a los grandes almacenes El Corte Inglés, que la eligieron como imagen con doce años. En 1997 fue elegida como la protagonista de la campaña de la firma Pepe JeansLondon. Este trabajo supuso su despegue internacional y que importantes agencias de modelos comenzaran a interesarse por ella. Con 13 años, María firmaba un contrato con la agencia America nFord de Nueva York, y poco después con DNA Model Management.

Su trabajo más importante fue para la campaña CKOne de Calvin Klein. También ha posado para campañas de las firmas Via Spiga, Fornarina, Max Mara, Burberry y Green Coast, entre otras. Ha desfilado en pasarelas en Madrid Barcelona, Madrid o Milán, y eso que su estatura es de 1.70.

María saltó a las páginas de la crónica rosa en 2010 por su relación con el humorista Miki Nadal. Aquel noviazgo no llegó a buen puerto y fue poco después de la ruptura con el presentador cuando Josué apareció en su vida y con él tuvo dos hijos. Josué pertenece a la tercera generación de los poderosos Reyzábal y ocupa un puesto de prestigio en Arconte Holding, perteneciente a la inmobiliaria Grupo Concisa.

Hace apenas dos años ambos bautizaban juntos a su segundo hijo, Álvaro, y el padrino era, nada más y nada menos, que el DJ y blogger Aless Gibaja, habitual en programas de televisión. Poco después, Reyzábal y María veían llegar al mundo a Claudia, su tercer hijo.

Este jueves, la Cadena Ser ha difundido un vídeo en el que el juez que se encarga del caso se ha mofa de María Sanjuán hasta el punto de insultarla y llamarle “bicho” e “hija puta”. La modelo de 34 años llegó a contar con una valoración policial de riesgo extremo tras una de sus denuncias contra el padre de sus hijos.

María Sanjuán ha presentado una queja contra el magistrado ante el Consejo General del Poder Judicial por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella. Alerta de que esta circunstancia le provoca una situación de indefensión total y absoluta. También pide al máximo órgano de gobierno de los jueces que lo investigue por un presunto delito de prevaricación.

María Sanjuán y pide al Consejo General del Poder Judicial que tome medidas contra el titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid Francisco Javier Martínez Derqui. Este magistrado instruye los procedimientos civiles y penales derivados del divorcio y de las dos denuncias presentadas pormalos tratos psicológicos, por amenazas y coacciones, contra su exmarido, Josué Reyzábal.

Lo hace después de constatar en el vídeo oficial grabado por el juzgado en la sala de vistas que el juez se refiere a ella como el “bicho” “hija puta”. Y hace además los siguientes comentarios a la fiscal  y otra letrada: “Veras el disgusto que se va a llevar la María Sanjuan cuando vea que tiene que darle los hijos al padre”,”estará por la noche en el Sálvame poniéndome de vuelta y media”.

La conversación difundida por la Ser se produce una vez que terminada la vista de la demanda de divorcio para decidir las medidas sobre la custodia de dos de mlos tres hijos de la pareja, dos bebés de 21 y 10 meses. El vídeo sigue grabando porque alguien se olvida de detener el programa de grabación.

Los tres miembros del tribunal hablan entre risas del caso y siembran dudas sobre la causa por la que María Sanjuan no pudo asistir a la vista. Cuestionan que tuviese que ser ingresada la noche anterior en urgencias en el hospital público de La Princesa por un fuerte ataque de pánico tras conocer que le acaban de retirar la orden de protección. Dicen los juristas que “todo está preparado” por parte “de ella” y el juez concluye con un “sí, ¡qué hija puta!”.

La denunciante ha recusado a este tribunal especializado en violencia de género por “falta de imparcialidad” y “enemistad manifiesta”. La fiscala y la letrada la han aceptado y han dejado el caso pero el juez Martínez Derqui ha presentado un escrito y ahora la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si lo aparta o no del caso.

María Sanjuán pide la nulidad de todos los procedimientos y al máximo órgano de gobierno de los jueces que valore si la actuación de este juez puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. La víctima denuncia que, tras la revocación de la orden de protección, el magistrado decidió, sin pedirlo las partes, actuar de oficio. Dictó un auto sin posibilidad de recurso en el que le entrega al padre para las “vacaciones escolares” a los dos niños y le amplía el régimen de visitas.

Una enfermera de la Comisión de Violencia de Género fue quien activó el protocolo después de que María Sanjuán, en un estado de pánico y ansiedad, contara que le habían retirado la orden de protección, y su marido podía por lo tanto volver a la casa. El parte hospitalario de alta señala “la paciente manifiesta pánico a ser agredida o asesinada, ella o sus hijos, por lo que presenta gran estado de agitación, llanto e hiperventilación”. “Se presenta muy nerviosa, angustiada y llorosa y manifiesta su miedo ante la posibilidad de que su marido pueda hacerle algo a los niños ya que en ocasiones anteriores ya le había amenazado con ello”.

El informe médico recoge que la víctima sufre maltrato psicológico continuado desde 2016. Al principio los episodios se producían cuando su marido seencontraba bajo los efectos del alcohol, de noche y cuando estaban solos, pero posteriormente se fueron haciendo más intensos, también por el día, estando sobrio y delante de otras personas. Su relato concreta que desde el inicio de la convivencia, su marido la ha insultado, gritado y amenazado con matarla. También refiere que le ha obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La víctima estuvo 15 horas en las urgencias del madriñelo hospital de La Princesa, hasta donde fue trasladada por el Samur. Hasta siete profesionales sanitarios la atendieron pero no lograron calmarla y estabilizarla después de recibir el auto de la Audiencia de Madrid que revocaba la orden de protección. Esta medida se la había concedido tras la segunda denuncia presentada y con un informe policial de valoración de riesgo extremo, una valoración extraordinaria. En el mes de agosto solo hay 8 de 56.000 mujeres del sistema Viogen en esa situación, es decir, el 0,01 de las víctimas con algún tipo de seguimiento policial. En su auto, esta jueza afirma que la medida de la protección es proporcionada, el riesgo objetivo y ve indicios de delitos de amenazas, coacciones y hostigamiento.

La jueza Parera detalla que el acusado reconoció que le había dicho expresiones como “que continúe el entierro” y “te espera a ti y a tu padre el sábado una sorpresita”. Y que cuando se producen situaciones de conflicto el marido se lleva a uno de los bebés y se encierra en el dormitorio. Además, califica de acoso, coacción y hostigamento hacia su mujer el haberla dejado sin medios económicos al retirarle la tarjeta bancaria, impedirle el uso del coche y contratar a vigilantes de seguridad y metérlos dentro del propio domicilio ara controlarla.

Los guardas jurados se instalaban en el salón de forma “intrusiva e invasiva” y incluso acuden detrás de la mujer al dormitorio de los bebés cuando lloran, según el auto. La jueza, que alude a la vulnerabilidad de la víctima, impone al denunciado unaorden de alejamiento de 500 metros. Otorga a la madre la custodia de los hijos y el uso del domicilio y al padre le concede un régimen de visitas. Él recurrió y laAudiencia Provincial le dio la razón al no encontrar indicios de delito.

El juez Francisco Martínez Derqui asegura que “se trata de una conversación privada que se ha grabado indebidamente, una conversación fuera de mi actuación jurisdiccional, que se produce en un espacio cerrado y que se está haciendo un uso indebido de ella”.

https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/9429376/10/18/Un-juez-llama-hija-de-puta-a-la-modelo-Maria-Sanjuan-victima-de-violencia-machista.html

 

 

 

CCOO exige retirada de una guía para actuar con alumnos con padres separados

 

Aunque no tiene la vistosidad que se merece, se vuelve a demostrar que el trabajo suele dar fruto.

Que las feminazis de CC.OO. exijan su retirada no deja de ser una buena señal. Como siempre, sus argumentos son las habituales falacias y su forma de expresarlos son de nivel de parvulitos. En cualquier caso, una muestra más de su totalitarismo. En este caso, su objetivo es el control de la educación para adoctrinar a los alumnos.

Intentan proteger su negocio.

El último renglón es el mejor.

Asimismo, explican que muchas comunidades autónomas han publicado textos similares.

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CCOO exige retirada de una guía para actuar con alumnos con padres separados

Madrid, 9 mar 2018 (EFE).-

CCOO Madrid exige a la Consejería de Educación “la retirada inmediata” de los centros educativos de una guía de atención a alumnos cuyos padres están separados, a quienes se les obliga a declarar sus situación de convivencia e incluso su estado civil.

En un comunicado, el sindicato explica que la Consejería de Educación elaboró una guía en 2014 que trata de resolver situaciones conflictivas entre progenitores separados, cuando no existiera acuerdo en cuestiones que puedan afectar a los centros como permisos para excursiones o materias a cursar.

CCOO considera que esta ‘Guía de atención a alumnado cuyos padres están separados’ provoca más conflicto del que pudiera haber y convierte al centro “en parte del problema cuando no lo es”, al exigir declarar la situación de convivencia y el estado civil de los progenitores y, en caso de no convivir o haberse separado, se les obliga a pedir las sentencias.

“Los centros educativos deben limitarse únicamente a aplicar el código civil y el ordenamiento jurídico incluyendo la presunción de buena fe y los usos y costumbres; es decir, los centros solo deben requerir y solicitar a las familias los datos y firmas que ha pedido siempre de manera igualitaria para todos los alumnos y alumnas y con respeto a su intimidad”, subraya la nota.

Según el sindicato, los colegios “no pueden exigir ninguna sentencia de disolución de matrimonio porque la Ley de Enjuiciamiento Civil lo prohíbe”.

CCOO opina que los docentes deben limitarse a aplicar las normas educativas y, en caso de que exista un procedimiento judicial por motivos penales abierto contra alguno de los progenitores el centro “debe abstenerse de resolver o tomar cualquier decisión que no sea estrictamente administrativa”, además de “cumplir las resoluciones que dicte un juez de lo penal”.

En esta línea, precisa que si no existe una restricción de derechos “de ninguno modo” debe aplicar una restricción de derechos, ya que incurriría en un delito de usurpación de atribuciones judiciales.

Por otra parte, el sindicato critica que la guía parte de la base de que los progenitores se hayan tenido que separar “cuando pudiera ocurrir que nunca convivieron o no se casaron, con lo que esta guía no considera la diversidad de modelos familiares existentes”.

Desde la Consejería de Educación remarcan que esta guía ha sido elaborada en base las recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Menor y en línea con las instrucciones del Ministerio de Educación, y es un documento “muy demandado” por los centros educativos, que lo han valorado “muy positivamente”.

“Las orientaciones recogidas en esta guía ayudan y proporcionan seguridad jurídica a los docentes cuando estos tienen que mediar entre padres separados o divorciados con la patria potestad compartida, en aspectos relacionados con la educación de los hijos”, señalan fuentes de la Consejería, que destaca que este documento es “meramente orientativo”.

El fin de la guía, según Educación, es que los centros puedan tomar decisiones “ajustadas a derecho” cuando no exista acuerdo o resolución judicial y los menores se vean “envueltos en enfrentamientos de sus progenitores”.

Asimismo, explican que muchas comunidades autónomas han publicado textos similares. EFE

http://www.lavanguardia.com/politica/20180309/441380988228/ccoo-exige-retirada-de-una-guia-para-actuar-con-alumnos-con-padres-separados.html

La Audiencia de Córdoba impone la custodia compartida a un padre que no la quería

 

No son pocos los jueces que durante estos años pasados nos han dicho que no podían obligar a un progenitor a cumplir sus obligaciones respecto a sus hijos. Con los consiguientes comentarios: yo no quiero pagar impuestos; yo quiero circular por el carril izquierdo…

El juez de esta noticia tiene claro que los padres sólo tienen obligaciones respecto a sus hijos y que éstas no son eludibles.

Esperemos que este criterio tan de Pero Grullo se extienda de una vez entre los jueces de familia.

La custodia compartida es un derecho de los hijos y una obligación de los padres.

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La Audiencia de Córdoba impone la custodia compartida a un padre que no la quería

Ciudad de la Justicia de Córdoba. – SÁNCHEZ MORENO

18-02-2018

La sentencia tiene en cuenta la enfermedad de uno de los hijos y la imposibilidad de la madre de cuidarlos en solitario

La Audiencia Provincial de Córdoba ha impuesto a un padre el régimen de custodia compartida sobre los hijos menores de edad, debido a la grave enfermedad que padece uno de ellos y la imposibilidad de la madre, de cuidarlos en solitario, según informa la Asociación Española de Abogados de Familia(Aeafa).

La sentencia, con fecha del pasado 23 de enero, estipula para ambos progenitores la custodia compartida por semanas alternas, pese a la oposición del padre, explica la Aeafa, una de cuyas abogadas ha defendido a la madre en este caso.

En concreto, la sentencia indica que, “dada la entidad del problema familiar, se exige extremar los deberes de ambos, sin que puedan hacerse recaer exclusivamente en la madre”. El tribunal considera que se trata de “una situación excepcional que requiere una solución también excepcional”.

La Audiencia se niega a establecer un régimen diferente para cada hijo “con el fin de evitar un conflicto entre hermanos y sentimientos de rechazo”, recomendación además que habían realizado los médicos.

“SENTENCIA PIONERA”

En palabras de la vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), María Dolores Azaustre, “se trata de una sentencia muy humana, que da una solución efectiva al problema real de esta familia. Es pionera, es la primera vez que se obliga a un padre a ejercer una custodia compartida, pese a su oposición”.

Azaustre señala que “hasta ahora, los tribunales entendían que si el progenitor se negaba a cuidar de los hijos, difícilmente se le podía obligar”, y recuerda que “desgraciadamente esa fue la solución de la Audiencia de Valencia a una madre que solicitaba la implicación del padre en el cuidado de un hijo enfermo. Y la de un juzgado de Madrid a una madre que pedía ayuda para compartir con el padre los cuidados de su hijo autista: el padre se negaba incluso a pernoctar con el menor, y el Juzgado accedió, argumentando que no se podían imponer al padre las estancias no pedidas por él mismo”.

CUSTODIA COMPARTIDA ¿DERECHO O DEBER?

La letrada de Aeafa destaca que, “afortunadamente, en el caso de la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, se ha velado prioritariamente por el interés de los hijos. Estamos acostumbrados a que la guarda y custodia se pida como un derecho y este fallo nos hace reflexionar sobre el deber que implica tener un hijo, pues también es una obligación cuidarlo cuando existen circunstancias excepcionales que así lo requieren.

María Dolores Azaustre concluye que esta sentencia “denota la sensibilidad especial y sentido común que requiere el Derecho de Familia para obtener una solución adecuada a cada situación familiar”.

UNA MADRE SOLA Y DESBORDADA

Cuando se tramitó el divorcio de esta pareja de Córdoba, se atribuyó a la madre la guarda y custodia de los dos hijos, que ahora tienen 16 y 14 años. La Aeafa explica en el comunicado donde da cuenta de la sentencia, que uno de los hijos padece una discapacidad que se ha agravado en su etapa adolescente, lo que hace que su cuidado diario requiera una atención especial y dedicación constante, con el agotamiento que ello conlleva.

María Dolores Azaustre (en la foto) relata que la madre estaba desbordada. “Además de la dedicación y cuidados permanentes de los hijos, tenía que  atender sus obligaciones laborales, lo que le resultaba ya casi imposible, puesto que se le unió la pérdida del apoyo de sus padres para ayudarla a cuidar de los nietos, a causa de una desgraciada enfermedad”, cuenta la vicepresidenta de Aeafa.

En definitiva, la madre “no podía más”, y solicitaba más implicación del padre en el cuidado de los hijos, mediante una guarda y custodia compartida. El padre se negaba a ello. El Juzgado de primera instancia dictó una Sentencia manteniendo la custodia materna, pero incrementando la pensión de alimentos del hijo en 75 euros, una cantidad a todas luces insuficiente para solucionar el problema, pues con ese importe era imposible contratar a una persona especializada para atender al hijo en los periodos que la madre lo necesitaba.

En realidad, “no era una cuestión de dinero, sino de exigir más responsabilidad e implicación al padre en el cuidado de los hijos”, señala la letrada. En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Córdoba, acordando la custodia compartida por semanas alternas, pese a la oposición del progenitor.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/audiencia-cordoba-impone-custodia-compartida-padre-no-queria_1206793.html

 

Juana Rivas, condenada a indemnizar Francesco Arcuri por la fuga con sus hijos

 

Sólo le tendrá que pagar por los gastos materiales en los que ha incurrido. Aunque no todos.

De los daños morales causados al padre y a los hijos no se le obliga a resarcir. De hecho, es imposible resarcir el perderte la infancia de tus hijos. Infancia que ya no volverá.

Dada la repercusión mediática del caso servirá de ejemplo para disuadir a otras Juanas y para que otros jueces no tengan miedo en aplicar la ley.

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Juana Rivas, condenada a indemnizar Francesco Arcuri por la fuga con sus hijos

Juana Rivas este miércoles, en la sala de vistas. M. RODRÍGUEZ

La madre de Granada deberá compensar el mes que el italiano permaneció en España el pasado verano

Leo Rama – Granada – 07/02/2018

El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha acordado este miércoles la indemnización que deberá abonar Juana Rivas a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por el mes que éste permaneció en España mientras ella se encontraba en paradero desconocido con sus dos hijos. Aún se desconoce cuánto deberá abonar la madre a Arcuri. La cantidad dependerá de la documentación que aporte a la causa el italiano, que ha solicitado unos 1.900 euros por los desplazamientos y el alojamiento en España el pasado verano.

Aunque la defensa de la madre ha tratado de impedirlo, la documentación que la parte de Arcuri ha aportado ha sido aceptada por el juez, que ahora deberá estudiarla para aumentar o rebajar la cuantía que solicita el italiano; gastos que el abogado de Rivas considera «injustificados», aunque asume el cumplimiento de la condena fruto de la vista sobre posibles daños y perjuicios.

«Lo vamos a conseguir gracias a todos», ha asegurado Juana Rivas, confiada en que «todo va a salir bien». A la salida de los juzgados de Granada, a pesar del nuevo revés judicial, la madre ha defendido su actuación el pasado verano: «En procesos legales, no puedo hablar mucho. […] Era la realidad en la que yo estaba y era la alternativa que yo veía, es imposible que hubiese pensado de otra manera».

La vista de este miércoles ha tenido lugar después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que paralelamente investiga la presunta comisión de delitos por parte de Juana Rivas a causa de su fuga, acordara la apertura de juicio oral por la vía penal. A la madre se le imputan dos presuntos delitos: sustracción de menores y desobediencia a la justicia. El abogado de Rivas ha adelantado que pedirá la absolución de su cliente.

En concreto, la Fiscalía le pide cinco años de cárcel, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, mientras que Arcuri solicita la misma pena de prisión, la pérdida de la patria potestad durante ocho años y que lo indemnice con 30.000 euros por daños materiales y morales.

http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-juana-rivas-condenada-indemnizar-francesco-arcuri-fuga-hijos-201802071307_noticia.html

El fiscal ve acreditados los daños económicos que Juana Rivas causó a su ex pareja

RAMÓN RAMOS – Sevilla – 7 FEB. 2018

Francesco Arcuri reclama a su ex pareja Juana Rivas 1.912,5 euros, como devolución de los gastos que conllevó su estancia en Granada cuando acudió desde Italia a recoger a sus dos hijos en cumplimiento de una resolución judicial y la madre los retuvo y se mantuvo en paradero desconocido durante más de un mes del pasado verano.

La reclamación de Arcuri deriva de la resolución judicial que obligó a Juana Rivas a devolver a sus dos hijos, tras agotar todos los recursos a su alcance para mantener a los menores en España. Este nuevo ángulo del caso ha llegado este miércoles al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, en una vista pública que apenas ha durado diez minutos en los que el abogado de Arcuri ha anunciado que la cantidad reclamada se irá incrementando a medida que el padre italiano pueda documentar con facturas los gastos pagados con tarjeta durante su prolongada estancia en Granada, que podrían ascender a 7.000 euros. La Fiscalía se adhiere a la reclamación y la defensa de Juana Rivas alega que los gastos no están suficientemente justificados.

Los gastos que reclama Arcuri están “suficientemente precisados y documentados”, ya que “Francesco no vino nadando desde Italia”, ha alegado el letrado de su defensa, que ha aludido también al “lucro cesante” que no se cuantifica pero que, paralelamente, causó daños y perjuicios en la economía del padre. “En esos 33 días, Francesco tuvo que pagar un hotel, desayunar, comer y cenar”, ha añadido expresivamente el abogado de Arcuri

La defensa de Juana Rivas, sin embargo, considera que la documentación presentada en la sala por los abogados de Arcuri “no son facturas” ni están “acreditados los gastos, que, por otra parte, “no guardan relación con la causa”. El fiscal sí los considera acreditados y Rivas, por tanto, está obligada a pagar los gastos del viaje y la estancia.

En primera fila

La vista pública por la reclamación de Arcuri ha reunido en la ‘sala Luis Portero’ del edificio de La Caleta la habitual concentración de cámaras y micrófonos en torno a la presencia de Juana Rivas, quien durante la sesión ha permanecido en silencio en el primer banco de la dependencia judicial, donde no ha tenido que responder a pregunta alguna porque ninguna de las partes lo ha solicitado. Tampoco ha sido necesario recurrir al sistema de videoconferencia para registrar una hipotética declaración de Arcuri desde Italia porque tampoco ha sido requerida. El italiano Francesco Arcuri ha reclamado este miércoles en los tribunales a su ex pareja, Juana Rivas, el abono de 1.912,5 euros por los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno a Italia de los dos hijos que tienen en común, a raíz de que ella permaneciera casi un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que obligaban a que regresaran con el padre.

Juicio oral

La sesión de este miércoles se produce un día después de difundirse el auto que el auto de apertura de juicio oral en la vertiente penal del caso de la madre de Maracena, que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 por dos presuntos delitos de sustracción de menores y otro de desobediencia, a raíz de la retención de los dos hijos menores y su negativa a entregarlos al padre, como ordenaban las resoluciones judiciales en su contra. En este escenario, y a preguntas de los periodistas momentos después de celebrada la vista, Juana Rivas ha rehusado contestar a la pregunta de si se arrepiente de haber retenido a los dos niños: “Es imposible saber si, a día de hoy, volvería a actuar igual”, aunque ha reiterado que “yo era una víctima que escapó” de Italia porque era la única alternativa que veía frente a la supuesta situación de violencia que asegura haber padecido en Italia.

Como se ha venido publicando, la Fiscalía solicita para Juana Rivas cinco años de prisión y seis de inhabilitación en su derecho a la patria potestad sobre sus hijos. Arcuri, que ejerce la acusación particular, también pide cinco años de prisión pero eleva a ocho años la petición de inhabilitación y plantea a través de sus abogados la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia por el que pide nueve meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama 30.000 euros de indemnización por los “daños materiales y morales ocasionados”.

Juana Rivas abandonó el domicilio familiar de Carloforte, en Italia, con sus dos hijos menores en el verano de 2016 para pasar unas vacaciones en Granada, pero no regresó en el tiempo acordado -cuando la convivencia con su pareja se estaba deteriorando- y presentó una denuncia por maltrato doméstico ante la Guardia Civil de Maracena por hechos sucedidos presuntamente en el país trasalpino. Arcuri había sido condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, una sentencia que se dictó por un acuerdo de conformidad entre las partes que conllevaba la retirada de la denuncia que a su vez el italiano había interpuesto contra su pareja, con la que de mutuo acuerdo volvió a reanudar la convivencia tiempo después.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana Rivas interpuso en Granada. En paralelo, un juzgado de Cagliari mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/07/5a7ac6b646163f72068b4570.html

 

Abren juicio oral contra Juana Rivas

 

Buena noticia.

Esperemos que se cumpla la ley de una vez y que estos delitos dejen de ser impunes y sirva de mensaje disuasorio a quien en el futuro se plantee hacer lo mismo.

Lo sorprendente es que sus inductoras y colaboradoras hayan sido desimputadas dando manga ancha a quienes viven gracias a la industria del maltrato.

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Abren juicio oral contra Juana Rivas

La madre de Maracena, tras una de sus visitas a los juzgados de Granada. / EFE

Yenalia Huertas – Martes, 6 febrero 2018

El auto establece que los hechos, por los que se enfrenta a cinco años de cárcel, deben ser enjuiciados en un juzgado de lo Penal

La jueza de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, ha acordado la apertura de juicio oral contra Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores y, subsidiariamente, por un delito de desobediencia de orden judicial.

El auto de la magistrada, fechado el 22 de enero y al que ha tenido acceso IDEAL, declara que el órgano competente para el enjuiciamiento de la madre de Maracena es un “juzgado de lo Penal”.

En la resolución, se recogen los cargos que han formulado contra ella tanto el ministerio fiscal como la acusación que ejerce su expareja, Francesco Arcuri, representado en este proceso por el letrado Enrique Zambrano.

La fiscalía solicitó cinco años de prisión para Juana Rivas, al atribuirle la presunta comisión de dos delitos de sustracción de menores. La misma pena reclamó el padre de sus dos hijos menores, que además solicita una indemnización de 30.000 euros. No obstante, Arcuri planteó la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia, por el que pidió nueve meses de prisión.

La jueza dispone que se mantenga la situación de libertad de la granadina, que se vio inmersa en este proceso por permanecer oculta con sus dos hijos pequeños durante un mes, el verano pasado, para evitar entregárselos a su expareja, residente en Italia. La mujer le denunció en 2016, aprovechando que vino a España de vacaciones, por presunta violencia de género y esta denuncia se tramita actualmente en Italia.

http://www.ideal.es/granada/abren-juicio-oral-20180206185803-nt.html

Concentración día del padre 2018.

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005) Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento”, dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:

  • abandonar el domicilio familiar con “lo puesto”;
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su “ex” disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada “violencia de género”, los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido “ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)” o “no valora el trabajo que realiza”, entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamiento de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, constituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta
En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes:

  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2017, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

“Llora el teléfono”.

Autores: Claude François, Jean Pierre Bourtayre & Frank Thomas.

Adaptación e interpretación de Rafael Jiménez.

 

El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

 

Pese a las más que numerosas pruebas el juez ha decidido archivar la causa contra quienes ayudaron a delinquir a Juana Rivas.

Pese a las declaraciones públicas de la “asesora” Francisca Granados en las que hizo ostentación de sus delitos.

Pese a que indujeron e instruyeron para cometer el delito. Realizaron informes y documentos falsos. Malversaron fondos públicos. Etc.

Nada ajeno a lo que sucede cada día en los juzgados de familia y de violencia de género.

Había mucho en juego. Son miles de “asesoras” las que viven de esta industria del maltrato. Las mismas que se manifestaron en toda España para oponerse a la “criminalización” de tanta “experta” que se alimenta del dinero público argumentando las consabidas mentiras de las feministas.

El juez no ha sido capaz de aguantar la presión y la impunidad feminazi seguirá campando a sus anchas.

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El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

Juana Rivas acude al juzgado el pasado septiembre. MIGUEL RODRÍGUEZ

EUROPA PRESS – Granada – 13 DIC. 2017

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores tras permanecer casi un mes ilocalizable sin acatar la orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos al padre, ha acordado el archivo de esta causa para sus familiares, su asesora en el Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, de modo que el procedimiento continuará sólo contra la madre de Maracena.

En un auto notificado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado toma esta decisión después de que se unieran a las actuaciones la documentación aportada por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y de que la Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento provisional de la causa para todos los investigados a excepción de Juana Rivas, que está siendo investigada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores.

En la causa estaban siendo investigados el padre, la madre, y los hermanos de Juana Rivas por su presunta participación en los hechos, los cuales se acogieron a su derecho a no declarar el pasado agosto cuando fueron citados a comparecer ante el juez.

Días antes fueron citadas la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, como investigadas por “su presunta intervención” como “inductoras” o “partícipes necesarios” en la supuesta sustracción de los hijos de Rivas, extremo que negaron ante los medios.

Ambas estaban representadas por el despacho Aránguez Abogados, que ha presentado tres recursos a lo largo de la instrucción para solicitar elsobreseimiento de la causa respecto a sus patrocinadas por entender que “carecía de fundamento alguno”.

En declaraciones a Europa Press, el letrado Carlos Aránguez ha manifestado su “satisfacción” por esta decisión que, a su entender, “hace justicia” respecto a sus clientes.

En virtud de este auto, contra el que cabe recurso de reforma, la causa continuará exclusivamente contra Juana Rivas, representada por un equipo de abogados de Sevilla en coordinación con una letrada en Italia, donde hay abierto un procedimiento por la civil para decidir sobre la custodia de los pequeños, que residen desde finales de agosto con su padre en la isla de Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/13/5a316ca222601d10188b45c4.html

Promueven una recogida de firmas en apoyo a las asesoras de Juana Rivas en Maracena

Asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados

La plataforma 7N contra las violencias machistas ha promovido una recogida de firmas a través de internet en la que solicita a la justicia española que “deje de criminalizar” a las profesionales que han asesorado y apoyado desde el Centro de la Mujer de esta localidad granadina a Juana Rivas, la madre de Maracena obligada por la juez a entregar este lunes a sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, tras negarse a hacerlo hace más de un mes y declararse en “paradero desconocido”

EUROPA PRESS. 28.08.2017

“Juana Rivas ha mantenido su decisión mientras lo ha considerado posible, no incitada por su asesora jurídica y su psicóloga, sino por propia necesidad y voluntad”, ha señalado esta petición dirigida desde la web change.org al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, y que ha recogido más de 2.000 firmas en sus primeras 13 horas desde su puesta en marcha, en la noche de este pasado domingo.

La madre granadina, según recoge el texto de la petición, consultado por Europa Press, ha sido “incitada, como ella misma manifestó el pasado día 22 de agosto al salir del juzgado, por el apoyo social a su postura de intentar a toda costa lo que considera justo y necesario: conseguir protección de la justicia española para sus hijos frente al padre maltratador”.

“Somos miles las personas que hemos mostrado nuestro respeto a su decisión y nuestro apoyo a Juana Rivas en las plazas (de Maracena, Granada y otras ciudades), en las redes sociales y a través de los medios”, han señalado las promotoras de la iniciativa que se declaran “tan responsables de incitarla a delinquir como lo puedan ser su familia y las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena”, con quienes se solidarizan.

En el caso concreto de la asesora jurídica del CMIM de Maracena, Francisca Granados, la petición ha subrayado que “hay que estar muy convencida de la necesidad de no rendirse para, a pesar del miedo, enfrentar las consecuencias, y también para mantener el apoyo y dar la cara por ella ante la opinión pública”.

Tanto Granados como la psicóloga que ha atendido en el Centro de la Mujer a Juana Rivas, que permanece en libertad investigada por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores, están llamadas a declarar el próximo miércoles 30 de agosto en sede judicial por “su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios, en los delitos de sustracción de menores”.

El jueves 31 de agosto habrán de hacerlo, también como investigados, los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de Rivas por su presunta intervención en el posible delito de sustracción de menores.

El colectivo feminista que ha promovido la petición en change.org ha indicado, en este sentido, que “las leyes españolas, que desde 2015 dicen proteger del maltrato a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, son tremendamente hipócritas, pues en la práctica permiten su total desprotección”.

“Nuestras leyes dicen que hay que oír a las víctimas, pero no escucharlas”, por lo que, en opinión de la plataforma 7N, “es preciso desarrollarlas y modificar todo aquello contradictorio en las mismas”.

“Eso no es posible sin enfrentar al sistema a los efectos de sus propias contradicciones”, lo cual hace el caso de Juana Rivas, “que convertimos en causa, porque las contradicciones del sistema ya colmaron la paciencia feminista”.

La petición, que lleva por título ‘Basta ya de justicia patriarcal’, comienza explicando que tanto la madre de Maracena como su entorno sabían, cuando compareció ante el juez la semana pasada, que la justicia ordenaría la entrega de los niños al padre “dada la firmeza irrevocable de la sentencia que lo acuerda”.

“Juana Rivas, desde el principio, ha sido informada por su letrada y su asesora jurídica de las posibles consecuencias jurídicas de no devolver a sus hijos al padre”, ha indicado el texto, que ha agregado que la vecina de Maracena “ha querido intentar todo lo posible y lo imposible antes de devolverlos” pues “para ella la de entregar a los hijos al padre maltratador no es opción válida” ya que “equivale a una forma de suicidio: es matar toda posibilidad de defender a sus hijos del maltrato del padre”.

“Si la justicia española, la de su país, no da a sus hijos siquiera la protección temporal que permite el Convenio de la Haya -denegar la devolución inmediata-, mucho menos puede confiar en la italiana” pues en ese país, donde convivió con su excompañero sentimental, Francesco Arcuri, residente en Italia, “es extranjera”.

“La legislación y medios para enfrentar la violencia de género allí son mucho más precarios”, ha advertido la petición, que ha señalado que en Italia “es asesinada por violencia de género una mujer cada 72 horas”, habiendo “condenado” el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al país “por su ineficiente lucha contra la violencia machista”.

El entorno de Rivas está conformado por profesionales y familiares que son “responsables” de “no haber retirado a Juana su apoyo incondicional” mientras “existía aunque fuese un ínfimo resquicio de posibilidad de lograr protección de la justicia española”.

Este lunes al mediodía está previsto en Madrid que diversas asociaciones civiles entreguen en el CGPJ un escrito en contra de la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que obliga a entregar sus hijos al padre en un punto de intermediación familiar a las 17,00 horas.

Distintas iniciativas han sido promovidas en las redes sociales en las últimas semanas en apoyo a Juana Rivas, con etiquetas como #JuanaCuentaConmigo #YoApoyoAJuanaRivas o #JuanaEstáEnMiCasa.

http://www.20minutos.es/noticia/3120725/0/promueven-recogida-firmas-apoyo-asesoras-juana-rivas-maracena/

 

Un juez de Granada impone tres años de cárcel a una madre por el secuestro de su hijo

 

Afortunadamente algún juez se empeña en aplicar la ley haciendo caso omiso a las presiones feminazis.

No es la primera ocasión en que el juez Piñar condena a una mujer que se cree impune.

Alguna esperanza nos queda.

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Un juez de Granada impone tres años de cárcel a una madre por el secuestro de su hijo

La sentencia considera probado que se llevó al niño a Francia cuando la custodia corresponde al padre, a quien se lo debe devolver en 15 días

YENALIA HUERTAS – Granada.

Martes, 12 diciembre 2017

La sustracción de menores es un delito que se paga con cárcel. Con el mediático caso de Juana Rivas en la memoria colectiva, un juez de Granada, el magistrado Manuel Piñar, dictó ayer una sentencia que ilustra el alcance penal que conlleva una acción de este tipo. El magistrado condena a una mujer, L. J. M. L., a tres años de prisión por llevarse a su hijo a Francia aprovechando una visita consentida por el padre, que tiene la guarda y custodia, en junio de 2016. El fallo, que puede ser recurrido, señala que la acusada cometió un delito de sustracción de menores.

Junto a la pena de cárcel, también le imponen seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre el menor, a quien deberá entregar al padre, de iniciales H. G. T., en 15 días. Da la razón al fiscal, pues su defensa solicitaba la absolución.

La resolución declara probado que la procesada y el padre del menor habían mantenido una relación de la que nació el niño. Con el final de la relación, ambos suscribieron un convenio regulador, que fue tramitado por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, el mismo que llevó el caso de Juana Rivas en la vía civil. En el convenio acordaron que el padre ostentase la guarda y custodia del menor, aunque con la previsión de decidir en el futuro una custodia compartida si cambiasen las circunstancias. Incluso recogía la posibilidad de atribuir la guarda y custodia a la mujer si volvía a residir en España, teniendo en cuenta siempre el interés del menor.

El juez sostiene que, «sabiendo la acusada el contenido del convenio que ella misma había firmado y ratificado judicialmente, el 2 de junio de 2016 hizo saber a su ex pareja su deseo de ver al menor, que lo entregó bajo la promesa de ella de devolverlo el día 3, a las 15.00 horas». Pero no lo hizo. Se lo llevó a Francia, «donde lo tiene en su compañía, sin que su expareja haya podido verlo desde hace un año».

No ve maltrato

El fallo indica que la madre admitió haber firmado el convenio y que, además, «añadió que sabía que la custodia del niño se atribuyó al padre». Reconoció que se lo había llevado a Francia y explicó que si no lo entrega a H. G. T. es porque el crío le dijo que «el padre le pega».

El juez dice no tener dudas. Considera increíble el argumento de la defensa de que ella no ratificó el convenio o no recibió copia de la sentencia que lo aprobaba. Y es que, como recuerda, la sentencia del juzgado de familia refleja en sus antecedentes que el convenio fue ratificado. «Ella sabía la situación en la que se hallaba el menor bajo la guarda y custodia del padre cuando decide arrebatárselo», señala.

El magistrado añade que la mujer no ha probado que el menor haya sido maltratado por el padre, asunto que, en todo caso, «debe decidirlo el juzgado correspondiente en juicio contradictorio, donde se debe resolver si el interés del menor exige restringir las visitas con el padre».

Ve un delito de sustracción de menores, que castiga «al progenitor que, sin causa justificada para ello, sustrajere a su hijo menor». Se entiende por tal «el traslado del menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con el que conviva habitualmente o la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa». Para el juez, «está claro» que L. J. M. L. conocía la resolución y tuvo «una clara intención» de incumplirla.

http://www.diariosur.es/sociedad/juez-granada-impone-20171212003222-ntvo_amp.html

Un juez acusa a la Fiscalía de actuar como Hitler y Stalin

http://projusticia.es/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-hitler-y-stalin/

 

 

 

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Un nueva denuncia sobre la prevaricación constante en el juzgado de familia 28 de Madrid.

Son hechos probados. Es una grabación.

No pasará nada. O la archivarán sin más trámite o trasladarán a la juez Emilia Marta Sánchez Alonso a otro juzgado. Igual que hicieron con su antecesora María Dolores Planes Moreno.

La pichicóloga Natalene Suanzez Leenhardt reconoce que se ha ido de rositas gracias a la intervención de la propia jueza.

La prevaricación es una constante en este juzgado. Una simple comprobación de sus estadísticas sirve para despejar cualquier duda.

Emilia Marta Sánchez Alonso

Tanto por parte de la jueza como del equipo psicosocial que la “asiste”. Nada extraño en los juzgados de familia.

http://projusticia.es/la-jueza-emilia-marta-sanchez-alonso-y-la-prevaricacion-judicial/

 

Juzgados de familia. Política de hechos consumados. Extravío del expediente. 

 

La jueza María Dolores Planes Moreno y la prevaricación judicial.

 

http://planesmoreno.blogspot.com.es/

 

Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

 

Las feminazis no toleran que no les sigan el juego. Menos aún que les lleven la contraria.

Es llamativo que ahora utilicen los argumentos que antes negaban para invalidar el “trabajo” de los equipos psicosociales.

Delito de odio. ¡Hay que tener cara dura!

No olvidemos que es una ideología totalitaria y persiguen al disidente/opositor.

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Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

Manifestación contra la violencia de género celebrada en Madrid el pasado día 25. Javi Martínez

Patricia del Gallo – Oviedo – 29 NOV. 2017

Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres

Las organización Women’s Link Worldwide y el colectivo asturiano Abogadas para la Igualdad han presentado una querella contra el psicólogo forense de Oviedo que emite para la Administración de Justicia en Asturias la mayoría de los informes periciales sobre víctimas de violencia de género y menores que denunciaron abusos sexuales. Le acusan de un delito de odio las mujeres. Según las denunciantes, este profesional, encargado de valorar estos casos, basa sus informes en “prejuicios y estereotipos” de género como que “las mujeres manipulan a sus hijos e hijas para dañar a sus parejas o ex parejas” dice la querella.

Este colectivo ha dado el paso de querellarse amparándose en el artículo del 510 del Código Penal tras su reforma en 2015. Es la vía que han encontrado después de escuchar y presentar durante los últimos años quejas formales contra este profesional, que además es el decano presidente del Colegio de Psicólogos de Asturias. Se encarga de valorar la mayoría de los casos de abusos a menores y Abogadas para la Igualdad y Women’s Link temen que, debido a sus informes, gran parte de los delitos hayan quedado impunes, ya que ante las denuncias lo primero que hacen los jueces es pedir un informe pericial a un especialista. Si éste es desfavorable a la víctima, como aseguran está ocurriendo en la mayoría de los casos, el juez archiva la causa.

En esta querella, presentada por ambos colectivos como acusación popular, se aportan los casos de dos mujeres víctimas de violencia de género y de tres menores que supuestamente sufrieron abusos, dos por parte del padre y en el otro del abuelo. En sus casos, señalan, el psicólogo desacreditó sus versiones y calificó a las madres de “mentirosas y manipuladoras”. Las denunciantes sospechan que hay decenas de casos como estos y les animan a denunciar.

El delito de odio por razones de género recogido en el artículo 510 del Código Penal está tipificado con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/29/5a1e70c522601dc2128b45c8.html