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Borrando las cicatrices del maltrato con tatuajes

 

La industria del maltrato busca nuevos nichos de negocio.

A este gran negocio se apuntan muchos vividores.

Curiosa la foto del artículo. No se molestan en poner algo mínimamente creíble. Esas marcas tienen toda la pinta de ser autolesión. Las habituales mentiras de las feminazis entre las que está la inexistencia de denuncias falsas.

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Borrando las cicatrices del maltrato con tatuajes

Mimí sustituyó las cicatrices de sus brazos por unas ramitas de romero.

GABRIELA BALAREZO – 16 MAR. 2018

A una joven le cubrieron los cortes con pequeñas flores. A otra le sustituyeron los navajazos por plumas…

Entramos en el primer servicio de tatuaje terapéutico para víctimas. “Cubrimos con arte el horror vivido”, nos dice una de las siete tatuadoras

Cae la tarde en Barcelona. Es un día frío de finales de febrero. En el número 3 de la calle Calders, Shinda -pelirroja y gafas de marco fino- prepara sus herramientas de trabajo. Botes de tinta negra, una máquina de tatuar, guantes desechables, agujas esterilizadas… Tumbada sobre una camilla y rodeada de paredes blancas e inmaculadas, espera una mujer de veinte y tantos. La llamaremos Paula. Tras transferir el diseño, con papel calco, a la piel desnuda, la tatuadora enciende la máquina. Punto a punto, repasa las líneas estampadas. Múltiples pinchazos atravesando la epidermis. Un dolor que no es nada en comparación con lo que Paula ha vivido. Como si estuviera amortiguado por el susurro continuo de la máquina de tatuar. Cuando Shinda ha terminado no queda rastro de ese nombre gastado de cinco letras. En su lugar emerge una flor.

Dos horas y media separan el antes y el después de Paula. El tiempo que le llevó a Shinda cubrir a golpe de aguja y tinta negra el nombre que desde hace años llevaba tatuado en su hombro derecho. El de su ex pareja. El que hizo de su vida un infierno. La llamamos Paula porque no quiere revelar su identidad. Tampoco muchos más detalles de su vida. Sólo ha accedido a mostrar las fotografías de su antes y después. Que es una suerte de metáfora abreviada -grabada en su piel- de su vida pasada y su presente. Ella, como otras 150.000 [los casos denunciados según las fuentes oficiales], es una víctima de la violencia de género. Una «luchadora», una «superviviente». Llegó hasta el peculiar estudio de tatuajes del que es parte Shinda para hacerse un cover. Un paso más en su proceso de recuperación.

Un “público muy especial”

La idea es transformar esa herida, que en el caso de Paula es un nombre tatuado, en algo hermoso. En arte. Es lo que hacen en Desideratum [«deseo que aún no se ha cumplido»]. Convertir cicatrices o cualquier otro rastro de dolor en algo que sea digno de admirar. El estudio se levanta en una de las medievales callejuelas del barrio del Born, rodeado de sofisticadas galerías y boutiques. A escasos 200 metros del famoso Museo Picasso. Podría parecer un estudio como cualquier otro, salvo porque está comandado sólo por mujeres y atienden a un «público especial». Aunque por sus camillas desfilan todo tipo de clientes, es de los pocos, sino el único, que ofrece un servicio de tatuaje terapéutico y social para mujeres víctimas de maltrato.

Noemí García Sánchez -40 años, menuda y cabello rizado- es la mente detrás de un proyecto que abrió sus puertas hace menos de un año. Cuenta Noemí a Crónica que Desideratum es el resultado de combinar su vocación social y su amor por los tatuajes. «Siempre he ido tatuada, porque me ha gustado mucho lo que significa el empoderamiento del tatuaje en la mujer», dice. Por eso el suyo no podía ser un estudio al uso. Quería darle un carácter social. Por su trabajo en un centro de equinoterapia que atiende a personas con adicciones supo cómo podía llevarlo a ese nivel. Allí había conocido a varias mujeres víctimas de violencia de género y le pareció que el tatuaje podía ayudarlas, de alguna manera, a mejorar sus vidas. O «intentar cubrir con una obra de arte el horror vivido».

El equipo que da vida a Desideratum está formado por siete mujeres. Tatuadoras, con diferentes backgrounds y vertientes artísticas. Shinda, de 27 años con tres dedicados al mundo del tattoo, es una de ellas. Junto a Noemí, nos desvela los detalles del cover de Paula. Dice la fundadora del estudio que todavía son pocas las que se animan a visitar el lugar para transformar sus cicatrices, aunque reciben llamadas de muchas interesadas. Sobre todo cuando se trata de mujeres que han sido maltratadas en el pasado. Desde su apertura no más de una decena de ellas han llegado hasta el estudio. Y por ahora, sólo una se ha atrevido a compartir las imágenes del antes y después de su tatuaje.

La historia de la valiente Paula es como la de otras tantas. Un círculo vicioso, un patrón que se repite hasta el cansancio. Cuenta la líder de Desideratum que la chica conoció a su pareja muy joven y se hizo el tattoo por amor. Con el paso del tiempo él se volvió muy controlador. Empezó por aislarla socialmente, continuó con dosis de maltrato psicológico y terminó en los golpes. Hasta que un día ella dijo basta.

Shinda nos cuenta que una educadora de la residencia en la que vive Paula actualmente le recomendó el estudio. Enseguida se puso en contacto con Noemí y acordaron una primera visita. En ese encuentro previo tatuadora y tatuada se conocieron y congeniaron. La chica les contó un poco lo que había vivido y les mostró la marca que quería cubrir. Sobre el proceso de diseño -explica Shinda-vieron entre ambas «algo que fuera bonito y que no se relacionara con lo que tenía». Y añade: «Con esta chica fue todo muy cercano y abierto desde el primero momento».

Otra peculiaridad de Desideratum es que procuran que la creación del tatuaje sea un ejercicio conjunto entre cliente y artista. En el caso de Paula y Shinda optar por una flor fue unánime. Las dos querían cubrir ese nombre de letras gastadas con algo «femenino y delicado». Que la representara más a ella. Por eso la flor de pétalos abiertos en negro -que simboliza la fortaleza-. Una obra de arte impresa en su piel que ahora luce con alegría. Debajo de ésta se lee con trazo fino: Manuel, el nombre de su padre. Quien ha sido su «pilar» en la lucha por vencer las secuelas del maltrato.

Noemí recuerda también otros casos. Mujeres que se han animado a tatuarse pero que todavía tienen miedo o vergüenza de exhibirse como víctimas de violencia machista ante la sociedad. Son mujeres que ya no están con sus parejas pero que están todavía en camino de superar el trauma. Si es que algún día puede llegar a superarse del todo. Una de ellas llegó al estudio con unas cicatrices en forma de garra en el hombro. Su chico, en un momento de furia, le había arrojado un cenicero. Para cubrir las terribles marcas usaron pequeñas flores. Otra historia, es la de una chica que escondía los vestigios alargados de unos navajazos en su abdomen que le hizo su pareja. Para cubrirlos, usaron plumas.

Un año después de la herida

La única restricción para optar por este tipo de tatuajes es que haya pasado al menos un año desde la cicatrización de la herida. Ni siquiera la cuestión económica es una limitación. Explica Shinda que varias de las mujeres que han acudido no tienen muchos recursos. En los casos concretos de violencia de género los trabajos se realizan de forma gratuita. Por el momento, han conseguido apoyo de una marca de tinta y aspiran a recibir, en un futuro, algún tipo de subvención municipal. Las víctimas de violencia machista conocen del estudio a través de entidades de apoyo y casas de acogida, como la Fundación Surt o la Fundación Ana Bella.

-¿Qué poder ejerce un tatuaje en estas mujeres [víctimas de maltrato]?- le preguntamos a Noemí.

-Tiene un efecto increíble. Pasa de ser una parte de la piel que ni siquiera miran o que evitan mirar a algo de lo que luego se sienten orgullosas. Me acuerdo de una chica que vino a tatuarse una cicatriz en la rodilla, que era incapaz de echar un vistazo a esa zona, que se ponía nerviosa cuando al bañarse se le caía el jabón y debía agacharse. Después del tatuaje empezó a reconocer otra vez esa zona de su cuerpo, empezó a gustarse, a llevar minifalda… es una forma de superar también.

Y la satisfacción es mutua. Tanto para la tatuada como para la tatuadora. Shinda describe su experiencia con Paula como «la más plena sonoridad». Por su parte, la joven reconoció estar encantada con que existieran este tipo de iniciativas. Para la artista es también una forma de dar visibilidad al problema y, a la vez, desviar los estereotipos negativos [de criminalidad, por ejemplo] asociados al mundo del tattoo.

Pero a Desideratum, no sólo llegan mujeres afectadas por la violencia de género a borrar sus cicatrices. Hay, asimismo, casos de personas que se autolesionaban y que buscan a través del tatuaje «romper con el pasado». Como Mimí, también de veinte y tantos. La joven que trabaja en el ámbito de la cultura y el teatro, eligió una ramita de romero para enterrar con arte las decenas de cicatrices lineales que le quedaron de los cortes que se hacía en el brazo.

El diseño corrió a cargo de la tatuadora e ilustradora Carla Bianchi. Una detallada ramita de romero acompañada de la palabra «Munay», que es el principio base de la cosmovisión andina y que significa amor. Esta planta -explica Mimí en una publicación de una red social- ha sido usada desde tiempos ancestrales con fines mágicos. Se lo hizo [como «ritual de bruja» que tiene para despedir cada año] a finales de 2017. Dice Noemí que la elección del diseño, aunque es un proceso conjunto con la artista, es una decisión muy personal. Hay chicas que prefieren «lo natural» y «lo femenino» y otras que piden trabajos más específicos. Como una chica, con los brazos saturados de cortes, escogió coloridos dibujos de personajes de Disney para taparlos.

Otros tattoos para públicos especiales que realizan en Desideratum son: reconstrucciones [en 3D] de pezones y para cubrir cicatrices de cesáreas o de operaciones de cambio sexo, en el caso de personas del colectivo LGBTI.

Your body, your choice [Tu cuerpo, tu decisión], reza el lema de este singular estudio de tatuajes donde sólo trabajan mujeres. Una resolución pensada, en principio, para generar un ambiente de confianza para el público especial que tienen. Y también, como enarbola Noemí, para «reivindicar un poquito el trabajo de la mujer en un mundo machista a tantos niveles».

http://www.elmundo.es/cronica/2018/03/16/5aa580b522601d78018b458a.html

Aumentan un 48% los menores enjuiciados por violencia de género

 

En estas últimas décadas se ha adoctrinado a los niños en las aulas en los disparates, mentiras y aberraciones feminazis. Se ha adoctrinado a la población con constantes campañas para que los propios padres adoctrinen a los hijos.

Se han aplicado las recetas feminazis para arreglar la supuesta lacra.

Aún así los datos que nos facilitan las propias feminazis demuestran que su falsa medicina no cura al falso enfermo sino que lo cronifica.

El negocio de la industria del maltrato necesita siempre fagocitar más recursos para dar de comer a tantos estómagos agradecidos.

En los últimos años ampliaron el negocio con la población adolescente. Ahora hacen ostentación de ello para seguir creando la alarma social que justifique la existencia de su negocio.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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Aumentan un 48% los menores enjuiciados por violencia de género

Homenaje a las muertas por violencia de género desde el año 2007 en Vinaròs. Domenech Castelló. EFE

OLGA R. SANMARTÍN – Madrid – 13 MAR. 2018

Cada vez salen a la luz más casos de violencia de género entre parejas adolescentes. Chicas muy jóvenes acuden a los juzgados para revelar reiteradas situaciones de control a través del teléfono móvil, manipulación psicológica y agresiones físicas. Los jueces de menores enjuiciaron en 2017 por delitos de malos tratos a 266 menores de edad, chicos que, sin tener cumplidos aún los 18 años, han convertido ya las vidas de sus novias en un infierno. Son un 48% más que los 179 registrados el año anterior.

Las cifras están recogidas en la estadística anual que este lunes hizo pública el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces considera “muy preocupante” el incremento de denuncias de malos tratos en las que el agresor es menor de edad. De las 266 registradas el año pasado, 249 acabaron con la imposición de medidas (a los menores no se les aplican penas de privación de libertad, pero sí se les condena a trabajos reeducativos de ayuda a la comunidad), 210 relativas a menores españoles y 39 a extranjeros.

Angeles Carmona, presidenta del Observatorio, explica que “en los juzgados cada vez se reciben más denuncias que afectan a menores de edad”. “Son niñas muy jóvenes, de 15, 14 o incluso 13 años. Esto tiene una doble lectura: por un lado es positivo porque se está denunciando más; por otro, indica que en las generaciones más jóvenes persisten las actitudes machistas en la pareja”.

Los datos de los jueces se complementan con los del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que, en varias encuestas realizadas en los últimos años, ha sacado porcentajes espeluznantes: un 27% de los jóvenes españoles cree que la violencia de género es una conducta normal en el seno de la pareja; más del 80% de los adolescentes afirma conocer algún acto de malos tratos en parejas de su edad; la mitad de los chicos y chicas afirma que la violencia machista ha aumentado en España en los últimos años…

La gran mayoría de los encuestados por el Centro Reina Sofía tiene una amiga que permite que su novio le revise el móvil o conoce a un chico que le dice a su novia con quién puede hablar o dónde puede ir, que controla todo lo que hace, que la insulta o difunde imágenes íntimas en las redes sociales sin su consentimiento, que le impide que vea a sus amigas o que la obliga a hacer cosas que no quiere. ¿Qué está pasando? ¿Hay más machismo y sumisión entre los jóvenes que antes?

“Antes no podíamos visibilizar el problema porque había muy pocas denuncias”, responde Carmona. “En los últimos estudios estamos observando que hay más. Han incrementado los hechos delictivos entre parejas jóvenes por dos motivos. El primero es que las relaciones cada vez comienzan antes y hay muchas chicas de 13 o 14 años que no tienen la madurez suficiente para percibir las primeras señales de que su pareja les está controlando. El segundo es que el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales es un importante campo de cultivo para ejercer una violencia de control sobre las adolescentes. Las redes sociales o el Smartphone permiten al maltratador realizar un control más fácil sobre su pareja”.

Carmona insiste en que estos datos “deben llevar a una reflexión” y resalta “la importancia de la educación”, para que, “desde los tres años, los niños y las niñas reciban educación en el respeto, en la igualdad, en tener unas relaciones afectivas sanas, en prevenir conflictos”. En este sentido, elPacto de Estado contra la Violencia de Género plantea un buen número de medidas, pero algunas están supeditadas al Pacto de Estado de Educación, del que el PSOE y Unidos Podemos se salieron hace unos días.

Otro dato igualmente “preocupante” que aparece en el informe anual del CGPJ es que los familiares de las víctimas sólo interponen un 2% de las denuncias realizadas. Es un porcentaje “muy bajo”, que no sube a pesar de que ha crecido el número de peticiones de auxilio a los juzgados. Los jueces están inquietos por “la falta” de implicación de los allegados, un hecho que obedece, según Carmona, a que la violencia de género “se sigue percibiendo como algo que pertenece a la intimidad de la pareja, en donde no debemos entrar”.

El conjunto de denuncias alcanzó durante 2017 su máximo histórico (166.620) y supone un 17% más que en 2017. También aumentó el número de condenas y de órdenes de protección y descendió -una buena noticia- el porcentaje de víctimas que se echan para atrás y se acogen a la dispensa de la obligación legal de declarar. “La mayoría de los casos se produce sin testigos ni pruebas y por eso la declaración de la víctima es muy importante. Muchos se quedan en nada porque la mujer se acoge a este derecho que el Pacto de Estado va a eliminar”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/13/5aa6e216ca4741d1028b45f6.html

 

La huelga de las periodistas millonarias

 

Un poco de sentido común para contrarrestar las mentiras de las feminazis.

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La huelga de las periodistas millonarias

Ana Pastor | La Sexta

Cristina Losada / 2018-03-05

Cuando una huelga no es una huelga, pasan cosas como ésta. Pasa que un manifiesto titulado Las periodistas paramos en apoyo a la “huelga general feminista” convocada para el 8 de marzo lo firman periodistas estrella de los medios de comunicación españoles, tal y como si padecieran ellas mismas las condiciones salariales y laborales que denuncian. Esa pretensión de montar, bajo la bandera feminista, un frente común con mujeres que no tienen ningún problema de precariedad, inseguridad laboral o brecha salarial y con mujeres que sí tienen todos esos problemas muestra hasta qué punto esta “huelga feminista” pervierte el sentido y el significado de lo que es una huelga.

Nada tienen que ver las situaciones de unas y otras. Las periodistas que ganan mucho dinero haciendo programas de éxito en la tele o con sus propias productoras pueden decir lo que quieran y sumarse a lo que les parezca. Y no seré yo quien les eche en cara cuánto ganan. Pero que no nos llamen a la huelga a las demás como si compartieran nuestros problemas, porque no los comparten. Que esas periodistas estrella convoquen a la huelga es casi tan absurdo como que los empresarios llamen a la huelga a los trabajadores. Esto del 8 de marzo, lo he dicho desde el principio, no es propiamente una huelga. Pero como va de huelga y la fundamentan en reclamaciones relacionadas con las condiciones de trabajo, hay que decirlo: es una tomadura de pelo.

El manifiesto de las periodistas insta a “todas las compañeras” a que se sumen a la movilización. ¿Compañeras? Qué me dicen. Yo no veo más que diferencias. Diferencias en los sueldos, diferencias en los contratos, diferencias a la hora de conciliar vida profesional y laboral. No somos “compañeras” quienes tenemos tan diferentes, y cada vez más divergentes, condiciones de trabajo y, por tanto, de vida. No digo que sean las periodistas estrella las responsables de esas diferencias o las únicas responsables; digo que no estamos en pie de igualdad, y que la apelación al género no puede ni debe ocultarlo. No se puede estar a los dos lados de la barricada: en el club de los privilegiados y en la movilización de género, tan a la moda, tan progre y tan tal.

Es muy significativo que el manifiesto de las periodistas mencione la precariedad, la inseguridad laboral y la brecha salarial que existirían en el sector por razón de género. Es significativo porque sólo aluden a la razón de género y a ninguna otra. No hay absolutamente ninguna mención a la brecha salarial sin razón de género que existe en el periodismo español, cuando resulta que esa brecha, que afecta tanto a mujeres como a hombres, es la más sangrante. ¿A qué viene ese intento de hacer ver que todas las periodistas, por ser mujeres, estamos en el mismo barco en cuanto a condiciones de trabajo, cuando no lo estamos ni por aproximación?

La raíz de la falacia está en un feminismo radical para el que no existe más que el género. Para ese feminismo, la mujer, por decirlo al modo marxista, es una clase oprimida por una clase dominante: el hombre. Andando por esa estrecha vía, se llega a incongruencias como una huelga en la que harían causa común patronas y obreras, empresarias y trabajadoras, vacas sagradas del periodismo y redactoras que cobran cuatro perras. Ya puestos, está más cerca de la realidad el viejo relato marxista de la lucha de clases que ése de la guerra de sexos. La huelga de género no es ningún género de huelga. Es un acto de propaganda del feminismo radical.

 

https://www.libertaddigital.com/opinion/cristina-losada/la-huelga-de-las-periodistas-millonarias-84556/

 

Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

 

Continúa la persecución del disidente/opositor por parte de las feminazis.

Su negocio se resiente y braman contra quien pone en peligro su modo de vida: la industria del maltrato.

Las mentiras feminazis se tambalean y han de ser sostenidas por la fuerza ya que la lógica y las pruebas las refutan.

No pueden tolerar que las estadísticas judiciales contraríen sus mentiras. Los datos no pueden obstaculizar su credo.

Insisten en conculcar la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.

Para las feminazis la palabra de una mujer es verdad absoluta dado que las mujeres nunca mienten. Les resultan innecesarias las pruebas, documentación, testigos, investigación policial, instrucción judicial, juicio, fiscal y juez. Les basta con creer a la “víctima” y no necesitan otra “prueba” que la palabra de la mujer.

Exigen más adoctrinamiento a jueces y fiscales (impartido por ellas) y la eliminación de quien les lleve la contraria a sus disparates y mentiras.

Pero se enfadan cuando las llamamos feminazis.

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Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

Isabel López de la Torre muestra su denuncia durante la rueda de prensa. EFE

OLGA R. SANMARTÍN – Madrid -12 FEB. 2018

Presentarán quejas al CGPJ sobre casos concretos porque “no puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”

La primera es la de una víctima que ha denunciado a la jueza que llevó su caso y la imputó: “Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”

Las asociaciones feministas han decidido presentar quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre casos concretos en los que los jueces no estén dando un “trato” adecuado a las víctimas de violencia de género. Después de estar durante años recibiendo denuncias de mujeres que se ven “maltratadas judicialmente”, van a recopilar uno a uno todos los ejemplos y van a ir dando cuenta de ellos al máximo órgano de gobierno de los jueces.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa las representantes de seis organizaciones (la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos), que se han dirigido posteriormente a la sede del CGPJ para poner las dos primeras quejas.

La primera alude al caso de Isabel López de la Torre, que fue a denunciar a su pareja por malos tratos y salió imputada ella misma porque él la denunció también. Finalmente ha sido absuelta y él ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión, pero la niña de ambos sigue disfrutando del régimen de visitas. “Me he sentido tratada como si fuera una delincuente. El sistema te castiga por denunciar. Él me pegó con un palo de bambú por todo el cuerpo y me tiró al suelo y me intentó estrangular. Llegué al juzgando destrozada y suplicando ayuda, con moratones por todo el cuerpo. Pero él me puso una denuncia por tres arañazos que no le había hecho y apenas me dejaron hablar. Me convertí en la acusada. Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial. Salí de ese juzgado imputada”, ha relatado, antes de ir a denunciar a la jueza que llevó su caso.

En la queja presentada ante la Comisión del Régimen Disciplinario Judicial del CGPJ, ante el Observatorio contra la Violencia de Género del mismo organismo y ante el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las firmantes sostienen que, entre otras cosas, María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), expresó ante varios testigos: “Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal”.

“No es un hecho aislado”

En el escrito censuran “la ausencia de independencia judicial” y “los prejuicios” de la juez e insisten en que este tipo de comportamientos “representan una efectiva medida disuasoria a la hora de armarse la mujer de valor para denunciar”.

“No se trata de un hecho aislado, sino excesivamente frecuente, como pretenderemos demostrar, con las sucesivas denuncias que iremos haciendo llegar al CGPJ y a los respectivos observatorios, y todo ello para evitar que con nuestro silencio nos hagamos cómplices de una conducta inadmisible, sobre todo cuando, como en este caso, las mujeres acuden en demanda de protección y justicia ante los juzgados”, recalcan.

Y piden que “se tomen las medidas correspondientes con el fin de apartar de los juzgados de violencia de género y de los de familia a jueces y juezas que adolecen de prejuicios contra la mujer”.

La segunda queja la realizan contra el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia), Julián González, por sus “actitudes arrogantes y autoritarias”, “faltas de respeto y consideración” y “nula empatía”. Hasta 22 asociaciones feministas firman un escrito que señala que, “desde hace tiempo, mujeres que han sido parte en procedimientos de violencia de género y de derecho de familia seguidos ante este juzgado nos han manifestado su malestar por el trato que les ha dispensado su titular”.

Sostienen que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto “también” les ha confirmado que ha recibido quejas de mujeres en el mismo sentido. “Además, nos han informado de que nunca ha mostrado interés ni participación en las reuniones de coordinación para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado”.

El juez, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana con el PP, ha negado las acusaciones y ha afirmado no haber tenido quejas del Ayuntamiento de Sagunto en sus 12 años de ejercicio en la localidad.

Las firmantes piden al CGPJ que “proceda a advertir a este juez sobre la necesidad de modificar estas actitudes, impropìas de un órgano judicial, apercibiéndole de sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica” sobre igualdad de género.

Falta de formación

“Tenemos que tomar medidas. No puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”, ha expresado durante la rueda de prensa Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, ha explicado que esta forma de actuación es novedosa porque, hasta ahora, agrupaban todas las quejas y se las trasmitían al CGPJ de forma general, cuando se reunían con sus miembros para evaluar el seguimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género. “Desde ahora, cada vez que tengamos un caso, daremos traslado por escrito con quejas documentadas y casos concretos. Se insiste en que las víctimas deben denunciar, pero luego no reciben la respuesta esperada por parte de las instituciones”.

Además del “maltrato judicial” -entendido como “prejuicios que ponen en duda la credibilidad de su testimonio” y “falta de garantías y de buen trato” que provocan una “víctimización secundaria”-, han enumerado otras “deficiencias” con las que se han encontrado, como el hecho de que los juzgados denieguen el 75% de las órdenes de protección que se reclaman, no se haga una valoración efectiva de los riesgos o no se repare el daño causado.

Atribuyen todo ello a una “mala formación de los operadores judiciales”, incluso en los juzgados específicos. “Se nos dice que hacen un curso online de 16 horas, pero esa formación no habilita para tomar decisiones de tal envergadura”, expresa Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. “¿Y qué ocurre cuando la víctima acude a declarar? Que el juez le dice: ‘Por favor, señora, al grano, céntrese en el delito. Y la víctima se bloquea, porque no se puede encorsetar su dolor a un hecho concreto”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/12/5a818d1646163f29638b4588.html

 

El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

 

Más sueldos para estómagos agradecidos.

Más comisarios políticos.

Más adoctrinamiento a jueces y fiscales disfrazado de formación en igualdad basado en una ley que discrimina en función del sexo y conculca derechos básicos en base al derecho penal de autor que aplicaban Hitler o Stalin.

Todo ello realizado por quienes falsean datos y sostienen las conocidas mentiras de las feminazis. De hecho, van a ampliar las estadísticas con nuevas manipulaciones para justificar sus canalladas cuyo fin último es garantizarse el sueldo.

Que la ley que promueven y todas las medidas creadas bajo su paraguas no hayan servido para eliminar la presunta lacra les trae al fresco mientras el dinero público siga fluyendo a sus bolsillos.

Por supuesto, se incrementará la persecución al disidente/opositor y se garantizarán más privilegios a las falsas denunciantes.

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El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

jueves, 8 de febrero de 2018

Autor, Comunicación Poder Judicial

A propuesta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la Comisión Permanente solicita informes a distintos servicios del Consejo sobre la forma de dar cumplimiento a las medidas incluidas en el Pacto. El Consejo ampliará la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy poner en marcha el desarrollo de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que entran dentro de su ámbito de competencias, para lo que ha solicitado a distintos servicios de la institución la elaboración de propuestas concretas o de informes sobre la forma de dar cumplimiento a las mismas.

A propuesta de la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, la Permanente también ha acordado dirigirse a la Comisión Nacional de Estadística Judicial –de la que, además del órgano de gobierno de los jueces, forman parte el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y la Fiscalía General del Estado- para que los boletines estadísticos recojan información sobre todas las formas de violencia sobre las mujeres.

Para conseguir el cumplimiento de muchas de las medidas en las que el Consejo aparece como institución implicada, Carmona considera fundamental la colaboración del Grupo de expertos y expertas en Violencia Doméstica y de Género que asesora al Observatorio, aunque esta labor implicará además a servicios o departamentos del CGPJ como Inspección, Oficina Judicial, Promotor de la Acción Disciplinaria, Selección y Formación Inicial y Formación Continua.

Así, la Comisión Permanente ha encomendado al Grupo de expertos y expertas del Observatorio la formulación de propuestas para mejorar los protocolos de actuación entre los Juzgados y las Administraciones, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección.

También le ha solicitado que plantee una propuesta concreta de Protocolo de actuación específico para la toma de declaración de los menores en los procedimientos en los que exista cualquier forma de violencia incluida en el Convenio de Estambul y otra de actualización de la Guía de actuación de buenas prácticas judiciales.

Mientras tanto, los servicios del Consejo estudiarán, entre otras cuestiones, la forma de impulsar la especialización de los Juzgados de lo Penal en materia de violencia sobre la mujer y la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales, siempre que ello repercuta en una mejora cualitativa de la atención y de los medios con los que se cuenta.

Además, el Servicio de Formación Inicial y el Servicio de Formación Continua adoptarán las medidas necesarias para conseguir una mayor especialización en la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer.

Con ello se dará cumplimiento a las medidas número 214, 217, 218 y 262 del Pacto de Estado, que tratan sobre la extensión de la formación especializada a los órganos judiciales con competencia en materia de familia y de menores, la introducción de temas de Derecho Antidiscriminatorio en el temario de las oposiciones a judicatura y fiscalía o la formación sobre las especificidades de la inmigración.

Por último, la Comisión Permanente ha dado traslado a la Comisión Nacional de Estadística Judicial para que adopte las medidas que considere oportunas para, de acuerdo con el Convenio de Estambul, obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y elaborar estadísticas sobre abusos sexuales a menores y/o violencia sexual.

El CGPJ también insta a la Comisión Nacional de Estadística Judicial a incluir en los boletines estadísticos los datos relativos a la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad y/o diversidad funcional y a los casos de trata de personas con fines de explotación sexual.

Una vez que se hayan llevado a cabo los trabajos encomendados, los mismos serán remitidos a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-pone-en-marcha-el-desarrollo-de-las-medidas-del-Pacto-de-Estado-contra-la-Violencia-de-genero

 

Juana Rivas, condenada a indemnizar Francesco Arcuri por la fuga con sus hijos

 

Sólo le tendrá que pagar por los gastos materiales en los que ha incurrido. Aunque no todos.

De los daños morales causados al padre y a los hijos no se le obliga a resarcir. De hecho, es imposible resarcir el perderte la infancia de tus hijos. Infancia que ya no volverá.

Dada la repercusión mediática del caso servirá de ejemplo para disuadir a otras Juanas y para que otros jueces no tengan miedo en aplicar la ley.

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Juana Rivas, condenada a indemnizar Francesco Arcuri por la fuga con sus hijos

Juana Rivas este miércoles, en la sala de vistas. M. RODRÍGUEZ

La madre de Granada deberá compensar el mes que el italiano permaneció en España el pasado verano

Leo Rama – Granada – 07/02/2018

El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha acordado este miércoles la indemnización que deberá abonar Juana Rivas a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por el mes que éste permaneció en España mientras ella se encontraba en paradero desconocido con sus dos hijos. Aún se desconoce cuánto deberá abonar la madre a Arcuri. La cantidad dependerá de la documentación que aporte a la causa el italiano, que ha solicitado unos 1.900 euros por los desplazamientos y el alojamiento en España el pasado verano.

Aunque la defensa de la madre ha tratado de impedirlo, la documentación que la parte de Arcuri ha aportado ha sido aceptada por el juez, que ahora deberá estudiarla para aumentar o rebajar la cuantía que solicita el italiano; gastos que el abogado de Rivas considera «injustificados», aunque asume el cumplimiento de la condena fruto de la vista sobre posibles daños y perjuicios.

«Lo vamos a conseguir gracias a todos», ha asegurado Juana Rivas, confiada en que «todo va a salir bien». A la salida de los juzgados de Granada, a pesar del nuevo revés judicial, la madre ha defendido su actuación el pasado verano: «En procesos legales, no puedo hablar mucho. […] Era la realidad en la que yo estaba y era la alternativa que yo veía, es imposible que hubiese pensado de otra manera».

La vista de este miércoles ha tenido lugar después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que paralelamente investiga la presunta comisión de delitos por parte de Juana Rivas a causa de su fuga, acordara la apertura de juicio oral por la vía penal. A la madre se le imputan dos presuntos delitos: sustracción de menores y desobediencia a la justicia. El abogado de Rivas ha adelantado que pedirá la absolución de su cliente.

En concreto, la Fiscalía le pide cinco años de cárcel, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, mientras que Arcuri solicita la misma pena de prisión, la pérdida de la patria potestad durante ocho años y que lo indemnice con 30.000 euros por daños materiales y morales.

http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-juana-rivas-condenada-indemnizar-francesco-arcuri-fuga-hijos-201802071307_noticia.html

El fiscal ve acreditados los daños económicos que Juana Rivas causó a su ex pareja

RAMÓN RAMOS – Sevilla – 7 FEB. 2018

Francesco Arcuri reclama a su ex pareja Juana Rivas 1.912,5 euros, como devolución de los gastos que conllevó su estancia en Granada cuando acudió desde Italia a recoger a sus dos hijos en cumplimiento de una resolución judicial y la madre los retuvo y se mantuvo en paradero desconocido durante más de un mes del pasado verano.

La reclamación de Arcuri deriva de la resolución judicial que obligó a Juana Rivas a devolver a sus dos hijos, tras agotar todos los recursos a su alcance para mantener a los menores en España. Este nuevo ángulo del caso ha llegado este miércoles al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, en una vista pública que apenas ha durado diez minutos en los que el abogado de Arcuri ha anunciado que la cantidad reclamada se irá incrementando a medida que el padre italiano pueda documentar con facturas los gastos pagados con tarjeta durante su prolongada estancia en Granada, que podrían ascender a 7.000 euros. La Fiscalía se adhiere a la reclamación y la defensa de Juana Rivas alega que los gastos no están suficientemente justificados.

Los gastos que reclama Arcuri están “suficientemente precisados y documentados”, ya que “Francesco no vino nadando desde Italia”, ha alegado el letrado de su defensa, que ha aludido también al “lucro cesante” que no se cuantifica pero que, paralelamente, causó daños y perjuicios en la economía del padre. “En esos 33 días, Francesco tuvo que pagar un hotel, desayunar, comer y cenar”, ha añadido expresivamente el abogado de Arcuri

La defensa de Juana Rivas, sin embargo, considera que la documentación presentada en la sala por los abogados de Arcuri “no son facturas” ni están “acreditados los gastos, que, por otra parte, “no guardan relación con la causa”. El fiscal sí los considera acreditados y Rivas, por tanto, está obligada a pagar los gastos del viaje y la estancia.

En primera fila

La vista pública por la reclamación de Arcuri ha reunido en la ‘sala Luis Portero’ del edificio de La Caleta la habitual concentración de cámaras y micrófonos en torno a la presencia de Juana Rivas, quien durante la sesión ha permanecido en silencio en el primer banco de la dependencia judicial, donde no ha tenido que responder a pregunta alguna porque ninguna de las partes lo ha solicitado. Tampoco ha sido necesario recurrir al sistema de videoconferencia para registrar una hipotética declaración de Arcuri desde Italia porque tampoco ha sido requerida. El italiano Francesco Arcuri ha reclamado este miércoles en los tribunales a su ex pareja, Juana Rivas, el abono de 1.912,5 euros por los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno a Italia de los dos hijos que tienen en común, a raíz de que ella permaneciera casi un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que obligaban a que regresaran con el padre.

Juicio oral

La sesión de este miércoles se produce un día después de difundirse el auto que el auto de apertura de juicio oral en la vertiente penal del caso de la madre de Maracena, que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 por dos presuntos delitos de sustracción de menores y otro de desobediencia, a raíz de la retención de los dos hijos menores y su negativa a entregarlos al padre, como ordenaban las resoluciones judiciales en su contra. En este escenario, y a preguntas de los periodistas momentos después de celebrada la vista, Juana Rivas ha rehusado contestar a la pregunta de si se arrepiente de haber retenido a los dos niños: “Es imposible saber si, a día de hoy, volvería a actuar igual”, aunque ha reiterado que “yo era una víctima que escapó” de Italia porque era la única alternativa que veía frente a la supuesta situación de violencia que asegura haber padecido en Italia.

Como se ha venido publicando, la Fiscalía solicita para Juana Rivas cinco años de prisión y seis de inhabilitación en su derecho a la patria potestad sobre sus hijos. Arcuri, que ejerce la acusación particular, también pide cinco años de prisión pero eleva a ocho años la petición de inhabilitación y plantea a través de sus abogados la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia por el que pide nueve meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama 30.000 euros de indemnización por los “daños materiales y morales ocasionados”.

Juana Rivas abandonó el domicilio familiar de Carloforte, en Italia, con sus dos hijos menores en el verano de 2016 para pasar unas vacaciones en Granada, pero no regresó en el tiempo acordado -cuando la convivencia con su pareja se estaba deteriorando- y presentó una denuncia por maltrato doméstico ante la Guardia Civil de Maracena por hechos sucedidos presuntamente en el país trasalpino. Arcuri había sido condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, una sentencia que se dictó por un acuerdo de conformidad entre las partes que conllevaba la retirada de la denuncia que a su vez el italiano había interpuesto contra su pareja, con la que de mutuo acuerdo volvió a reanudar la convivencia tiempo después.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana Rivas interpuso en Granada. En paralelo, un juzgado de Cagliari mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/07/5a7ac6b646163f72068b4570.html

 

Abren juicio oral contra Juana Rivas

 

Buena noticia.

Esperemos que se cumpla la ley de una vez y que estos delitos dejen de ser impunes y sirva de mensaje disuasorio a quien en el futuro se plantee hacer lo mismo.

Lo sorprendente es que sus inductoras y colaboradoras hayan sido desimputadas dando manga ancha a quienes viven gracias a la industria del maltrato.

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Abren juicio oral contra Juana Rivas

La madre de Maracena, tras una de sus visitas a los juzgados de Granada. / EFE

Yenalia Huertas – Martes, 6 febrero 2018

El auto establece que los hechos, por los que se enfrenta a cinco años de cárcel, deben ser enjuiciados en un juzgado de lo Penal

La jueza de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, ha acordado la apertura de juicio oral contra Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores y, subsidiariamente, por un delito de desobediencia de orden judicial.

El auto de la magistrada, fechado el 22 de enero y al que ha tenido acceso IDEAL, declara que el órgano competente para el enjuiciamiento de la madre de Maracena es un “juzgado de lo Penal”.

En la resolución, se recogen los cargos que han formulado contra ella tanto el ministerio fiscal como la acusación que ejerce su expareja, Francesco Arcuri, representado en este proceso por el letrado Enrique Zambrano.

La fiscalía solicitó cinco años de prisión para Juana Rivas, al atribuirle la presunta comisión de dos delitos de sustracción de menores. La misma pena reclamó el padre de sus dos hijos menores, que además solicita una indemnización de 30.000 euros. No obstante, Arcuri planteó la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia, por el que pidió nueve meses de prisión.

La jueza dispone que se mantenga la situación de libertad de la granadina, que se vio inmersa en este proceso por permanecer oculta con sus dos hijos pequeños durante un mes, el verano pasado, para evitar entregárselos a su expareja, residente en Italia. La mujer le denunció en 2016, aprovechando que vino a España de vacaciones, por presunta violencia de género y esta denuncia se tramita actualmente en Italia.

http://www.ideal.es/granada/abren-juicio-oral-20180206185803-nt.html

El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

 

La industria del maltrato sigue dando pingües beneficios.

Quienes viven de ello sólo piensan en el dinero público que generosamente reciben y gracias al cual disfrutan de una vida holgada.

La ley la han hecho ellas. Los protocolos los han hecho ellas. Las medidas de protección las han diseñado ellas. Los órganos de control y gestión los dirigen ellas. Todo lo relativo a la ley lo han hecho ellas.

Nada de ello funciona bien según ellas mismas reconocen.

Incluso publicitan como nuevo lo que lleva años aplicándose.

Pero lejos de reconocer su “error” echan la culpa a los demás y exigen más de lo que se ha demostrado ineficaz.

En realidad lo que hay detrás es un gran negocio y un intento de cambiar la sociedad para aislar al individuo impidiendo cualquier lazo afectivo.

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El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

La ministra de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat, hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso – ABC

Paloma Cervilla

Madrid – 31/01/2018

La ministra Dolors Montserrat comparece en el Congreso para explicar la ejecución de las 214 medidas, anunciando la modificación de 20 artículos de la Ley de 2004.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que la mitad de las 214 medidas recogidas en el Pacto contra la Violencia de Género han iniciado el proceso de estudio y ejecución. Del total de las medidas, 122 corresponden al Estado, 10 a las comunidades autónomas y 82 son competencias compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y entes locales.

El ritmo de trabajo es «positivo» y el objetivo es la modificación de unos 20 artículos de la ley integral contra la violencia de género de 2004. Para ello se han creado «un grupo de trabajo técnico del Gobierno». Una vez que los textos se vayan elaborando se remitirán al Parlamento para su aprobación.

La ministra está compareciendo a petición propia ante la Comisión de Igualdad para explicar las medidas que se van a poner en marcha del Pacto contra la Violencia de Género.

Entre estas medidas ha destacado el Real Decreto de 29 de diciembre, que incluye la desgravación en el IRPF a quienes ostenten la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género. Igualmente, se está trabajando «en la revisión de los textos legales vigentes que hacen referencia a regímenes de visita y custodia de los menores».

Otra iniciativa que la ministra ha puesto en valor son los convenios de prevención y sensibilización contra la violencia de género en oficinas de farmacia. Una red de más de 20.000 establecimientos que dan servicio a 2,3 millones de personas diarias «y que ayudan a mantener un canal directo con las víctimas en la detección de la violencia».

Delito quitar la pulsera

Dolors Montserrat también destacó que, como consecuencia de las reformas legislativas, a partir de ahora es un «delito» que un maltratador se quite o fuerza la pulsera que se les coloca para detectar que cumple la orden de alejamiento.

La ministra recordó que el punto de partida para las modificaciones legales está en la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, «verdadera clave del pacto, sin perjuicio de otras leyes que, como la relativa a la trata de seres humanos y la referida a la violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, constituirán los instrumentos legislativos de acción permanente para los próximos cinco años».

Montserrat afirmó que un tercio de las medidas del pacto «requieren de modificaciones normativas». Precisamente, en la ejecución del pacto se ha priorizado la modificación de estas normativas o la «redacción de nuevos textos legales»

La titular de Sanidad puso en valor la utilidad del teléfono 016 de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género que, en diez años, ha recibido un total de 500.000 llamadas; igualmente, señaló que las órdenes de protección se han incrementado un 6% desde 2011 a 2017.

Intervención de los grupos

Las intervenciones de los grupos la inició la portavoz del PSOE, Ángeles Álvarez, calificando «de relleno» la intervención de una hora y cuarenta minutos de la ministra. Además, negó que se hayan comenzado a ejecutar las 214 medidas del pacto.

La diputada socialista criticó que todavía no se hayan aprobado los primeros 200 millones para el pacto, circunstancia que se podía haber hecho, a su juicio, en el real decreto de prórroga del presupuesto, que se aprobó a final de 2017. Por ello, Álvarez afirmó que «tenemos desconfianza en su gestión y en su palabra».

Los socialistas retaron a la ministra a llevar al próximo consejo de ministros el decreto para que se puedan conceder estos 200 millones, y no a verano, como así había apuntado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el caso de que no se llevara a cabo, entiende que es «un incumplimiento del pacto».

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, arremetió contra el Gobierno, afirmando que «no nos consta que se haya puesto en marcha ninguna medida» del pacto, mostrando su preocupación porque «no está el dinero comprometido». La diputada le pidió a la ministra «que diga cuándo piensa el Gobierno dotar económicamente el pacto».

http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-asegura-mitad-medidas-pacto-contra-violencia-genero-estan-marcha-201801311055_noticia.html

 

 

Concentración día del padre 2018.

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005) Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento”, dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:

  • abandonar el domicilio familiar con “lo puesto”;
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su “ex” disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada “violencia de género”, los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido “ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)” o “no valora el trabajo que realiza”, entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamiento de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, constituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta
En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes:

  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2017, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

“Llora el teléfono”.

Autores: Claude François, Jean Pierre Bourtayre & Frank Thomas.

Adaptación e interpretación de Rafael Jiménez.

 

CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

 

Los sindicatos de “clase” no se bajan del carro feminazi propalando las habituales mentiras de las feminazis.

No en vano son herederos de Engels, Marx y Hegel y de sus criterios sobre la familia, la propiedad privada y el Estado.

A ello hay que añadir el dineral que roban vía subvenciones por apoyar y defender estas canallescas aberraciones.

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CCOO y UGT convocan paros laborales para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y su homólogo en UGT, Pepe Álvarez. EFE

ISABEL MUNERA

Madrid – 29 enero 2018

UGT y CCOO se han propuesto que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sea distinto. Por eso, este lunes han anunciado la convocatoria de “paros laborales” de dos horas de duración (por la mañana y por la tarde) para protestar contra “la violencia machista, la brecha salarial y contra la precariedad en el empleo”.

Con esta convocatoria, explicó Elena Blasco, responsable de Mujeres e Igualdad de CCOO, “los sindicatos queremos dar visibilidad a las discriminaciones que sufren las mujeres y combatirlas”.

Los sindicatos han optado por esta fórmula, según explicó Blasco, para “garantizar el éxito de la convocatoria”, darle “cobertura legal”, facilitar la negociación de los trabajadores que quieran consensuarlo con las empresas para sumarse, y “dar impulso político a la reivindicación”. Pretenden así “dar un paso más” tras los parones simbólicos que se convocaron el año pasado y visibilizar un problema para que “la gente reflexione en los puestos de trabajo”.

Estos paros son oficiales y, por tanto, se tratarán desde los sindicatos igual que se abordan las huelgas: se establecerán comités de huelga, asambleas informativas y se hará una provisión de servicios mínimos para cubrir la actividad imprescindible durante esas cuatro horas de parada.

Además, los sindicatos participarán en las movilizaciones y actos que se convoquen en los distintos territorios con motivo del 8 de marzo, así como en las manifestaciones que cada año se celebran en las capitales de provincia de prácticamente todo el país.

Durante la rueda de prensa en la que se presentó esta campaña, tanto Blasco como la vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, ofrecieron algunos datos de “la discriminación que sufren las mujeres en el acceso al empleo, la formación, la promoción y la retribución en el trabajo”.

Así, explicaron que las mujeres tienen una mayor tasa de paro -en concreto la tasa de desempleo femenino es un 3,5% superior-, desempeñan trabajos de peor calidad -un 74% de los empleos a tiempo parcial los ocupan las mujeres- y presentan también una tasa de actividad 11,5 puntos más baja. “A las mujeres nos están robando”, denunció Antoñanzas. Además, añadió Blasco, “todo esto repercute en las diferencias salariales”. Las mujeres cobran un salario inferior en unos 6.000 euros anuales.

De hecho, entre las principales reivindicaciones el próximo 8 de marzo está la de una ley de igualdad retributiva, que contribuya a reducir la brecha salarial (la diferencia entre lo que percibe un hombre y una mujer en igual o similar puesto se sitúa en el 23,5%, según el INE), sobre todo, después de el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contestase en una entrevista que no se iban a meter en eso cuando se le preguntó si se debería sancionar a las empresas que pagan distinto en función del género.

 

Además, en esta campaña con el lema “Vivas, libres, unidas por la igualdad” también estarán muy presentes la lucha contra la violencia de género y el acoso sexual.

http://www.elmundo.es/economia/2018/01/29/5a6f114ae2704e7f618b45e7.html