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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

 

Se amplía la industria del maltrato agravando la inícua ley de violencia de género.

Más privilegios, más dinero público para alimentar estómagos agradecidos.

Todo ello basado en las consabidas mentiras feminazis.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

 

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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

El acuerdo incluye considerar a las madres de hijos asesinados como víctimas

Ruth Ortiz sigue las intervenciones en el pleno del Congreso de los Diputados desde la tribuna de invitados. LUIS SEVILLANO

PILAR ÁLVAREZ

Madrid  28 SEP 2017

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las 213 medidas para poner en marcha el Pacto de Estado para atajar la violencia machista. La propuesta ha salido adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.

Es el primer gran acuerdo de la legislatura y persigue que las mujeres y sus hijos estén protegidos en todo momento con medidas institucionales, educativas, judiciales o sanitarias, entre otras.  Contempla actuaciones para prevenir la violencia machista desde el colegio e incorpora como víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas para hacerles daño.

Más de un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde enero de 2001. Son 1.006 fallecidas, según el recuento elaborado por EL PAÍS desde entonces. En lo que va de año, hay 37 mujeres y seis menores asesinados, y cuatro casos en investigación. La última mujer muerta, de Cartagena, solo tenía 20 años y había denunciado a su pareja por amenazas apenas una hora antes de que morir asesinada. En Sestao, este mismo jueves, se investiga si otra mujer hallada muerta ha caído a manos de su pareja.

Los pactos de Estado alcanzados en democracia en España se pueden contar apenas con los dedos de una mano. Desde los históricos pactos de La Moncloa, de 1977, al pacto de Toledo centrado en las pensiones (1995) a los cuatro grandes acuerdos antiterroristas rubricados entre 1987 y 2015 contra ETA y el yihadismo. De ahí el empeño que han mostrado distintos grupos políticos para intentar la unanimidad que finalmente no se ha conseguido.

Los acuerdos del pacto, que en un plazo máximo de dos meses debe ser trasladado ahora a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades, será vigilado por una comisión de seguimiento que aún se debe constituir. Algunos requieren reformas legislativas.

Incluir  entre las víctimas de violencia machista a las madres de hijos asesinados supone que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación. En la tribuna, entre las asistentes al pleno, ha estado Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, a los que mató el padre, José Bretón. “Ya era hora”, ha asegurado Ortiz en una entrevista en la SER horas antes del debate. La madre de los dos menores asesinados ha asegurado sentirse “contenta” por el acuerdo porque supone “un paso bastante importante” para la lucha contra la violencia de género.

“Por todas las Ruth de España vamos a luchar contra esta lacra”, ha señalado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, mirando a Ortiz desde su asiento. “El maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha añadido.

El pleno ha votado las medidas recogidas en el informe elaborado a lo largo de los últimos seis meses por la subcomisión que se creó para impulsar el pacto y que ha escuchado a más de 60 expertos de distintos ámbitos. La previsión es incluir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, 200 millones anuales.

Enmienda a la totalidad

Unidos Podemos se ha abstenido tras presentar una enmienda “crítica” a la totalidad. “Este pacto no nos vale aunque las medidas que están ahí sean buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se van a poner en marcha”, ha señalado Ángela Rodríguez (En Marea) “No sabemos para quién es el pacto. No vale ni para las mujeres pobres, transexuales ni con diversidad funcional”, según Rodríguez. “Han dejado fuera también a las violadas”. La diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón ha añadido en la tribuna que su confederación no respalda la propuesta porque “es un pacto de mínimos, no es un pacto feminista y no soluciona el problema”. “Mientras estamos aquí haciendo discursos con florituras están discriminando, violando y asesinando a mujeres en este país”, ha añadido.

“Estos acuerdos atienden a la necesidad de comprometer más activamente al Estado en la lucha de la violencia que sufre las mujeres solo por el hecho de serlo”, ha resumido la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), que reclamó en su intervención a Unidos Podemos que “actúen con responsabilidad”. “El mejor ejemplo que hoy daremos no estará en la ruptura de la unidad”, ha dicho. “Tampoco está todo el presupuesto y todas las medidas que hubiese querido el PSOE pero todo lo que está es útil al conjunto de las víctimas”, ha señalado en referencia a los diputados abstencionistas. Su partido reclamará un crédito extraordinario de 200 millones de euros si la aprobación de los presupuestos se prorrogan aún más tras la paralización de las nuevas cuentas del Estado por la crisis catalana.

El caso Juana Rivas

Durante la tramitación en el Senado se incluyó una medida que pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Recuerda el caso vivido este verano por la granadina Juana Rivas, que se escondió con sus hijos durante un mes para no devolverlos al padre, condenado en 2009 por maltrato y que en la actualidad está con los menores en Italia. Uno de los votos particulares del PSOE alude a que los casos de sustracción de menores en los que hay malos tratos los lleven juzgados especializados, como reclama desde hace más de un año la defensa de Rivas. “Lo que ha ocurrido con Juana Rivas no hubiese pasado si la competencia penal para estos casos estuviera en los juzgados de Violencia”, ha añadido Álvarez.

ENTRE LAS PRINCIPALES MEDIDAS

  • Madres víctimas. Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia machista y podrán acceder así a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas.
  • Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
  • Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
  • Protección de los huérfanos y de hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
  • Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
  • Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
  • Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
  • Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
  • Dependencias separadas. El pacto prioriza la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor.
  • Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
  • Prevención en la escuela. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. No se exigirán requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio cuando se acredite una situación de violencia machista.
  • Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/actualidad/1506588859_420508.html

 

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 79 Pág. 1 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN Sesión plenaria núm. 75 celebrada el jueves 28 de septiembre de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-79.PDF

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

3 de agosto de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-199.PDF#page=3

El Congreso aprueba el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=25507&anyo=2017&mes=9&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null

Ley de Ingresos Mínimos y Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=25406&mostrarvolver=N

 

Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Susana Díaz olvida que no es diputada en el Parlamento italiano, país competente para resolver sobre el asunto. De hecho, ni siquiera es diputada en España.

No deja de ser una muestra de la concepción que tiene del Estado de derecho. Ese Estado en el que no hay división de poderes porque “Montesquieu ha muerto” según sentenció Alfonso Guerra tras modificar el PSOE el sistema de elección de jueces en 1985.

Según van apareciendo grietas en su legislación feminazi van haciendo remiendos con “perspectiva de género” cuya aplicación tiene el aberrante carácter de retroactivo.

El criterio de no legislar “en caliente” se obvia cuando está en juego la red clientelar creada bajo el paraguas de las leyes de género. Red que disfruta de una ingente cantidad de dinero público de cuyo destino real nada se sabe y del que no se exigen responsabilidades.

Susana Díaz se preocupa de sostener los organismos que realizan informes falsos que destrozan miles de vidas cada año.

No es sino una muestra más del desprecio a las decisiones judiciales que no les son favorables y de la obsesión por controlar la judicatura.

Un ejemplo de su concepción totalitaria del Estado.

No es de extrañar que tardase diez años en terminar la carrera de Derecho.

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Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Díaz urge a impedir por ley otorgar custodia a padres maltratadores EFE

Ángela de Bethencourt

Sevilla

29 AGO. 2017

Juana Rivas entrega a sus hijos al padre ante el ultimátum de la Justicia

La presidenta andaluza echa en falta la aplicación del pacto de estado contra la violencia de género en el caso de Juan Rivas.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido este martes un cambio legislativo que impida que un maltratador pueda tener la custodia de sus hijos: “Un buen padre no maltrata a una madre”, ha añadido.

Díaz ha defendido sin embargo el acatamiento de las decisión de la Justicia, que ha fallado en favor del ex marido de Juana Rivas y por la que la granadina se ha visto obligada a devolver voluntariamente a su ex pareja a sus dos hijos este lunes. Aunque ha considerado que el caso de Juana Rivas ha dejado en evidencia la urgencia de una modificación de la ley para evitar que el padre sobre el que haya recaído una sentencia firme por maltrato pueda tener la custodia de los hijos quienes son “víctimas directas” de la violencia de género.

En esta línea, la presidenta ha manifestado la insuficiente aplicación del reciente pacto de estado contra la violencia de género. Dicho pacto, aprobado por unanimidad política a finales del pasado mes de julio, cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros con una margen de aplicación de cinco años y 200 medidas.

Entre las medidas, se contempla aquellas para “prevenir, proteger y reparar” los daños que un ambiente familiar hostil por violencia de género provoque en los menores de edad o la no imposición de la custodia compartida en estos casos. Precisamente, el régimen de custodia compartida en Italia, país donde se encuentra la residencia familiar, es el que le propone su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri.

Susana Díaz ha comparecido este martes tras la primera reunión de su Consejo de Gobierno después del paréntesis del mes de agosto.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/08/29/59a5519d22601dab328b459b.html

 

Cada año miles de Juanas Rivas

Cada año miles de Juanas Rivas.

 

25 de agosto de 2017

 

El caso de Juana Rivas no es sino uno más de los que se dan cada año en España en los más de cien mil separaciones y divorcios que se producen anualmente. Separaciones en las que se fabrican hijos huérfanos de padres vivos por no respetar la custodia compartida.

No les hace falta poner miles de kilómetros entre sus hijos y los padres.

Les basta con acudir al juzgado; reclamar la propiedad de los hijos; asegurarse el uso y disfrute de los bienes del ex; presentar una denuncia falsa de maltrato con su correspondiente informe falso; servirse del aparato del Estado creado al efecto y alienar a los hijos en contra del padre.

Sólo queda esperar a que las dilaciones judiciales, la política de hechos consumados, el lavado de cerebro a los hijos y la impunidad de sus delitos les confirmen la propiedad de los hijos aún en contra de la legislación y la jurisprudencia vigentes.

Poco les importa el daño que causen a sus propios hijos que para ellas son sólo las herramientas con las que se aseguran el nivel de vida al no respetar los legisladores y los jueces la propiedad privada.

Me voy a mi casa con mis hijos” declaró Juana Rivas en la puerta del juzgado pese a tener orden de detención y estar obligada a entregar a los niños, consciente de estar por encima de la ley. O mejor dicho, de que la ley es lo que le a ella se le ponga entre ceja y ceja en cada momento y lugar.

El Estado de Derecho, el imperio de la ley, conculcado diariamente en los juzgados españoles.

La aplicación del derecho con “perspectiva de género” según el cual lo que haga una mujer siempre está bien y el juez sólo puede decir amén so pena de ser inhabilitado tras la correspondiente persecución y muerte civil.

Leyes basadas en el derecho penal de autor, como bien nos ilustra el juez granadino, D. Manuel Piñar:

Para el magistrado granadino, este “excesivo celo ideológico” de proteger a la mujer “está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho”.

El criterio ideológico con el que se aplica el derecho penal de autor es puesto de manifiesto por el juez Piñar: “Posicionamiento [el de la Fiscalía] que puede ser preludio sin duda de ese principio de oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales (…) y practicaban con asiduidad los fiscales al servicio de Hitler o Stalin aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes”.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

www.libertaddigital.com/sociedad/2011-09-08/un-juez-cree-asegura-que-la-fiscalia-impide-la-persecucion-a-la-falsas-maltratadas-1276434741/

La igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y demás principios jurídicos básicos llevan años arrumbados en los archivadores de los juzgados españoles.

 

Dpto. de prensa

Asociación PROJUSTICIA

info@projusticia.es

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Telf.: 620100000

 

www.projusticia.es/cada-ano-miles-de-juanas-rivas

 

1.- Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a legislar en base al derecho penal de autor.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

2.- Ley integral contra la violencia de género.

www.projusticia.es/ley-integral-contra-la-violencia-de-genero

3.- Ley del divorcio.

www.projusticia.es/ley-del-divorcio

4.- Ley de igualdad o de desigualdad

www.projusticia.es/ley-de-igualdad

5.- Denuncias falsas.

www.projusticia.es/denuncias-falsas

6.- Mujeres maltratadoras

www.projusticia.es/mujeres-maltratadoras

7.- “Privilegios” de las “maltratadas”.

www.projusticia.es/anterior/informes/documentos/informe%20del%20CES.htm

8.- Industria del maltrato.

www.projusticia.es/industria-del-maltrato

9.- ¿Casas de acogida o negocio?

www.projusticia.es/casas-de-acogida-ayuda-a-las-victimas-o-negocio-a-costa-de-ellas

10.- La violencia en la pareja, bidireccional y simétrica.

www.projusticia.es/anterior/estudios/Espana/la-violencia-sobre-la-pareja-bidireccional-y-simetrica.html

11.- Las mentiras de las feministas.

www.projusticia.es/mentiras-de-las-feministas

12.- Custodia Compartida.

www.projusticia.es/custodia-compartida

13.- Padres divorciados, padres maltratados.

www.projusticia.es/padres-divorciados-padres-maltratados

14.- La falacia del argumento de los niños maleta.

www.projusticia.es/anterior/audiovisual/presentaciones/la-falacia-del-argumento-de-los-ninos-maleta.ppt

15.- Los jueces de familia incumplen la ley y la jurisprudencia.

http://projusticia.es/los-jueces-de-familia-incumplen-la-ley-y-la-jurisprudencia/

 

Notas de prensa anteriores

www.projusticia.es/notas-de-prensa

 

Ejemplos de la legislación feminazi española.

– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la “igualdad” efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

www.projusticia.es/ley-de-igualdad/

– Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 37. Protección contra los malos tratos.

El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:

  1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

www.projusticia.es\ley-integral-de-violencia-de-genero

– Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

Artículo 4

Carga de la prueba

  1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=80

 

Asociación PROJUSTICIA para damnificados por decisiones judiciales Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 586892 – CIF: G84649334

 

 

 

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas por estar fuera de plazo

 

Las abogadas de Juana Rivas no paran de demostrar su incompetencia y sectarismo.

Dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y los dos inadmitidos por estar presentados fuera de plazo.

El primero presentado antes de tiempo.

El segundo presentado meses después de cumplirse el plazo.

No es de extrañar que las abogadas feminazis exijan ventajas y privilegios. Es comprensible que reclamen tener leyes hechas a medida, siguiendo el derecho penal de autor, para que no necesiten ni ir a juicio. De otra manera difícilmente ganarían un pleito. De hecho, no podrían dedicarse a la abogacía.

Su nivel es lamentable. Basta oír a las presidentes de Themis: Alemany, Gonzalo, Cerrillos…

Lejos de argumentar y dar datos se limitan a recitar como papagallos las soflamas feminazis. Y aún después de haberlas repetido cientos de veces, lo hacen balbuceando y trastabillándose.

La “asesora” Francisca Granados ya empieza a descargarse de responsabilidad sobre lo sucedido alegando que la decisión siempre ha sido de Juana Rivas. Como si ella no fuese parte de la industria del maltrato ni viviese a cuenta de ella.

Juana Rivas debería pedirles indemnización por el penoso asesoramiento recibido y la utilización de la que la ha sido objeto para “defender” la causa feminazi.

Hay que seguir exigiendo que la ley se cumpla y que esta gente termine en donde les corresponde: en la cárcel.

Tendrán su Spandau y su Nuremberg.

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El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas por estar fuera de plazo

La madre de Granada había solicitado la suspensión de la sentencia que le obliga a entregar a sus dos hijos

ROCÍO F. DE BUJÁN / LUIS P. ARECHEDERRA

Madrid – 16/08/2017

El Tribunal Constitucional ha rechazado por estar fuera de plazo el recurso de amparo presentado por Juana Rivas, que había solicitado la suspensión de la sentencia que le obliga a entregar a sus dos hijos al padre, el italiano Francesco Arcuri. La sala de vacaciones del tribunal garante de la Constitución asegura en su resolución, a la que ha accedido ABC, que el recurso de Rivas es extemporáneo «por haberse prolongado, de modo manifiestamente improcedente, la vía judicial previa».

La decisión del tribunal garante de la Constitución obliga a la madre de Granada a acudir a la justicia europea, una vez que ya no existen posibilidades de reclamar ante el Tribunal Constitucional, que ya ha inadmitido en dos ocasiones los recursos de Juana Rivas. Si ella lo decide, los abogados acudirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por vulneración de derechos.

El abogado de Rivas, Juan Ramón Montero, ha declarado a ABC que la providencia del TC «entra en contradicción» con su primera resolución, en la que pidieron a la recurrente que acudiera a la Audiencia de Granada «para ver si había transcurrido dicho plazo». «De este modo, no entran a resolver el fondo del asunto y lo inadmiten por una cuestión formal», lamenta el letrado.

La providencia del Constitucional, dictada por los tres magistrados que conforman la sala de vacaciones, explica que Juana Rivas no presentó el recurso de amparo en el plazo necesario, consistente en 30 días hábiles desde que la Audiencia Provincial de Granada le notificó su decisión, el pasado 26 de abril. La madre de Granada acudió al TC el pasado 10 de agosto, fuera del plazo exigido.

Los magistrados argumentan que el recurso extraordinario por infracción procesal que Juana Rivas presentó ante la propia Audiencia de Granada el 31 de mayo no puede tenerse en cuenta para interrumpir el plazo del recurso de amparo, porque fue presentado en un «modo manifiestamente improcedente». El TC también niega efectos sobre el plazo al anunció de un recurso de queja ante el Tribunal Supremo, que la madre de Granada expresó el 15 de junio, y al que luego renunció, el pasado 1 de agosto.

http://www.abc.es/sociedad/abci-tribunal-constitucional-rechaza-recurso-juana-rivas-estar-fuera-plazo-201708161804_noticia.html

La mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima de violencia de género

 

La competición a feminazi mayor del Reino sigue reñida.

Todos a una para conculcar derechos fundamentales y principios jurídicos básicos.

Los hombres acabaremos llevando brazaletes para marcarnos al estilo nazi.

Por supuesto, lo más importante es el aumento de la partida presupuestaria para dar de comer a los miles de estómagos agradecidos que viven gracias a la industria del maltrato.

Viene bien recordar quien es Ángeles Álvarez, la portavoz del PSOE, principal impulsor de estas medidas. Sirve de ejemplo para saber la mentalidad de quienes promueven estas aberraciones contra el sentido común y la Constitución Española.

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La mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima de violencia de género

Todos los partidos políticos acuerdan eliminar la necesidad de denuncia previa y ampliar los mecanismos que las acreditan como víctimas de violencia de género, para que puedan beneficiarse de servicios sociales, protección y acompañamiento.

Manifestación contra la violencia machista

MADRID – 18/07/2017

MARISA KOHAN

El 80% de las mujeres asesinadas en España en la última década no habían presentado denuncia por violencia de género, ni solicitado ayuda o apoyo a las administraciones públicas. Muchas no están preparadas para dar el paso de interponer una denuncia, pero se encuentran con el obstáculo de tener que acreditar su condición de víctimas de violencia de género a la hora de poder acceder a servicios jurídicos, medidas de protección asesoramiento o acompañamiento.

Esto podría estar a punto de cambiar en breve. Todos los partidos que forman la subcomisión para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso han acordado modificar los mecanismos y canales por los que las mujeres accedan al “título habilitante” de la condición de víctima de violencia de genero.

Según el borrador de texto presentado por el Partido Popular a la subcomisión (que reúne sólo los puntos aprobados por consenso) y que trata esta cuestión de forma extensa, se trata de un “derecho que debe ser reconocido con el fin de prevenir esta violencia y asegurar su atención y protección y ayudarlas en la toma de decisiones,” tal como lo establece la ley de Violencia de Género de 2004.

El borrador del documento que está debatiendo estos días los miembros de la subcomisión, y al que ha tenido acceso Público, prevé el diseño de un Plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima, implicando a las diferentes administraciones, que complete la asistencia de las víctimas con carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento.

Este cambio implicaría algunos modificaciones importantes a nivel normativo y legislativo. Por un lado será necesario modificar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, puesta en marcha por el Partido Popular y por la cual se le quitaron competencias a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en materia de violencia de género y atención a las víctimas.

La puesta en marcha de un sistema de protección e identificación de los posibles riesgos antes de que exista una denuncia o una asesinato, pasa necesariamente por una atención a nivel local. Así lo han reconocido todos los partidos que han acordado devolver a los Ayuntamientos y entes locales amplias competencias en esta materia.

La medida requerirá, también, modificar la Ley de Violencia de Género para reconsiderar los distintos mecanismos por los que las mujeres podrán acreditar la condición de víctimas. Según el acuerdo, los mecanismos de acreditación serán múltiples: sentencias de cualquier orden jurídico que declare que la mujer ha sufrido violencias definidas en la ley; La orden de protección vigente o resolución judicial que la acordara; El atestado elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hayan presenciado una violencia; informe médico o psicológico elaborado por un profesional colegiado; el informe de los servicios públicos (servicio sociales, sanitarios, centros de salud mental, equipos de atención integral a víctimas…) o el informe de servicios de acogida de la Administración pública, entre otros.

El acuerdo alcanzado prevé, además, la creación de las llamadas “Unidades de apoyo”, que estarían regidas por el principio de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y formado por un equipo multidisciplinar.  Tal como explicaba la diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, en un reciente artículo de opinión publicado en este diario, estas unidades de apoyo son las que deben asegurar el acceso al catálogo de derechos, que no quedan actualmente activados si no existe interposición de denuncia o sentencia firme.

 

http://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-mujer-no-tendran-denunciar-considerada-victimas-violencia-genero.html

La violencia de género está infradiagnosticada

 

La industria del maltrato no deja de expandirse.

Al personal sanitario llevan años intentando obligarlos a denunciar maltratos inexistentes. Una vez más falsean los datos magnificándolos para intentar convencernos de la necesidad de combatir la inexistente”lacra”. De esta manera se ayuda a crear la alarma y la necesidad de combatirla con más medios económicos y humanos. Esto es, más gente viviendo de esta mentira.

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QUÉ HACER DESDE LA CONSULTA

La violencia de género está infradiagnosticada

El 24% de mujeres ha sufrido abusos y el 60% preferiría relatar el problema a su médico antes que a la policía o a servicios sociales

Laura G. Ibañes – 20/06/2017

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Una de cada cuatro mujeres mayores de 16 años (el 24,2 por ciento) reconoce haber sufrido violencia física (19,6 por ciento) y/o sexual (13,7 por ciento) en algún momento a lo largo de su vida y el 85 por ciento de ellas la ha sufrido en varias ocasiones. Además, un 25,4 por ciento ha sufrido violencia psicológica de control, un 21 por ciento violencia psicológica emocional y un 10,8 por ciento, violencia económica.

Por escalofriantes que resulten las cifras de la Macroencuesta de Violencia de Género en Españala realidad deja claro que sigue infradetectada, en tanto se estima que se tardan todavía entre 5 y 10 años hasta que se tiene conocimiento del maltrato que está sufriendo una persona desde que éste comenzó. Un periodo complejo en el que la propia mujer muchas veces no es consciente del maltrato sufrido y en el que, a veces, todavía no hay síntomas de violencia física o lesiones, pero sí existe ya violencia psicológica y los primeros síntomas que podrían ayudar a detectar el problema.

Así lo cree al menos Alicia Díaz Revilla, médica de Familia del centro de salud San Juan de la Cruz Pozuelo de Alarcón y miembro del Grupo de Trabajo de la Mujer de Somamfyc.

  • El 24% de mujeres ha sufrido abusos y el 60% preferiría relatar el problema a su médico antes que a la policía o a servicios sociales

Díaz Revilla explica que el médico está en una situación privilegiada para detectar estos casos “y no lo está haciendo tanto como debería. Todos tenemos muy claro qué hacer cuando hay riesgo vital o cuando hay que hacer un parte de lesiones, pero no se está actuando antes de que eso ocurra ni se está haciendo un cribaje a todas las mujeres pese a que se trata de hiperfrecuentadoras del sistema sanitario y pese a que sabemos que ellas mismas, cuando ya reconocen o denuncian la violencia sufrida, dicen que les habría gustado que el médico de Familia les hubiese tirado de la lengua cuando acudían un día tras otro a la consulta por insomnio o dolor de cabeza. Aunque sólo sea por evitar tratamientos y pruebas innecesarias hace falta hacer ese cribaje poblacional de violencia de género, porque es un problema infradiagnosticado”.

Problema de salud pública

Y es que la violencia de género es “como reconoció la propia OMS, un problema de salud pública, que afecta de lleno al bienestar y salud de quienes la sufren y que precisa, por tanto, la implicación del médico”, afirma Díaz Revilla. No en vano, los datos de la macroencuesta muestran que el 78 por ciento de quienes la han sufrido afirman que afectó profundamente a su estado de salud físico o psíquico y, mientras que el 68 por ciento de las mujeres que no han sufrido violencia dicen tener un estado de salud bueno o muy bueno, esta cifra se desploma hasta el 54 por ciento en el caso de quienes sí la han sufrido.

Sus síntomas se multiplican, con prevalencias de dolores de cabeza del 54 por ciento entre quienes reconocen haber sufrido violencia de género frente a sólo el 39 por ciento entre las que no la han padecido. El insomnio afecta a más del 50 por ciento de las maltratadas alguna vez en su vida, frente al 36 por ciento de mujeres que no han sido maltratadas y refieren este mismo problema. Y lo mismo ocurre con los dolores de espalda, la ansiedad, la fatiga permanente… “pero se están tratando los síntomas en la consulta sin diagnosticar el problema que los genera”.

  • La maltratada es hiperfrecuentadora de AP, pero aún se tarda entre 5 y 10 años en detectarse el problema de violencia desde que surge

En un momento en el que ministerio y partidos políticos tratan de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género, las sociedades de atención primaria se preguntan también qué puede hacer el médico desde la consulta, desde esa posición privilegiada que tiene para detectar antes los casos de violencia de género. El diagnóstico es común: ya hay protocolos claros de actuación ante una sospecha pero haría falta mayor implicación del médico, un cribaje poblacional, más formación y recursos, según coinciden en señalar los responsables de las tres sociedades de atención primaria: Semergen, Semfyc y SEMG.

Hay buenos protocolos

Carlos San Martín, coordinador del Grupo de Trabajo de Sexología de Semergen, explica al respecto que ya “existen protocolos de actuación del médico en todas las autonomías y son buenos, pero falta implantarlos, falta también formación continuada y sensibilización del profesional pese a que la atención primaria es el ámbito más adecuado para detectar estos casos porque se trata de hiperfrecuentadoras del sistema sanitario, con gran morbilidad, importantes psicopatologías… y que además sabemos que en un 60 por ciento de los casos afirman que elegirían a un médico para contarle su problema”, por encima de cualquier otro profesional de servicios sociales o de la policía, por lo que el médico es una pieza clave para detectar pronto estos casos de maltrato.

Díaz Revilla, de Semfyc, coincide también en que los protocolos están sobre la mesa pero no se está explotando todo el potencial del sistema sanitario para contribuir a frenar este problema, que debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, que incluya desde la educación para la prevención hasta la detección precoz en las consultas, junto a las medidas tradicionales de servicios sociales o de protección y legales una vez se ha activado ya una denuncia. Y eso, “precisa un cribado poblacional”.

  • Las autonomías han elaborado buenos protocolos pero falta formación, implantarlos y, en muchos casos, también recursos

En este sentido, Lorenzo Armenteros, miembro del Grupo de Trabajo de Salud de la Mujer de SEMG, opina también que “cada comunidad tiene establecidos protocolos sobre cómo actuar ante situaciones de violencia de género y abuso de menores, muy orientados ante situaciones claramente identificadas, y de ello somos conocedores todos los médicos de AP, pero los casos siguen siendo difíciles de identificar”, entre otras cuestiones porque “la víctima no suele reconocerlo” pero también, como gran problema “por la falta de habilidades para desarrollar una entrevista”.

Falta formación

En su opinión, sería necesario en cualquier caso “formación específica en detección, en este caso sobre todo relacionada con la entrevista clínica, y en habilidades para el manejo de estos casos. Es preciso conocer los recursos de los que disponemos en nuestro entorno y la existencia de programas coordinados con todos los servicios implicados. La existencia de una red asistencial coordinada sería la mejor opción, donde el médico de atención primaria sea el elemento coordinador y aglutinador de la asistencia”.

La sensación de carencias formativas la comparte Díaz Revilla, que explica que “falta también mucha formación entre los médicos. Casi todas las autonomías han creado responsables de violencia de género en los centros de salud, pero muchas veces son un cargo burocrático; sólo porque hay que tenerlo. Me he topado, por ejemplo, con responsables de violencia de género de centros de salud que ni siquiera habían hecho los cursos de formación, que les han trasladado a un puesto o centro distinto y aparejado a su puesto les ha caído este cargo. Esto también pasa muchísimo en los hospitales, por la inestabilidad laboral que hay y la movilidad del personal”.

Recursos desaprovechados

En su opinión “faltan muchísimos recursos. Desde que se puso en marcha la ley, las autonomías comenzaron a realizar en el sistema sanitario formación de formadores, pero en el camino se han quedado la mitad de esos formadores. Vengo ahora -explica cerca de las ocho de la tarde-, por ejemplo, de dar un curso en un pueblo al que he acudido con mi propio coche; por su puesto, sin remuneración alguna por ello, y mañana me enfrentaré a la consulta doble por los pacientes que no he podido ver hoy ya que no hay nadie para suplirme durante el rato que estoy dando el curso. Por un lado es verdad que hay muchos recursos, casas de emergencia y acogida que están vacías… -reflexiona Díaz Revilla-, pero por otro lado hay muy pocos recursos, lo que impide utilizar los que realmente hay. Por ejemplo, cuando has confirmado una sospecha y quieres derivar a la mujer al sistema para que esté atendida en todos los sentidos necesitas en algunos casos la decisión del juez o de la policía encargada de estos casos y resulta que ese día no está la policía encargada o nadie la suple así que no puede activarse todo el proceso. Y eso tiene un nombre: falta de recursos por falta de sensibilización política”.

  • Las mujeres que sufren violencia refieren más dolores de cabeza, insomnio, ansiedad y dolores de espalda, entre otros síntomas

San Martín pone cifras a esa falta de recursos que debería resolverse con el pacto contra la violencia de género porque “es verdad que se ha recuperado un 25 por ciento del presupuesto, pero también lo es que había caído un 10 por ciento anual en los últimos 10 años, así que no se ha recuperado todo el presupuesto que se ha perdido”.
pacto de estado

Así, San Martín reclama que el pacto de Estado contra la violencia de género que se está gestando en el Congreso y Senado “incluya el compromiso político por la formación e información, pero también dote económicamente a la ley recuperando el presupuesto perdido, que permita el apoyo logístico que hace falta una vez se detecta un caso”.

En paralelo a este paso adelante y compromiso que deben dar los políticos, San Martín afirma que los médicos pueden ir actuando ya para mejorar la situación realizando un cribado poblacional, “con preguntas que normalmente son muy sencillas como ¿qué tal van las cosas en casa?, pero que pueden ayudar a saber si hace falta una entrevista en mayor profundidad para descartar o activar el protocolo por una sospecha”. Esto es importante para detectar antes los casos, en lugar de esperar a que se produzcan situaciones evidentes de maltrato y deba realizarse ya el parte de lesiones correspondiente.

AP debería hacer un cribado poblacional de maltrato

Las sociedades de atención primaria coinciden en que sería necesario terminar de sensibilizar y formar al médico para realizar un cribado poblacional de violencia de género con preguntas sencillas que puedan ayudar a decidir si debe activarse el protocolo de sospecha (ver protocolo de actuación de la página anterior). Entre otras cuestiones, por la infradetección del problema que existe si se tiene en cuenta que incluso entre las mujeres que sí han sido capaces de identificar que están siendo sometidas a violencia de género, la denuncia es muy escasa. Los datos de la macroencuesta muestran que sólo el 28,6 por ciento de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual o miedo a su pareja o expareja han acudido a la policía o al juzgado y que, incluso entre quienes llegaron a denunciar (ellas u otra persona en su nombre), el 27 por ciento continuó con la relación de pareja pese a haberse presentado ya la denuncia, lo que deja clara la situación de vulnerabilidad ante posibles nuevas agresiones o la continuidad de la violencia psicológica. Entre las razones que animan a un cribado poblacional en primaria para detectar maltrato (ver decálogo) figura también la constancia del alto grado de satisfacción de las víctimas con la actuación de los servicios sanitarios y de los médicos cuando han acudido en busca de ayuda. La macroencuesta de violencia de género muestra que el 80 por ciento de las víctimas que acudieron a un médico en busca de ayuda se mostraron bastante o muy satisfechas con la actuación de este servicio, muy por encima del grado de satisfacción que demostraron con otros servicios como los prestados por ONG, psicólogos o servicios legales (70 por ciento de satisfacción) o los servicios sociales (64 por ciento de satisfacción). A esto hay que añadir la necesidad de actuar de forma temprana para evitar el riesgo de maltrato infantil que con frecuencia acompaña a estos casos de violencia de género. Los datos de la macroencuesta muestran que entre las mujeres que reconocieron haber sufrido violencia física o sexual y que tenían hijos en aquel momento, el 63 por ciento de los niños presenciaron esos episodios y otro tanto reconocieron que sus hijos sufrieron también la citada violencia. Las sociedades, con todo, recuerdan que deben respetarse en cualquier caso “los tiempos de la mujer” en el reconocimiento de la situación de violencia y la denuncia.

http://www.diariomedico.com/2017/06/20/area-profesional/sanidad/la-violencia-de-genero-esta-infradiagnosticada

El Congreso quiere que las denuncias por maltrato no puedan retirarse

 

La inícua ley de violencia de género no ha servido para el fin por el que que nos la publicitaron. No se ha terminado ni reducido la supuesta “lacra” de los asesinatos a mujeres.

Entre otras cosas porque la ley está basada en burdas mentiras de las feministas.

Por el contrario sí se ha terminado con derechos básicos legislando aberraciones jurídicas que han conculcado el principio de igualdad ante la ley o el principio de presunción de inocencia. Los mismos que esgrimió Saulo de Tarso cuando le detuvieron pues estos principios los habíamos heredado del antiguo Derecho romano.

Sólo se ha creado una ingente industria del maltrato de la que viven miles de estómagos agradecidos gracias al dinero que nos roban vía impuestos.

Tal y como predijeron el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, las Asociaciones de fiscales o los expertos que comparecieron en la Comisión de justicia del Congreso de los diputados.

Es la ley que ha tenido más cuestiones de inconstitucionalidad y que ha sido más criticada por los jueces.

Pero lejos de reconocer el “error” nuestros políticos pretenden endurecer la ley. Saben que no van a solucionar el supuesto “problema” pero se aseguran seguir manteniendo el lucrativo negocio de la industria del maltrato.

De paso se cambia la sociedad aislando al individuo de su núcleo familiar donde se siente más protegido del abuso del poderoso.

En esta ocasión se han cuidado muy mucho de no convocar a la subcomisión a nadie que les pueda dejar en evidencia. Sólo han llamado a afines en la ideología de género y a quienes viven de su vertedero.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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El Congreso quiere que las denuncias por maltrato no puedan retirarse

La Subcomisión del Congreso finaliza su trabajo con la elaboración de un documento, sobre el que ya puede haber consenso en diez medidas

El Congreso quiere que las denuncias por maltrato no puedan retirarse

PALOMA CERVILLA – Madrid – 05/06/2017

La Subcomisión del Congreso de los Diputados, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad, tiene previsto finalizar esta semana sus trabajos, con la elaboración de un documento consensuado que recoja las propuestas de los grupos parlamentarios. Unas propuestas que debe asumir el Gobierno, ya que el presidente Mariano Rajoy se comprometió a ello en su discurso de investidura. Su promesa fue alcazar un «gran pacto» que «nos involucre a todos», y a ello han dedicado los esfuerzos todos los partidos, desde que el 15 de febrero comenzaron las comparecencias en esta Subcomisión.

El germen de este pacto fue la proposición no de ley, apoyada por todo el Congreso, que se aprobó el 15 de noviembre de 2016. En este texto se comprometían a reformar la Ley de Violencia de Género, aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2014, así como llevar a cabo los cambios legislativos que fueran necesarios.

Durante estos casi cuatro meses de trabajo, los grupos mayoritarios, PP y PSOE, han encontrado el consenso en al menos diez medidas que, si son aprobadas, se llevarán a la práctica con casi total seguridad. Una de ellas es la eliminación del denominado «derecho de dispensa» para los casos de malos tratos, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo es que las mujeres no puedan retractarse de su declaración inicial contra el maltratador. También hay unanimidad en ampliar el concepto de violencia de género o extender la orden de alejamiento a los menores, según han señalado a ABC las portavoces del PP y PSOE, Marta González y Ángeles Álvarez, respectivamente.

Todas estas medidas forman parte de un documento de 600 propuestas, al que ha tenido acceso ABC, y que se debatirá este jueves y viernes. Los partidos se han marcado como objetivo tener a final de semana este texto para remitir al Gobierno.

Estas son las diez medidas sobre las que puede haber consenso:

Ampliar el concepto de violencia de género. Tanto PP como PSOE y Ciudadanos están de acuerdo en tratar como violencia de género los matrimonios forzosos o el acoso en las redes, aunque no tienen claro la fórmula. Bien se puede hacer modificando la ley actual o redactando una norma de trata de personas con fines de explotación sexual, como apunta el PSOE. Ciudadanos apuesta más por cambiar la ley.

Eliminar el derecho de dispensa. Una gran parte de las acusaciones contra los maltratadores se retiran cuando llega el juicio y terminan sin condena, porque la víctima se acoge a la dispensa del deber de declarar y cambia su declaración. PP y PSOE quieren eliminar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la víctima no pueda acogerse. La portavoz socialista, Ángeles Álvarez, señala que «hay que ver cómo se hace para que no colisione con principios fundamentales».

Suprimir el atenuante de confesión. Un maltratador sabe que si confiesa rápidamente su crimen se le aplica el atenuante de confesión, que figura en el Código Penal. Los grupos mayoritarios quieren eliminar este atenuante del Código Penal y así impedir que la Justicia le beneficie.

Orden de alejamiento para menores. El Partido Popular apunta que también podría haber un alto nivel de acuerdo en la decisión de extender a los menores la orden de alojamiento que el juez dicte contra el padre. Se dan casos de que el juez dicta una orden solo para la madre, y cuando el padre se queda con los niños, los mata, como así sucedió en Córdoba con José Bretón, y en otros muchos casos.

Más formación para jueces, médicos, psicólogos… La necesidad de reforzar la formación de todos los actores implicados en los casos de violencia de género también ha sido puesta de manifiesto en las diversas comparecencias que se han llevado a cabo ante la Subcomisión. Los partidos mayoritarios la asumen como un elemento fundamental del pacto. Incluso no descartan que se pueda impartir alguna asignatura sobre esta materia en los centros escolares.

Eliminar el agravante de género. En la Ley Orgánica de Violencia de Género existe el agravante de género para condenar al maltratador. «Se ha dado el caso en que algunos pronunciamientos judiciales aseguran que no hubo intención de someter a la mujer y consideran la agresión como violencia doméstica y no de género», señala la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Marta González. Esta formación política señala que hay que eliminar este agravante porque en algunos casos son «apreciaciones subjetivas del juez sobre si existe, o no, violencia de género». Otros grupos también comparten esta consideración.

Eliminar el derecho de información. Los hijos de mujeres maltratadas, en algunos casos, tienen que recibir asistencia psicológica. Este tratamiento tiene que ser autorizado por el padre maltratador, según el artículo 156 del Código Civil. Con este pacto se pretende que se elimine esta autorización. La portavoz socialista señala cómo «se han producido denuncias de los padres contra psicólogos porque entienden que sus hijos reciben el tratamiento sin permiso».

Tipificar el delito de suplantación en la red. Los populares tienen la intención de plantear que se tipifique en el Código Penal el delito de suplantación en la red. Ello es así por que se ha detectado que los maltratadores, al conocer las claves de sus parejas en las redes sociales, envían mensajes que en muchos casos se consideran ofensivos, suplantando su personalidad. Incluso contestan su correo electrónico. A día de hoy este delito no existe en la legislación. Los populares creen que la mayoría de grupos parlamentarios podría aceptar incorporar esta medida al documento final, que está previsto cerrar el próximo viernes y enviarlo al Gobierno para su aplicación.

Equipos especializados en la Policía . Cuando se interpone una denuncia por violencia de género, la Policía Nacional somete a la víctima a un cuestionario tomando como base el programa Viogen, y hacen una valoración del riesgo. En función de ello, deciden las medidas de protección a adoptar. Pero los policías se quejan se que ellos no son sicólogos y de que el juez debería tener otros informes. Por ello, los expertos consideran que en los Juzgados de Violencia de Género debe haber un equipo específico para hacer esos informes desde un punto de vista más profesional. En el pacto que se firme se podría recoger esta petición, sobre la que puede haber, de entrada, un consenso.

Endurecer el proxenetismo. El artículo 187 del Código Penal castiga el delito de proxenetismo. Sin embargo, el Partido Popular considera que lo hace de una manera muy laxa y que es «necesario castigarlo con mayor dureza». La mayoría respaldaría esta propuesta.

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-congreso-quiere-denuncias-maltrato-no-puedan-retirarse-201706052145_noticia.html

 

Desmontando a Vanessa Skewes, la presunta víctima machista

 

Un caso más de manual.

Con los controles aduaneros actuales y con la falta de autorización de ambos progenitores no se entiende que sigan produciéndose estos “secuestros“. Más aún estando en vigor el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores.

Salvo por la desidia y negligencia de algunos jueces que dictan sentencias en contra del sentido común y de la legislación.

Las consabidas denuncias falsas, informes falsos, testigos falsos, la victimización y teatralización de una falsa injusticia y un falso maltrato amparada en el convencimiento de que el hijo es de su propiedad y en la seguridad de su impunidad gracias a la legislación feminazi y a la prevaricación judicial.

No olvidemos que la inmensa mayoría de estos “secuestros” se producen dentro de las fronteras del mismo país durante los procesos de separación y divorcio.

La delincuente no sufrirá castigo alguno, como de costumbre.

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Desmontando a Vanessa Skewes, la presunta víctima machista

¿Quién es Vanessa Skewes? EL MUNDO (Vídeo)

Juan Nieto- Valencia – 1 junio 2017

Una juez desacredita el relato público de Vanessa Skewes, que se unió a un centro de la mujer y una víctima real para reunir 150.000 firmas exigiendo más protección para los hijos de los maltratadores

Solo el 0,4% de las denuncias por violencia machista se investigan ante la sospecha de que sean mentira, una cifra que pone de manifiesto la fragilidad de la afirmación de que las mujeres denuncian en falso.

Son mínimas y el sistema judicial permite detectarlas y analizarlas con rigor si se constatan contradicciones, como está ocurriendo con el caso de Vanessa Skewes, la mujer de origen chileno que inició una campaña en España en la quedenunciaba malos tratos de su ex marido y que un juzgado de Alicante había entregado sus dos hijos menores de edad a un padre maltratador.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Alicante acaba de dictar un auto que desmonta su relato y archiva el rosario de denuncias que presentó Vanessa Skewes contra su ex marido por presuntas amenazas de muerte a ella y a sus hijos. Las denuncias se basaban fundamentalmente en el testimonio de la mujer y la magistrada ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones tras constatar la existencia de «numerosas contradiccionesapreciadas en las sucesivas declaraciones de la denunciante, con una ampliación de la denuncia altamente cuestionable».

La mujer presentó un parte de lesiones, real, pero la investigación judicial ha determinado que en el momento en el que se produjo la presunta agresión su ex marido, que había viajado a España desde Chile para reunirse con sus hijos, se encontraba en Murcia junto a una abogada experta en asuntos de Familia que le asesora en el procedimiento civil seguido en España por sustracción internacional de menores.

Vanessa también denunció que había recibido amenazas de muerte a través de un correo electrónico y el juzgado de Alicante ha pedido a Google que informe quién está detrás de la cuenta para determinar si tales amenazas son reales. Esta parte no se archiva a la espera de que Google responda.

El testimonio de Vanessa Skewes generó una ola de solidaridad y se presentó ante los medios españoles como la mujer que escapaba de un auténtico infierno, que huyó de Chile junto a sus hijos para refugiarse en España porque querían matarlos.

A través de una cuenta en Change.org , creada por un centro de atención a la mujer, logró reunir más de 150.000 firmas para plantear al Ministerio de Justicia que no considere sustracción de menores estos casos. Muchas personas anónimas se sumaron a la iniciativa, también organizaciones sociales y otra víctima, en este caso con sentencia contra su pareja en Italia, cuyo caso no guarda ninguna relación con el relato contradictorio de Vanessa que han constatado los jueces y fiscales.

Vanessa hizo declaraciones en todas las televisiones en las que contó cómo vivía en el abismo: «Hablo de violación, golpes con fractura de nariz, con parte médico y las denuncias correspondientes». Ninguna de estas circunstancias es como la cuenta, al menos según la Justicia.

Su ex pareja no ha sido condenado, ni en Chile ni en España. En su país de origen, todas las denuncias que puso Vanessa se han archivado -según su actual asesora jurídica los archivos se han recurrido- y la noche que el padre pasó en Alicante para recoger a los menores porque ella se negaba a entregarlos dijo al juzgado quedormiría en Comisaría por el temor a más denuncias.

La única persona a la que la Fiscalía de Chile ha presentado una querella penal es a Vanessa por secuestro, quien fue detenida y puesta en libertad cuando regresó a su país hace unas semanas. Vanessa sigue teniendo la custodia de sus hijos, como en todo este tiempo, pese a la denuncia pública de que se los querían quitar.

Chile, a través de España, tramitó una demanda por sustracción internacional de menores porque Vanessa, quien tenía la custodia en Chile de sus hijos, viajó hace dos años a España sin autorización. Según consta en el expediente, pese a que salió del país huyendo, se reunió con su ex marido para decirle que sólo eran unas vacaciones.

La demanda se presentó en octubre de 2015 y el escrito fue turnado al Juzgado número 10 de Familia de Alicante. La Abogacía del Estado pedía la restitución de los menores y se requirió a Vanessa para que compareciese con los hijos y manifestase si accedía. Rechazó la restitución porque dijo que el padre era «un delincuente reincidente» y «supondría un grave riesgo». Denunció lesiones, intentos de violación y maltrato familiar, además de consumo de cocaína.

Sin embargo, según consta en la resolución, las autoridades españolas certificaron que no existía ninguna condena contra el padre y estimaron que no era ningún delincuente ni maltratador. La Abogacía del Estado también presentó un informe de laboratorio de medicina legal, que certifica que no se habían «detectado [en el padre] ni cocaína ni opiáceos».

El Juzgado de Familia falló en contra de Vanessa, pero le comunicó que se trataba de un proceso civil, por lo que en ningún caso se valoraba entregar a los niños al padre si no que retornara a su país de origen con los niños. Como la madre tiene la custodia en Chile, allí podría vivir con los pequeños, pues el marido nunca fue condenado y no se acreditaron malos tratos. La decisión la ratificó la Audiencia de Alicante.

A partir de ese momento, en enero de 2017, Vanessa impulsó la campaña de Change.org y no atendió a los requerimientos del juzgado de Familia para que los niños volvieran a Chile, según su actual asesora jurídica por falta de profesionalidad de su anterior abogada de oficio.

Mientras no atendía a estas solicitudes, empezó a presentar denuncias en la Policía. Dijo que su pareja le amenaza de muerte a ella y sus hijos. Los correos parecían reales, recogían insultos y un juzgado asumió la investigación del caso.

Vanessa pidió una orden de alejamiento y sólo un día después de que presentara la denuncia el juzgado denegó la medida de protección porque el denunciado «reside en Chile» y no existe «indicio alguno del posible traslado a España». También se tuvo en cuenta que «no resulta entendible la razón por la que el denunciado ha tenido acceso al correo personal» de Vanessa dos años después de llegar a España.

La mujer siguió presentando denuncias con más correos presuntamente amenazantes y solicitando órdenes de alejamiento que fueron rechazadas hasta que el pasado 26 de abril denunció una agresión que presuntamente se habría producido mientras su ex pareja estaba en Murcia tras llegar a España para cumplir con la orden del Juzgado de Familia. Se activó el protocolo y se impuso una orden de alejamiento al padre, aunque no respecto a los hijos, porque el juzgado de guardia dictaminó que no existía «ninguna situación de riesgo para los menores».

Este 10 de mayo, el juzgado que había asumido el caso dictó el archivo provisional de la presunta agresión. Según el auto, no es posible que la ex pareja de Vanessa la agrediera porque no le dio tiempo a viajar de Murcia a Alicante sin vehículo. De nuevo, la acusación de Vanessa había sido desmontada.

 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/06/01/592f0785468aeb9f7e8b460b.html

 

Condenada la doctora que pretendía curar el cáncer con Psicología y manzanilla

 

Estos pseudo científicos son los que emiten informes en los juzgados basados en pseudo ciencia sin rigor alguno sin soporte legal.

Pero sus “valoraciones” son las que deciden la vida de miles de personas.

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Condenada la doctora que pretendía curar el cáncer con Psicología y manzanilla

Un tribunal de Turín condena a la doctora Germana Durango a dos años y seis de cárcel por homicidio culposo de una paciente de 53 años. Afirmaba que el cáncer se curaba «con hierbas y palabras»

La doctora Durando aseguraba que el cáncer se podría curar con manzanilla y sesiones «psicológicas»

La doctora Durando aseguraba que el cáncer se podría curar con manzanilla y sesiones «psicológicas» – @REPPUBLICA

ÁNGEL GÓMEZ FUENTES – 11/04/2017

«Nada de medicinas para curar el cáncer. Es suficiente la psicología y la homeopatía». Este era el lema de la doctora Germana Durando, que seguía en su consulta de Turín la discutida «terapia hameriana», elaborada por el médico alemán Rike Geerd Hamer, expulsado del colegio de médicos. Ahora un tribunal de Turín la ha condenado a dos años y seis meses por homicidio culposo o involuntario, al causar la muerte de una paciente, Marina Lallo, quien tenía un melanoma maligno en el hombro izquierdo de 5 milímetros.

Durante nueve años fue convencida por la doctora Durando que lo podía curar con manzanilla y sesiones «psicológicas». En su opinión, el melanoma había sido causado por un trauma psicológico, tras la ruptura de Marina con su novio. «La lucha contra el cáncer debe ser una lucha contra tus problemas psicológicos», repetía constantemente Germana Durando a Marina. Tenía tal poder de convencer a sus pacientes que estos la llamaban «Santa» Germana Durando. Cuando finalmente Marina Lallo acudió a un hospital, fue operada del melanoma –una masa de 14 centímetros-, pero era ya demasiado tarde. Poco después murió, a los 53 años.

La fiscal, Rossella Salvati, había pedido 4 años de cárcel para la doctora Germana Durando, quien se defendió ante el juez señalando que su paciente«Marina tenía una fobia hacia la medicina tradicional, la quimio y la radioterapia». Su abogado, Stefano Castrale, ha defendido «la libertad de las curas que tiene un paciente, al que le debe ser reconocido el derecho de no curarse».

Charlatanes

No se trata de un caso aislado. El método Hamer ha causado al menos 140 muertos en Europa, varios en Italia. Aunque Hamer, ex médico internista, no debe practicar la medicina, ha sido condenado varias veces por ejercicio abusivo de la profesión y fraude. Hamer elaboró su teoría después de la muerte del hijo, a causa de una bala que partió de la carabina de Vittorio Emanuele di Savoia, que fue pretendiente del trono de Italia, durante una pelea en la isla de Cavallo en Córcega.

Un año después Hamer sufrió un cáncer de testículo del que se curó gracias a una intervención quirúrgica. Según él, el tumor fue causado por el trauma de la muerte del hijo. Después, cuando también su mujer enfermó y murió de cáncer, siguiendo la terapia hameriana, confesó: «Parece que mi mujer no creía totalmente».

En Italia son muchas también las personas que continúan poniendo su confianza en métodos que nada tienen que ver con la ciencia, como el charlatán que se dice oncólogo y afirma que el tumor es un hongo que se cura con el bicarbonato. El magistrado Raffaele Guarinello, quien ha tenido que abrir numerosas causas contra esos charlatanes explica así al «Fatto» este fenómeno que abunda mucho en Italia: «Los tiempos de la justicia no coinciden con los de la medicina. Y, mientras tanto, los elementos de fascinación de las «nuevas» terapias se inscriben en un sistema de creencias que se autoalimentan y se hacen resistentes a la realidad».

http://www.abc.es/sociedad/abci-condenada-doctora-pretendia-curar-cancer-psicologia-y-manzanilla-201704110321_noticia.html

El Instituto de la Mujer despide a ocho técnicas por denunciar su situación laboral

 

Todo parece que han echado a las feminazis enchufadas en la época del Gobierno de Rodríguez Zapatero como parte de la industria del maltrato de la que vivía holgadamente como tantos otras parásitas.

Ella misma reconoce que su única función era repartir el dineral de los Fondos europeos entre sus acólitos. En su perfil profesional su único mérito es ser feminazi.

La cara dura se completa entrevistando a Rosa Peris que reconoce que se incumplía la ley al contratar a enchufadas cuyo único mérito es su bagaje feminazi. Nada nuevo en quien se atribuía funciones del Tribunal Constitucional y se ha movido siempre por intereses feminazis con su correspondiente faceta de comisaria política cuyos únicos argumentos son la estética del acusado.

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El Instituto de la Mujer despide a ocho técnicas por denunciar su situación laboral

Las trabajadoras cesadas denuncian haber sido represaliadas tras presentar una demanda de derechos laborales y acusan a la dirección de una paulatina privatización de la institución que debe velar por la igualdad de mujeres y hombres

Fachada Instituto de la Mujer
Fachada Instituto de la Mujer

MADRID – 06/04/2017 – MARISA KOHAN

“Empecé a trabajar en el Instituto de la Mujer en 2005 con un contrato por obra y servicio que fui renovando y renovando hasta ahora. La ley marca que este tipo de contrato no puede superar los 3 años, y yo llevaba más de 11 en esta situación. Así que en abril de 2016 (hace ahora 1 año) yo y otras siete compañeras en situación similar decidimos demandar al Instituto de la Mujer por la ilegalidad que supone la concatenación de contratos que en teoría son para la realización de una obra o servicio puntual, pero que en la realidad vienen a suplir una necesidad estructural (que no puntual) del organismo. Y ahí empezaron las represalias”.

Este es el relato de Isabel García Calvo, una de las trabajadoras despedidas por el Instituto de la Mujer el pasado 31 de marzo junto al resto de sus compañeras.

Varias de ellas llevaban más de 15 años trabajando ininterrumpidamente en este organismo, un ente autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, e Igualdad, que dirige Dolors Montserrat. La que menos tiempo llevaba, había encadenado contratos durante 6 años consecutivos.

“Durante todos esos años habíamos realizado tareas que estaban muy por encima de lo que estipulaba nuestro contrato y sueldo, pero esto es habitual en la Administración Pública. Eramos parte del equipo”, afirma una de ellas. El cometido clave de este grupo de técnicas era el de gestionar los programas y los fondos Estructuales de la Unión Europea en materia de igualdad, una de las fuentes fundametales de financiación de esta institución.

Según su relato (Público se reunió con una representación de cuatro de las ocho trabajadoras despedidas), tres días después de presentada la demanda, las apartaron de sus funciones, les dijeron que dejaran de trabajar en los proyectos que estaban realizando, las cambiaron de ubicación apartándolas de sus compañeras, les negaron el acceso a archivos de los ordenadores, cancelaron los viajes ya programados o les prohibieron participar en cursos y reuniones externas que ya tenían comprometidas. “Así estuvimos un año, realizando funciones muy por debajo de nuestra capacidad y formación hasta que el pasado 3 de marzo nos entregaron una carta de despido”, afirma una de ellas que prefiere no ser identificada.

“La reacción del Instituto de la Mujer con ellas fue espectacular, abrupta. No sé si por rabia o por pánico. No es una reacción muy distinta a otras demandas similares que he llevado contra la administración pública, pero en este caso me sorprendió porque esperaba una sensibilidad especial hacia estas mujeres que ejercían sus derechos en una institución que debería velar porque éstos se cumplan. Lo único que hacían estas mujeres era preguntar al tribunal si tenían razón y debían tener un contrato fijo y no uno temporal”, afirma Juan Manuel Fernández Otero, el abogado que representa a las ocho despedidas.

Ante esta reacción de castigo y “humillación”, como la definen las trabajadoras, el pasado 1 de diciembre decidieron ampliar sus demandas para denunciar este “acoso”. Según su abogado esta ampliación se realizó en los ocho caso por la “violación de derechos fundamentales y de indemnidad” (la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener judicial o extrajudicialmente la tutela de sus derechos). Poco después, todas recibieron una carta de despido.

“El Instituto de la Mujer justifica nuestro despido aduciendo que ya no hay dinero, que se acabó el período de fondos Estructurales Europeos para el que estábamos contratadas y que nuestro contrato se extendía hasta finales de marzo. Pero hasta el momento en el que nos apartaron de nuestras funciones, estuvimos trabajando de lleno en la puesta en marcha del nuevo período [2014-2020] de programación del Fondo Social Europeo que ya se han concedido y que ascienden a unos 50 millones de euros para este período de siete años”, afirma una de las técnicas ahora despedidas. “El desfase en las fechas se debe a que siempre estos períodos comienzan con retaso”, añade.

“Otra violación de sus derechos fue que desde el momento de la primera demanda, sus puestos fueron llenados por empresas externas”

“Otra de las violaciones de sus derechos fue que desde el momento de la primera demanda, sus puestos fueron llenados por empresas externas”, afirma Fernández Otero. “Esto en sí no constituye una ilegalidad, pero si el Instituto de la Mujer contrata a otras personas o empresas para que realicen el trabajo que estas trabajadoras estaban desempeñando, significaría que estos puestos son aún necesarios”. “En los próximos días vamos a presentar una demanda por despido nulo, puesto que la situación laboral ha cambiado”, añade.

A lo largo de la última semana, este diario intentó en varias ocasiones recabar la posición del Instituto de la Mujer sobre estos despidos. Así mismo solicitamos información sobre la financiación de la institución, la cuantía de los Fondos Sociales Europeos que recibe y algún comentario sobre la veracidad de que el Instituto de la Mujer había comenzado a sustituir el trabajo de las técnicas, ahora despedidas, con la contratación de empresas externas. Sin embargo, tras varios correos electrónicos y llamadas de teléfono no hemos recibido ningún tipo de respuesta.

Según fuentes consultadas, el número total de técnicas despedidas puede ascender a diez y ello puede incidir de manera directa en su capacidad para gestionar y supervisar los proyectos.

“En los años que estuve al frente (del Instituto de la Mujer), el personal técnico era fundamental para el funcionamiento del organismo”, afirma Rosa Peris, que dirigió esta institución entre 2004 y 2009. “Cuando hablamos de instituciones que no son muy grandes como el Instituto de la Mujer, las tareas no están completamente compartimentadas y el personal técnico, además de hacer el trabajo de gestión del Fondo Social Europeo, hacía muchísimas otras cosas dentro del organismo porque había que sacar el trabajo adelante”.

Peris reconoce que la situación irregular de algunas de las técnicas ahora despedidas se remonta a su etapa al frente del Instituto, pero asegura que el tipo de contrato no fue entonces motivo de conflicto porque “no había distinción entre unos y otros. Trabajábamos como un solo equipo”. Una idea refrendada también por muchas de las técnicas despedidas.

Según Peris, “si cada vez es más pequeña la plantilla de funcionarias y funcionarios porque se van jubilando, y estos puestos no se reponen, y si despides al equipo técnico que realiza un trabajo excelente, entonces tienes que hacer algo para sacar adelante todo ese trabajo. Probablemente están recurriendo al mecanismo de contratar a empresas externas. Para mí es un grave error porque no van a prestar el trabajo con la misma calidad que las técnicas que estaban en el instituto de la mujer y porque además, ese no era el espíritu detrás de la Ley de Igualdad”.

“La sensación que tenemos es de desmantelamiento paulatino de la institución. La política de no amortizar los puestos de las personas que se jubilan, sumado a un vaciado progresivo de contenido, hace que los funcionarios se quieran marchar. Se está convirtiendo en un lugar de tránsito donde los funcionarios están dos o tres años para consolidar nivel y luego irse a otro destino. El Instituto se está convirtiendo en un mero gestor de fondos, pero cada vez más vacío de contenido. Cuando no quede nada, se cerrará”, afirma otra de las despedidas que prefiere mantener su anonimato.

http://www.publico.es/sociedad/igualdad-instituto-mujer-despide-ocho.html

 

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