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El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

 

Pese a las más que numerosas pruebas el juez ha decidido archivar la causa contra quienes ayudaron a delinquir a Juana Rivas.

Pese a las declaraciones públicas de la “asesora” Francisca Granados en las que hizo ostentación de sus delitos.

Pese a que indujeron e instruyeron para cometer el delito. Realizaron informes y documentos falsos. Malversaron fondos públicos. Etc.

Nada ajeno a lo que sucede cada día en los juzgados de familia y de violencia de género.

Había mucho en juego. Son miles de “asesoras” las que viven de esta industria del maltrato. Las mismas que se manifestaron en toda España para oponerse a la “criminalización” de tanta “experta” que se alimenta del dinero público argumentando las consabidas mentiras de las feministas.

El juez no ha sido capaz de aguantar la presión y la impunidad feminazi seguirá campando a sus anchas.

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El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

Juana Rivas acude al juzgado el pasado septiembre. MIGUEL RODRÍGUEZ

EUROPA PRESS – Granada – 13 DIC. 2017

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores tras permanecer casi un mes ilocalizable sin acatar la orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos al padre, ha acordado el archivo de esta causa para sus familiares, su asesora en el Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, de modo que el procedimiento continuará sólo contra la madre de Maracena.

En un auto notificado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado toma esta decisión después de que se unieran a las actuaciones la documentación aportada por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y de que la Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento provisional de la causa para todos los investigados a excepción de Juana Rivas, que está siendo investigada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores.

En la causa estaban siendo investigados el padre, la madre, y los hermanos de Juana Rivas por su presunta participación en los hechos, los cuales se acogieron a su derecho a no declarar el pasado agosto cuando fueron citados a comparecer ante el juez.

Días antes fueron citadas la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, como investigadas por “su presunta intervención” como “inductoras” o “partícipes necesarios” en la supuesta sustracción de los hijos de Rivas, extremo que negaron ante los medios.

Ambas estaban representadas por el despacho Aránguez Abogados, que ha presentado tres recursos a lo largo de la instrucción para solicitar elsobreseimiento de la causa respecto a sus patrocinadas por entender que “carecía de fundamento alguno”.

En declaraciones a Europa Press, el letrado Carlos Aránguez ha manifestado su “satisfacción” por esta decisión que, a su entender, “hace justicia” respecto a sus clientes.

En virtud de este auto, contra el que cabe recurso de reforma, la causa continuará exclusivamente contra Juana Rivas, representada por un equipo de abogados de Sevilla en coordinación con una letrada en Italia, donde hay abierto un procedimiento por la civil para decidir sobre la custodia de los pequeños, que residen desde finales de agosto con su padre en la isla de Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/13/5a316ca222601d10188b45c4.html

Promueven una recogida de firmas en apoyo a las asesoras de Juana Rivas en Maracena

Asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados

La plataforma 7N contra las violencias machistas ha promovido una recogida de firmas a través de internet en la que solicita a la justicia española que “deje de criminalizar” a las profesionales que han asesorado y apoyado desde el Centro de la Mujer de esta localidad granadina a Juana Rivas, la madre de Maracena obligada por la juez a entregar este lunes a sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, tras negarse a hacerlo hace más de un mes y declararse en “paradero desconocido”

EUROPA PRESS. 28.08.2017

“Juana Rivas ha mantenido su decisión mientras lo ha considerado posible, no incitada por su asesora jurídica y su psicóloga, sino por propia necesidad y voluntad”, ha señalado esta petición dirigida desde la web change.org al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, y que ha recogido más de 2.000 firmas en sus primeras 13 horas desde su puesta en marcha, en la noche de este pasado domingo.

La madre granadina, según recoge el texto de la petición, consultado por Europa Press, ha sido “incitada, como ella misma manifestó el pasado día 22 de agosto al salir del juzgado, por el apoyo social a su postura de intentar a toda costa lo que considera justo y necesario: conseguir protección de la justicia española para sus hijos frente al padre maltratador”.

“Somos miles las personas que hemos mostrado nuestro respeto a su decisión y nuestro apoyo a Juana Rivas en las plazas (de Maracena, Granada y otras ciudades), en las redes sociales y a través de los medios”, han señalado las promotoras de la iniciativa que se declaran “tan responsables de incitarla a delinquir como lo puedan ser su familia y las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena”, con quienes se solidarizan.

En el caso concreto de la asesora jurídica del CMIM de Maracena, Francisca Granados, la petición ha subrayado que “hay que estar muy convencida de la necesidad de no rendirse para, a pesar del miedo, enfrentar las consecuencias, y también para mantener el apoyo y dar la cara por ella ante la opinión pública”.

Tanto Granados como la psicóloga que ha atendido en el Centro de la Mujer a Juana Rivas, que permanece en libertad investigada por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores, están llamadas a declarar el próximo miércoles 30 de agosto en sede judicial por “su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios, en los delitos de sustracción de menores”.

El jueves 31 de agosto habrán de hacerlo, también como investigados, los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de Rivas por su presunta intervención en el posible delito de sustracción de menores.

El colectivo feminista que ha promovido la petición en change.org ha indicado, en este sentido, que “las leyes españolas, que desde 2015 dicen proteger del maltrato a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, son tremendamente hipócritas, pues en la práctica permiten su total desprotección”.

“Nuestras leyes dicen que hay que oír a las víctimas, pero no escucharlas”, por lo que, en opinión de la plataforma 7N, “es preciso desarrollarlas y modificar todo aquello contradictorio en las mismas”.

“Eso no es posible sin enfrentar al sistema a los efectos de sus propias contradicciones”, lo cual hace el caso de Juana Rivas, “que convertimos en causa, porque las contradicciones del sistema ya colmaron la paciencia feminista”.

La petición, que lleva por título ‘Basta ya de justicia patriarcal’, comienza explicando que tanto la madre de Maracena como su entorno sabían, cuando compareció ante el juez la semana pasada, que la justicia ordenaría la entrega de los niños al padre “dada la firmeza irrevocable de la sentencia que lo acuerda”.

“Juana Rivas, desde el principio, ha sido informada por su letrada y su asesora jurídica de las posibles consecuencias jurídicas de no devolver a sus hijos al padre”, ha indicado el texto, que ha agregado que la vecina de Maracena “ha querido intentar todo lo posible y lo imposible antes de devolverlos” pues “para ella la de entregar a los hijos al padre maltratador no es opción válida” ya que “equivale a una forma de suicidio: es matar toda posibilidad de defender a sus hijos del maltrato del padre”.

“Si la justicia española, la de su país, no da a sus hijos siquiera la protección temporal que permite el Convenio de la Haya -denegar la devolución inmediata-, mucho menos puede confiar en la italiana” pues en ese país, donde convivió con su excompañero sentimental, Francesco Arcuri, residente en Italia, “es extranjera”.

“La legislación y medios para enfrentar la violencia de género allí son mucho más precarios”, ha advertido la petición, que ha señalado que en Italia “es asesinada por violencia de género una mujer cada 72 horas”, habiendo “condenado” el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al país “por su ineficiente lucha contra la violencia machista”.

El entorno de Rivas está conformado por profesionales y familiares que son “responsables” de “no haber retirado a Juana su apoyo incondicional” mientras “existía aunque fuese un ínfimo resquicio de posibilidad de lograr protección de la justicia española”.

Este lunes al mediodía está previsto en Madrid que diversas asociaciones civiles entreguen en el CGPJ un escrito en contra de la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que obliga a entregar sus hijos al padre en un punto de intermediación familiar a las 17,00 horas.

Distintas iniciativas han sido promovidas en las redes sociales en las últimas semanas en apoyo a Juana Rivas, con etiquetas como #JuanaCuentaConmigo #YoApoyoAJuanaRivas o #JuanaEstáEnMiCasa.

http://www.20minutos.es/noticia/3120725/0/promueven-recogida-firmas-apoyo-asesoras-juana-rivas-maracena/

 

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Un nueva denuncia sobre la prevaricación constante en el juzgado de familia 28 de Madrid.

Son hechos probados. Es una grabación.

No pasará nada. O la archivarán sin más trámite o trasladarán a la juez Emilia Marta Sánchez Alonso a otro juzgado. Igual que hicieron con su antecesora María Dolores Planes Moreno.

La pichicóloga Natalene Suanzez Leenhardt reconoce que se ha ido de rositas gracias a la intervención de la propia jueza.

La prevaricación es una constante en este juzgado. Una simple comprobación de sus estadísticas sirve para despejar cualquier duda.

Emilia Marta Sánchez Alonso

Tanto por parte de la jueza como del equipo psicosocial que la “asiste”. Nada extraño en los juzgados de familia.

http://projusticia.es/la-jueza-emilia-marta-sanchez-alonso-y-la-prevaricacion-judicial/

 

Juzgados de familia. Política de hechos consumados. Extravío del expediente. 

 

La jueza María Dolores Planes Moreno y la prevaricación judicial.

 

http://planesmoreno.blogspot.com.es/

 

Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

 

Las feminazis no toleran que no les sigan el juego. Menos aún que les lleven la contraria.

Es llamativo que ahora utilicen los argumentos que antes negaban para invalidar el “trabajo” de los equipos psicosociales.

Delito de odio. ¡Hay que tener cara dura!

No olvidemos que es una ideología totalitaria y persiguen al disidente/opositor.

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Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

Manifestación contra la violencia de género celebrada en Madrid el pasado día 25. Javi Martínez

Patricia del Gallo – Oviedo – 29 NOV. 2017

Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres

Las organización Women’s Link Worldwide y el colectivo asturiano Abogadas para la Igualdad han presentado una querella contra el psicólogo forense de Oviedo que emite para la Administración de Justicia en Asturias la mayoría de los informes periciales sobre víctimas de violencia de género y menores que denunciaron abusos sexuales. Le acusan de un delito de odio las mujeres. Según las denunciantes, este profesional, encargado de valorar estos casos, basa sus informes en “prejuicios y estereotipos” de género como que “las mujeres manipulan a sus hijos e hijas para dañar a sus parejas o ex parejas” dice la querella.

Este colectivo ha dado el paso de querellarse amparándose en el artículo del 510 del Código Penal tras su reforma en 2015. Es la vía que han encontrado después de escuchar y presentar durante los últimos años quejas formales contra este profesional, que además es el decano presidente del Colegio de Psicólogos de Asturias. Se encarga de valorar la mayoría de los casos de abusos a menores y Abogadas para la Igualdad y Women’s Link temen que, debido a sus informes, gran parte de los delitos hayan quedado impunes, ya que ante las denuncias lo primero que hacen los jueces es pedir un informe pericial a un especialista. Si éste es desfavorable a la víctima, como aseguran está ocurriendo en la mayoría de los casos, el juez archiva la causa.

En esta querella, presentada por ambos colectivos como acusación popular, se aportan los casos de dos mujeres víctimas de violencia de género y de tres menores que supuestamente sufrieron abusos, dos por parte del padre y en el otro del abuelo. En sus casos, señalan, el psicólogo desacreditó sus versiones y calificó a las madres de “mentirosas y manipuladoras”. Las denunciantes sospechan que hay decenas de casos como estos y les animan a denunciar.

El delito de odio por razones de género recogido en el artículo 510 del Código Penal está tipificado con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/29/5a1e70c522601dc2128b45c8.html

 

Las denuncias por violencia de género aumentaron un 18% de abril a junio

 

La industria del maltrato alentada y alimentada desde las instituciones.

Pese a la evidente falsedad de los datos la población sigue dándolos por buenos porque los facilita un organismo oficial y se difunde constantemente la mentira a través de todos los medios.

Aún existiendo querellas contra estas falsedades la opinión pública sigue adoctrinada en la mentira.

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Las denuncias por violencia de género aumentaron un 18% de abril a junio

Cada vez menos mujeres renuncian a declarar contra sus maridos. SERGIO VALERO

EFE – Madrid

23 OCT. 2017

Los juzgados españoles recibieron en el segundo trimestre de 2017 un total de 42.689 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 18%, según la estadística publicada hoy por el Poder Judicial, en la que figuran 40.366 mujeres víctimas de maltrato (un 20,7% más).

En el mismo periodo, se elevó también en tres puntos el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 67,2% del total de fallos dictados (8.885 condenas de 13.230 sentencias).

Destaca el descenso del número de mujeres que renuncian a declarar contra sus parejas, que siguen haciéndolo el 10,5%. Entre abril y junio de 2017 se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar 4.263 mujeres, frente a las 4.341 del mismo periodo de 2016 (un 1,8% menos).

Siguen siendo las mujeres extranjeras las que más renuncian a declarar contra su agresor (el 13,4 extranjeras y un 9,3 españolas).

El aumento de denuncias un 18% (han pasado de 36.166 denuncias en el segundo trimestre de 2016 a 42.689) significa un incremento de víctimas, en este caso del 20,7% (de 33.440 mujeres a 40.366).

El observatorio judicial refleja un incremento de siete puntos en las solicitudes de órdenes de protección (se pidieron 10.242, 9.586 un año antes) y cuatro puntos en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales.

La violencia de género se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 supera la media nacional (17) en Baleares (26,3), Murcia (21,8) y Comunidad Valenciana (21,3), mientras que la más baja se da en Castilla y León (10,8) y Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco (ligeramente superiores a 11).

Casi un 70% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales, mientras que el Poder Judicial aprecia un ligero descenso de las presentadas por familiares de las víctimas (sólo fueron el 2%)

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 15,25% de los casos.

En un 50% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección; un 3% de las víctimas que pidieron protección fueron mujeres menores de edad.

Derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 16.217 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio, la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión y las medidas privativas de libertad.

Al mismo tiempo se dictaron 4.138 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal; un 19% en relación con la prestación de alimentos y un 16,5% resolvieron la atribución de la vivienda, detalla la estadística.

En un 5,3% de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 3,7% de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.

La presidenta del observatorio judicial, Ángeles Carmona, ha destacado eldescenso del número de mujeres que renuncian a declarar durante el proceso y el mantenimiento de las medidas judiciales que buscan proteger a los menores, víctimas como son de la violencia de género.

Carmona también ha valorado el aumento de las condenas a los maltratadores y ha destacado la importancia de transmitir el mensaje de que “no hay impunidad para la violencia machista”.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/10/23/59edbf48468aeb15628b4668.html

 

El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

 

Se amplía la industria del maltrato agravando la inícua ley de violencia de género.

Más privilegios, más dinero público para alimentar estómagos agradecidos.

Todo ello basado en las consabidas mentiras feminazis.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

 

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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

El acuerdo incluye considerar a las madres de hijos asesinados como víctimas

Ruth Ortiz sigue las intervenciones en el pleno del Congreso de los Diputados desde la tribuna de invitados. LUIS SEVILLANO

PILAR ÁLVAREZ

Madrid  28 SEP 2017

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las 213 medidas para poner en marcha el Pacto de Estado para atajar la violencia machista. La propuesta ha salido adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.

Es el primer gran acuerdo de la legislatura y persigue que las mujeres y sus hijos estén protegidos en todo momento con medidas institucionales, educativas, judiciales o sanitarias, entre otras.  Contempla actuaciones para prevenir la violencia machista desde el colegio e incorpora como víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas para hacerles daño.

Más de un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde enero de 2001. Son 1.006 fallecidas, según el recuento elaborado por EL PAÍS desde entonces. En lo que va de año, hay 37 mujeres y seis menores asesinados, y cuatro casos en investigación. La última mujer muerta, de Cartagena, solo tenía 20 años y había denunciado a su pareja por amenazas apenas una hora antes de que morir asesinada. En Sestao, este mismo jueves, se investiga si otra mujer hallada muerta ha caído a manos de su pareja.

Los pactos de Estado alcanzados en democracia en España se pueden contar apenas con los dedos de una mano. Desde los históricos pactos de La Moncloa, de 1977, al pacto de Toledo centrado en las pensiones (1995) a los cuatro grandes acuerdos antiterroristas rubricados entre 1987 y 2015 contra ETA y el yihadismo. De ahí el empeño que han mostrado distintos grupos políticos para intentar la unanimidad que finalmente no se ha conseguido.

Los acuerdos del pacto, que en un plazo máximo de dos meses debe ser trasladado ahora a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades, será vigilado por una comisión de seguimiento que aún se debe constituir. Algunos requieren reformas legislativas.

Incluir  entre las víctimas de violencia machista a las madres de hijos asesinados supone que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación. En la tribuna, entre las asistentes al pleno, ha estado Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, a los que mató el padre, José Bretón. “Ya era hora”, ha asegurado Ortiz en una entrevista en la SER horas antes del debate. La madre de los dos menores asesinados ha asegurado sentirse “contenta” por el acuerdo porque supone “un paso bastante importante” para la lucha contra la violencia de género.

“Por todas las Ruth de España vamos a luchar contra esta lacra”, ha señalado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, mirando a Ortiz desde su asiento. “El maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha añadido.

El pleno ha votado las medidas recogidas en el informe elaborado a lo largo de los últimos seis meses por la subcomisión que se creó para impulsar el pacto y que ha escuchado a más de 60 expertos de distintos ámbitos. La previsión es incluir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, 200 millones anuales.

Enmienda a la totalidad

Unidos Podemos se ha abstenido tras presentar una enmienda “crítica” a la totalidad. “Este pacto no nos vale aunque las medidas que están ahí sean buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se van a poner en marcha”, ha señalado Ángela Rodríguez (En Marea) “No sabemos para quién es el pacto. No vale ni para las mujeres pobres, transexuales ni con diversidad funcional”, según Rodríguez. “Han dejado fuera también a las violadas”. La diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón ha añadido en la tribuna que su confederación no respalda la propuesta porque “es un pacto de mínimos, no es un pacto feminista y no soluciona el problema”. “Mientras estamos aquí haciendo discursos con florituras están discriminando, violando y asesinando a mujeres en este país”, ha añadido.

“Estos acuerdos atienden a la necesidad de comprometer más activamente al Estado en la lucha de la violencia que sufre las mujeres solo por el hecho de serlo”, ha resumido la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), que reclamó en su intervención a Unidos Podemos que “actúen con responsabilidad”. “El mejor ejemplo que hoy daremos no estará en la ruptura de la unidad”, ha dicho. “Tampoco está todo el presupuesto y todas las medidas que hubiese querido el PSOE pero todo lo que está es útil al conjunto de las víctimas”, ha señalado en referencia a los diputados abstencionistas. Su partido reclamará un crédito extraordinario de 200 millones de euros si la aprobación de los presupuestos se prorrogan aún más tras la paralización de las nuevas cuentas del Estado por la crisis catalana.

El caso Juana Rivas

Durante la tramitación en el Senado se incluyó una medida que pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Recuerda el caso vivido este verano por la granadina Juana Rivas, que se escondió con sus hijos durante un mes para no devolverlos al padre, condenado en 2009 por maltrato y que en la actualidad está con los menores en Italia. Uno de los votos particulares del PSOE alude a que los casos de sustracción de menores en los que hay malos tratos los lleven juzgados especializados, como reclama desde hace más de un año la defensa de Rivas. “Lo que ha ocurrido con Juana Rivas no hubiese pasado si la competencia penal para estos casos estuviera en los juzgados de Violencia”, ha añadido Álvarez.

ENTRE LAS PRINCIPALES MEDIDAS

  • Madres víctimas. Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia machista y podrán acceder así a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas.
  • Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
  • Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
  • Protección de los huérfanos y de hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
  • Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
  • Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
  • Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
  • Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
  • Dependencias separadas. El pacto prioriza la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor.
  • Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
  • Prevención en la escuela. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. No se exigirán requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio cuando se acredite una situación de violencia machista.
  • Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/actualidad/1506588859_420508.html

 

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 79 Pág. 1 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN Sesión plenaria núm. 75 celebrada el jueves 28 de septiembre de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-79.PDF

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

3 de agosto de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-199.PDF#page=3

El Congreso aprueba el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=25507&anyo=2017&mes=9&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null

Ley de Ingresos Mínimos y Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=25406&mostrarvolver=N

 

Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Susana Díaz olvida que no es diputada en el Parlamento italiano, país competente para resolver sobre el asunto. De hecho, ni siquiera es diputada en España.

No deja de ser una muestra de la concepción que tiene del Estado de derecho. Ese Estado en el que no hay división de poderes porque “Montesquieu ha muerto” según sentenció Alfonso Guerra tras modificar el PSOE el sistema de elección de jueces en 1985.

Según van apareciendo grietas en su legislación feminazi van haciendo remiendos con “perspectiva de género” cuya aplicación tiene el aberrante carácter de retroactivo.

El criterio de no legislar “en caliente” se obvia cuando está en juego la red clientelar creada bajo el paraguas de las leyes de género. Red que disfruta de una ingente cantidad de dinero público de cuyo destino real nada se sabe y del que no se exigen responsabilidades.

Susana Díaz se preocupa de sostener los organismos que realizan informes falsos que destrozan miles de vidas cada año.

No es sino una muestra más del desprecio a las decisiones judiciales que no les son favorables y de la obsesión por controlar la judicatura.

Un ejemplo de su concepción totalitaria del Estado.

No es de extrañar que tardase diez años en terminar la carrera de Derecho.

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Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Díaz urge a impedir por ley otorgar custodia a padres maltratadores EFE

Ángela de Bethencourt

Sevilla

29 AGO. 2017

Juana Rivas entrega a sus hijos al padre ante el ultimátum de la Justicia

La presidenta andaluza echa en falta la aplicación del pacto de estado contra la violencia de género en el caso de Juan Rivas.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido este martes un cambio legislativo que impida que un maltratador pueda tener la custodia de sus hijos: “Un buen padre no maltrata a una madre”, ha añadido.

Díaz ha defendido sin embargo el acatamiento de las decisión de la Justicia, que ha fallado en favor del ex marido de Juana Rivas y por la que la granadina se ha visto obligada a devolver voluntariamente a su ex pareja a sus dos hijos este lunes. Aunque ha considerado que el caso de Juana Rivas ha dejado en evidencia la urgencia de una modificación de la ley para evitar que el padre sobre el que haya recaído una sentencia firme por maltrato pueda tener la custodia de los hijos quienes son “víctimas directas” de la violencia de género.

En esta línea, la presidenta ha manifestado la insuficiente aplicación del reciente pacto de estado contra la violencia de género. Dicho pacto, aprobado por unanimidad política a finales del pasado mes de julio, cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros con una margen de aplicación de cinco años y 200 medidas.

Entre las medidas, se contempla aquellas para “prevenir, proteger y reparar” los daños que un ambiente familiar hostil por violencia de género provoque en los menores de edad o la no imposición de la custodia compartida en estos casos. Precisamente, el régimen de custodia compartida en Italia, país donde se encuentra la residencia familiar, es el que le propone su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri.

Susana Díaz ha comparecido este martes tras la primera reunión de su Consejo de Gobierno después del paréntesis del mes de agosto.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/08/29/59a5519d22601dab328b459b.html

 

Cada año miles de Juanas Rivas

Cada año miles de Juanas Rivas.

 

25 de agosto de 2017

 

El caso de Juana Rivas no es sino uno más de los que se dan cada año en España en los más de cien mil separaciones y divorcios que se producen anualmente. Separaciones en las que se fabrican hijos huérfanos de padres vivos por no respetar la custodia compartida.

No les hace falta poner miles de kilómetros entre sus hijos y los padres.

Les basta con acudir al juzgado; reclamar la propiedad de los hijos; asegurarse el uso y disfrute de los bienes del ex; presentar una denuncia falsa de maltrato con su correspondiente informe falso; servirse del aparato del Estado creado al efecto y alienar a los hijos en contra del padre.

Sólo queda esperar a que las dilaciones judiciales, la política de hechos consumados, el lavado de cerebro a los hijos y la impunidad de sus delitos les confirmen la propiedad de los hijos aún en contra de la legislación y la jurisprudencia vigentes.

Poco les importa el daño que causen a sus propios hijos que para ellas son sólo las herramientas con las que se aseguran el nivel de vida al no respetar los legisladores y los jueces la propiedad privada.

Me voy a mi casa con mis hijos” declaró Juana Rivas en la puerta del juzgado pese a tener orden de detención y estar obligada a entregar a los niños, consciente de estar por encima de la ley. O mejor dicho, de que la ley es lo que le a ella se le ponga entre ceja y ceja en cada momento y lugar.

El Estado de Derecho, el imperio de la ley, conculcado diariamente en los juzgados españoles.

La aplicación del derecho con “perspectiva de género” según el cual lo que haga una mujer siempre está bien y el juez sólo puede decir amén so pena de ser inhabilitado tras la correspondiente persecución y muerte civil.

Leyes basadas en el derecho penal de autor, como bien nos ilustra el juez granadino, D. Manuel Piñar:

Para el magistrado granadino, este “excesivo celo ideológico” de proteger a la mujer “está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho”.

El criterio ideológico con el que se aplica el derecho penal de autor es puesto de manifiesto por el juez Piñar: “Posicionamiento [el de la Fiscalía] que puede ser preludio sin duda de ese principio de oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales (…) y practicaban con asiduidad los fiscales al servicio de Hitler o Stalin aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes”.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

www.libertaddigital.com/sociedad/2011-09-08/un-juez-cree-asegura-que-la-fiscalia-impide-la-persecucion-a-la-falsas-maltratadas-1276434741/

La igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y demás principios jurídicos básicos llevan años arrumbados en los archivadores de los juzgados españoles.

 

Dpto. de prensa

Asociación PROJUSTICIA

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www.projusticia.es

Telf.: 620100000

 

www.projusticia.es/cada-ano-miles-de-juanas-rivas

 

1.- Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a legislar en base al derecho penal de autor.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

2.- Ley integral contra la violencia de género.

www.projusticia.es/ley-integral-contra-la-violencia-de-genero

3.- Ley del divorcio.

www.projusticia.es/ley-del-divorcio

4.- Ley de igualdad o de desigualdad

www.projusticia.es/ley-de-igualdad

5.- Denuncias falsas.

www.projusticia.es/denuncias-falsas

6.- Mujeres maltratadoras

www.projusticia.es/mujeres-maltratadoras

7.- “Privilegios” de las “maltratadas”.

www.projusticia.es/anterior/informes/documentos/informe%20del%20CES.htm

8.- Industria del maltrato.

www.projusticia.es/industria-del-maltrato

9.- ¿Casas de acogida o negocio?

www.projusticia.es/casas-de-acogida-ayuda-a-las-victimas-o-negocio-a-costa-de-ellas

10.- La violencia en la pareja, bidireccional y simétrica.

www.projusticia.es/anterior/estudios/Espana/la-violencia-sobre-la-pareja-bidireccional-y-simetrica.html

11.- Las mentiras de las feministas.

www.projusticia.es/mentiras-de-las-feministas

12.- Custodia Compartida.

www.projusticia.es/custodia-compartida

13.- Padres divorciados, padres maltratados.

www.projusticia.es/padres-divorciados-padres-maltratados

14.- La falacia del argumento de los niños maleta.

www.projusticia.es/anterior/audiovisual/presentaciones/la-falacia-del-argumento-de-los-ninos-maleta.ppt

15.- Los jueces de familia incumplen la ley y la jurisprudencia.

http://projusticia.es/los-jueces-de-familia-incumplen-la-ley-y-la-jurisprudencia/

 

Notas de prensa anteriores

www.projusticia.es/notas-de-prensa

 

Ejemplos de la legislación feminazi española.

– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la “igualdad” efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

www.projusticia.es/ley-de-igualdad/

– Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 37. Protección contra los malos tratos.

El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:

  1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

www.projusticia.es\ley-integral-de-violencia-de-genero

– Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

Artículo 4

Carga de la prueba

  1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=80

 

Asociación PROJUSTICIA para damnificados por decisiones judiciales Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 586892 – CIF: G84649334

 

 

 

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas por estar fuera de plazo

 

Las abogadas de Juana Rivas no paran de demostrar su incompetencia y sectarismo.

Dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y los dos inadmitidos por estar presentados fuera de plazo.

El primero presentado antes de tiempo.

El segundo presentado meses después de cumplirse el plazo.

No es de extrañar que las abogadas feminazis exijan ventajas y privilegios. Es comprensible que reclamen tener leyes hechas a medida, siguiendo el derecho penal de autor, para que no necesiten ni ir a juicio. De otra manera difícilmente ganarían un pleito. De hecho, no podrían dedicarse a la abogacía.

Su nivel es lamentable. Basta oír a las presidentes de Themis: Alemany, Gonzalo, Cerrillos…

Lejos de argumentar y dar datos se limitan a recitar como papagallos las soflamas feminazis. Y aún después de haberlas repetido cientos de veces, lo hacen balbuceando y trastabillándose.

La “asesora” Francisca Granados ya empieza a descargarse de responsabilidad sobre lo sucedido alegando que la decisión siempre ha sido de Juana Rivas. Como si ella no fuese parte de la industria del maltrato ni viviese a cuenta de ella.

Juana Rivas debería pedirles indemnización por el penoso asesoramiento recibido y la utilización de la que la ha sido objeto para “defender” la causa feminazi.

Hay que seguir exigiendo que la ley se cumpla y que esta gente termine en donde les corresponde: en la cárcel.

Tendrán su Spandau y su Nuremberg.

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El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas por estar fuera de plazo

La madre de Granada había solicitado la suspensión de la sentencia que le obliga a entregar a sus dos hijos

ROCÍO F. DE BUJÁN / LUIS P. ARECHEDERRA

Madrid – 16/08/2017

El Tribunal Constitucional ha rechazado por estar fuera de plazo el recurso de amparo presentado por Juana Rivas, que había solicitado la suspensión de la sentencia que le obliga a entregar a sus dos hijos al padre, el italiano Francesco Arcuri. La sala de vacaciones del tribunal garante de la Constitución asegura en su resolución, a la que ha accedido ABC, que el recurso de Rivas es extemporáneo «por haberse prolongado, de modo manifiestamente improcedente, la vía judicial previa».

La decisión del tribunal garante de la Constitución obliga a la madre de Granada a acudir a la justicia europea, una vez que ya no existen posibilidades de reclamar ante el Tribunal Constitucional, que ya ha inadmitido en dos ocasiones los recursos de Juana Rivas. Si ella lo decide, los abogados acudirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por vulneración de derechos.

El abogado de Rivas, Juan Ramón Montero, ha declarado a ABC que la providencia del TC «entra en contradicción» con su primera resolución, en la que pidieron a la recurrente que acudiera a la Audiencia de Granada «para ver si había transcurrido dicho plazo». «De este modo, no entran a resolver el fondo del asunto y lo inadmiten por una cuestión formal», lamenta el letrado.

La providencia del Constitucional, dictada por los tres magistrados que conforman la sala de vacaciones, explica que Juana Rivas no presentó el recurso de amparo en el plazo necesario, consistente en 30 días hábiles desde que la Audiencia Provincial de Granada le notificó su decisión, el pasado 26 de abril. La madre de Granada acudió al TC el pasado 10 de agosto, fuera del plazo exigido.

Los magistrados argumentan que el recurso extraordinario por infracción procesal que Juana Rivas presentó ante la propia Audiencia de Granada el 31 de mayo no puede tenerse en cuenta para interrumpir el plazo del recurso de amparo, porque fue presentado en un «modo manifiestamente improcedente». El TC también niega efectos sobre el plazo al anunció de un recurso de queja ante el Tribunal Supremo, que la madre de Granada expresó el 15 de junio, y al que luego renunció, el pasado 1 de agosto.

http://www.abc.es/sociedad/abci-tribunal-constitucional-rechaza-recurso-juana-rivas-estar-fuera-plazo-201708161804_noticia.html

La mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima de violencia de género

 

La competición a feminazi mayor del Reino sigue reñida.

Todos a una para conculcar derechos fundamentales y principios jurídicos básicos.

Los hombres acabaremos llevando brazaletes para marcarnos al estilo nazi.

Por supuesto, lo más importante es el aumento de la partida presupuestaria para dar de comer a los miles de estómagos agradecidos que viven gracias a la industria del maltrato.

Viene bien recordar quien es Ángeles Álvarez, la portavoz del PSOE, principal impulsor de estas medidas. Sirve de ejemplo para saber la mentalidad de quienes promueven estas aberraciones contra el sentido común y la Constitución Española.

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La mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima de violencia de género

Todos los partidos políticos acuerdan eliminar la necesidad de denuncia previa y ampliar los mecanismos que las acreditan como víctimas de violencia de género, para que puedan beneficiarse de servicios sociales, protección y acompañamiento.

Manifestación contra la violencia machista

MADRID – 18/07/2017

MARISA KOHAN

El 80% de las mujeres asesinadas en España en la última década no habían presentado denuncia por violencia de género, ni solicitado ayuda o apoyo a las administraciones públicas. Muchas no están preparadas para dar el paso de interponer una denuncia, pero se encuentran con el obstáculo de tener que acreditar su condición de víctimas de violencia de género a la hora de poder acceder a servicios jurídicos, medidas de protección asesoramiento o acompañamiento.

Esto podría estar a punto de cambiar en breve. Todos los partidos que forman la subcomisión para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso han acordado modificar los mecanismos y canales por los que las mujeres accedan al “título habilitante” de la condición de víctima de violencia de genero.

Según el borrador de texto presentado por el Partido Popular a la subcomisión (que reúne sólo los puntos aprobados por consenso) y que trata esta cuestión de forma extensa, se trata de un “derecho que debe ser reconocido con el fin de prevenir esta violencia y asegurar su atención y protección y ayudarlas en la toma de decisiones,” tal como lo establece la ley de Violencia de Género de 2004.

El borrador del documento que está debatiendo estos días los miembros de la subcomisión, y al que ha tenido acceso Público, prevé el diseño de un Plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima, implicando a las diferentes administraciones, que complete la asistencia de las víctimas con carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento.

Este cambio implicaría algunos modificaciones importantes a nivel normativo y legislativo. Por un lado será necesario modificar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, puesta en marcha por el Partido Popular y por la cual se le quitaron competencias a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en materia de violencia de género y atención a las víctimas.

La puesta en marcha de un sistema de protección e identificación de los posibles riesgos antes de que exista una denuncia o una asesinato, pasa necesariamente por una atención a nivel local. Así lo han reconocido todos los partidos que han acordado devolver a los Ayuntamientos y entes locales amplias competencias en esta materia.

La medida requerirá, también, modificar la Ley de Violencia de Género para reconsiderar los distintos mecanismos por los que las mujeres podrán acreditar la condición de víctimas. Según el acuerdo, los mecanismos de acreditación serán múltiples: sentencias de cualquier orden jurídico que declare que la mujer ha sufrido violencias definidas en la ley; La orden de protección vigente o resolución judicial que la acordara; El atestado elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hayan presenciado una violencia; informe médico o psicológico elaborado por un profesional colegiado; el informe de los servicios públicos (servicio sociales, sanitarios, centros de salud mental, equipos de atención integral a víctimas…) o el informe de servicios de acogida de la Administración pública, entre otros.

El acuerdo alcanzado prevé, además, la creación de las llamadas “Unidades de apoyo”, que estarían regidas por el principio de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y formado por un equipo multidisciplinar.  Tal como explicaba la diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, en un reciente artículo de opinión publicado en este diario, estas unidades de apoyo son las que deben asegurar el acceso al catálogo de derechos, que no quedan actualmente activados si no existe interposición de denuncia o sentencia firme.

 

http://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-mujer-no-tendran-denunciar-considerada-victimas-violencia-genero.html

La violencia de género está infradiagnosticada

 

La industria del maltrato no deja de expandirse.

Al personal sanitario llevan años intentando obligarlos a denunciar maltratos inexistentes. Una vez más falsean los datos magnificándolos para intentar convencernos de la necesidad de combatir la inexistente”lacra”. De esta manera se ayuda a crear la alarma y la necesidad de combatirla con más medios económicos y humanos. Esto es, más gente viviendo de esta mentira.

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QUÉ HACER DESDE LA CONSULTA

La violencia de género está infradiagnosticada

El 24% de mujeres ha sufrido abusos y el 60% preferiría relatar el problema a su médico antes que a la policía o a servicios sociales

Laura G. Ibañes – 20/06/2017

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Una de cada cuatro mujeres mayores de 16 años (el 24,2 por ciento) reconoce haber sufrido violencia física (19,6 por ciento) y/o sexual (13,7 por ciento) en algún momento a lo largo de su vida y el 85 por ciento de ellas la ha sufrido en varias ocasiones. Además, un 25,4 por ciento ha sufrido violencia psicológica de control, un 21 por ciento violencia psicológica emocional y un 10,8 por ciento, violencia económica.

Por escalofriantes que resulten las cifras de la Macroencuesta de Violencia de Género en Españala realidad deja claro que sigue infradetectada, en tanto se estima que se tardan todavía entre 5 y 10 años hasta que se tiene conocimiento del maltrato que está sufriendo una persona desde que éste comenzó. Un periodo complejo en el que la propia mujer muchas veces no es consciente del maltrato sufrido y en el que, a veces, todavía no hay síntomas de violencia física o lesiones, pero sí existe ya violencia psicológica y los primeros síntomas que podrían ayudar a detectar el problema.

Así lo cree al menos Alicia Díaz Revilla, médica de Familia del centro de salud San Juan de la Cruz Pozuelo de Alarcón y miembro del Grupo de Trabajo de la Mujer de Somamfyc.

  • El 24% de mujeres ha sufrido abusos y el 60% preferiría relatar el problema a su médico antes que a la policía o a servicios sociales

Díaz Revilla explica que el médico está en una situación privilegiada para detectar estos casos “y no lo está haciendo tanto como debería. Todos tenemos muy claro qué hacer cuando hay riesgo vital o cuando hay que hacer un parte de lesiones, pero no se está actuando antes de que eso ocurra ni se está haciendo un cribaje a todas las mujeres pese a que se trata de hiperfrecuentadoras del sistema sanitario y pese a que sabemos que ellas mismas, cuando ya reconocen o denuncian la violencia sufrida, dicen que les habría gustado que el médico de Familia les hubiese tirado de la lengua cuando acudían un día tras otro a la consulta por insomnio o dolor de cabeza. Aunque sólo sea por evitar tratamientos y pruebas innecesarias hace falta hacer ese cribaje poblacional de violencia de género, porque es un problema infradiagnosticado”.

Problema de salud pública

Y es que la violencia de género es “como reconoció la propia OMS, un problema de salud pública, que afecta de lleno al bienestar y salud de quienes la sufren y que precisa, por tanto, la implicación del médico”, afirma Díaz Revilla. No en vano, los datos de la macroencuesta muestran que el 78 por ciento de quienes la han sufrido afirman que afectó profundamente a su estado de salud físico o psíquico y, mientras que el 68 por ciento de las mujeres que no han sufrido violencia dicen tener un estado de salud bueno o muy bueno, esta cifra se desploma hasta el 54 por ciento en el caso de quienes sí la han sufrido.

Sus síntomas se multiplican, con prevalencias de dolores de cabeza del 54 por ciento entre quienes reconocen haber sufrido violencia de género frente a sólo el 39 por ciento entre las que no la han padecido. El insomnio afecta a más del 50 por ciento de las maltratadas alguna vez en su vida, frente al 36 por ciento de mujeres que no han sido maltratadas y refieren este mismo problema. Y lo mismo ocurre con los dolores de espalda, la ansiedad, la fatiga permanente… “pero se están tratando los síntomas en la consulta sin diagnosticar el problema que los genera”.

  • La maltratada es hiperfrecuentadora de AP, pero aún se tarda entre 5 y 10 años en detectarse el problema de violencia desde que surge

En un momento en el que ministerio y partidos políticos tratan de alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género, las sociedades de atención primaria se preguntan también qué puede hacer el médico desde la consulta, desde esa posición privilegiada que tiene para detectar antes los casos de violencia de género. El diagnóstico es común: ya hay protocolos claros de actuación ante una sospecha pero haría falta mayor implicación del médico, un cribaje poblacional, más formación y recursos, según coinciden en señalar los responsables de las tres sociedades de atención primaria: Semergen, Semfyc y SEMG.

Hay buenos protocolos

Carlos San Martín, coordinador del Grupo de Trabajo de Sexología de Semergen, explica al respecto que ya “existen protocolos de actuación del médico en todas las autonomías y son buenos, pero falta implantarlos, falta también formación continuada y sensibilización del profesional pese a que la atención primaria es el ámbito más adecuado para detectar estos casos porque se trata de hiperfrecuentadoras del sistema sanitario, con gran morbilidad, importantes psicopatologías… y que además sabemos que en un 60 por ciento de los casos afirman que elegirían a un médico para contarle su problema”, por encima de cualquier otro profesional de servicios sociales o de la policía, por lo que el médico es una pieza clave para detectar pronto estos casos de maltrato.

Díaz Revilla, de Semfyc, coincide también en que los protocolos están sobre la mesa pero no se está explotando todo el potencial del sistema sanitario para contribuir a frenar este problema, que debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, que incluya desde la educación para la prevención hasta la detección precoz en las consultas, junto a las medidas tradicionales de servicios sociales o de protección y legales una vez se ha activado ya una denuncia. Y eso, “precisa un cribado poblacional”.

  • Las autonomías han elaborado buenos protocolos pero falta formación, implantarlos y, en muchos casos, también recursos

En este sentido, Lorenzo Armenteros, miembro del Grupo de Trabajo de Salud de la Mujer de SEMG, opina también que “cada comunidad tiene establecidos protocolos sobre cómo actuar ante situaciones de violencia de género y abuso de menores, muy orientados ante situaciones claramente identificadas, y de ello somos conocedores todos los médicos de AP, pero los casos siguen siendo difíciles de identificar”, entre otras cuestiones porque “la víctima no suele reconocerlo” pero también, como gran problema “por la falta de habilidades para desarrollar una entrevista”.

Falta formación

En su opinión, sería necesario en cualquier caso “formación específica en detección, en este caso sobre todo relacionada con la entrevista clínica, y en habilidades para el manejo de estos casos. Es preciso conocer los recursos de los que disponemos en nuestro entorno y la existencia de programas coordinados con todos los servicios implicados. La existencia de una red asistencial coordinada sería la mejor opción, donde el médico de atención primaria sea el elemento coordinador y aglutinador de la asistencia”.

La sensación de carencias formativas la comparte Díaz Revilla, que explica que “falta también mucha formación entre los médicos. Casi todas las autonomías han creado responsables de violencia de género en los centros de salud, pero muchas veces son un cargo burocrático; sólo porque hay que tenerlo. Me he topado, por ejemplo, con responsables de violencia de género de centros de salud que ni siquiera habían hecho los cursos de formación, que les han trasladado a un puesto o centro distinto y aparejado a su puesto les ha caído este cargo. Esto también pasa muchísimo en los hospitales, por la inestabilidad laboral que hay y la movilidad del personal”.

Recursos desaprovechados

En su opinión “faltan muchísimos recursos. Desde que se puso en marcha la ley, las autonomías comenzaron a realizar en el sistema sanitario formación de formadores, pero en el camino se han quedado la mitad de esos formadores. Vengo ahora -explica cerca de las ocho de la tarde-, por ejemplo, de dar un curso en un pueblo al que he acudido con mi propio coche; por su puesto, sin remuneración alguna por ello, y mañana me enfrentaré a la consulta doble por los pacientes que no he podido ver hoy ya que no hay nadie para suplirme durante el rato que estoy dando el curso. Por un lado es verdad que hay muchos recursos, casas de emergencia y acogida que están vacías… -reflexiona Díaz Revilla-, pero por otro lado hay muy pocos recursos, lo que impide utilizar los que realmente hay. Por ejemplo, cuando has confirmado una sospecha y quieres derivar a la mujer al sistema para que esté atendida en todos los sentidos necesitas en algunos casos la decisión del juez o de la policía encargada de estos casos y resulta que ese día no está la policía encargada o nadie la suple así que no puede activarse todo el proceso. Y eso tiene un nombre: falta de recursos por falta de sensibilización política”.

  • Las mujeres que sufren violencia refieren más dolores de cabeza, insomnio, ansiedad y dolores de espalda, entre otros síntomas

San Martín pone cifras a esa falta de recursos que debería resolverse con el pacto contra la violencia de género porque “es verdad que se ha recuperado un 25 por ciento del presupuesto, pero también lo es que había caído un 10 por ciento anual en los últimos 10 años, así que no se ha recuperado todo el presupuesto que se ha perdido”.
pacto de estado

Así, San Martín reclama que el pacto de Estado contra la violencia de género que se está gestando en el Congreso y Senado “incluya el compromiso político por la formación e información, pero también dote económicamente a la ley recuperando el presupuesto perdido, que permita el apoyo logístico que hace falta una vez se detecta un caso”.

En paralelo a este paso adelante y compromiso que deben dar los políticos, San Martín afirma que los médicos pueden ir actuando ya para mejorar la situación realizando un cribado poblacional, “con preguntas que normalmente son muy sencillas como ¿qué tal van las cosas en casa?, pero que pueden ayudar a saber si hace falta una entrevista en mayor profundidad para descartar o activar el protocolo por una sospecha”. Esto es importante para detectar antes los casos, en lugar de esperar a que se produzcan situaciones evidentes de maltrato y deba realizarse ya el parte de lesiones correspondiente.

AP debería hacer un cribado poblacional de maltrato

Las sociedades de atención primaria coinciden en que sería necesario terminar de sensibilizar y formar al médico para realizar un cribado poblacional de violencia de género con preguntas sencillas que puedan ayudar a decidir si debe activarse el protocolo de sospecha (ver protocolo de actuación de la página anterior). Entre otras cuestiones, por la infradetección del problema que existe si se tiene en cuenta que incluso entre las mujeres que sí han sido capaces de identificar que están siendo sometidas a violencia de género, la denuncia es muy escasa. Los datos de la macroencuesta muestran que sólo el 28,6 por ciento de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual o miedo a su pareja o expareja han acudido a la policía o al juzgado y que, incluso entre quienes llegaron a denunciar (ellas u otra persona en su nombre), el 27 por ciento continuó con la relación de pareja pese a haberse presentado ya la denuncia, lo que deja clara la situación de vulnerabilidad ante posibles nuevas agresiones o la continuidad de la violencia psicológica. Entre las razones que animan a un cribado poblacional en primaria para detectar maltrato (ver decálogo) figura también la constancia del alto grado de satisfacción de las víctimas con la actuación de los servicios sanitarios y de los médicos cuando han acudido en busca de ayuda. La macroencuesta de violencia de género muestra que el 80 por ciento de las víctimas que acudieron a un médico en busca de ayuda se mostraron bastante o muy satisfechas con la actuación de este servicio, muy por encima del grado de satisfacción que demostraron con otros servicios como los prestados por ONG, psicólogos o servicios legales (70 por ciento de satisfacción) o los servicios sociales (64 por ciento de satisfacción). A esto hay que añadir la necesidad de actuar de forma temprana para evitar el riesgo de maltrato infantil que con frecuencia acompaña a estos casos de violencia de género. Los datos de la macroencuesta muestran que entre las mujeres que reconocieron haber sufrido violencia física o sexual y que tenían hijos en aquel momento, el 63 por ciento de los niños presenciaron esos episodios y otro tanto reconocieron que sus hijos sufrieron también la citada violencia. Las sociedades, con todo, recuerdan que deben respetarse en cualquier caso “los tiempos de la mujer” en el reconocimiento de la situación de violencia y la denuncia.

http://www.diariomedico.com/2017/06/20/area-profesional/sanidad/la-violencia-de-genero-esta-infradiagnosticada