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Concentración día del padre 2018

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

 

Continúa la persecución del disidente/opositor por parte de las feminazis.

Su negocio se resiente y braman contra quien pone en peligro su modo de vida: la industria del maltrato.

Las mentiras feminazis se tambalean y han de ser sostenidas por la fuerza ya que la lógica y las pruebas las refutan.

No pueden tolerar que las estadísticas judiciales contraríen sus mentiras. Los datos no pueden obstaculizar su credo.

Insisten en conculcar la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.

Para las feminazis la palabra de una mujer es verdad absoluta dado que las mujeres nunca mienten. Les resultan innecesarias las pruebas, documentación, testigos, investigación policial, instrucción judicial, juicio, fiscal y juez. Les basta con creer a la “víctima” y no necesitan otra “prueba” que la palabra de la mujer.

Exigen más adoctrinamiento a jueces y fiscales (impartido por ellas) y la eliminación de quien les lleve la contraria a sus disparates y mentiras.

Pero se enfadan cuando las llamamos feminazis.

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Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

Isabel López de la Torre muestra su denuncia durante la rueda de prensa. EFE

OLGA R. SANMARTÍN – Madrid -12 FEB. 2018

Presentarán quejas al CGPJ sobre casos concretos porque “no puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”

La primera es la de una víctima que ha denunciado a la jueza que llevó su caso y la imputó: “Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”

Las asociaciones feministas han decidido presentar quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre casos concretos en los que los jueces no estén dando un “trato” adecuado a las víctimas de violencia de género. Después de estar durante años recibiendo denuncias de mujeres que se ven “maltratadas judicialmente”, van a recopilar uno a uno todos los ejemplos y van a ir dando cuenta de ellos al máximo órgano de gobierno de los jueces.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa las representantes de seis organizaciones (la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos), que se han dirigido posteriormente a la sede del CGPJ para poner las dos primeras quejas.

La primera alude al caso de Isabel López de la Torre, que fue a denunciar a su pareja por malos tratos y salió imputada ella misma porque él la denunció también. Finalmente ha sido absuelta y él ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión, pero la niña de ambos sigue disfrutando del régimen de visitas. “Me he sentido tratada como si fuera una delincuente. El sistema te castiga por denunciar. Él me pegó con un palo de bambú por todo el cuerpo y me tiró al suelo y me intentó estrangular. Llegué al juzgando destrozada y suplicando ayuda, con moratones por todo el cuerpo. Pero él me puso una denuncia por tres arañazos que no le había hecho y apenas me dejaron hablar. Me convertí en la acusada. Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial. Salí de ese juzgado imputada”, ha relatado, antes de ir a denunciar a la jueza que llevó su caso.

En la queja presentada ante la Comisión del Régimen Disciplinario Judicial del CGPJ, ante el Observatorio contra la Violencia de Género del mismo organismo y ante el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las firmantes sostienen que, entre otras cosas, María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), expresó ante varios testigos: “Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal”.

“No es un hecho aislado”

En el escrito censuran “la ausencia de independencia judicial” y “los prejuicios” de la juez e insisten en que este tipo de comportamientos “representan una efectiva medida disuasoria a la hora de armarse la mujer de valor para denunciar”.

“No se trata de un hecho aislado, sino excesivamente frecuente, como pretenderemos demostrar, con las sucesivas denuncias que iremos haciendo llegar al CGPJ y a los respectivos observatorios, y todo ello para evitar que con nuestro silencio nos hagamos cómplices de una conducta inadmisible, sobre todo cuando, como en este caso, las mujeres acuden en demanda de protección y justicia ante los juzgados”, recalcan.

Y piden que “se tomen las medidas correspondientes con el fin de apartar de los juzgados de violencia de género y de los de familia a jueces y juezas que adolecen de prejuicios contra la mujer”.

La segunda queja la realizan contra el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia), Julián González, por sus “actitudes arrogantes y autoritarias”, “faltas de respeto y consideración” y “nula empatía”. Hasta 22 asociaciones feministas firman un escrito que señala que, “desde hace tiempo, mujeres que han sido parte en procedimientos de violencia de género y de derecho de familia seguidos ante este juzgado nos han manifestado su malestar por el trato que les ha dispensado su titular”.

Sostienen que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto “también” les ha confirmado que ha recibido quejas de mujeres en el mismo sentido. “Además, nos han informado de que nunca ha mostrado interés ni participación en las reuniones de coordinación para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado”.

El juez, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana con el PP, ha negado las acusaciones y ha afirmado no haber tenido quejas del Ayuntamiento de Sagunto en sus 12 años de ejercicio en la localidad.

Las firmantes piden al CGPJ que “proceda a advertir a este juez sobre la necesidad de modificar estas actitudes, impropìas de un órgano judicial, apercibiéndole de sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica” sobre igualdad de género.

Falta de formación

“Tenemos que tomar medidas. No puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”, ha expresado durante la rueda de prensa Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, ha explicado que esta forma de actuación es novedosa porque, hasta ahora, agrupaban todas las quejas y se las trasmitían al CGPJ de forma general, cuando se reunían con sus miembros para evaluar el seguimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género. “Desde ahora, cada vez que tengamos un caso, daremos traslado por escrito con quejas documentadas y casos concretos. Se insiste en que las víctimas deben denunciar, pero luego no reciben la respuesta esperada por parte de las instituciones”.

Además del “maltrato judicial” -entendido como “prejuicios que ponen en duda la credibilidad de su testimonio” y “falta de garantías y de buen trato” que provocan una “víctimización secundaria”-, han enumerado otras “deficiencias” con las que se han encontrado, como el hecho de que los juzgados denieguen el 75% de las órdenes de protección que se reclaman, no se haga una valoración efectiva de los riesgos o no se repare el daño causado.

Atribuyen todo ello a una “mala formación de los operadores judiciales”, incluso en los juzgados específicos. “Se nos dice que hacen un curso online de 16 horas, pero esa formación no habilita para tomar decisiones de tal envergadura”, expresa Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. “¿Y qué ocurre cuando la víctima acude a declarar? Que el juez le dice: ‘Por favor, señora, al grano, céntrese en el delito. Y la víctima se bloquea, porque no se puede encorsetar su dolor a un hecho concreto”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/12/5a818d1646163f29638b4588.html

 

El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

 

Más sueldos para estómagos agradecidos.

Más comisarios políticos.

Más adoctrinamiento a jueces y fiscales disfrazado de formación en igualdad basado en una ley que discrimina en función del sexo y conculca derechos básicos en base al derecho penal de autor que aplicaban Hitler o Stalin.

Todo ello realizado por quienes falsean datos y sostienen las conocidas mentiras de las feminazis. De hecho, van a ampliar las estadísticas con nuevas manipulaciones para justificar sus canalladas cuyo fin último es garantizarse el sueldo.

Que la ley que promueven y todas las medidas creadas bajo su paraguas no hayan servido para eliminar la presunta lacra les trae al fresco mientras el dinero público siga fluyendo a sus bolsillos.

Por supuesto, se incrementará la persecución al disidente/opositor y se garantizarán más privilegios a las falsas denunciantes.

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El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

jueves, 8 de febrero de 2018

Autor, Comunicación Poder Judicial

A propuesta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la Comisión Permanente solicita informes a distintos servicios del Consejo sobre la forma de dar cumplimiento a las medidas incluidas en el Pacto. El Consejo ampliará la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy poner en marcha el desarrollo de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que entran dentro de su ámbito de competencias, para lo que ha solicitado a distintos servicios de la institución la elaboración de propuestas concretas o de informes sobre la forma de dar cumplimiento a las mismas.

A propuesta de la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, la Permanente también ha acordado dirigirse a la Comisión Nacional de Estadística Judicial –de la que, además del órgano de gobierno de los jueces, forman parte el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y la Fiscalía General del Estado- para que los boletines estadísticos recojan información sobre todas las formas de violencia sobre las mujeres.

Para conseguir el cumplimiento de muchas de las medidas en las que el Consejo aparece como institución implicada, Carmona considera fundamental la colaboración del Grupo de expertos y expertas en Violencia Doméstica y de Género que asesora al Observatorio, aunque esta labor implicará además a servicios o departamentos del CGPJ como Inspección, Oficina Judicial, Promotor de la Acción Disciplinaria, Selección y Formación Inicial y Formación Continua.

Así, la Comisión Permanente ha encomendado al Grupo de expertos y expertas del Observatorio la formulación de propuestas para mejorar los protocolos de actuación entre los Juzgados y las Administraciones, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección.

También le ha solicitado que plantee una propuesta concreta de Protocolo de actuación específico para la toma de declaración de los menores en los procedimientos en los que exista cualquier forma de violencia incluida en el Convenio de Estambul y otra de actualización de la Guía de actuación de buenas prácticas judiciales.

Mientras tanto, los servicios del Consejo estudiarán, entre otras cuestiones, la forma de impulsar la especialización de los Juzgados de lo Penal en materia de violencia sobre la mujer y la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales, siempre que ello repercuta en una mejora cualitativa de la atención y de los medios con los que se cuenta.

Además, el Servicio de Formación Inicial y el Servicio de Formación Continua adoptarán las medidas necesarias para conseguir una mayor especialización en la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer.

Con ello se dará cumplimiento a las medidas número 214, 217, 218 y 262 del Pacto de Estado, que tratan sobre la extensión de la formación especializada a los órganos judiciales con competencia en materia de familia y de menores, la introducción de temas de Derecho Antidiscriminatorio en el temario de las oposiciones a judicatura y fiscalía o la formación sobre las especificidades de la inmigración.

Por último, la Comisión Permanente ha dado traslado a la Comisión Nacional de Estadística Judicial para que adopte las medidas que considere oportunas para, de acuerdo con el Convenio de Estambul, obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y elaborar estadísticas sobre abusos sexuales a menores y/o violencia sexual.

El CGPJ también insta a la Comisión Nacional de Estadística Judicial a incluir en los boletines estadísticos los datos relativos a la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad y/o diversidad funcional y a los casos de trata de personas con fines de explotación sexual.

Una vez que se hayan llevado a cabo los trabajos encomendados, los mismos serán remitidos a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-pone-en-marcha-el-desarrollo-de-las-medidas-del-Pacto-de-Estado-contra-la-Violencia-de-genero

 

Juana Rivas, condenada a indemnizar Francesco Arcuri por la fuga con sus hijos

 

Sólo le tendrá que pagar por los gastos materiales en los que ha incurrido. Aunque no todos.

De los daños morales causados al padre y a los hijos no se le obliga a resarcir. De hecho, es imposible resarcir el perderte la infancia de tus hijos. Infancia que ya no volverá.

Dada la repercusión mediática del caso servirá de ejemplo para disuadir a otras Juanas y para que otros jueces no tengan miedo en aplicar la ley.

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Juana Rivas, condenada a indemnizar Francesco Arcuri por la fuga con sus hijos

Juana Rivas este miércoles, en la sala de vistas. M. RODRÍGUEZ

La madre de Granada deberá compensar el mes que el italiano permaneció en España el pasado verano

Leo Rama – Granada – 07/02/2018

El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha acordado este miércoles la indemnización que deberá abonar Juana Rivas a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por el mes que éste permaneció en España mientras ella se encontraba en paradero desconocido con sus dos hijos. Aún se desconoce cuánto deberá abonar la madre a Arcuri. La cantidad dependerá de la documentación que aporte a la causa el italiano, que ha solicitado unos 1.900 euros por los desplazamientos y el alojamiento en España el pasado verano.

Aunque la defensa de la madre ha tratado de impedirlo, la documentación que la parte de Arcuri ha aportado ha sido aceptada por el juez, que ahora deberá estudiarla para aumentar o rebajar la cuantía que solicita el italiano; gastos que el abogado de Rivas considera «injustificados», aunque asume el cumplimiento de la condena fruto de la vista sobre posibles daños y perjuicios.

«Lo vamos a conseguir gracias a todos», ha asegurado Juana Rivas, confiada en que «todo va a salir bien». A la salida de los juzgados de Granada, a pesar del nuevo revés judicial, la madre ha defendido su actuación el pasado verano: «En procesos legales, no puedo hablar mucho. […] Era la realidad en la que yo estaba y era la alternativa que yo veía, es imposible que hubiese pensado de otra manera».

La vista de este miércoles ha tenido lugar después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que paralelamente investiga la presunta comisión de delitos por parte de Juana Rivas a causa de su fuga, acordara la apertura de juicio oral por la vía penal. A la madre se le imputan dos presuntos delitos: sustracción de menores y desobediencia a la justicia. El abogado de Rivas ha adelantado que pedirá la absolución de su cliente.

En concreto, la Fiscalía le pide cinco años de cárcel, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, mientras que Arcuri solicita la misma pena de prisión, la pérdida de la patria potestad durante ocho años y que lo indemnice con 30.000 euros por daños materiales y morales.

http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-juana-rivas-condenada-indemnizar-francesco-arcuri-fuga-hijos-201802071307_noticia.html

El fiscal ve acreditados los daños económicos que Juana Rivas causó a su ex pareja

RAMÓN RAMOS – Sevilla – 7 FEB. 2018

Francesco Arcuri reclama a su ex pareja Juana Rivas 1.912,5 euros, como devolución de los gastos que conllevó su estancia en Granada cuando acudió desde Italia a recoger a sus dos hijos en cumplimiento de una resolución judicial y la madre los retuvo y se mantuvo en paradero desconocido durante más de un mes del pasado verano.

La reclamación de Arcuri deriva de la resolución judicial que obligó a Juana Rivas a devolver a sus dos hijos, tras agotar todos los recursos a su alcance para mantener a los menores en España. Este nuevo ángulo del caso ha llegado este miércoles al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, en una vista pública que apenas ha durado diez minutos en los que el abogado de Arcuri ha anunciado que la cantidad reclamada se irá incrementando a medida que el padre italiano pueda documentar con facturas los gastos pagados con tarjeta durante su prolongada estancia en Granada, que podrían ascender a 7.000 euros. La Fiscalía se adhiere a la reclamación y la defensa de Juana Rivas alega que los gastos no están suficientemente justificados.

Los gastos que reclama Arcuri están “suficientemente precisados y documentados”, ya que “Francesco no vino nadando desde Italia”, ha alegado el letrado de su defensa, que ha aludido también al “lucro cesante” que no se cuantifica pero que, paralelamente, causó daños y perjuicios en la economía del padre. “En esos 33 días, Francesco tuvo que pagar un hotel, desayunar, comer y cenar”, ha añadido expresivamente el abogado de Arcuri

La defensa de Juana Rivas, sin embargo, considera que la documentación presentada en la sala por los abogados de Arcuri “no son facturas” ni están “acreditados los gastos, que, por otra parte, “no guardan relación con la causa”. El fiscal sí los considera acreditados y Rivas, por tanto, está obligada a pagar los gastos del viaje y la estancia.

En primera fila

La vista pública por la reclamación de Arcuri ha reunido en la ‘sala Luis Portero’ del edificio de La Caleta la habitual concentración de cámaras y micrófonos en torno a la presencia de Juana Rivas, quien durante la sesión ha permanecido en silencio en el primer banco de la dependencia judicial, donde no ha tenido que responder a pregunta alguna porque ninguna de las partes lo ha solicitado. Tampoco ha sido necesario recurrir al sistema de videoconferencia para registrar una hipotética declaración de Arcuri desde Italia porque tampoco ha sido requerida. El italiano Francesco Arcuri ha reclamado este miércoles en los tribunales a su ex pareja, Juana Rivas, el abono de 1.912,5 euros por los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno a Italia de los dos hijos que tienen en común, a raíz de que ella permaneciera casi un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que obligaban a que regresaran con el padre.

Juicio oral

La sesión de este miércoles se produce un día después de difundirse el auto que el auto de apertura de juicio oral en la vertiente penal del caso de la madre de Maracena, que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 por dos presuntos delitos de sustracción de menores y otro de desobediencia, a raíz de la retención de los dos hijos menores y su negativa a entregarlos al padre, como ordenaban las resoluciones judiciales en su contra. En este escenario, y a preguntas de los periodistas momentos después de celebrada la vista, Juana Rivas ha rehusado contestar a la pregunta de si se arrepiente de haber retenido a los dos niños: “Es imposible saber si, a día de hoy, volvería a actuar igual”, aunque ha reiterado que “yo era una víctima que escapó” de Italia porque era la única alternativa que veía frente a la supuesta situación de violencia que asegura haber padecido en Italia.

Como se ha venido publicando, la Fiscalía solicita para Juana Rivas cinco años de prisión y seis de inhabilitación en su derecho a la patria potestad sobre sus hijos. Arcuri, que ejerce la acusación particular, también pide cinco años de prisión pero eleva a ocho años la petición de inhabilitación y plantea a través de sus abogados la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia por el que pide nueve meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama 30.000 euros de indemnización por los “daños materiales y morales ocasionados”.

Juana Rivas abandonó el domicilio familiar de Carloforte, en Italia, con sus dos hijos menores en el verano de 2016 para pasar unas vacaciones en Granada, pero no regresó en el tiempo acordado -cuando la convivencia con su pareja se estaba deteriorando- y presentó una denuncia por maltrato doméstico ante la Guardia Civil de Maracena por hechos sucedidos presuntamente en el país trasalpino. Arcuri había sido condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, una sentencia que se dictó por un acuerdo de conformidad entre las partes que conllevaba la retirada de la denuncia que a su vez el italiano había interpuesto contra su pareja, con la que de mutuo acuerdo volvió a reanudar la convivencia tiempo después.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana Rivas interpuso en Granada. En paralelo, un juzgado de Cagliari mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/07/5a7ac6b646163f72068b4570.html

 

Abren juicio oral contra Juana Rivas

 

Buena noticia.

Esperemos que se cumpla la ley de una vez y que estos delitos dejen de ser impunes y sirva de mensaje disuasorio a quien en el futuro se plantee hacer lo mismo.

Lo sorprendente es que sus inductoras y colaboradoras hayan sido desimputadas dando manga ancha a quienes viven gracias a la industria del maltrato.

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Abren juicio oral contra Juana Rivas

La madre de Maracena, tras una de sus visitas a los juzgados de Granada. / EFE

Yenalia Huertas – Martes, 6 febrero 2018

El auto establece que los hechos, por los que se enfrenta a cinco años de cárcel, deben ser enjuiciados en un juzgado de lo Penal

La jueza de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, ha acordado la apertura de juicio oral contra Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores y, subsidiariamente, por un delito de desobediencia de orden judicial.

El auto de la magistrada, fechado el 22 de enero y al que ha tenido acceso IDEAL, declara que el órgano competente para el enjuiciamiento de la madre de Maracena es un “juzgado de lo Penal”.

En la resolución, se recogen los cargos que han formulado contra ella tanto el ministerio fiscal como la acusación que ejerce su expareja, Francesco Arcuri, representado en este proceso por el letrado Enrique Zambrano.

La fiscalía solicitó cinco años de prisión para Juana Rivas, al atribuirle la presunta comisión de dos delitos de sustracción de menores. La misma pena reclamó el padre de sus dos hijos menores, que además solicita una indemnización de 30.000 euros. No obstante, Arcuri planteó la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia, por el que pidió nueve meses de prisión.

La jueza dispone que se mantenga la situación de libertad de la granadina, que se vio inmersa en este proceso por permanecer oculta con sus dos hijos pequeños durante un mes, el verano pasado, para evitar entregárselos a su expareja, residente en Italia. La mujer le denunció en 2016, aprovechando que vino a España de vacaciones, por presunta violencia de género y esta denuncia se tramita actualmente en Italia.

http://www.ideal.es/granada/abren-juicio-oral-20180206185803-nt.html

El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

 

La industria del maltrato sigue dando pingües beneficios.

Quienes viven de ello sólo piensan en el dinero público que generosamente reciben y gracias al cual disfrutan de una vida holgada.

La ley la han hecho ellas. Los protocolos los han hecho ellas. Las medidas de protección las han diseñado ellas. Los órganos de control y gestión los dirigen ellas. Todo lo relativo a la ley lo han hecho ellas.

Nada de ello funciona bien según ellas mismas reconocen.

Incluso publicitan como nuevo lo que lleva años aplicándose.

Pero lejos de reconocer su “error” echan la culpa a los demás y exigen más de lo que se ha demostrado ineficaz.

En realidad lo que hay detrás es un gran negocio y un intento de cambiar la sociedad para aislar al individuo impidiendo cualquier lazo afectivo.

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El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

La ministra de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat, hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso – ABC

Paloma Cervilla

Madrid – 31/01/2018

La ministra Dolors Montserrat comparece en el Congreso para explicar la ejecución de las 214 medidas, anunciando la modificación de 20 artículos de la Ley de 2004.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que la mitad de las 214 medidas recogidas en el Pacto contra la Violencia de Género han iniciado el proceso de estudio y ejecución. Del total de las medidas, 122 corresponden al Estado, 10 a las comunidades autónomas y 82 son competencias compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y entes locales.

El ritmo de trabajo es «positivo» y el objetivo es la modificación de unos 20 artículos de la ley integral contra la violencia de género de 2004. Para ello se han creado «un grupo de trabajo técnico del Gobierno». Una vez que los textos se vayan elaborando se remitirán al Parlamento para su aprobación.

La ministra está compareciendo a petición propia ante la Comisión de Igualdad para explicar las medidas que se van a poner en marcha del Pacto contra la Violencia de Género.

Entre estas medidas ha destacado el Real Decreto de 29 de diciembre, que incluye la desgravación en el IRPF a quienes ostenten la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género. Igualmente, se está trabajando «en la revisión de los textos legales vigentes que hacen referencia a regímenes de visita y custodia de los menores».

Otra iniciativa que la ministra ha puesto en valor son los convenios de prevención y sensibilización contra la violencia de género en oficinas de farmacia. Una red de más de 20.000 establecimientos que dan servicio a 2,3 millones de personas diarias «y que ayudan a mantener un canal directo con las víctimas en la detección de la violencia».

Delito quitar la pulsera

Dolors Montserrat también destacó que, como consecuencia de las reformas legislativas, a partir de ahora es un «delito» que un maltratador se quite o fuerza la pulsera que se les coloca para detectar que cumple la orden de alejamiento.

La ministra recordó que el punto de partida para las modificaciones legales está en la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, «verdadera clave del pacto, sin perjuicio de otras leyes que, como la relativa a la trata de seres humanos y la referida a la violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, constituirán los instrumentos legislativos de acción permanente para los próximos cinco años».

Montserrat afirmó que un tercio de las medidas del pacto «requieren de modificaciones normativas». Precisamente, en la ejecución del pacto se ha priorizado la modificación de estas normativas o la «redacción de nuevos textos legales»

La titular de Sanidad puso en valor la utilidad del teléfono 016 de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género que, en diez años, ha recibido un total de 500.000 llamadas; igualmente, señaló que las órdenes de protección se han incrementado un 6% desde 2011 a 2017.

Intervención de los grupos

Las intervenciones de los grupos la inició la portavoz del PSOE, Ángeles Álvarez, calificando «de relleno» la intervención de una hora y cuarenta minutos de la ministra. Además, negó que se hayan comenzado a ejecutar las 214 medidas del pacto.

La diputada socialista criticó que todavía no se hayan aprobado los primeros 200 millones para el pacto, circunstancia que se podía haber hecho, a su juicio, en el real decreto de prórroga del presupuesto, que se aprobó a final de 2017. Por ello, Álvarez afirmó que «tenemos desconfianza en su gestión y en su palabra».

Los socialistas retaron a la ministra a llevar al próximo consejo de ministros el decreto para que se puedan conceder estos 200 millones, y no a verano, como así había apuntado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el caso de que no se llevara a cabo, entiende que es «un incumplimiento del pacto».

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, arremetió contra el Gobierno, afirmando que «no nos consta que se haya puesto en marcha ninguna medida» del pacto, mostrando su preocupación porque «no está el dinero comprometido». La diputada le pidió a la ministra «que diga cuándo piensa el Gobierno dotar económicamente el pacto».

http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-asegura-mitad-medidas-pacto-contra-violencia-genero-estan-marcha-201801311055_noticia.html

 

 

Concentración día del padre 2018.

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005) Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento”, dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:

  • abandonar el domicilio familiar con “lo puesto”;
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su “ex” disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada “violencia de género”, los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido “ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)” o “no valora el trabajo que realiza”, entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamiento de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, constituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta
En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes:

  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2017, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

“Llora el teléfono”.

Autores: Claude François, Jean Pierre Bourtayre & Frank Thomas.

Adaptación e interpretación de Rafael Jiménez.

 

Segunda denuncia falsa de Antonia Carrasco. Declaración de la psicóloga Trinidad Soria López.

 

Un caso más de denuncia falsa de las que las feminazis intentan hacernos creer que no existen.

Se aprecia la actuación de una psicóloga de violencia de género haciendo alarde de su ausencia total de ciencia, de su falta de escrúpulos y de un total desprecio a la ley.

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Segunda denuncia falsa de Antonia Carrasco.

Declaración de la psicóloga Trinidad Soria López.

10 de octubre de 2017.

Juzgado de instrucción 8 de Majadahonda.

Delito leve 26/2016

Testigo propuesta por Antonia Carrasco, presidenta de Genmad.

La testigo es pichicóloga de violencia de género en el Punto municipal del Observatorio de violencia de género de la Concejalía de familia y servicios sociales del Ayuntamiento de Las Rozas.

Las sentencias judiciales y las leyes le traen al fresco pues ella tiene conocimientos superiores gracias a su ciencia infusa.

Por ello no necesita documentación, sentencias, pruebas, testigos o vídeos pues tiene percepciones extrasensoriales.

Además es experta en echar cartas del tarot, leer los posos del café y la hieroscopía. También tiene trato directo con el oráculo de Delfos.

Esta “científica” cobra un jugoso sueldo a costa de los impuestos de todos los ciudadanos.

En noviembre de 2015 la Audiencia Provincial dictó sentencia absolutoria sobre la primera denuncia de Antonia Carrasco. En la sentencia los jueces declararon falsa la denuncia y declararon hechos probados la manipulación de las pruebas aportadas por Antonia Carrasco así como la falsedad de los testigos aportados por Antonia Carrasco.

Pese a ello la pichicóloga Trinidad Soria López siguió “tratando” a la falsa denunciante haciendo caso omiso a la sentencia y a la ley. De esta manera seguía justificando su sueldo y la necesidad de la existencia de su puesto de “trabajo”.

El que la falsa denunciante presida una asociación en contra de la ley de violencia de género no ha sido óbice para esta profesional de la pichicólogía de la violencia de género. Tanto la pichicóloga como la falsa denunciante quedan retratadas tanto en su nula moral como en su incoherencia.

En el juicio mostrado en el siguiente vídeo, celebrado en octubre de 2017, la pichicóloga siguió defendiendo su negocio, sosteniendo que la falsa denunciante era una víctima de violencia de género.

Mención aparte merece la jueza quien declara impertinentes la práctica totalidad de las preguntas aún cuando no se han formulado.

La intención de la jueza es evidente.

La jueza es Inmaculada González Cervera.

La sentencia ha sido absolutoria al igual que en la primera denuncia falsa de Antonia Carrasco.

 

 

Sentencia completa. Juzgado 8 Majadahonda DP 1810-2015 sentencia juicio delitos leves, absolutoria

 

Antonia Carrasco y José Luis Sariego, de profesión sus denuncias falsas. Partícipes de la industria del maltrato.

 

El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

 

Pese a las más que numerosas pruebas el juez ha decidido archivar la causa contra quienes ayudaron a delinquir a Juana Rivas.

Pese a las declaraciones públicas de la “asesora” Francisca Granados en las que hizo ostentación de sus delitos.

Pese a que indujeron e instruyeron para cometer el delito. Realizaron informes y documentos falsos. Malversaron fondos públicos. Etc.

Nada ajeno a lo que sucede cada día en los juzgados de familia y de violencia de género.

Había mucho en juego. Son miles de “asesoras” las que viven de esta industria del maltrato. Las mismas que se manifestaron en toda España para oponerse a la “criminalización” de tanta “experta” que se alimenta del dinero público argumentando las consabidas mentiras de las feministas.

El juez no ha sido capaz de aguantar la presión y la impunidad feminazi seguirá campando a sus anchas.

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El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

Juana Rivas acude al juzgado el pasado septiembre. MIGUEL RODRÍGUEZ

EUROPA PRESS – Granada – 13 DIC. 2017

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores tras permanecer casi un mes ilocalizable sin acatar la orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos al padre, ha acordado el archivo de esta causa para sus familiares, su asesora en el Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, de modo que el procedimiento continuará sólo contra la madre de Maracena.

En un auto notificado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado toma esta decisión después de que se unieran a las actuaciones la documentación aportada por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y de que la Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento provisional de la causa para todos los investigados a excepción de Juana Rivas, que está siendo investigada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores.

En la causa estaban siendo investigados el padre, la madre, y los hermanos de Juana Rivas por su presunta participación en los hechos, los cuales se acogieron a su derecho a no declarar el pasado agosto cuando fueron citados a comparecer ante el juez.

Días antes fueron citadas la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, como investigadas por “su presunta intervención” como “inductoras” o “partícipes necesarios” en la supuesta sustracción de los hijos de Rivas, extremo que negaron ante los medios.

Ambas estaban representadas por el despacho Aránguez Abogados, que ha presentado tres recursos a lo largo de la instrucción para solicitar elsobreseimiento de la causa respecto a sus patrocinadas por entender que “carecía de fundamento alguno”.

En declaraciones a Europa Press, el letrado Carlos Aránguez ha manifestado su “satisfacción” por esta decisión que, a su entender, “hace justicia” respecto a sus clientes.

En virtud de este auto, contra el que cabe recurso de reforma, la causa continuará exclusivamente contra Juana Rivas, representada por un equipo de abogados de Sevilla en coordinación con una letrada en Italia, donde hay abierto un procedimiento por la civil para decidir sobre la custodia de los pequeños, que residen desde finales de agosto con su padre en la isla de Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/13/5a316ca222601d10188b45c4.html

Promueven una recogida de firmas en apoyo a las asesoras de Juana Rivas en Maracena

Asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados

La plataforma 7N contra las violencias machistas ha promovido una recogida de firmas a través de internet en la que solicita a la justicia española que “deje de criminalizar” a las profesionales que han asesorado y apoyado desde el Centro de la Mujer de esta localidad granadina a Juana Rivas, la madre de Maracena obligada por la juez a entregar este lunes a sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, tras negarse a hacerlo hace más de un mes y declararse en “paradero desconocido”

EUROPA PRESS. 28.08.2017

“Juana Rivas ha mantenido su decisión mientras lo ha considerado posible, no incitada por su asesora jurídica y su psicóloga, sino por propia necesidad y voluntad”, ha señalado esta petición dirigida desde la web change.org al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, y que ha recogido más de 2.000 firmas en sus primeras 13 horas desde su puesta en marcha, en la noche de este pasado domingo.

La madre granadina, según recoge el texto de la petición, consultado por Europa Press, ha sido “incitada, como ella misma manifestó el pasado día 22 de agosto al salir del juzgado, por el apoyo social a su postura de intentar a toda costa lo que considera justo y necesario: conseguir protección de la justicia española para sus hijos frente al padre maltratador”.

“Somos miles las personas que hemos mostrado nuestro respeto a su decisión y nuestro apoyo a Juana Rivas en las plazas (de Maracena, Granada y otras ciudades), en las redes sociales y a través de los medios”, han señalado las promotoras de la iniciativa que se declaran “tan responsables de incitarla a delinquir como lo puedan ser su familia y las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena”, con quienes se solidarizan.

En el caso concreto de la asesora jurídica del CMIM de Maracena, Francisca Granados, la petición ha subrayado que “hay que estar muy convencida de la necesidad de no rendirse para, a pesar del miedo, enfrentar las consecuencias, y también para mantener el apoyo y dar la cara por ella ante la opinión pública”.

Tanto Granados como la psicóloga que ha atendido en el Centro de la Mujer a Juana Rivas, que permanece en libertad investigada por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores, están llamadas a declarar el próximo miércoles 30 de agosto en sede judicial por “su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios, en los delitos de sustracción de menores”.

El jueves 31 de agosto habrán de hacerlo, también como investigados, los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de Rivas por su presunta intervención en el posible delito de sustracción de menores.

El colectivo feminista que ha promovido la petición en change.org ha indicado, en este sentido, que “las leyes españolas, que desde 2015 dicen proteger del maltrato a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, son tremendamente hipócritas, pues en la práctica permiten su total desprotección”.

“Nuestras leyes dicen que hay que oír a las víctimas, pero no escucharlas”, por lo que, en opinión de la plataforma 7N, “es preciso desarrollarlas y modificar todo aquello contradictorio en las mismas”.

“Eso no es posible sin enfrentar al sistema a los efectos de sus propias contradicciones”, lo cual hace el caso de Juana Rivas, “que convertimos en causa, porque las contradicciones del sistema ya colmaron la paciencia feminista”.

La petición, que lleva por título ‘Basta ya de justicia patriarcal’, comienza explicando que tanto la madre de Maracena como su entorno sabían, cuando compareció ante el juez la semana pasada, que la justicia ordenaría la entrega de los niños al padre “dada la firmeza irrevocable de la sentencia que lo acuerda”.

“Juana Rivas, desde el principio, ha sido informada por su letrada y su asesora jurídica de las posibles consecuencias jurídicas de no devolver a sus hijos al padre”, ha indicado el texto, que ha agregado que la vecina de Maracena “ha querido intentar todo lo posible y lo imposible antes de devolverlos” pues “para ella la de entregar a los hijos al padre maltratador no es opción válida” ya que “equivale a una forma de suicidio: es matar toda posibilidad de defender a sus hijos del maltrato del padre”.

“Si la justicia española, la de su país, no da a sus hijos siquiera la protección temporal que permite el Convenio de la Haya -denegar la devolución inmediata-, mucho menos puede confiar en la italiana” pues en ese país, donde convivió con su excompañero sentimental, Francesco Arcuri, residente en Italia, “es extranjera”.

“La legislación y medios para enfrentar la violencia de género allí son mucho más precarios”, ha advertido la petición, que ha señalado que en Italia “es asesinada por violencia de género una mujer cada 72 horas”, habiendo “condenado” el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al país “por su ineficiente lucha contra la violencia machista”.

El entorno de Rivas está conformado por profesionales y familiares que son “responsables” de “no haber retirado a Juana su apoyo incondicional” mientras “existía aunque fuese un ínfimo resquicio de posibilidad de lograr protección de la justicia española”.

Este lunes al mediodía está previsto en Madrid que diversas asociaciones civiles entreguen en el CGPJ un escrito en contra de la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que obliga a entregar sus hijos al padre en un punto de intermediación familiar a las 17,00 horas.

Distintas iniciativas han sido promovidas en las redes sociales en las últimas semanas en apoyo a Juana Rivas, con etiquetas como #JuanaCuentaConmigo #YoApoyoAJuanaRivas o #JuanaEstáEnMiCasa.

http://www.20minutos.es/noticia/3120725/0/promueven-recogida-firmas-apoyo-asesoras-juana-rivas-maracena/

 

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Un nueva denuncia sobre la prevaricación constante en el juzgado de familia 28 de Madrid.

Son hechos probados. Es una grabación.

No pasará nada. O la archivarán sin más trámite o trasladarán a la juez Emilia Marta Sánchez Alonso a otro juzgado. Igual que hicieron con su antecesora María Dolores Planes Moreno.

La pichicóloga Natalene Suanzez Leenhardt reconoce que se ha ido de rositas gracias a la intervención de la propia jueza.

La prevaricación es una constante en este juzgado. Una simple comprobación de sus estadísticas sirve para despejar cualquier duda.

Emilia Marta Sánchez Alonso

Tanto por parte de la jueza como del equipo psicosocial que la “asiste”. Nada extraño en los juzgados de familia.

http://projusticia.es/la-jueza-emilia-marta-sanchez-alonso-y-la-prevaricacion-judicial/

 

Juzgados de familia. Política de hechos consumados. Extravío del expediente. 

 

La jueza María Dolores Planes Moreno y la prevaricación judicial.

 

http://planesmoreno.blogspot.com.es/

 

Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

 

Las feminazis no toleran que no les sigan el juego. Menos aún que les lleven la contraria.

Es llamativo que ahora utilicen los argumentos que antes negaban para invalidar el “trabajo” de los equipos psicosociales.

Delito de odio. ¡Hay que tener cara dura!

No olvidemos que es una ideología totalitaria y persiguen al disidente/opositor.

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Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

Manifestación contra la violencia de género celebrada en Madrid el pasado día 25. Javi Martínez

Patricia del Gallo – Oviedo – 29 NOV. 2017

Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres

Las organización Women’s Link Worldwide y el colectivo asturiano Abogadas para la Igualdad han presentado una querella contra el psicólogo forense de Oviedo que emite para la Administración de Justicia en Asturias la mayoría de los informes periciales sobre víctimas de violencia de género y menores que denunciaron abusos sexuales. Le acusan de un delito de odio las mujeres. Según las denunciantes, este profesional, encargado de valorar estos casos, basa sus informes en “prejuicios y estereotipos” de género como que “las mujeres manipulan a sus hijos e hijas para dañar a sus parejas o ex parejas” dice la querella.

Este colectivo ha dado el paso de querellarse amparándose en el artículo del 510 del Código Penal tras su reforma en 2015. Es la vía que han encontrado después de escuchar y presentar durante los últimos años quejas formales contra este profesional, que además es el decano presidente del Colegio de Psicólogos de Asturias. Se encarga de valorar la mayoría de los casos de abusos a menores y Abogadas para la Igualdad y Women’s Link temen que, debido a sus informes, gran parte de los delitos hayan quedado impunes, ya que ante las denuncias lo primero que hacen los jueces es pedir un informe pericial a un especialista. Si éste es desfavorable a la víctima, como aseguran está ocurriendo en la mayoría de los casos, el juez archiva la causa.

En esta querella, presentada por ambos colectivos como acusación popular, se aportan los casos de dos mujeres víctimas de violencia de género y de tres menores que supuestamente sufrieron abusos, dos por parte del padre y en el otro del abuelo. En sus casos, señalan, el psicólogo desacreditó sus versiones y calificó a las madres de “mentirosas y manipuladoras”. Las denunciantes sospechan que hay decenas de casos como estos y les animan a denunciar.

El delito de odio por razones de género recogido en el artículo 510 del Código Penal está tipificado con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/29/5a1e70c522601dc2128b45c8.html