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CCOO exige retirada de una guía para actuar con alumnos con padres separados

 

Aunque no tiene la vistosidad que se merece, se vuelve a demostrar que el trabajo suele dar fruto.

Que las feminazis de CC.OO. exijan su retirada no deja de ser una buena señal. Como siempre, sus argumentos son las habituales falacias y su forma de expresarlos son de nivel de parvulitos. En cualquier caso, una muestra más de su totalitarismo. En este caso, su objetivo es el control de la educación para adoctrinar a los alumnos.

Intentan proteger su negocio.

El último renglón es el mejor.

Asimismo, explican que muchas comunidades autónomas han publicado textos similares.

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CCOO exige retirada de una guía para actuar con alumnos con padres separados

Madrid, 9 mar 2018 (EFE).-

CCOO Madrid exige a la Consejería de Educación “la retirada inmediata” de los centros educativos de una guía de atención a alumnos cuyos padres están separados, a quienes se les obliga a declarar sus situación de convivencia e incluso su estado civil.

En un comunicado, el sindicato explica que la Consejería de Educación elaboró una guía en 2014 que trata de resolver situaciones conflictivas entre progenitores separados, cuando no existiera acuerdo en cuestiones que puedan afectar a los centros como permisos para excursiones o materias a cursar.

CCOO considera que esta ‘Guía de atención a alumnado cuyos padres están separados’ provoca más conflicto del que pudiera haber y convierte al centro “en parte del problema cuando no lo es”, al exigir declarar la situación de convivencia y el estado civil de los progenitores y, en caso de no convivir o haberse separado, se les obliga a pedir las sentencias.

“Los centros educativos deben limitarse únicamente a aplicar el código civil y el ordenamiento jurídico incluyendo la presunción de buena fe y los usos y costumbres; es decir, los centros solo deben requerir y solicitar a las familias los datos y firmas que ha pedido siempre de manera igualitaria para todos los alumnos y alumnas y con respeto a su intimidad”, subraya la nota.

Según el sindicato, los colegios “no pueden exigir ninguna sentencia de disolución de matrimonio porque la Ley de Enjuiciamiento Civil lo prohíbe”.

CCOO opina que los docentes deben limitarse a aplicar las normas educativas y, en caso de que exista un procedimiento judicial por motivos penales abierto contra alguno de los progenitores el centro “debe abstenerse de resolver o tomar cualquier decisión que no sea estrictamente administrativa”, además de “cumplir las resoluciones que dicte un juez de lo penal”.

En esta línea, precisa que si no existe una restricción de derechos “de ninguno modo” debe aplicar una restricción de derechos, ya que incurriría en un delito de usurpación de atribuciones judiciales.

Por otra parte, el sindicato critica que la guía parte de la base de que los progenitores se hayan tenido que separar “cuando pudiera ocurrir que nunca convivieron o no se casaron, con lo que esta guía no considera la diversidad de modelos familiares existentes”.

Desde la Consejería de Educación remarcan que esta guía ha sido elaborada en base las recomendaciones del Defensor del Pueblo y del Menor y en línea con las instrucciones del Ministerio de Educación, y es un documento “muy demandado” por los centros educativos, que lo han valorado “muy positivamente”.

“Las orientaciones recogidas en esta guía ayudan y proporcionan seguridad jurídica a los docentes cuando estos tienen que mediar entre padres separados o divorciados con la patria potestad compartida, en aspectos relacionados con la educación de los hijos”, señalan fuentes de la Consejería, que destaca que este documento es “meramente orientativo”.

El fin de la guía, según Educación, es que los centros puedan tomar decisiones “ajustadas a derecho” cuando no exista acuerdo o resolución judicial y los menores se vean “envueltos en enfrentamientos de sus progenitores”.

Asimismo, explican que muchas comunidades autónomas han publicado textos similares. EFE

http://www.lavanguardia.com/politica/20180309/441380988228/ccoo-exige-retirada-de-una-guia-para-actuar-con-alumnos-con-padres-separados.html

El Tribunal Supremo revoca una condena a Antena 3 Televisión por un reportaje de cámara oculta

 

Sentencia muy relevante para quienes viven bajo la constante amenaza de las denuncias falsas.

Grabar los hechos es fundamental para acreditar quien miente.

Lo “sorprendente” es que la Audiencia Provincial, el juzgado penal y el juzgado de instrucción condenasen por algo totalmente legal.

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El Tribunal Supremo revoca una condena a Antena 3 Televisión por un reportaje de cámara oculta

El reportaje grabó en 2010 a un experto en ‘coaching’ en su consulta en Mallorca cuya finalidad era denunciar determinadas prácticas pseudomédicas

martes, 28 de noviembre de 2017

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta por la Audiencia de Baleares a Antena 3 Televisión por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de un experto en ‘coaching’ de quien emitió en 2010 un reportaje con cámara oculta grabado en su consulta en Mallorca cuya finalidad era denunciar determinadas prácticas pseudomédicas atribuidas a dicha persona.

El Supremo estima el recurso de la cadena al considerar que no existió intromisión ilegítima en los citados derechos del demandante al prevalecer en este caso las libertades de expresión e información ante el interés general de las informaciones sobre personas que se atribuyan poderes curativos y se lucren con su actividad. Entiende el tribunal que son legítimas las advertencias sobre ese tipo de actividades, y concluye que “la información fue veraz porque el demandante se atribuía unos poderes curativos, a modo de don especial, que podía generar falsas esperanzas en personas enfermas, quienes además pagaban al demandante cantidades muy considerables y a las que se incitaba a alejarse de su familia y círculos más cercanos”.

De ese modo, se anula la condena a Antena 3 a pagar una indemnización de 92.000 euros al demandante, así como la que se impuso a la Asociación de Prevención Sectaria ‘Red Une’, por el contenido de varios correos electrónicos sobre la misma persona, que fue de 12.000 euros, al estimarse también el recurso de ‘Red Une’.

Respecto al procedimiento de la cámara oculta, la sentencia recuerda que la doctrina de la Sala es que “puede no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público de los hechos registrados”, “pues no cabe descartar que mediante el mismo se descubran hechos delictivos”, como en casos de corrupción política o económica, que “deban ser conocidos y transmitidos a la opinión pública con la contundencia y poder expresivo inherentes a la grabación de la imagen y la voz”.

Añade que esa proporcionalidad entre fines y medios se dio en este caso, en primer lugar porque el reportaje grabado no fue una iniciativa de la cadena, sino que partió de la información ofrecida por una fuente objetiva y fiable como era la asociación Red Une, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad era «prevenir e informar a los ciudadanos sobre grupos peligrosos, sectas o actividades equiparables».

Asimismo, previamente esta asociación había tenido conocimiento de las actividades del demandante a través de la información que le había facilitado un familiar directo de una de sus clientes, por lo que no cabe negar que la emisión en antena del reportaje y su difusión ulterior en informativos y página web fue precedida de una labor seria de contraste, a partir de fuentes objetivas y fiables.

Y por último, la información divulgada fue veraz en lo esencial, por más que la edición propia de los programas de investigación diera lugar a que se alterara el orden en que fueron grabadas algunas imágenes o se optara por sintetizar el mensaje mediante la proyección de los pasajes más relevantes, “pues nada de lo que se omitió habría llevado a un espectador medio a conclusiones distintas de las que podía obtener a partir de los datos que sí fueron objeto de emisión, esto es, que existían indicios objetivos, notorios, evidentes, de que (el demandante) podía estar lucrándose mediante una organización dirigida a engañar a personas con graves problemas de salud, que la medicina no puede solucionar, ofreciéndoles el resultado seguro de supuestas terapias alternativas carentes de base científica”, indica el Supremo.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-revoca-una-condena-a-Antena-3-Television-por-un-reportaje-de-camara-oculta

El Supremo anula una condena a Antena 3 por un reportaje con cámara oculta al ser veraz

El palacio de las monjas salesas, sede del Tribunal Supremo español, y de la Sala de lo Civil. Confilegal.

Yolanda Rodríguez Vidales

29 noviembre, 2017

El Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta por la Audiencia de Baleares a Antena 3 Televisión por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de un experto en ‘coaching’ de quien emitió en 2010 un reportaje con cámara oculta grabado en su consulta cuya finalidad era denunciar determinadas prácticas pseudomédicas atribuidas a dicha persona.

El Supremo estima el recurso de la cadena al considerar que no existió intromisión ilegítima en los citados derechos del demandante al prevalecer en este caso las libertades de expresión e información ante el interés general de las informaciones sobre personas que se atribuyan poderes curativos y se lucren con su actividad.

Entiende la Sala que “la prevalencia de la libertad de información es evidente, porque tanto los reportajes de Antena 3 como los correos y la web de Red Une, incluyendo las imágenes, tenían por finalidad esencial denunciar una actividad de licitud dudosa del Sr. Hertlein y de su empresa que podía entrañar riesgos, tanto directamente para la salud pública”.

La información divulgada fue veraz en lo esencial

Entiende el tribunal que son legítimas las advertencias sobre ese tipo de actividades, y concluye que “la información fue veraz porque el demandante se atribuía unos poderes curativos, a modo de don especial, que podía generar falsas esperanzas en personas enfermas, quienes además pagaban al demandante cantidades muy considerables y a las que se incitaba a alejarse de su familia y círculos más cercanos”.

Los reportajes se emitieron en los programas «Espejo Público» y «3 D» de dicha cadena, fueron veraces en lo esencial, por más que la edición propia de los programas de investigación diera lugar a que se alterara el orden en que fueron grabadas algunas imágenes o se optara por sintetizar el mensaje mediante la proyección de los pasajes más relevantes.

“Nada de lo que se omitió habría llevado a un espectador medio a conclusiones distintas de las que podía obtener a partir de los datos que sí fueron objeto de emisión, esto es, que existían indicios objetivos, notorios, evidentes, de que (el demandante) podía estar lucrándose mediante una organización dirigida a engañar a personas con graves problemas de salud, que la medicina no puede solucionar, ofreciéndoles el resultado seguro de supuestas terapias alternativas carentes de base científica”, indica el Supremo.

En este sentido, el Supremo recuerda que en la sentencia 20/2017, de 17 de enero, se insiste en que la veracidad «no equivale a una exactitud total sino que se corresponde con el deber del informador de contrastar previamente la noticia mediante fuentes objetivas, fiables, identificables y susceptibles de contraste, que aporten datos conducentes a que el informador alcance conclusiones semejantes a las que podría alcanzar cualquier lector o espectador medio a partir de los mismos datos, y todo ello al margen de la forma elegida para su comunicación y sin perjuicio de que su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado (sentencias 337/2016, de 20 de mayo, y 362/2016, de 1 de junio, que a su vez citan la doctrina del Tribunal Constitucional)».

De ese modo, se anula la condena que obligaba a Antena 3 Televisión a pagar una indemnización de 92.000 euros al demandante, así como la que se impuso a la Asociación de Prevención Sectaria ‘Red Une’, por el contenido de varios correos electrónicos sobre la misma persona, que fue de 12.000 euros, al estimarse también el recurso de ‘Red Une’.

“Puede no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público”

Respecto al procedimiento de la cámara oculta, la sentencia recuerda que la doctrina de la Sala es que “puede no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público de los hechos registrados”, “pues no cabe descartar que mediante el mismo se descubran hechos delictivos”, como en casos de corrupción política o económica, que “deban ser conocidos y transmitidos a la opinión pública con la contundencia y poder expresivo inherentes a la grabación de la imagen y la voz”.

Añade que esa proporcionalidad entre fines y medios se dio en este caso, en primer lugar porque el reportaje grabado no fue una iniciativa de la cadena, sino que partió de la información ofrecida por una fuente objetiva y fiable como era la asociación Red Une, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad era «prevenir e informar a los ciudadanos sobre grupos peligrosos, sectas o actividades equiparables».

Asimismo, previamente esta asociación había tenido conocimiento de las actividades del demandante a través de la información que le había facilitado un familiar directo de una de sus clientes, por lo que no cabe negar que la emisión en antena del reportaje y su difusión ulterior en informativos y página web fue precedida de una labor seria de contraste, a partir de fuentes objetivas y fiables.

Además, “existían indicios objetivos, notorios, evidentes, de que el Sr. Hertlein podía estar lucrándose mediante una organización dirigida a engañar a personas con graves problemas de salud, que la medicina no puede solucionar, ofreciéndoles el resultado seguro de supuestas terapias alternativas carentes de base científica”.

https://confilegal.com/20171129-el-supremo-anula-una-condena-a-antena-3-por-un-reportaje-con-camara-oculta-al-ser-veraz/

 

La Comunidad de Murcia crea un protocolo dirigido a centros educativos para alumnos con padres separados

 

Otra Comunidad Autónoma que se inventa un “protocolo propio” que no es sino copia de los que ya han aplicado otras Comunidades Autónomas. Y éstos a su vez son plagios del “Decálogo de actuación de colegios y médicos ante hijos de padres separados” redactado hace años por esta Asociación como parte de su labor para facilitar a los afectados la defensa de sus derechos.

Decálogo que no es mas que un recopilatorio de las leyes en vigor sobre la materia y que no se aplicaban. Ley de Educación, Ley de Sanidad, etc.

Bienvenido sea por el bien de hijos y padres.

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La Comunidad crea un protocolo dirigido a centros educativos para alumnos con padres separados

25/10/2017

La Consejería de Educación dota a los centros de herramientas para facilitar la resolución de conflictos entre progenitores separados en el ámbito educativo de sus hijos

El protocolo regula la comunicación de los centros con los padres, la recogida de menores, el proceso de escolarización o la participación en actividades, siempre favoreciendo al alumno menor de edad

Una de las novedades es duplicar toda la información relacionada con el menor en el caso de que ambos progenitores tengan la patria potestad

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno

Rueda de prensa del Consejo de Gobierno

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha enviado esta mañana a los centros educativos las nuevas instrucciones para establecer pautas comunes de actuación sobre cuestiones que afectan al alumno menor de edad con padres, madres o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado.

La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cacha, informó hoy en Consejo de Gobierno del nuevo protocolo de actuación en los centros escolares para facilitar la resolución de conflictos entre progenitores separados en el ámbito educativo de sus hijos.

“Este protocolo es importante para que los equipos directivos y docentes puedan seguir medidas concretas para reforzar la mediación entre padres cuando no haya acuerdo en situaciones cotidianas que afecten al alumnado”, señaló la consejera.

El protocolo entrará en vigor esta semana y regula la comunicación de los centros con los padres, la recogida de los menores, el proceso de escolarización y la participación en actividades de menores y padres en los centros, siempre favoreciendo al alumno menor de edad.

Martínez-Cachá explicó que “estas instrucciones surgen de la comunicación y el trabajo conjunto con equipos directivos, asociaciones de padres y madres de alumnos e inspección educativa y de las necesidades que se han detectado en relación a alumnos con padres separados”. Así, señaló que “el protocolo de actuación facilita la gestión de las situaciones siempre primando el interés del menor y favoreciendo el buen clima escolar”.

Derecho a la información

Con carácter general, el padre, madre o tutor legal separado, divorciado o sin vínculo matrimonial o de pareja de hecho, en virtud de la patria potestad y con independencia de que tenga o no asignada la guarda y custodia del menor, tendrá derecho a ser convocado para acudir a las reuniones informativas que realice el centro en relación con el proceso educativo del alumno.

Una de las novedades consiste en duplicar toda la información relacionada con el menor en el caso de que ambos progenitores tengan la patria potestad, incluido el boletín de calificaciones.

Así, recibirán por duplicado, si fuese necesario, toda la información relacionada con notas informativas, entrevistas familiares, calificaciones, solicitud de becas, asistencia al comedor, adopción de medidas educativas, autorizaciones para participar en actividades extraescolares y complementarias.

Recogida de los menores

En cuanto a la recogida del centro, el menor se entregará al padre o madre o tutor, según establezca la resolución judicial, sin perjuicio de que éste pueda autorizar por escrito al otro progenitor o a una tercera persona para que lo recoja en su nombre. Para ello, quien tenga la guardia y custodia entregará al centro un listado de personas autorizadas debidamente identificadas para poder recoger al menor a la salida de clase.

En caso de impuntualidad en la recogida, el maestro, profesor o responsable en el centro educativo se pondrá en contacto con la persona autorizada y, en caso de no obtener respuesta, dará parte a la Autoridad competente para que intente localizar a la familia o se ponga en contacto con Servicios Sociales.

Escolarización

Por otro lado, el Protocolo de Actuación también establece la norma para el proceso de escolarización de los menores. En este sentido, uno de los aspectos más importantes que se recogen, y que afectará a todas las familias, es que a partir del próximo curso sólo se admitirá una única solicitud por cada alumno, en la que ha de constar las firmas del padre y de la madre, estén o no separados. En todos los casos las solicitudes deberán ir firmadas por ambos.

Cuando se solicite la admisión en un centro educativo y exista discrepancia en relación con la localidad o municipio donde este se ubica, se dará prioridad a la escolarización en la localidad donde reside el progenitor que convive habitualmente con el menor.

Si la custodia es compartida o convive por igual con ambos progenitores o tutores legales, se dará prioridad, en primer lugar, al centro en el que el menor tenga hermanos y, en su defecto, al centro más próximo al domicilio de cualquiera de ellos. Una vez matriculado un alumno, para proceder a un cambio de centro se requerirá como regla general el consentimiento expreso de ambos progenitores.

Respecto a la participación en las actividades del centro, siempre que ambos padres mantengan la patria potestad, ambos podrán formar parte en el Consejo Escolar. Además, tendrán derecho a ser informados del calendario de elecciones al Consejo Escolar, así como a participar en el funcionamiento del centro a través de las diferentes asociaciones

Discrepancias entre los progenitores

Finalmente, entre las medidas que incluye el protocolo se contempla que persistan las discrepancias entre los progenitores. En este caso, si estas desavenencias constantes pudieran perjudicar la integración social y educativa del menor, el equipo directivo del centro escolar deberá poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Adela Martínez-Cachá destacó que “se trata de un paso muy importante que beneficia tanto a los centros educativos como a los padres porque les permite ser proactivos en la educación de sus hijos sin sentirse excluidos y, lo más importante, beneficia a los niños, porque se favorece siempre el interés superior del menor y evita situaciones que le puedan generar incertidumbre, miedo o ansiedad”.

La consejera añadió que, de esta forma, “se da respuesta a una importante demanda social y se dota a los centros educativos de herramientas hasta ahora inexistentes para facilitar la resolución de conflictos”.

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=93914&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70

http://www.laopiniondemurcia.es/consejo-gobierno/2017/10/25/centros-escolares-tendran-protocolo-evitar/869865.html

http://www.laverdad.es/murcia/centros-informaran-fiscal-20171026013541-ntvo.html

 

El tribunal considera que Diario de Ibiza no vulneró el derecho al honor y la intimidad del condenado

 

Los delincuentes tienden a ser muy sensibles con su “honor”. No les hace gracia que la gente sepa la verdad de lo que hacen. No dudan en reclamar que se cumpla la misma ley que ellos incumplen. Aún siendo abogados. Pero la ley y la jurisprudencia son claras al respecto.

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La Audiencia avala la publicación íntegra de la sentencia que condenó al abogado Andrés Tuells

El tribunal considera que Diario de Ibiza no vulneró el derecho al honor y la intimidad del condenado

Redacción | Ibiza 06.07.2017

La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de apelación presentado por el abogado Andrés Tuells contra la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza que desestimó una demanda suya contra Diario de Ibiza, en la que sostenía que la reproducción íntegra de la sentencia que le condenó por denuncia falsa en el caso Ibiza Centre vulneraba su derecho al honor y a la intimidad personal.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia avala plenamente la actuación de Diario de Ibiza, rechaza todos los argumentos de Tuells y hace suyos los de la sentencia recurrida, que concluyó que «la mera publicación del contenido de una sentencia no supone por sí misma, en un asunto de amplia repercusión y seguimiento mediático en Ibiza, la vulneración del derecho al honor del condenado», y subrayó además que la libertad de información debe prevalecer sobre el derecho al honor y a la intimidad personal, al tratarse de una noticia veraz de interés general y trascendencia pública.

La sentencia de la Audiencia, fechada el pasado 29 de junio, desmonta todas las pretensiones del abogado ibicenco en su recurso, cita una abundante doctrina constitucional sobre la forma de resolver posibles colisiones entre los derechos a la libertad de información y al honor y a la intimidad personal, y señala que no había ni en la sentencia reproducida ni en la noticia que publicó Diario de Ibiza «comentarios injuriosos o insultantes» ni «información sobre aspectos correspondientes a la vida privada del demandante susceptibles de vulnerar su derecho a la intimidad». Y añade: «De la misma manera que el demandante [Tuells] publicitó la interposición de una querella [contra el juez instructor y una abogada del caso Ibiza Centre] mediante una rueda de prensa, no se comprende el motivo por el cual la opinión pública no puede conocer el resultado final de su actuación profesional ni el contenido de una sentencia que se relaciona con el caso Ibiza Centre».

El fallo del tribunal condena también a Andrés Tuells a pagar las costas procesales del recurso.

 

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/07/06/audiencia-avala-publicacion-integra-sentencia/927012.html

El TS considera que no es competencia del procurador solicitar una prórroga ante la caducidad de la anotación preventiva de embargo

 

Tal parece que hay que estar encima del abogado pues el procurador puede lavarse las manos y eludir la responsabilidad.

Por algo hay quien dice que el procurador es un cartero muy caro sin prácticamente responsabilidad alguna frente a su cliente.

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El TS considera que no es competencia del procurador solicitar una prórroga ante la caducidad de la anotación preventiva de embargo

La sentencia confirma el rechazo de la demanda en reclamación de daños y perjuicios presentada por una empresa contra un procurador por negligencia profesional

lunes, 5 de junio de 2017
Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el alcance de la responsabilidad civil del procurador en relación con la caducidad de la anotación preventiva de embargo. La Sala concluye que no es competencia del procurador poner en conocimiento del abogado la proximidad del vencimiento del plazo de caducidad de la anotación preventiva de embargo, como tampoco está obligado a solicitar la prórroga para evitar dicha caducidad.

Para la Sala, esa iniciativa, de contenido jurídico-económico, corresponde al abogado al tratarse de una actuación encaminada a asegurar la eficacia de la medida cautelar para garantizar el buen fin del procedimiento.

La sentencia confirma el rechazo de la demanda en reclamación de daños y perjuicios presentada por una empresa contra un procurador por negligencia profesional ante la caducidad de una anotación preventiva de embargo.
La Sala indica que la inactividad del procurador en este caso no supone incumplimiento contractual por parte de este al no infringir su deber de diligencia profesional.

Se adjunta nota informativa de la Sala.

 

Archivos asociados

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TS-considera-que-no-es-competencia-del-procurador-solicitar-una-prorroga-ante-la-caducidad-de-la-anotacion-preventiva-de-embargo

 

¿Cuándo se puede aplicar la excepción de la regla general de irretroactividad en casos de pensión de alimentos indebidamente percibidos?

 

Más de uno ha sido víctima de este engaño por parte del progenitor custodio. En este artículo se explica la legislación y jurisprudencia a tener en cuenta para recuperar las cantidades pagadas.

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¿Cuándo se puede aplicar la excepción de la regla general de irretroactividad en casos de pensión de alimentos indebidamente percibidos?

Gema Cornejo

23 Abril, 2017

La Audiencia Provincial de Madrid –en una sentencia todavía no publicada en los buscadores de jurisprudencia- condena a una mujer a devolver a su ex pareja la pensión de alimentos de sus hijos, percibida indebidamente, puesto que ninguno de ellos convivía con ella.

En la demanda se formulaban dos peticiones:

Por un lado,  que se declarase extinguida la obligación alimenticia de los dos hijos, mayores de edad, que se encontraban trabajando y percibiendo unos ingresos con los que podían afrontar sus gastos de subsistencia (con base en el artículo 152.3º del Código Civil).

Y por otro lado, que condenase a su ex pareja a la devolución de las cantidades indebidamente abonadas por alimentos: respecto del hijo, desde la fecha en la que comenzó a trabajar y, en el caso de la hija, desde que dejó de convivir con la madre (dos años antes de la mayoría de edad por residir en un centro de menores).

El padre había pasado varios años sin tener comunicación con los hijos, pero había continuado cumpliendo con sus obligaciones económicas de manutención.

El artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su apartado 2 dispone que: “Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos”.

Por lo tanto, para que pueda extinguirse la obligación de abonar la pensión de alimentos ¿Es necesario interponer una demanda de modificación de medidas? ¿Es correcta la aplicación de la irretroactividad en este supuesto o vulnera lo dispuesto por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 26 de marzo de 2014 que fijaba doctrina sobre este extremo?

Hemos de analizar las distintas cuestiones:

  • Para que subsista la obligación de pago de alimentos a los hijos mayores de edad, es necesaria que subsista su dependencia económica respecto de ambos progenitores. Además, también se exige el requisito de convivencia con el progenitor encargado de la administración de la pensión de alimentos (artículo 93, segundo párrafo del Código Civil) y, como hemos podido ver, en el supuesto analizado no se cumplían ninguno de los dos requisitos.
  • El efecto de cosa juzgada de las sentencias firmes, nos lleva a afirmar que lo normal en el ámbito procesal sería declarar la extinción del derecho a la pensión de alimentos de los hijos mayores de edad -independientes económicamente-, a través del procedimiento de modificación de medidas previsto en el artículo 775 de la LEC.
  • Abuso de derecho, enriquecimiento injusto y mala fe. La madre no comunicó al padre ni el hecho de la independencia económica de los hijos, ni que ya no convivían con ella. Esto suponía una alteración sustancial de las circunstancias de tal entidad que conllevaría a la extinción de la pensión alimenticia (con base en el artículo 91 del Código Civil).
  • Está claro que concurrían los requisitos para la estimación de la demanda de modificación de medidas, pero ¿desde cuándo han de dejar de abonarse los alimentos indebidamente percibidos? ¿Puede aplicarse el efecto retroactivo al momento en que cesó la obligación legal de abonarlos, si el artículo 18 de la LOPJ dispone que las sentencias han de ejecutarse en sus propios términos?

Las sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona de 10 de febrero de 2009 y 26 de enero de 2010; la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 24ª, de 30 de mayo de 2012; la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 30 de marzo de 2002 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 29 de febrero de 2012, confirman el efecto no retroactivo de la modificación de alimentos, dado el carácter consumible de los mismos.

Doctrina jurisprudencial

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de marzo de 2014, que fijaba como doctrina jurisprudencial que:

“Cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente”.

Esta doctrina es reiterada por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 23 de junio de 2015(recurso de casación 1097/2014) y de 6 de octubre de 2016 (rec. 2307/14, ponente Pantaleón Prieto).

Entonces, ¿por qué la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid aplica el efecto retroactivo en este caso?

La sentencia analizada declara extinguida la obligación alimenticia preestablecida desde la incorporación al trabajo de manera interrumpida de ambos hijos:

«La sola circunstancia de estar reconocida la obligación de alimentos mediante sentencia que no haya sido modificada no habilita el que uno de los progenitores pueda seguir reclamando y recibiendo pensiones de alimentos cuyos condicionamientos fácticos, en orden a la subsistencia del derecho, ya han desaparecido». «Nadie puede enriquecerse sin razón en perjuicio de otro».

Respecto de la hija, se reclamaba la extinción de la pensión desde los dos años anteriores a cumplir su mayoría de edad, alegando que se encontraba bajo la tutela y residiendo en centros de la Comunidad de Madrid. La sentencia entiende que, a pesar de esta circunstancia, la menor había permanecido bajo la custodia de la madre durante su minoría de edad y acuerda que debe subsistir de modo incondicional el deber alimenticio a cargo del progenitor no custodio.

El artículo 6 del Código Civil, en su apartado 4, dispone que:

  1. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

El artículo 7 del Código Civil, establece que:

  1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
  2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Por lo tanto, en los supuestos en los que se aprecie un claro fraude de ley, abuso de derecho, mala fe y enriquecimiento injusto por parte del perceptor de la pensión, puede aplicarse la excepción de la regla general de irretroactividad.

Se trata de una cuestión de justicia material. Así se había pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid en sus Sentencias de 12 de enero de 2001 y 29 de enero de 2002, afirmando que  “un enriquecimiento sin justa causa, no puede ser amparado judicialmente.

Pero hemos de tener en cuenta que, si planteado un supuesto similar, se mantuviese el efecto constitutivo con efectos no retroactivos de las pensiones de alimentos, nos quedaría la posibilidad de accionar en un proceso declarativo en un Juzgado de Primera Instancia, ejercitando una acción por enriquecimiento injusto o abuso del derecho, instando la devolución de las pensiones indebidamente percibidas, ex artículos 1.887 y 1.901 del Código Civil. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 12 de enero de 2001 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2ª, de 8 de Marzo de 2002.

https://confilegal.com/20170423-cuando-puede-aplicar-la-excepcion-la-regla-general-irretroactividad-casos-pension-alimentos-indebidamente-percibidos/

El Tribunal Supremo anula la condena a un abogado que acusó a una jueza de Las Palmas de “falsear la realidad”

 

La mala educación, los malos modos, la grosería, etc., no son delito.

Decirle cuatro frescas al juez de turno no puede ser sancionado.

Si bien el afectado “ha ganado” el juicio tan sólo le devuelven lo que pagó por la multa. Nada de reparación de daños y perjuicios. Menos aún tomar medidas contra los jueces que prevaricaron por puro corporativismo.

La sentencia del TEDH es de enero de 2016.

El Tribunal Supremo ha tardado más de un año en aplicarla. Igualito que en el caso de la anulación de la “doctrina Parot”.

En cualquier caso, la sentencia se añade a la jurisprudencia que es de obligado cumplimiento.

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El Tribunal Supremo anula la condena a un abogado que acusó a una jueza de Las Palmas de “falsear la realidad”

La Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó la sentencia de instancia, que le condenó al pago de una multa de 8.100 euros
Autor
Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena por un delito de calumnias a un abogado que acusó a la juez del juzgado de Primera Instancia nº 2 del Puerto del Rosario de mentir y falsear la realidad en resoluciones dictadas en un Expediente de Dominio. La sentencia ha estimado el recurso de revisión interpuesto por el letrado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias que, al igual que el del juzgado de instancia, le condenó al pago de una multa de 8.100 euros.

Tras agotar la vía judicial en España, con un recurso de amparo que fue rechazado por el Tribunal Constitucional, el abogado acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interponiendo una demanda en la que denunció la violación del artículo 10 del Convenio Europeo que reconoce el derecho a la libertad de expresión. El TEDH falló a su favor en una sentencia en la que declaró que había existido dicha violación y acordó que el Estado español le abonara 8.100 euros, el importe de la multa que el letrado había pagado por su condena. El TEDH consideró que el comportamiento del abogado revelaba una falta de respeto hacia la jueza, e, indirectamente, de la justicia y que sus expresiones, pese a que eran graves y descorteses, no se habían realizado en el estrado, sino que fueron por escrito y solo el titular del juzgado donde presentó la demanda y las partes tuvieron conocimiento de las mismas.

En su sentencia, notificada hoy, la Sala Segunda afirma que estima el recurso de revisión porque la sentencia del TEDH es un hecho nuevo que evidencia que el recurrente no debió de ser condenado al vulnerarse su derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 10 de Convenio Europeo y 20 de la Constitución Española. Por ese motivo, acuerda anular las sentencias condenatorias que se han producido “con lesión de un derecho fundamental”.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-la-condena-a-un-abogado-que-acuso-a-una-jueza-de-Las-Palmas-de–falsear-la-realidad-

 

La sentencia del TEDH puede descargarse en el siguiente enlace.

http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-161325&filename=CASE%20OF%20RODRIGUEZ%20RAVELO%20v.%20SPAIN%20-%20%5BSpanish%20Translation%5D%20by%20the%20Spanish%20Ministry%20of%20Justice.pdf