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El Tribunal Supremo reconoce el derecho de una mujer a cobrar la pensión de su exmarido al ser despedida de la empresa familiar de donde obtiene sus únicos ingresos

 

Les da igual las leyes. Ellos se las inventan y aplican sus propios criterios para proteger a las parásitas.

No parece que la separación de poderes sea uno de los temas de estudio en la Escuela de práctica jurídica.

El contrato de matrimonio ha sido rescindido, por iniciativa de la parásita, pero a los jueces les parece oportuno improvisar nuevos principios jurídicos para que siga estando en vigor. Todo sea para conseguir que la parásita siga viviendo de manera desahogada.

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El Tribunal Supremo reconoce el derecho de una mujer a cobrar la pensión de su exmarido al ser despedida de la empresa familiar de donde obtiene sus únicos ingresos

Autor

Comunicación Poder Judicial

jueves, 8 de marzo de 2018

Deberá satisfacer una pensión compensatoria de 500 euros

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal ha resuelto sobre un recurso de casación interpuesto por un cónyuge que fue condenado a satisfacer una pensión compensatoria de 500 euros y, en caso de pérdida de empleo o reducción de salario de su exesposa, que trabaja en la empresa propiedad del mismo, la cantidad que la misma deje de percibir hasta completar la cantidad que recibía por este, es decir hasta 1.900 euros.

La sala considera que, aunque con carácter general el desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe de existir en el momento de la separación o del divorcio, y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión cuya procedencia no se acredita cuando se produce la crisis matrimonial, en una situación como la aquí descrita, donde los únicos ingresos de la esposa proceden del trabajo que actualmente desempeña en una empresa regida por el esposo, esta doctrina debe ser mitigada.

Se adjunta nota de la Sala.

Archivos asociados

Sala de lo Civil del TS 8 marzo 2018

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-reconoce-el-derecho-de-una-mujer-a-cobrar-la-pension-de-su-exmarido-al-ser-despedida-de-la-empresa-familiar-de-donde-obtiene-sus-unicos-ingresos

 

 

Ofensiva judicial contra el abogado que ataca al juez del ‘caso Cursach’

 

La mafia judicial no tolera que nadie levante sus alfombras ni abra sus armarios.

El afectado ya avisó que se temía lo peor.

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Ofensiva judicial contra el abogado que ataca al juez del ‘caso Cursach’

Una de las manifestaciones convocadas por el abogado Vicente Campaner. J. SERRA

EDUARDO COLOM – Palma – 6 MAR. 2018

La Justicia balear actúa contra Vicente Campaner, alias Coco, el abogado que encabeza una campaña de denuncia alentada desde el entorno de Bartolomé Cursach por la que se ha llegado a calificar de «corruptos y delincuentes» al juez, al fiscal y a los policías nacionales que investigan al conocido empresario de la noche mallorquina, encarcelado preventivamente desde hace un año investigado por un rosario de presuntos delitos.

Campaner ha liderado hasta el momento tres manifestaciones para pregonar que el juez instructor del caso Cursach, Manuel Penalva, y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, a quienes acusa abiertamente de prevaricar y tomar decisiones injustas a sabiendas, se habrían estado basando en falsedades y en declaraciones de testigos a la carta para encarcelar a Cursach y a otros policías locales investigados por haber sido presuntamente sobornados por el empresario.

Por ello ha dirigido una batería de denuncias y querellas en las que pide al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (el órgano competente debido al aforamiento del juez) que procese al juez que lleva más de tres años al frente de la instrucción judicial en la que se examinan las actividades de Cursach. Hasta el momento todas han sido rechazadas. La última, ayer. La Sala Civil y Penal del TSJB desestima la querella que Campaner interpuso contra Penalva y Subirán en la que les acusaba de prevaricación y encubrimiento de una testigo de la causa, la madame de un club de alterne que implicó al ex presidente del PP de Palma José María Rodríguez en supuestas orgías pagadas por Cursach. Según Campaner, la testigo mentía con la aquiescencia y la protección del juez. Tras revisar el caso, el TSJB desecha por completo estas acusaciones y considera que no existen indicios para atribuir al magistrado instructor del caso Cursach esos delitos. Considera que no ha habido infracción de ley, ni dolosa ni imprudente y avala la actuación del juez instructor. Además, envía unas manifestaciones de Campaner a otro Juzgado para que determine si cometió un delito de calumnias contra otros magistrados del TSJB al atacar el archivo de una de sus denuncias anteriores.

No es el único frente que se le abre a este letrado que, aunque asistió puntualmente a Cursach en el pleito penitenciario por el que se anuló su traslado a la cárcel de Alicante, insiste en decir que actúa como ciudadano indignado ante la injusticia y no como abogado del influyente empresario de la noche.

Ayer mismo, el juez Florit, quien sustituye a Penalva en la causa mientras se decide un incidente de recusación presentado por la mayoría de investigados para apartarle del caso, un incidente que hoy será analizado por la Audiencia, decidió abrir otra investigación contra Campaner por posible obstrucción a la Justicia. Lo hace después de que un testigo protegido de la Fiscalía, Francisco Fernández Cortés, alias El Ico, se ratificara el pasado viernes en sus denuncias y, según refleja el juez Florit, «denunciara presuntas coacciones».

El Ico, hijo de La Paca, la matriarca del narcopoblado de Son Banya, declaró en septiembre del año pasado que Campaner le había citado en un bar para decirle que debía salir de la causa y que le iban a ayudar. Siempre según El Ico, le reiteró entonces que le podía ayudar económicamente, sin precisar cantidad alguna. Campaner replicó ayer que «hay un juez que se llama tiempo que pone a todo el mundo en su lugar».

http://www.elmundo.es/baleares/2018/03/06/5a9e37b3e5fdeac4258b4576.html

Concentración día del padre 2018.

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005) Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento”, dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:

  • abandonar el domicilio familiar con “lo puesto”;
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su “ex” disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada “violencia de género”, los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido “ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)” o “no valora el trabajo que realiza”, entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamiento de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, constituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta
En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes:

  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2017, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

“Llora el teléfono”.

Autores: Claude François, Jean Pierre Bourtayre & Frank Thomas.

Adaptación e interpretación de Rafael Jiménez.

 

Así esculpe el techo de cristal de la justicia española

 

El habitual victimismo de las feminazis sustentado en las consabidas mentiras feminazis.

Ni mérito ni capacidad. Simplemente cuotas. Su demanda es tener privilegios disfrazados de falsa igualdad.

Pasa el tiempo y esta asociación ilegal, por discriminar por sexo, sigue activa y con presencia en los medios de comunicación para propalar sus falacias.

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Así esculpe el techo de cristal de la justicia española

15 enero 2018

A propósito de la próxima cobertura de 4 plazas en el Tribunal Supremo en las Salas II, III y IV.

Próximamente serán cubiertas, por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 4 vacantes en el Tribunal Supremo: una plaza en la Sala de lo Contencioso administrativa, otra en la Sala de lo Social y la tercera en la Sala de lo Penal.

Para las tres Salas hay candidatas muy sólidas.

– 7 magistradas se postulan para la Sala Penal.

–4 magistradas para la Sala Contencioso- Administrativa.

– Y 4 magistradas para la Sala Social.

Muchas de estas candidatas cuentan con méritos curriculares, antigüedad en la carrera judicial, y experiencia en el orden jurisdiccional respectivo más que suficientes para acceder justificadamente a estas plazas. Los favoritos, sin embargo, al menos para las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo parecen ser dos varones.

La representación femenina en todas estas Salas se encuentra muy por debajo de los estándares marcados por nuestra legislación (que fija un porcentaje mínimo de representación de cada sexo en todo tipo de altos cargos del 40%). Así, sólo una mujer forma parte de la Sala de lo Penal frente a 13 hombres (7,1% de representación femenina), 4 mujeres están actualmente integradas en la Sala Contencioso-Administrativo frente a 31 hombres (11,4% de representación), y otras 4 mujeres forman parte de la Sala de lo Social frente a 8 hombres (33,3% de representación femenina).

La notable desigualdad actualmente imperante en el Tribunal Supremo traslada a la ciudadanía una imagen y un mensaje que en absoluto se corresponden con la real estructura y composición de la Judicatura en su conjunto (integrada por mujeres en un 52,7% de acuerdo con el último informe sobre estructura demográfica de la Carrera), y ha sido objeto de atención y denuncia por parte de Naciones Unidas, que en su último informe relativo a la cuestión de la discriminación contra la mujer en España – emitido el 17 de junio de 2015 – destacaba que “el número real de mujeres en los niveles más altos de la judicatura sigue siendo sumamente bajo” y específicamente recomendaba al Estado español que “aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en los niveles más altos de la Judicatura”. Parece evidente que el único modo de cumplir con esta recomendación, y superar una situación manifiestamente contraria a toda la normativa estatal y europea, consiste en cubrir las vacantes que se vayan produciendo en el órgano supremo de nuestro sistema judicial con candidatas femeninas.

Ahora bien, parece que el CGPJ, muy en contra de estas razones estrictamente lógicas, justificadas y ajustadas a la legalidad, va a continuar manteniendo su tradicional proceder a la hora de efectuar nombramientos discrecionales, un proceder en el que pesan más los intereses creados en las masculinizadas redes informales de poder, que la capacidad jurídica y profesional de quienes optan a un cargo. Se sigue asentando, en suma, un sistema que premia el arribismo y la ambición personal y da la espalda al valor del trabajo bien hecho, y con él a muchas mujeres.

Buena muestra de ello es que el número de magistradas en este Alto Tribunal, que actualmente es de 11 mujeres de un total de 77 integrantes, haya permanecido inmutable desde el año 2010 a pesar de todas las renovaciones producidas en los últimos ocho años, patrón que se reproduce en otros altos puestos judiciales: de 17 presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, sólo 1 tiene nombre de mujer, y de las 50 presidencias de Audiencias Provinciales solo 8 son femeninas.

Ello es una anomalía que redunda en la calidad de la justicia porque no representa la mirada completa de una sociedad formada por mujeres y hombres, y se agrava si tenemos en cuenta el gran impacto social de las resoluciones del Tribunal Supremo, vinculantes para los jueces y juezas de nuestro país y que se está construyendo a espaldas de las experiencias femeninas que son más de la mitad de la población.

Es urgente, pues, lograr una Justicia Igualitaria, no sólo exógena sino también endógena, para garantizar la integración de la diversidad social y la participación equilibrada de hombres y mujeres, como requisito de legitimidad democrática.

Las mujeres somos la mitad de la sociedad y no el 14%.

Desde la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) reivindicamos una participación igualitaria y justa de las mujeres en todas las esferas sociales, políticas, culturales o judiciales y especialmente en las altas Jerarquías de la Judicatura desde donde se toman las decisiones de mayor trascendencia judicial.

Se abre la oportunidad de avanzar en igualdad (Real). Se abre la oportunidad de integrar a las mujeres con reconocidos méritos y capacidades en las 3 vacantes a cubrir del Tribunal Supremo.

Sin Mujeres No es Justicia.

Madrid, 15 de enero de 2018

 

http://www.mujeresjuezas.es/?p=786

 

El juez Magro presenta su novela “Te querré siempre para mí“, un alegato contra la violencia de género

Uno de los mayores feminazis de España.

Basta hacer una sencilla búsqueda en internet para recopilar sus desvarios feminazis.

Miembro del grupo de “expertos” del Observatorio del CGPJ que falsifica las cifras y que niega la existencia de denuncias falsas.

A la presentación del libro propagandístico de las mentiras feminazis no han faltado los compinches habituales. Desde el ministro de Justicia hasta un representante de Marina Mercante del Ministerio de Fomento. Nunca deja de sorprender la cantidad de estómagos agradecidos que viven de la industria del maltrato.

No es difícil imaginar quien habrá pagado la edición y distribución.

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El juez Magro presenta su novela “Te querré siempre para mí“, un alegato contra la violencia de género

Vicente Magro, el autor, en primer término, a la derecha, Rafael Catalá, ministro de Justicia, Victoria Ortega, presidenta del CGAE, y María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género y vocal del CGPJ, durante la presentación de la novela. Luisja Sánchez.

Luis Javier Sanchez

19 diciembre, 2017

Después de más de 60 libros jurídicos a Vicente Magro, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, le había llegado el momento de escribir “Te querré siempre para mí”, su primera novela, que es un alegato contra la violencia de género, y, de forma especial, contra “la cárcel del pensamiento”.

“Se trataba de poder acercarme a las víctimas y explicarles que no están solas. Que no podemos dejarlas solas y que de una situación de violencia de género nadie está exento.

La novela fue presentada ayer por la tarde en el Salón de Actos en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ante un auditorio muy interesado en el tema y con unos “padrinos” muy especiales: Rafael Catalá, ministro de Justicia, María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la violencia de género -del que Magro forma parte como experto desde sus inicios- y Victoria Ortega, presidenta del CGAE.

Como anfitriona, le correspondió a Ortega conducir el acto.

Todos los intervinientes alabaron la capacidad de trabajo, generosidad y vinculación de Magro para luchar para frenar la violencia de género en España.

Catalá resaltó la calidad del libro. “Una novela que no deja indiferente a nadie y que deja claro como la violencia de género, en este caso la violencia psicológica, la que no se percibe puede llegar a cualquiera, como es el caso de Sara, la abogada de familia protagonista de la trama”.

Para el ministro de Justicia, “la lucha contra esta lacra es cosa de todos de nosotros políticos y de la sociedad que no debe permitirla bajo ningún concepto”.

En otro momento de su intervención, el titular de la cartera de Justicia destacó uno de los mensajes de la primera novela del magistrado Magro: “Hay en sus páginas un mensaje de superación y libertad que es importante transmitir a las víctimas de violencia de género. Que no están solas y que de ese infierno se sale evidentemente con la ayuda de todos”.

Pacto de Estado contra Violencia de Género: clave

A este respecto, Catalá avanzó que el Pacto de Estado suscrito por los partidos políticos y operadores sociales será clave en la lucha contra esta lacra.

“Tendremos que reformar el Código Penal a este efecto y también pensamos trabajar en las redes sociales para lograr el alejamiento del agresor de la víctima también de Internet”, afirmó.

Junto a ello recordó que “siempre es bueno revisar los protocolos existentes para saber que funcionan de forma correcta”.

La presidenta del Observatorio, y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte, Carmona, destacó el compromiso de Magro en la lucha contra esta lacra.

“Es una persona generosa y entusiasta que siempre ha estado en primera línea judicial de lucha contra la violencia machista”, explicó.

Recordó que pertenece desde el 2002 al Grupo de Expertos que depende del citado Observatorio, en el que siempre ha colaborado de forma activa, y que en 2016 el CGPJ le dio el Premio del Observatorio por sus trabajos contra esta lacra.

Carmona también recordó que “la violencia psicológica es la más complicada de detectar. Es muy sutil pero va cortando las alas a la persona y minando su moral y personalidad. La novela de Vicente Magro refleja muy bien esta práctica y su lectura puede ayudar a muchas mujeres a darse cuenta que pueden verse inmersas en una situación parecida a la que se describe en esta obra de ficción”.

También aludió al Pacto de Estado contra la Violencia de Género del que espera ayude a mejorar la situación de las víctimas y sus familias a todos los niveles.

Objetivo del autor

Por su parte, el autor comento que “con este libro he llegado a las víctimas, que era lo que quería. Transmitirles un mensaje de esperanza ante sus problemas. Nos enfrentamos con la violencia psicológica que es algo invisible a la que cualquier nos podemos ver abocados según nuestras circunstancias. Es la llamada ‘cárcel del pensamiento’ de la que me hago eco en la novela”.

Magro, que ha intervenido en el Senado para dar su visión sobre cómo habría que mejorar la lucha contra este mal social, se mostró esperanzado ante el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que incluye 600 medidas nuevas en todos los órdenes de la sociedad para apoyar a las víctimas y familiares de esta lacra que es la violencia machista.

“No podemos fallar a las víctimas y tenemos que ayudarles en todo lo que necesiten. Con estas medidas las diferentes administraciones están en condiciones de ayudarlas”, señaló.

Para este magistrado, jurista activo en la lucha contra la violencia de género “el entorno de la víctima es muy importante para que ella pueda salir a flote. En la novela, es el entorno quien le dice a Sara, la abogada de familia protagonista, que se encuentra metida en una espiral de violencia que ella no advierte”.

A su juicio, además de los poderes públicos los “50 millones de habitantes de nuestro país no pueden ni deben cerrar los ojos ante esta realidad”.

El momento más duro para las víctimas

Magro también comentó que, según su experiencia de tantos años en la lucha contra esta violencia que convierte a las mujeres en víctimas,  el momento más duro para una mujer víctima de este tipo de maltrato es cuando le dice a su pareja agresor “que se quiere separar y que se ha acabado todo. Es un momento clave, en el que la víctima debe contar con apoyo externo suficiente para respaldar esa decisión y abandonar a esa pareja tan nociva para ella”.

Entre los asistentes a la presentación se encontraban Nuría Díaz Abad, compañera de Carmona en el CGPJ, la senadora Asunción Sánchez, la magistrada María Tardón, el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres, Rosalina Díaz Valcárcel, presidenta de Wolters Kluwer, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, Manuela Martínez, presidenta del Consejo de Administradores de Fincas de Madrid, y Julio Fuentes, subdirector de Marina Mercante del Ministerio de Fomento.

https://confilegal.com/20171219-juez-magro-presenta-novela-te-querre-siempre-alegato-la-violencia-genero/

 

Querella por falsedad documental contra los expertos del Observatorio de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial

http://projusticia.es/demandas-judiciales/querella-por-falsedad-documental-contra-los-expertos-del-observatorio-de-violencia-de-genero-del-consejo-general-de-poder-judicial/

 

Alaya insinúa que el TSJA absolverá a los exaltos cargos andaluces tras la sentencia que se dicte de los ERE

 

Cómo será el grado de corrupción cuando los propios jueces, no los usuarios de la justicia, denuncian públicamente los cambalaches de la justicia.

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Alaya insinúa que el TSJA absolverá a los exaltos cargos andaluces tras la sentencia que se dicte de los ERE

© EFE Alaya tiene una “incertidumbre fea” sobre el fallo que pueda haber de los ERE

La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía, ha dicho este jueves que, aunque tiene “la mejor” de las sensaciones ante el juicio actual por esta causa, le genera “una incertidumbre fea” la sentencia que pueda dictar a posteriori la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia andaluz. que será la encargada de conocer los recursos que pongan las partes a la sentencia que ponga la Audiencia.

En una conferencia ofrecida en Valencia sobre independencia judicial, Alaya ha defendido la “exhaustiva” instrucción llevada a cabo desde 2011 contra la supuesta corrupción en el Gobierno andaluz y el hecho de que haya “muchísima prueba documental” con elementos “irrefutables” que la avalan, pero ha advertido sobre la politización de la justicia en general y en este caso en particular.

“Como instructora del caso, mis sensaciones son buenas, lógicamente. Luego, la sentencia que se dicte pasará a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, teniendo en cuenta que un tercio de sus miembros ha sido elegido por el Parlamento autonómico y el presidente del Tribunal, al que tengo todos mis respetos, también es un cargo discrecional”, ha explicado.

“Esa apariencia, aunque sean los mejores profesionales del mundo, es lo que nos quita el sueño a muchos, nos genera una sensación de incertidumbre fea que no querríamos tener”, ha dicho Alaya en la Ciudad de la Justicia de Valencia en el turno de preguntas tras la conferencia “Independencia judicial”, organizada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

La carta sobre Bolaños

Esta jueza de la Audiencia Provincial de Sevilla ha criticado también que se hiciera pública, en 2015, la carta que había remitido al Consejo General del Poder Judicial para rechazar ser sustituida en la instrucción del caso por la jueza María Núñez y donde argumentaba la “estrecha relación” de esta con el entonces consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera.

“Al no tener independencia judicial, pese a haber sido una carta secreta y con un destinatario -el entonces presidente del CGPJ-, se dio con intereses políticos a todos los medios de comunicación. Yo tenía esa sospecha -de la relación entre ambos-, claro”, pues era algo “absolutamente” conocido a su juicio en Sevilla, según Alaya.

Ha criticado la injerencia política para que ella no siguiera instruyendo esta causa para lamentar que los jueces estén “expuestos a todo”. A lo que ha añadido: “Yo no critiqué a esa señora -la juez Núñez-; yo manifesté mis dudas personales a quien tenía que manifestarlas, no al público en general”.

En cuanto al “problema catalán” y las implicaciones que está teniendo para el poder judicial, ha asegurado que “quizás no sea el momento” para debatir sobre la independencia judicial y ha reconocido que esta situación le ha quitado el sueño “muchas noches”.

Asimismo, ha señalado que aunque respeta la ideología de cada uno, ella está al lado de las instituciones públicas y ha asegurado no entender por qué los independentistas catalanes intentan ampararse en el derecho de otros países, como Bélgica, cuando España puede dar ejemplo a esos sistemas procesales.

Por otra parte, ha criticado que los principales cargos judiciales sean nombrados a dedo y ha declarado: “¿Por qué dentro del órgano de gobierno de los jueces hay políticos? Para controlarnos, y porque de ahí depende el nombramiento de cargos”, “un montón de cargos importantes”.

Por ello Alaya apuesta por un Consejo General del Poder Judicial independiente y por que se establezca un baremo objetivo, para que quienes ocupen estos cargos no dependan del poder político.

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/alaya-insin%C3%BAa-que-el-tsja-absolver%C3%A1-a-los-exaltos-cargos-andaluces-tras-la-sentencia-que-se-dicte-de-los-ere/ar-BBGLAzf?ocid=sf

Desestiman una querella contra el juez Penalva y el fiscal Subirán

 

Aunque hay pruebas contundentes la mafia judicial defiende a los suyos y tapa el delito.

Los jueces no pueden juzgarse a si mismos. Han de ser juzgados por un jurado popular.

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Desestiman una querella contra el juez Penalva y el fiscal Subirán

Desestiman la querella presentada contra el juez Penalva y el fiscal Subirán. 16-06-2017 | A. Sepúlveda

R.D./ Europa Press | Palma | 11/12/2017

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha notificado este lunes una interlocutoria en la que se acuerda desestimar la querella presentada contra el juez de Instrucción número 12 de Palma Manuel Penalva, al frente del Caso Cursach, y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán por presunta prevaricación en dicha causa.

La querella fue presentada por la hermana de uno de los investigados en la causa. Según la querellante, el juez y el fiscal acordaron la prisión de su hermano, encausado por haber agredido a un testigo, basándose en la declaración de dos testigos protegidos y sin investigar que uno de ellos alteró la realidad.

La sala indica que los hechos en cuestión se investigaron, aunque no fueran admitidos todos los testigos propuestos.

El auto ha sido notificado esta mañana, según han informado fuentes del TSJIB. Además, la Sala ha acordado remitir testimonio de la resolución al Consejo General del Poder Judicial y al Colegio de Abogados de Baleares.

La querella había sido presentada en representación de la hermana de un investigado que se encuentra en prisión preventiva por supuestas amenazas a un testigo protegido de la macrocausa de corrupción policial de Palma. La firmaban dos abogados personados en el caso y acusaban a juez y fiscal de, entre otros delitos, impedir derechos cívicos, falsedad en documento público, falso testimonio, obstrucción a la justicia y prevaricación continuada, todos ellos rechazados por el TSJIB.

A finales del mes pasado, el TSJIB descartó las medidas que los dos letrados habían solicitado para el juez, el fiscal y el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional.

Los querellantes pedían que éstos fueran detenidos y al mismo tiempo liberar a presos preventivos en piezas derivadas de la macrocausa. La querella también solicitaba imponer al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma la obligación de grabar todas las declaraciones y retirar las armas de fuego «de los implicados y sus auxiliares».

En la querella los abogados aportaron una acta notarial con la transcripción de conversaciones de ‘WhatsApp’ entre la testigo protegido número 31 de la macrocausa policial con el juez, el fiscal y algunos miembros del Grupo de Blanqueo.

En la querella se acusaba a Penalva, Subirán y la Policía de impedir el correcto derecho a la defensa por no admitir diligencias y «no querer investigar» circunstancias del caso.

En su resolución, los magistrados del TSJIB descartan estas acusaciones ya que aseguran que «la afirmación de que nunca se quiso investigar» resulta «abiertamente contradicha varias líneas después» porque en el escrito «se afirma que la investigación tuvo lugar en efecto, y que se aceptó la declaración de varios testigos propuestos».

En la querella también se aportó una grabación de sonido «furtiva y clandestina», según el TSJIB, tomada durante la declaración de los testigos, y que también incluía conversaciones entre el juez y el fiscal durante los recesos.

Los magistrados apuntan que esta grabación «se llevó a cabo con deslealtad procesal porque se ocultó intencionadamente y ahora se está empleando sin demasiada buena fe procesal, porque se usa para contraponer lo grabado con lo consignado formalmente en unas actas cuyo contenido fue aceptado sin reparos». La Sala recuerda además que la Ley permite que los testigos lean por sí mismos la diligencias y el derecho a solicitar enmiendas o rectificaciones.

Por otra parte, el TSJIB no aprecia «violencia o intimidación lanzada contra los testigos» en los interrogatorios del juez y el fiscal.

Con todo, los magistrados creen que «no parece ni lógico, ni habitual, ni siquiera imaginable, que un juez y un fiscal se dediquen a perpetrar delitos estando ambos en sede judicial, acompañados de un funcionario, y sabiendo perfectamente que están siendo grabados mediante el sistema oficial».

También rechazan que el fiscal enviara mensajes de ‘whatsapp’ a los policías que se encontraban junto al testigo para señalarle a quiénes debía identificar.

Uno de los abogados amplió la querella con un nuevo escrito en el que afirmaba que la testigo protegido número 31 de la macrocausa se había puesto en contacto con él «de forma absolutamente voluntaria» para hacer entrega de una transcripción de mensajes de texto y archivos de audio de conversaciones con el juez y el fiscal.

El TSJIB recuerda que estas grabaciones y capturas afectan a terceras personas distintas de la querellante -la hermana del hombre en prisión preventiva por agredir a otro testigo- y, destacando «las reservas que se ciernen sobre esta grabación» rechaza que su contenido constituya un delito.

Los magistrados creen que el juez y el fiscal querellados «no habrían pretendido otra cosa que tranquilizar y serenar a la testigo» y no aprecian «siquiera ningún intento de falsear sus declaraciones o de alterar su actuación procesal». «Antes al contrario, se le habría animado a que dijera la verdad y a que no se echase atrás», apostillan.

https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2017/12/11/313089/desestiman-querella-contra-juez-penalva-fiscal-subiran.html

 

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Denuncia a Emilia Marta Sánchez Alonso y Natalene Suanzes Leenhardt

Un nueva denuncia sobre la prevaricación constante en el juzgado de familia 28 de Madrid.

Son hechos probados. Es una grabación.

No pasará nada. O la archivarán sin más trámite o trasladarán a la juez Emilia Marta Sánchez Alonso a otro juzgado. Igual que hicieron con su antecesora María Dolores Planes Moreno.

La pichicóloga Natalene Suanzez Leenhardt reconoce que se ha ido de rositas gracias a la intervención de la propia jueza.

La prevaricación es una constante en este juzgado. Una simple comprobación de sus estadísticas sirve para despejar cualquier duda.

Emilia Marta Sánchez Alonso

Tanto por parte de la jueza como del equipo psicosocial que la “asiste”. Nada extraño en los juzgados de familia.

http://projusticia.es/la-jueza-emilia-marta-sanchez-alonso-y-la-prevaricacion-judicial/

 

Juzgados de familia. Política de hechos consumados. Extravío del expediente. 

 

La jueza María Dolores Planes Moreno y la prevaricación judicial.

 

http://planesmoreno.blogspot.com.es/

 

Una denuncia y un testigo bastan para que una divorciada perciba pensión de viudedad por malos tratos

 

No es la primera sentencia al respecto.

La más sangrante ha sido la que dictó Gloria Poyatos, presidente de la Asociación de mujeres juezas de España.

El Tribunal Supremo sienta doctrina al respecto saltándose el sentido común y el más elemental criterio jurídico.

La seguridad jurídica eliminada.

Acercarse a una mujer es una actividad de alto riesgo. Vamos camino de igualar a Japón donde casi la mitad de la población no quiere tener trato alguno con el sexo contrario.

La pensión de viudedad la pagaremos los demás españoles con nuestros impuestos. Eso es perspectiva de género.

La agenda de género sigue implantándose.

Feminazis. Tarde o temprano tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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Una denuncia y un testigo bastan para que una divorciada perciba pensión de viudedad por malos tratos

Xavier Gil Pecharromán

14/11/2017

Las víctimas de violencia de género tienen derecho “en todo caso” a pensión

En la denuncia por daños en el vehículo decía “sospechar” de su marido

Tiene derecho a pensión de viudedad, aunque no tenga reconocida pensión compensatoria, la mujer que a la fecha de su separación era objeto de amenazas e insultos, según reconoce el Tribunal Supremo, en una sentencia de 26 de septiembre de 2017.

El ponente, el magistrado De Castro Fernandez, señala que sirven como pruebas del mal trato la existencia de dicha denuncia y la declaración de un testigo sobre supuestos malos tratos no acreditados.

Acepta el magistrado las conclusiones del juzgado de Instancia que estimó que “se puede presumir plena objetividad de la testigo, en tanto que carente de interés alguno a la vista de las circunstancias concurrentes y valoradas por este Juzgador en aras del principio de inmediación, y que fue la que precisamente refirió los citados insultos durante la vida marital de la demandante”.

La recurrente presentó denuncia por un posible caso de violencia de género ante la Policía Local, por daños en su vehículo particular interpuesta por la víctima con posterioridad a la separación, sin que conste acreditado que se hubiera instruido procedimiento penal alguno frente al excónyuge de la demandante.

Manifestaba en la denuncia que “sospecha que el causante… pudiera ser su ex marido, puesto que en anteriores ocasiones ha sido amenazada de muerte por él”.

La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) establece que las víctimas de violencia de género tienen derecho “en todo caso” a percibir la pensión de viudedad a pesar de estar legalmente separadas o divorciadas y no satisfacer el requisito general de ser beneficiarias de una pensión compensatoria por parte del cónyuge en el momento de su fallecimiento.

Para los de abogados del Colectivo Ronda, que han actuado como defensores de la reclamante, la Sala del TS estima que no hay ninguna razón para anteponer el propio criterio, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al del titular del Juzgado Social 1 de Tarragona, ni cuestionar el hecho de que la declaración de un testigo pueda ser argumento suficiente para considerar probada la existencia de violencia de género”.

En este sentido, consideran que la resolución resulta de enorme trascendencia para numerosas víctimas que sufren dificultades para acreditar los malos tratos sufridos, especialmente cuando ha transcurrido cierto tiempo desde su materialización.”

La decisión del Supremo, adoptada en pleno y con voluntad de unificar doctrina, refuerza la potestad de los tribunales para realizar interpretaciones amplias de la normativa con voluntad de proteger los intereses de la parte más débil, la víctima, frente a situaciones de violencia”, explican.

 

Sentencia en el siguiente enlace.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8185165&links=&optimize=20171027&publicinterface=true

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8743099/11/17/Una-denuncia-y-un-testigo-bastan-para-que-una-divorciada-perciba-pension-de-viudedad-por-malos-tratos.html

 

El Supremo ratifica la suspensión del juez Indalecio Conde por retrasos injustificados

 

¿Quién resarcirá a los afectados por la negligencia de este juez?

Los jueces han de ser juzgados por el jurado popular.

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El Supremo ratifica la suspensión del juez Indalecio Conde por retrasos injustificados

Yolanda Rodríguez Vidales
18 octubre, 2017
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el juez Indalecio Conde González, quien fuera titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra (ya jubilado), que solicitaba que se anulara la sanción impuesta contra él de un año de suspensión para el ejercicio profesional, por retrasos injustificados en sus resoluciones.
Así se ha pronunciado el Supremo a raíz del recurso interpuesto por el juez Indalecio Conde González contra la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2014, que le sancionó por una falta considerada “muy grave” del artículo 417.9 de la Ley del Poder Judicial, por retrasos en sus procedimientos.
Indalecio Conde González presentó un recurso al entender que el acuerdo del CGPJ era contrario a derecho y que, a pesar de estar ya jubilado, se debía anular para restablecer su honor e imagen, “gravemente dañados” por la imposición de una sanción que se consideraba “ilegal e injusta”.
Conde González fue denunciado en ejercicios anteriores por varios particulares a raíz de retrasos reiterados en las sentencias y procedimientos del juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra, del que era titular. Por ello, el CGPJ ordenó una suspensión de un año para el magistrado.
Tal y como recoge el Supremo, está acreditado que se produjo un “retraso reiterado en el dictado de sentencias y autos”, algo que motivó, antes de la suspensión, dos expedientes anteriores, uno que concluyó con una multa de 1.000 euros y otro con una sanción de un mes de suspensión, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2013. En esta ocasión, el Supremo también respalda la sanción.
Entre los argumentos del recurrente, que fueron rechazados por la Sala, estaba el hecho de que los sucesivos expedientes sancionadores “le ocasionaban un efecto contrario al pretendido porque, lejos de estimularle para que demostrara una mayor diligencia en el cumplimiento de sus deberes, le provocaron un estado de angustia y ansiedad que desembocó en una auténtica situación de bloqueo intelectual”.
La iniciativa de Acción Disciplinaria partió de la denuncia de varias personas molestas con los retrasos en sus procedimientos judiciales, “que podría ser de años” y en las distintas ocasiones se le sancionó por la “desatención” y el “retraso injustificado” por parte de Indalecio Conde en su labor diaria al frente del citado juzgado.
Jubilación forzosa
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptó en su reunión del día 26 de noviembre de 2015, declarar la jubilación forzosa por edad del magistrado Indalecio Conde González, con destino en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra.