Teléfono: 620100000 - Email: info@projusticia.es

Si no encuentra la página que busca pruebe en la sección "web anterior".

Los jueces tienen un protocolo para impedir el acoso sexual, moral o laboral por parte de otros jueces

 

El feminazismo y la justicia son términos antitéticos.

El feminazismo y el sentido común son incompatibles.

“En ningún caso, el asesor o asesora confidencial exigirá a la persona que ha presentado la queja pruebas demostrativas de los hechos en que consiste, o realizará actuaciones instructoras dirigidas a la constatación de esos hechos”.

Los “asesores” tienen un “escrupuloso” deber de secreto, por lo que no pueden ser llamados a declarar en los supuestos en los que se siga contra el agresor un expediente disciplinario en relación con los hechos objeto de la queja.

Este texto es una aberración jurídica feminazi como todos los que se han creado tras la promulgación de la ley de violencia de género. Pero éste pertenece a un protocolo de aplicación entre los propios jueces. Jueces que se han callado sabedores de que quien proteste, se oponga o disienta será perseguido y purgado.

Las plazas de delatores oficiales se han cubierto sin demora.

Y aún se enfadan porque las llamamos feminazis y sacamos a la luz sus mentiras.

-o-o-o-o-o-

Los jueces tienen un protocolo para impedir el acoso sexual, moral o laboral por parte de otros jueces

José Luis Concepción, en el centro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, en la toma de posesión de nuevos jueces; en dicho territorio tienen una “asesora confidencial” para prevenir los casos de acoso. TSJCL

Carlos Berbell

26 diciembre, 2017

Los jueces y magistrados españoles disponen de un “Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia en la carrera judicial” para los casos en los que el acosador sea otro juez o magistrado.

La existencia en sí de este Protocolo ya presupone que estas situaciones se han producido, se están produciendo o se pueden producir.

Fue elaborado conjuntamente por la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial junto con una Guía de Aplicación.

“El Protocolo se aplicará en su integridad cuando la persona presuntamente víctima y la persona presuntamente agresora sean jueces o juezas, cualquiera que sea su categoría, integrantes de la Carrera Judicial, tanto si se encuentran en servicio activo como si se encuentran en otra situación administrativa siempre que, en el caso de que sea la persona presuntamente agresora la que se encuentra en otra situación administrativa, pueda ser sometida a responsabilidad disciplinaria en los términos establecidos en los artículos 414 a 427 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, dice el artículo 2 de este texto, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el 17 de febrero de 2015 y publicado en el BOE el 17 de febrero de 2016.

A efectos del Protocolo se asimilan a los jueces integrantes de la carrera judicial tanto a los jueces sustitutos, eméritos de paz así como a los alumnos de la Escuela Judicial.

Protocolo frente al acoso en la Carrera Judicial

En el mismo se define acoso sexual “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH).

El Protocolo define los comportamientos que son considerados como acoso sexual: contacto físico innecesario; rozamientos o palmaditas; observaciones sugerentes y desagradables; chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto, y abusos verbales deliberados; invitaciones impúdicas o comprometedoras; uso de imágenes o posters pornográficos en los lugares de trabajo; gestos obscenos; observación clandestina de personas en lugares reservados -los “mirones”, como sería el caso de los servicios; demandas de favores sexuales; y  agresiones físicas.

Guía de aplicación Protocolo Antiacoso Carrera Judicial

También describe los de acoso sexista y los de acoso psicológico o moral.

Estos últimos son los de “dejar al juez o jueza de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique, ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor, exigirle al juez o jueza unos resultados desproporcionados de imposible cumplimiento puestos en relación con los medios materiales y personales que se asignan al órgano judicial, acciones de represalia frente a quienes han planteado quejas, denuncias o demandas, o a quienes han colaborado con las personas reclamantes, insultar o menospreciar repetidamente a un juez o jueza, reprenderlo reiteradamente delante de otras personas, o difundir rumores sobre su profesión o sobre su vida privada”.

“Asesores confidenciales”

Para hacer frente al acoso que se pueda producir dentro de la carrera judicial, en el Protocolo se contempla la figura de los llamados “asesores confidenciales”, cuya principal función es la de resolver las quejas que se produzcan y orientas a las víctimas en su trabajo diario.

Le corresponde a cada uno de las 17 Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia designar a un asesor y a un suplente. La mencionada Comisión de Igualdad y la Comisión nacional de Seguridad y Salud también les corresponde nombrar a un asesor confidencial para los casos que se puedan producir en el seno del CGPJ.

El Protocolo regula el llamado “procedimiento informal de solución”, un instrumento dirigido a resolver las quejas de manera rápida y confidencial y sin necesidad de acudir a la vía disciplinaria.

Es un procedimiento no es de aplicación cuando los hechos revisten caracteres de delito, consisten en violencia o, por su gravedad o trascendencia, comprometen el buen funcionamiento o la imagen pública de la Administración de Justicia.

“Quien entienda es víctima de un acoso, o para prevenir una posible situación de acoso, puede presentar una queja ante el asesor o asesora confidencial. La queja se puede realizar en cualquier forma”, dice el Protocolo.

Relación de asesores confidenciales de los TSJ

“En ningún caso, el asesor o asesora confidencial exigirá a la persona que ha presentado la queja pruebas demostrativas de los hechos en que consiste, o realizará actuaciones instructoras dirigidas a la constatación de esos hechos”.

“Para tramitar la queja -prosigue el Protocolo- el asesor o asesora confidencial, solo o en compañía de la persona que la ha presentado, a elección de ésta, se dirigirá personalmente a la persona a quien se dirige la queja para manifestarle la existencia de una queja sobre su conducta y las responsabilidades disciplinarias en que, de ser ciertas y de reiterarse las conductas objeto de la queja, la persona a quien se dirige la queja podría incurrir, haciéndole saber que la tramitación del procedimiento informal de solución ni es una sanción disciplinaria, ni deja constancia de su tramitación en ningún archivo administrativo, ni supone constatación de los hechos de la queja”.

Realizada la gestión, el asesor o asesora confidencial comunicará su resultado a la persona que ha presentado la queja, transmitiéndole en su caso la explicación que haya dado la persona a quien se dirige la queja, concluyendo así el procedimiento informal de solución.

Procedimiento disciplinario formal

Si los hechos fueran más graves y no encajaran en el procedimiento informal de solución, o si habiéndolo utilizado se hubieran reiterado dichos comportamientos, la persona afectada  puede dirigirse al órgano competente para que se inicie el procedimiento disciplinario formal.

“Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de la comisión del delito de acoso moral tipificado en el artículo 173 del Código Penal, del delito de acoso sexual tipificado en el artículo 184 del Código Penal, o del delito de que se trate de acuerdo con los hechos”, dice el artículo 11.2 de Protocolo.

Los “asesores” tienen un “escrupuloso” deber de secreto, por lo que no pueden ser llamados a declarar en los supuestos en los que se siga contra el agresor un expediente disciplinario en relación con los hechos objeto de la queja.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Protocolo-frente-al-acoso/

http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/COMISI%C3%93N%20DE%20IGUALDAD/PROTOCOLO%20FRENTE%20AL%20ACOSO/FICHEROS/20170203%20Relaci%C3%B3n%20de%20asesores%20confidenciales%20de%20los%20TSJ.pdf

https://confilegal.com/20171226-los-jueces-tienen-protocolo-impedir-acoso-sexual-moral-laboral-parte-otros-jueces/

 

El CGPJ otorgó 434.000 euros a las 4 asociaciones judiciales en 2017

 

Las subvenciones deberían estar prohibidas por ley.

Son una forma de robar el dinero a los ciudadanos para regalarlo a los amiguetes.

Y una vez recibido ese regalo tener controlados y apesebrados a las posibles voces discrepantes. En este caso a los jueces.

¿A santo de qué hemos de financiar entre todos los saraos de una asociación?

-o-o-o-o-

El CGPJ otorgó 434.000 euros a las 4 asociaciones judiciales en 2017

Yolanda Rodríguez Vidales

19 diciembre, 2017

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido en 2017 un total 434.479 euros en subvenciones a las cuatro asociaciones judiciales, lo que supone un incremento cercano al 3 % respecto a 2016.

El Consejo ha informado hoy del dinero destinado a las cuatro asociaciones representativas de jueces, entre las que la mayoritaria, la Asociación Profesional Magistratura (APM) percibió 130.738 euros.

La citada cantidad se otorga en función del número de afiliados, y por tanto la segunda que más dinero recibió fue la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) recibió 118.636 euros.

La asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) obtuvo 104.498 euros, mientras el Foro Judicial Independiente (FJI) consiguió 80.605 euros.

Los conceptos para los que el CGPJ aporta estas retribuciones son los gastos de organización y funcionamiento, la realización de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa, la efectiva implantación en la Carrera Judicial, los resultados de las últimas elecciones a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y las actividades de formación.

Un 2,93% más que en 2016

El año pasado la inversión del CGPJ en las asociaciones fue de 422.124 euros, un 2,93 % menos que este año, y supuso una media de casi el 40 % de los ingresos anuales de dichas organizaciones, según los datos aportados por el órgano de gobierno de los jueces.

Las citadas subvenciones concedidas por el CGPJ representaron el 37,12 por ciento de los ingresos anuales de la Asociación Profesional de la Magistratura; el 34,23 por ciento de los de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; el 40,35 por ciento de los de Juezas y Jueces para la Democracia y el 47,88 por ciento de los de Foro Judicial Independiente.

https://confilegal.com/20171219-el-cgpj-otorgo-434-000-euros-a-las-asociaciones-judiciales-en-2017/

Alaya insinúa que el TSJA absolverá a los exaltos cargos andaluces tras la sentencia que se dicte de los ERE

 

Cómo será el grado de corrupción cuando los propios jueces, no los usuarios de la justicia, denuncian públicamente los cambalaches de la justicia.

-o-o-o-o-

Alaya insinúa que el TSJA absolverá a los exaltos cargos andaluces tras la sentencia que se dicte de los ERE

© EFE Alaya tiene una “incertidumbre fea” sobre el fallo que pueda haber de los ERE

La jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE de Andalucía, ha dicho este jueves que, aunque tiene “la mejor” de las sensaciones ante el juicio actual por esta causa, le genera “una incertidumbre fea” la sentencia que pueda dictar a posteriori la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia andaluz. que será la encargada de conocer los recursos que pongan las partes a la sentencia que ponga la Audiencia.

En una conferencia ofrecida en Valencia sobre independencia judicial, Alaya ha defendido la “exhaustiva” instrucción llevada a cabo desde 2011 contra la supuesta corrupción en el Gobierno andaluz y el hecho de que haya “muchísima prueba documental” con elementos “irrefutables” que la avalan, pero ha advertido sobre la politización de la justicia en general y en este caso en particular.

“Como instructora del caso, mis sensaciones son buenas, lógicamente. Luego, la sentencia que se dicte pasará a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, teniendo en cuenta que un tercio de sus miembros ha sido elegido por el Parlamento autonómico y el presidente del Tribunal, al que tengo todos mis respetos, también es un cargo discrecional”, ha explicado.

“Esa apariencia, aunque sean los mejores profesionales del mundo, es lo que nos quita el sueño a muchos, nos genera una sensación de incertidumbre fea que no querríamos tener”, ha dicho Alaya en la Ciudad de la Justicia de Valencia en el turno de preguntas tras la conferencia “Independencia judicial”, organizada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

La carta sobre Bolaños

Esta jueza de la Audiencia Provincial de Sevilla ha criticado también que se hiciera pública, en 2015, la carta que había remitido al Consejo General del Poder Judicial para rechazar ser sustituida en la instrucción del caso por la jueza María Núñez y donde argumentaba la “estrecha relación” de esta con el entonces consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera.

“Al no tener independencia judicial, pese a haber sido una carta secreta y con un destinatario -el entonces presidente del CGPJ-, se dio con intereses políticos a todos los medios de comunicación. Yo tenía esa sospecha -de la relación entre ambos-, claro”, pues era algo “absolutamente” conocido a su juicio en Sevilla, según Alaya.

Ha criticado la injerencia política para que ella no siguiera instruyendo esta causa para lamentar que los jueces estén “expuestos a todo”. A lo que ha añadido: “Yo no critiqué a esa señora -la juez Núñez-; yo manifesté mis dudas personales a quien tenía que manifestarlas, no al público en general”.

En cuanto al “problema catalán” y las implicaciones que está teniendo para el poder judicial, ha asegurado que “quizás no sea el momento” para debatir sobre la independencia judicial y ha reconocido que esta situación le ha quitado el sueño “muchas noches”.

Asimismo, ha señalado que aunque respeta la ideología de cada uno, ella está al lado de las instituciones públicas y ha asegurado no entender por qué los independentistas catalanes intentan ampararse en el derecho de otros países, como Bélgica, cuando España puede dar ejemplo a esos sistemas procesales.

Por otra parte, ha criticado que los principales cargos judiciales sean nombrados a dedo y ha declarado: “¿Por qué dentro del órgano de gobierno de los jueces hay políticos? Para controlarnos, y porque de ahí depende el nombramiento de cargos”, “un montón de cargos importantes”.

Por ello Alaya apuesta por un Consejo General del Poder Judicial independiente y por que se establezca un baremo objetivo, para que quienes ocupen estos cargos no dependan del poder político.

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/alaya-insin%C3%BAa-que-el-tsja-absolver%C3%A1-a-los-exaltos-cargos-andaluces-tras-la-sentencia-que-se-dicte-de-los-ere/ar-BBGLAzf?ocid=sf

Desestiman una querella contra el juez Penalva y el fiscal Subirán

 

Aunque hay pruebas contundentes la mafia judicial defiende a los suyos y tapa el delito.

Los jueces no pueden juzgarse a si mismos. Han de ser juzgados por un jurado popular.

-o-o-o-o-o-

Desestiman una querella contra el juez Penalva y el fiscal Subirán

Desestiman la querella presentada contra el juez Penalva y el fiscal Subirán. 16-06-2017 | A. Sepúlveda

R.D./ Europa Press | Palma | 11/12/2017

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha notificado este lunes una interlocutoria en la que se acuerda desestimar la querella presentada contra el juez de Instrucción número 12 de Palma Manuel Penalva, al frente del Caso Cursach, y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán por presunta prevaricación en dicha causa.

La querella fue presentada por la hermana de uno de los investigados en la causa. Según la querellante, el juez y el fiscal acordaron la prisión de su hermano, encausado por haber agredido a un testigo, basándose en la declaración de dos testigos protegidos y sin investigar que uno de ellos alteró la realidad.

La sala indica que los hechos en cuestión se investigaron, aunque no fueran admitidos todos los testigos propuestos.

El auto ha sido notificado esta mañana, según han informado fuentes del TSJIB. Además, la Sala ha acordado remitir testimonio de la resolución al Consejo General del Poder Judicial y al Colegio de Abogados de Baleares.

La querella había sido presentada en representación de la hermana de un investigado que se encuentra en prisión preventiva por supuestas amenazas a un testigo protegido de la macrocausa de corrupción policial de Palma. La firmaban dos abogados personados en el caso y acusaban a juez y fiscal de, entre otros delitos, impedir derechos cívicos, falsedad en documento público, falso testimonio, obstrucción a la justicia y prevaricación continuada, todos ellos rechazados por el TSJIB.

A finales del mes pasado, el TSJIB descartó las medidas que los dos letrados habían solicitado para el juez, el fiscal y el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional.

Los querellantes pedían que éstos fueran detenidos y al mismo tiempo liberar a presos preventivos en piezas derivadas de la macrocausa. La querella también solicitaba imponer al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma la obligación de grabar todas las declaraciones y retirar las armas de fuego «de los implicados y sus auxiliares».

En la querella los abogados aportaron una acta notarial con la transcripción de conversaciones de ‘WhatsApp’ entre la testigo protegido número 31 de la macrocausa policial con el juez, el fiscal y algunos miembros del Grupo de Blanqueo.

En la querella se acusaba a Penalva, Subirán y la Policía de impedir el correcto derecho a la defensa por no admitir diligencias y «no querer investigar» circunstancias del caso.

En su resolución, los magistrados del TSJIB descartan estas acusaciones ya que aseguran que «la afirmación de que nunca se quiso investigar» resulta «abiertamente contradicha varias líneas después» porque en el escrito «se afirma que la investigación tuvo lugar en efecto, y que se aceptó la declaración de varios testigos propuestos».

En la querella también se aportó una grabación de sonido «furtiva y clandestina», según el TSJIB, tomada durante la declaración de los testigos, y que también incluía conversaciones entre el juez y el fiscal durante los recesos.

Los magistrados apuntan que esta grabación «se llevó a cabo con deslealtad procesal porque se ocultó intencionadamente y ahora se está empleando sin demasiada buena fe procesal, porque se usa para contraponer lo grabado con lo consignado formalmente en unas actas cuyo contenido fue aceptado sin reparos». La Sala recuerda además que la Ley permite que los testigos lean por sí mismos la diligencias y el derecho a solicitar enmiendas o rectificaciones.

Por otra parte, el TSJIB no aprecia «violencia o intimidación lanzada contra los testigos» en los interrogatorios del juez y el fiscal.

Con todo, los magistrados creen que «no parece ni lógico, ni habitual, ni siquiera imaginable, que un juez y un fiscal se dediquen a perpetrar delitos estando ambos en sede judicial, acompañados de un funcionario, y sabiendo perfectamente que están siendo grabados mediante el sistema oficial».

También rechazan que el fiscal enviara mensajes de ‘whatsapp’ a los policías que se encontraban junto al testigo para señalarle a quiénes debía identificar.

Uno de los abogados amplió la querella con un nuevo escrito en el que afirmaba que la testigo protegido número 31 de la macrocausa se había puesto en contacto con él «de forma absolutamente voluntaria» para hacer entrega de una transcripción de mensajes de texto y archivos de audio de conversaciones con el juez y el fiscal.

El TSJIB recuerda que estas grabaciones y capturas afectan a terceras personas distintas de la querellante -la hermana del hombre en prisión preventiva por agredir a otro testigo- y, destacando «las reservas que se ciernen sobre esta grabación» rechaza que su contenido constituya un delito.

Los magistrados creen que el juez y el fiscal querellados «no habrían pretendido otra cosa que tranquilizar y serenar a la testigo» y no aprecian «siquiera ningún intento de falsear sus declaraciones o de alterar su actuación procesal». «Antes al contrario, se le habría animado a que dijera la verdad y a que no se echase atrás», apostillan.

https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2017/12/11/313089/desestiman-querella-contra-juez-penalva-fiscal-subiran.html

 

El Supremo ratifica la suspensión del juez Indalecio Conde por retrasos injustificados

 

¿Quién resarcirá a los afectados por la negligencia de este juez?

Los jueces han de ser juzgados por el jurado popular.

-o-o-o-o-o-

El Supremo ratifica la suspensión del juez Indalecio Conde por retrasos injustificados

Yolanda Rodríguez Vidales
18 octubre, 2017
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el juez Indalecio Conde González, quien fuera titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra (ya jubilado), que solicitaba que se anulara la sanción impuesta contra él de un año de suspensión para el ejercicio profesional, por retrasos injustificados en sus resoluciones.
Así se ha pronunciado el Supremo a raíz del recurso interpuesto por el juez Indalecio Conde González contra la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2014, que le sancionó por una falta considerada “muy grave” del artículo 417.9 de la Ley del Poder Judicial, por retrasos en sus procedimientos.
Indalecio Conde González presentó un recurso al entender que el acuerdo del CGPJ era contrario a derecho y que, a pesar de estar ya jubilado, se debía anular para restablecer su honor e imagen, “gravemente dañados” por la imposición de una sanción que se consideraba “ilegal e injusta”.
Conde González fue denunciado en ejercicios anteriores por varios particulares a raíz de retrasos reiterados en las sentencias y procedimientos del juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra, del que era titular. Por ello, el CGPJ ordenó una suspensión de un año para el magistrado.
Tal y como recoge el Supremo, está acreditado que se produjo un “retraso reiterado en el dictado de sentencias y autos”, algo que motivó, antes de la suspensión, dos expedientes anteriores, uno que concluyó con una multa de 1.000 euros y otro con una sanción de un mes de suspensión, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2013. En esta ocasión, el Supremo también respalda la sanción.
Entre los argumentos del recurrente, que fueron rechazados por la Sala, estaba el hecho de que los sucesivos expedientes sancionadores “le ocasionaban un efecto contrario al pretendido porque, lejos de estimularle para que demostrara una mayor diligencia en el cumplimiento de sus deberes, le provocaron un estado de angustia y ansiedad que desembocó en una auténtica situación de bloqueo intelectual”.
La iniciativa de Acción Disciplinaria partió de la denuncia de varias personas molestas con los retrasos en sus procedimientos judiciales, “que podría ser de años” y en las distintas ocasiones se le sancionó por la “desatención” y el “retraso injustificado” por parte de Indalecio Conde en su labor diaria al frente del citado juzgado.
Jubilación forzosa
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptó en su reunión del día 26 de noviembre de 2015, declarar la jubilación forzosa por edad del magistrado Indalecio Conde González, con destino en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra.

La magistrada Margarita Robles será la nueva portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados

 

Una muestra más de la separación de poderes y de la independencia judicial de la que gozamos en España.

-o-o-o-o-

La magistrada Margarita Robles será la nueva portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados

Margarita Robles, en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. ALBERTO DI LOLLI

LUIS ÁNGEL SANZ – Madrid – 18 JUN. 2017

La magistrada independiente Margarita Robles será propuesta mañana lunes como la nueva portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, como ha podido saber EL MUNDO. Sólo una sorpresa de última hora podría hacer cambiar de opinión aPedro Sánchez, que propondrá su nombre como portavoz parlamentaria en la primera reunión de la Ejecutiva Federal que tendrá lugar en Ferraz.

Fuentes del entorno del secretario general del PSOE confirman que en la última semana ha dudado entre Adriana Lastra, su candidata inicialmente favorita; Margarita Robles e, incluso, Meritxell Batet, promocionada desde el PSC. Desde siempre, Sánchez quiso a una mujer para enfrentarse a Mariano Rajoy cada miércoles. También a alguien de su máxima confianza, ya que él no es diputado.

Las caras de la nueva Ejecutiva del PSOE

SARA ÁLVAREZ / INMA COBO

Finalmente, ha optado por Robles -por eso ha hecho a Lastra vicesecretaria general-. Considera que por preparación y nivel, puede dar el contrapunto al presidente del Gobierno y representar al PSOE en los grandes debates.

Margarita Robles ha sido magistrada del Tribunal Supremo y secretaria de Estado de Interior en los gobiernos de Felipe González. El año pasado, en junio, aceptó dejar su plaza en el Supremo para ser la número dos de Pedro Sánchez por Madrid.

Margarita Robles no es militante del PSOE, pero tampoco lo fueron otros portavoces anteriores, como José Antonio Alonso.

La primera Ejecutiva Federal de la nueva etapa del PSOE propondrá también al portavoz en el Senado, que casi con toda seguridad será el burgalés Ander Gil, de 43 años, hasta ahora portavoz de Exteriores. En el Parlamento Europeo, volverá a ser portavoz la eurodiputada vallisoletana Iratxe García.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/06/18/5946da2946163fbc5d8b45c8.html

 

Jueces para la Democracia cambia su nombre por el de Juezas y Jueces por la Democracia

 

– Mamá, en el colegio me llaman imbécil.

– ¿Quién hijo?

– Todos y todas los compañeros y compañeras

¿No debería ser juezos y juezas?

Aún así se han olvidado de los juezis y juezus. Los del “lobby gay” ya están tardando en protestar. Ha de ser “Jueces HMLGTBI+ por la democracia”.

Si alguien tenía dudas de que los socios de esta Asociación se mueven por ideología y defienden el llamado uso alternativo del derecho, esta nueva payasada despeja las pocas dudas que había.

Sólo el “para la democracia” les ha retratado desde su fundación. La neolengua descrita por Orwell. Recuerda al República Democrática de Alemania.

Se entiende que el PSOE de Felipe González crease el tercer y cuarto turnos para dar cabida a esta banda de iletrados sectarios. No tardarán en hermanarse con la Asociación de juezas.

El tercer poder del Estado necesita de una limpieza para asegurar su independencia.

-o-o-o-o-

Jueces para la Democracia cambia su nombre por el de Juezas y Jueces por la Democracia

Jueces para la Democracia cambia su nombre por el de Juezas y Jueces por la Democracia
Ignacio González Vega, portavoz de “Juezas y Jueces para la Democracia”, en una foto de espaldas, en el auditorio de Lérida, donde tuvo lugar el Congreso. Twitter JpD.
2 Junio, 2017

La Asociación Jueces para la Democracia(JpD) ha acordado durante la última jornada de su 32º congreso de la asociación, que concluye este viernes en Lleida, cambiar su denominación para dar visibilidad a las mujeres que la integran y pasa a llamarse Juezas y Jueces por la Democracia, según ha anunciado este colectivo en su cuenta de Twitter.

La aprobación del cambio de nombre ha requerido el voto favorable de una mayoría cualificada de dos tercios de los asistentes al congreso, ya que implica una reforma de los estatutos de la asociación.

Por lógica, el logo actual tendrá que ser adaptado a la nueva denominación.

La asociación, fundada en 1984 tras una escisión de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) está constituida por juristas de tendencia progresista.

Su actual portavoz es Ignacio González Vega, que sustituyó en el cargo al magistrado valenciano Joaquim Bosch. EP.

 

https://confilegal.com/20170602-jueces-la-democracia-pasa-llamarse-juezas-jueces-la-democracia/

El CGPJ investigará si el juez Velasco pidió a Ignacio González un trabajo para su mujer

 

No se puede pasar del Poder judicial al Poder Ejecutivo y luego volver al Poder judicial.

La independencia judicial y la separación de poderes quiebran con estas prácticas.

Los favores acaban pagándose.

Los jueces no pueden jugar a la política.

-o-o-o-o-

El CGPJ investigará si el juez Velasco pidió a Ignacio González un trabajo para su mujer

El CGPJ investigará si el juez Velasco pidió a Ignacio González un trabajo para su mujer Foto: EFE | Vídeo: ATLAS

EUROPA PRESS – Madrid – 8 mayo 2017

El promotor de la Acción Disciplinaria pide un informe al juez y excluye un posible chivazato a González por una magistrada

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha incoado diligencias informativas sobre la denuncia realizada por el partidoContrapoder para aclarar si el juez de la operación Lezo, Eloy Velasco, habría solicitado un trabajo para su mujer Beatriz Saura al ex presidente de laComunidad de MadridIgnacio González, a quien ha encarcelado por su presunta implicación en esta trama corrupta.

En el acuerdo del 4 de mayo de 2017 y al que ha tenido acceso Europa Press, el promotor, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, pide un informe al propio titular de del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los hechos denunciados. La información excluye otros hechos denunciados por Contrapoder como “conexos” referidos a un posible chivatazo a González por parte de una magistrada, aunque deduce testimonio para que se investigue si se cometió algún delito.

Precisamente, la denuncia presentada el pasado 26 de abril señala que el instructor del caso Lezo preguntó a González -antes de tomarle declaración como investigado- si consideraba que debía abstenerse de la causa, dada la existencia en el sumario de una grabación en la que el ex presidente de la Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a la esposa del magistrado a petición de éste.

La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una conversación telefónica intervenida a González en las que el ex mandatario madrileño se asombra de la conducta del magistrado, ya que éste le habría pedido en una ocasión que contratara a su esposa. Dicha contratación efectivamente se produjo, como prestadora de los servicios jurídicos para la Consejería de Asuntos Sociales.

Tanto González como su letrado rechazaron entonces que esta circunstancia comprometiera la objetividad del magistrado, por lo que la declaración siguió adelante.

Delito de cohecho impropio, según la denuncia

Según dice Contrapoder en la denuncia, de haberse producido “el hecho de pedir un juez a un político que contrate a su mujer estaríamos ante un delito de cohecho impropio y también ante una falta disciplinaria de carácter muy grave” prevista en el artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) . En concreto, se trataría de “abuso de la condición de juez para obtener prebendas de autoridades o profesionales”, según los denunciantes.

La formación política considera que Velasco debería haberse abstenido de la investigación de este caso “por estar comprometido en el deber de devolver el favor que le hizo el investigado a su familia contratando a su mujer en la entidad pública que dirigía”.

Por otro lado, el promotor excluye de esa petición de informe otros hechos denunciados como “conexos” referidos a un posible chivatazo a González y otros implicados en la operación Lezo por parte de una magistrada de que estaban siendo investigados. Según Fonseca-Herrero, estos hechos “no guardan relación de ningún tipo con el objeto real de la denuncia”.

“Amiga de la casa”

Aún así, cree que sí “parecen estar relacionados con el objeto del proceso penal” que investiga Velasco, por lo que afirma que se deducirá testimonio “por si los mismos pudieran constituir algún tipo de infracción penal”.

Para Contrapoder, esta filtración supone la comisión de un delito de revelación de secretos, ya que la magistrada “amiga de la casa” que advirtió al ex presidente de la Comunidad de Madrid del pinchazo de su teléfono “tuvo que recibir la información de persona directamente implicada en la investigación”, haciendo alusión a Velasco.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/05/08/591060c4ca4741a7218b45c1.html

 

El juez desoye la petición de investigar el chivatazo a Ignacio González

 

Hay quien califica al corporativismo judicial como mafia dado como se protegen entre ellos y los numerosos vínculos familiares entre los miembros de la judicatura.

No es de extrañar que el juez Velasco se niegue a investigar qué juez dio el chivatazo a González. Esto es, quién delinquió.

-o-o-o-o-

El juez desoye la petición de investigar el chivatazo a Ignacio González

FERNANDO LÁZARO – 8 may. 2017

Ignacio González, el pasado 21 de abril, cuando era trasladado desde la Comandancia de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional para prestar declaración. JAVIER BARBANCHO

La Guardia Civil pidió abrir una pieza separada, pero Eloy Velasco no la ha hecho

Aguirre dio ayudas al ex gerente del Canal para sus negocios

OHL admite transferencias de 1,8 millones de euros a la cuenta suiza que el juez vincula a Ignacio González

En el curso de la investigación que dio lugar a laoperación Lezo, los agentes de laUnidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detectaron que Ignacio González podía estar recibiendo información «privilegiada» sobre el caso. Los operativos situaron a principios de año el momento en que el ex presidente de la Comunidad de Madrid pudo empezar a recibir datos de que estaba bajo vigilancia.

Los responsables del operativo contactaron con el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y le advirtieron de esta situación. Además, le reclamaron que abriera una pieza separada dentro del sumario para poder indagar el origen de las filtraciones. La solicitud de los agentes de la UCO al juez se llegó a producir por escrito, según explicaron fuentes cercanas a esta investigación.

Sin embargo, hasta hoy Velasco no ha dado el visto bueno para que exista una pieza separada para que la Guardia Civil pueda avanzar en la identificación de quiénes pudieron llevar a cabo el chivatazoa González, poniendo con ello en riesgo toda la investigación sobre la corrupción en torno al Canal de Isabel II.

Esta decisión de desoír las peticiones de la UCO ha generado malestar entre los investigadores, que entienden que es prioritario despejar estas incógnitas sobre los chivatazos. No comprenden por qué el instructor no abre esa pieza separada.

Los agentes detectaron primero que el investigado, que era pródigo en sus contactos telefónicos y no guardaba medidas de seguridad, de repente cambió su pauta de comportamiento y cercenó sus comunicaciones telefónicas. En ese momento, los especialistas alertaron de que se había podido producir una delación de las pesquisas al investigado o a su entorno. Los agentes entienden que los avisos no ha tenido que recibirlos directamente el propio González y abren el abanico al resto de los investigados en este causa.

En aquel momento, según estas fuentes, los operativos le plantearon al juez una medida muy extraordinaria: acceder a la oficina profesional que en ese momento utilizaba el ex presidente de la Comunidad de Madrid y colocarle un micrófono.

Para entonces, fruto de las intervenciones telefónicas que ya se estaban realizando, los agentes conocían muchos datos. Sabían por ejemplo que en una conversación dos de los investigados hablaban de una «magistrada amiga» que les había dicho que la Guardia Civil estaba ya sobre la pista del ex presidente madrileño.

También tuvieron conocimiento de la reunión que Pablo González, hermano de Ignacio, mantuvo con un secretario de Estado. Tras sus averiguaciones supieron que ese encuentro, que se celebró 40 días antes de que se explotara la operación Lezo, fue con el número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto. Fue el propio secretario de Estado de Seguridad el que, cuando trascendió que existía un contacto con un representante del Gobierno, avisó a su ministro de que él había mantenido un encuentro con el hermano del ex presidente.

Nieto, que compareció en el Parlamento a petición propia, explicó que esa reunión se produjo a petición de González y para tratar temas relacionados con su gestiones mercantiles, nada que ver con la operación Lezo. Nieto aseguró en la Cámara que en aquella fecha no tenía ni idea de que la Guardia Civil estaba investigando a Ignacio González, que los agentes de la UCO solo le avisan, como mucho, con un margen semanal de las actuaciones que pretende llevar a cabo.

La entrevista de Nieto no ha estado bajo sospecha policial, según explican estas fuentes. La Guardia Civil no centra sus sospechas del chivatazo en el número dos de Interior. La unidad investigadora sabe perfectamente en qué momento fue informado Nieto de la explotación de Lezo, y la explicación que dio en el Congreso el responsable de Interior les cuadra con sus datos.

Su preocupación está centrada en esa «magistrada amiga», que está en laAudiencia Nacional. Los agentes de la UCO sospechan que es esa juez la que pudo proporcionar la información sobre las pesquisas secretas. Es más, sobre la mesa tienen nombres. Por ese motivo, aún insisten más a Velasco para que aclare el papel de esa magistrada.

Tras el presunto chivatazo, tanto González como su entorno intentaron contactar con responsables policiales y judiciales para confirmar el alcance de las investigaciones.

Los implicados llegaron a saber que las pesquisas superaban con mucho la denuncia que el equipo de Cristina Cifuentes había entregado a la Fiscalía Anticorrupción en el verano de 2016. En las intervenciones, varios de los investigados llegaron a alertar en sus llamadas de que sus teléfonos podrían estar pinchados.

Los investigadores sospechan que las alertas recibidas por los investigados, además de provocar modificaciones en sus comportamientos, les pudo permitir deshacerse de material sensible.

Los pinchazos también desvelan la esperanza que tenía González en el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción. Lo consideraba favorable a las tesis del PP y confiaba en que, en cierta forma, frenara la investigación sobre su ático.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/05/08/590f4900e2704ed3078b4576.html

Nuevas remesas de subvenciones a los partidos políticos firmadas por una juez

 

Los partidos políticos viven del dinero del erario público.

En esta ocasión reciben subvenciones para los “gastos de funcionamiento ordinario” y para “gastos de seguridad”.

Quien firma las resoluciones es la Directora General de Política Interior, María Cristina Díaz Márquez. Juez de carrera, ha alternado sus destinos como juez con cargos en el Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior y Comunidad de Madrid.

La separación de poderes y la independencia judicial no parecen cumplirse.

Casualmente también está relacionada con el llamado cuarto poder, la prensa. Es la novia del periodista Carlos Herrera.

Caso paradigmático de la “separación” de poderes.

Dentro de algún tiempo volverá a la judicatura.

A esto hay que añadir la facilidad con la que los políticos ocupan cargos en grandes empresas que previamente han obtenido jugosos contratos de la Administración.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5026

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5027

http://www.interior.gob.es/el-ministerio/biografias-de-altos-cargos/cristina-diaz-marquez

http://projusticia.es/ayer-tuvimos-reunion-en-la-consejeria-de-justicia/