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El Supremo ratifica la suspensión del juez Indalecio Conde por retrasos injustificados

 

¿Quién resarcirá a los afectados por la negligencia de este juez?

Los jueces han de ser juzgados por el jurado popular.

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El Supremo ratifica la suspensión del juez Indalecio Conde por retrasos injustificados

Yolanda Rodríguez Vidales
18 octubre, 2017
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el juez Indalecio Conde González, quien fuera titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra (ya jubilado), que solicitaba que se anulara la sanción impuesta contra él de un año de suspensión para el ejercicio profesional, por retrasos injustificados en sus resoluciones.
Así se ha pronunciado el Supremo a raíz del recurso interpuesto por el juez Indalecio Conde González contra la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2014, que le sancionó por una falta considerada “muy grave” del artículo 417.9 de la Ley del Poder Judicial, por retrasos en sus procedimientos.
Indalecio Conde González presentó un recurso al entender que el acuerdo del CGPJ era contrario a derecho y que, a pesar de estar ya jubilado, se debía anular para restablecer su honor e imagen, “gravemente dañados” por la imposición de una sanción que se consideraba “ilegal e injusta”.
Conde González fue denunciado en ejercicios anteriores por varios particulares a raíz de retrasos reiterados en las sentencias y procedimientos del juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra, del que era titular. Por ello, el CGPJ ordenó una suspensión de un año para el magistrado.
Tal y como recoge el Supremo, está acreditado que se produjo un “retraso reiterado en el dictado de sentencias y autos”, algo que motivó, antes de la suspensión, dos expedientes anteriores, uno que concluyó con una multa de 1.000 euros y otro con una sanción de un mes de suspensión, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en julio de 2013. En esta ocasión, el Supremo también respalda la sanción.
Entre los argumentos del recurrente, que fueron rechazados por la Sala, estaba el hecho de que los sucesivos expedientes sancionadores “le ocasionaban un efecto contrario al pretendido porque, lejos de estimularle para que demostrara una mayor diligencia en el cumplimiento de sus deberes, le provocaron un estado de angustia y ansiedad que desembocó en una auténtica situación de bloqueo intelectual”.
La iniciativa de Acción Disciplinaria partió de la denuncia de varias personas molestas con los retrasos en sus procedimientos judiciales, “que podría ser de años” y en las distintas ocasiones se le sancionó por la “desatención” y el “retraso injustificado” por parte de Indalecio Conde en su labor diaria al frente del citado juzgado.
Jubilación forzosa
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptó en su reunión del día 26 de noviembre de 2015, declarar la jubilación forzosa por edad del magistrado Indalecio Conde González, con destino en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra.

La magistrada Margarita Robles será la nueva portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados

 

Una muestra más de la separación de poderes y de la independencia judicial de la que gozamos en España.

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La magistrada Margarita Robles será la nueva portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados

Margarita Robles, en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. ALBERTO DI LOLLI

LUIS ÁNGEL SANZ – Madrid – 18 JUN. 2017

La magistrada independiente Margarita Robles será propuesta mañana lunes como la nueva portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, como ha podido saber EL MUNDO. Sólo una sorpresa de última hora podría hacer cambiar de opinión aPedro Sánchez, que propondrá su nombre como portavoz parlamentaria en la primera reunión de la Ejecutiva Federal que tendrá lugar en Ferraz.

Fuentes del entorno del secretario general del PSOE confirman que en la última semana ha dudado entre Adriana Lastra, su candidata inicialmente favorita; Margarita Robles e, incluso, Meritxell Batet, promocionada desde el PSC. Desde siempre, Sánchez quiso a una mujer para enfrentarse a Mariano Rajoy cada miércoles. También a alguien de su máxima confianza, ya que él no es diputado.

Las caras de la nueva Ejecutiva del PSOE

SARA ÁLVAREZ / INMA COBO

Finalmente, ha optado por Robles -por eso ha hecho a Lastra vicesecretaria general-. Considera que por preparación y nivel, puede dar el contrapunto al presidente del Gobierno y representar al PSOE en los grandes debates.

Margarita Robles ha sido magistrada del Tribunal Supremo y secretaria de Estado de Interior en los gobiernos de Felipe González. El año pasado, en junio, aceptó dejar su plaza en el Supremo para ser la número dos de Pedro Sánchez por Madrid.

Margarita Robles no es militante del PSOE, pero tampoco lo fueron otros portavoces anteriores, como José Antonio Alonso.

La primera Ejecutiva Federal de la nueva etapa del PSOE propondrá también al portavoz en el Senado, que casi con toda seguridad será el burgalés Ander Gil, de 43 años, hasta ahora portavoz de Exteriores. En el Parlamento Europeo, volverá a ser portavoz la eurodiputada vallisoletana Iratxe García.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/06/18/5946da2946163fbc5d8b45c8.html

 

Jueces para la Democracia cambia su nombre por el de Juezas y Jueces por la Democracia

 

– Mamá, en el colegio me llaman imbécil.

– ¿Quién hijo?

– Todos y todas los compañeros y compañeras

¿No debería ser juezos y juezas?

Aún así se han olvidado de los juezis y juezus. Los del “lobby gay” ya están tardando en protestar. Ha de ser “Jueces HMLGTBI+ por la democracia”.

Si alguien tenía dudas de que los socios de esta Asociación se mueven por ideología y defienden el llamado uso alternativo del derecho, esta nueva payasada despeja las pocas dudas que había.

Sólo el “para la democracia” les ha retratado desde su fundación. La neolengua descrita por Orwell. Recuerda al República Democrática de Alemania.

Se entiende que el PSOE de Felipe González crease el tercer y cuarto turnos para dar cabida a esta banda de iletrados sectarios. No tardarán en hermanarse con la Asociación de juezas.

El tercer poder del Estado necesita de una limpieza para asegurar su independencia.

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Jueces para la Democracia cambia su nombre por el de Juezas y Jueces por la Democracia

Jueces para la Democracia cambia su nombre por el de Juezas y Jueces por la Democracia
Ignacio González Vega, portavoz de “Juezas y Jueces para la Democracia”, en una foto de espaldas, en el auditorio de Lérida, donde tuvo lugar el Congreso. Twitter JpD.
2 Junio, 2017

La Asociación Jueces para la Democracia(JpD) ha acordado durante la última jornada de su 32º congreso de la asociación, que concluye este viernes en Lleida, cambiar su denominación para dar visibilidad a las mujeres que la integran y pasa a llamarse Juezas y Jueces por la Democracia, según ha anunciado este colectivo en su cuenta de Twitter.

La aprobación del cambio de nombre ha requerido el voto favorable de una mayoría cualificada de dos tercios de los asistentes al congreso, ya que implica una reforma de los estatutos de la asociación.

Por lógica, el logo actual tendrá que ser adaptado a la nueva denominación.

La asociación, fundada en 1984 tras una escisión de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) está constituida por juristas de tendencia progresista.

Su actual portavoz es Ignacio González Vega, que sustituyó en el cargo al magistrado valenciano Joaquim Bosch. EP.

 

https://confilegal.com/20170602-jueces-la-democracia-pasa-llamarse-juezas-jueces-la-democracia/

El CGPJ investigará si el juez Velasco pidió a Ignacio González un trabajo para su mujer

 

No se puede pasar del Poder judicial al Poder Ejecutivo y luego volver al Poder judicial.

La independencia judicial y la separación de poderes quiebran con estas prácticas.

Los favores acaban pagándose.

Los jueces no pueden jugar a la política.

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El CGPJ investigará si el juez Velasco pidió a Ignacio González un trabajo para su mujer

El CGPJ investigará si el juez Velasco pidió a Ignacio González un trabajo para su mujer Foto: EFE | Vídeo: ATLAS

EUROPA PRESS – Madrid – 8 mayo 2017

El promotor de la Acción Disciplinaria pide un informe al juez y excluye un posible chivazato a González por una magistrada

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha incoado diligencias informativas sobre la denuncia realizada por el partidoContrapoder para aclarar si el juez de la operación Lezo, Eloy Velasco, habría solicitado un trabajo para su mujer Beatriz Saura al ex presidente de laComunidad de MadridIgnacio González, a quien ha encarcelado por su presunta implicación en esta trama corrupta.

En el acuerdo del 4 de mayo de 2017 y al que ha tenido acceso Europa Press, el promotor, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, pide un informe al propio titular de del Juzgado Central de Instrucción número 6 sobre los hechos denunciados. La información excluye otros hechos denunciados por Contrapoder como “conexos” referidos a un posible chivatazo a González por parte de una magistrada, aunque deduce testimonio para que se investigue si se cometió algún delito.

Precisamente, la denuncia presentada el pasado 26 de abril señala que el instructor del caso Lezo preguntó a González -antes de tomarle declaración como investigado- si consideraba que debía abstenerse de la causa, dada la existencia en el sumario de una grabación en la que el ex presidente de la Comunidad de Madrid aseguraba que en el pasado había contratado a la esposa del magistrado a petición de éste.

La denuncia de Contrapoder alude a informaciones periodísticas sobre una conversación telefónica intervenida a González en las que el ex mandatario madrileño se asombra de la conducta del magistrado, ya que éste le habría pedido en una ocasión que contratara a su esposa. Dicha contratación efectivamente se produjo, como prestadora de los servicios jurídicos para la Consejería de Asuntos Sociales.

Tanto González como su letrado rechazaron entonces que esta circunstancia comprometiera la objetividad del magistrado, por lo que la declaración siguió adelante.

Delito de cohecho impropio, según la denuncia

Según dice Contrapoder en la denuncia, de haberse producido “el hecho de pedir un juez a un político que contrate a su mujer estaríamos ante un delito de cohecho impropio y también ante una falta disciplinaria de carácter muy grave” prevista en el artículo 417.13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) . En concreto, se trataría de “abuso de la condición de juez para obtener prebendas de autoridades o profesionales”, según los denunciantes.

La formación política considera que Velasco debería haberse abstenido de la investigación de este caso “por estar comprometido en el deber de devolver el favor que le hizo el investigado a su familia contratando a su mujer en la entidad pública que dirigía”.

Por otro lado, el promotor excluye de esa petición de informe otros hechos denunciados como “conexos” referidos a un posible chivatazo a González y otros implicados en la operación Lezo por parte de una magistrada de que estaban siendo investigados. Según Fonseca-Herrero, estos hechos “no guardan relación de ningún tipo con el objeto real de la denuncia”.

“Amiga de la casa”

Aún así, cree que sí “parecen estar relacionados con el objeto del proceso penal” que investiga Velasco, por lo que afirma que se deducirá testimonio “por si los mismos pudieran constituir algún tipo de infracción penal”.

Para Contrapoder, esta filtración supone la comisión de un delito de revelación de secretos, ya que la magistrada “amiga de la casa” que advirtió al ex presidente de la Comunidad de Madrid del pinchazo de su teléfono “tuvo que recibir la información de persona directamente implicada en la investigación”, haciendo alusión a Velasco.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/05/08/591060c4ca4741a7218b45c1.html

 

El juez desoye la petición de investigar el chivatazo a Ignacio González

 

Hay quien califica al corporativismo judicial como mafia dado como se protegen entre ellos y los numerosos vínculos familiares entre los miembros de la judicatura.

No es de extrañar que el juez Velasco se niegue a investigar qué juez dio el chivatazo a González. Esto es, quién delinquió.

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El juez desoye la petición de investigar el chivatazo a Ignacio González

FERNANDO LÁZARO – 8 may. 2017

Ignacio González, el pasado 21 de abril, cuando era trasladado desde la Comandancia de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional para prestar declaración. JAVIER BARBANCHO

La Guardia Civil pidió abrir una pieza separada, pero Eloy Velasco no la ha hecho

Aguirre dio ayudas al ex gerente del Canal para sus negocios

OHL admite transferencias de 1,8 millones de euros a la cuenta suiza que el juez vincula a Ignacio González

En el curso de la investigación que dio lugar a laoperación Lezo, los agentes de laUnidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detectaron que Ignacio González podía estar recibiendo información «privilegiada» sobre el caso. Los operativos situaron a principios de año el momento en que el ex presidente de la Comunidad de Madrid pudo empezar a recibir datos de que estaba bajo vigilancia.

Los responsables del operativo contactaron con el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y le advirtieron de esta situación. Además, le reclamaron que abriera una pieza separada dentro del sumario para poder indagar el origen de las filtraciones. La solicitud de los agentes de la UCO al juez se llegó a producir por escrito, según explicaron fuentes cercanas a esta investigación.

Sin embargo, hasta hoy Velasco no ha dado el visto bueno para que exista una pieza separada para que la Guardia Civil pueda avanzar en la identificación de quiénes pudieron llevar a cabo el chivatazoa González, poniendo con ello en riesgo toda la investigación sobre la corrupción en torno al Canal de Isabel II.

Esta decisión de desoír las peticiones de la UCO ha generado malestar entre los investigadores, que entienden que es prioritario despejar estas incógnitas sobre los chivatazos. No comprenden por qué el instructor no abre esa pieza separada.

Los agentes detectaron primero que el investigado, que era pródigo en sus contactos telefónicos y no guardaba medidas de seguridad, de repente cambió su pauta de comportamiento y cercenó sus comunicaciones telefónicas. En ese momento, los especialistas alertaron de que se había podido producir una delación de las pesquisas al investigado o a su entorno. Los agentes entienden que los avisos no ha tenido que recibirlos directamente el propio González y abren el abanico al resto de los investigados en este causa.

En aquel momento, según estas fuentes, los operativos le plantearon al juez una medida muy extraordinaria: acceder a la oficina profesional que en ese momento utilizaba el ex presidente de la Comunidad de Madrid y colocarle un micrófono.

Para entonces, fruto de las intervenciones telefónicas que ya se estaban realizando, los agentes conocían muchos datos. Sabían por ejemplo que en una conversación dos de los investigados hablaban de una «magistrada amiga» que les había dicho que la Guardia Civil estaba ya sobre la pista del ex presidente madrileño.

También tuvieron conocimiento de la reunión que Pablo González, hermano de Ignacio, mantuvo con un secretario de Estado. Tras sus averiguaciones supieron que ese encuentro, que se celebró 40 días antes de que se explotara la operación Lezo, fue con el número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto. Fue el propio secretario de Estado de Seguridad el que, cuando trascendió que existía un contacto con un representante del Gobierno, avisó a su ministro de que él había mantenido un encuentro con el hermano del ex presidente.

Nieto, que compareció en el Parlamento a petición propia, explicó que esa reunión se produjo a petición de González y para tratar temas relacionados con su gestiones mercantiles, nada que ver con la operación Lezo. Nieto aseguró en la Cámara que en aquella fecha no tenía ni idea de que la Guardia Civil estaba investigando a Ignacio González, que los agentes de la UCO solo le avisan, como mucho, con un margen semanal de las actuaciones que pretende llevar a cabo.

La entrevista de Nieto no ha estado bajo sospecha policial, según explican estas fuentes. La Guardia Civil no centra sus sospechas del chivatazo en el número dos de Interior. La unidad investigadora sabe perfectamente en qué momento fue informado Nieto de la explotación de Lezo, y la explicación que dio en el Congreso el responsable de Interior les cuadra con sus datos.

Su preocupación está centrada en esa «magistrada amiga», que está en laAudiencia Nacional. Los agentes de la UCO sospechan que es esa juez la que pudo proporcionar la información sobre las pesquisas secretas. Es más, sobre la mesa tienen nombres. Por ese motivo, aún insisten más a Velasco para que aclare el papel de esa magistrada.

Tras el presunto chivatazo, tanto González como su entorno intentaron contactar con responsables policiales y judiciales para confirmar el alcance de las investigaciones.

Los implicados llegaron a saber que las pesquisas superaban con mucho la denuncia que el equipo de Cristina Cifuentes había entregado a la Fiscalía Anticorrupción en el verano de 2016. En las intervenciones, varios de los investigados llegaron a alertar en sus llamadas de que sus teléfonos podrían estar pinchados.

Los investigadores sospechan que las alertas recibidas por los investigados, además de provocar modificaciones en sus comportamientos, les pudo permitir deshacerse de material sensible.

Los pinchazos también desvelan la esperanza que tenía González en el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción. Lo consideraba favorable a las tesis del PP y confiaba en que, en cierta forma, frenara la investigación sobre su ático.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/05/08/590f4900e2704ed3078b4576.html

Nuevas remesas de subvenciones a los partidos políticos firmadas por una juez

 

Los partidos políticos viven del dinero del erario público.

En esta ocasión reciben subvenciones para los “gastos de funcionamiento ordinario” y para “gastos de seguridad”.

Quien firma las resoluciones es la Directora General de Política Interior, María Cristina Díaz Márquez. Juez de carrera, ha alternado sus destinos como juez con cargos en el Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior y Comunidad de Madrid.

La separación de poderes y la independencia judicial no parecen cumplirse.

Casualmente también está relacionada con el llamado cuarto poder, la prensa. Es la novia del periodista Carlos Herrera.

Caso paradigmático de la “separación” de poderes.

Dentro de algún tiempo volverá a la judicatura.

A esto hay que añadir la facilidad con la que los políticos ocupan cargos en grandes empresas que previamente han obtenido jugosos contratos de la Administración.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5026

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5027

http://www.interior.gob.es/el-ministerio/biografias-de-altos-cargos/cristina-diaz-marquez

http://projusticia.es/ayer-tuvimos-reunion-en-la-consejeria-de-justicia/

 

La jueza Alaya: “Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid”

 

La jueza Alaya: “Los fiscales no mueven un dedo si no reciben órdenes desde Madrid”

Foto: KIKE TABERNER  Mercedes Alaya. Foto: KIKE TABERNER

La magistrada afirma que la injerencia política en la Justicia es total: “No se me permitió quedarme (en el caso ERE) por un voto unánime de PP y PSOE en el CGPJ”

Loreto Ochando

27/04/2017

VALÈNCIA. Mercedes Alaya, conocida como la jueza de los ERE de Andalucía, pronunció este miércoles una conferencia en el Hotel Las Arenas de València, organizada porForo de Opinión Cívico de la Cominidad Valenciana. Fiel a su imagen de no casarse con nadie, la magistrada del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no dejó títere con cabeza. Tuvo para todos: cúpula judicial, Fiscalía, medios de comunicación y políticos.

Al ser preguntada sobre las grabaciones entre el expresidente madrileño Ignacio González y el que fue su homólogo valenciano Eduardo Zaplana en las que hablan de poner y quitar jueces, la magistrada afirmó: “Claro que mueven los jueces a su antojo. Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE, y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

Alaya con respecto a estas declaraciones, primero pensó que se hablaba de mover fiscales,  sobre lo que dijo que, “no se puede utilizar a los fiscales como lacayos”, a lo que añadió que “no pueden existir cosas como las que hemos visto con un ministro del Interior”.

Críticas a la Fiscalía

Si hubo alguna institución contra la que la juez Alaya apuntó durante su disertación, sin duda fue contra la Fiscalía. Con respecto a los fiscales Anticorrupción aseguró que “no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid, porque lo he vivido”, dijo en clara referencia al caso de los ERE. Explicó que “el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la jerarquía y la unidad de actuación”. “El Gobierno elige al fiscal general del Estado, y este a los de Anticorrupción. El Gobierno está presente en todos los casos de corrupción”.

Y añadió que “los fiscales son implacables en los delitos comunes, pero no se comportan de la misma manera en los casos de corrupción”.

En referencia a la posibilidad de que sean los representantes del Ministerio Público los que lleven la instrucción, actualmente en manos de los jueces, la juez estrella andaluza sostiene que “conceder la instrucción a un Ministerio Fiscal absolutamente politizado dejará al juez como si fuese una figura de piedra. No hay garantías de que nos llegue la realidad de lo que se ha investigado”.

Alaya, durante la conferencia. Foto: KIKE TABERNER

Alaya, durante la conferencia. Foto: KIKE TABERNER

Pero los dardos contra sus compañeros no finalizaron ahí. La juez aseveró que “si se revocan las causas (audiencias provinciales) es porque el fiscal se implica poco”. O con respecto a la Ley de Plazos, seis meses para causas simples y 18 para complejas, Alaya aseguró que “se limitan los plazos, pero se le dan las llaves al Ministerio Fiscal que no se mojan en las investigaciones judiciales y se mantienen al margen”, en referencia a que son ellos los que deben solicitar las prórrogas.

Por ello, la juez ahora apartada de los ERE por las continuas discusiones con la magistrada titular del juzgado que lleva esta causa, explica dice que “es necesario que el pueblo se involucre (acusación popular), porque nos podemos encontrar que el fiscal ponga fin a una investigación siguiendo órdenes del Gobierno”.

Asociaciones, partidos y medios

Tampoco sus propios compañeros magistrados se libraron de las críticas de Alaya, que explicó que aunque respeta, y mucho, a las asociaciones judiciales, no está asociada porque no está de acuerdo con el sistema.

Alaya tuvo balas para todos. En referencia a los partidos políticos, la juez andaluza afirmó que “tras el 15M hay un pacto de no agresión entre los grandes partidos para asegurarse la supervivencia”. Pero la juez, famosa por los ERE de Andalucía, traslada es pacto de no agresión a su tierra, de la que afirma que PP y PSOE  vienen a decir: “no comentes mis abusos, yo no comento los tuyos”.

Los medios de comunicación no salieron mejor parados que la Fiscalía o los partidos políticos. Según Alaya, “los medios de comunicación están a favor del poder”. “Los partidos políticos dan órdenes para hablar muy poco de temas judiciales”, añadió.

Soluciones

Las soluciones a todos los problemas que acucian a la Justicia para ella son: Un consejo General del Poder Judicial elegido por jueces; que la elección del fiscal general del Estado garantice su independencia; autonomía presupuestaria; un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas para evitar que “ningún procedimiento pueda ser moneda de cambio para pactos entre partidos, algo que está ocurriendo”, según manifestó.

http://valenciaplaza.com/jueza-alaya-valencia

Eloy Velasco, juez de la ‘Operación Lezo’: “Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino”

 

Conviene recordar que este juez dejó la judicatura para dedicarse a la política y luego volver a la política. Algo que debería estar prohibido. Al igual que Baltasar Garzón parece que sólo busque la venganza sobre quienes no cumplieron lo que le prometieron.

Habla de cumplir la ley y de que ésta emana del pueblo pero se niega a admitir una querella contra Pérez del Campo en base a mentiras palmarias. Más bien parece que ve la realidad con gafas polarizadas y aplica la ley según su criterio personal e intereses, algo común en la mayoría de los jueces ya que no tienen un órgano que les fiscalice y sancione pues tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial no realizan esa labor.

La entrevista no tiene desperdicio.

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Eloy Velasco, juez de la ‘Operación Lezo’: “Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino”

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado...

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado miércoles en la sede madrileña de la Deusto Business School. ANTONIO HEREDIA

“Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político”

“Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior”

“Un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional precisa más medios”

Carlos Segovia – 23 abril 2017

Eloy Velasco (Bilbao, 1963) es el juez del momento, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Respetó su compromiso previo de conceder esta entrevista a EL MUNDO, pese a que tuvo lugar el pasado miércoles tras lanzar la operación Lezo. La entrevista había sido concertada con motivo de una conferencia organizada por la Deusto Business School sobre el libro que ha escrito con su esposa Beatriz Saura llamado Cuestiones Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance. Velasco quiere que cale que la reforma penal permite incluso disolver empresas o partidos políticos cuando sus dirigentes incurren en delitos. Rechazó desde el principio comentar la Operación Lezo y el resto de procedimientos en curso que instruye, pero confirma sus planes de futuro y no se muerde la lengua en temas relevantes.

¿Qué opina al menos de la situación de la corrupción en España?
No quiero contestar a eso, porque se puede hacer una lectura sobre casos concretos. Prefiero hablar sobre la importancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Gracias por entenderlo.
Pero está relacionado…
Es uno de los muchos delitos en que puede incurrir una persona jurídica.
¿Cree que hay arsenal jurídico suficiente para castigar a las personas jurídicas delincuentes en España con incluso la disolución?
La disolución es una pena prevista. Es la muerte de la empresa. Para las instrumentales que se usan torticeramente para hacer trampas no es mala solución, pero para las que tienen vocación de permanencia y plantilla de trabajadores, no parece que sea la más adecuada. En la importante sentencia de 29 de febrero de 2016, que llamamos «la bisiesta», el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional, que condenó a la disolución de una empresa con 100 trabajadores. El Supremo prefirió otra opción menos grave como es la sanción. Es importante que no es sólo responsabilidad de las empresas, hay personas jurídicas como son las fundaciones, los partidos, los sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro como puede ser la Iglesia, los equipos de fútbol… El Barcelona ya tiene condena y es el primer equipo que está jugando con antecedentes penales, el Osasuna está siendo investigado, están apareciendo los fraudes en las apuestas en Tercera División… Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido.
¿A un partido político?
Es muy importante que el mensaje no va solo a las empresas, sino a cualquier persona jurídica, salvo al Estado, y que se pueden graduar las distintas sanciones. La normal es la de multa y la más drástica la de la disolución, pero hay otras formas intermedias. Lo que ha querido el legislador es llevarlo al terreno penal y no al administrativo como en Italia o Alemania. Han decidido que el empresario tiene que poner procedimientos para evitar casos como el de Enron. Tiene que ser el empresario el que ponga los costes de la prevención. Eso sí, el plan de prevención de delitos ocompliance es voluntario. El premio es que el que haya hecho planes puede llegar a ser eximido de la acción penal o le puede atenuar la responsabilidad con la correspondiente graduación de la multa.
¿Y en los partidos políticos?
Para los partidos políticos sí es obligatorio. Con la reforma que hizo Rajoy sobre partidos políticos, que introdujo delito de financiación, les obligó a tener planes de prevención.
Entonces nunca veremos la disolución de un partido político, porque tendrá el eximente de contar con un plan de prevención…
Son cosas distintas, un partido puede tener un plan de compliance, pero pese a eso puede que alguien que lo conoce, evite esos controles fraudulentamente y cometa delito. Si es directivo y lo hace para procurar un beneficio al partido, será el partido el que comete el delito. El responsable arrastra a la responsabilidad del conjunto. Es que lo que hace el presidente del Gobierno es como si lo hiciera el Gobierno y lo que hace el representante de la empresa es como si hiciera la empresa. Luego es verdad que los accionistas de una empresa pueden emprender acciones contra el directivo y pedirle que les indemnice.
Disolver a un partido sería privar a los militantes de una fuerza política…
Sí, podría ser interpretado como una interferencia en la expresión política, pero hay otras alternativas. Otras penas son prohibir actividades temporalmente, cerrar locales de una parte del país…
Si no quiere hablar de casos concretos, ¿puede aclarar al menos si va a dejar su actual puesto?
Sí. He pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso.
Pero puede dejar casos importantes empantanados…
Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor.
Pero así se ralentizan los procesos judiciales…
Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser.
Hay que bajar el déficit público…
Ya pero en un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional pedí un refuerzo y me lo pusieron seis meses. Es ridículo que lo pongan por un plazo tan corto y eso que el compañero trabajó perfectamente. Ahora se ha ofrecido a echarme una mano, pero no es legal que dos jueces funcionen a la vez si no están nombrados por el Consejo. La Audiencia Nacional necesita más medios.
¿Por eso se quiere ir?
Y porque llevo 10 años en la Audiencia Nacional de mis 30 años de juez. Voy a seguir en la Audiencia Nacional, pero haciendo otro trabajo ya. Ya tengo mis años y estar siempre de guardia… En este trabajo te llaman a las dos de la mañana. Estábamos de vacaciones en esta Semana Santa y me llamaron… Pero al servicio que me he pedido de la Sala de Apelaciones no llaman. Es a los jueces instructores a los que nos mueven más. Si consigo el puesto, es menos de actuar y más de escribir.
¿Se va porque le afectan las críticas a sus decisiones?
La crítica me es indiferente, si no es a mí será al siguiente.
Es preocupante que jueces con tanta experiencia quieran dejarlo…
Desde la Sala de Apelaciones tener experiencia es importante y sólo el que ha sido antes instructor sabe cómo está conseguida una prueba. Por ejemplo, cuando veo que la Audiencia Provincial de Navarra dice que no hay kale borroka en unos actos que llama de orden público en Pamplona, en contra de la Audiencia Nacional que se dedica al terrorismo… Eso es banalizarlo y demuestra que no se dedican al terrorismo. También lo veo en materia económica o, por ejemplo, en Justicia universal. Cuando haces un procedimiento por una persona que ha sido masacrada por alguien del régimen de Assad, hay gente sin experiencia internacional que dice: no perdamos el tiempo porque las investigaciones nacionales están necesitadas de tiempo. ¡Qué tendrá que ver una cosa con la otra! Hay gente que no tiene empatía con crímenes contra la Humanidad que son más graves que la muerte. En la Sala de Apelaciones intentaré aportar mi experiencia.
¿Cuándo prevé dejar su puesto?
Está previsto en junio. A ver si entonces tengo la suerte de ganar el concurso y me voy a otra cosa.
¿Volvería a la política tras su etapa en la Generalitat Valenciana?
¿Para qué? Además, en Valencia lo que hice fue gestión. Yo me dediqué a construir infraestructuras judiciales y a informatizar. Cuando llegué usaban máquina de escribir. Cuando me marché, los 300 juzgados usaban ordenadores.
¿Animaría a un compañero a sustituirle? Parece que su juzgado está desbordado…
Yo animaría a evitar juzgados desbordados. Mi trabajo es apasionante. Siempre hay temas graves. Ahora hay uno que parece grave y dentro de poco habrá otro.
¿Con los medios que tiene puede hacer bien su trabajo?
No, así no puedo hacer bien mi trabajo. Me gustaría tener tiempo, porque cada ciudadano, cada víctima merece mucho más tiempo del que yo puedo dedicar.
¿Qué le parece la propuesta de que sean los fiscales los instructores?
Soy contrario. Estoy a favor del juez instructor. Los fiscales son estupendos profesionales y en el 99% de los casos harían la instrucción igual que los jueces, pero hay un 1% de ellos que puede recibir instrucciones de sus superiores. Y yo no, porque no tengo superior. Me siento más independiente que los fiscales, también en esos casos en los que el fiscal general, que es elegido por el Gobierno, puede dar un instrucción.
¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las tarjetas black…
Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación… Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta 2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.
¿Y si se equivocan?
No pasa nada. Hay segunda instancia, hay casación y no hay asunto que no pase por ocho jueces.
¿Es más difícil actuar contra una gran empresa?
Instruir esos casos es complejo. Recuerdo que llevé una trama de información privilegiada de un banco muy importante y me enseñaron un organigrama que no tenía tiempo de entender. No tengo tiempo para entender como funciona un banco pero me tengo que enterar.
¿Cómo solucionarlo?
Hay que especializarse. Los jueces deben tener un equipo de asesores, auditores o contables que nos sepan explicar estos fenómenos.
¿Cómo están trabajando la Udef y la UCO?
Muy bien. Las condenas que empiezan a asomar son gracias a ellos. Son policías sin pistola que estudian desfalcos o desvíos de dinero. Hacen una labor muy buena.
Volviendo a su libro, ¿se dotan las grandes empresas de planes de prevención de delitos?
En las grandes empresas sí, pero no con un solo modelo. Yo tengo unas 80 personas jurídicas investigadas en mi juzgado y veo planes de prevención diferentes. No se ha profundizado en delitos impropios como la trata de personas, el tráfico de drogas, la prostitución, la pornografía infantil… Creen que nunca los van a cometer, pero en el mundo real ocurren esas cosas. Pienso que, o tienen un plan correcto, o como lo tengan débil van a tener problemas.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html

El Tribunal Supremo anula la condena a un abogado que acusó a una jueza de Las Palmas de “falsear la realidad”

 

La mala educación, los malos modos, la grosería, etc., no son delito.

Decirle cuatro frescas al juez de turno no puede ser sancionado.

Si bien el afectado “ha ganado” el juicio tan sólo le devuelven lo que pagó por la multa. Nada de reparación de daños y perjuicios. Menos aún tomar medidas contra los jueces que prevaricaron por puro corporativismo.

La sentencia del TEDH es de enero de 2016.

El Tribunal Supremo ha tardado más de un año en aplicarla. Igualito que en el caso de la anulación de la “doctrina Parot”.

En cualquier caso, la sentencia se añade a la jurisprudencia que es de obligado cumplimiento.

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El Tribunal Supremo anula la condena a un abogado que acusó a una jueza de Las Palmas de “falsear la realidad”

La Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó la sentencia de instancia, que le condenó al pago de una multa de 8.100 euros
Autor
Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena por un delito de calumnias a un abogado que acusó a la juez del juzgado de Primera Instancia nº 2 del Puerto del Rosario de mentir y falsear la realidad en resoluciones dictadas en un Expediente de Dominio. La sentencia ha estimado el recurso de revisión interpuesto por el letrado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias que, al igual que el del juzgado de instancia, le condenó al pago de una multa de 8.100 euros.

Tras agotar la vía judicial en España, con un recurso de amparo que fue rechazado por el Tribunal Constitucional, el abogado acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interponiendo una demanda en la que denunció la violación del artículo 10 del Convenio Europeo que reconoce el derecho a la libertad de expresión. El TEDH falló a su favor en una sentencia en la que declaró que había existido dicha violación y acordó que el Estado español le abonara 8.100 euros, el importe de la multa que el letrado había pagado por su condena. El TEDH consideró que el comportamiento del abogado revelaba una falta de respeto hacia la jueza, e, indirectamente, de la justicia y que sus expresiones, pese a que eran graves y descorteses, no se habían realizado en el estrado, sino que fueron por escrito y solo el titular del juzgado donde presentó la demanda y las partes tuvieron conocimiento de las mismas.

En su sentencia, notificada hoy, la Sala Segunda afirma que estima el recurso de revisión porque la sentencia del TEDH es un hecho nuevo que evidencia que el recurrente no debió de ser condenado al vulnerarse su derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 10 de Convenio Europeo y 20 de la Constitución Española. Por ese motivo, acuerda anular las sentencias condenatorias que se han producido “con lesión de un derecho fundamental”.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-la-condena-a-un-abogado-que-acuso-a-una-jueza-de-Las-Palmas-de–falsear-la-realidad-

 

La sentencia del TEDH puede descargarse en el siguiente enlace.

http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-161325&filename=CASE%20OF%20RODRIGUEZ%20RAVELO%20v.%20SPAIN%20-%20%5BSpanish%20Translation%5D%20by%20the%20Spanish%20Ministry%20of%20Justice.pdf

 

España, a la cola de la Unión Europea en independencia judicial

 

La encuesta la han hecho al público en general. Si se la hubiesen hecho sólo a quienes han tenido que “visitar” un juzgado el resultado hubiera sido mucho más demoledor.

La justicia en España es un cachondeo, como bien dijo Pedro Pacheco. Y la inexistencia de separación de poderes es buena muestra de ello.

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España, a la cola de la Unión Europea en independencia judicial

Rafael Catalá junto a la comisaria europea para la Justicia, Vera...
Rafael Catalá junto a la comisaria europea para la Justicia, Vera Jourová. Stephanie Lecocq. EFE

Ocupa el puesto 22 de 28 según los datos ofrecidos por la Comisión Europea

MANUEL MARRACO- Madrid – 10/04/2017

España está en el grupo de cabeza de los países europeos con peor percepción de la independencia judicial. Los datos ofrecidos este lunes por la Comisión Europea reflejan que el 58% de los españoles la consideran como “mala” (39%)o “muy mala”(19%), lo que supone que sólo tres de los 28 países están peor: Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. los datos de España empeoran en un 2% los resultados ofrecidos el año pasado.

En cuanto a los motivos, las respuestas ofrecidas por el Eurobarómetro reflejan que en el 49% de los encuestados atribuye al falta de independencia a “interferencias políticas”. Un 45% también cree que hay presiones por parte de intereses económicos.

Frente a la situación de España y alguno de los países del Este, la población más satisfecha con la independencia judicial es la danesa: sólo un 7% la describió como mala” o “muy mala”). Respecto a nuestros vecinos, las opiniones críticas están 20 puntos por debajo de españa. En Francia suman un 37% y en Portugal, un 34%

Cuando la pregunta se formula a las empresas, los resultados en España cambian poco: un 59% consideran la situación de la independencia judicial como “mala” (41%) o “muy mala” (18%). Esta vez el ranking nos sitúa en el puesto vigésimosegundo.

El ministerio de Justicia se muestra satisfecho con el conjunto de resultados que ofrece la Comisión. Destaca que España “obtiene los mejores resultados en Justicia digital y en comunicaciones electrónicas” y que está “entre los mejores en la prestación de asistencia jurídica gratuita”.

En cuanto a la independencia judicial, el departamento que dirige Rafael Catalá cuestiona la fiabilidad de los datos del Eurobarómetro. “Hay que poner de relieve que el uso de encuestas de naturaleza subjetiva ha sido desde hace tiempo muy contestado en Bruselas por diversos países miembros”, dice el Ministerio.

Los datos han sido presentados en Bruselas por la comisaria de Justicia, Vera Jourová. “Animo a los Estados miembros a velar por que cualquier reforma de la Justicia respete el Estado de Derecho y la independencia judicial. Esto es crucial para que los ciudadanos y las empresas puedan disfrutar plenamente de sus derechos”, ha declarado en una rueda de prensa.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/10/58ebd6ebca47415f488b460c.html