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La juez pitonisa de Lugo se libra de sanción porque fue descubierta por una cámara oculta

 

La jueza expedientada niega los hechos pese a que están grabados con una cámara oculta.

Como niega el resto de causas que se le imputan. Por ejemplo, el asunto del gato pese a los numerosos abogados que lo atestiguan.

El corporativismo judicial nuevamente muestra su cara más dura.

Hay quien lo llama mafia. Dado que muchos de ellos son familia el calificativo no parece muy desatinado.

Es fundamental que los jueces dejan de juzgarse entre ellos y pasen a ser juzgados por un jurado popular. La separación de poderes debe restituirse.

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La juez pitonisa de Lugo se libra de sanción porque fue descubierta por una cámara oculta

La juez pitonisa, María Jesús García, de 55 años, camina por las calles de Lugo. Pedro Agrelo

MANUEL MARRACO – Madrid

NATALIA PUGA – Pontevedra

17 OCT. 2018

La juez pitonisa se queda sin sanción. La Comisión Disciplinaria ha acordado archivar el expediente disciplinario abierto contra ella al considerar ilegal la prueba que activó la investigación: una grabación periodística con cámara oculta realizada en el domicilio de la magistrada y aportada posteriormente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto una sanción de seis meses de suspensión de funciones para la magistrada María Jesús García Pérez, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo. A su juicio, la magistrada había cometido una falta “muy grave” consistente en el ejercicio de actividades incompatibles con el cargo judicial, en este caso echar las cartas del tarot.

La decisión del CGPJ no ha sido pacífica. El archivo se ha producido por cuatro votos a tres. A favor han votado los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Vicente Guilarte y Enrique Lucas. Por su parte, Ángeles Carmona, Carmen Llombarty Wenceslao Olea respaldaban imponer la sanción.

La tesis que se ha impuesto es que esa prueba inicial ilícita estaba conectada a los actos de investigación posterior, a los que contaminaba. Se aplica así la denominada doctrina del fruto del árbol envenenado, acuñada en el ámbito penal y aplicable al derecho sancionador administrativo. Aplicada al caso, implica que, pese a que tras el vídeo ilícito la magistrada reconoció la actividad de tarotista ante el promotor, esta declaración venía contaminada de origen.

La decisión podría ser recurrida por el fiscal, que apoyaba la imposición de una sanción. En ese caso, el recurso lo resolvería el Pleno del Consejo.

Una juez con sanciones reiteradas

María Jesús García Pérez, de 55 años, lleva 26 en la carrera judicial y le ha dado tiempo a labrarse una fama paralela a la de sus resoluciones. Antes de que una grabación con una cámara oculta realizada por periodistas de Lugo que se colaron en su casa destapase su faceta de pitonisa, su ejercicio profesional ya había sido objeto de críticas e investigaciones en el pasado.

A lo largo de su carrera profesional ha pasado por múltiples destinos que la llevaron a recorrer toda la geografía española, desde Laredo (Cantabria) a la localidad madrileña de Collado Villalba, Las Palmas de Gran Canaria, Santander, Bilbao o Santiago de Compostela hasta acabar en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo. En casi todos ellos ha dejado huella por sus excentricidades y de alguno se fue con sanción.

Una de esas sanciones se la impuso el CGPJ por una falta disciplinaria muy grave por no acudir a su puesto cuando estaba de guardia por ir al gimnasio. Ejercía entonces en Collado Villalba y se le impuso un año de suspensión de empleo.

Cuando ejercía en Las Palmas en 2001, el servicio de inspección del Poder Judicial investigó una denuncia por actividad paralela a la de juez: actuaba en un local de striptease de un amigo y llegaron a abrirse diligencias informativas, pero aquel caso también se archivó.

Durante su etapa en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santander fue sancionada con 3.000 euros por el Poder Judicial por criticar la ley contra la violencia de género en una entrevista en la que, además, cuestionaba los juzgados especializados -precisamente en el que ella trabajaba- y cuestionaba a algunas víctimas.

Su paso por el Juzgado de lo Penal número 6 de Bilbao acabó igualmente en sanción, en esta ocasión por una falta leve, por fumar entre juicio y juicio sin salir de la sala de vistas y en su destino anterior a Lugo, y se del Juzgado de lo Penal 1 de Santiago de Compostela en 2012 dejando muy mal recuerdo, pues llevaba a su gato a la sala de vistas, motivando la queja oficial del Colegio de Abogados.

https://www.elmundo.es/espana/2018/10/17/5bc75c3f22601dc9108b462b.html

https://www.elmundo.es/cronica/2018/07/24/5b54865722601d6f088b4627.html

Un curso de violencia de género pesará más que la experiencia judicial

 

Igual que sucedió en la Rusia soviética o en la Alemania nazi la mayoría de los jueces no ha protestado ni se ha opuesto a la progresiva implantación de las aberrantes leyes de género.

Cuando la nueva medida puede afectar a su futuro profesional, al aumento de su nómina y prebendas, ponen el grito en el cielo. Su queja no es por lo insensato de la medida sino por la repercusión en su promoción y sus ingresos mensuales.

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Un curso de violencia de género pesará más que la experiencia judicial

Malestar en los jueces por la propuesta del PSOE sobre la formación en violencia de género

Solo con aprobar la especialización podrán llegar al Supremo, frente a un experto en Penal

Paloma Cervilla – Madrid 03/10/2018

La forma y el contenido de la reforma que quiere aprobar el PSOE en el Congreso de los Diputados sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que se refiere a la formación en violencia de género de los jueces, ha provocado un profundo malestar en una parte de la judicatura. Unas discrepancias que, si no se resuelven en el trámite de enmiendas, puede abrir una grieta en un colectivo, al que se ha ignorado en el proceso de elaboración de esta reforma, según han denunciado a ABC fuentes de la Asociación Profesional de la Magistratura.

No es ésta la única queja de este colectivo, la más importante es la que afecta a los principios de mérito y capacidad que deben primar en la promoción profesional de la judicatura. Si se aprueba la reforma en los términos en las que se plantea, se puede dar el caso de que un juez con la especialización en violencia de género, aunque con solo dos años de experiencia, puede acceder al Tribunal Supremo, por encima de otro que cuente con 20 años de profesión.

Esta tramitación parlamentaria de modificación legislativa, en cumplimiento de uno de los puntos del Pacto contra la Violencia de Género, se inició el pasado mes de junio con la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Socialista. Un texto que recoge, entre otras cuestiones, cómo será el proceso de especialización de los jueces, en lo que se refiere a las pruebas específicas para acceder a los órganos judiciales.

Reunión en el Congreso

El malestar judicial ha aflorado en el trámite de enmiendas, cuyo plazo de presentación ya ha finalizado. Precisamente hoy, volverá a reunirse la Ponencia para intentar alcanzar un acuerdo político. El PSOE remitió ayer a los grupos parlamentarios un nuevo texto transaccional.

Las discrepancias de un sector de la judicatura se centran, fundamentalmente, en dos aspectos: el contenido y la forma. En lo que respecta al contenido, las fuentes consultadas denuncian que «se introduce una especialización en materia de violencia de género, a la que le atribuye unos efectos que inciden de manera excesivamente profunda en la promoción profesional».

Estos efectos son, por ejemplo, que «los jueces que aprueben esta especialización tienen preferencia absoluta para ir a cualquier sección de cualquier Audiencia Provincial que tenga atribuida la materia de violencia de género. Ello supone que, un juez con dos años de experiencia, que apruebe la especialización, tendría prioridad para ir a esas salas de la Audiencia, sobre alguien que llevara treinta años de experiencia en Instrucción, por ejemplo».

Otra consecuencia negativa del valor que se le da a la especialización en violencia de género sobre la experiencia se puede producir a la hora de acceder al Tribunal Supremo. Los jueces critican que «se asimile la especialización en violencia de género a la de toda la materia penal, cuando la primera es un ámbito de la segunda a los efectos, por ejemplo, del acceso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo». Sobre esta cuestión, alertan de que «un juez con dos años de experiencia» ,que apruebe el curso de especialización en violencia de género, «está en igualdad de condiciones que un especialista en Penal a la hora de acceder a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No es lógico que una persona con dos años de experiencia pueda ir al Supremo ¿Dónde está la trayectoria profesional, los principios de mérito y capacidad sobre los que debe fundamentarse?».

Al margen de los jueces

La segunda discrepancia de la judicatura está relacionada con la forma elegida por el Gobierno para «modificar algo tan relevante como el estatuto órganico del juez, prescindiendo del órgano que constitucionalmente tiene la función de velar por ese estatuto, que es el Consejo General del Poder Judicial». Al utilizar el mecanismo de la Proposición de Ley, los jueces consideran que «se orilla por completo al órgano competente para emitir informe, al ser el que mejor conoce la situación que se quiere regular. Se ha hecho al margen de las asociaciones de jueces. Lo lógico hubiera sido presentar un Proyecto de Ley».

La Asociación Profesional de la Magistratura considera «grave» que no se haya contado con ellos y espera que «en fase de enmiendas se mejore el texto, con el objetivo de no alterar mecanismos que son esenciales para el estatuto del juez».

https://www.abc.es/sociedad/abci-curso-violencia-genero-pesara-mas-experiencia-judicial-201810022121_noticia.html

 

Jueces y fiscales preparan una huelga ante la indiferencia del Gobierno a sus reivindicaciones

 

Para ciertos asuntos sí se ponen de acuerdo los jueces.

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Jueces y fiscales preparan una huelga ante la indiferencia del Gobierno a sus reivindicaciones

De izqda. a dcha., el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; Felipe VI; el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar; y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. EFE

MARISA RECUERO – Madrid – 5 MAR. 2018

“El balance no puede ser más decepcionante”. Así se dirigen las asociaciones de jueces y fiscales a la opinión pública en un comunicado remitido a los medios de comunicación, donde manifiestan su disposición a convocar una huelga in extremis de las carreras judicial y fiscal el próximo 22 de mayo como medida por la indiferencia del Gobierno a sus reivindicaciones.

Las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y las tres de fiscales -Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- reprochan al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no hayan atendido las propuestas para la mejora de la Justicia que solicitaron en un documento suscrito hace casi nueve meses, el pasado 16 de junio.

En ese documento, al que están adheridos más de 3.500 jueces, además de las asociaciones de fiscales, los profesionales de la Justicia reclamaron al Gobierno una reforma del órgano de gobierno de la judicatura, un reforzamiento de la independencia judicial, modernizar la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los jueces, así como un proyecto de independencia para el Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

Las siete asociaciones reivindicaron también más plazas de jueces y fiscales con el objeto de evitar la precarización del sector, así como mejoras salariales. “El Gobierno ha renunciado a incrementar el número de miembros de la carrera judicial y fiscal”, reprochan ambos colectivos en el comunicado, donde también advierten de que el CGPJ “ha hecho caso omiso” a la reivindicación de nombrar a jueces en función de criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia, según denuncian las asociaciones, que critican el hecho de que tampoco haya fijado las cargas de trabajo.

Dicho esto, jueces y fiscales han establecido ya un calendario de protestas -a falta de ser aprobado por los órganos de las asociaciones firmantes- que arrancará el próximo 5 de abril, a las 13 horas, con la lectura de las propuestas de ambos colectivos en las sedes judiciales de toda España.

La siguiente fecha en este calendario es el 14 de abril, día en el que las asociaciones prevén realizar una concentración en Madrid, para dar paso después a paros parciales de una hora todos los jueves durante un mes. En caso de que el Gobierno siga sin responder a sus reclamaciones, se convocará un día de huelga el 22 de mayo.

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/05/5a9d9944e5fdea68698b468b.html

Ofensiva judicial contra el abogado que ataca al juez del ‘caso Cursach’

 

La mafia judicial no tolera que nadie levante sus alfombras ni abra sus armarios.

El afectado ya avisó que se temía lo peor.

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Ofensiva judicial contra el abogado que ataca al juez del ‘caso Cursach’

Una de las manifestaciones convocadas por el abogado Vicente Campaner. J. SERRA

EDUARDO COLOM – Palma – 6 MAR. 2018

La Justicia balear actúa contra Vicente Campaner, alias Coco, el abogado que encabeza una campaña de denuncia alentada desde el entorno de Bartolomé Cursach por la que se ha llegado a calificar de «corruptos y delincuentes» al juez, al fiscal y a los policías nacionales que investigan al conocido empresario de la noche mallorquina, encarcelado preventivamente desde hace un año investigado por un rosario de presuntos delitos.

Campaner ha liderado hasta el momento tres manifestaciones para pregonar que el juez instructor del caso Cursach, Manuel Penalva, y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, a quienes acusa abiertamente de prevaricar y tomar decisiones injustas a sabiendas, se habrían estado basando en falsedades y en declaraciones de testigos a la carta para encarcelar a Cursach y a otros policías locales investigados por haber sido presuntamente sobornados por el empresario.

Por ello ha dirigido una batería de denuncias y querellas en las que pide al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (el órgano competente debido al aforamiento del juez) que procese al juez que lleva más de tres años al frente de la instrucción judicial en la que se examinan las actividades de Cursach. Hasta el momento todas han sido rechazadas. La última, ayer. La Sala Civil y Penal del TSJB desestima la querella que Campaner interpuso contra Penalva y Subirán en la que les acusaba de prevaricación y encubrimiento de una testigo de la causa, la madame de un club de alterne que implicó al ex presidente del PP de Palma José María Rodríguez en supuestas orgías pagadas por Cursach. Según Campaner, la testigo mentía con la aquiescencia y la protección del juez. Tras revisar el caso, el TSJB desecha por completo estas acusaciones y considera que no existen indicios para atribuir al magistrado instructor del caso Cursach esos delitos. Considera que no ha habido infracción de ley, ni dolosa ni imprudente y avala la actuación del juez instructor. Además, envía unas manifestaciones de Campaner a otro Juzgado para que determine si cometió un delito de calumnias contra otros magistrados del TSJB al atacar el archivo de una de sus denuncias anteriores.

No es el único frente que se le abre a este letrado que, aunque asistió puntualmente a Cursach en el pleito penitenciario por el que se anuló su traslado a la cárcel de Alicante, insiste en decir que actúa como ciudadano indignado ante la injusticia y no como abogado del influyente empresario de la noche.

Ayer mismo, el juez Florit, quien sustituye a Penalva en la causa mientras se decide un incidente de recusación presentado por la mayoría de investigados para apartarle del caso, un incidente que hoy será analizado por la Audiencia, decidió abrir otra investigación contra Campaner por posible obstrucción a la Justicia. Lo hace después de que un testigo protegido de la Fiscalía, Francisco Fernández Cortés, alias El Ico, se ratificara el pasado viernes en sus denuncias y, según refleja el juez Florit, «denunciara presuntas coacciones».

El Ico, hijo de La Paca, la matriarca del narcopoblado de Son Banya, declaró en septiembre del año pasado que Campaner le había citado en un bar para decirle que debía salir de la causa y que le iban a ayudar. Siempre según El Ico, le reiteró entonces que le podía ayudar económicamente, sin precisar cantidad alguna. Campaner replicó ayer que «hay un juez que se llama tiempo que pone a todo el mundo en su lugar».

http://www.elmundo.es/baleares/2018/03/06/5a9e37b3e5fdeac4258b4576.html

El CGPJ elige a Vicente Magro nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

 

Juez feminazi en la Sala penal del Tribunal Supremo.

Mal asunto. Aplicará sus aberrantes criterios feminazis e intentará que la Sala se vuelva feminazi. Una manzana podrida termina pudriendo el cesto.

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El CGPJ elige a Vicente Magro nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Actualmente destinado en la Audiencia de Madrid, desde 2002 es miembro del grupo de expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a Vicente Magro Servet, actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la vacante –correspondiente al turno general- producida por la jubilación de José Ramón Soriano Soriano.

Magro ha obtenido diez de los 20 votos emitidos en Pleno, al que no ha asistido el vocal Álvaro Cuesta. Los también candidatos Javier Hernández García y Susana Polo García han recibido cinco votos cada uno.

El nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1987 y tuvo sus primeros destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cartagena y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Elche-Elx, donde fue elegido juez decano; para servir luego en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante.

Letrado del Servicio de Inspección del CGPJ en 1998, al año siguiente se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Alicante, de la que en 2001 fue nombrado presidente, cargo en el que permaneció hasta 2016, cuando obtuvo destino en la Audiencia Provincial de Madrid.

Elegido dos veces –en 1989 como juez y en 1994 como magistrado- para formar parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha sido miembro nato de este órgano gubernativo durante su etapa como presidente de la Audiencia alicantina.

Vicente Magro es desde 2002 asesor del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, formando parte de su grupo de expertos. Además, es autor de una veintena de protocolos, como el puesto en marcha en Alicante en 2001 para coordinar la lucha contra la violencia doméstica, el de prevención de la violencia juvenil de 2007 o el dirigido a la reeducación de los condenados por delitos de maltrato animal de 2016.

Además, cuenta con experiencia docente como profesor de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche-Elx, es autor o coautor de más de medio centenar de obras de carácter jurídico y ha publicado más de un millar de artículos doctrinales en revistas especializadas.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-elige-a-Vicente-Magro-nuevo-magistrado-de-la-Sala-Segunda-del-Tribunal-Supremo

España tendrá, por primera vez, una juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Las feminazis siguen colocando a las suyas en puestos clave.

Perspectiva de género, multiculturalidad, discriminación positiva, redactora de la ley de desigualdad, etc. Todo un currículo de una acendrada feminazi.

No se trata de méritos o capacidad sino de pertenecer a un colectivo privilegiado. “…entre la terna de candidatos a magistrado que deben proponer los gobiernos figure al menos una mujer.”

Sucede a López Guerra, mano derecha del ministro López Aguilar. Los mismos que presentaron la aberrante ley de violencia de género.

Nueve años estará en el Tribunal de Derechos Humanos quien ha colaborado en crear leyes que conculcan los derechos humanos como la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia. Ya sabemos de antemano que decisiones tomará. El sectario titular de El País nos da una buena pista.

La agenda de género sigue implantándose en todo el mundo.

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España tendrá, por primera vez, una juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

María Elósegui Itxaso, en una imagen de archivo.

París – 

El Consejo de Europa elige a la catedrática María Elósegui Itxaso como miembro del Tribunal de Estrasburgo

El Consejo de Europa ha elegido este martes a María Elósegui Itxaso, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, como nueva juez española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo. La candidatura de la primera mujer española que será magistrada en Estrasburgo ha logrado 114 votos, alcanzando así una mayoría absoluta que ha hecho innecesaria una segunda vuelta.

Desde que comenzó su presencia en el TEDH, en 1978, todos los representantes españoles, seis hasta la fecha, han sido hombres. No es un caso único el de España. Actualmente, de los 47 jueces del TEDH, solo 15 son mujeres. Ese es uno de los motivos de que el Consejo de Europa establezca como requisito que, salvo contadas y justificadas excepciones, entre la terna de candidatos a magistrado que deben proponer los gobiernos figure al menos una mujer. Los oponentes de Elósegui, José Martín y Pérez de Nanclares y el expresidente del Tribunal Constitucional, José Luis Pérez de los Cobos, han obtenido 76 y 37 votos, respectivamente.

La ciudad de Estrasburgo no le es ajena a esta doctora en Derecho y Filosofía con formación en varias universidades europeas. Desde 2013 y hasta el pasado diciembre, formó parte como experta independiente de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI). Ha centrado parte de sus investigaciones en cuestiones de derechos humanos relacionados con el tribunal europeo del que ahora va a pasar a formar parte, además de trabajar en temas de libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como de mujeres y migrantes tanto en España como a nivel europeo.

Revés para Rajoy

El nombramiento de Elósegui supone un revés para el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo popular maniobró durante meses para favorecer a su candidato favorito, Francisco Pérez de los Cobos. Llegó a guardarle el puesto esperando a que acabara su mandato para lanzar la convocatoria —el mandato del actual juez español en Estrasburgo expiró oficialmente en enero de 2017—, e incluso quiso amoldar los requisitos de edad para el mismo a su favor, si bien el Tribunal Supremo acabó anulando por discriminatoria esa medida.

La victoria de Elósegui (San Sebastián, 1957) ha constituido sin embargo una sorpresa, ya que la comisión parlamentaria que analizó los currículums de los tres aspirantes españoles y los entrevistó en París el 12 de enero había propuesto, por amplia mayoría, a Pérez de Nanclares “como el candidato más cualificado”. Generalmente, el Consejo de Europa suele hacer caso de esta recomendación realizada por expertos.

Elósegui sucederá al juez Luis López Guerra, que fue propuesto durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Los jueces del TEDH son elegidos por un solo periodo renovable de nueve años.

Esa condición fue precisamente a la que se aferró el Gobierno español para intentar poner el límite de 61 años a las candidaturas al TEDH cuando abrió el año pasado el proceso de selección. Una maniobra interpretada como un intento de beneficiar a Pérez de los Cobos (Murcia, 1962) frente a la que se consideraba entonces su máxima rival, la también expresidenta del Constitucional María Emilia Casas, que superaba la edad máxima impuesta por el ejecutivo. La medida fue recurrida por la asociación Jueces para la Democracia y, finalmente, el Tribunal Supremo acabó por anularla en mayo pasado, al considerar que era discriminatoria. De todos modos, ninguno de los tres candidatos que acabaron constituyendo la terna propuesta por España ha cumplido aún los 61 (Elósegui Itxaso lo hará a finales de año).

No ha sido la única controversia que ha rodeado a Pérez de los Cobos. En España se puso en duda su imparcialidad como juez en 2013. Ese año, cuando ya ejercía como presidente del Tribunal Constitucional, se conoció que figuraba en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011, cuyas aportaciones sirven para sufragar los gastos del partido. De los Cobos fue elegido magistrado del alto tribunal el 29 de diciembre de 2010. Estrasburgo requiere que los aspirantes a juez en el TEDH indiquen en su currículum si han ocupado algún puesto “en un partido político o movimiento”. Mientras que Pérez de Nanclares y Elósegui especificaron claramente que no pertenecen a ningún partido ni han ejercido función alguna en uno en el pasado, Pérez de los Cobos no se pronunció al respecto.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/23/actualidad/1516699516_201350.html

 

WIKIPEDIA

María Elósegui Itxaso (San Sebastián, 7 de diciembre de 1957) es una jurista e intelectual española. Catedrática de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, (España), fue nombrada en enero de 2018 juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.1

Biografía[editar]

Es Doctora en Derecho y Doctora en Filosofía. Sus investigaciones están centradas en Interculturalidad y el Derecho a la Identidad Cultural, desde una perspectiva jurídica y filosófica. También realiza trabajos de investigación sobre la igualdad Jurídica entre mujeres y hombres. Desde 2018 es además la representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.2

Trayectoria profesional[editar]

Actividad Docente[editar]

Ha realizado varias estancias de investigación en el extranjero. En 1988-1990 recibió una beca para una investigación Postdoctoral del en la Universidad de Glasgow (Escocia), otorgada por el Ministerio español de Educación y Ciencia. Posteriormente en 1990 se incorporó a la Universidad de Valencia, como becaria de investigación, gracias al Programa de Reincorporación a España de doctores. Desde 1991 es profesora de la Universidad de Zaragoza, accediendo a la plaza de Titular de Filosofía del Derecho por oposición en 1994. Desde entonces imparte la docencia y desarrolla la investigación en dicha Universidad, donde actualmente es Catedrática.

Durante los años 1996-1997, le fue otorgada la prestigiosa beca de la Fundación alemana Alexander von Humboldt para realizar un trabajo de investigación sobre las acciones positivas para la igualdad entre mujeres y hombres en la Facultad de Derecho de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel (Alemania), bajo la dirección del catedrático Robert Alexy. La monografía resultado de esa estancia ha sido publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en la sección dirigida por el profesor Rubio Llorente, Catedrático de Derecho Constitucional, y en la actualidad Consejero de Estado.

Es Visiting Professor de las Universidades de Toronto (Canadá), Chicago, UCLA (Los Ángeles), Universidad Laval (Québec) y el Instituto Alemán de Derechos Humanos, con sede en Berlín (Deutsches Institut für Menschenrechte).

Actualmente, imparte la docencia de las asignaturas de Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y la asignatura optativa Derecho y Libertades en la Universidad de Zaragoza. Asimismo, coordina la línea de especialización de Derechos Humanos, libertades y Derecho Penal, dentro del Máster Universitario en Especialización e Investigación en Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Ha formado parte del Cuerpo Docente de la Academia Europea de Teoría del Derecho, con sede en Bruselas, en las Universidades Saint Louis y en la Universidad Flamenca de Bruselas (Facultés Universitaires Saint Louis y Katholieke Universiteit Brussel), desde el año 2001 hasta el 2009, fecha en la que debido a la reforma de Bolonia la Academia se extinguió. Asimismo, ha sido llamada a participar como experta en Igualdad en Organismos Internacionales tales como la ONU y el Consejo de Europa.3

Participación en proyectos de ley[editar]

Ha elaborado (junto con otros tres expertos) el proyecto de Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por encargo del Gobierno Español, con un contrato de asesoramiento, Instituto de la Mujer y Secretaria General de Políticas de Igualdad, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Aprobado el Anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros de España, el 7 de marzo de 2006. Ha participado en la elaboración de otros textos relacionados con el género como la estrategia española de Cooperación al desarrollo sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[editar]

En enero de 2018 fue elegida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como nuevo miembro español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Teoría[editar]

El modelo de corresponsabilidad entre mujeres y hombres[editar]

La doctora Elósegui aboga por un modelo de igualdad en la diferencia entre mujeres y hombres, lo que supone defender la necesidad de una corresponsabilidad y presencia de ambos en la esfera privada y en la vida pública. En Diez temas de género analiza el concepto de género que subyace en los documentos de la ONU, y su influencia en un cambio de mentalidad a nivel internacional, que se hace sentir en las legislaciones de todos los países del mundo en materias de familia, igualdad de sexos, reparto de roles entre hombres y mujeres.

Así se exponen los tres tipos de modelos de relaciones entre hombres y mujeres: El primer modelo es el no igualitario, que considera que la mujer es distinta e inferior al hombre. El segundo modelo es el propuesto por varios tipos de feminismo, que abogan bien por la igualdad absoluta de hombres y mujeres, bien por una diferencia también abismal entre los sexos. En los dos casos entienden la igualdad de la mujer como emancipación o liberalización de sus funciones reproductivas, ensalzando su papel en la esfera pública o laboral.

El modelo de corresponsabilidad considera deficientes tanto el primero como el segundo modelo, y apoya un tercer paradigma: el de la corresponsabilidad o interdependencia de hombres y mujeres tanto en el espacio privado, compartiendo la educación, crianza de los hijos y las tareas domésticas, como en el espacio público. En definitiva, plantea la necesidad de la conciliación entre los derechos productivos y los derechos reproductivos, tanto para los hombres como para las mujeres.

El modelo intercultural. El republicanismo intercultural y la ciudadanía inclusiva[editar]

La profesora Elósegui defiende en varias de sus obras el derecho a la identidad cultural como un Derecho Humano de cada persona y a su vez la necesidad de una ciudadanía que marque unos elementos comunes para todos los ciudadanos respetando sus diferencias culturales, religiosas, sin exigir una absoluta uniformización. La autora ha recreado el concepto de “Republicanismo Intercultural” aplicándolo de un modo novedoso a la situación europea contemporánea con sus específicos problemas de la existencia de Estados-nación, de viejas minorías y de la nueva inmigración.

Premios y galardones[editar]

En 2008, fue galardonada con el prestigioso Premio Luis Portero de Derechos Humanos por sus investigaciones sobre pluralismo cultural. Es Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.

Publicaciones[editar]

Ha escrito once libros y numerosos de artículos (más de cien) relacionados con los Derechos humanos, Filosofía del Derecho e Inmigración, lo que le ha valido el reconocimiento de la comunidad investigadora.

Libros:

  1. Lo físico y lo mental en Henri Bergson, ed. Nau Llibres, Valencia, 1990, 268 pp.
  2. El derecho a la igualdad y a la diferencia, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 1998, 662 p. Agotado.
  3. La transexualidad: jurisprudencia y argumentación jurídica, Granada, Comares, 379 p, 1999.
  4. Materiales de prácticas de Teoría del Derecho, Prensas Universidad de Zaragoza, 1998. 2ª edición revisada, 229 p. Agotada y reeditada en el año 2000.
  5. El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres (Coordinadora), Barcelona, Icaria, enero de 2002.
  6. Las acciones positivas para la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y la Directiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. 620 pp.
  7. Negociación colectiva y prácticas laborales. Perspectiva de género, Barcelona, Icaria, 2005, 521 pp
  8. Inmigración, empresa y formación. Implicaciones de la inmigración en la organización de las empresas y los centros educativos, Pilar de Luis Carnicer, María Elósegui Itxaso, Yolanda Gamarra, Angel Martínez Sánchez, Manuela Pérez Pérez, María José Vela Jiménez, Pamplona, Aranzadi-Thomson, 2007.
  9. Ley de Igualdad y Contrato de Trabajo. Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, Seguridad Social, Infracciones y Sanciones, Prevención de Riesgos y Procedimiento Laboral, Sistemática Memento, Dossier Práctico Francis Lefrebvre. Coordinador Fernando Lousada. Autores Fernando Lousada, Jaime Cabeza, María Elósegui y Teresa Pérez del Río, 2007
  10. “Derechos Humanos y pluralismo cultural'”, Madrid, Iustel, 2009, 289 p. Investigación galardonada con el premio Luis Portero de Derechos Humanos 2008, concedido por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, patrocinado por el Ayuntamiento de Granada. Publicado un capítulo en inglésLaw and Cultural Diversity in Spain, en el libro colectivo FOBLETS, M.C (ed). The Response of the State Law to the Expression of Cultural Diversity, Bruselas, Bruylant, Francqui Foundation, 2010.
  11. “El derecho a la identidad cultural en la Europa del siglo XXI” Ediciones Universidad de Navarra, Eunsa, 2012
  12. VVAA. El diálogo intercultural en España: un requisito de la educación y cultura de paz, Madrid, Fundación Europea Sociedad y Educación, 2009.
  13. Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (ESO), Ed. Reverté-Aguilar.
  14. Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (PRIMARIA), Ed. Reverté-Aguilar.
  15. Ética Cívica (4º ESO), Ed. Reverté-Aguilar.

Artículos:

  1. ““La legislación vigente sobre la asignatura de Politik en las escuelas alemanas”, Revista de Estudios Políticos, (2011), en prensa.
  2. “La mente del legislador en los programas de la asignatura de educación política en las escuelas alemanas, en la LOE y en la legislación educativa de la CAPV”, Revista vasca de Administración Pública, nº 89, enero-abril, (2011), pp. 265-310.
  3. “El libro verde de la RSC de la Comisión Europea y la teoría de los stakeholders desde la perspectiva de género”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 21, Diciembre, (2010), pp. 1-38.
  4. “El concepto de laicidad abierta en el informe Bouchard-Taylor para Québec”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 23, (2010), ISSN 1696-9669.
  5. “El modelo de interculturalidad en el informe de la Comisión Bouchard-Taylor para Québec”, Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época, Vol. 11, (2010), pp. 129-164.
  6. “ La política legislativa de inmigración en Québec y su reflejo en el informe Bouchard-Taylor ”, Derecho Migratorio y Extranjería, nº 22, (2009), pp. 281-234.
  7. “Educar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres: la igualdad necesaria”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº. 20, 2009.

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_El%C3%B3segui

 

«Van a por mí y si algún día me pasara algo pido a la gente que salga a la calle»

 

La mafia judicial no tolera que nadie destape sus vergüenzas.

Los miembros de este poder del Estado se juzgan ellos mismos. Su impunidad es total.

Hay que cambiar la ley de jurado para que los delitos cometidos por un juez sean juzgados por un jurado y no por sus compañeros.

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«Van a por mí y si algún día me pasara algo pido a la gente que salga a la calle»

Vicente Campaner durante su entrevista en el programa radiofónico Ley y Orden.

23-01-2018 | A. Sepúlveda

Bastida| Palma | 24/01/2018

El abogado Vicente Campaner afirma sentirse amenazado y solicita la movilización ciudadana para defenderlo en el supuesto caso de que le suceda algo.

«A mí me ha llegado muchísima información de altos cargos de Policía Nacional y de la Guardia Civil de que van a por mí. No me cabe ninguna duda, ya me han enviado dos testigos. Si algún me pasa algo, cualquier historia que cuenten de que soy traficante o cualquier cosa, por favor, que la gente salga a la calle. Yo seré el más feliz del mundo. Tengo muy claro dónde me he metido. Sé lo que posiblemente me va a pasar y por eso pido que la gente salga a la calle el próximo día 4 de febrero». Estas sorprendentes declaraciones del letrado Vicente Campaner fueron realizadas durante la entrevista concedida al programa Ley y Orden emitido este martes a través de todas las emisoras de Canal 4 Radio y ultimahora.es.

Durante su intervención radiofónica, Campaner no dejó títere con cabeza. «No tengo ninguna duda de que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán son dos delincuentes», señalaba el letrado. El promotor del movimiento 27-N y organizador de las manifestaciones contra la corrupción en la Justicia de Balears se mostró muy crítico contra todos aquellos que tratan de contaminar las concentraciones de protesta.

«Quiero que quede muy claro que yo no he sido nunca el abogado penalista de Cursach. Le he llevado un tema penitenciario por mi gran experiencia en el sector. Las manifestaciones no son pro Cursach ni para pedir su libertad. Que no intoxiquen. Además, ante tantos rumores y mentiras quiero decir bien alto y claro que es totalmente falso que el día 4 se estén organizando escraches contra las viviendas del juez y del fiscal. Aunque ganas no me faltan. También es totalmente falso que una vez finalizadas las manifestaciones Bartolomé Cursach pagara comidas o cenas en el restaurante del Hipódromo de Palma a todos los asistentes», concluye Campaner.

De hecho, con fecha 18 de enero, el abogado presentó un escrito en Fiscalía donde daba permiso a las autoridades policiales competentes para que le revisaran sus teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil y que registraran su domicilio y despacho en búsqueda de algún supuesto indicio de caso de obstrucción a la justicia, todo ello en un ejercicio de transparencia. Con la finalidad de evitar cualquier tipo de suspicacia, Coco Campaner ha decidido abandonar la defensa del empresario del ocio nocturno y desvincularse de la misma.

Quieres escuchar íntegro el programa Ley y orden de este martes día 23 de enero:

https://www.ivoox.com/ley-orden-23-01-2018-audios-mp3_rf_23303951_1.html

 

https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2018/01/24/322485/van-por-algun-dia-pasara-algo-pido-gente-salga-calle.html

 

Pérez de los Cobos mintió al tribunal al decir que habla tres idiomas: le han puesto un cero

 

Los jueces son una casta aparte que goza de impunidad.

Los “magistrados” del Tribunal Constitucional, como el de la noticia, ni siquiera han de ser jueces. Su impunidad es aún mayor.

Colocados a dedo por los partidos políticos, su imparcialidad y justicia, siempre está en entredicho por razones obvias.

Por muchos menos de lo que la noticia refleja, en otros países dimiten o van a la cárcel.

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Pérez de los Cobos mintió al tribunal al decir que habla tres idiomas: le han puesto un cero

Francisco Pérez de los Cobos.

Rafa Gallego – 22/01/2018

El ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos se quedó en blanco en la votación para obtener un puesto de magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al recibir cero votos de los diez que había en liza por parte de la Comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

La razón fue que Pérez de los Cobos demostró haber mentido al elaborar su propuesta para obtener el nombramiento. El dominio del inglés y del francés es obligatorio para desempeñar el cargo al que aspiraba, y durante la entrevista quedó evidenciado que no poseía esos conocimientos, a pesar de que en el currículum elaborado para defender su candidatura presumía de hablar tres idiomas -inglés, francés e italiano- además de su lengua nativa, el español.

Según figura en la declaración remitida por Pérez de los Cobos a la Comisión, el propio Pérez de los Cobos aseguraba que “mi nivel de inglés cumple con los estándares requeridos”, si bien reconocía la posibilidad de que tuviese que tomar “clases intensivas para desempeñar mis tareas como juez en Tribunal Europeo de Derechos Humanos” por lo que se comprometía a “tomarlas de cara a cumplir con los deberes que se requieren en dicho puesto”.

Lo cierto es que Pérez de los Cobos fue entrevistado en París el pasado 12 de enero por esta Comisión, formada por miembros de diez nacionalidades diferentes, y cuando éstos comenzaron a preguntarle en inglés, éste respondió: “¿Pueden preguntarme en español?”.

Según relata el portal Confilegal, el candidato De los Cobos “se vio sorprendido porque esperaba que la entrevista fuera en español”. Fue así como perdió sus opciones de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Fue José Martín y Pérez de Nanclares, director de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores quien ganó la votación, con siete votos, mientras que María Elósegui, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, obtuvo tres votos.

 

https://okdiario.com/espana/2018/01/22/perez-cobos-mintio-tribunal-decir-habla-tres-idiomas-puesto-cero-1723666

 

Los jueces tienen un protocolo para impedir el acoso sexual, moral o laboral por parte de otros jueces

 

El feminazismo y la justicia son términos antitéticos.

El feminazismo y el sentido común son incompatibles.

“En ningún caso, el asesor o asesora confidencial exigirá a la persona que ha presentado la queja pruebas demostrativas de los hechos en que consiste, o realizará actuaciones instructoras dirigidas a la constatación de esos hechos”.

Los “asesores” tienen un “escrupuloso” deber de secreto, por lo que no pueden ser llamados a declarar en los supuestos en los que se siga contra el agresor un expediente disciplinario en relación con los hechos objeto de la queja.

Este texto es una aberración jurídica feminazi como todos los que se han creado tras la promulgación de la ley de violencia de género. Pero éste pertenece a un protocolo de aplicación entre los propios jueces. Jueces que se han callado sabedores de que quien proteste, se oponga o disienta será perseguido y purgado.

Las plazas de delatores oficiales se han cubierto sin demora.

Y aún se enfadan porque las llamamos feminazis y sacamos a la luz sus mentiras.

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Los jueces tienen un protocolo para impedir el acoso sexual, moral o laboral por parte de otros jueces

José Luis Concepción, en el centro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, en la toma de posesión de nuevos jueces; en dicho territorio tienen una “asesora confidencial” para prevenir los casos de acoso. TSJCL

Carlos Berbell

26 diciembre, 2017

Los jueces y magistrados españoles disponen de un “Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia en la carrera judicial” para los casos en los que el acosador sea otro juez o magistrado.

La existencia en sí de este Protocolo ya presupone que estas situaciones se han producido, se están produciendo o se pueden producir.

Fue elaborado conjuntamente por la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial junto con una Guía de Aplicación.

“El Protocolo se aplicará en su integridad cuando la persona presuntamente víctima y la persona presuntamente agresora sean jueces o juezas, cualquiera que sea su categoría, integrantes de la Carrera Judicial, tanto si se encuentran en servicio activo como si se encuentran en otra situación administrativa siempre que, en el caso de que sea la persona presuntamente agresora la que se encuentra en otra situación administrativa, pueda ser sometida a responsabilidad disciplinaria en los términos establecidos en los artículos 414 a 427 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, dice el artículo 2 de este texto, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el 17 de febrero de 2015 y publicado en el BOE el 17 de febrero de 2016.

A efectos del Protocolo se asimilan a los jueces integrantes de la carrera judicial tanto a los jueces sustitutos, eméritos de paz así como a los alumnos de la Escuela Judicial.

Protocolo frente al acoso en la Carrera Judicial

En el mismo se define acoso sexual “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH).

El Protocolo define los comportamientos que son considerados como acoso sexual: contacto físico innecesario; rozamientos o palmaditas; observaciones sugerentes y desagradables; chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto, y abusos verbales deliberados; invitaciones impúdicas o comprometedoras; uso de imágenes o posters pornográficos en los lugares de trabajo; gestos obscenos; observación clandestina de personas en lugares reservados -los “mirones”, como sería el caso de los servicios; demandas de favores sexuales; y  agresiones físicas.

Guía de aplicación Protocolo Antiacoso Carrera Judicial

También describe los de acoso sexista y los de acoso psicológico o moral.

Estos últimos son los de “dejar al juez o jueza de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique, ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor, exigirle al juez o jueza unos resultados desproporcionados de imposible cumplimiento puestos en relación con los medios materiales y personales que se asignan al órgano judicial, acciones de represalia frente a quienes han planteado quejas, denuncias o demandas, o a quienes han colaborado con las personas reclamantes, insultar o menospreciar repetidamente a un juez o jueza, reprenderlo reiteradamente delante de otras personas, o difundir rumores sobre su profesión o sobre su vida privada”.

“Asesores confidenciales”

Para hacer frente al acoso que se pueda producir dentro de la carrera judicial, en el Protocolo se contempla la figura de los llamados “asesores confidenciales”, cuya principal función es la de resolver las quejas que se produzcan y orientas a las víctimas en su trabajo diario.

Le corresponde a cada uno de las 17 Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia designar a un asesor y a un suplente. La mencionada Comisión de Igualdad y la Comisión nacional de Seguridad y Salud también les corresponde nombrar a un asesor confidencial para los casos que se puedan producir en el seno del CGPJ.

El Protocolo regula el llamado “procedimiento informal de solución”, un instrumento dirigido a resolver las quejas de manera rápida y confidencial y sin necesidad de acudir a la vía disciplinaria.

Es un procedimiento no es de aplicación cuando los hechos revisten caracteres de delito, consisten en violencia o, por su gravedad o trascendencia, comprometen el buen funcionamiento o la imagen pública de la Administración de Justicia.

“Quien entienda es víctima de un acoso, o para prevenir una posible situación de acoso, puede presentar una queja ante el asesor o asesora confidencial. La queja se puede realizar en cualquier forma”, dice el Protocolo.

Relación de asesores confidenciales de los TSJ

“En ningún caso, el asesor o asesora confidencial exigirá a la persona que ha presentado la queja pruebas demostrativas de los hechos en que consiste, o realizará actuaciones instructoras dirigidas a la constatación de esos hechos”.

“Para tramitar la queja -prosigue el Protocolo- el asesor o asesora confidencial, solo o en compañía de la persona que la ha presentado, a elección de ésta, se dirigirá personalmente a la persona a quien se dirige la queja para manifestarle la existencia de una queja sobre su conducta y las responsabilidades disciplinarias en que, de ser ciertas y de reiterarse las conductas objeto de la queja, la persona a quien se dirige la queja podría incurrir, haciéndole saber que la tramitación del procedimiento informal de solución ni es una sanción disciplinaria, ni deja constancia de su tramitación en ningún archivo administrativo, ni supone constatación de los hechos de la queja”.

Realizada la gestión, el asesor o asesora confidencial comunicará su resultado a la persona que ha presentado la queja, transmitiéndole en su caso la explicación que haya dado la persona a quien se dirige la queja, concluyendo así el procedimiento informal de solución.

Procedimiento disciplinario formal

Si los hechos fueran más graves y no encajaran en el procedimiento informal de solución, o si habiéndolo utilizado se hubieran reiterado dichos comportamientos, la persona afectada  puede dirigirse al órgano competente para que se inicie el procedimiento disciplinario formal.

“Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de la comisión del delito de acoso moral tipificado en el artículo 173 del Código Penal, del delito de acoso sexual tipificado en el artículo 184 del Código Penal, o del delito de que se trate de acuerdo con los hechos”, dice el artículo 11.2 de Protocolo.

Los “asesores” tienen un “escrupuloso” deber de secreto, por lo que no pueden ser llamados a declarar en los supuestos en los que se siga contra el agresor un expediente disciplinario en relación con los hechos objeto de la queja.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Protocolo-frente-al-acoso/

http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/COMISI%C3%93N%20DE%20IGUALDAD/PROTOCOLO%20FRENTE%20AL%20ACOSO/FICHEROS/20170203%20Relaci%C3%B3n%20de%20asesores%20confidenciales%20de%20los%20TSJ.pdf

https://confilegal.com/20171226-los-jueces-tienen-protocolo-impedir-acoso-sexual-moral-laboral-parte-otros-jueces/

 

El CGPJ otorgó 434.000 euros a las 4 asociaciones judiciales en 2017

 

Las subvenciones deberían estar prohibidas por ley.

Son una forma de robar el dinero a los ciudadanos para regalarlo a los amiguetes.

Y una vez recibido ese regalo tener controlados y apesebrados a las posibles voces discrepantes. En este caso a los jueces.

¿A santo de qué hemos de financiar entre todos los saraos de una asociación?

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El CGPJ otorgó 434.000 euros a las 4 asociaciones judiciales en 2017

Yolanda Rodríguez Vidales

19 diciembre, 2017

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido en 2017 un total 434.479 euros en subvenciones a las cuatro asociaciones judiciales, lo que supone un incremento cercano al 3 % respecto a 2016.

El Consejo ha informado hoy del dinero destinado a las cuatro asociaciones representativas de jueces, entre las que la mayoritaria, la Asociación Profesional Magistratura (APM) percibió 130.738 euros.

La citada cantidad se otorga en función del número de afiliados, y por tanto la segunda que más dinero recibió fue la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) recibió 118.636 euros.

La asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) obtuvo 104.498 euros, mientras el Foro Judicial Independiente (FJI) consiguió 80.605 euros.

Los conceptos para los que el CGPJ aporta estas retribuciones son los gastos de organización y funcionamiento, la realización de actividades de interés para la justicia y la vida asociativa, la efectiva implantación en la Carrera Judicial, los resultados de las últimas elecciones a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y las actividades de formación.

Un 2,93% más que en 2016

El año pasado la inversión del CGPJ en las asociaciones fue de 422.124 euros, un 2,93 % menos que este año, y supuso una media de casi el 40 % de los ingresos anuales de dichas organizaciones, según los datos aportados por el órgano de gobierno de los jueces.

Las citadas subvenciones concedidas por el CGPJ representaron el 37,12 por ciento de los ingresos anuales de la Asociación Profesional de la Magistratura; el 34,23 por ciento de los de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria; el 40,35 por ciento de los de Juezas y Jueces para la Democracia y el 47,88 por ciento de los de Foro Judicial Independiente.

https://confilegal.com/20171219-el-cgpj-otorgo-434-000-euros-a-las-asociaciones-judiciales-en-2017/