Teléfono: 620100000 - Email: info@projusticia.es

Si no encuentra la página que busca pruebe en la sección "web anterior".

El Tribunal Supremo revoca una condena a Antena 3 Televisión por un reportaje de cámara oculta

 

Sentencia muy relevante para quienes viven bajo la constante amenaza de las denuncias falsas.

Grabar los hechos es fundamental para acreditar quien miente.

Lo “sorprendente” es que la Audiencia Provincial, el juzgado penal y el juzgado de instrucción condenasen por algo totalmente legal.

-o-o-o-o-

El Tribunal Supremo revoca una condena a Antena 3 Televisión por un reportaje de cámara oculta

El reportaje grabó en 2010 a un experto en ‘coaching’ en su consulta en Mallorca cuya finalidad era denunciar determinadas prácticas pseudomédicas

martes, 28 de noviembre de 2017

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta por la Audiencia de Baleares a Antena 3 Televisión por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de un experto en ‘coaching’ de quien emitió en 2010 un reportaje con cámara oculta grabado en su consulta en Mallorca cuya finalidad era denunciar determinadas prácticas pseudomédicas atribuidas a dicha persona.

El Supremo estima el recurso de la cadena al considerar que no existió intromisión ilegítima en los citados derechos del demandante al prevalecer en este caso las libertades de expresión e información ante el interés general de las informaciones sobre personas que se atribuyan poderes curativos y se lucren con su actividad. Entiende el tribunal que son legítimas las advertencias sobre ese tipo de actividades, y concluye que “la información fue veraz porque el demandante se atribuía unos poderes curativos, a modo de don especial, que podía generar falsas esperanzas en personas enfermas, quienes además pagaban al demandante cantidades muy considerables y a las que se incitaba a alejarse de su familia y círculos más cercanos”.

De ese modo, se anula la condena a Antena 3 a pagar una indemnización de 92.000 euros al demandante, así como la que se impuso a la Asociación de Prevención Sectaria ‘Red Une’, por el contenido de varios correos electrónicos sobre la misma persona, que fue de 12.000 euros, al estimarse también el recurso de ‘Red Une’.

Respecto al procedimiento de la cámara oculta, la sentencia recuerda que la doctrina de la Sala es que “puede no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público de los hechos registrados”, “pues no cabe descartar que mediante el mismo se descubran hechos delictivos”, como en casos de corrupción política o económica, que “deban ser conocidos y transmitidos a la opinión pública con la contundencia y poder expresivo inherentes a la grabación de la imagen y la voz”.

Añade que esa proporcionalidad entre fines y medios se dio en este caso, en primer lugar porque el reportaje grabado no fue una iniciativa de la cadena, sino que partió de la información ofrecida por una fuente objetiva y fiable como era la asociación Red Une, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad era «prevenir e informar a los ciudadanos sobre grupos peligrosos, sectas o actividades equiparables».

Asimismo, previamente esta asociación había tenido conocimiento de las actividades del demandante a través de la información que le había facilitado un familiar directo de una de sus clientes, por lo que no cabe negar que la emisión en antena del reportaje y su difusión ulterior en informativos y página web fue precedida de una labor seria de contraste, a partir de fuentes objetivas y fiables.

Y por último, la información divulgada fue veraz en lo esencial, por más que la edición propia de los programas de investigación diera lugar a que se alterara el orden en que fueron grabadas algunas imágenes o se optara por sintetizar el mensaje mediante la proyección de los pasajes más relevantes, “pues nada de lo que se omitió habría llevado a un espectador medio a conclusiones distintas de las que podía obtener a partir de los datos que sí fueron objeto de emisión, esto es, que existían indicios objetivos, notorios, evidentes, de que (el demandante) podía estar lucrándose mediante una organización dirigida a engañar a personas con graves problemas de salud, que la medicina no puede solucionar, ofreciéndoles el resultado seguro de supuestas terapias alternativas carentes de base científica”, indica el Supremo.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-revoca-una-condena-a-Antena-3-Television-por-un-reportaje-de-camara-oculta

El Supremo anula una condena a Antena 3 por un reportaje con cámara oculta al ser veraz

El palacio de las monjas salesas, sede del Tribunal Supremo español, y de la Sala de lo Civil. Confilegal.

Yolanda Rodríguez Vidales

29 noviembre, 2017

El Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta por la Audiencia de Baleares a Antena 3 Televisión por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de un experto en ‘coaching’ de quien emitió en 2010 un reportaje con cámara oculta grabado en su consulta cuya finalidad era denunciar determinadas prácticas pseudomédicas atribuidas a dicha persona.

El Supremo estima el recurso de la cadena al considerar que no existió intromisión ilegítima en los citados derechos del demandante al prevalecer en este caso las libertades de expresión e información ante el interés general de las informaciones sobre personas que se atribuyan poderes curativos y se lucren con su actividad.

Entiende la Sala que “la prevalencia de la libertad de información es evidente, porque tanto los reportajes de Antena 3 como los correos y la web de Red Une, incluyendo las imágenes, tenían por finalidad esencial denunciar una actividad de licitud dudosa del Sr. Hertlein y de su empresa que podía entrañar riesgos, tanto directamente para la salud pública”.

La información divulgada fue veraz en lo esencial

Entiende el tribunal que son legítimas las advertencias sobre ese tipo de actividades, y concluye que “la información fue veraz porque el demandante se atribuía unos poderes curativos, a modo de don especial, que podía generar falsas esperanzas en personas enfermas, quienes además pagaban al demandante cantidades muy considerables y a las que se incitaba a alejarse de su familia y círculos más cercanos”.

Los reportajes se emitieron en los programas «Espejo Público» y «3 D» de dicha cadena, fueron veraces en lo esencial, por más que la edición propia de los programas de investigación diera lugar a que se alterara el orden en que fueron grabadas algunas imágenes o se optara por sintetizar el mensaje mediante la proyección de los pasajes más relevantes.

“Nada de lo que se omitió habría llevado a un espectador medio a conclusiones distintas de las que podía obtener a partir de los datos que sí fueron objeto de emisión, esto es, que existían indicios objetivos, notorios, evidentes, de que (el demandante) podía estar lucrándose mediante una organización dirigida a engañar a personas con graves problemas de salud, que la medicina no puede solucionar, ofreciéndoles el resultado seguro de supuestas terapias alternativas carentes de base científica”, indica el Supremo.

En este sentido, el Supremo recuerda que en la sentencia 20/2017, de 17 de enero, se insiste en que la veracidad «no equivale a una exactitud total sino que se corresponde con el deber del informador de contrastar previamente la noticia mediante fuentes objetivas, fiables, identificables y susceptibles de contraste, que aporten datos conducentes a que el informador alcance conclusiones semejantes a las que podría alcanzar cualquier lector o espectador medio a partir de los mismos datos, y todo ello al margen de la forma elegida para su comunicación y sin perjuicio de que su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado (sentencias 337/2016, de 20 de mayo, y 362/2016, de 1 de junio, que a su vez citan la doctrina del Tribunal Constitucional)».

De ese modo, se anula la condena que obligaba a Antena 3 Televisión a pagar una indemnización de 92.000 euros al demandante, así como la que se impuso a la Asociación de Prevención Sectaria ‘Red Une’, por el contenido de varios correos electrónicos sobre la misma persona, que fue de 12.000 euros, al estimarse también el recurso de ‘Red Une’.

“Puede no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público”

Respecto al procedimiento de la cámara oculta, la sentencia recuerda que la doctrina de la Sala es que “puede no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público de los hechos registrados”, “pues no cabe descartar que mediante el mismo se descubran hechos delictivos”, como en casos de corrupción política o económica, que “deban ser conocidos y transmitidos a la opinión pública con la contundencia y poder expresivo inherentes a la grabación de la imagen y la voz”.

Añade que esa proporcionalidad entre fines y medios se dio en este caso, en primer lugar porque el reportaje grabado no fue una iniciativa de la cadena, sino que partió de la información ofrecida por una fuente objetiva y fiable como era la asociación Red Une, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad era «prevenir e informar a los ciudadanos sobre grupos peligrosos, sectas o actividades equiparables».

Asimismo, previamente esta asociación había tenido conocimiento de las actividades del demandante a través de la información que le había facilitado un familiar directo de una de sus clientes, por lo que no cabe negar que la emisión en antena del reportaje y su difusión ulterior en informativos y página web fue precedida de una labor seria de contraste, a partir de fuentes objetivas y fiables.

Además, “existían indicios objetivos, notorios, evidentes, de que el Sr. Hertlein podía estar lucrándose mediante una organización dirigida a engañar a personas con graves problemas de salud, que la medicina no puede solucionar, ofreciéndoles el resultado seguro de supuestas terapias alternativas carentes de base científica”.

https://confilegal.com/20171129-el-supremo-anula-una-condena-a-antena-3-por-un-reportaje-con-camara-oculta-al-ser-veraz/

 

7 años de cárcel para un abogado que estafó 700.000 euros a un anciano desvalido

 

Si tienes la mala suerte de caer en las manos de un abogado sinvergüenza no dudes en denunciar.

-o-o-o-o-

7 años de cárcel para un abogado que estafó 700.000 euros a un anciano desvalido

13 Septiembre, 2017

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una pena de siete años de prisión al letrado A.S.V.Q. como autor de un delito continuado de estafa por valor de unos 700.000 euros entre 2003 y 2008 en la persona de un aciano, casi ciego y privado de sus facultades mentales, mediante distintas operaciones de refinanciación de la deuda de éste, a través de la firma de hasta 18 hipotecas cambiarias, que convirtieron al letrado en su principal acreedor.

En su fallo, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la Sección Cuarta de lo Penal considera probada la culpabilidad del letrado y, amén de la citada pena privativa de libertad–el fiscal había pedido para él ocho años y la acusación particular 17–resuelve imponerle una multa de 12.600 euros, su inhabilitación para el ejercicio de la profesión por espacio de siete años y, además, acuerda decretar la nulidad d todas las hipotecas cambiarias formalizadas bajo engaño.

El hijo del ahora condenado, A.V.G, que compartió banquillo con él acusado de los mismos hechos, por los que se exponía a seis años y medio y 17 años solicitados por las acusaciones pública y particular, respectivamente, ha quedado absuelto de todos los cargos.

El tribunal sentenciador fundamenta la condena de su padre en la concurrencia de todos los elementos del delito, “pues no se trata simplemente de un supuesto de préstamos con usura; se trata de un conglomerado de acciones con apariencia de préstamo (en la mayoría de los casos ni siquiera se llega a producir el préstamo del dinero), y que en toda la actividad desplegada por el acusado concurre el elemento del engaño”. (EP)

 

https://confilegal.com/20170913-7-anos-de-carcel-para-un-abogado-que-estafo-700-000-euros-a-un-anciano-desvalido/

 

El Tribunal Supremo anula la designación de un abogado de oficio al apreciar “falta absoluta de defensa” en su recurso de casación

 

Desgraciadamente no son casos aislados.

El Tribunal Supremo abre la puerta para que puedan defenderse los afectados por abogados negligentes.

-o-o-o-o-

El Tribunal Supremo anula la designación de un abogado de oficio al apreciar “falta absoluta de defensa” en su recurso de casación

La Sala Segunda interesa el nombramiento de un nuevo abogado para el recurrente, que deberá interponer el recurso que corresponda
Autor
Comunicación Poder Judicial

La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la designación de abogado de oficio a un recurrente en casación al apreciar “una falta absoluta de defensa” en su recurso, que califica como “collage de consideraciones jurídicas” “carentes de ligazón discursiva” y “huérfanas” de correspondencia con las objeciones que plantea, sosteniendo en ocasiones “una cosa y su contraria”. El alto tribunal interesa el nombramiento de un nuevo abogado para el condenado, que deberá interponer el recurso que corresponda.

Según explica el Supremo en un auto, “la voluntad del condenado de que su condena sea revisada judicialmente se ha saldado con la presentación meramente formal o aparente de un recurso”, ya que “la específica actuación profesional desplegada, por desatender el análisis de la realidad fáctica y jurídica plasmada en la sentencia, no posibilita la revisión de la sentencia condenatoria en los términos que son inherentes al desacuerdo expresado por el acusado”.

La sentencia recurrida fue dictada el 17 de octubre de 2016 por la Audiencia Provincial de Barcelona, y condenó al acusado a 12 años y medio de prisión por delito continuado de agresión sexual; y a otros 3 años de prisión por delito continuado de abusos sexuales. El acusado, pese a haber reconocido los hechos en el juicio oral, reclamó un abogado que recurriese en su nombre el pronunciamiento de condena, concretamente, si era o no pertinente que la sentencia declare una doble responsabilidad criminal desde una misma continuidad delictiva.

Ante la solicitud del condenado para recurrir, se designó abogado del turno de oficio por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El Supremo ha decidido anular esa designación a la vista del recurso presentado, y ordenado que se nombre otro abogado de oficio. El tribunal explica que la mejor o peor calidad jurídica de los escritos es algo extraño al juzgador, salvo flagrante infracción del principio de defensa como ocurre en este concreto caso.
“Solamente en los casos , como el que es objeto de esta resolución judicial, en donde se aprecia una falta absoluta de defensa, puede el Tribunal dar traslado al correspondiente Colegio de Abogados para que designe un nuevo colegiado que instrumentalice en términos sustanciales el derecho de defensa que a toda parte corresponde”, dice la Sala.

Por otro lado, el Supremo quiere destacar en su auto la labor del turno de oficio, actividad desempeñada mediante la organización de los colegios de abogados, “que sin duda contribuye no solamente a realzar la calidad de la defensa, sino a proporcionar la universalidad de la misma”.

El auto recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone de manifiesto que la mera designación de un letrado no garantiza por sí misma la efectividad del auxilio, ya que, de lo contrario, si el abogado eludiese sus deberes de defensa, se amenazaría con convertir la asistencia jurídica gratuita en una palabra vacía. Por ello, las autoridades nacionales competentes están obligados a intervenir cuando el abogado de oficio fracase de forma manifiesta en su defensa.-

La resolución destaca que los colegios profesionales de abogados, en satisfacción del interés público que justifica la naturaleza de su personalidad, deben recoger las peticiones de defensa de oficio y canalizarlas hacia aquellos profesionales que satisfagan las necesidades de capacitación y compromiso que, con sujeción a los mínimos establecidos por el Ministerio de Justicia, ellos mismos establezcan. Además, subraya que el Estatuto General de la Abogacía Española atribuye a los colegios un control del desempeño de todo abogado así como la depuración de las responsabilidad disciplinarias en que hubiera podido incurrir.

También indica el auto que, por más que la misión de velar por la presencia del derecho de defensa en el proceso penal corresponda al Tribunal Constitucional, no se excluye la obligación de su tutela general por los tribunales de justicia (como dice el artículo 41.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), siendo éstos quienes están en condiciones de examinar si la defensa fue intrínsecamente adecuada o idónea.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-la-designacion-de-un-abogado-de-oficio-al-apreciar–falta-absoluta-de-defensa–en-su-recurso-de-casacion

Mujer detenida por no entregar a los niños

 

Una juez que obliga a cumplir la ley y las sentencias.

¡Ojalá cunda el ejemplo!

-o-o-o-o-

Una jueza logra evitar que un posible “caso Juana Rivas” ocurra en Ribeira

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ribeira ha conseguido evitar con la decisión adoptada en las últimas horas que se pudiera registrar en la capital barbanzana

La madre del menor pasó a disposición judicial tras detenerla la Policía | CHECHU RÍO

REDACCIÓN RIBEIRA

30 DE AGOSTO DE 2017

Una jueza logra evitar que un posible “caso Juana Rivas” ocurra en Ribeira

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ribeira ha conseguido evitar con la decisión adoptada en las últimas horas que se pudiera registrar en la capital barbanzana un “caso Juana Rivas”. La magistrada ordenó la detención de una vecina de la parroquia de Olveira, a la que investiga por un delito de desobediencia, al considerar que estaba incumpliendo el régimen de visitas recogido en la sentencia de divorcio dictada hace unos tres meses. Esta decisión la adoptó el lunes tras recibir un escrito del representante legal de un pobrense que, en un acto de casi desesperación, le reclamaba su auxilio, así como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para conseguir que su expareja le entregue a su hijo menor de edad, como entiende que le corresponde y según se recoge en alguna providencia dictada por la autoridad judicial.

Este periódico ha podido saber que el padre del chiquillo -tiene un par de años- acudió a las diez de la mañana de este lunes junto con su madre a la casa de su expareja para que le entregase al hijo que tienen en común. Para ello contaba en su poder con una disposición judicial para hacer ese requerimiento. Pese a ello, la progenitora se volvió a negar -parece que no era la primera vez que sucedía- a la entrega del niño. Según ha trascendido, existe una grabación realizada por el denunciante en la que se recoge lo sucedido en ese encuentro en el que había acudido a recoger al menor, sin lograr su objetivo. El padre del niño considera que esta situación está causando graves perjuicios tanto a él como al menor, y teme que este último pueda empezar a sentir rechazo hacia él, como uno de los síntomas del síndrome de alienación parental.

Acompañado de la Policía

El padre de la criatura regresó a primera hora de la mañana de ayer al domicilio materno en Olveira, pero esta vez lo hizo acompañado de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, con la intención de lograr que se lo entregase de inmediato, según lo establecido en un auto judicial. Sin embargo, en ese momento no se encontraban en la vivienda ni la madre ni el chiquillo, desconociéndose hasta ahora el motivo de esa ausencia. Sin embargo, una llamada por parte de un familiar explicándole la situación hizo que poco después regresase a la referida casa y se pudo llevar a cabo la entrega del niño a su padre. A continuación, atendiendo a la orden dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira, los agentes de la comisaría procedieron a la detención de la madre bajo la acusación de un delito de desobediencia. Después de ser trasladada a las dependencias de la Policía Nacional, la mujer arrestada fue puesta a disposición judicial. Tras tomarle declaración, la magistrada dictó para ella un auto de puesta en libertad con cargos, a la espera de que se celebre el correspondiente juicio por el delito que se le atribuye.

A la salida de la sede judicial, este periódico trató de manera infructuosa de conseguir unas manifestaciones o una valoración por parte de la madre que había sido detenida. La representación legal del padre del menor también evitó pronunciarse sobre el tema. Lo único que confirmó fue que había conseguido que su cliente pueda estar con su hijo después de casi un año, y lamentó la situación generada hasta la fecha. Según trascendió, el padre podrá disfrutar de lo que quedan de vacaciones con el niño hasta el inicio del curso escolar.

 

http://www.diariodearousa.com/articulo/barbanza/jueza-logra-evitar-posible-caso-juana-rivas-ocurra-ribeira/20170830003620191009.html

 

El tribunal considera que Diario de Ibiza no vulneró el derecho al honor y la intimidad del condenado

 

Los delincuentes tienden a ser muy sensibles con su “honor”. No les hace gracia que la gente sepa la verdad de lo que hacen. No dudan en reclamar que se cumpla la misma ley que ellos incumplen. Aún siendo abogados. Pero la ley y la jurisprudencia son claras al respecto.

-o-o-o-o-

La Audiencia avala la publicación íntegra de la sentencia que condenó al abogado Andrés Tuells

El tribunal considera que Diario de Ibiza no vulneró el derecho al honor y la intimidad del condenado

Redacción | Ibiza 06.07.2017

La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de apelación presentado por el abogado Andrés Tuells contra la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza que desestimó una demanda suya contra Diario de Ibiza, en la que sostenía que la reproducción íntegra de la sentencia que le condenó por denuncia falsa en el caso Ibiza Centre vulneraba su derecho al honor y a la intimidad personal.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia avala plenamente la actuación de Diario de Ibiza, rechaza todos los argumentos de Tuells y hace suyos los de la sentencia recurrida, que concluyó que «la mera publicación del contenido de una sentencia no supone por sí misma, en un asunto de amplia repercusión y seguimiento mediático en Ibiza, la vulneración del derecho al honor del condenado», y subrayó además que la libertad de información debe prevalecer sobre el derecho al honor y a la intimidad personal, al tratarse de una noticia veraz de interés general y trascendencia pública.

La sentencia de la Audiencia, fechada el pasado 29 de junio, desmonta todas las pretensiones del abogado ibicenco en su recurso, cita una abundante doctrina constitucional sobre la forma de resolver posibles colisiones entre los derechos a la libertad de información y al honor y a la intimidad personal, y señala que no había ni en la sentencia reproducida ni en la noticia que publicó Diario de Ibiza «comentarios injuriosos o insultantes» ni «información sobre aspectos correspondientes a la vida privada del demandante susceptibles de vulnerar su derecho a la intimidad». Y añade: «De la misma manera que el demandante [Tuells] publicitó la interposición de una querella [contra el juez instructor y una abogada del caso Ibiza Centre] mediante una rueda de prensa, no se comprende el motivo por el cual la opinión pública no puede conocer el resultado final de su actuación profesional ni el contenido de una sentencia que se relaciona con el caso Ibiza Centre».

El fallo del tribunal condena también a Andrés Tuells a pagar las costas procesales del recurso.

 

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/07/06/audiencia-avala-publicacion-integra-sentencia/927012.html

El TS considera que no es competencia del procurador solicitar una prórroga ante la caducidad de la anotación preventiva de embargo

 

Tal parece que hay que estar encima del abogado pues el procurador puede lavarse las manos y eludir la responsabilidad.

Por algo hay quien dice que el procurador es un cartero muy caro sin prácticamente responsabilidad alguna frente a su cliente.

-o-o-o-o-

El TS considera que no es competencia del procurador solicitar una prórroga ante la caducidad de la anotación preventiva de embargo

La sentencia confirma el rechazo de la demanda en reclamación de daños y perjuicios presentada por una empresa contra un procurador por negligencia profesional

lunes, 5 de junio de 2017
Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el alcance de la responsabilidad civil del procurador en relación con la caducidad de la anotación preventiva de embargo. La Sala concluye que no es competencia del procurador poner en conocimiento del abogado la proximidad del vencimiento del plazo de caducidad de la anotación preventiva de embargo, como tampoco está obligado a solicitar la prórroga para evitar dicha caducidad.

Para la Sala, esa iniciativa, de contenido jurídico-económico, corresponde al abogado al tratarse de una actuación encaminada a asegurar la eficacia de la medida cautelar para garantizar el buen fin del procedimiento.

La sentencia confirma el rechazo de la demanda en reclamación de daños y perjuicios presentada por una empresa contra un procurador por negligencia profesional ante la caducidad de una anotación preventiva de embargo.
La Sala indica que la inactividad del procurador en este caso no supone incumplimiento contractual por parte de este al no infringir su deber de diligencia profesional.

Se adjunta nota informativa de la Sala.

 

Archivos asociados

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TS-considera-que-no-es-competencia-del-procurador-solicitar-una-prorroga-ante-la-caducidad-de-la-anotacion-preventiva-de-embargo

 

Desestimada la pretensión de una joven que reclamó judicialmente a sus padres una pensión de alimentos

 

Hay jueces sensatos que no permiten vagos e irresponsables. Desgraciadamente son la minoría si bien parece que este criterio va tomando fuerza.

¿La hija ha terminado siendo una vaga irresponsable por el divorcio de sus padres?

-o-o-o-o-

Desestimada la pretensión de una joven que reclamó judicialmente a sus padres una pensión de alimentos

La Audiencia de Cantabria concluye que ha sido su propia conducta, calificada como “de abandono, vagancia y falta de aprovechamiento”, la que le ha colocado en su situación actual
Autor
Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Santander, 2 de mayo de 2017.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha desestimado el recurso de una joven contra la sentencia que le negó una pensión de alimentos que reclamaba a sus padres.

En su resolución, el tribunal de apelación afirma que la situación económica de la joven, que actualmente tiene 23 años, responde a su propia conducta “de abandono, vagancia y falta de aprovechamiento”.

Explica la Audiencia que los padres de la joven se separaron cuando ella ya era mayor de edad y en la sentencia de separación no se fijó pensión alimenticia alguna a favor de la hija.

Entonces, la joven reclamó judicialmente a sus padres una pensión y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Castro Urdiales desestimó tal pretensión.

Ante esta negativa, la chica decidió recurrir a la Audiencia, órgano que respalda la decisión de la juez de instancia al entender que “ha sido la propia conducta de la recurrente una vez alcanzada la mayoría de edad, conducta jurídicamente calificable como de abandono, vagancia y falta de aprovechamiento, la que la ha colocado en la situación que actualmente ostenta y que no la hace acreedora de la obligación de alimentos que reclama”.

Reconoce el tribunal que la obligación de dar alimentos “es una de las de mayor contenido ético” del ordenamiento jurídico, así como “uno de los elementos ineludibles de la patria potestad”.

Sin embargo, añade que se trata de una obligación que se extiende “hasta que los hijos alcancen la suficiencia económica siempre y cuando la necesidad no haya sido creada por la conducta del propio hijo”.

En este caso, la Audiencia explica en su sentencia que “la situación de la demandante y recurrente ha sido provocada por su propia conducta”.

Para probar tal afirmación, el tribunal alude a que “no ha concluido pese a su edad la enseñanza secundaria obligatoria” o que “ha solicitado y obtenido dinero de parientes para la realización de diversos cursos sin obtener resultado ninguno bien por no matricularse bien por no asistir de forma continua o regular a las clases”.

También se refiere a los distintos trabajos que la joven ha tenido y que ha finalizado “por diversos motivos” como “excesivo esfuerzo, demasiadas horas o escasa retribución”.

Por todo ello, entiende la Audiencia que la joven no es merecedora de la obligación de alimentos que reclama y desestima su recurso.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación.

 

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Desestimada-la-pretension-de-una-joven-que-reclamo-judicialmente-a-sus-padres-una-pension-de-alimentos

 

El Supremo reconoce una compensación económica a excónyuges por “su trabajo para la casa”

 

Una sentencia más en la que sólo se contempla beneficiar a la exesposa obviando el sentido común y la legislación.

La empresa no es del exmarido pero le hacen responsable a él. El contrato era legal como el de miles de autónomos. Etc.

Por supuesto, lo que ella recibió del marido no se tiene en cuenta.

Subyace, como siempre, el criterio de que la esposa tiene que recibir una compensación económica por el tiempo dedicado al marido. Mi abuela lo llamaba prostitución.

Terminarán consiguiendo que nadie se atreva a juntarse con el otro sexo como ya pasa en Japón.

 

-o-o-o-o-

El Supremo reconoce una compensación económica a excónyuges por “su trabajo para la casa”

Yolanda Rodríguez Vidales

3 Mayo, 2017

El Tribunal Supremo declara que el trabajo en negocios familiares en condiciones laborales precarias debe equipararse al “trabajo para la casa” y, por lo tanto, da derecho a una compensación económica al excónyuge en casos de divorcio con régimen de separación de bienes.

La Sala de lo Civil del Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 29 de febrero de 2016, dictada por la Audiencia Provincial de Albacete, Sección Primera, que en el proceso de divorcio de un matrimonio sujeto al régimen de separación de bienes reconoció a favor de la esposa una indemnización de 27.000 euros en concepto de compensación por su «trabajo para la casa».

El esposo alegaba que se infringía la jurisprudencia de la Sala al haber concedido la indemnización contemplada en el art. 1438 Código Civil cuando la esposa no ha contribuido «solo» con el trabajo para la casa sino que, además, trabajaba fuera de ella, lo que resultaría incompatible con el derecho a obtener la citada compensación económica.

Hasta la fecha, el Tribunal Supremo ha mantenido una reiterada doctrina jurisprudencial en la que ha venido exigiendo, para el reconocimiento de dicha compensación económica, que la dedicación del cónyuge al trabajo doméstico fuera “exclusiva”.

Una doctrina que, precisamente, ha sido matizada en fechas recientes en la STS nº 136/2017, de 28 de febrero, en la que se atendió para denegar esta compensación económica a que el trabajo realizado lo era «por cuenta ajena».

En el caso concreto, y según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, se subraya que “la esposa trabajó en casa y, además, en el negocio familiar regentado por su esposo y propiedad de su suegra con un salario moderado y contratada como autónoma, lo que le privaba de indemnización por despido”, criterio que ya se anticipaba en sentencia 136/2017, de 28 de febrero que atiende para denegar el derecho a la compensación económica citada a que la realización de un trabajo fuera del hogar se haya realizado “por cuenta ajena”. Concretamente, la mujer percibía un salario de 600 euros.

En este sentido, el Supremo asegura que “el supuesto que nos ocupa no es idéntico a los conocidos en las sentencias de esa Sala invocadas por la parte recurrente, en los que la mujer había trabajado fuera de casa durante todo el matrimonio, por lo que al no tratarse de supuestos idénticos, no hay contradicción con las sentencias invocadas, por lo que solicitamos que la sentencia sea confirmada por no conculcar la doctrina de esta Sala”.

Por todo ello, la sala declara que la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias, como es el caso, puede considerarse como trabajo para la casa a los efectos del reconocimiento de la compensación económica del art. 1438 CC, mediante una interpretación de la expresión «trabajo para la casa» contenida en el precepto, dado que con dicho trabajo se atiende principalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio de forma similar al trabajo en el hogar.

Concluye el Supremo asegurando que  la Audiencia Provincial de Albacete realiza una valoración razonable al tener en cuenta, a efectos de la compensación que reconoce, tanto los períodos en los que la esposa ha contribuido a las cargas familiares con el trabajo para la casa de forma plena, como aquellos en los que ha trabajado en el negocio familiar y que pondera en atención a que su dedicación durante estos períodos era parcial en atención a las circunstancias concurrentes, cuales eran un trabajo con horario reducido en el negocio familiar, unas cargas domésticas notables y un alta en Seguridad Social como autónoma.

En su sentencia, la Audiencia Provincial  valoró que “la esposa ha trabajado y compatibilizado las labores del hogar hasta 2005, plenamente desde 2005 hasta el 2007 y parcialmente desde 2007 aunque haya figurado como autónoma en el negocio familiar resulta obvio que con el trabajo en el hogar ha contribuido a las cargas del matrimonio, se calcula ponderadamente durante aproximadamente 7 años y medio dado que la dedicación durante varios periodos era parcial en función de las circunstancias concurrentes (aproximadamente 90 meses a razón de una compensación de 300 euros mensuales), procediendo fijar dicha indemnización en la suma total de 27.000 euros”.

 

https://confilegal.com/20170503-el-supremo-reconoce-una-compensacion-economica-a-exconyuges-por-su-trabajo-para-la-casa/

¿Cuándo se puede aplicar la excepción de la regla general de irretroactividad en casos de pensión de alimentos indebidamente percibidos?

 

Más de uno ha sido víctima de este engaño por parte del progenitor custodio. En este artículo se explica la legislación y jurisprudencia a tener en cuenta para recuperar las cantidades pagadas.

-o-o-o-o-

¿Cuándo se puede aplicar la excepción de la regla general de irretroactividad en casos de pensión de alimentos indebidamente percibidos?

Gema Cornejo

23 Abril, 2017

La Audiencia Provincial de Madrid –en una sentencia todavía no publicada en los buscadores de jurisprudencia- condena a una mujer a devolver a su ex pareja la pensión de alimentos de sus hijos, percibida indebidamente, puesto que ninguno de ellos convivía con ella.

En la demanda se formulaban dos peticiones:

Por un lado,  que se declarase extinguida la obligación alimenticia de los dos hijos, mayores de edad, que se encontraban trabajando y percibiendo unos ingresos con los que podían afrontar sus gastos de subsistencia (con base en el artículo 152.3º del Código Civil).

Y por otro lado, que condenase a su ex pareja a la devolución de las cantidades indebidamente abonadas por alimentos: respecto del hijo, desde la fecha en la que comenzó a trabajar y, en el caso de la hija, desde que dejó de convivir con la madre (dos años antes de la mayoría de edad por residir en un centro de menores).

El padre había pasado varios años sin tener comunicación con los hijos, pero había continuado cumpliendo con sus obligaciones económicas de manutención.

El artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su apartado 2 dispone que: “Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos”.

Por lo tanto, para que pueda extinguirse la obligación de abonar la pensión de alimentos ¿Es necesario interponer una demanda de modificación de medidas? ¿Es correcta la aplicación de la irretroactividad en este supuesto o vulnera lo dispuesto por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 26 de marzo de 2014 que fijaba doctrina sobre este extremo?

Hemos de analizar las distintas cuestiones:

  • Para que subsista la obligación de pago de alimentos a los hijos mayores de edad, es necesaria que subsista su dependencia económica respecto de ambos progenitores. Además, también se exige el requisito de convivencia con el progenitor encargado de la administración de la pensión de alimentos (artículo 93, segundo párrafo del Código Civil) y, como hemos podido ver, en el supuesto analizado no se cumplían ninguno de los dos requisitos.
  • El efecto de cosa juzgada de las sentencias firmes, nos lleva a afirmar que lo normal en el ámbito procesal sería declarar la extinción del derecho a la pensión de alimentos de los hijos mayores de edad -independientes económicamente-, a través del procedimiento de modificación de medidas previsto en el artículo 775 de la LEC.
  • Abuso de derecho, enriquecimiento injusto y mala fe. La madre no comunicó al padre ni el hecho de la independencia económica de los hijos, ni que ya no convivían con ella. Esto suponía una alteración sustancial de las circunstancias de tal entidad que conllevaría a la extinción de la pensión alimenticia (con base en el artículo 91 del Código Civil).
  • Está claro que concurrían los requisitos para la estimación de la demanda de modificación de medidas, pero ¿desde cuándo han de dejar de abonarse los alimentos indebidamente percibidos? ¿Puede aplicarse el efecto retroactivo al momento en que cesó la obligación legal de abonarlos, si el artículo 18 de la LOPJ dispone que las sentencias han de ejecutarse en sus propios términos?

Las sentencias de las Audiencias Provinciales de Barcelona de 10 de febrero de 2009 y 26 de enero de 2010; la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 24ª, de 30 de mayo de 2012; la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 30 de marzo de 2002 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 29 de febrero de 2012, confirman el efecto no retroactivo de la modificación de alimentos, dado el carácter consumible de los mismos.

Doctrina jurisprudencial

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de marzo de 2014, que fijaba como doctrina jurisprudencial que:

“Cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente”.

Esta doctrina es reiterada por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 23 de junio de 2015(recurso de casación 1097/2014) y de 6 de octubre de 2016 (rec. 2307/14, ponente Pantaleón Prieto).

Entonces, ¿por qué la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid aplica el efecto retroactivo en este caso?

La sentencia analizada declara extinguida la obligación alimenticia preestablecida desde la incorporación al trabajo de manera interrumpida de ambos hijos:

«La sola circunstancia de estar reconocida la obligación de alimentos mediante sentencia que no haya sido modificada no habilita el que uno de los progenitores pueda seguir reclamando y recibiendo pensiones de alimentos cuyos condicionamientos fácticos, en orden a la subsistencia del derecho, ya han desaparecido». «Nadie puede enriquecerse sin razón en perjuicio de otro».

Respecto de la hija, se reclamaba la extinción de la pensión desde los dos años anteriores a cumplir su mayoría de edad, alegando que se encontraba bajo la tutela y residiendo en centros de la Comunidad de Madrid. La sentencia entiende que, a pesar de esta circunstancia, la menor había permanecido bajo la custodia de la madre durante su minoría de edad y acuerda que debe subsistir de modo incondicional el deber alimenticio a cargo del progenitor no custodio.

El artículo 6 del Código Civil, en su apartado 4, dispone que:

  1. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

El artículo 7 del Código Civil, establece que:

  1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
  2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Por lo tanto, en los supuestos en los que se aprecie un claro fraude de ley, abuso de derecho, mala fe y enriquecimiento injusto por parte del perceptor de la pensión, puede aplicarse la excepción de la regla general de irretroactividad.

Se trata de una cuestión de justicia material. Así se había pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid en sus Sentencias de 12 de enero de 2001 y 29 de enero de 2002, afirmando que  “un enriquecimiento sin justa causa, no puede ser amparado judicialmente.

Pero hemos de tener en cuenta que, si planteado un supuesto similar, se mantuviese el efecto constitutivo con efectos no retroactivos de las pensiones de alimentos, nos quedaría la posibilidad de accionar en un proceso declarativo en un Juzgado de Primera Instancia, ejercitando una acción por enriquecimiento injusto o abuso del derecho, instando la devolución de las pensiones indebidamente percibidas, ex artículos 1.887 y 1.901 del Código Civil. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 12 de enero de 2001 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2ª, de 8 de Marzo de 2002.

https://confilegal.com/20170423-cuando-puede-aplicar-la-excepcion-la-regla-general-irretroactividad-casos-pension-alimentos-indebidamente-percibidos/

El Tribunal Supremo anula la condena a un abogado que acusó a una jueza de Las Palmas de “falsear la realidad”

 

La mala educación, los malos modos, la grosería, etc., no son delito.

Decirle cuatro frescas al juez de turno no puede ser sancionado.

Si bien el afectado “ha ganado” el juicio tan sólo le devuelven lo que pagó por la multa. Nada de reparación de daños y perjuicios. Menos aún tomar medidas contra los jueces que prevaricaron por puro corporativismo.

La sentencia del TEDH es de enero de 2016.

El Tribunal Supremo ha tardado más de un año en aplicarla. Igualito que en el caso de la anulación de la “doctrina Parot”.

En cualquier caso, la sentencia se añade a la jurisprudencia que es de obligado cumplimiento.

-o-o-o-o-

El Tribunal Supremo anula la condena a un abogado que acusó a una jueza de Las Palmas de “falsear la realidad”

La Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó la sentencia de instancia, que le condenó al pago de una multa de 8.100 euros
Autor
Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la condena por un delito de calumnias a un abogado que acusó a la juez del juzgado de Primera Instancia nº 2 del Puerto del Rosario de mentir y falsear la realidad en resoluciones dictadas en un Expediente de Dominio. La sentencia ha estimado el recurso de revisión interpuesto por el letrado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias que, al igual que el del juzgado de instancia, le condenó al pago de una multa de 8.100 euros.

Tras agotar la vía judicial en España, con un recurso de amparo que fue rechazado por el Tribunal Constitucional, el abogado acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) interponiendo una demanda en la que denunció la violación del artículo 10 del Convenio Europeo que reconoce el derecho a la libertad de expresión. El TEDH falló a su favor en una sentencia en la que declaró que había existido dicha violación y acordó que el Estado español le abonara 8.100 euros, el importe de la multa que el letrado había pagado por su condena. El TEDH consideró que el comportamiento del abogado revelaba una falta de respeto hacia la jueza, e, indirectamente, de la justicia y que sus expresiones, pese a que eran graves y descorteses, no se habían realizado en el estrado, sino que fueron por escrito y solo el titular del juzgado donde presentó la demanda y las partes tuvieron conocimiento de las mismas.

En su sentencia, notificada hoy, la Sala Segunda afirma que estima el recurso de revisión porque la sentencia del TEDH es un hecho nuevo que evidencia que el recurrente no debió de ser condenado al vulnerarse su derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 10 de Convenio Europeo y 20 de la Constitución Española. Por ese motivo, acuerda anular las sentencias condenatorias que se han producido “con lesión de un derecho fundamental”.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-la-condena-a-un-abogado-que-acuso-a-una-jueza-de-Las-Palmas-de–falsear-la-realidad-

 

La sentencia del TEDH puede descargarse en el siguiente enlace.

http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-161325&filename=CASE%20OF%20RODRIGUEZ%20RAVELO%20v.%20SPAIN%20-%20%5BSpanish%20Translation%5D%20by%20the%20Spanish%20Ministry%20of%20Justice.pdf