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Concentración día del padre 2018

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

España tendrá, por primera vez, una juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Las feminazis siguen colocando a las suyas en puestos clave.

Perspectiva de género, multiculturalidad, discriminación positiva, redactora de la ley de desigualdad, etc. Todo un currículo de una acendrada feminazi.

No se trata de méritos o capacidad sino de pertenecer a un colectivo privilegiado. “…entre la terna de candidatos a magistrado que deben proponer los gobiernos figure al menos una mujer.”

Sucede a López Guerra, mano derecha del ministro López Aguilar. Los mismos que presentaron la aberrante ley de violencia de género.

Nueve años estará en el Tribunal de Derechos Humanos quien ha colaborado en crear leyes que conculcan los derechos humanos como la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia. Ya sabemos de antemano que decisiones tomará. El sectario titular de El País nos da una buena pista.

La agenda de género sigue implantándose en todo el mundo.

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España tendrá, por primera vez, una juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

María Elósegui Itxaso, en una imagen de archivo.

París – 

El Consejo de Europa elige a la catedrática María Elósegui Itxaso como miembro del Tribunal de Estrasburgo

El Consejo de Europa ha elegido este martes a María Elósegui Itxaso, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, como nueva juez española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo. La candidatura de la primera mujer española que será magistrada en Estrasburgo ha logrado 114 votos, alcanzando así una mayoría absoluta que ha hecho innecesaria una segunda vuelta.

Desde que comenzó su presencia en el TEDH, en 1978, todos los representantes españoles, seis hasta la fecha, han sido hombres. No es un caso único el de España. Actualmente, de los 47 jueces del TEDH, solo 15 son mujeres. Ese es uno de los motivos de que el Consejo de Europa establezca como requisito que, salvo contadas y justificadas excepciones, entre la terna de candidatos a magistrado que deben proponer los gobiernos figure al menos una mujer. Los oponentes de Elósegui, José Martín y Pérez de Nanclares y el expresidente del Tribunal Constitucional, José Luis Pérez de los Cobos, han obtenido 76 y 37 votos, respectivamente.

La ciudad de Estrasburgo no le es ajena a esta doctora en Derecho y Filosofía con formación en varias universidades europeas. Desde 2013 y hasta el pasado diciembre, formó parte como experta independiente de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI). Ha centrado parte de sus investigaciones en cuestiones de derechos humanos relacionados con el tribunal europeo del que ahora va a pasar a formar parte, además de trabajar en temas de libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como de mujeres y migrantes tanto en España como a nivel europeo.

Revés para Rajoy

El nombramiento de Elósegui supone un revés para el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo popular maniobró durante meses para favorecer a su candidato favorito, Francisco Pérez de los Cobos. Llegó a guardarle el puesto esperando a que acabara su mandato para lanzar la convocatoria —el mandato del actual juez español en Estrasburgo expiró oficialmente en enero de 2017—, e incluso quiso amoldar los requisitos de edad para el mismo a su favor, si bien el Tribunal Supremo acabó anulando por discriminatoria esa medida.

La victoria de Elósegui (San Sebastián, 1957) ha constituido sin embargo una sorpresa, ya que la comisión parlamentaria que analizó los currículums de los tres aspirantes españoles y los entrevistó en París el 12 de enero había propuesto, por amplia mayoría, a Pérez de Nanclares “como el candidato más cualificado”. Generalmente, el Consejo de Europa suele hacer caso de esta recomendación realizada por expertos.

Elósegui sucederá al juez Luis López Guerra, que fue propuesto durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Los jueces del TEDH son elegidos por un solo periodo renovable de nueve años.

Esa condición fue precisamente a la que se aferró el Gobierno español para intentar poner el límite de 61 años a las candidaturas al TEDH cuando abrió el año pasado el proceso de selección. Una maniobra interpretada como un intento de beneficiar a Pérez de los Cobos (Murcia, 1962) frente a la que se consideraba entonces su máxima rival, la también expresidenta del Constitucional María Emilia Casas, que superaba la edad máxima impuesta por el ejecutivo. La medida fue recurrida por la asociación Jueces para la Democracia y, finalmente, el Tribunal Supremo acabó por anularla en mayo pasado, al considerar que era discriminatoria. De todos modos, ninguno de los tres candidatos que acabaron constituyendo la terna propuesta por España ha cumplido aún los 61 (Elósegui Itxaso lo hará a finales de año).

No ha sido la única controversia que ha rodeado a Pérez de los Cobos. En España se puso en duda su imparcialidad como juez en 2013. Ese año, cuando ya ejercía como presidente del Tribunal Constitucional, se conoció que figuraba en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011, cuyas aportaciones sirven para sufragar los gastos del partido. De los Cobos fue elegido magistrado del alto tribunal el 29 de diciembre de 2010. Estrasburgo requiere que los aspirantes a juez en el TEDH indiquen en su currículum si han ocupado algún puesto “en un partido político o movimiento”. Mientras que Pérez de Nanclares y Elósegui especificaron claramente que no pertenecen a ningún partido ni han ejercido función alguna en uno en el pasado, Pérez de los Cobos no se pronunció al respecto.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/23/actualidad/1516699516_201350.html

 

WIKIPEDIA

María Elósegui Itxaso (San Sebastián, 7 de diciembre de 1957) es una jurista e intelectual española. Catedrática de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, (España), fue nombrada en enero de 2018 juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.1

Biografía[editar]

Es Doctora en Derecho y Doctora en Filosofía. Sus investigaciones están centradas en Interculturalidad y el Derecho a la Identidad Cultural, desde una perspectiva jurídica y filosófica. También realiza trabajos de investigación sobre la igualdad Jurídica entre mujeres y hombres. Desde 2018 es además la representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.2

Trayectoria profesional[editar]

Actividad Docente[editar]

Ha realizado varias estancias de investigación en el extranjero. En 1988-1990 recibió una beca para una investigación Postdoctoral del en la Universidad de Glasgow (Escocia), otorgada por el Ministerio español de Educación y Ciencia. Posteriormente en 1990 se incorporó a la Universidad de Valencia, como becaria de investigación, gracias al Programa de Reincorporación a España de doctores. Desde 1991 es profesora de la Universidad de Zaragoza, accediendo a la plaza de Titular de Filosofía del Derecho por oposición en 1994. Desde entonces imparte la docencia y desarrolla la investigación en dicha Universidad, donde actualmente es Catedrática.

Durante los años 1996-1997, le fue otorgada la prestigiosa beca de la Fundación alemana Alexander von Humboldt para realizar un trabajo de investigación sobre las acciones positivas para la igualdad entre mujeres y hombres en la Facultad de Derecho de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel (Alemania), bajo la dirección del catedrático Robert Alexy. La monografía resultado de esa estancia ha sido publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en la sección dirigida por el profesor Rubio Llorente, Catedrático de Derecho Constitucional, y en la actualidad Consejero de Estado.

Es Visiting Professor de las Universidades de Toronto (Canadá), Chicago, UCLA (Los Ángeles), Universidad Laval (Québec) y el Instituto Alemán de Derechos Humanos, con sede en Berlín (Deutsches Institut für Menschenrechte).

Actualmente, imparte la docencia de las asignaturas de Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y la asignatura optativa Derecho y Libertades en la Universidad de Zaragoza. Asimismo, coordina la línea de especialización de Derechos Humanos, libertades y Derecho Penal, dentro del Máster Universitario en Especialización e Investigación en Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Ha formado parte del Cuerpo Docente de la Academia Europea de Teoría del Derecho, con sede en Bruselas, en las Universidades Saint Louis y en la Universidad Flamenca de Bruselas (Facultés Universitaires Saint Louis y Katholieke Universiteit Brussel), desde el año 2001 hasta el 2009, fecha en la que debido a la reforma de Bolonia la Academia se extinguió. Asimismo, ha sido llamada a participar como experta en Igualdad en Organismos Internacionales tales como la ONU y el Consejo de Europa.3

Participación en proyectos de ley[editar]

Ha elaborado (junto con otros tres expertos) el proyecto de Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por encargo del Gobierno Español, con un contrato de asesoramiento, Instituto de la Mujer y Secretaria General de Políticas de Igualdad, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Aprobado el Anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros de España, el 7 de marzo de 2006. Ha participado en la elaboración de otros textos relacionados con el género como la estrategia española de Cooperación al desarrollo sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[editar]

En enero de 2018 fue elegida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como nuevo miembro español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Teoría[editar]

El modelo de corresponsabilidad entre mujeres y hombres[editar]

La doctora Elósegui aboga por un modelo de igualdad en la diferencia entre mujeres y hombres, lo que supone defender la necesidad de una corresponsabilidad y presencia de ambos en la esfera privada y en la vida pública. En Diez temas de género analiza el concepto de género que subyace en los documentos de la ONU, y su influencia en un cambio de mentalidad a nivel internacional, que se hace sentir en las legislaciones de todos los países del mundo en materias de familia, igualdad de sexos, reparto de roles entre hombres y mujeres.

Así se exponen los tres tipos de modelos de relaciones entre hombres y mujeres: El primer modelo es el no igualitario, que considera que la mujer es distinta e inferior al hombre. El segundo modelo es el propuesto por varios tipos de feminismo, que abogan bien por la igualdad absoluta de hombres y mujeres, bien por una diferencia también abismal entre los sexos. En los dos casos entienden la igualdad de la mujer como emancipación o liberalización de sus funciones reproductivas, ensalzando su papel en la esfera pública o laboral.

El modelo de corresponsabilidad considera deficientes tanto el primero como el segundo modelo, y apoya un tercer paradigma: el de la corresponsabilidad o interdependencia de hombres y mujeres tanto en el espacio privado, compartiendo la educación, crianza de los hijos y las tareas domésticas, como en el espacio público. En definitiva, plantea la necesidad de la conciliación entre los derechos productivos y los derechos reproductivos, tanto para los hombres como para las mujeres.

El modelo intercultural. El republicanismo intercultural y la ciudadanía inclusiva[editar]

La profesora Elósegui defiende en varias de sus obras el derecho a la identidad cultural como un Derecho Humano de cada persona y a su vez la necesidad de una ciudadanía que marque unos elementos comunes para todos los ciudadanos respetando sus diferencias culturales, religiosas, sin exigir una absoluta uniformización. La autora ha recreado el concepto de “Republicanismo Intercultural” aplicándolo de un modo novedoso a la situación europea contemporánea con sus específicos problemas de la existencia de Estados-nación, de viejas minorías y de la nueva inmigración.

Premios y galardones[editar]

En 2008, fue galardonada con el prestigioso Premio Luis Portero de Derechos Humanos por sus investigaciones sobre pluralismo cultural. Es Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.

Publicaciones[editar]

Ha escrito once libros y numerosos de artículos (más de cien) relacionados con los Derechos humanos, Filosofía del Derecho e Inmigración, lo que le ha valido el reconocimiento de la comunidad investigadora.

Libros:

  1. Lo físico y lo mental en Henri Bergson, ed. Nau Llibres, Valencia, 1990, 268 pp.
  2. El derecho a la igualdad y a la diferencia, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 1998, 662 p. Agotado.
  3. La transexualidad: jurisprudencia y argumentación jurídica, Granada, Comares, 379 p, 1999.
  4. Materiales de prácticas de Teoría del Derecho, Prensas Universidad de Zaragoza, 1998. 2ª edición revisada, 229 p. Agotada y reeditada en el año 2000.
  5. El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres (Coordinadora), Barcelona, Icaria, enero de 2002.
  6. Las acciones positivas para la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y la Directiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. 620 pp.
  7. Negociación colectiva y prácticas laborales. Perspectiva de género, Barcelona, Icaria, 2005, 521 pp
  8. Inmigración, empresa y formación. Implicaciones de la inmigración en la organización de las empresas y los centros educativos, Pilar de Luis Carnicer, María Elósegui Itxaso, Yolanda Gamarra, Angel Martínez Sánchez, Manuela Pérez Pérez, María José Vela Jiménez, Pamplona, Aranzadi-Thomson, 2007.
  9. Ley de Igualdad y Contrato de Trabajo. Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, Seguridad Social, Infracciones y Sanciones, Prevención de Riesgos y Procedimiento Laboral, Sistemática Memento, Dossier Práctico Francis Lefrebvre. Coordinador Fernando Lousada. Autores Fernando Lousada, Jaime Cabeza, María Elósegui y Teresa Pérez del Río, 2007
  10. “Derechos Humanos y pluralismo cultural'”, Madrid, Iustel, 2009, 289 p. Investigación galardonada con el premio Luis Portero de Derechos Humanos 2008, concedido por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, patrocinado por el Ayuntamiento de Granada. Publicado un capítulo en inglésLaw and Cultural Diversity in Spain, en el libro colectivo FOBLETS, M.C (ed). The Response of the State Law to the Expression of Cultural Diversity, Bruselas, Bruylant, Francqui Foundation, 2010.
  11. “El derecho a la identidad cultural en la Europa del siglo XXI” Ediciones Universidad de Navarra, Eunsa, 2012
  12. VVAA. El diálogo intercultural en España: un requisito de la educación y cultura de paz, Madrid, Fundación Europea Sociedad y Educación, 2009.
  13. Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (ESO), Ed. Reverté-Aguilar.
  14. Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (PRIMARIA), Ed. Reverté-Aguilar.
  15. Ética Cívica (4º ESO), Ed. Reverté-Aguilar.

Artículos:

  1. ““La legislación vigente sobre la asignatura de Politik en las escuelas alemanas”, Revista de Estudios Políticos, (2011), en prensa.
  2. “La mente del legislador en los programas de la asignatura de educación política en las escuelas alemanas, en la LOE y en la legislación educativa de la CAPV”, Revista vasca de Administración Pública, nº 89, enero-abril, (2011), pp. 265-310.
  3. “El libro verde de la RSC de la Comisión Europea y la teoría de los stakeholders desde la perspectiva de género”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 21, Diciembre, (2010), pp. 1-38.
  4. “El concepto de laicidad abierta en el informe Bouchard-Taylor para Québec”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 23, (2010), ISSN 1696-9669.
  5. “El modelo de interculturalidad en el informe de la Comisión Bouchard-Taylor para Québec”, Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época, Vol. 11, (2010), pp. 129-164.
  6. “ La política legislativa de inmigración en Québec y su reflejo en el informe Bouchard-Taylor ”, Derecho Migratorio y Extranjería, nº 22, (2009), pp. 281-234.
  7. “Educar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres: la igualdad necesaria”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº. 20, 2009.

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_El%C3%B3segui

 

La losa de la burocracia: España publica 900 leyes y 960.000 páginas de regulación al año

 

Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene.”

Cayo Cornelio Tácito

Por supuesto, la seguridad jurídica es inversamente proporcional al número de leyes.

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La losa de la burocracia: España publica 900 leyes y 960.000 páginas de regulación al año

Gobierno y comunidades autónomas publican casi 8 millones de páginas de regulación durante la crisis.

La burocracia pesa mucho en España | Pixabay/CC/Geisteskerker

M. Llamas. – 25-05-2017

La economía española todavía tiene importantes retos por delante para dar por superada la crisis, a pesar de la buena marcha que ha registrado la recuperación en los dos últimos años, con avances del PIB superiores al 3% interanual. La alta tasa de paro, la escasa productividad y la elevada deuda pública son los grandes lastres que quedan por solventar, tras el progresivo cambio del modelo productivo, la mejora de la competitividad y la sustancial amortización de deuda privada que han protagonizado familias y empresas.

Y buena parte de esos problemas pendientes tiene que ver, además de con un excesivo gasto público, con una copiosa y muy compleja regulación, cuya aplicación frena la capacidad de las empresas españolas para generar riqueza y empleo. Basta echar un vistazo al número de leyes aprobadas y a los boletines oficiales publicados para percatarse de la ingente normativa a la que están sometidos los españoles y, muy especialmente, autónomos y empresarios en su día a día.

El pasado año fue, hasta cierto punto, una excepción, debido a la existencia de un gobierno en funciones desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016. Así, entraron en vigor un total de 436 normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un descenso del 50,7% interanual, mientras que el Boletín Oficial del Estado (BOE) editó 171.905 páginas, un 2,6% menos, según el informe La producción normativa en 2016, elaborado por la patronal CEOE.

Y algo similar sucede con las comunidades autónomas, ya que aprobaron 245 normas (-19,4%) y publicaron 723.915 páginas en sus respectivos boletines oficiales, una caída del 7,8% con respecto a 2015. Cataluña, con casi 91.000 folios de normativa, fue la región más prolija en esta materia.

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En total, Estado y autonomías aprobaron 681 nuevas normas y 895.820 páginas de regulación en 2016, lo que implica una reducción del 42,7% y 6,8% interanual, respectivamente.

Y todo ello, a pesar de la existencia de un gobierno en funciones. La situación, por tanto, empeora si se echa la vista atrás. Así, el BOE publicó más de 1,6 millones de páginas de regulación desde 2009, que, sumadas, a los más de 6 millones emitidas por las CCAA, hacen un total de 7,7 millones de folios de nueva normativa en los últimos ocho años. De este modo, los políticos han publicado una media de 960.000 páginas al año en los boletines oficiales durante la crisis económica (unos 203.000 el Estado y otros 757.000 los gobiernos regionales).

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Además, si se echa la vista atrás, se observa que España ha aprobado un total de 41.336 normas estatales entre 1970 y 2016, a un ritmo medio de 900 leyes al año, lo cual da idea del denso y complejo marco normativo que sufre el país, lo cual, entre otros efectos, se traduce en graves distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas.

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“Esta situación tiene un impacto directo sobre nuestra capacidad de crecimiento económico, puesto que las empresas no pueden dedicar sus recursos y esfuerzos plenamente a lo que saben hacer, que es crear riqueza y generar empleo”, advierte la patronal. “Hemos de tener presente que si queremos convertirnos en polo de competitividad en la economía globalizada, hemos de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas”, concluye.

Entre otras medidas, la CEOE solicita que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recabe los datos sobre empresas que ya tiene de forma directa, que el Gobierno cree la “carpeta del empresario” para facilitar la tramitación del conjunto de procedimientos con las Administraciones Públicas, así como ampliar la operativa del sistema de remisión electrónica de documentos-red, tramitar de forma electrónica las solicitudes de exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, simplificar el Impuesto de Sociedades, sustituir el libro de subcontratación por un modelo de libro electrónico o simplificar la solicitud y renovación de certificados electrónicos.

 

http://www.libremercado.com/2017-05-25/la-losa-de-la-burocracia-espana-publica-900-leyes-y-960000-paginas-de-regulacion-al-ano-1276599688/

 

 

 

Las leyes de privilegios LGTBI. El ejemplo de Madrid

 

Las leyes de privilegios LGTBI. El ejemplo de Madrid.

Benigno Blanco. Abogado

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Madrid, a 30 de septiembre de 2016.

LAS LEYES DE PRIVILEGIOS LGTBI. EL EJEMPLO DE MADRID.

  1. I) INTRODUCCIÓN.

Este trabajo pretende informar al lector sobre el contenido de diversas leyes aprobadas en los últimos tiempos en varias CC.AA. sobre la sexualidad con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual. Tales leyes suponen un riesgo para el Estado de derecho y el régimen de libertades, pero no hay conciencia general de lo que suponen pues se presentan con una apariencia de buenismo y envueltas en un lenguaje suave de derechos y lucha por la igualdad que no se corresponde con su contenido real.

Con este análisis pretendemos informar sobre el contenido de estas leyes, explicar su contenido, despertar conciencias sobre las amenazas que suponen y suscitar un debate sobre cómo defender la libertad.

Desde el principio queremos dejar claro que el autor de estas líneas comparte el objetivo de aplicar el derecho europeo y español antidiscriminación en favor de quienes las leyes que criticamos denominan personas LGTBI a fin de que se acaben superando las discriminaciones históricas injustas contra estas personas De lo que discrepamos totalmente es del intento de imponer una ideología o visión concreta de la sexualidad a todo el mundo; pues la lucha contra la discriminación que históricamente han padecido estas personas no lo exige y resultaría contrario a las libertades de todos.

A favor de la lucha contra la discriminación, sí; a favor de la imposición de una ideología, no.

  1. A) Las leyes de privilegios LGTBI en España.
  2. En los últimos años se vienen aprobando leyes en distintas CCAA que -con nombres que aluden a la lucha contra la discriminación por orientación sexual o expresiones similares- suponen el mayor atentado a las libertades de pensamiento, de expresión, de educación y religiosa que amenaza hoy a nuestra sociedad. Dado que sin estas libertades la democracia no es posible, esas leyes suponen un riesgo para la propia democracia.

La anterior afirmación es fuerte pero está objetivamente fundada, como intentaré demostrar a lo largo de este documento.

  1. Todas estas leyes responden a una matriz común, aunque presentan variaciones que hacen su contenido más o menos grave. Con carácter general se puede decir que cada una que se aprueba es más radical que la anterior, pues toma el modelo de la que la precede pero añade algunas novedades que radicalizan el modelo. La primera que se aprobó –la gallega- es la más moderada de todas; la última (por el momento) –la madrileña- es la peor de todas. Y habrá nuevas leyes en las CCAA que faltan y en cualquier momento se aprobará una ley similar en el Congreso de los Diputados, quizá con el rango de orgánica, que tendría mucha más capacidad normativa para incidir negativamente en los derechos y libertades de todos los españoles.

Por lo tanto, estamos viviendo un proceso que no ha hecho más que empezar y respecto al cual los ciudadanos que amamos la libertad debemos estar informados para poder estar en condiciones de defender nuestros derechos. A facilitar tal información pretende contribuir este documento.

  1. Para analizar con detalle el contenido de estas leyes tomaremos como referencia la ley madrileña – ley 3/2016, de 22 de julio de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM del 10 de agosto de 2016- para no alargarnos demasiado con la exégesis de cada una de las leyes existentes.

Junto a esta ley, en Madrid se aprobó otra – la ley 2/2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social  y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM de 26 de abril de 2016- que es muy similar a la anteriormente citada, pero referida específicamente a la transexualidad. En este trabajo todas las citas legales lo son a la ley 3/2016 si no se dice otra cosa expresamente.

¿En qué radica la novedad de estas leyes? En lo siguiente:

  1. Contienen numerosos preceptos que no suponen ninguna novedad normativa pues no hacen más que reproducir respecto a las personas denominadas (por las mismas leyes) LGTBI lo que ya dicen los tratados internacionales, la Constitución y la normativa antidiscriminación española y europea respecto a todos los seres humanos. Este tipo de preceptos podrían también inspirar leyes singlares sobre los blancos, los negros y los amarillos, sobre los calvos, los ancianos, los enfermos, los sanos, los rubios, los albinos o los amantes del ajedrez…porque todos éstos son seres humanos que ya están amparados por esas normas vigentes en materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación.

Este tipo de preceptos son conceptualmente innecesarios dado que no suponen ninguna novedad jurídica, pues lo que las leyes dicen para todos los seres humanos ya está dicho también para los (así denominados) LGTBI puesto que estas personas son tan humanos como los no LGTBI. Pero su reproducción en estas leyes les da una apariencia estética de ser promotoras de derechos y libertades a fin de encubrir mejor sus contenidos atentatorios contra las libertades y derechos de todos. Es una operación de marketing y

maquillaje bien pensada y fácil de explotar en términos de opinión pública: quienes apoyan estas leyes serían promotores de derechos y quienes nos oponemos seríamos contrarios a los derechos y las libertades personales. A esta apariencia contribuye el título de tales leyes que no se corresponde para nada con su contenido como veremos con detalle.

Si estas leyes se limitasen a reproducir para los así llamados LGTBI tales normas del derecho común no resultarían nocivas para la libertad y los derechos humanos, aunque fuesen innecesarias por meramente reiterativas de normas ya vigentes.

  1. estas leyes contienen abundantes normas que dan a las organizaciones sociales adscritas al lobby LGTBI y a quienes difunden sus ideas, numerosos privilegios y un acceso prioritario a la financiación pública hasta el punto de que estas organizaciones quedan constituidas en una especie de Administración pública paralela financiada con cargo al dinero de todos. A la luz de los privilegios que se otorgan a estas asociaciones y de la cantidad de preceptos dedicados a reforzarlas y convertirlas en parasitarias del presupuesto público resulta evidente que ésta es una de las finalidades principales de estas nuevas leyes.
  2. asimismo, con estas leyes se otorga a las personas por ellas denominadas LGTBI, privilegios en diversos campos de los que carecemos los demás ciudadanos; aunque las mismas leyes no dudan –contradictoriamente con su finalidad aparente de ampliar derechos- en restringir los derechos de los LGTBI negándoles derechos que los demás sí tenemos cuando el ejercicio de tales derechos se opone a los prejuicios ideológicos de género (por ejemplo, los LGTBI no podrían acudir a profesionales que les ayudasen a modificar su tendencia homosexual si así lo deseasen, aunque podrían acudir a un brujo, al chamán de la tribu o al echador de cartas para cualquier otra finalidad que no se oponga a los postulados ideológicos de género).
  3. c) con estas leyes se restringen los derechos a la libertad de pensamiento, ideológica, religiosa y de educación y expresión de todos aquellos que no comparten los presupuestos ideológicos de género y la visión de la sexualidad de esta ideología; y se sancionan –a excepción de la ley gallega- con fuertes multas y otras sanciones (como la privación del derecho a subvenciones o ayudas públicas) a quienes no comulguen con los postulados en materia de sexualidad de la ley en cuestión. Esto es especialmente grave en materia de educación por la intensidad de la presencia administrativa en este sector y la especial y minuciosa atención que estas leyes prestan a esta materia.
  4. Para entender estas leyes e interpretarlas correctamente es necesario empezar por captar la falacia antropológica en que se basan (que queda oculta tras una fraseología de derechos humanos): una concepción ideológica de la persona y la sexualidad muy discutible pero que se da por supuesta y se nos quiere imponer a todos hasta el punto de redefinir los derechos humanos por referencia a esa ideología con la consecuencia de que adscribirse a ella otorga nuevos derechos y discrepar de ella permite negar derechos y sancionar.
  5. Los derechos humanos tal y como fueron definidos en la Declaración de 1948 de NNUU y en las Constituciones de los países democráticos desde entonces, configuran un haz de valores o bienes objetivos propios de todos los seres humanos y dignos de ser protegidos porque encarnan facetas de la dignidad humana. Como tales, esos derechos reclaman una protección universal. Entre ellos está la libertad de la persona para desarrollar libremente su personalidad. La protección de derechos humanos ampara esa libertad pero no se extiende a sus contenidos: el Estado y yo debemos respetar el libre desarrollo de la personalidad de todos pero ni el Estado está obligado a difundir y exigir la adhesión de todos a la opción personal de cada uno ni yo estoy obligado a conocer ni a considerar digna de aprecio cada una de las opciones de los demás.

Yo no violo el derecho de nadie al libre desarrollo de su personalidad si su opción vital me parece inmoral o antropológicamente errónea; si me niego a que se explique en la escuela de mis hijos como admirable y digna; si me niego a conocerla (a que me la “visibilicen” por mandato legal); si me opongo a que se gaste dinero público en difundirla; si me opongo a que se sancione a quien no comparta esa opción. Al revés, si adopto esas posturas estoy defendiendo la libertad de todos. Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrario respecto a la visión de la sexualidad de la ideología de género.

Por ejemplo, es un derecho humano mi libertad de expresión, pero lo que yo digo ejerciendo esa libertad no tiene categoría de derecho humano y puede ser criticado por cualquiera; no puedo alegar que no respeta mi libertad de pensamiento quien no se adhiere a mis ideas, siempre que no me prohíba expresarlas. Es un derecho humano la libertad religiosa, pero mi concepción religiosa particular en ejercicio de ese derecho no tiene por qué ser compartida por los demás, que respetarán mi libertad si no se oponen a que yo crea lo que quiera, pero sin que el respeto a mi derecho se extienda a que los demás tengan que creer o sr obligados a conocer lo que yo creo. Mi libertad de expresión intelectual o artística implica que yo escribo o pinto lo que quiero, pero no se extiende a que todo el mundo deba leer mis libros y ver mis cuadros y, menos aún, a que todos tengan que decir que les gustan mis libros o cuadros. Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrario respecto a la visión de la sexualidad de la ideología de género.

Yo tengo derecho a configurar mi sexualidad como quiera, pero esa libertad no se extiende a que los demás deban conocer necesariamente mis gustos sexuales ni menos aún a que deban decir que les parecen dignos de aprecio e imitación; y, aún menos, a pretender que mis opciones sexuales personales deban ser objeto de exposición obligatoria en todas las escuelas del país en clave positiva. Aún más irracional sería mi pretensión de que los medios de comunicación  deban visibilizar obligatoriamente mis opciones sexuales y en clave positiva. Y ya sería el colmo si además pretendo que se sancione por la Administración a quien no exhiba mi estilo de vida sexual o a quien discrepe del mismo como digno de aprecio. Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrario respecto a la visión de la sexualidad de la ideología de género.

Yo tengo derecho al libre desarrollo de mi personalidad, pero eso no implica que yo tenga derecho a que la forma en que yo me autodetermino como persona libre sea presentada obligatoriamente a los demás como digna de ser conocida y, menos aún, como digna de aprecio y valoración positiva. Mi  derecho se respeta si se me deja organizar mi vida en libertad, pero yo estaría violando la libertad de los demás si pretendo que mi derecho de autodeterminación se extiende a que los demás deban estudiar y conocer mi estilo de vida y, además, a valorarlo como positivo. Mi pretensión sería aún más absurda si exijo como parte de mi derecho al libre desarrollo de mi personalidad que en todas las escuelas españolas mi opción personal se explique a todos los escolares y además presentándola como digna de aprecio obligatorio y negando el derecho a que quienquiera diga que le parece poco acertada  o poco recomendable o, al menos, que no es la ideal. Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrario respecto a la visión de la sexualidad de la ideología de género.

Carecería aún más de fundamento que yo pretendiese que mi forma de autodeterminarme personalmente, por ejemplo en materia sexual, fuese de enseñanza obligatoria en todos los centros escolares, formarse parte necesariamente del proceso de formación de todos los funcionarios, inspirase los servicios públicos como la sanidad o la educación; y, además, si yo pretendiese que el Estado sancionase con fuertes multas a quien manifieste que no le interesa mi estilo de vida, que no quiere que se le muestre a sus hijos en la escuela o a quien diga que mi estilo de vida le parece no recomendable o no digno de imitación y aprecio. Sin embargo las leyes de privilegios para lo LGTBI afirman lo contrario respecto a la visión de la sexualidad de la ideología de género.

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Las leyes de privilegios para lo LGTBI que comentamos pretenden precisamente eso que acabamos de decir que no es exigible y que, además, resultaría contrario a las libertades de los demás. B) La dificultad terminológica.

  1. Interpretar estas leyes –su mera lectura- tiene una dificultad suplementaria: son normas escritas usando el lenguaje elaborado en los últimos años en el seno del pensamiento ideológico de género que supone, por una parte, la reelaboración del contenido conceptual de términos clásicos y, por otra, el invento de neologismos de uso exclusivo por el lobby LGTBI hasta hace poco (por ejemplo, el propio acrónimo LGTBI). Se trata de un lenguaje fuertemente ideologizado que pretende reescribir y reinterpretar la realidad de la sexualidad y de los derechos humanos.

Este nuevo lenguaje de género (una verdadera “neolengua” como describe  a ésta Orwell en su novela 1984) en los últimos años ha ido incorporándose al discurso político, a declaraciones de organismos internacionales de todo tipo y ahora -con estas leyes- se incorpora a la legislación española con fuerza. Su uso por la ley atrae a ésta toda la carga ideológica de ese movimiento y dificulta la interpretación objetiva de la  norma, generando  así inseguridad jurídica y -a la vez- una cierta ambivalencia sobre los contenidos de la norma.

  1. Por ejemplo, términos o expresiones como “orientación sexual”, “identidad de género”, “personas trans”, “visibilidad de la diversidad”, “LGTBIfobia”, “identidad sexual”, “persona LGTBI”, “cultura LGTBI”, “situaciones LGTBIfóbicas”, “grupo organizado de ideología fehacientemente LGTBIfóbica”, “diversidad sexual” y otros muchos más, aparecen en el articulado de estas leyes como si formasen parte del castellano de uso común y su significado estuviese acrisolado en la tradición jurídica española.

Por eso, la comprensión e interpretación de estas leyes exige conocer con cierta solidez la ideología de género y su elaboración doctrinal y lingüística a fin de poder interpretar con rigor el mandato legal y sus riesgos; pues el conocimiento de este acerbo ideológico ayuda a valorar mejor los riesgos para las libertades que estas normas suponen y, a la vez, a superar el voluntario velo tendido sobre sus fines reales mediante el uso de una terminología confusa para el común de los mortales.

  1. C) Las trampas conceptuales: los supuestos ideológicos de la ley.
  2. A esa dificultad terminológica se añade una trampa conceptual: el uso de términos clásicos con contenido novedoso no explicitado claramente. Especialmente relevantes son el uso de los conceptos de persona/personalidad (LGTBI), discriminación e identidad, a los que merece la pena referirse de forma singular antes de entrar en el análisis del articulado de la ley, pues tras esos términos se ocultan los supuestos ideológicos en que se basa la ley.
  3. Primer supuesto ideológico: existen personas LGTBI que, como tales tienen derechos distintos a los del resto de las personas y esa singularidad se proyecta en un específico haz de obligaciones de los demás hacia esas personas LGTBI.

Esta idea subyace a toda la ley y así se define en el art. 4.1.b) de la ley madrileña que establece como “principio fundamental que regirá la actuación de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas incluidas en su ámbito de aplicación” (que son según el art 2 “cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su domicilio o residencia que se encuentre o actúe en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid”) el principio siguiente:

b) Reconocimiento de la personalidad: toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de autodeterminación, dignidad y libertad. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir, negar o modificar su orientación sexual, expresión o identidad de género.”

Por su parte, el art. 3 define a las que denomina “personas LGTBI” y “personas trans”, apareciendo así un nuevo sujeto de derechos en nuestro Ordenamiento jurídico distinto del común de los mortales y cuya mera existencia genera una especial carga obligacional a todos los demás que se concreta en todos y cada uno de los artículos de la ley. En virtud del “principio de personalidad” del art. 4.1.b), estas personas LGTBI o trans ven configurada su opción sexual como parte de una identidad personal que se puede imponer a los demás con rango de derecho fundamental, digno de aprecio y apología pública y universal, hasta el punto de que discrepar de esa concepción de la persona o negarse a difundirla se convierte en conducta sancionable e ilegal.

Frente a este supuesto ideológico, se puede defender que la sexualidad personal (los propios deseos, conductas, afectos o pulsiones) son un ámbito de la libertad personal que no vincula a los demás en una sociedad libre. Cada uno puede hacer o sentir lo que quiera en materia sexual (con los límites del Código Penal) pero los demás tienen la misma libertad para considerar eso que uno hace o desea como bueno o malo, admirable o no, digno de ser visto o no, aceptable o no.

Los seres humanos tenemos los mismos derechos sea cual nuestra autopercepción de la sexualidad y nadie puede imponer a los demás como vinculante esa autopercepción, violando los derechos a la libertad de pensamiento, ideológica o religiosa en la materia. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos. 

Sobre la sexualidad se puede opinar en libertad; y, por tanto, también sobre la homosexualidad como sobre la heterosexualidad. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos. 

Desde el punto de vista de los derechos humanos no caben privilegios ni para los homosexuales ni para los heterosexuales, ni para los llamados LGTBI. Todos son seres humanos y gozan de los mismos derechos y obligaciones.Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos. 

Pretender imponer a toda la sociedad desde la ley y con el apoyo de las Administraciones públicas la visión de la sexualidad del colectivo LGTBI es incompatible con un régimen de libertades, por mucho que se intente disfrazar como una nueva categoría de derechos humanos para unos pocos a costa de la libertad de los demás. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.

  1. Segundo supuesto ideológico: hay una identidad sexual o de género de la persona que se identifica con ésta y que solo cada uno puede definir y tiene derecho a imponer a los demás como rasgo definitorio de su personalidad y que determina un status jurídico singular y distinto del propio del resto de seres humanos. Esta es la idea que subyace a la definición de persona del art. 3 de la ley en sus apartados a) (definición de LGTBI), b) (definición de persona trans), m) (definición de diversidad de género), o) (definición deterapia de aversión o conversión de orientación sexual e identidad de género), p) (definición de identidad sexual o de género) y q) (definición de persona intersexual).

Con más claridad aún lo define la ley 2/2016 de la CAM en sus art.

1.1 y 4.1 que dicen lo siguiente:

  • 1.1: “Identidad sexual y/o de género (es): la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y auto determina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y pudiendo involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido.”
  • Art. 4.1: “Toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su dignidad y libertad. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir o negar su identidad de género, expresión de género, orientación sexual o características sexuales. En el ámbito de aplicación de esta Ley, en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante informe psicológico o médico.”

Esta es una teoría –la propia de la ideología de género- pero tan legítimas (al menos) son las que opinan lo contrario:

  • que los seres humanos somos hombres o mujeres y que esta dualidad constitutiva se ve modalizada en su expresión en la vida real por nuestra libertad, nuestras pasiones, nuestra hormonas, nuestros criterios morales, nuestros cromosomas, el ambiente que nos rodea, etc.
  • Que hagamos lo que hagamos con nuestra sexualidad y opinemos lo que opinemos sobre ella, seguimos siendo seres humanos con iguales derechos y obligaciones.
  • Que las opciones en materia sexual de cada cual ni alteran su personalidad ni identidad jurídica ni limitan los derechos de los demás para defender sus criterios e ideales en materia de sexualidad.

La ley que comentamos hace suya la visión de la sexualidad y la persona propia de la ideología de género y sacrifica los derechos constitucionales de quienes no comparten esa ideología hasta límites insoportables jurídicamente, por esa asunción injustificada de una ideología particular con la que pretende identificar al ordenamiento jurídico y la actividad de las Administraciones públicas.

Aunque no sea objeto de este trabajo, sí debemos dejar constancia de que la visión de la sexualidad de las leyes que comentamos está en contra de la evidencia científica en la materia hoy disponible como analizan con detalle, por ejemplo el American College of Pediatricians (Colegio de Pediatras de EE.UU.) cuando afirma que “nadie nace con un género; todos nacen con un sexo biológico”; o los profesores Lawrence y Mayerque  que acaban de publicar en The New Atlantis una revisión de la bibliografía científica disponible al respecto concluyendo que la idea de la orientación sexual como algo innato y que no se puede cambiar y la de la identidad de género como propiedad innata e independiente del sexo genético carecen de fundamento científico.

Por eso mismo, también nos parece muy poco prudente el tratamiento que se hace en la ley 2/2016 de la situación de los llamados “menores trans”, aunque no vamos a tratar aquí el tema por ser ajeno a la temática central de este trabajo.

  1. Tercer supuesto ideológico: es una discriminación contra los homosexuales digna de sanción negarse a aceptar la visión de la sexualidad propia de la ideología de género y el concepto de persona LGTBI.

Tal pretensión es inconsistente conceptualmente e inaceptable jurídicamente. Los homosexuales -como los heterosexuales- son acreedores a todo el respeto que merecen como personas, pero sobre su conducta y estilo de vida se puede opinar. Como respetar a un socialista no implica tener que aceptar el socialismo o  como respetar la dignidad humana de un cristiano o de un musulmán no significa que todos deban afirmar la verdad del cristianismo o de la religión islámica. La conducta sexual, como la adscripción ideológica o religiosa, deben ser respetadas pero ese respeto no exige la adhesión de terceros a las opciones en libertad de aquel al que se respeta. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.

Por otra parte, es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden. Por lo tanto, no estamos ante un problema de derechos de los homosexuales, sino de negación del derecho a la libertad de quienes no comparten la ideología de género, sean homo o heterosexuales.

Opinar que la conducta homosexual no es el ideal moral personal o lo contrario -como opinar lo mismo o lo contrario de la conducta heterosexual- forma parte de la libertad de pensamiento y no es discriminatorio contra nadie, sino expresión de la pluralidad de ideas que en esta materia hay, legítimamente, en nuestra sociedad plural. Algo tan elemental es lo que rechaza esta ley que comentamos.

Esta extensión gratuita e injustificada del concepto de discriminación es una de las mayores trampas de la ley que puede condicionar su aplicación y suponer un riesgo para las libertades públicas de todos. Si se interpreta –y así lo hacen las asociaciones LGTBI a las que la ley ampara y protege hasta darles un status paraadministrativo- que cualquier opinión discrepante sobre el valor moral o antropológico de la conducta homosexual es una discriminación, la libertad de opinión en materia de sexualidad se habrá acabado en España y será sancionable la transmisión de la vieja sabiduría de raíz cristiana sobre el hombre.

Un ejemplo de naturaleza oficial de la estrategia de imposición en la escuela de la ideología de género es el documento de 2015 aprobado por el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad que consta en la web de este Ministerio y lleva por título “Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”. Leyendo este documento se puede apreciar el tipo de estrategias que al amparo de las leyes que comentamos se pueden pretender imponer en las escuelas y se puede visualizar cómo la oposición a esos planteamientos resultará sancionable conforme a las normas de derecho sancionador de tales leyes si se interpretan en clave ideológica de género.

  1. II) ANÁLISIS DEL ARTICULADO DE LA LEY.
  2. No es nuestra intención analizar con detalle todos y cada uno de los artículos de la ley pues se alargaría en demasía este trabajo, dado que la misma dedica preceptos a casi todos los ámbitos concebibles de actuación humana con el objeto de imponer o privilegiar en ellos la visión de la sexualidad propia de la ideología de género. Hay en esta ley normas referidas a la familia, la Administración, las empresas, los jóvenes, la estadística, la escuela, la Universidad, la contratación pública, las subvenciones, la policía, la justicia, los medios de comunicación, la sanidad, la formación de los funcionarios, el personal docente y sanitario, las relaciones laborales, el ocio, el deporte, las bibliotecas, el turismo, la inmigración, la cooperación al desarrollo, etc.
  3. Por ello vamos a centrar nuestro análisis en los grandes apartados de especial interés en materia de derechos y libertades públicas:
  4. los privilegios jurídicos de los denominados LGTBI y sus asociaciones
  5. las afecciones al derecho a una educación en libertad.
  6. el derecho sancionador.
  7. A) Los privilegios jurídicos de los denominados LGTBI y sus asociaciones.
  8. Según define Wikipedia, “Privilegio es la ventaja exclusiva o especial (como la exención de una obligación general o el permiso para realizar una actividad en condiciones de exclusividad) que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Se opone al moderno concepto de derechos, y puede identificarse con el antiguo concepto de Respondiendo a su origen etimológico (el latín privilegium), puede definirse como una “ley privada”, o sea, no pública o general, sino relativa a un individuo o cuerpo socialespecífico y distinguido de los demás”.

Esta definición resalta acertadamente los dos matices conceptuales de todo privilegio: implica un otorgamiento por la autoridad de una ventaja a alguien y es lo contrario del concepto moderno de derechos.

  1. A continuación hacemos un listado de algunos de los privilegios que la ley 3/2016 establece en favor de las personas LGTBI y sus asociaciones. No todas estas disposiciones son en sí mismas criticables, pero es muy discutible, en todo caso, que estos privilegios sean solo para los LGTBI. Por otra parte, muchas de estos privilegios tienen como contrapartida restricciones o amenazas a la libertad y derechos de los demás.
  • el art. 3 y el 4 definen, según explicamos más arriba, un nuevo sujeto de derecho: la persona LGTBI o trans que contará con un régimen jurídico especial y distinto al del común de los ciudadanos.
  • el art. 5 establece un régimen especial de tutela institucional de las personas LGTBI que no existe para el resto de los ciudadanos.
  • el art. 6 crea un Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid en que se integran las asociaciones LGTBI y personas de ese colectivo con funciones consultivas, de informe y propuesta hacia la Administración autonómica.
  • el art. 7.2 prohíbe en la sanidad madrileña las llamadas “terapias de aversión o conversión”, vieja pretensión del lobby ideológico de género que desprotege a  los propios LGTBI que quieren recibir estos servicios en ejercicio de su libertad.
  • el art. 7.4 establece que “ninguna persona estará obligada a revelar su orientación sexual, identidad de género, expresión o comportamiento sexual”, precepto que puede violar derechos de terceros en determinadas situaciones dado que los LGTBI tienen derechos especiales.
  • el art. 8 obliga a la CAM a desarrollar políticas activas de integración sociolaboral de las personas LGTBI con medios y estructuras específicos y singulares
  • el art. 9, entre otras cosas, garantiza “recursos residenciales” para los LGTBI en situaciones de presión o maltrato y compromete a la CAM en el desarrollo de medidas de “visibilización” de los LGTBI.
  • el art. 10 compromete a la CAM en el “apoyo y visibilización” a las asociaciones LGTBI
  • el art. 11.1 permite violentar el principio de igualdad en las actuaciones administrativas siempre que sea en beneficio de los LGTBI y el 11.3 obliga a la CAM y a los Ayuntamientos a promover “acciones formativas, divulgativas y, en general, acciones positivas que posibiliten la plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la sociedad de las personas LGTBI”
  • el art. 12 obliga a los medios de comunicación de titularidad autonómica o que reciban subvenciones a comprometerse con la diversidad sexual fomentándola
  • el art. 15 obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad a “tener un diálogo fluido con las ONGs de referencia en temática LGTBI”
  • el art. 18 permite (de forma jurídicamente muy confusa) primar en la contratación pública y otorgamiento de subvenciones a las empresas que destaquen en la aplicación de esta ley. También el art. 41.6 incide en esta materia.
  • el art. 21 establece un informe de impacto sobre identidad de género y orientación sexual para todas las políticas y normas de la CAM
  • El art. 22.1 establece el siguiente mandato: “Las instituciones y los poderes públicos madrileños contribuirán a la visibilidad de las personas LGTBI en Madrid, respaldando y realizando campañas y acciones afirmativas, con el fin de promover el valor positivo de la diversidad en materia de identidad y expresión de género, relaciones afectivo-sexuales y familiares, con mayor atención a sectores de población especialmente discriminados.”
  • El art. 22.3 prevé que “Los poderes públicos de Madrid conmemorarán cada 17 de mayo el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Tanto la Asamblea de Madrid como la Comunidad de Madrid instalarán la bandera arcoíris LGTBI en la sede de Presidencia y sede de la Asamblea de Madridcon motivo de tal celebración. Se recomendará a la Federación Madrileña de Municipios y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma y/o Juntas de Distrito a realizar el mismo acto”.
  • el art. 22.4 obliga a los poderes públicos a respaldar y apoyar “las acciones que el movimiento social y activista LGTBI realice el día 28 de junio, Día Internacional del orgullo LGTBI o Día Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales.” También el art. 51 reitera estemandato de apoyo público “a los actos del Orgullo LGTBI”
  • el art. 23.2 garantiza a las asociaciones LGTBI que la CAM les dotará de medios para atender a los LGTBI en todos los municipios rurales en que no tengan presencia esas asociaciones.
  • el art. 24 crea un centro público dedicado a la “memoria histórica” de los LGTBI y prevé que -a través de él- la Consejería de Educación edite libros específicos relacionados con el colectivo LGTBI”

-según el art. 25.3 “Todas las entidades juveniles y trabajadores de cualquier ámbito que realicen sus labores con la juventud promoverán y respetarán con especial cuidado la igualdad de las personas LGTBI.”

  • el art. 27.3 establece que “La Administración autonómica, en el ámbito de sus competencias, desarrollarápolíticas activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI legalmente constituidas…”; y el 27.4 integra en el Consejo de la Infancia y la Adolescencia a representantes de estas asociaciones.
  • los art. 29 a 35 dedicados a la educación garantizan que los contenidos educativos de los centros se harán permeables a la ideología de género y que las asociaciones LGTBI participarán en la formulación de esos contenidos, como veremos más abajo con más detalle.
  • el art. 36.4 garantiza a las asociaciones LGTBI su participación en el diseño de las políticas públicas en materia de salud sexual.
  • el art. 38.2 garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a “las mujeres lesbianas y bisexuales, personas trans y persona con pareja trans
  • el art. 46 obliga a la CAM a garantizar “la visibilidad de la cultura LGTBI” y, para ello, a apoyar las “expresiones artísticas, patrimoniales, recreativas y deportivas llevadas a cabo por personas y organizaciones LGTBI”
  • según al art. 47, en todas las bibliotecas de la CAM y de los Ayuntamientos habrá “un fondo bibliográfico de temática LGTBI”, precisando que no se aceptarán libros contrarios “al reconocimiento de la diversidad sexual”
  • en las instalaciones deportivas se garantiza “el uso de las instalaciones en concordancia al género autopercibido”según el art. 48

-el art. 49 obliga a la CAM al “apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones deportivas LGTBI”

  • el art. 50 prevé que la CAM apoyará el turismo LGTBI y el orientado al público LGTBI
  • según el art. 52.1 “El ejercicio del derecho de admisión no puede comportar en ningún caso discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.”
  • 53 y 54: en la atención a inmigrantes y en la cooperación al desarrollo la CAM dará atención singular a los LGTBI
  • según los art. 61 a 63, la CAM “incorporará en la publicidad institucional a todos los niveles la diversidad por orientación sexual e identidad de género y diversidad familiar con el objetivo de favorecer y consolidar en positivo la diversidad de la sociedad madrileña”, “pondrá en marcha un Plan de formación en materia de orientación sexual e identidad o expresión de género para los trabajadores de los distintos órganos de la Comunidad de Madrid” y “pondrá en marcha de forma periódica, contando con el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid, campañas de sensibilización y visibilidad de las personas LGTBI con el fin de lograr la plena implantación de la igualdad en la sociedad madrileña.”
  • el art. 66 establece el principio de inversión de carga de la prueba conforme al cual si alguien es acusado dediscriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde al acusado acreditar que no existió tal discriminación.
  • el art. 70.4.c) considera infracción muy grave “La promoción y

realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias.”

  • el art. 73.1.i) considera agravante para graduar las sanciones “la pertenencia a un grupo organizado de ideología fehacientemente LGTBIFóbica”
  1. Hemos resaltado en negrilla aquellos privilegios de los LGTBI que suponen un mayor riesgo para las libertades de los demás, generan una mayor inseguridad jurídica para terceros o resultan más desproporcionados o contrarios a la naturaleza de un Estado moderno que se supone neutral frente a las ideologías de los ciudadanos. En la ley 2/2016 de la CAM hay normas similares.
  2. Como resumen y valoración de este elenco de privilegios que la ley otorga a los LGTBI y sus asociaciones, se puede decir:
  3. se garantiza a las asociaciones LGTBI el acceso a una influencia reglada en la formulación de las políticas públicas y en su aplicación, así como a la financiación pública de sus actividades, absolutamente desproporcionada y discriminatoria respecto al resto de ONGS. Resulta especialmente injusto este trato al tratarse de asociaciones que, habitualmente, están profundamente ideologizadas y usan técnicas muy agresivas para imponer sus criterios y descalificar a los discrepantes.
  4. este apoyo ex lege al lobby asociativo LGTBI junto con la asunción por la CAM de los símbolos y fiestas del lobby gay como símbolos oficiales en determinadas fechas y la consagración en la ley de su ideología como vinculante para sectores como la sanidad o le educación, supone un asalto de una ideología en particular al poder que empieza a identificarse con aquella; algo que, salvando las distancias, recuerda lo que sucedió con los totalitarismos del siglo XX cuando el partido nazi y el comunista fueron trasladando sus símbolos, fiestas, lenguaje e ideología al Estado hasta identificarse con él.
  5. la obligación legal para los poderes públicos de hacer visibles a los LGTBI, sus planteamientos y sus asociaciones, no es compatible con la libertad y con la naturaleza de un Estado moderno que no puede ponerse al servicio de un grupo social en particular. Estamos ante una especie de nuevo “confesionalismo LGTBI”.
  6. esta visibilización obligatoria de todo lo LGTBI es incompatible con la libertad de aquellos que no deseen que les metan en sus casas o colegios el mundo LGTBI y su visión de la sexualidad. Respetar a todos no implica la obligación de todos de invitar a su casa o su escuela a algunos en particular porque lo diga el poder.
  7. muchos de estos privilegios están redactados en términos tan jurídicamente indeterminados y dependientes de la interpretación que se dé a la terminología de género y su particular lenguaje (que la ley hace suyo acríticamente), que fácilmente van a traducirse en restricciones y ataques a las libertades de quienes no comparten la ideología de género, aunque sean LGTBI -según el simplismo clasificatorio de la ley- como sucede con quienes desean acudir a terapias de ayuda para superar tendencias sexuales que no les satisfacen.
  8. en particular, existe el riesgo cierto de que se usen los preceptos de esta ley para criminalizar la libertad religiosa, de educación y de pensamiento y expresión de quienes en libertad sostienen una visión de la sexualidad alternativa y distinta a la de la ideología de género. Ya hay indicios ciertos de esto en algunas denuncias y querellas que se están formulando desde el lobby LGTBI contra quienes discrepan de estas leyes y las critican.
  9. esta nueva generación de derechos exclusivos para los LGTBI y sus organizaciones representativas rompen la tradición jurídica moderna de los derechos humanos como derechos universales y para todos. Se vuelve así a lo peor del derecho medieval: un derecho de privilegios para una casta privilegiada. Ayer eran los nobles o los clérigos; hoy son los LGTBI y las asociaciones representativas del lobby LGTBI.
  10. un elemento de inseguridad jurídica añadida dimana de que las situaciones humanas a que se asocian los privilegios legales referidos son en este caso absolutamente subjetivas y cambiantes e imposibles de comprobar: el género autopercibido, la identidad de género o la orientación sexual son expresiones que se refieren a la intimidad sicológica del sujeto, inaccesible para terceros, a quienes además la ley prohíbe expresamente indagar o preguntar por tales condiciones según establece expresamente el art. 7.4 de la ley, entre otros preceptos.
  11. B) Las afecciones al derecho a una educación en libertad.
  12. Una especial amenaza para la libertad suponen las disposiciones de la ley de referencia para la libertad de educación por afectar a

todos los menores de edad actuales y futuros y a los derechos de todas las familias. El intento de manipulación ideológica de la educación es característica de todas las ideologías políticas modernas pues, como dijo Mitterrand, “hoy para hacer la revolución no hay que asaltar el Palacio de Invierno, sino que basta con asaltar la escuela”. Reflejaba así el ex Presidente francés -con la alusión a la toma del poder por Lenín en Rusia en 1917- a lo que años antes había teorizado Gramsci respecto a cómo hacer la revolución: conquistando la cultura y las mentes, especialmente de los niños.

  1. La ley 3/2016, de 22 de julio, de la CAM, dedica a la educación su Capítulo IX, art. 29 a 36, bajo el título “Medidas en el ámbito educativo” y algunos otros preceptos dispersos a lo largo de su texto que analizaremos a continuación. Según estas normas:
  2. la CAM elaborará una Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género que se aplicará “en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos” (

29.2)

  1. esta Estrategia “tendrá que ser elaborado de forma

participativa, contando con las organizaciones LGTBI” (art. 29.2)

  1. A los efectos de favorecer la visibilidad y de integrar de forma transversal la diversidad afectivo-sexual en los centros escolares, la Consejería competente en materia de educación favorecerá en los centros sostenidos con fondos públicos la realización de actividades específicas para el reconocimiento de la igualdad del colectivo LGTBI, para poder dotar de una visibilidad a esta realidad tradicionalmente escondida en el ámbito escolar.” (art. 30)
  2. “Los currículos y programas educativos de la Comunidad de Madrid, respetando los currículos básicos,deberán contener pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI.”(art. 31.2)
  3. “En los centros educativos se desarrollarán, a lo largo de cada curso escolar, acciones de fomento de la cultura del respeto y la no discriminación de las personas basada en la orientación sexual e identidad o expresión de género (…)” (art. 31.4)
  4. la CAM fomentará en las Universidades los estudios e investigaciones LGTBI y la formación de profesionales en esta materia. (art. 31.5)
  5. la CAM “desarrollará políticas activa de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI” en el ámbito de la educación. (art. 31.6).
  6. “De acuerdo con el principio de coeducación, debe velarse porque la diversidad sexual y afectiva, la identidad de género y los distintos modelos de familia sean respetados en los distintos ámbitos educativos”. (art. 31.7)
  7. Se establecerá un fondo bibliográfico LGTBI en los colegios e institutos que deberá ser suministrado por la Comunidad de

Madrid.” (art. 31.8)

  1. “Dentro de los contenidos educativos de libre asignación de la Comunidad de Madrid se garantizará que todos los alumnos madrileños reciban la formación que promueva los valores constitucionales de convivencia, respeto e igualdad hacia el colectivo LGTBI, una aproximación hacia los distintos modelos de familia y se explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género.” (art. 31.9)
  2. “La Consejería competente en materia de educación incorporará la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid en aquellas materias en que sea procedente. Revisará los contenidos de información, divulgación y formación que ya existan en los distintos niveles de enseñanza y en otros ámbitos formativos, para lo que dará audiencia a las asociaciones, organizaciones y colectivos

LGTBI.” (art. 32)

  1. las Universidades, “podrán promover conjuntamente medidas de protección, de apoyo y de investigación para la visibilidad de las personas LGTBI y el desarrollo de medidas para la no discriminación y sensibilización en el entorno universitario.” y “podrán apoyar acciones de visibilidad del colectivo LGTBI dentro del ámbito universitario así como fomentar el surgimiento de asociaciones LGTBI dentro de la propia Universidad.” (art. 33.2 y 3).
  2. ll) La CAM “a través de apoyo a las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia, impartirá a los profesionales de los centros educativos la formación necesaria…”. También con el objeto de que el personal docente pueda transmitir a los alumnos y alumnas en general un conocimiento abierto y sin prejuicios sobre la realidad de las personas LGTBI con las que conviven en sus mismas aulas y en la Sociedad.(…). Asimismo, se incorporará la realidad LGTBI y los diferentes modelos de familia a los cursos y masters de formación del futuro personal docente.” (art. 34).
  3. m) el art. 70.3.f) define como infracción muy grave “La elaboración, utilización o difusión en Centros educativos de la Comunidad autónoma de libros de texto y/o materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual e identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo.”
  4. La ley 2/2016 de la CAM contiene preceptos muy similares en materia de educación y, además algunos otros como los siguientes:
  5. 22.3: la CAM “Impulsará medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivosexual, así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que permitan superar los estereotipos y

comportamientos sexistas.”

  1. conforme al art. 23 el profesor habrá de dirigirse al alumno por el nombre elegido por éste aunque no se corresponda con el de su sexo biológico, el alumno podrá vestir conforme al sexo autopercibido y accederá a las instalaciones (baños, por ejemplo) y actividades correspondientes al sexo con el que se sienta identificado sea el suyo biológico o no.
  2. según el art. 24 en todos los centros escolares “se deberá dar cabida a proyectos curriculares que contemplen y permitan la educación afectivo-sexual y la discriminación por motivos de identidad de género o expresión.” Y, conforme al art. 25, “Se impartirá al personal docente formación adecuada que incorpore la diversidad sexual y de género”
  3. Es fácil de apreciar con la lectura de los preceptos legales citados que las leyes que analizamos:
  • pretenden incorporar en la escuela la visión de la sexualidad de la ideología de género de la mano de las asociaciones LGTBI
  • no existe en toda la ley ni una sola referencia al papel de los padres y sus derechos constitucionales ni a la autonomía de los centros escolares ni al respeto a su ideario
  • no se tiene en cuenta para nada lo preceptuado en la Constitución sobre la libertad de educación ni sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales o religiosas.
  • se desconoce la realidad sociológica de que sobre la sexualidad existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones y que la propia de las asociaciones LGTBI ni es la única ni se puede imponer a todos.
  1. C) El derecho sancionador.

Las leyes que comentamos –salvo la gallega- concluyen con un capítulo dedicado al régimen sancionador, es decir, a fijar las infracciones a la ley susceptibles de castigo y las sanciones correspondientes. La tipificación de las infracciones hace referencia a conceptos que, en general, si se interpretan conforme al derecho ordinario, resultan superfluos pues ya están previstos en la legislación de general aplicación en materia de igualdad y no discriminación;  pero, si se interpretan conforme a los postulados de género de estas leyes, llevarían a sancionar la mera discrepancia del lobby LGTBI o la emisión de opiniones sobre sexualidad diferentes a las propias del entorno ideológico de género.

Conceptos como vejaciones, discriminación, incitación al odio, etc que se califican como conductas sancionables no añaden nada al ordenamiento jurídico vigente….salvo que se considere que discrepar de la ideología de género y su visión de la sexualidad supone una vejación, una discriminación y una incitación al odio. En tal caso este apartado de la ley sí sería una novedad, pero contraria a las libertades públicas básicas.

Por desgracia, la literatura de género y los pronunciamientos de las asociaciones que inspiran estas leyes y son por ellas dotadas de privilegios varios, permite pensar que esta segunda es la interpretación que se quiere dar al aparato sancionador de estas nuevas leyes.

Por poner un ejemplo: el art. 70.2.f) de la ley madrileña 3/2016 tipifica como infracción grave:

f) La elaboración, utilización o difusión en Centros educativos de la Comunidad autónoma de libros de texto y/o materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual e identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo.”

Si este precepto se interpreta en su literalidad es superfluo, pues afirmar que hay humanos con más dignidad que otros, por esa razón o por cualquier otra, se opone a la Declaración de derechos humanos de NNUU, a la Constitución, al Código Penal y a otras varias decenas de normas existentes en vigor. Pero si se interpreta que atenta contra la dignidad humana afirmar que hay comportamientos sexuales más dignos o menos, más valiosos antropológica y éticamente o menos, entonces el precepto sí es novedoso y supondría un atentado a la libertad de pensamiento y educación en materia de sexualidad.

Otro ejemplo: el art. 73.1.i) considera como circunstancia agravante para graduar las sanciones la siguiente:

“La pertenencia de la persona infractora a un grupo organizado de ideología fehacientemente LGTBIfóbica”

Si no se trata de un grupo ilegal conforme a la legislación de asociaciones y al Código penal, ¿por qué la pertenencia a un grupo legal agrava la sanción? ¿Qué es un grupo de ideología fehacientemente LGTBIfóbica? ¿Lo es la Iglesia católica, por ejemplo, o un colegio de enseñanza diferenciada o una asociación civil que se oponga a la equiparación del matrimonio a la unión de personas del mismo sexo o un grupo de estudio de la ética aristotélica?

Como se puede apreciar con estos simples ejemplos, el aparato sancionador de estas leyes genera una profunda inseguridad jurídica y representa una eventual amenaza para las libertades indigna de un Estado de derecho.

Madrid, a 30 de septiembre de 2016.

Benigno Blanco

Abogado

 

https://laverdadofende.wordpress.com/2017/03/01/las-leyes-de-privilegios-lgtbi-el-ejemplo-de-madrid-benigno-blanco/

¿Por qué el Tribunal Constitucional publica los nombres en sus sentencias y el Supremo no?

 

Las leyes son jerárquicas.

Si la Constitución Española establece un criterio, las leyes inferiores no pueden contravenirla.

La Ley de protección de datos es una aberración que contraviene unos cuantos artículos de la Constitución Española.

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Montaje fotográfico con el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Confilegal.

¿Por qué el Tribunal Constitucional publica los nombres en sus sentencias y el Supremo no?

Carlos Berbell y Yolanda Rodriguez

19 febrero, 2017

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen dos enfoques distintos en lo que al tratamiento de datos en sus sentencias se refiere. Mientras que el máximo tribunal de garantías de España incluye los nombres de los demandantes y demandados en sus resoluciones judiciales que, después, publican en su página web, el Tribunal Supremo lo somete a un proceso de “anonimización” en el que se expurgan nombres, direcciones y otros datos personales de las partes.

Es un proceso que lleva a cabo el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial y que aplica a todas las sentencias, no solo del Tribunal Supremo, sino del resto de los tribunales españoles, en línea con la Ley de Protección de Datos.

Así , cualquier ciudadano puede consultar dichas sentencias a través del portal poderjudicial.es, pero sin datos personales.

El tratamiento de los datos que realiza el Tribunal Constitucional está en línea con el que llevan a cabo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con base en Luxemburgo, y el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, aunque tiene algunas excepciones.

¿Son compatibles estas dos formas de entender la transparencia por parte de los dos máximo tribunales españoles? ¿Es lógico que cada uno aplique un enfoque distinto? ¿Dónde debería estar el punto medio en materia de transparencia?

La Constitución española

La Constitución Española de 1978 dice en su artículo 120.1 dos cosas muy importantes: primero, que “las actuaciones judiciales serán públicas”, con las excepciones consiguientes; y segundo, en el 120.3, que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”.

O lo que es lo mismo, para ser más precisos: se leerán en audiencia pública. De hecho, todas y cada una de las 308 sentencias del Tribunal Supremo en 2015, y el 1.513.612 sentencias de todas las jurisdicciones que se emitieron durante ese mismo periodo llevan misma la coletilla “PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia…”.

Sólo en casos de alto perfil mediático el magistrado ponente suele hacerlo, como en el caso de la condena a Mario Conde, por el caso Argentia Trust. Sucedió el 20 de marzo de 1997. El juezVentura Pérez Mariño leyó la sentencia, como manda la Constitución, en audiencia pública. Comenzó a las 13.40 y terminó a las 14.10.

La disposición del artículo 120.3 de la Constitución, por lo tanto, no se cumple.

Sería materialmente imposible.

Lo que inspira este artículo de apuesta por la transparencia es otro anterior. El 117: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley”.

La legitimidad de los jueces para administrar justicia, por lo tanto, tiene un origen muy concreto: la soberanía popular.

El pueblo debe conocer el trabajo de los jueces y magistrados para generar la confianza necesaria en la Justicia y eso se consigue, en parte, a través de la publicidad de sus sentencias.

El Tribunal Constitucional y la transparencia

La Constitución Española establece en su artículo 159 la existencia del Tribunal Constitucional formado por 12 magistrados.

En el 161 establece sus competencias para conocer de los recursos de inconstitucionalidad (en el a) “contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley”, del recurso de amparo “por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53” (en el b), “de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí (en el c) y “de las demás materias que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas” (en el d).

Son competencias de máximo rango que afectan a los derechos fundamentales.

Por la importancia de sus decisiones, la Constitución dice de forma expresa, en el artículo 164l que “Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas”.

En síntesis: máxima difusión y publicidad del contenido íntegro de sus resoluciones en el BOE, tanto en su versión papel como en su versión electrónica, ya que sus fallos son doctrina constitucional que deben respetar el resto de los tribunales.

Sin embargo, era cuestión de tiempo que alguna de las partes solicitara al Constitucional que eliminara su nombre y lo sustituyera por sus iniciales.

Que anonimizara la sentencia.

Fue en 2006. Era un caso de un ciudadano que, en proceso de separación, había sido acusado por su exmujer, de un delito de daños y otro de apropiación indebida de objetos de la casa que antes compartían. El hombre fue absuelto en primera instancia y condenado en apelación sin que se hubiera producido una vista oral para ello.

El Constitucional falló a su favor y anuló la sentencia por vulneración de derechos fundamentales.

El recurrente solicitó al tribunal que se publicasen no sólo sus iniciales sino también las de su exesposa y “las demás personas que pudieran constar en la resolución”, según relata la histórica sentencia 114/2006 de 5 de abril de 2006 del Tribunal Constitucional.

El tribunal, formado por los magistrados María Emilia Casas Baamonde –presidenta del mismo y del Tribunal Constitucional-, Javier Delgado Barrio –expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial-, Roberto García Calvo y Montiel, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Manuel Aragón Reyes y Pablo Pérez Tremps, dijeron que no y lo argumentaron de forma muy clara.

“En primer lugar, ha de incidirse en que la Ley Orgánica de este Tribunal establece, por un lado, y en su artículo 1.1, que “[e]l Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica”, dice la mencionada sentencia.

“En cuanto a la publicidad y publicación de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, las previsiones establecidas en la Constitución son, por un lado, el artículo 120 de la Constitución Española, en cuyos apartados primero y tercero se establece, respectivamente, el principio general de que ‘[l]as actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento”, y que “[l]as sentencias serán siempre motivadas’; y, por otro, y muy especialmente, el art. 164.1 CE que establece que ‘[l]as sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere’, incidiendo, además, en que el valor de cosa juzgada la adquieren a partir del día siguiente de su publicación. Por su parte, las previsiones establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sobre el particular son, por un lado, el art. 86.2, concretando que la obligación de publicación en el Boletín Oficial aparece referida tanto a las Sentencias como a las Declaraciones sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y que la misma debe producirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha del fallo; y, por otro, el art. 99.2, que establece, como obligación del Tribunal Constitucional ‘la recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional del Tribunal’”.

El Constitucional, en la misma línea que el TEDH

El Tribunal Constitucional de España sigue la misma, en este campo, que el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, Francia.

En la misma línea se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

De acuerdo con el artículo 63 de su Reglamento de Procedimiento, que rige su forma interna de funcionar, la sentencia debe contener “la designación de las partes”, y el 64.1 dice que “la sentencia será pronunciada en audiencia pública”.

Máxima publicidad, pero con posibles excepciones en el caso del Tribunal Constitucional. De hecho, las dejó claras antes de esta última de 2006.

En dos sentencias anteriores (la STC 185/2002, de 14 de octubre, y la STC 127/2003, de 30 de junio) consideró legítimo omitir la identificación de las víctimas de delitos sexuales, de menores en procesos de filiación, desamparo, adopción y custodia (STC 7/1994, de 17 de enero, 221/2002, de 25 de noviembre, 94/2003, de 19 de mayo, y 144/2003, de 14 de julio), y de menores autores de delitos (STC 288/2000, de 27 de noviembre, y 30/2005, de 14 de febrero).

El TEDH también admite excepciones en casos justificados y excepcionales, y puede hacerlo de oficio, si bien el demandante tiene que solicitarlo, exponiendo sus razones de forma clara, según el artículo 47.4 de su reglamento interno.

En los tres casos, cualquier ciudadano puede acceder a las sentencias de los tres tribunales de forma directa a través de sus respectivos portales en Internet.

La transparencia restringida del Tribunal Supremo y del Poder Judicial

El poder judicial español, a diferencia del Tribunal Constitucional, no tiene en su Ley Orgánica ningún artículo similar que diga que las sentencias deben publicarse en el BOE y que sean públicas.

El citado artículo 120.3 de la Constitución dice –recordemos- que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”.

Cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en 1985, se avanzó en esa línea, pero no se dijo de forma expresa y clara que las sentencias eran públicas y accesibles para todo el mundo.

Sobre el acceso a las sentencias, su artículo 235 dice que “los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley”.

Y en su artículo 266.1 dice que “Las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el juez o por todos los Magistrados que las hubieren dictado, serán depositadas en la Oficina judicial y se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas.

“El acceso al texto de las sentencias, o a determinados extremos de las mismas, podrá quedar restringido cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes”.

En 1985 no existía Internet. Era un mundo todavía anclado al papel.

Dicha disposición prolongaba el statu quo imperante hasta entonces por dos razones: 1. Por ausencia de publicidad y difusión de los procedimientos; sólo los muy cercanos al caso sabían que había sucedido y que había habido una sentencia; 2. Porque el secretario judicial, como “guardián” de las sentencias, podía restringir el acceso a ellas ya que el concepto de “interesado” era demasiado ambiguo y siempre podía aducir que su lectura podía afectar al derecho a la intimidad de los intervinientes.

Según el Tribunal Supremo, el “interesado” tiene que tener un interés legítimo, es decir, una conexión concreta y clara con el proceso.

En la práctica, las cosas seguían como antes.

Internet

La irrupción de Internet vino a cambiar este estado de cosas, a hacerlas más accesibles y más difíciles también, al mismo tiempo, en lo que al acceso a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo y el poder judicial, en general.

En 1996 se creó el Centro de Documentación Judicial del CGPJ, el órgano técnico que tiene encomendada la publicación oficial de la jurisprudencia, según el artículo 619 de la LOPJ.

Y la anonimización de todas y cada una de las sentencias antes de colgarlas en la base de datos del poder judicial.

Fue  decisión que se tomó en el Pleno del CGPJ de 18 de junio de 1997 en el que se acordó la elaboración del Reglamento 5/1995 de 7 de junio de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales.

Su artículo 5 bis.1 establece: “Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los fines encomendados al Centro de Documentación Judicial por el Reglamento 1/1997, del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 7 de mayo de 1997, en lo que se refiere a la recopilación y difusión de las sentencias y de otras resoluciones judiciales de interés, y garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las mismas, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, bajo la supervisión de sus respectivos Presidentes, o de alguno de los Magistrados en quienes aquéllos deleguen a estos efectos, procederán a remitir al Consejo General del Poder Judicial, a través del Centro de Documentación Judicial, y con la periodicidad que se establezca, copia simple de las sentencias y de otras resoluciones cuya publicación pueda resultar de interés, que hayan sido dictadas por el respectivo órgano jurisdiccional durante el período inmediatamente anterior. El Consejo General del Poder Judicial procederá a la aprobación de la oportuna Instrucción sobre el procedimiento mediante el cual habrá de efectuarse la remisión”.

Y ordena, en el punto 3: “En el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la supresión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección del honor e intimidad personal y familiar”.

Cuando el CGPJ tomó esa decisión, faltaban dos años para que el Parlamento aprobara la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, pero sí tuvo muy presente la Directiva 95/46/CE de la Unión Europea. Y la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), que desarrolla el artículo 18.4 de la Constitución.

De hecho, dicha la mencionada Ley Orgánica de 1999 fue una trasposición de la Directiva, que dejó “agujeros negros” en lo que al tratamiento de datos personas en la prensa se refiere.

El poder judicial español se puso la venda antes que la herida. Y es lo que ha venido imperando desde entonces a esos efectos.

Las sentencias no son públicas, según la AEPD

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el organismo encargado de velar por la protección de la privacidad, lo tiene claro y así lo dejó expuesto en su Resolución R/01239/2007: “Las Sentencias no son públicas, ni se publican para general conocimiento, aunque en virtud del derecho de información, como en el caso que se examina existan noticias relacionadas con el denunciante y los hechos”.

La Ley Orgánica de Protección de Datos distingue entre infracciones leves, graves y muy graves, de acuerdo con los artículos 44 y 45. Las sanciones oscilan entre los 900 euros y los 600.000.

El acceso a las sentencias completas, por parte del ciudadano de a pie, está restringido.

Puede consultarlas, debidamente anonimizadas, a través del portal del poder judicial español, en la aplicación que el CENDOJ tiene abierta.

Otra cosa es el acceso que tienen los profesionales de los medios de comunicación, a los que, en virtud del derecho a la información, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, se les facilita las sentencias completas a través de las Oficinas de Comunicación que tiene el Consejo General del Poder Judicial en los 17 Tribunales Superiores de Justicia, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.

La transparencia a efectos del trabajo de los medios de comunicación se cumple.

Conclusión

La naturaleza del Tribunal Constitucional, y el hecho de que los padres de la Constitución quisieran que sus resoluciones fueran conocidas por todos los ciudadanos, por afectar a los derechos fundamentales, lo hace especial, lo mismo que en el caso del TEDH y del TJUE. La transparencia debe ser completa y la anonimización la mínima. La publicidad general es la norma.

Por el contrario, en lo que al Tribunal Supremo y al resto de los tribunales españoles se refiere, el acceso a las sentencias es restringido. Sólo pueden acceder a ellas de forma directa completa los “interesados”; los directamente concernidos, o en modo anonimizado, a través de la página web del CENDOJ, en el portal del CGPJ.

 

https://confilegal.com/20170219-tribunal-constitucional-publica-los-nombres-sentencias-supremo-no/

Catalá carga contra las fiscales del caso Púnica: lo “anómalo” es que no acaten el criterio de sus superiores

 

A diferencia de los jueces que se supone independientes, los fiscales son jerárquicos y deben seguir los criterios de sus superiores. Salvo excepciones que se cuentan con los dedos de la mano de fiscales que priorizan sus principios a los intereses de sus superiores.

Desgraciadamente el superior jerárquico de los fiscales es el Gobierno por lo que la separación de poderes en España adolece de una grave deficiencia. “Montesquieu ha muerto“, como dijo Alfonso Guerra.

Éste es un ejemplo palmario. El ministro de justicia lo deja bien claro al dejarse llevar por su soberbia y el estar convencido de su impunidad.

En los procesos de divorcio los fiscales son los “abogados” de los niños por lo que falta de independencia resulta aún más grave.

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Catalá carga contra las fiscales del caso Púnica: lo “anómalo” es que no acaten el criterio de sus superiores

Vídeo de la noticia

MADRID, 16 Febrero 2017

(EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que lo que es “anómalo” en la causa contra el presidente de Mucia, Pedro Antonio Sánchez, es que las fiscales del caso Púnica se hayan negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se le investigue y, además, que la discrepancia “sea de conocimiento público”.

“Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio (por parte de sus superiores)”, ha añadido. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y “ratifiquen o modifiquen”.

“Así funciona siempre la Fiscalía, no hay ninguna manipulación”, ha remachado, y ha añadido que no cree que los fiscales que están en los máximos niveles de la institución, con 40 años de carrera a sus espaldas, vayan a dejarse presionar.

A su modo de ver, lo que es “bastante anómalo” es que no se acate el criterio de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción y las fiscales se nieguen a firmar un informe. Es más, se ha referido al fondo del asunto que se investiga, recordando que a Sánchez se le quiere acusar pese a que no llegó a firmar nada con el empresario Alejandro de Pedro, imputado en la trama Púnica.

“Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes”, ha remachado.

LA FISCALÍA DEBERÍA FUNCIONAR “CON MAYOR DISCRECIÓN”

En cambio, Catalá no ha hablado de anomalía alguna en el hecho de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, conociese ya el martes por la mañana que cuatro fiscales del Tribunal Supremo se habían opuesto a que se le investigue.

Es más, el ministro cree que “la secuencia temporal tiene una cierta lógica” porque la Fiscalía General dictó su decreto el lunes por la tarde y lo envió a la Fiscalía Anticorrupción, y en ese decreto se daban estos detalles. Y, aunque ha dicho no saber cómo le llegó a Sánchez la información, cree que entre el lunes por la tarde y el martes por la mañana pasaron “las horas suficientes” y el documento pasó “por las manos suficientes para que alguien le haya podido informar del asunto”.

Eso sí, ha opinado que la Fiscalía debería funcionar “con mayor discreción” a la demostrada últimamente, refiriéndose concretamente al acuerdo de conformidad “en otro caso con mucha relevancia” desvelada el jueves pasado. Catalá aludía previsiblemente al acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Anticorrupción y siete empresarios acusados en el caso Gürtel que admitieron haber financiado al PP valenciano y así lograron penas de prisión inferiores a dos años, lo que les permitirá evitar la cárcel.

EL ACUERDO CON Cs “SE PRESTA A INTERPRETACIÓN”

Por otro lado, Catalá ha respaldado el criterio del PP, que defiende que Sánchez no debe dimitir aunque sea “investigado”, sino en el caso de que se le abra juicio oral, en contra de lo que defiende Ciudadanos.

La dimisión de los “imputados” es uno de los puntos de los acuerdos firmados entre PP y Ciudadanos para el Gobierno nacional y también para el Gobierno de la Región de Murcia, pero ahora el término “imputado” ya no existe formalmente, sino que, en la fase de instrucción, los acusados son “investigados” hasta que se decide si se les procesa o no.

Por eso, Catalá cree que el acuerdo “se presta a interpretación”, de manera que si los firmantes tienen alguna duda “se tendrán que sentar” para aclararlo.

Es más, ha afirmado que el PP tiene bien claro lo que quiso decir con ese acuerdo, “que la mera declaración como investigado no es el punto” en el que un político tiene que dimitir, sino que la “imputación formal” equivale a la apertura de juicio oral, que es el momento en el que, según el PP, debe marcharse un responsable político.

 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-catala-carga-contra-fiscales-caso-punica-anomalo-no-acaten-criterio-superiores-20170216094546.html

Susana Gisbert y Alicia Millán, las candidatas del Botànic al Constitucional

 

La izquierda no duda en colocar a las feminazis en los puestos de decisión y control.

En este caso, el Tribunal Constitucional. Con ello se aseguran de que sus reformas legislativas sean aprobadas por muy inconstitucionales que sean. Como sucedió con la Ley de violencia de género y el voto de calidad de Emilia Casas, la misma que asesoró a quien asesinó a su exmarido.

Las candidatas de la izquierda valenciana son viejas conocidas. Feminazis hasta la médula capaces de negar la realidad, incluso la existencia de asimetría penal, con tal de mantener sus falacias.

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Susana Gisbert y Alicia Millán, las candidatas del Botànic al Constitucional

Susana Gisbert, una de las candidatas propuestas para magistrada del Constitucional. EL MUNDO

PSPV, Compromís y Podemos someterán a la votación de las Cortes los nombres de las juristas para tratar de ‘feminizar’ el máximo órgano judicial

La votación se producirá mañana y el PP postula a dos hombres: Alfredo Montoya y Ricardo Enrique Sancho. C’s no ha presentado candidato

EL MUNDO – Valencia – 24/01/2017

El pleno de las Cortes Valencianas elegirá mañana a los dos juristas que propondrá al Senado para renovar las cuatro plazas del Tribunal Constitucional que son elegidas desde la Cámara Alta. Cuatro son los candidatos, dos mujeres, propuestas por los partidos que sostienen el Consell, y dos hombres, a los que postula el Partido Popular. Ciudadanos ha optado por no presentar candidato.

Susana Gisbert y Alicia Millán son las juristas que parten con el apoyo del Botánico. Gisbert, fiscal y portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, se presenta a propuesta de Podemos, con el visto bueno de sus socios. PSPV y Compromís han optado por la misma candidata: Alicia Millán Herráiz, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que cuenta también con el respaldo podemita.

La intención del tripartito es dar un paso hacia la “feminización” del máximo órgano judicial, donde la presencia de mujeres juristas de reconocido prestigio es escasa.

El PP, por su parte, lleva al pleno el nombre de Alfredo Montoya Melgar, catedrático de Derecho del Trabajo, y Ricardo Enrique Sancho, actual magistrado del TC que acaba su mandato en breve.

Los dos candidatos elegidos tendrán que obtener también el visto bueno del Senado, que es el órgano que determina quienes ocuparán las cuatro plazas que hay que renovar, que deberán obtener el respaldo por mayoría cualificada de la Cámara Alta, lo que obliga al PP a buscar acuerdos con otras formaciones.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/01/24/5887322b22601d99128b46a0.html

El Gobierno quiere que los CV sean anónimos para evitar el sexismo

 

La estupidez feminazi no tiene límites y es altamente contagiosa.

La “necesidad” de ser más feminista que nadie y evitar que te tilden de machista hace incurrir en el esperpento a casi todos nuestros “queridos” políticos.

El Estado obligando al ciudadano a tener trato con quien no quiere. A meter en tu casa a quien el político de turno decida.

La medida rezuma totalitarismo. No en balde la ideología de género es puro totalitarismo.

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El Gobierno quiere que los CV sean anónimos para evitar el sexismo

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hoy en el Congreso. EFE

EFE – Madrid – 21/12/2016

El Gobierno va a trabajar con las empresas de selección de talento para proponer un código con buenas prácticas en los procesos de selección como, por ejemplo, que los currículum vitae sean anónimos para evitar el sexismo.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, lo ha anunciado en una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.

Montserrat ha precisado que en el Reino Unido se ha puesto en marcha una iniciativa similar con éxito.

El Ejecutivo, según la titular de Sanidad, desarrollará un plan de lucha contra la brecha salarial que incluirá medidas específicas para conseguir que haya más mujeres en puestos de responsabilidad.

“Me encantaría que no tuvieran que existir cuotas, pero soy consciente de la importancia que tienen para conseguir superar una situación que es absolutamente ilógica”, ha afirmado Montserrat.

Ha subrayado que es “una cuestión de justicia” que las mujeres, que representan el 51 por ciento de la población española, estén presentes en todos los ámbitos: político, social, cultural y económico.

La ministra ha indicado que su Departamento se pondrá a trabajar con las universidades y escuelas de negocio para desarrollar más casos de empresas protagonizados por mujeres que puedan utilizar en sus cursos y que permitan visibilizar más la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas.

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/12/21/585acadf468aebb9758b4597.html

El Constitucional anula la Ley Valenciana de Custodia Compartida

 

Si bien era más que previsible por no tener competencias para legislar al respecto, conviene recordar que fue el PSOE quien recurrió la ley por ser contrarios a la custodia compartida.

En cualquier caso, ante la ley hemos de ser todos iguales. Por lo que no puede ser que dependiendo del lugar donde vivas en España tengas diferentes derechos.

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El Constitucional anula la Ley Valenciana de Custodia Compartida

Reunión de la asociación ‘custodia compartida. JOSÉ CUÉLLAR

EFE – Valencia – 28/11/2016

El Tribunal Constitucional ha anulado, por invadir competencias estatales, la ley valenciana “de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven”, conocida como Ley de Custodia Compartida, que había sido recurrida por el Gobierno central.

La ley valenciana, que entró en vigor en mayo de 2011, da prioridad al pacto entre los progenitores, pero en ausencia de acuerdo contempla como regla general la custodia compartida y regula la relación de los menores con sus hermanos, abuelos, otros parientes y personas allegadas.

El TC la suspendió cautelarmente cuando admitió a trámite el recurso del Gobierno, pero más adelante levantó la suspensión, por lo que la norma ahora anulada ha estado en vigor desde noviembre de 2011.

La sentencia de este lunes, señala que “nuestro pronunciamiento de inconstitucionalidad no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas”.

“Este Tribunal entiende que las decisiones adoptadas por los órganos judiciales durante la vigencia de la norma que ahora se declara inconstitucional, en relación a la fijación de un determinado régimen de guardia y custodia para los hijos menores”, se tomaron teniendo en cuenta el principio del mejor beneficio para los niños afectados, dictamina el TC.

El argumento central del Gobierno para recurrir se centraba en que la ley excede las competencias para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil propio previstas en el Estatuto valenciano. Ahora el tribunal de garantías le ha dado la razón.

En su recurso, el abogado del Estado repite la argumentación que ya empleó contra la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y contra la Ley Valenciana de Uniones de Hecho, que ya fueron anuladas por el TC.

También en este caso, como sucedió en las otras resoluciones citadas, se falla la sentencia con el voto particular contrario al de la mayoría del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos.

El Gobierno central defiende que las comunidades autónomas sin derecho foral compilado sólo tienen competencia para legislar en el caso de que se trate de costumbres derivadas de los antiguos fueros que hayan subsistido.

En ese sentido, el ejecutivo defiende que, al igual que sucedió con el régimen económico matrimonial o las uniones de hecho, tampoco hay antecedentes respecto a la custodia compartida que se hayan mantenido en el tiempo y que por esa razón justifiquen que se apruebe una ley distinta en la Comunidad Valenciana, decía el recurso.

El Constitucional acepta esta argumentación e insiste en su jurisprudencia, de acuerdo a la cual el derecho consuetudinario que podría justificar una normativa civil propia (dentro de los límites de la Constitución) debe estar en vigor desde antes de la Constitución y seguirlo en el momento de aprobar ésta.

“A la vista de las circunstancias concurrentes y de las razones expuestas, hemos de concluir que no se ha aportado prueba que permita apreciar la concurrencia de los requisitos” que la Constitución exige, concluye el TC.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/11/28/583c3be746163fd04b8b45d1.html

psoe-contra-la-custodia-compartida-en-valencia

Rosa Peris y otras feminazis del PSOE presentan el recurso.

Puedes descargar la sentencia y el voto particular.

 

 

Muere una niña de 12 años por coma etílico en un botellón

 

De aquellos polvos, estos lodos.

Éste no es un caso aislado. Basta acercarse a cualquier parque y a su bazar chino más cercano para comprobar la compra de alcohol por niños de once años y como lo consumen en el parque pese a ser ilegal tanto la venta como el consumo. Incluso es habitual ver al coche de la policía. Mirando pero sin intervenir por órdenes de la superioridad.

Quizás el ejemplo más representativo de esta canallada sea el sinvergüenza de Tierno Galván y su movida promovida por el Ayuntamiento.

Desde entonces la educación, en el sentido más amplio del término, ha ido degradándose siguiendo un plan preestablecido. Se ha limitado o eliminado la autoridad de padres y profesores. Se ha rebajado el nivel académico eliminando incluso asignaturas básicas. Se ha promulgado una ley del menor que les hace impunes e irresponsables. Se ha promovido la escolarización desde el nacimiento para que sea el Estado, y no los padres, quien enseñe principios y valores a los niños. Niños cada vez más incultos, irresponsables, altaneros y bravucones. Cada vez más adoctrinados y más fácilmente maleables por el poder.

El límite aún no se ha alcanzado. Desde hace años se reparte gratuitamente la píldora del día después a niñas de doce años sin conocimiento de los padres. La ley del aborto de 2010 permite a las menores de dieciséis años abortar sin conocimiento de sus padres.

Uno de los últimos ejemplos de a lo que ha derivado esta política de irresponsabilidad nos lo daba la actual presidenta de Andalucía y candidata a presidir el PSOE y por lo tanto, a gobernar España. “Yo hago ‘botellonas’ como todo el mundo, el que no las haga que tire la primera piedra“. Hay Ayuntamientos que han creado botellódromos. Granada, Córdoba, Jerez, Madrid, Santander, etc.

No sorprende la actitud de los padres de la difunta niña, quienes habían renunciado a su labor como educadores y formadores de su propia hija. Convencidos de que esa tarea le corresponde al Estado y no a ellos. Por eso “sopesan” exigir una indemnización a los responsables de la muerte de su hija por una educación errónea. En su conciencia están convencidos de que son otros y no ellos los responsables pues ellos sólo han cumplido con los usos sociales y la ley vigente.

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Muere una niña de 12 años por coma etílico en un botellón

La niña participó en un botellón en San Martín de la Vega, en una fiesta de Halloween.

LD/Agencias

2016-11-03

La niña había participado en un botellón | EP

Una niña de 12 años ha fallecido en el hospital después de haber ingerido grandes cantidades de alcohol durante un botellón en el que participó junto a sus amigos en su municipio, San Martín de la Vega, según han confirmado a Europa fuentes policiales.

Los hechos transcurrieron en la tarde noche del viernes 28 en el municipio, en una de las tantas fiesta de Halloween que se celebraron en la región. Tras supuestamente consumir grandes dosis de alcohol en un parque junto a otros chavales, se desmayó y sus amigos la trasladaron al centro médico local, que ante la gravedad del estado de la niña llamaron a 112 alertando de que la chica se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Tras el aviso, efectuado a las 23.15 horas, hasta el lugar acudió rápidamente una ambulancia del Summa, cuyos sanitarios estabilizaron a la chica y la dirigieron al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ingresó en estado muy grave, ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Debido a los daños irreparables derivados del coma etílico, la niña falleció en el hospital el 1 de noviembre. El Instituto Anselmo Lorenzo, en el que estudiaba, está pensando en realizar mañana un minuto de silencio por el fallecimiento de la alumna.

Por su parte, un Juzgado de Instrucción de Plaza Castilla está investigando ya lo ocurrido. Los resultados completos de la autopsia practicada al cadáver determinarán en unos días las causas concretas de la muerte. El cuerpo de la niña será incinerado en Alcobendas.

http://www.libertaddigital.com/espana/2016-11-03/muere-una-nina-de-12-anos-por-coma-etilico-en-un-botellon-1276585936/

La niña que murió por coma etílico ya había sido trasladada dos veces a su casa por la Policía en estado ebrio

Consternación en la localidad de la niña que falleció tras un coma etílico Foto: Javier Barbancho

LUIS F. DURÁN – Madrid

04/11/2016

La menor de 12 años que murió el pasado martes en el Hospital 12 de Octubre como consecuencia de un coma etílico tras un botellón en San Martín de la Vegahabía sido trasladada en ocasiones anteriores por la Policía Municipal a su casa en estado ebrio. Así lo atestiguan los amigos y fuentes de la Policía Local de San Martín de la Vega.

En al menos dos ocasiones a lo largo de este año los agentes encontraron a la fallecida muy bebida y con dificultades para andar, por lo que los agentes decidieron trasladarla a su domicilio. En ambos casos se les informó a los padres de la situación de su hija y se les aconsejó que controlasen a la menor, siempre según las mismas fuentes.

Desde el Ayuntamiento de San Martín de la Vega se señala que los agentes de la Policía Municipal sabían perfectamente los lugares donde se juntan los jóvenes para hacer botellón, alguno de ellos fuera del casco urbano con la intención de que no les encuentren los funcionarios.

Muere una niña de 12 años por un coma etílico durante un botellón en San Martín de la Vega

El pasado viernes la fallecida y cuatro amigos se reunieron en la zona alta del pueblo y tras comprar vodka y ron con la ayuda de un conocido adulto se fueron a una zona del municipio conocida como Los Cerros.

Estuvieron bebiendo entre las siete y las 22.00 horas. Hacia las 22.30 horas la niña se cayó al suelo desplomada. Al principio los amigos creyeron que estaba bromeando pero enseguida se dieron cuenta que no reaccionaba. Se asustaron mucho y, por miedo a la multa por beber, no llamaron a la Policía Municipal ni a los servicios de urgencia pese a que tenían todos móvil. Tampoco se pusieron en contacto con los padres de la menor.

En la zona había un carrito de hierro de la compra donde metieron a la joven. Empujaron el artilugio por un camino de tierra y por las calles de San Martín de la Vega hasta llegar al centro de salud del municipio. Fue un trayecto de unos 700 metros que tardaron en realizar más de media hora y en el que, según algún testigo, la chica iba totalmente inconsciente.

Al llegar el centro de salud la chica ya estaba en parada cardiorrespiratoria y con un cuadro de coma etílico. Fue reanimada y trasladada al Hospital 12 de Octubre donde falleció el día 1 de noviembre.

Los amigos aseguran que la joven fallecida aparentaba tener mucha más edadde sus 12 años y que su altura era 1,70 m, por lo que, explican, toleraba siempre mucho alcohol. “Bebía mucho. Se juntaban cuatro o cinco amigos, ponían una media de 10 euros cada uno y compraban botellas, sobre todo de vodka”, señala un conocido. Casi siempre acudían a un gran hipermercado cercano para adquirir el alcohol y lo encargaban mediante un adulto. En el caso de no encontrar a nadie tenían la opción de algunos autoservicios de la zona que burlan la ordenanza municipal y venden ron y vodka a menores.

La Guardia Civil ha abierto una investigación y ha interrogado ya a los menores que acompañaban a la menor en el momento que se desmayó. Todos han dado la misma versión y han señalado que están muy asustados. El Ayuntamiento de San Martín de la Vega ha ofrecido ayuda a la familia de la joven fallecida y a los amigos que la acompañaban.

En el municipio se ha decretado hoy un día de luto y se ha celebrado al mediodía un minuto de silencio. También el instituto donde estudiaba la menor, el centro Anselmo Lorenzo, ha guardado hoy un minuto de silencio en su memoria.

Además, el Consistorio ha indicado que hace 15 días un autobús de la Comunidad de Madrid estuvo en el instituto para dar charlas a los menores sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas.

http://www.elmundo.es/madrid/2016/11/04/581c778246163f15278b4571.html

La familia de la niña muerta por un coma etílico sopesa denunciar al Ayuntamiento de San Martín de la Vega

Varias amigas dicen que no era la primera vez que Laura abusaba del alcohol

Una niña muerta por coma etílico en San Martín de la Vega. En la zona todavía quedan restos del botellón
Una niña muerta por coma etílico en San Martín de la Vega. En la zona todavía quedan restos del botellón – ÓSCAR DEL POZO

ÉRIKA MONTAÑÉS / J. G. STEGMANN – 04/11/2016

La familia de Laura F., la niña de 12 años que murió el pasado martes por un coma etílico tras ingerir una botella de ron en una celebración de Halloween con sus amigos, estudia presentar una denuncia contra el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, en Madrid, por haber incumplido la ley antibotellón, que impide a los jóvenes reunirse en la calle para beber. Según ha podido saber ABC, la familia está siendo «asesorada en esta dirección». No obstante, en conversación con este periódico, el alcalde de la localidad, Rafael Martínez, ha dicho que desconoce este hecho.

También ignora qué hicieron Laura y sus amigos para comprar alcohol, debido a que son menores de edad. Sin embargo, algunos testigos contaron a este periódico que pudieron habérselo pedido a alguna persona mayor, ya que no había gran dificultad para ello. El regidor, que tiene 32 años, niega que los jóvenes del pueblo tengan por hábito de fin de semana reunirse en la zona para beber, aunque sí lo hacen en otras áreas «ya controladas por la Policía Local», dijo.

«No es tiempo de culpables»

Por otra parte, Martínez ha pedido respeto para la familia, que se halla «destrozada». El regidor no quiso profundizar en la búsqueda de responsabilidades tras el suceso. Ayer a mediodía, en una concentración convocada a las puertas del Consistorio en señal de duelo por la niña fallecida, Martínez señaló que la desgracia afecta a todos los vecinos, consternados, y que ahora «no es tiempo de buscar culpables, sino soluciones», y de «trabajar todos unidos», instituciones, comunidad educativa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «para que no vuelva a ocurrir».

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales de la localidad, Salud Pérez, habló ayer «dos minutos» con el padre de la joven para poner a su disposición toda la ayuda posible.

Según la Asociación de Vecinos del barrio de El Quiñón, donde residen los padres de origen polaco con sus dos hijas, la menor de 12 años y su hermana de 15, las denuncias por las fiestas de muchachos en la zona son cuantiosas. En la zona de El Cerro de San Martín de la Vega aún quedaban estos días restos de botellas e incluso una nevera portátil con botellas vacías dentro.

De acuerdo con las cifras facilitadas por la Consejería de Sanidad de Madrid, no se trata de un problema aislado en la región. De hecho, en los primeros diez meses de este año Emergencias del Summa 112 ha atendido 3.241 llamadas por intoxicación por drogas o alcohol, de las que 594 correspondían a menores de edad.

De estas 594 llamadas, 22 casos eran de menores que fueron atendidos con UVI móvil, es decir, casos especialmente graves, tal como le sucedió a Laura.

El gobierno municipal de Manuela Carmena, para hacer frente a este problema, sacará a las calles a partir de enero de 2017 a un grupo de concienciadores «antibotellón» en zonas donde se lleva a cabo esta práctica, y que costará 400.000 euros a los madrileños.

http://www.abc.es/sociedad/abci-familia-nina-muerta-coma-etilico-sopesa-denunciar-ayuntamiento-san-martin-vega-201611042020_noticia.html

El magistrado del Constitucional José Antonio Xiol da por segura la derogación de la ley de custodia compartida

 

Ante la ley todos hemos de ser iguales.

No puede depender de donde vivas o donde hayas nacido.

Ya está bien de privilegios.

Los fueros son de la Edad Media.

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El magistrado del Constitucional José Antonio Xiol da por segura la derogación de la ley de custodia compartida

JOSÉ A. MAS 24.09.2016

El magistrado del Constitucional José Antonio Xiol da por segura la derogación de la ley de custodia compartida

El magistrado del Constitucional José Antonio Xiol da por segura la derogación de la ley de custodia compartida ANTONIO AMORÓS
La Comunidad Valenciana debería mantener su Derecho foral, según expresó ayer en Elche el magistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Xiol, durante su participación en el III Congreso de la Abogacía Valenciana. El único magistrado del Constitucional que votó en contra de derogar las leyes autonómicas sobre el régimen económico y parejas de hecho, manifestó ayer en Elche que se podrían haber mantenido tomando como base el Estatuto de Autonomía.

El magistrado explicó que «ante mis compañeros en el Tribunal Constitucional traté de defender mi planteamiento, ya que creo que era posible mantener estas leyes en base a la disposición transitorio tercera, pero no lo conseguí y se acabó imponiendo la decisión de la mayoría en la sentencia».

José Antonio Xiol abordó ante los letrados la competencia en materia de Derecho Civil en la Comunidad Valenciana, con la colaboración del registrador de la propiedad de Altea Vicente Domínguez, y del catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, Mariano Izquierdo.

Xiol avanzó a los presentes que al igual que se han derogado las leyes valencianas sobre el régimen económico y las parejas de hecho, es muy previsible que «atendiendo a la jurisprudencia, también se acabe derogando la ley valenciana que regula la custodia compartida».

«Los magistrados consideran que sólo puede reconocerse los derechos forales que estaban vigentes antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, por lo que todo apunta a que esta ley seguirá el mismo camino de las anteriores», sentenció en Elche José Antonio Xiol.

 

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2016/09/24/magistrado-constitucional-jose-antonio-xiol/1809362.html