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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

 

Se amplía la industria del maltrato agravando la inícua ley de violencia de género.

Más privilegios, más dinero público para alimentar estómagos agradecidos.

Todo ello basado en las consabidas mentiras feminazis.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

 

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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

El acuerdo incluye considerar a las madres de hijos asesinados como víctimas

Ruth Ortiz sigue las intervenciones en el pleno del Congreso de los Diputados desde la tribuna de invitados. LUIS SEVILLANO

PILAR ÁLVAREZ

Madrid  28 SEP 2017

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las 213 medidas para poner en marcha el Pacto de Estado para atajar la violencia machista. La propuesta ha salido adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.

Es el primer gran acuerdo de la legislatura y persigue que las mujeres y sus hijos estén protegidos en todo momento con medidas institucionales, educativas, judiciales o sanitarias, entre otras.  Contempla actuaciones para prevenir la violencia machista desde el colegio e incorpora como víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas para hacerles daño.

Más de un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde enero de 2001. Son 1.006 fallecidas, según el recuento elaborado por EL PAÍS desde entonces. En lo que va de año, hay 37 mujeres y seis menores asesinados, y cuatro casos en investigación. La última mujer muerta, de Cartagena, solo tenía 20 años y había denunciado a su pareja por amenazas apenas una hora antes de que morir asesinada. En Sestao, este mismo jueves, se investiga si otra mujer hallada muerta ha caído a manos de su pareja.

Los pactos de Estado alcanzados en democracia en España se pueden contar apenas con los dedos de una mano. Desde los históricos pactos de La Moncloa, de 1977, al pacto de Toledo centrado en las pensiones (1995) a los cuatro grandes acuerdos antiterroristas rubricados entre 1987 y 2015 contra ETA y el yihadismo. De ahí el empeño que han mostrado distintos grupos políticos para intentar la unanimidad que finalmente no se ha conseguido.

Los acuerdos del pacto, que en un plazo máximo de dos meses debe ser trasladado ahora a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades, será vigilado por una comisión de seguimiento que aún se debe constituir. Algunos requieren reformas legislativas.

Incluir  entre las víctimas de violencia machista a las madres de hijos asesinados supone que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación. En la tribuna, entre las asistentes al pleno, ha estado Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, a los que mató el padre, José Bretón. “Ya era hora”, ha asegurado Ortiz en una entrevista en la SER horas antes del debate. La madre de los dos menores asesinados ha asegurado sentirse “contenta” por el acuerdo porque supone “un paso bastante importante” para la lucha contra la violencia de género.

“Por todas las Ruth de España vamos a luchar contra esta lacra”, ha señalado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, mirando a Ortiz desde su asiento. “El maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha añadido.

El pleno ha votado las medidas recogidas en el informe elaborado a lo largo de los últimos seis meses por la subcomisión que se creó para impulsar el pacto y que ha escuchado a más de 60 expertos de distintos ámbitos. La previsión es incluir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, 200 millones anuales.

Enmienda a la totalidad

Unidos Podemos se ha abstenido tras presentar una enmienda “crítica” a la totalidad. “Este pacto no nos vale aunque las medidas que están ahí sean buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se van a poner en marcha”, ha señalado Ángela Rodríguez (En Marea) “No sabemos para quién es el pacto. No vale ni para las mujeres pobres, transexuales ni con diversidad funcional”, según Rodríguez. “Han dejado fuera también a las violadas”. La diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón ha añadido en la tribuna que su confederación no respalda la propuesta porque “es un pacto de mínimos, no es un pacto feminista y no soluciona el problema”. “Mientras estamos aquí haciendo discursos con florituras están discriminando, violando y asesinando a mujeres en este país”, ha añadido.

“Estos acuerdos atienden a la necesidad de comprometer más activamente al Estado en la lucha de la violencia que sufre las mujeres solo por el hecho de serlo”, ha resumido la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), que reclamó en su intervención a Unidos Podemos que “actúen con responsabilidad”. “El mejor ejemplo que hoy daremos no estará en la ruptura de la unidad”, ha dicho. “Tampoco está todo el presupuesto y todas las medidas que hubiese querido el PSOE pero todo lo que está es útil al conjunto de las víctimas”, ha señalado en referencia a los diputados abstencionistas. Su partido reclamará un crédito extraordinario de 200 millones de euros si la aprobación de los presupuestos se prorrogan aún más tras la paralización de las nuevas cuentas del Estado por la crisis catalana.

El caso Juana Rivas

Durante la tramitación en el Senado se incluyó una medida que pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Recuerda el caso vivido este verano por la granadina Juana Rivas, que se escondió con sus hijos durante un mes para no devolverlos al padre, condenado en 2009 por maltrato y que en la actualidad está con los menores en Italia. Uno de los votos particulares del PSOE alude a que los casos de sustracción de menores en los que hay malos tratos los lleven juzgados especializados, como reclama desde hace más de un año la defensa de Rivas. “Lo que ha ocurrido con Juana Rivas no hubiese pasado si la competencia penal para estos casos estuviera en los juzgados de Violencia”, ha añadido Álvarez.

ENTRE LAS PRINCIPALES MEDIDAS

  • Madres víctimas. Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia machista y podrán acceder así a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas.
  • Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
  • Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
  • Protección de los huérfanos y de hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
  • Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
  • Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
  • Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
  • Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
  • Dependencias separadas. El pacto prioriza la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor.
  • Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
  • Prevención en la escuela. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. No se exigirán requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio cuando se acredite una situación de violencia machista.
  • Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/actualidad/1506588859_420508.html

 

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 79 Pág. 1 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN Sesión plenaria núm. 75 celebrada el jueves 28 de septiembre de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-79.PDF

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

3 de agosto de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-199.PDF#page=3

El Congreso aprueba el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=25507&anyo=2017&mes=9&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null

Ley de Ingresos Mínimos y Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=25406&mostrarvolver=N

 

Montserrat: «No hay mujer con pulsera contra la violencia de género que haya sido asesinada»

 

La industria del maltrato continua boyante.

La ministra presume de gastar 15.000.000 de euros en una nueva remesa de pulseras para controlar a los maltratadores. El contrato “mayor de la democracia”.

Ni que estuviesen chapadas en oro.

La ministra miente cuando dice que ”no hay mujer que tenga pulsera que haya sido asesinada” cuando la realidad es bien distinta pues las pulseras no impiden que las mujeres sean asesinadas. Basta una sencilla búsqueda en internet para comprobar que la ministra miente.

De hecho, tres cuartas partes de las pulseras ni siquiera se usan lo que no impide que se hayan comprado varias remesas en estos años cuyo destino ha sido coger polvo en los almacenes correspondientes.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

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Montserrat: «No hay mujer con pulsera contra la violencia de género que haya sido asesinada»

El nuevo contrato del Gobierno, dotado con 15 millones de euros, es el «mayor de la democracia»

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso – EFE

PALOMA CERVILLA

Madrid – 20/09/2017

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado que la instalación de pulseras de protección en las mujeres víctimas de violencia de género se ha incrementado un 41% desde julio de 2016 a julio de este año, alcanzando las 4.786 más. Ello supone que «no hay mujer que tenga pulsera que haya sido asesinada» y que se incrementa la protección.

Montserrat respondía con este dato a la pregunta de la diputada popular Elena María Bastidas sobre «el contenido del nuevo contrato de adquisición de pulseras para la protección de las víctimas de la violencia de género autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de septiembre».

La ministra aseguro que es el «contrato mayor de la democracia», dotado con un presupuesto de 15 millones de euros, y que las ventajas son «la renovación tecnológica al pasar del 2G, al 3G y el 4G, lo que redunda en mayor seguridad para las víctimas. El contrato también prevé la sustitución progresiva de las pulseras más antiguas a las más actualizadas».

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-pulseras-proteccion-contra-violencia-genero-aumentan-41-por-ciento-201709201155_noticia.html

 

El Senado incluye una medida para evitar otro caso Juana Rivas en sus propuestas para el Pacto de Estado de Violencia de Género

 

El negocio de la industria del maltrato se amplia.

No les importa conculcar derechos fundamentales.

Si bien la mayor parte de las medidas acordadas ya están en vigor desde hace años, algunas desde la promulgación de la aberrante ley en 2004, se implementarán otras que no hacen sino agravar lo hecho hasta ahora otorgando aún más privilegios a un colectivo a costa de vulnerar los derechos del resto.

Son medidas para asegurarse la imposibilidad de defensa del acusado para facilitar la creación de estadísticas amañadas y poder justificar las propias medidas, los nuevos privilegios y la creación de nuevas partidas presupuestarias para crear nuevos puestos de trabajo para colocar a amigos y afiliados.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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267 medidas por unanimidad

El Senado incluye una medida para evitar otro caso Juana Rivas en sus propuestas para el Pacto de Estado de Violencia de Género

EUROPA PRESS – Madrid – 13 SEP. 2017

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los miembros de la Cámara (250 votos), el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio para alcanzar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene un total de 267 propuestas y recomendaciones al Gobierno, divididas en ocho apartados.

La votación del acuerdo ha concluido con una ovación de todos los parlamentarios y la enhorabuena del presidente, Pío García Escudero, a los miembros de la Ponencia. Lo que se ha ratificado ha sido la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, con un total de 267 medidas. También se han valorado 13 votos particulares, nueve del PSOE y cuatro de Unidos Podemos, que han sido rechazados con la mayoría parlamentaria del PP en la Cámara Alta.

Entre las medidas más destacadas, la Cámara Alta decidió incorporar una relacionada con el caso vivido este verano por Juana Rivas. Así, pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género.

Otras medidas llamativas proponen sustituir la declaración de la víctima de violencia de género en el juicio oral por la videograbación de su declaración en fase de investigación para evitar “una segunda victimización y la impunidad de los agresores” y estudiar las posibilidades en torno al derecho de dispensa de la víctima respecto al agresor. Igualmente, contempla el derecho de los jóvenes que han sufrido violencia de género a quitarse el apellido del padre maltratador.

En el marco de la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos -trata, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia sexual-, incluye un apartado específico en el que se contempla la realización de un plan de acción que visibilice la violencia sexual -a través de la recogida de datos y una macroencuesta-; así como que se realicen protocolos que actúen contra el “acoso callejero o la violencia sexual en las fiestas populares”.

También sugiere modificar la legislación con el fin de “dejar en suspenso” el régimen de visitas para los padres maltratadores durante la tramitación del procedimiento, y hasta que recaiga sentencia. Asimismo, contempla rechazar la custodia compartida en supuestos de violencia machista para que el menor no quede desprotegido; y la suspensión de la misma, si ya estaba acordado este régimen, en los casos en que se haya adoptado una orden de protección para la madre o para el menor. Para que los menores puedan recibir tratamiento psicológico, insta a eliminar el consentimiento informado de los padres y bastará con “ponerlo en conocimiento” de la otra parte.

El informe recoge, asimismo, impulsar con las comunidades autónomas que los puntos de encuentro familiar sean siempre específicos y no sean utilizados como instrumento de mediación, sino para aquellos supuestos en los que el juez establezca un régimen de visitas.

Además, insta a abordar en las estadísticas los abusos sexuales a menores y a realizar una Macroencuesta que saque a la luz el número de menores que sufren abusos sexuales. En cuanto a las madres de los niños asesinados por sus padres en el marco de esta violencia machista, sugiere que se reconozca a estas madres también como víctimas de violencia de género.

Para evitar la rebaja automática de la pena al maltratador por declararse culpable, insta a estudiar y valorar, junto al Consejo General del Poder Judicial, la supresión de este atenuante de confesión en delitos de asesinato por violencia de género.

Por otro lado, solicita la reforma del artículo de la Ley contra la violencia de género que regula la asistencia letrada a las víctimas para garantizar, “desde el primer momento y para todas las actuaciones y comparecencias en sede judicial” el derecho de la mujer a contar con la defensa de un abogado de forma gratuita. Asimismo, pide que las mujeres tengan acceso a apoyo y recursos sin necesidad de presentar denuncia, pudiendo ser acreditada su condición de víctima por los servicios sociales o sanitarios.

La unanimidad que no se logró en el Congreso

El Senado ha conseguido así mantener la unanimidad que el Congreso no logró en su comisión en julio cuando debatió su propio informe, ya que Podemos, ante la sorpresa de todos, decidió abstenerse. El informe de la Cámara Alta será remitido al Gobierno, junto con el del Congreso (que recogía 212 medidas), aunque el pleno de la Cámara Baja no tiene previsto aprobarlo hasta al menos finales de septiembre, según han confirmado fuentes parlamentarias.

A partir de las aprobaciones de los textos por los plenos de ambas Cámaras legislativas, el Ejecutivo tendrá dos meses para implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que prevé contar con un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir entre ayuntamientos, autonomías y Administración Central del Estado.

Durante la presentación del informe de la ponencia, la senadora ‘popular’, presidenta de la Comisión de Igualdad y ex secretaria de Estado de Igualdad,Susana Camarero, ha explicado que es fruto del “duro trabajo” de la ponencia de estudio y ha agradecido a todos los ponentes “su dedicación y esfuerzo”, su”voluntad de diálogo y consenso” y su “vocación de servicio”.

Además, la presidenta de la Comisión de Igualdad ha defendido que este informe es resultado de “un consenso histórico” y ha puesto de manifiesto que “sólo, desde la fuerza de la unanimidad”, se podrá acabar con el machismo y la violencia sobre la mujer.

Votos particulares y discrepancias

En el turno de defensa de los votos particulares, que han sido rechazados, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos ha explicado que su voto quería añadir el concepto de “diversidad funcional” porque, desde su punto de vista, “refuerza el valor de la dignidad”.

Por parte de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la senadora María Freixanetha detallado que su partido aboga por la creación de una ley marco contra todas las violencias machistas y después otras específicas para evitar la categorización de víctimas. Asimismo, la senadora de la formación morada ha declarado que falta “rigor en los compromisos” presupuestarios y que la distribución de los mismos es “arbitraria”. Además, cree que existe “falta de concreción” en algunos puntos. Así, considera que sus votos particulares “mejorarían” este informe, con propuestas que “generan acuerdo” en su gran mayoría.

Tras presentar sus nueve votos particulares, la senadora socialista Laura Berja ha dicho que “el tiempo apremia” para poner fin a esta lacra. En concreto, Berja ha indicado que el PSOE proponía reconocer la prostitución como una forma de violencia de género y abolirla, así como incorporar la explotación reproductiva de la mujer (gestación subrogada) como violencia de género y reconocer el impago de las pensiones alimenticias como violencia económica, entre otras cuestiones.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/13/59b96dd7468aeb097e8b465d.html

 

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jul.

268 medidas acordadas por el Senado y 13 discrepancias 212 medidas acordadas por el Congreso contra la Violencia de Género y 63 discrepancias

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

La Cámara Alta pide que en casos como el de Juana Rivas, la mujer no pueda ser acusada de sustracción de menores

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, y ha rechazado, con la mayoría del PP, 13 votos particulares, 9 presentados por el PSOE y 4 presentados por Podemos.

El texto será debatido en el pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre, según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias y se podrán volver a registrar votos particulares durane ese debate hasta el próximo 4 de septiembre.

El acuerdo pactado el pasado lunes por la Ponencia de estudio ha incorporado como novedad una nueva medida a través de un voto particular suscrito por todos los grupos de la Comisión que pretende evitar que se produzcan casos como el de la granadina Juana Rivas.

Concretamente, la Cámara Alta pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor.

El pacto recoge medidas en el ámbito asitencial, legislativo y educativo para mejorar la protección a las víctimas, así como sus hijos y a los huérfanos de la violencia de género y para atender la violencia sexual, con un presupuesto pactado de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Durante el debate, todos los grupos parlamentarios se han mostrado “orgullosos” del consenso alcanzado e incluso desde el PP se ha asegurado que la Comisión del Congreso no es tan “cordial” como la del Senado.

Sin embargo, la mayoría del PP ha sido suficiente para que se rechacen los nueve votos particulares presentados por el PSOE y los cuatro presentados por Podemos. Los ‘populares’ han argumentado el rechazo de los votos particulares argumentando que muchas de las medidas dependen de la negociación con las comunidades autónomas.

Las propuestas del PSOE perseguían la aprobación de medidas tendentes a abolir la prostitución; permitir a las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar que quieran abortar que no requieran el consentimiento paterno; reconocer el impago de pensiones alimenticias como violencia económica; o dignificar la jubilación para las mujeres víctimas de violencia de género que hayan recibido una Renta Activa de Inserción.

Asimismo, pedían incorporar en la educación la aportación de las mujeres al conocimiento; reconocer la “explotación reproductiva” (gestación subrogada) como violencia contra las mujeres; reformar la Ley para evitar el uso de la custodia compartida como preferente y mantenerla como excepcional; y acotar los plazos de tramitación de cada una de las medidas; y garantizar la asignación de procurador desde el momento en el que se designe abogado.

En cuanto Podemos, quería ampliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra sus mujeres por sus parejas o ex parejas; advertir de que la asignación económica es “arbitraria” y “sin garantías; exigir una formación “estructural” en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.

POSIBLE “MÁS ALLÁ” DE IDEOLOGÍAS

Para la presidenta de la Comisión de Igualdad y senadora del Grupo Parlamentario Popular, Susana Camarero, este acuerdo demuestra que el consenso “es posible”, aún defendiendo cada uno “sus intereses e ideologías”. “Hemos demostrado que el pacto y el acuerdo es posible más allá de las ideologías”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

“Estamos al lado de todas las víctimas, las que denuncian y las que no denuncian, porque hay un conjunto de medidas donde se pone de manifiesto que la denuncia ya no es la puerta de salida al maltrato, que hay otras formas de dar la condición de víctimas a las mujeres”, ha comentado la ‘popular’, resaltando también su preocupación de una “forma especial” por los menores y los jóvenes.

En este sentido, ha subrayado la incorporación de las medidas “necesarias” para evitar casos como el de la maltratada Juana Rivas, y evitar así que estas mujeres “puedan ser acusadas de sustracción de menores”.

SENSACIÓN “AGRIDULCE” DEL PSOE

Sin embargo, la senadora del Grupo Socialista Laura Berja ha asegurado que sale de este acuerdo con una “sensación agridulce” pero con una “actitud positiva, porque, en su opinión, “se han quedado cosas en el tintero”. “Espero que el pacto remueva conciencia y cambie actitudes”, ha apuntado la socialista.

“Necesitamos involucrar a todas las instituciones y agentes sociales. El PSOE estará vigilante a través de la Comisión de Seguimiento”, ha advertido, al tiempo que ha pedido que se “respeten” los compromisos presupuestarios.

Durante su intervención en la Comisión, la senadora de Podemos María Freixanet, ha asegurado que el informe, que recoge aquellas propuestas que “generan acuerdo”, “avanza” en la protección de las mujeres. “Estamos de acuerdo en trasladar estas propuestas para la firma de un Pacto de Estado”, ha indicado.

PODEMOS, DE ACUERDO EN TRASLADAR LAS PROPUESTAS A UN PACTO

“No creía que pudiéramos llegar hasta aquí, hasta esta apertura de miras con la que se ha trabajado. Hemos trabajado para detectar los fallos del sistema en la lucha contra la violencia de género, fallos como el del caso de Juana y sus hijos”, ha dicho Freixanet en contraste con sus compañeros del Congreso, que han decidido finalmente abstenerse en el acuerdo por considerarlo insuficiente.

SE VERÁ UN “CAMBIO RADICAL”

En la misma línea, la senadora del Grupo Parlamentario Vasco María Eugenia Iparragirre, ha destacado que el paso es “importante” pero que tiene que ser “un punto y seguido”; y Elisenda Pérez, de Esquerra Republicana, ha asegurado que si se aplican las medidas del informe se verá un “cambio radical” en la lucha contra la violencia machista.

“Todos tenemos que ponernos gafas de género desde que nos levantamos y aportar nuestro granito de arena, porque estamos ante una cuestión de Estado”, ha comentado Yaiza Castilla Herrera, de la Agrupación Socialista Gomera, del Grupo Parlamentario Mixto.

Por último, la senadora del PDeCAT Elisabet Abad, que ha actuado en sustitución del senador del Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, ha celebrado el acuerdo y el trabajo realizado por todos los participantes en la Ponencia.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-senado-aprueba-unanimidad-268-medidas-pacto-contra-violencia-genero-rechaza-13-votos-particulares-20170728141612.html

 

Un padre espera nueve meses para ver a su hijo en el punto de encuentro de la Junta que investiga la juez

 

El negocio de los Puntos de encuentro a costa del sufrimiento de padres e hijos y sustentado con el dinero público.

Los niños se entregan y recogen en el colegio y en vacaciones en el domicilio del progenitor que corresponda. Y a quien no cumpla se le aplica la ley. Incluido el Código Penal. Basta con ejecutar las sentencias de acuerdo a la ley.

Basta con aplicar la Custodia Compartida por defecto, tal y como estipula la jurisprudencia, y respetar la propiedad privada, tal y como estipula la Constitución, para evitar el 99% de los conflictos tras las separaciones.

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Un padre espera nueve meses para ver a su hijo en el punto de encuentro de la Junta que investiga la juez

Silvia Moreno

Sevilla

5 SEP. 2017

Una adolescente pasa por el punto de encuentro de la Junta en Sevilla. ESTHER LOBATO

Los puntos de encuentro familiar de la Junta andaluza acumulan retrasos y listas de espera, según el Defensor del Pueblo

Una juez investiga “vejaciones” a menores en un punto de encuentro de la Junta de Andalucía

La denuncia de cinco padres sobre «vejaciones e insultos» a menores y otras irregularidades en un punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía en Sevilla que está investigando una juez, como informó EL MUNDO, se suma a las reiteradas quejas sobre el funcionamiento de estos equipamientos que ha realizado el Defensor del Pueblo andaluz. Un padre tuvo que esperar nueve meses -desde mayo de 2016 hasta enero de 2017- para poder ver a su hijo en el punto de encuentro que gestiona la Asociación Humanos con Recursos en Sevilla.

El progenitor acudió a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, que dirige Jesús Maeztu, en busca de ayuda. Esta institución lleva años recibiendo quejas ciudadanas sobre el mal funcionamiento de estos centros, en los que progenitores afectados por separaciones traumáticas, condenados por violencia de género o con orden de alejamiento de sus ex parejas retoman el contacto con sus hijos bajo supervisión judicial o los entregan y recogen en cumplimiento del régimen de visitas.

Fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz indicaron a este diario que las denuncias ciudadanas sobre los puntos de encuentro de la Junta «siempre» han estado presentes en las quejas dirigidas a la institución, por el «malestar» de los padres ante alguna de las decisiones que se toman y también por los retrasos de varios meses o incluso las listas de espera que han debido sufrir antes del encuentro con sus hijos.

Es el caso del padre que esperó nueve meses para poder ver a su hijo, como detalla una de las últimas resoluciones sobre los puntos de encuentro del Defensor del Pueblo andaluz, fechada en abril de 2017, y que está colgada en la web con el título: «Tras dos años de espera, podrá visitar a su hijo en el punto de encuentro familiar».

El hombre expone ante el Defensor del Pueblo andaluz que, tras dos años sin ver a sus hijo, ha conseguido finalmente por sentencia el derecho a verlo. Presenta su queja en mayo de 2016 porque lo han citado en el punto de encuentro para finales de noviembre a una entrevista previa con los técnicos de la Asociación Humanos con Recursos, por lo que aún ni siquiera tiene fecha para ver a su hijo.

Tras la queja, le adelantan la cita para agosto, pero no va, y en octubre, tampoco acude porque no le llegan las notificaciones, así que al final asiste en el mes de noviembre, como decía el primer oficio, según la información recopilada por el Defensor del Pueblo andaluz. El punto de encuentro de Sevilla alega que no tiene ninguna responsabilidad en que no le hayan llegado las citaciones al padre porque ello depende directamente del órgano judicial, del servicio común de notificaciones o de sus representantes legales. Este padre comienza, finalmente, las visitas con su hijo en enero. Con nueve meses de retraso desde que en mayo acudió al Defensor del Pueblo.

La Junta de Andalucía informa de que «se han realizado las actuaciones oportunas para adelantar la cita en el punto de encuentro familiar, tal y como puede acreditarse a través de los escritos remitidos al juzgado», según recoge la resolución del Defensor, en la que da el caso por cerrado, al haberse producido ya el encuentro entre padre e hijo.

Lista de espera

No es la única queja sobre los puntos de encuentro. Una madre de Huelva acudió al Defensor del Pueblo andaluz el año pasado para denunciar el «pésimo» servicio que ofrece el punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía en Huelva. En su queja, expresa su preocupación por los cuatro meses que lleva en lista de espera y, según las noticias que tenía, tendría que esperar como mínimo otro mes y medio.

Tras la denuncia, la Junta tomó medidas para solventar el problema planteado por esta madre de Huelva, según la información reunida por el Defensor del Pueblo.

La Consejería andaluza de Justicia e Interior, que dirige Rosa Aguilar, puntualizó a este diario que todas esas quejas están ya cerradas por el Defensor del Pueblo andaluz, al haberse subsanado los problemas que denuncian los padres afectados. Actualmente, según la Junta, no hay «ni retrasos ni listas de espera» en los puntos de encuentro andaluces.

Tan sólo hay una queja abierta en el Defensor del Pueblo andaluz en la que se menciona un punto de encuentro familiar, si bien los retrasos que denuncia el ciudadano son achacables al órgano judicial, precisó la Junta.

Más controles

A principios de la década, el anterior Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, urgió a la Junta para que intensificara los controles y «con carácter urgente»elaborase una normativa reguladora de los puntos de encuentro familiar tras las reiteradas quejas ciudadanas. La petición era del año 2012, pero el decreto que regula estos centros no se aprobó hasta 2014.

En aquella resolución de Chamizo, del 2 de julio de 2012, se destaca el importante «encargo institucional» que la Junta realiza a las entidades «privadas» gestoras de los puntos de encuentro familiar.

La Consejería de Justicia invierte cada año un millón de euros en los diez puntos de encuentro que funcionan en las provincias andaluzas, en los que el año pasado fueron atendidos 2.426 menores. La Junta no ofrece este servicio a través de sus funcionarios, sino que lo subcontrata con entidades privadas, que son las encargadas de gestionar estos centros.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga la denuncia interpuesta el pasado 19 de junio por cuatro madres y un padre sobre «vejaciones e insultos» a menores en el equipamiento de Sevilla.

Comparecencia en el Parlamento

El Partido Popular pidió este lunes la comparecencia de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, en el Parlamento andaluz para que dé explicaciones sobre la «situación muy grave» que describe la denuncia de un grupo de padres publicada por EL MUNDO sobre las presuntas «vejaciones e insultos» a menores en el punto de encuentro de la Junta de Andalucía en Sevilla.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, anunció que los parlamentarios del Grupo Popular en la Cámara andaluza presentarán iniciativas parlamentarias requiriendo explicaciones a la consejera «ante la gravedad de la situación y de los hechos que denuncian los padres» sobre el punto de encuentro.

Mientras, Aguilar aseguró que su departamento recabará «información interna»sobre el funcionamiento del punto de encuentro cuando reciba formalmente la denuncia sobre el trato «vejatorio» a los menores en este centro.

Aguilar dijo que «formalmente» no les «ha llegado esa denuncia aún a la Consejería» y que en el momento en que la reciban actuarán «obteniendo la oportuna información interna».

Explicó que el punto de encuentro familiar «está en estos momentos en licitación pública» para adjudicar la prestación del servicio que en estos centros permite a progenitores con orden de alejamiento de sus ex parejas mantener encuentros con sus hijos o su uso para la entrega de los niños al progenitor no custodio en separaciones y divorcios traumáticos.

Estos centros «emiten informes trimestralmente a los jueces de su funcionamiento» que también requerirá la Consejería en caso de recibir la denuncia formal, añadió Aguilar, quien reiteró la «colaboración plena con la Justicia para que se pueda llegar hasta el final» en este asunto. «Actuaremos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y colaboraremos con la Justicia», zanjó.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/09/05/59ada983ca474185058b45a0.html

 

Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Susana Díaz olvida que no es diputada en el Parlamento italiano, país competente para resolver sobre el asunto. De hecho, ni siquiera es diputada en España.

No deja de ser una muestra de la concepción que tiene del Estado de derecho. Ese Estado en el que no hay división de poderes porque “Montesquieu ha muerto” según sentenció Alfonso Guerra tras modificar el PSOE el sistema de elección de jueces en 1985.

Según van apareciendo grietas en su legislación feminazi van haciendo remiendos con “perspectiva de género” cuya aplicación tiene el aberrante carácter de retroactivo.

El criterio de no legislar “en caliente” se obvia cuando está en juego la red clientelar creada bajo el paraguas de las leyes de género. Red que disfruta de una ingente cantidad de dinero público de cuyo destino real nada se sabe y del que no se exigen responsabilidades.

Susana Díaz se preocupa de sostener los organismos que realizan informes falsos que destrozan miles de vidas cada año.

No es sino una muestra más del desprecio a las decisiones judiciales que no les son favorables y de la obsesión por controlar la judicatura.

Un ejemplo de su concepción totalitaria del Estado.

No es de extrañar que tardase diez años en terminar la carrera de Derecho.

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Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Díaz urge a impedir por ley otorgar custodia a padres maltratadores EFE

Ángela de Bethencourt

Sevilla

29 AGO. 2017

Juana Rivas entrega a sus hijos al padre ante el ultimátum de la Justicia

La presidenta andaluza echa en falta la aplicación del pacto de estado contra la violencia de género en el caso de Juan Rivas.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido este martes un cambio legislativo que impida que un maltratador pueda tener la custodia de sus hijos: “Un buen padre no maltrata a una madre”, ha añadido.

Díaz ha defendido sin embargo el acatamiento de las decisión de la Justicia, que ha fallado en favor del ex marido de Juana Rivas y por la que la granadina se ha visto obligada a devolver voluntariamente a su ex pareja a sus dos hijos este lunes. Aunque ha considerado que el caso de Juana Rivas ha dejado en evidencia la urgencia de una modificación de la ley para evitar que el padre sobre el que haya recaído una sentencia firme por maltrato pueda tener la custodia de los hijos quienes son “víctimas directas” de la violencia de género.

En esta línea, la presidenta ha manifestado la insuficiente aplicación del reciente pacto de estado contra la violencia de género. Dicho pacto, aprobado por unanimidad política a finales del pasado mes de julio, cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros con una margen de aplicación de cinco años y 200 medidas.

Entre las medidas, se contempla aquellas para “prevenir, proteger y reparar” los daños que un ambiente familiar hostil por violencia de género provoque en los menores de edad o la no imposición de la custodia compartida en estos casos. Precisamente, el régimen de custodia compartida en Italia, país donde se encuentra la residencia familiar, es el que le propone su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri.

Susana Díaz ha comparecido este martes tras la primera reunión de su Consejo de Gobierno después del paréntesis del mes de agosto.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/08/29/59a5519d22601dab328b459b.html

 

Cada año miles de Juanas Rivas

Cada año miles de Juanas Rivas.

 

25 de agosto de 2017

 

El caso de Juana Rivas no es sino uno más de los que se dan cada año en España en los más de cien mil separaciones y divorcios que se producen anualmente. Separaciones en las que se fabrican hijos huérfanos de padres vivos por no respetar la custodia compartida.

No les hace falta poner miles de kilómetros entre sus hijos y los padres.

Les basta con acudir al juzgado; reclamar la propiedad de los hijos; asegurarse el uso y disfrute de los bienes del ex; presentar una denuncia falsa de maltrato con su correspondiente informe falso; servirse del aparato del Estado creado al efecto y alienar a los hijos en contra del padre.

Sólo queda esperar a que las dilaciones judiciales, la política de hechos consumados, el lavado de cerebro a los hijos y la impunidad de sus delitos les confirmen la propiedad de los hijos aún en contra de la legislación y la jurisprudencia vigentes.

Poco les importa el daño que causen a sus propios hijos que para ellas son sólo las herramientas con las que se aseguran el nivel de vida al no respetar los legisladores y los jueces la propiedad privada.

Me voy a mi casa con mis hijos” declaró Juana Rivas en la puerta del juzgado pese a tener orden de detención y estar obligada a entregar a los niños, consciente de estar por encima de la ley. O mejor dicho, de que la ley es lo que le a ella se le ponga entre ceja y ceja en cada momento y lugar.

El Estado de Derecho, el imperio de la ley, conculcado diariamente en los juzgados españoles.

La aplicación del derecho con “perspectiva de género” según el cual lo que haga una mujer siempre está bien y el juez sólo puede decir amén so pena de ser inhabilitado tras la correspondiente persecución y muerte civil.

Leyes basadas en el derecho penal de autor, como bien nos ilustra el juez granadino, D. Manuel Piñar:

Para el magistrado granadino, este “excesivo celo ideológico” de proteger a la mujer “está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho”.

El criterio ideológico con el que se aplica el derecho penal de autor es puesto de manifiesto por el juez Piñar: “Posicionamiento [el de la Fiscalía] que puede ser preludio sin duda de ese principio de oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales (…) y practicaban con asiduidad los fiscales al servicio de Hitler o Stalin aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes”.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

www.libertaddigital.com/sociedad/2011-09-08/un-juez-cree-asegura-que-la-fiscalia-impide-la-persecucion-a-la-falsas-maltratadas-1276434741/

La igualdad ante la ley, la presunción de inocencia y demás principios jurídicos básicos llevan años arrumbados en los archivadores de los juzgados españoles.

 

Dpto. de prensa

Asociación PROJUSTICIA

info@projusticia.es

www.projusticia.es

Telf.: 620100000

 

www.projusticia.es/cada-ano-miles-de-juanas-rivas

 

1.- Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a legislar en base al derecho penal de autor.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

2.- Ley integral contra la violencia de género.

www.projusticia.es/ley-integral-contra-la-violencia-de-genero

3.- Ley del divorcio.

www.projusticia.es/ley-del-divorcio

4.- Ley de igualdad o de desigualdad

www.projusticia.es/ley-de-igualdad

5.- Denuncias falsas.

www.projusticia.es/denuncias-falsas

6.- Mujeres maltratadoras

www.projusticia.es/mujeres-maltratadoras

7.- “Privilegios” de las “maltratadas”.

www.projusticia.es/anterior/informes/documentos/informe%20del%20CES.htm

8.- Industria del maltrato.

www.projusticia.es/industria-del-maltrato

9.- ¿Casas de acogida o negocio?

www.projusticia.es/casas-de-acogida-ayuda-a-las-victimas-o-negocio-a-costa-de-ellas

10.- La violencia en la pareja, bidireccional y simétrica.

www.projusticia.es/anterior/estudios/Espana/la-violencia-sobre-la-pareja-bidireccional-y-simetrica.html

11.- Las mentiras de las feministas.

www.projusticia.es/mentiras-de-las-feministas

12.- Custodia Compartida.

www.projusticia.es/custodia-compartida

13.- Padres divorciados, padres maltratados.

www.projusticia.es/padres-divorciados-padres-maltratados

14.- La falacia del argumento de los niños maleta.

www.projusticia.es/anterior/audiovisual/presentaciones/la-falacia-del-argumento-de-los-ninos-maleta.ppt

15.- Los jueces de familia incumplen la ley y la jurisprudencia.

http://projusticia.es/los-jueces-de-familia-incumplen-la-ley-y-la-jurisprudencia/

 

Notas de prensa anteriores

www.projusticia.es/notas-de-prensa

 

Ejemplos de la legislación feminazi española.

– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la “igualdad” efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

www.projusticia.es/ley-de-igualdad/

– Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 37. Protección contra los malos tratos.

El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:

  1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

www.projusticia.es\ley-integral-de-violencia-de-genero

– Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

Artículo 4

Carga de la prueba

  1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=80

 

Asociación PROJUSTICIA para damnificados por decisiones judiciales Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1 / Sección: 1 / Número Nacional: 586892 – CIF: G84649334

 

 

 

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas por estar fuera de plazo

 

Las abogadas de Juana Rivas no paran de demostrar su incompetencia y sectarismo.

Dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y los dos inadmitidos por estar presentados fuera de plazo.

El primero presentado antes de tiempo.

El segundo presentado meses después de cumplirse el plazo.

No es de extrañar que las abogadas feminazis exijan ventajas y privilegios. Es comprensible que reclamen tener leyes hechas a medida, siguiendo el derecho penal de autor, para que no necesiten ni ir a juicio. De otra manera difícilmente ganarían un pleito. De hecho, no podrían dedicarse a la abogacía.

Su nivel es lamentable. Basta oír a las presidentes de Themis: Alemany, Gonzalo, Cerrillos…

Lejos de argumentar y dar datos se limitan a recitar como papagallos las soflamas feminazis. Y aún después de haberlas repetido cientos de veces, lo hacen balbuceando y trastabillándose.

La “asesora” Francisca Granados ya empieza a descargarse de responsabilidad sobre lo sucedido alegando que la decisión siempre ha sido de Juana Rivas. Como si ella no fuese parte de la industria del maltrato ni viviese a cuenta de ella.

Juana Rivas debería pedirles indemnización por el penoso asesoramiento recibido y la utilización de la que la ha sido objeto para “defender” la causa feminazi.

Hay que seguir exigiendo que la ley se cumpla y que esta gente termine en donde les corresponde: en la cárcel.

Tendrán su Spandau y su Nuremberg.

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El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Juana Rivas por estar fuera de plazo

La madre de Granada había solicitado la suspensión de la sentencia que le obliga a entregar a sus dos hijos

ROCÍO F. DE BUJÁN / LUIS P. ARECHEDERRA

Madrid – 16/08/2017

El Tribunal Constitucional ha rechazado por estar fuera de plazo el recurso de amparo presentado por Juana Rivas, que había solicitado la suspensión de la sentencia que le obliga a entregar a sus dos hijos al padre, el italiano Francesco Arcuri. La sala de vacaciones del tribunal garante de la Constitución asegura en su resolución, a la que ha accedido ABC, que el recurso de Rivas es extemporáneo «por haberse prolongado, de modo manifiestamente improcedente, la vía judicial previa».

La decisión del tribunal garante de la Constitución obliga a la madre de Granada a acudir a la justicia europea, una vez que ya no existen posibilidades de reclamar ante el Tribunal Constitucional, que ya ha inadmitido en dos ocasiones los recursos de Juana Rivas. Si ella lo decide, los abogados acudirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por vulneración de derechos.

El abogado de Rivas, Juan Ramón Montero, ha declarado a ABC que la providencia del TC «entra en contradicción» con su primera resolución, en la que pidieron a la recurrente que acudiera a la Audiencia de Granada «para ver si había transcurrido dicho plazo». «De este modo, no entran a resolver el fondo del asunto y lo inadmiten por una cuestión formal», lamenta el letrado.

La providencia del Constitucional, dictada por los tres magistrados que conforman la sala de vacaciones, explica que Juana Rivas no presentó el recurso de amparo en el plazo necesario, consistente en 30 días hábiles desde que la Audiencia Provincial de Granada le notificó su decisión, el pasado 26 de abril. La madre de Granada acudió al TC el pasado 10 de agosto, fuera del plazo exigido.

Los magistrados argumentan que el recurso extraordinario por infracción procesal que Juana Rivas presentó ante la propia Audiencia de Granada el 31 de mayo no puede tenerse en cuenta para interrumpir el plazo del recurso de amparo, porque fue presentado en un «modo manifiestamente improcedente». El TC también niega efectos sobre el plazo al anunció de un recurso de queja ante el Tribunal Supremo, que la madre de Granada expresó el 15 de junio, y al que luego renunció, el pasado 1 de agosto.

http://www.abc.es/sociedad/abci-tribunal-constitucional-rechaza-recurso-juana-rivas-estar-fuera-plazo-201708161804_noticia.html

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

 

El negocio de la industria del maltrato se amplia.

No les importa conculcar derechos fundamentales.

Si bien la mayor parte de las medidas acordadas ya están en vigor desde hace años, algunas desde la promulgación de la aberrante ley en 2004, se implementarán otras que no hacen sino agravar lo hecho hasta ahora otorgando aún más privilegios a un colectivo a costa de vulnerar los derechos del resto.

Son medidas para asegurarse la imposibilidad de defensa del acusado para facilitar la creación de estadísticas amañadas y poder justificar las propias medidas, los nuevos privilegios y la creación de nuevas partidas presupuestarias para crear nuevos puestos de trabajo para colocar a amigos y afiliados.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jul.

268 medidas acordadas por el Senado y 13 discrepancias 212 medidas acordadas por el Congreso contra la Violencia de Género y 63 discrepancias

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

La Cámara Alta pide que en casos como el de Juana Rivas, la mujer no pueda ser acusada de sustracción de menores

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, y ha rechazado, con la mayoría del PP, 13 votos particulares, 9 presentados por el PSOE y 4 presentados por Podemos.

El texto será debatido en el pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre, según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias y se podrán volver a registrar votos particulares durane ese debate hasta el próximo 4 de septiembre.

El acuerdo pactado el pasado lunes por la Ponencia de estudio ha incorporado como novedad una nueva medida a través de un voto particular suscrito por todos los grupos de la Comisión que pretende evitar que se produzcan casos como el de la granadina Juana Rivas.

Concretamente, la Cámara Alta pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor.

El pacto recoge medidas en el ámbito asitencial, legislativo y educativo para mejorar la protección a las víctimas, así como sus hijos y a los huérfanos de la violencia de género y para atender la violencia sexual, con un presupuesto pactado de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Durante el debate, todos los grupos parlamentarios se han mostrado “orgullosos” del consenso alcanzado e incluso desde el PP se ha asegurado que la Comisión del Congreso no es tan “cordial” como la del Senado.

Sin embargo, la mayoría del PP ha sido suficiente para que se rechacen los nueve votos particulares presentados por el PSOE y los cuatro presentados por Podemos. Los ‘populares’ han argumentado el rechazo de los votos particulares argumentando que muchas de las medidas dependen de la negociación con las comunidades autónomas.

Las propuestas del PSOE perseguían la aprobación de medidas tendentes a abolir la prostitución; permitir a las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar que quieran abortar que no requieran el consentimiento paterno; reconocer el impago de pensiones alimenticias como violencia económica; o dignificar la jubilación para las mujeres víctimas de violencia de género que hayan recibido una Renta Activa de Inserción.

Asimismo, pedían incorporar en la educación la aportación de las mujeres al conocimiento; reconocer la “explotación reproductiva” (gestación subrogada) como violencia contra las mujeres; reformar la Ley para evitar el uso de la custodia compartida como preferente y mantenerla como excepcional; y acotar los plazos de tramitación de cada una de las medidas; y garantizar la asignación de procurador desde el momento en el que se designe abogado.

En cuanto Podemos, quería ampliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra sus mujeres por sus parejas o ex parejas; advertir de que la asignación económica es “arbitraria” y “sin garantías; exigir una formación “estructural” en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.

POSIBLE “MÁS ALLÁ” DE IDEOLOGÍAS

Para la presidenta de la Comisión de Igualdad y senadora del Grupo Parlamentario Popular, Susana Camarero, este acuerdo demuestra que el consenso “es posible”, aún defendiendo cada uno “sus intereses e ideologías”. “Hemos demostrado que el pacto y el acuerdo es posible más allá de las ideologías”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

“Estamos al lado de todas las víctimas, las que denuncian y las que no denuncian, porque hay un conjunto de medidas donde se pone de manifiesto que la denuncia ya no es la puerta de salida al maltrato, que hay otras formas de dar la condición de víctimas a las mujeres”, ha comentado la ‘popular’, resaltando también su preocupación de una “forma especial” por los menores y los jóvenes.

En este sentido, ha subrayado la incorporación de las medidas “necesarias” para evitar casos como el de la maltratada Juana Rivas, y evitar así que estas mujeres “puedan ser acusadas de sustracción de menores”.

SENSACIÓN “AGRIDULCE” DEL PSOE

Sin embargo, la senadora del Grupo Socialista Laura Berja ha asegurado que sale de este acuerdo con una “sensación agridulce” pero con una “actitud positiva, porque, en su opinión, “se han quedado cosas en el tintero”. “Espero que el pacto remueva conciencia y cambie actitudes”, ha apuntado la socialista.

“Necesitamos involucrar a todas las instituciones y agentes sociales. El PSOE estará vigilante a través de la Comisión de Seguimiento”, ha advertido, al tiempo que ha pedido que se “respeten” los compromisos presupuestarios.

Durante su intervención en la Comisión, la senadora de Podemos María Freixanet, ha asegurado que el informe, que recoge aquellas propuestas que “generan acuerdo”, “avanza” en la protección de las mujeres. “Estamos de acuerdo en trasladar estas propuestas para la firma de un Pacto de Estado”, ha indicado.

PODEMOS, DE ACUERDO EN TRASLADAR LAS PROPUESTAS A UN PACTO

“No creía que pudiéramos llegar hasta aquí, hasta esta apertura de miras con la que se ha trabajado. Hemos trabajado para detectar los fallos del sistema en la lucha contra la violencia de género, fallos como el del caso de Juana y sus hijos”, ha dicho Freixanet en contraste con sus compañeros del Congreso, que han decidido finalmente abstenerse en el acuerdo por considerarlo insuficiente.

SE VERÁ UN “CAMBIO RADICAL”

En la misma línea, la senadora del Grupo Parlamentario Vasco María Eugenia Iparragirre, ha destacado que el paso es “importante” pero que tiene que ser “un punto y seguido”; y Elisenda Pérez, de Esquerra Republicana, ha asegurado que si se aplican las medidas del informe se verá un “cambio radical” en la lucha contra la violencia machista.

“Todos tenemos que ponernos gafas de género desde que nos levantamos y aportar nuestro granito de arena, porque estamos ante una cuestión de Estado”, ha comentado Yaiza Castilla Herrera, de la Agrupación Socialista Gomera, del Grupo Parlamentario Mixto.

Por último, la senadora del PDeCAT Elisabet Abad, que ha actuado en sustitución del senador del Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, ha celebrado el acuerdo y el trabajo realizado por todos los participantes en la Ponencia.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-senado-aprueba-unanimidad-268-medidas-pacto-contra-violencia-genero-rechaza-13-votos-particulares-20170728141612.html

 

Acuerdan una financiación de 1.000 millones de euros y 200 medidas para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

 

Todos los partidos políticos con representación parlamentaria se han puesto de acuerdo para seguir conculcando derechos fundamentales y principios jurídicos básicos de la mitad de la población.

Simplemente por pertenecer a un colectivo siguiendo el criterio que aplicaron el régimen nazi y el stalinista.

Por supuesto, lo más importante es el aumento de la partida presupuestaria para dar de comer a los miles de estómagos agradecidos que viven gracias a la industria del maltrato.

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Prevén que el documento final se apruebe la próxima semana

Acuerdan una financiación de 1.000 millones de euros y 200 medidas para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

ISABEL F. LANTIGUA

Madrid – EFE – 20 JUL. 2017

Protesta en Madrid para reclamar un pacto de Estado contra la violencia de género. BERNARDO DÍAZ

Los grupos de la subcomisión del Congreso para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género han logrado este jueves un acuerdo sobre 200 medidas, con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años, para luchar contra este problema social, a falta de cerrar aún el documento final. En lo que va de año, 31 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.

A pesar de que en la propia web del Congreso se había anunciado que este miércoles se podía aprobar el documento, lo cierto es que el “volumen de trabajo, la discusión sobre algunas cuestiones y lo flojo del texto del borrador presentado por el PP, sobre el que se ha trabajado y que ha obligado a volver a renegociar muchos temas, han impedido cerrarlo esta semana”, explican a EL MUNDO fuentes parlamentarias. No obstante, después de dos prórrogas, tienen de plazo hasta el 31 de julio para presentar el trabajo, aunque el Gobierno quiere que esté cuanto antes.

Entre las cuestiones que más debate han generado, además de la financiación, se encuentran las relacionadas con la modificación de los mecanismos para acreditar la condición de víctima de violencia de género para acceder a asistencia social, la propia definición de violencia machista, la eliminación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en caso de violencia de género, para que la víctima no pueda acogerse a la dispensa que le permite no declarar contra su agresor y tenga la obligación de hacerlo y el régimen de visitas a los hijos por parte de los maltratadores.

Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, los grupos han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización en las prestaciones, que estarían a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales.

Además, ERC, PNV, PDeCAT y Compromís han logrado que se incluyera en el texto una referencia a las competencias de las comunidades autónomas en materia de violencia de género.

Fuentes parlamentarias consultadas por Efe han precisado que este fin de semana se terminarán de redactar la parte introductoria del texto, el resumen de las comparecencias de expertos que han acudido a la subcomisión y la reglamentación.

La definición de violencia machista, clave

La subcomisión se reunirá el próximo lunes 24 de julio para la lectura y aprobación del documento, tras revisar la redacción del concepto de violencia de género, el artículo uno de la ley integral, que es la “llave” del acuerdo.

El viernes 28 de julio el texto se someterá a la aprobación de la Comisión de Igualdad, donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus votos particulares con aquellas cuestiones que han quedado fuera del acuerdo como la gestación subrogada.

Los grupos de la oposición han calificado de “aceptable” la dotación presupuestaria del pacto, que supone “una mejora sustancial” con respecto a los planteado inicialmente por el PP, aunque han reclamado un compromiso económico a más largo plazo.

Se ha acordado la creación de una comisión no legislativa en el Congreso para el seguimiento del pacto de Estado, que entre otras competencias podrá hacer un seguimiento presupuestario y fiscalizar la puesta en marcha de las medidas.

En declaraciones a Efe, la diputada del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-en Marea, Ángela Rodríguez, ha señalado que “todavía no hay un acuerdo definitivo, sino que quedan algunos flecos, que hay que solucionar, como la definición de violencia machista”.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/07/20/5970d929e2704eb8758b4608.html

La mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima de violencia de género

 

La competición a feminazi mayor del Reino sigue reñida.

Todos a una para conculcar derechos fundamentales y principios jurídicos básicos.

Los hombres acabaremos llevando brazaletes para marcarnos al estilo nazi.

Por supuesto, lo más importante es el aumento de la partida presupuestaria para dar de comer a los miles de estómagos agradecidos que viven gracias a la industria del maltrato.

Viene bien recordar quien es Ángeles Álvarez, la portavoz del PSOE, principal impulsor de estas medidas. Sirve de ejemplo para saber la mentalidad de quienes promueven estas aberraciones contra el sentido común y la Constitución Española.

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La mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima de violencia de género

Todos los partidos políticos acuerdan eliminar la necesidad de denuncia previa y ampliar los mecanismos que las acreditan como víctimas de violencia de género, para que puedan beneficiarse de servicios sociales, protección y acompañamiento.

Manifestación contra la violencia machista

MADRID – 18/07/2017

MARISA KOHAN

El 80% de las mujeres asesinadas en España en la última década no habían presentado denuncia por violencia de género, ni solicitado ayuda o apoyo a las administraciones públicas. Muchas no están preparadas para dar el paso de interponer una denuncia, pero se encuentran con el obstáculo de tener que acreditar su condición de víctimas de violencia de género a la hora de poder acceder a servicios jurídicos, medidas de protección asesoramiento o acompañamiento.

Esto podría estar a punto de cambiar en breve. Todos los partidos que forman la subcomisión para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso han acordado modificar los mecanismos y canales por los que las mujeres accedan al “título habilitante” de la condición de víctima de violencia de genero.

Según el borrador de texto presentado por el Partido Popular a la subcomisión (que reúne sólo los puntos aprobados por consenso) y que trata esta cuestión de forma extensa, se trata de un “derecho que debe ser reconocido con el fin de prevenir esta violencia y asegurar su atención y protección y ayudarlas en la toma de decisiones,” tal como lo establece la ley de Violencia de Género de 2004.

El borrador del documento que está debatiendo estos días los miembros de la subcomisión, y al que ha tenido acceso Público, prevé el diseño de un Plan de acompañamiento y asesoramiento de la víctima, implicando a las diferentes administraciones, que complete la asistencia de las víctimas con carácter previo a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento.

Este cambio implicaría algunos modificaciones importantes a nivel normativo y legislativo. Por un lado será necesario modificar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, puesta en marcha por el Partido Popular y por la cual se le quitaron competencias a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en materia de violencia de género y atención a las víctimas.

La puesta en marcha de un sistema de protección e identificación de los posibles riesgos antes de que exista una denuncia o una asesinato, pasa necesariamente por una atención a nivel local. Así lo han reconocido todos los partidos que han acordado devolver a los Ayuntamientos y entes locales amplias competencias en esta materia.

La medida requerirá, también, modificar la Ley de Violencia de Género para reconsiderar los distintos mecanismos por los que las mujeres podrán acreditar la condición de víctimas. Según el acuerdo, los mecanismos de acreditación serán múltiples: sentencias de cualquier orden jurídico que declare que la mujer ha sufrido violencias definidas en la ley; La orden de protección vigente o resolución judicial que la acordara; El atestado elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hayan presenciado una violencia; informe médico o psicológico elaborado por un profesional colegiado; el informe de los servicios públicos (servicio sociales, sanitarios, centros de salud mental, equipos de atención integral a víctimas…) o el informe de servicios de acogida de la Administración pública, entre otros.

El acuerdo alcanzado prevé, además, la creación de las llamadas “Unidades de apoyo”, que estarían regidas por el principio de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y formado por un equipo multidisciplinar.  Tal como explicaba la diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, en un reciente artículo de opinión publicado en este diario, estas unidades de apoyo son las que deben asegurar el acceso al catálogo de derechos, que no quedan actualmente activados si no existe interposición de denuncia o sentencia firme.

 

http://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-mujer-no-tendran-denunciar-considerada-victimas-violencia-genero.html