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Concentración día del padre 2018

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

 

Continúa la persecución del disidente/opositor por parte de las feminazis.

Su negocio se resiente y braman contra quien pone en peligro su modo de vida: la industria del maltrato.

Las mentiras feminazis se tambalean y han de ser sostenidas por la fuerza ya que la lógica y las pruebas las refutan.

No pueden tolerar que las estadísticas judiciales contraríen sus mentiras. Los datos no pueden obstaculizar su credo.

Insisten en conculcar la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.

Para las feminazis la palabra de una mujer es verdad absoluta dado que las mujeres nunca mienten. Les resultan innecesarias las pruebas, documentación, testigos, investigación policial, instrucción judicial, juicio, fiscal y juez. Les basta con creer a la “víctima” y no necesitan otra “prueba” que la palabra de la mujer.

Exigen más adoctrinamiento a jueces y fiscales (impartido por ellas) y la eliminación de quien les lleve la contraria a sus disparates y mentiras.

Pero se enfadan cuando las llamamos feminazis.

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Los colectivos feministas denunciarán a los jueces que no traten “con garantías” a las víctimas de maltrato

Isabel López de la Torre muestra su denuncia durante la rueda de prensa. EFE

OLGA R. SANMARTÍN – Madrid -12 FEB. 2018

Presentarán quejas al CGPJ sobre casos concretos porque “no puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”

La primera es la de una víctima que ha denunciado a la jueza que llevó su caso y la imputó: “Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial”

Las asociaciones feministas han decidido presentar quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre casos concretos en los que los jueces no estén dando un “trato” adecuado a las víctimas de violencia de género. Después de estar durante años recibiendo denuncias de mujeres que se ven “maltratadas judicialmente”, van a recopilar uno a uno todos los ejemplos y van a ir dando cuenta de ellos al máximo órgano de gobierno de los jueces.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa las representantes de seis organizaciones (la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos), que se han dirigido posteriormente a la sede del CGPJ para poner las dos primeras quejas.

La primera alude al caso de Isabel López de la Torre, que fue a denunciar a su pareja por malos tratos y salió imputada ella misma porque él la denunció también. Finalmente ha sido absuelta y él ha sido condenado a dos años y nueve meses de prisión, pero la niña de ambos sigue disfrutando del régimen de visitas. “Me he sentido tratada como si fuera una delincuente. El sistema te castiga por denunciar. Él me pegó con un palo de bambú por todo el cuerpo y me tiró al suelo y me intentó estrangular. Llegué al juzgando destrozada y suplicando ayuda, con moratones por todo el cuerpo. Pero él me puso una denuncia por tres arañazos que no le había hecho y apenas me dejaron hablar. Me convertí en la acusada. Pasé del maltrato en casa al maltrato judicial. Salí de ese juzgado imputada”, ha relatado, antes de ir a denunciar a la jueza que llevó su caso.

En la queja presentada ante la Comisión del Régimen Disciplinario Judicial del CGPJ, ante el Observatorio contra la Violencia de Género del mismo organismo y ante el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las firmantes sostienen que, entre otras cosas, María Jesús López Chacón, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), expresó ante varios testigos: “Yo no digo que el caso de Isabel sea una denuncia falsa, pero las denuncias falsas existen y yo tengo un primo al que su mujer le ha puesto una denuncia falsa y yo y toda la familia lo estamos pasando fatal”.

“No es un hecho aislado”

En el escrito censuran “la ausencia de independencia judicial” y “los prejuicios” de la juez e insisten en que este tipo de comportamientos “representan una efectiva medida disuasoria a la hora de armarse la mujer de valor para denunciar”.

“No se trata de un hecho aislado, sino excesivamente frecuente, como pretenderemos demostrar, con las sucesivas denuncias que iremos haciendo llegar al CGPJ y a los respectivos observatorios, y todo ello para evitar que con nuestro silencio nos hagamos cómplices de una conducta inadmisible, sobre todo cuando, como en este caso, las mujeres acuden en demanda de protección y justicia ante los juzgados”, recalcan.

Y piden que “se tomen las medidas correspondientes con el fin de apartar de los juzgados de violencia de género y de los de familia a jueces y juezas que adolecen de prejuicios contra la mujer”.

La segunda queja la realizan contra el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 y de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (Valencia), Julián González, por sus “actitudes arrogantes y autoritarias”, “faltas de respeto y consideración” y “nula empatía”. Hasta 22 asociaciones feministas firman un escrito que señala que, “desde hace tiempo, mujeres que han sido parte en procedimientos de violencia de género y de derecho de familia seguidos ante este juzgado nos han manifestado su malestar por el trato que les ha dispensado su titular”.

Sostienen que el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sagunto “también” les ha confirmado que ha recibido quejas de mujeres en el mismo sentido. “Además, nos han informado de que nunca ha mostrado interés ni participación en las reuniones de coordinación para la protección y atención a las víctimas, a pesar de haber sido invitado”.

El juez, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana con el PP, ha negado las acusaciones y ha afirmado no haber tenido quejas del Ayuntamiento de Sagunto en sus 12 años de ejercicio en la localidad.

Las firmantes piden al CGPJ que “proceda a advertir a este juez sobre la necesidad de modificar estas actitudes, impropìas de un órgano judicial, apercibiéndole de sanción y obligándole a participar en cursos de formación específica” sobre igualdad de género.

Falta de formación

“Tenemos que tomar medidas. No puede haber tantas mujeres que no se sientan creídas en los juzgados”, ha expresado durante la rueda de prensa Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, ha explicado que esta forma de actuación es novedosa porque, hasta ahora, agrupaban todas las quejas y se las trasmitían al CGPJ de forma general, cuando se reunían con sus miembros para evaluar el seguimiento de la Ley Integral contra la Violencia de Género. “Desde ahora, cada vez que tengamos un caso, daremos traslado por escrito con quejas documentadas y casos concretos. Se insiste en que las víctimas deben denunciar, pero luego no reciben la respuesta esperada por parte de las instituciones”.

Además del “maltrato judicial” -entendido como “prejuicios que ponen en duda la credibilidad de su testimonio” y “falta de garantías y de buen trato” que provocan una “víctimización secundaria”-, han enumerado otras “deficiencias” con las que se han encontrado, como el hecho de que los juzgados denieguen el 75% de las órdenes de protección que se reclaman, no se haga una valoración efectiva de los riesgos o no se repare el daño causado.

Atribuyen todo ello a una “mala formación de los operadores judiciales”, incluso en los juzgados específicos. “Se nos dice que hacen un curso online de 16 horas, pero esa formación no habilita para tomar decisiones de tal envergadura”, expresa Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. “¿Y qué ocurre cuando la víctima acude a declarar? Que el juez le dice: ‘Por favor, señora, al grano, céntrese en el delito. Y la víctima se bloquea, porque no se puede encorsetar su dolor a un hecho concreto”.

 

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/12/5a818d1646163f29638b4588.html

 

El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

 

Más sueldos para estómagos agradecidos.

Más comisarios políticos.

Más adoctrinamiento a jueces y fiscales disfrazado de formación en igualdad basado en una ley que discrimina en función del sexo y conculca derechos básicos en base al derecho penal de autor que aplicaban Hitler o Stalin.

Todo ello realizado por quienes falsean datos y sostienen las conocidas mentiras de las feminazis. De hecho, van a ampliar las estadísticas con nuevas manipulaciones para justificar sus canalladas cuyo fin último es garantizarse el sueldo.

Que la ley que promueven y todas las medidas creadas bajo su paraguas no hayan servido para eliminar la presunta lacra les trae al fresco mientras el dinero público siga fluyendo a sus bolsillos.

Por supuesto, se incrementará la persecución al disidente/opositor y se garantizarán más privilegios a las falsas denunciantes.

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El CGPJ pone en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de género

jueves, 8 de febrero de 2018

Autor, Comunicación Poder Judicial

A propuesta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la Comisión Permanente solicita informes a distintos servicios del Consejo sobre la forma de dar cumplimiento a las medidas incluidas en el Pacto. El Consejo ampliará la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy poner en marcha el desarrollo de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que entran dentro de su ámbito de competencias, para lo que ha solicitado a distintos servicios de la institución la elaboración de propuestas concretas o de informes sobre la forma de dar cumplimiento a las mismas.

A propuesta de la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, la Permanente también ha acordado dirigirse a la Comisión Nacional de Estadística Judicial –de la que, además del órgano de gobierno de los jueces, forman parte el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y la Fiscalía General del Estado- para que los boletines estadísticos recojan información sobre todas las formas de violencia sobre las mujeres.

Para conseguir el cumplimiento de muchas de las medidas en las que el Consejo aparece como institución implicada, Carmona considera fundamental la colaboración del Grupo de expertos y expertas en Violencia Doméstica y de Género que asesora al Observatorio, aunque esta labor implicará además a servicios o departamentos del CGPJ como Inspección, Oficina Judicial, Promotor de la Acción Disciplinaria, Selección y Formación Inicial y Formación Continua.

Así, la Comisión Permanente ha encomendado al Grupo de expertos y expertas del Observatorio la formulación de propuestas para mejorar los protocolos de actuación entre los Juzgados y las Administraciones, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección.

También le ha solicitado que plantee una propuesta concreta de Protocolo de actuación específico para la toma de declaración de los menores en los procedimientos en los que exista cualquier forma de violencia incluida en el Convenio de Estambul y otra de actualización de la Guía de actuación de buenas prácticas judiciales.

Mientras tanto, los servicios del Consejo estudiarán, entre otras cuestiones, la forma de impulsar la especialización de los Juzgados de lo Penal en materia de violencia sobre la mujer y la ampliación de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales, siempre que ello repercuta en una mejora cualitativa de la atención y de los medios con los que se cuenta.

Además, el Servicio de Formación Inicial y el Servicio de Formación Continua adoptarán las medidas necesarias para conseguir una mayor especialización en la formación de jueces y magistrados en materia de violencia de género, de trata y de otras formas de violencia sobre la mujer.

Con ello se dará cumplimiento a las medidas número 214, 217, 218 y 262 del Pacto de Estado, que tratan sobre la extensión de la formación especializada a los órganos judiciales con competencia en materia de familia y de menores, la introducción de temas de Derecho Antidiscriminatorio en el temario de las oposiciones a judicatura y fiscalía o la formación sobre las especificidades de la inmigración.

Por último, la Comisión Permanente ha dado traslado a la Comisión Nacional de Estadística Judicial para que adopte las medidas que considere oportunas para, de acuerdo con el Convenio de Estambul, obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuenciados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y elaborar estadísticas sobre abusos sexuales a menores y/o violencia sexual.

El CGPJ también insta a la Comisión Nacional de Estadística Judicial a incluir en los boletines estadísticos los datos relativos a la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad y/o diversidad funcional y a los casos de trata de personas con fines de explotación sexual.

Una vez que se hayan llevado a cabo los trabajos encomendados, los mismos serán remitidos a la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-pone-en-marcha-el-desarrollo-de-las-medidas-del-Pacto-de-Estado-contra-la-Violencia-de-genero

 

Juana Rivas, condenada a indemnizar Francesco Arcuri por la fuga con sus hijos

 

Sólo le tendrá que pagar por los gastos materiales en los que ha incurrido. Aunque no todos.

De los daños morales causados al padre y a los hijos no se le obliga a resarcir. De hecho, es imposible resarcir el perderte la infancia de tus hijos. Infancia que ya no volverá.

Dada la repercusión mediática del caso servirá de ejemplo para disuadir a otras Juanas y para que otros jueces no tengan miedo en aplicar la ley.

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Juana Rivas, condenada a indemnizar Francesco Arcuri por la fuga con sus hijos

Juana Rivas este miércoles, en la sala de vistas. M. RODRÍGUEZ

La madre de Granada deberá compensar el mes que el italiano permaneció en España el pasado verano

Leo Rama – Granada – 07/02/2018

El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha acordado este miércoles la indemnización que deberá abonar Juana Rivas a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por el mes que éste permaneció en España mientras ella se encontraba en paradero desconocido con sus dos hijos. Aún se desconoce cuánto deberá abonar la madre a Arcuri. La cantidad dependerá de la documentación que aporte a la causa el italiano, que ha solicitado unos 1.900 euros por los desplazamientos y el alojamiento en España el pasado verano.

Aunque la defensa de la madre ha tratado de impedirlo, la documentación que la parte de Arcuri ha aportado ha sido aceptada por el juez, que ahora deberá estudiarla para aumentar o rebajar la cuantía que solicita el italiano; gastos que el abogado de Rivas considera «injustificados», aunque asume el cumplimiento de la condena fruto de la vista sobre posibles daños y perjuicios.

«Lo vamos a conseguir gracias a todos», ha asegurado Juana Rivas, confiada en que «todo va a salir bien». A la salida de los juzgados de Granada, a pesar del nuevo revés judicial, la madre ha defendido su actuación el pasado verano: «En procesos legales, no puedo hablar mucho. […] Era la realidad en la que yo estaba y era la alternativa que yo veía, es imposible que hubiese pensado de otra manera».

La vista de este miércoles ha tenido lugar después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que paralelamente investiga la presunta comisión de delitos por parte de Juana Rivas a causa de su fuga, acordara la apertura de juicio oral por la vía penal. A la madre se le imputan dos presuntos delitos: sustracción de menores y desobediencia a la justicia. El abogado de Rivas ha adelantado que pedirá la absolución de su cliente.

En concreto, la Fiscalía le pide cinco años de cárcel, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, mientras que Arcuri solicita la misma pena de prisión, la pérdida de la patria potestad durante ocho años y que lo indemnice con 30.000 euros por daños materiales y morales.

http://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-juana-rivas-condenada-indemnizar-francesco-arcuri-fuga-hijos-201802071307_noticia.html

El fiscal ve acreditados los daños económicos que Juana Rivas causó a su ex pareja

RAMÓN RAMOS – Sevilla – 7 FEB. 2018

Francesco Arcuri reclama a su ex pareja Juana Rivas 1.912,5 euros, como devolución de los gastos que conllevó su estancia en Granada cuando acudió desde Italia a recoger a sus dos hijos en cumplimiento de una resolución judicial y la madre los retuvo y se mantuvo en paradero desconocido durante más de un mes del pasado verano.

La reclamación de Arcuri deriva de la resolución judicial que obligó a Juana Rivas a devolver a sus dos hijos, tras agotar todos los recursos a su alcance para mantener a los menores en España. Este nuevo ángulo del caso ha llegado este miércoles al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, en una vista pública que apenas ha durado diez minutos en los que el abogado de Arcuri ha anunciado que la cantidad reclamada se irá incrementando a medida que el padre italiano pueda documentar con facturas los gastos pagados con tarjeta durante su prolongada estancia en Granada, que podrían ascender a 7.000 euros. La Fiscalía se adhiere a la reclamación y la defensa de Juana Rivas alega que los gastos no están suficientemente justificados.

Los gastos que reclama Arcuri están “suficientemente precisados y documentados”, ya que “Francesco no vino nadando desde Italia”, ha alegado el letrado de su defensa, que ha aludido también al “lucro cesante” que no se cuantifica pero que, paralelamente, causó daños y perjuicios en la economía del padre. “En esos 33 días, Francesco tuvo que pagar un hotel, desayunar, comer y cenar”, ha añadido expresivamente el abogado de Arcuri

La defensa de Juana Rivas, sin embargo, considera que la documentación presentada en la sala por los abogados de Arcuri “no son facturas” ni están “acreditados los gastos, que, por otra parte, “no guardan relación con la causa”. El fiscal sí los considera acreditados y Rivas, por tanto, está obligada a pagar los gastos del viaje y la estancia.

En primera fila

La vista pública por la reclamación de Arcuri ha reunido en la ‘sala Luis Portero’ del edificio de La Caleta la habitual concentración de cámaras y micrófonos en torno a la presencia de Juana Rivas, quien durante la sesión ha permanecido en silencio en el primer banco de la dependencia judicial, donde no ha tenido que responder a pregunta alguna porque ninguna de las partes lo ha solicitado. Tampoco ha sido necesario recurrir al sistema de videoconferencia para registrar una hipotética declaración de Arcuri desde Italia porque tampoco ha sido requerida. El italiano Francesco Arcuri ha reclamado este miércoles en los tribunales a su ex pareja, Juana Rivas, el abono de 1.912,5 euros por los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno a Italia de los dos hijos que tienen en común, a raíz de que ella permaneciera casi un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que obligaban a que regresaran con el padre.

Juicio oral

La sesión de este miércoles se produce un día después de difundirse el auto que el auto de apertura de juicio oral en la vertiente penal del caso de la madre de Maracena, que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 por dos presuntos delitos de sustracción de menores y otro de desobediencia, a raíz de la retención de los dos hijos menores y su negativa a entregarlos al padre, como ordenaban las resoluciones judiciales en su contra. En este escenario, y a preguntas de los periodistas momentos después de celebrada la vista, Juana Rivas ha rehusado contestar a la pregunta de si se arrepiente de haber retenido a los dos niños: “Es imposible saber si, a día de hoy, volvería a actuar igual”, aunque ha reiterado que “yo era una víctima que escapó” de Italia porque era la única alternativa que veía frente a la supuesta situación de violencia que asegura haber padecido en Italia.

Como se ha venido publicando, la Fiscalía solicita para Juana Rivas cinco años de prisión y seis de inhabilitación en su derecho a la patria potestad sobre sus hijos. Arcuri, que ejerce la acusación particular, también pide cinco años de prisión pero eleva a ocho años la petición de inhabilitación y plantea a través de sus abogados la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia por el que pide nueve meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama 30.000 euros de indemnización por los “daños materiales y morales ocasionados”.

Juana Rivas abandonó el domicilio familiar de Carloforte, en Italia, con sus dos hijos menores en el verano de 2016 para pasar unas vacaciones en Granada, pero no regresó en el tiempo acordado -cuando la convivencia con su pareja se estaba deteriorando- y presentó una denuncia por maltrato doméstico ante la Guardia Civil de Maracena por hechos sucedidos presuntamente en el país trasalpino. Arcuri había sido condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, una sentencia que se dictó por un acuerdo de conformidad entre las partes que conllevaba la retirada de la denuncia que a su vez el italiano había interpuesto contra su pareja, con la que de mutuo acuerdo volvió a reanudar la convivencia tiempo después.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias por supuestos malos tratos contra él al entender que los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en Italia y que por tanto la jurisdicción competente es la italiana, adonde se remitió en su momento por petición de la Fiscalía la denuncia que Juana Rivas interpuso en Granada. En paralelo, un juzgado de Cagliari mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores, que en la actualidad residen con el padre en Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/07/5a7ac6b646163f72068b4570.html

 

Abren juicio oral contra Juana Rivas

 

Buena noticia.

Esperemos que se cumpla la ley de una vez y que estos delitos dejen de ser impunes y sirva de mensaje disuasorio a quien en el futuro se plantee hacer lo mismo.

Lo sorprendente es que sus inductoras y colaboradoras hayan sido desimputadas dando manga ancha a quienes viven gracias a la industria del maltrato.

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Abren juicio oral contra Juana Rivas

La madre de Maracena, tras una de sus visitas a los juzgados de Granada. / EFE

Yenalia Huertas – Martes, 6 febrero 2018

El auto establece que los hechos, por los que se enfrenta a cinco años de cárcel, deben ser enjuiciados en un juzgado de lo Penal

La jueza de Instrucción número 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, ha acordado la apertura de juicio oral contra Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores y, subsidiariamente, por un delito de desobediencia de orden judicial.

El auto de la magistrada, fechado el 22 de enero y al que ha tenido acceso IDEAL, declara que el órgano competente para el enjuiciamiento de la madre de Maracena es un “juzgado de lo Penal”.

En la resolución, se recogen los cargos que han formulado contra ella tanto el ministerio fiscal como la acusación que ejerce su expareja, Francesco Arcuri, representado en este proceso por el letrado Enrique Zambrano.

La fiscalía solicitó cinco años de prisión para Juana Rivas, al atribuirle la presunta comisión de dos delitos de sustracción de menores. La misma pena reclamó el padre de sus dos hijos menores, que además solicita una indemnización de 30.000 euros. No obstante, Arcuri planteó la opción de que sea condenada subsidiariamente por un delito de desobediencia, por el que pidió nueve meses de prisión.

La jueza dispone que se mantenga la situación de libertad de la granadina, que se vio inmersa en este proceso por permanecer oculta con sus dos hijos pequeños durante un mes, el verano pasado, para evitar entregárselos a su expareja, residente en Italia. La mujer le denunció en 2016, aprovechando que vino a España de vacaciones, por presunta violencia de género y esta denuncia se tramita actualmente en Italia.

http://www.ideal.es/granada/abren-juicio-oral-20180206185803-nt.html

El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

 

La industria del maltrato sigue dando pingües beneficios.

Quienes viven de ello sólo piensan en el dinero público que generosamente reciben y gracias al cual disfrutan de una vida holgada.

La ley la han hecho ellas. Los protocolos los han hecho ellas. Las medidas de protección las han diseñado ellas. Los órganos de control y gestión los dirigen ellas. Todo lo relativo a la ley lo han hecho ellas.

Nada de ello funciona bien según ellas mismas reconocen.

Incluso publicitan como nuevo lo que lleva años aplicándose.

Pero lejos de reconocer su “error” echan la culpa a los demás y exigen más de lo que se ha demostrado ineficaz.

En realidad lo que hay detrás es un gran negocio y un intento de cambiar la sociedad para aislar al individuo impidiendo cualquier lazo afectivo.

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El Gobierno asegura que la mitad de las medidas del Pacto contra la Violencia de Género están en marcha

La ministra de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales, Dolors Montserrat, hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso – ABC

Paloma Cervilla

Madrid – 31/01/2018

La ministra Dolors Montserrat comparece en el Congreso para explicar la ejecución de las 214 medidas, anunciando la modificación de 20 artículos de la Ley de 2004.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado hoy en el Congreso de los Diputados que la mitad de las 214 medidas recogidas en el Pacto contra la Violencia de Género han iniciado el proceso de estudio y ejecución. Del total de las medidas, 122 corresponden al Estado, 10 a las comunidades autónomas y 82 son competencias compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y entes locales.

El ritmo de trabajo es «positivo» y el objetivo es la modificación de unos 20 artículos de la ley integral contra la violencia de género de 2004. Para ello se han creado «un grupo de trabajo técnico del Gobierno». Una vez que los textos se vayan elaborando se remitirán al Parlamento para su aprobación.

La ministra está compareciendo a petición propia ante la Comisión de Igualdad para explicar las medidas que se van a poner en marcha del Pacto contra la Violencia de Género.

Entre estas medidas ha destacado el Real Decreto de 29 de diciembre, que incluye la desgravación en el IRPF a quienes ostenten la patria potestad de menores huérfanos por violencia de género. Igualmente, se está trabajando «en la revisión de los textos legales vigentes que hacen referencia a regímenes de visita y custodia de los menores».

Otra iniciativa que la ministra ha puesto en valor son los convenios de prevención y sensibilización contra la violencia de género en oficinas de farmacia. Una red de más de 20.000 establecimientos que dan servicio a 2,3 millones de personas diarias «y que ayudan a mantener un canal directo con las víctimas en la detección de la violencia».

Delito quitar la pulsera

Dolors Montserrat también destacó que, como consecuencia de las reformas legislativas, a partir de ahora es un «delito» que un maltratador se quite o fuerza la pulsera que se les coloca para detectar que cumple la orden de alejamiento.

La ministra recordó que el punto de partida para las modificaciones legales está en la reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, «verdadera clave del pacto, sin perjuicio de otras leyes que, como la relativa a la trata de seres humanos y la referida a la violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, constituirán los instrumentos legislativos de acción permanente para los próximos cinco años».

Montserrat afirmó que un tercio de las medidas del pacto «requieren de modificaciones normativas». Precisamente, en la ejecución del pacto se ha priorizado la modificación de estas normativas o la «redacción de nuevos textos legales»

La titular de Sanidad puso en valor la utilidad del teléfono 016 de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género que, en diez años, ha recibido un total de 500.000 llamadas; igualmente, señaló que las órdenes de protección se han incrementado un 6% desde 2011 a 2017.

Intervención de los grupos

Las intervenciones de los grupos la inició la portavoz del PSOE, Ángeles Álvarez, calificando «de relleno» la intervención de una hora y cuarenta minutos de la ministra. Además, negó que se hayan comenzado a ejecutar las 214 medidas del pacto.

La diputada socialista criticó que todavía no se hayan aprobado los primeros 200 millones para el pacto, circunstancia que se podía haber hecho, a su juicio, en el real decreto de prórroga del presupuesto, que se aprobó a final de 2017. Por ello, Álvarez afirmó que «tenemos desconfianza en su gestión y en su palabra».

Los socialistas retaron a la ministra a llevar al próximo consejo de ministros el decreto para que se puedan conceder estos 200 millones, y no a verano, como así había apuntado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el caso de que no se llevara a cabo, entiende que es «un incumplimiento del pacto».

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes, arremetió contra el Gobierno, afirmando que «no nos consta que se haya puesto en marcha ninguna medida» del pacto, mostrando su preocupación porque «no está el dinero comprometido». La diputada le pidió a la ministra «que diga cuándo piensa el Gobierno dotar económicamente el pacto».

http://www.abc.es/sociedad/abci-gobierno-asegura-mitad-medidas-pacto-contra-violencia-genero-estan-marcha-201801311055_noticia.html

 

 

Concentración día del padre 2018.

 

Como en años anteriores, el próximo Día del padre nos concentraremos ante la sede del partido en el Gobierno.

En Madrid será ante la sede central del Partido Popular en la calle Génova, 13.

19 de marzo de 2018.

12 horas.

Derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género

¡Custodia Compartida YA!

Si la función de las leyes es evitar o regular los conflictos, lo primero que cabe decir de la vigente legislación española sobre divorcio (Ley 15/2005) es que se trata de un gran ejercicio de hipocresía.a) Una ley hipócrita (Ley 15/2005) Exigimos la derogación de las leyes sexistas basadas en la ideología de género y la modificación de la ley del divorcio.

Hay dos formas de divorciarse: por las buenas o por las malas. En el primer caso, la Ley es un mero instrumento administrativo, ya que no existe conflicto entre las partes. En el segundo caso, la vigente legislación española sobre divorcio es esencialmente hipócrita, porque lleva dentro el germen de la discordia y los incentivos necesarios para alentar un intenso conflicto.

“Se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando así lo soliciten los padres en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el transcurso del procedimiento”, dice la Ley. ¿Y por qué habían de llegar a ese acuerdo dos personas que, por puro desacuerdo, están poniendo fin a su convivencia? En virtud de esa disposición legal, el derecho humano básico a las relaciones familiares pasa a depender de un absurdo: que dos personas cuyos desacuerdos son tan profundos como para llevarlas al divorcio estén de acuerdo en el aspecto más decisivo y trascendental de ese divorcio: la custodia de los hijos.

De este modo, la Ley se supedita a la actitud obstruccionista del cónyuge menos colaborador. Pero, ¿qué progenitor puede tener interés en obstruir una solución por mutuo acuerdo? Evidentemente, el que más tenga que ganar con ello. Como la práctica judicial asigna la custodia de los hijos de modo casi automático a la madre, la Ley está induciendo a ésta a no colaborar, sabiendo que su actitud será recompensada con la custodia exclusiva y las ventajas que conlleva: el control de toda la situación posterior al divorcio, el usufructo del domicilio familiar y las pensiones.

El resultado es que la Ley de Divorcio incentiva los conflictos y favorece las separaciones, instadas en más del 70% de los casos por la mujer, como principal beneficiaria. Al hombre le corresponderá:

  • abandonar el domicilio familiar con “lo puesto”;
  • ver a sus hijos dos fines de semana y cuatro tardes al mes;
  • pagar las pensiones sin posibilidad alguna de controlar su utilización posterior; y
  • en caso de préstamo hipotecario, pagar las letras de la vivienda familiar que su “ex” disfrutará, tal vez, en compañía de una nueva pareja.

Sin embargo, cada vez es mayor el número de instituciones autonómicas, provinciales y locales que se pronuncian a favor de la custodia compartida como opción preferente. Y hace ya muchos años que las encuestas vienen demostrando que la custodia compartida cuenta con el apoyo, no sólo mayoritario, sino casi total de la sociedad (83% por ciento según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010). La custodia compartida está en el corazón de la sociedad, pero no en el corazón del Estado, donde un pequeño núcleo de profesionales de la política defiende con ahínco los intereses del lobby feminista. Hoy, como hace treinta años, son esos intereses minoritarios los que siguen prevaleciendo contra el sentir unánime de la sociedad.

b) Una ley inicua (Ley Orgánica 1/2004)
Las cosas pueden ser mucho peores si la Ley de Divorcio se utiliza conjuntamente con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004). En ese caso, cualquier mujer sin escrúpulos puede poner al marido directamente en la calle (previo paso por el calabozo) o en prisión con cualquier denuncia de malos tratos, incluso psíquicos. Por desgracia, en una sociedad hipersensibilizada ante la llamada “violencia de género”, los escrúpulos cada vez son menos. ¿Por qué habría de sentir escrúpulos una mujer a la hora de denunciar al marido si, desde las instancias oficiales se le insta a denunciar y se le repite una y otra vez que una de cada cuatro mujeres son maltratadas? ¿Qué tendría de raro pertenecer a esa cuarta parte de población femenina? A fin de cuentas, en su famosa macroencuesta, el Instituto de la Mujer considera maltratada a la mujer si su marido “ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a alguna organización)” o “no valora el trabajo que realiza”, entre otros comportamientos. Con tan buenos avales oficiales, cualquier mujer puede considerarse legitimada para interponer una denuncia de maltrato que le reportará beneficios sustanciales e inmediatos. El resultado es que las denuncias falsas en procesos de separación son actualmente un mal endémico.

Al margen de las opiniones cruzadas sobre si las denuncias falsas son frecuentes o inexistentes, una simple consideración estadística pone de manifiesto su alta prevalencia. Todas las encuestas sobre violencia doméstica que tienen en cuenta los comportamiento de ambos miembros de la pareja coinciden en demostrar que la violencia psíquica y física en la pareja es perpetrada un proporciones similares por hombres y mujeres. Esta es una realidad corroborada por cientos de estudios científicos que, tarde o temprano, acabarán teniendo el reconocimiento social que les corresponde.

Por consiguiente, siendo similares los niveles de violencia en la pareja, y siendo abrumadoramente mayores los niveles de denuncias por violencia interpuestas por la mujer, necesariamente muchas de esas denuncias han de ser falsas. Incluso aunque no lo fueran, ello se debería a la mayor propensión de la mujer a denunciar, como se le aconseja insistentemente desde los órganos oficiales, pero el efecto global de esa cultura de la denuncia seguiría estando en completo desacuerdo con la realidad de una violencia que es bidireccional.

El actual régimen de divorcio, junto con las peculiaridades de la legislación sobre violencia en la pareja, que penaliza en mayor medida al varón y otorga mayor credibilidad a la mujer, y con el imperante clima social de victimización de la mujer y culpabilización del varón, constituyen el perfecto caldo de cultivo para la denuncia falsa, que, de la noche a la mañana, convierte a la mujer en beneficiaria absoluta del divorcio. Por no hablar de otras ventajas como acceso a puestos de trabajo, vivienda, percepción del paro, permisos de residencia, cursos de formación, etc. destinados a supuestas maltratadas. Es decir, las denuncias falsas están poderosamente incentivadas, y acabarán restando credibilidad a las verdaderas.

Para el hombre, el efecto judicial inmediato de una denuncia de ese tipo es el alejamiento obligatorio. Por delante le espera una larga lucha para demostrar su inocencia y, cuando lo consiga, tratar de restablecer los vínculos afectivos con sus hijos, después largos períodos de alejamiento forzoso. Todo ello, sin olvidar otro riesgo aún mayor: que una denuncia falsa puede tener los mismos efectos penales que si fuera verdadera. A pesar de todo, las falsas denuncias proliferan cada vez más, dado el bajo o nulo coste judicial que tienen para la denunciante (la mayoría de ellas no se persiguen). Cuando la palabra de la denunciante basta por sí sola para destruir la presunción de inocencia, el denunciado se encuentra literalmente confrontado a la prueba diabólica u obligación de demostrar la inexistencia del delito, el callejón sin salida de los tiempos inquisitoriales.

c) Una situación profundamente injusta
En su forma actual, el divorcio es para muchos hombres una catástrofe que, en cuestión de horas, puede convertir a un padre ejemplar en un paria expulsado de su casa (aunque obligado a seguir pagando la hipoteca), sujeto a una orden de alejamiento de sus hijos y al pago de las pensiones alimenticia (para sus hijos) y compensatoria (para su ex) y, por añadidura, imputado en un proceso penal.

En contradicción con los prejuicios ideológicos y los intereses creados en que se basa ese régimen legal y judicial, la realidad ofrece los datos siguientes:

  • La población española es mayoritariamente partidaria de la custodia compartida (83% de respuestas afirmativas, según la encuesta Gallup de 2005 y la de DYM de 2010).
  • Casi todos los estudios comparativos sobre el bienestar del menor en regímenes de custodia exclusiva y custodia compartida llegan a conclusiones favorables para la custodia compartida.
  • La práctica judicial de asignar de modo casi automático la custodia exclusiva a la madre se basa más en estereotipos y rutinas que en datos objetivos, ya que el riesgo de maltrato físico infantil aumenta drásticamente en los hogares monoparentales femeninos y los niños se desarrollan mejor en los hogares monoparentales masculinos, según los estudios comparativos que se han realizado sobre ambos tipos de hogares.
  • La custodia exclusiva fomenta la conflictividad entre los progenitores y afecta negativamente al desarrollo del niño (síndrome de alienación parental, SAP), peor adaptación al entorno, menor rendimiento escolar, menos autoestima y confianza en sí mismos, y más probabilidades de sufrir maltrato físico, de experimentar embarazos prematuros en la adolescencia, de caer en la delincuencia y las drogas, etc.).
  • El vigente régimen de separación y divorcio, con su dinámica de parte ganadora/parte perdedora, es el mejor caldo de cultivo para toda clase de abusos y, en particular, para el más eficaz de ellos a nivel judicial: las falsas denuncias.
  • El vigente régimen de separación y divorcio, de efectos devastadores para muchos hombres, aumenta desproporcionadamente las tasas de suicidio masculinas (el número de suicidios asociados al divorcio se ha estimado, en lo que respecta a España, en unos 250 casos al año) y las formas más extremas de violencia doméstica (en torno al 80% de los homicidios de pareja se producen en contextos de divorcio en los que el hombre lo pierde todo y se propicia la reacción violenta y desesperada de personas que sienten que no se les puede quitar ya nada más en su vida).

Por eso abogamos por un divorcio justo y equitativo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino igualdad de derechos y deberes para ambos progenitores.  Por eso nos complace presentar la CUSTODIA COMPARTIDA como medicamento capaz de poner remedio a tantos males y preservar el derecho humano básico del niño a la atención y los cuidados del padre y de la madre. Por eso pedimos a todos que se unan a la concentración del 19 de marzo de 2017, cuyos detalles se han indicado en la cabecera del presente escrito.

“Llora el teléfono”.

Autores: Claude François, Jean Pierre Bourtayre & Frank Thomas.

Adaptación e interpretación de Rafael Jiménez.

 

España tendrá, por primera vez, una juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

 

Las feminazis siguen colocando a las suyas en puestos clave.

Perspectiva de género, multiculturalidad, discriminación positiva, redactora de la ley de desigualdad, etc. Todo un currículo de una acendrada feminazi.

No se trata de méritos o capacidad sino de pertenecer a un colectivo privilegiado. “…entre la terna de candidatos a magistrado que deben proponer los gobiernos figure al menos una mujer.”

Sucede a López Guerra, mano derecha del ministro López Aguilar. Los mismos que presentaron la aberrante ley de violencia de género.

Nueve años estará en el Tribunal de Derechos Humanos quien ha colaborado en crear leyes que conculcan los derechos humanos como la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia. Ya sabemos de antemano que decisiones tomará. El sectario titular de El País nos da una buena pista.

La agenda de género sigue implantándose en todo el mundo.

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España tendrá, por primera vez, una juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

María Elósegui Itxaso, en una imagen de archivo.

París – 

El Consejo de Europa elige a la catedrática María Elósegui Itxaso como miembro del Tribunal de Estrasburgo

El Consejo de Europa ha elegido este martes a María Elósegui Itxaso, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, como nueva juez española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo. La candidatura de la primera mujer española que será magistrada en Estrasburgo ha logrado 114 votos, alcanzando así una mayoría absoluta que ha hecho innecesaria una segunda vuelta.

Desde que comenzó su presencia en el TEDH, en 1978, todos los representantes españoles, seis hasta la fecha, han sido hombres. No es un caso único el de España. Actualmente, de los 47 jueces del TEDH, solo 15 son mujeres. Ese es uno de los motivos de que el Consejo de Europa establezca como requisito que, salvo contadas y justificadas excepciones, entre la terna de candidatos a magistrado que deben proponer los gobiernos figure al menos una mujer. Los oponentes de Elósegui, José Martín y Pérez de Nanclares y el expresidente del Tribunal Constitucional, José Luis Pérez de los Cobos, han obtenido 76 y 37 votos, respectivamente.

La ciudad de Estrasburgo no le es ajena a esta doctora en Derecho y Filosofía con formación en varias universidades europeas. Desde 2013 y hasta el pasado diciembre, formó parte como experta independiente de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI). Ha centrado parte de sus investigaciones en cuestiones de derechos humanos relacionados con el tribunal europeo del que ahora va a pasar a formar parte, además de trabajar en temas de libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como de mujeres y migrantes tanto en España como a nivel europeo.

Revés para Rajoy

El nombramiento de Elósegui supone un revés para el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo popular maniobró durante meses para favorecer a su candidato favorito, Francisco Pérez de los Cobos. Llegó a guardarle el puesto esperando a que acabara su mandato para lanzar la convocatoria —el mandato del actual juez español en Estrasburgo expiró oficialmente en enero de 2017—, e incluso quiso amoldar los requisitos de edad para el mismo a su favor, si bien el Tribunal Supremo acabó anulando por discriminatoria esa medida.

La victoria de Elósegui (San Sebastián, 1957) ha constituido sin embargo una sorpresa, ya que la comisión parlamentaria que analizó los currículums de los tres aspirantes españoles y los entrevistó en París el 12 de enero había propuesto, por amplia mayoría, a Pérez de Nanclares “como el candidato más cualificado”. Generalmente, el Consejo de Europa suele hacer caso de esta recomendación realizada por expertos.

Elósegui sucederá al juez Luis López Guerra, que fue propuesto durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Los jueces del TEDH son elegidos por un solo periodo renovable de nueve años.

Esa condición fue precisamente a la que se aferró el Gobierno español para intentar poner el límite de 61 años a las candidaturas al TEDH cuando abrió el año pasado el proceso de selección. Una maniobra interpretada como un intento de beneficiar a Pérez de los Cobos (Murcia, 1962) frente a la que se consideraba entonces su máxima rival, la también expresidenta del Constitucional María Emilia Casas, que superaba la edad máxima impuesta por el ejecutivo. La medida fue recurrida por la asociación Jueces para la Democracia y, finalmente, el Tribunal Supremo acabó por anularla en mayo pasado, al considerar que era discriminatoria. De todos modos, ninguno de los tres candidatos que acabaron constituyendo la terna propuesta por España ha cumplido aún los 61 (Elósegui Itxaso lo hará a finales de año).

No ha sido la única controversia que ha rodeado a Pérez de los Cobos. En España se puso en duda su imparcialidad como juez en 2013. Ese año, cuando ya ejercía como presidente del Tribunal Constitucional, se conoció que figuraba en el listado de donantes y afiliados del PP entre 2008 y 2011, cuyas aportaciones sirven para sufragar los gastos del partido. De los Cobos fue elegido magistrado del alto tribunal el 29 de diciembre de 2010. Estrasburgo requiere que los aspirantes a juez en el TEDH indiquen en su currículum si han ocupado algún puesto “en un partido político o movimiento”. Mientras que Pérez de Nanclares y Elósegui especificaron claramente que no pertenecen a ningún partido ni han ejercido función alguna en uno en el pasado, Pérez de los Cobos no se pronunció al respecto.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/23/actualidad/1516699516_201350.html

 

WIKIPEDIA

María Elósegui Itxaso (San Sebastián, 7 de diciembre de 1957) es una jurista e intelectual española. Catedrática de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, (España), fue nombrada en enero de 2018 juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.1

Biografía[editar]

Es Doctora en Derecho y Doctora en Filosofía. Sus investigaciones están centradas en Interculturalidad y el Derecho a la Identidad Cultural, desde una perspectiva jurídica y filosófica. También realiza trabajos de investigación sobre la igualdad Jurídica entre mujeres y hombres. Desde 2018 es además la representante de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.2

Trayectoria profesional[editar]

Actividad Docente[editar]

Ha realizado varias estancias de investigación en el extranjero. En 1988-1990 recibió una beca para una investigación Postdoctoral del en la Universidad de Glasgow (Escocia), otorgada por el Ministerio español de Educación y Ciencia. Posteriormente en 1990 se incorporó a la Universidad de Valencia, como becaria de investigación, gracias al Programa de Reincorporación a España de doctores. Desde 1991 es profesora de la Universidad de Zaragoza, accediendo a la plaza de Titular de Filosofía del Derecho por oposición en 1994. Desde entonces imparte la docencia y desarrolla la investigación en dicha Universidad, donde actualmente es Catedrática.

Durante los años 1996-1997, le fue otorgada la prestigiosa beca de la Fundación alemana Alexander von Humboldt para realizar un trabajo de investigación sobre las acciones positivas para la igualdad entre mujeres y hombres en la Facultad de Derecho de la Universidad Christian-Albrechts de Kiel (Alemania), bajo la dirección del catedrático Robert Alexy. La monografía resultado de esa estancia ha sido publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en la sección dirigida por el profesor Rubio Llorente, Catedrático de Derecho Constitucional, y en la actualidad Consejero de Estado.

Es Visiting Professor de las Universidades de Toronto (Canadá), Chicago, UCLA (Los Ángeles), Universidad Laval (Québec) y el Instituto Alemán de Derechos Humanos, con sede en Berlín (Deutsches Institut für Menschenrechte).

Actualmente, imparte la docencia de las asignaturas de Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y la asignatura optativa Derecho y Libertades en la Universidad de Zaragoza. Asimismo, coordina la línea de especialización de Derechos Humanos, libertades y Derecho Penal, dentro del Máster Universitario en Especialización e Investigación en Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Ha formado parte del Cuerpo Docente de la Academia Europea de Teoría del Derecho, con sede en Bruselas, en las Universidades Saint Louis y en la Universidad Flamenca de Bruselas (Facultés Universitaires Saint Louis y Katholieke Universiteit Brussel), desde el año 2001 hasta el 2009, fecha en la que debido a la reforma de Bolonia la Academia se extinguió. Asimismo, ha sido llamada a participar como experta en Igualdad en Organismos Internacionales tales como la ONU y el Consejo de Europa.3

Participación en proyectos de ley[editar]

Ha elaborado (junto con otros tres expertos) el proyecto de Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, por encargo del Gobierno Español, con un contrato de asesoramiento, Instituto de la Mujer y Secretaria General de Políticas de Igualdad, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Aprobado el Anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros de España, el 7 de marzo de 2006. Ha participado en la elaboración de otros textos relacionados con el género como la estrategia española de Cooperación al desarrollo sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[editar]

En enero de 2018 fue elegida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como nuevo miembro español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Teoría[editar]

El modelo de corresponsabilidad entre mujeres y hombres[editar]

La doctora Elósegui aboga por un modelo de igualdad en la diferencia entre mujeres y hombres, lo que supone defender la necesidad de una corresponsabilidad y presencia de ambos en la esfera privada y en la vida pública. En Diez temas de género analiza el concepto de género que subyace en los documentos de la ONU, y su influencia en un cambio de mentalidad a nivel internacional, que se hace sentir en las legislaciones de todos los países del mundo en materias de familia, igualdad de sexos, reparto de roles entre hombres y mujeres.

Así se exponen los tres tipos de modelos de relaciones entre hombres y mujeres: El primer modelo es el no igualitario, que considera que la mujer es distinta e inferior al hombre. El segundo modelo es el propuesto por varios tipos de feminismo, que abogan bien por la igualdad absoluta de hombres y mujeres, bien por una diferencia también abismal entre los sexos. En los dos casos entienden la igualdad de la mujer como emancipación o liberalización de sus funciones reproductivas, ensalzando su papel en la esfera pública o laboral.

El modelo de corresponsabilidad considera deficientes tanto el primero como el segundo modelo, y apoya un tercer paradigma: el de la corresponsabilidad o interdependencia de hombres y mujeres tanto en el espacio privado, compartiendo la educación, crianza de los hijos y las tareas domésticas, como en el espacio público. En definitiva, plantea la necesidad de la conciliación entre los derechos productivos y los derechos reproductivos, tanto para los hombres como para las mujeres.

El modelo intercultural. El republicanismo intercultural y la ciudadanía inclusiva[editar]

La profesora Elósegui defiende en varias de sus obras el derecho a la identidad cultural como un Derecho Humano de cada persona y a su vez la necesidad de una ciudadanía que marque unos elementos comunes para todos los ciudadanos respetando sus diferencias culturales, religiosas, sin exigir una absoluta uniformización. La autora ha recreado el concepto de “Republicanismo Intercultural” aplicándolo de un modo novedoso a la situación europea contemporánea con sus específicos problemas de la existencia de Estados-nación, de viejas minorías y de la nueva inmigración.

Premios y galardones[editar]

En 2008, fue galardonada con el prestigioso Premio Luis Portero de Derechos Humanos por sus investigaciones sobre pluralismo cultural. Es Miembro Correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.

Publicaciones[editar]

Ha escrito once libros y numerosos de artículos (más de cien) relacionados con los Derechos humanos, Filosofía del Derecho e Inmigración, lo que le ha valido el reconocimiento de la comunidad investigadora.

Libros:

  1. Lo físico y lo mental en Henri Bergson, ed. Nau Llibres, Valencia, 1990, 268 pp.
  2. El derecho a la igualdad y a la diferencia, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, 1998, 662 p. Agotado.
  3. La transexualidad: jurisprudencia y argumentación jurídica, Granada, Comares, 379 p, 1999.
  4. Materiales de prácticas de Teoría del Derecho, Prensas Universidad de Zaragoza, 1998. 2ª edición revisada, 229 p. Agotada y reeditada en el año 2000.
  5. El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres (Coordinadora), Barcelona, Icaria, enero de 2002.
  6. Las acciones positivas para la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. Un análisis de la legislación alemana y la Directiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert Alexy, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003. 620 pp.
  7. Negociación colectiva y prácticas laborales. Perspectiva de género, Barcelona, Icaria, 2005, 521 pp
  8. Inmigración, empresa y formación. Implicaciones de la inmigración en la organización de las empresas y los centros educativos, Pilar de Luis Carnicer, María Elósegui Itxaso, Yolanda Gamarra, Angel Martínez Sánchez, Manuela Pérez Pérez, María José Vela Jiménez, Pamplona, Aranzadi-Thomson, 2007.
  9. Ley de Igualdad y Contrato de Trabajo. Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, Seguridad Social, Infracciones y Sanciones, Prevención de Riesgos y Procedimiento Laboral, Sistemática Memento, Dossier Práctico Francis Lefrebvre. Coordinador Fernando Lousada. Autores Fernando Lousada, Jaime Cabeza, María Elósegui y Teresa Pérez del Río, 2007
  10. “Derechos Humanos y pluralismo cultural'”, Madrid, Iustel, 2009, 289 p. Investigación galardonada con el premio Luis Portero de Derechos Humanos 2008, concedido por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, patrocinado por el Ayuntamiento de Granada. Publicado un capítulo en inglésLaw and Cultural Diversity in Spain, en el libro colectivo FOBLETS, M.C (ed). The Response of the State Law to the Expression of Cultural Diversity, Bruselas, Bruylant, Francqui Foundation, 2010.
  11. “El derecho a la identidad cultural en la Europa del siglo XXI” Ediciones Universidad de Navarra, Eunsa, 2012
  12. VVAA. El diálogo intercultural en España: un requisito de la educación y cultura de paz, Madrid, Fundación Europea Sociedad y Educación, 2009.
  13. Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (ESO), Ed. Reverté-Aguilar.
  14. Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (PRIMARIA), Ed. Reverté-Aguilar.
  15. Ética Cívica (4º ESO), Ed. Reverté-Aguilar.

Artículos:

  1. ““La legislación vigente sobre la asignatura de Politik en las escuelas alemanas”, Revista de Estudios Políticos, (2011), en prensa.
  2. “La mente del legislador en los programas de la asignatura de educación política en las escuelas alemanas, en la LOE y en la legislación educativa de la CAPV”, Revista vasca de Administración Pública, nº 89, enero-abril, (2011), pp. 265-310.
  3. “El libro verde de la RSC de la Comisión Europea y la teoría de los stakeholders desde la perspectiva de género”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 21, Diciembre, (2010), pp. 1-38.
  4. “El concepto de laicidad abierta en el informe Bouchard-Taylor para Québec”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº 23, (2010), ISSN 1696-9669.
  5. “El modelo de interculturalidad en el informe de la Comisión Bouchard-Taylor para Québec”, Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época, Vol. 11, (2010), pp. 129-164.
  6. “ La política legislativa de inmigración en Québec y su reflejo en el informe Bouchard-Taylor ”, Derecho Migratorio y Extranjería, nº 22, (2009), pp. 281-234.
  7. “Educar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres: la igualdad necesaria”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, nº. 20, 2009.

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_El%C3%B3segui

 

Barómetro del CIS diciembre 2017

 

Nuevo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Nuevamente se demuestra que la “lacra” del maltrato a las mujeres no es tal.

La respuesta de los entrevistados lo deja claro una vez más.

Ni las preguntas con la respuesta inducida consiguen que la gente se pronuncie sobre el tema.

Es más que evidente al preguntar por los problemas en general pero cuando se pregunta por los problemas personales, el maltrato desaparece. Preguntas 7 y 8.

Al igual que ocurre con “los problemas de la mujer”.

Ni la constante campaña de adoctrinamiento, muy intensa en el último trimestre del año 2017, consigue desmontar la realidad.

Se puede ver y descargar en los siguientes enlaces. En el segundo aparece desglosado por sexo y edad.

http://datos.cis.es/pdf/Es3199mar_A.pdf

http://datos.cis.es/pdf/Es3199sd_A.pdf

 

Sanidad abre el servicio de atención al maltrato 016 a hombres separados y luego rectifica

 

Las feminazis no quieren arreglar la supuesta lacra.

La industria del maltrato da pingües beneficios de los que viven miles de estómagos agradecidos. No quieren ni compartir el botín ni arriesgarse a que los datos demuestren sus mentiras. Por ejemplo, las denuncias falsas.

En realidad era el teléfono que pusieron en época de Aído para orientar sobre la nueva masculinidad. El teléfono lo quitaron en época de Pajín para ahorrar cuando llegó la crisis que según el Gobierno de ZP no existía.

El PP ha intentado ponerlo en marcha de nuevo con alguna función nueva y ha tardado dos milisegundos en echarse atrás por las presiones feminazis que no quieren perder sus privilegios. Empezando por las de su propio partido.

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Sanidad abre el servicio de atención al maltrato 016 a hombres separados y luego rectifica

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat ANTONIO HEREDIA

OLGA R. SANMARTÍN Madrid

9 ENE. 2018

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha provocado las primeras grietas dentro del recién alcanzado Pacto de Estado contra la Violencia de Género al abrir el teléfono 016, que presta ayuda a las mujeres maltratadas, a hombres con todo tipo de dudas sobre igualdad de género, separaciones, divorcios, custodia de los hijos o conciliación de la vida laboral con la familia.

Después de que le llovieran todo tipo de críticas por “distorsionar” un servicio que las organizaciones sociales consideran “esencial”, el Departamento que dirige Dolors Montserrat ha decidido rectificar el pliego con las condiciones de licitación, que ya se había publicado, con el fin de eliminar el punto en el que, a los tradicionales servicios de información de emergencia y asesoramiento legal a las víctimas de violencia de género, se había añadido una tercera finalidad: “Informar a los hombres sobre sus derechos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, relaciones paterno-filiales, separación y divorcio, custodia de hijos e hijas etc.”, tal y como aparece en el pliego al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Fuentes del Ministerio explican a este periódico que la “redacción de esta cláusula da lugar a equívoco” y que este teléfono “no es para que el hombre llame y haga una consulta sobre él”, sino “para informar sobre casos de violencia contra la mujer”, por lo que “se corregirá en el BOE”.

En un comunicado emitido a última hora de la tarde de este martes, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha expresado que “debido a la polémica creada en torno a la nueva contratación del servicio telefónico 016 por las modificaciones introducidas en los nuevos pliegos de prescripciones técnicas publicados recientemente, en el sentido de que atenderá llamadas y consultas de hombres […] modificará el pliego y suprimirá esta cláusula”.

“El nuevo contrato seguirá manteniendo la naturaleza que siempre ha tenido este servicio contra la violencia hacia la mujer”, ha añadido, y ha asegurado que “el 016 mantiene su identidad, no va a cambiar su naturaleza. Los hombres y las mujeres lo vienen utilizando para denunciar la violencia de género contra las mujeres”.

El PSOE, Ciudadanos, Podemos y Compromís, así como todos los colectivos feministas, habían reclamado al Gobierno que retirara el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio 016, que cambió sólo en este punto, “y sin avisar a nadie”, con el fin de incluir también a los hombres. En palabras de Ángeles Álvarez, diputada responsable de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, “no se puede usar un recurso pensado para situaciones de emergencia y apoyo a las víctimas para hacer campañas para los hombres”.

“Se han introducido nuevas condiciones, pero sin incrementar el presupuesto del servicio, por lo que se están derivando unos recursos que son fundamentales para otro tipo de actividad”, manifestó, tras pedir la comparecencia urgente de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

“Rectificar es de sabios”, ha celebrado la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto. “No tenía ningún sentido este cambio. No se discute la necesidad de un teléfono de atención a los hombres, pero debe hacerse desde otro teléfono, no desde el 016”.

Montserrat ya tuvo que recular el año pasado por estas mismas fechas después de anunciar que el Gobierno iba a subir el copago farmacéutico para los jubilados que cobran una pensión de más de 18.000 euros anuales.

El teléfono 016 también ha sido blanco de críticas por su “mal funcionamiento”, en palabras de Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. “Tenemos tantas denuncias que no podemos gestionarlas, ya sólo nos faltaba este disparate”.

“Lo de abrir el teléfono a este tipo de consultas es como poner el 112, que es para emergencias, para asesorar a conductores que llaman para preguntar qué tipo de neumáticos tienen que poner en su coche cuando nieva”, ha expresado Miguel Lorente, que fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género en elMinisterio de Igualdad poco después de estrenarse este servicio, en 2007, que ha atendido ya 2,6 millones de llamadas.

Lorente recalca que el 25% de las llamadas recibidas son “maliciosas, insultantes, obscenas o críticas con la igualdad” y que mayoritariamente están realizadas por hombres.

http://www.elmundo.es/espana/2018/01/09/5a5519bf46163ffe1d8b458a.html

Oleada de críticas a la iniciativa del Gobierno de asesorar a hombres en el teléfono 016 para maltratadas

Dolors Montserrat (centro), el día que las comunidades se sumaron al pacto contra la violencia de género. CLAUDIO ÁLVAREZ

Pilar Álvarez – Madrid – 9 ENE 2018

Sanidad guarda silencio y la oposición denuncia que desvirtúa el servicio y debe rectificar. El Ejecutivo es “sádico con las mujeres”, dice la exsecretaria de Igualdad

El teléfono de atención a mujeres maltratadas 016 tendrá más funciones. Los pliegos del nuevo contrato para 2018 incluyen dar atención “a hombres que accedan al servicio”. Y detalla que se ampliará su utilidad para facilitar a “hombres por la igualdad” enlaces y recursos de organizaciones e informar sobre conciliación, separación, divorcio, custodia de hijos y “resolución pacífica de conflictos”.

PSOE y Podemos han pedido la retirada de los pliegos de contratación y piden explicaciones al Ministerio de Sanidad y a la delegada del Gobierno de Violencia de Género. El cambio ha provocado una oleada de críticas de distintos colectivos. La exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, acusa al Ejecutivo de Mariano Rajoy de ser “sádico con las mujeres y desfigurar” la utilidad de este número.

Es la primera vez que el contrato de este servicio, creado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) contra la violencia de género, se amplía a nuevas tareas en el pliego de condiciones, tal como ha adelantado eldiario.es. Una modificación en un asunto delicado, como es la lucha contra los asesinatos y agresiones a mujeres, que ha provocado críticas de una de las políticas que impulsó el 016 y de quienes tratan a diario con las maltratadas que alertan del riesgo de que se desvirtúe y deje de ser útil para las mujeres. El Gobierno, de momento, guarda silencio.

“Es una manera de deshabilitar un servicio generado, creado y pensado para atender a las víctimas”, critica Soledad Murillo, exsecretaria de Políticas de Igualdad con el Gobierno de Zapatero. “El 016 tenía como cometido garantizar a las víctimas una primera información en clave confidencial y para que las comunidades autónomas derivaran a posibles afectadas desde los números regionales”, añade.

“Conseguimos que fuera un número de referencia en todo el Estado para la lucha contra la violencia de género”, añade la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo. “Ampliar a cuestiones que nada tienen que ver con la violencia de género es confundir a los ciudadanos y desnaturalizarlo”, incide. Para Gonzalo, este cambio supone “una total contradicción con la filosofía del pacto de Estado contra la violencia de género. Que el Gobierno promueva el pacto y al mismo tiempo medidas de este tipo significa que no se lucha de manera eficaz o no se sabe hacer”.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, despidió 2017 con una reunión en las que las comunidades autónomas se sumaron al pacto de Estado y se comprometió a financiar los primeros 200 millones para ponerlo en marcha, si bien solo el 12% de las medidas anunciadas están previstas para 2018.

“LOS PROGRAMAS PARA HOMBRES DEBEN TENER SU PROPIO LUGAR”

El grupo socialista ha reclamado la retirada del pliego de condiciones para la adjudicación del servicio 016. “Está bien que se promueva la implicación de los varones, pero el 016 no es el canal. El Gobierno se ha confundido y debe corregirse”, señala la diputada Ángeles Álvarez. “Los programas de prevención, sean estos destinados a hombres o a mujeres, deben de tener plataformas propias y específicas”, añade la diputada.

“¿Alguien se imagina que el 112 se destinase a hacer programas de prevención”, añade Álvarez que ha pedido la comparecencia urgente de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, para que “explique la utilización de un pliego de prescripciones técnicas para la contratación del 016 para cambiar las funciones de ese servicio”.

Unidos Podemos ha registrado una batería de preguntas en el Congreso sobre el cambio. La diputada Sofía Castañón considera “alarmante” lo ocurrido y considera que añadir “más objetivos a un servicio tan precarizado como el 016 es no entender las prioridades”. Castañón también defiende la necesidad de habilitar formación en igualdad y contra la violencia para hombres “pero no ahí”. “Deben rectificar y dar explicaciones de en qué estaban pensando”, añade la diputada.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha exigido la retirada “inmediata” por parte del Gobierno del pliego. La directora del IAM, Elena Ruiz, ha explicado en un comunicado que dicha ley contempla garantizar este servicio sólo para las víctimas de la violencia de género, por lo que ha instado al Gobierno central a cumplir con la legislación estatal y con el marco jurídico internacional.

La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Elena Blasco Martín, considera que incluir en la línea un servicio para orientar a los hombres “desvirtúa” este servicio y puede “influir negativamente” en él. “Su iniciativa de atención a los hombres es buena y necesaria, pero para ello deben crearse servicios y recursos específicos”, ha añadido.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/09/actualidad/1515500631_611703.html

Sanidad rectificará el pliego del 016 para suprimir el servicio de atención a hombres

09/01/2018

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, modificará el pliego de condiciones para la contratación del servicio de la línea de atención al maltrato 016 a fin de eliminar la cláusula que preveía introducir también un servicio de atención para hombres sobre asuntos de igualdad, divorcios y custodias, entre otros.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Europa Press, “la redacción de esa cláusula lleva a equívoco” y por eso se ha decidido eliminarla, ya que “nunca fue la intención” desnaturalizar el 016 ni variar sus servicios, dirigidos a consultas sobre violencia de género.

Estas fuentes no explican por qué en el pliego para la contratación del 016 en 2018 se decidió incorporar una cláusula por la que se introducía entre sus funciones la de “facilitar a hombres interesados por la igualdad de trato entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia enlaces y recursos que potencien y canalicen sus intereses” así como “informar a hombres sobre sus derechos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, relaciones paterno filiales, separación y divorcio, custodia de hijos e hijas etcétera”.

Inciden no obstante en que “en ningún momento se ha querido modificar la identidad del 016” y que a esta línea pueden seguir llamando hombres como hasta ahora pero “siempre que se trate de comunicaciones sobre violencia de género.

En un comunicado posterior, la Delegación explica que “con la finalidad de dar cobertura jurídica a una atención telefónica que ya se está prestando de hecho, y de mejorarla” se incluyó ese servicio “dirigido a atender las consultas planteadas por hombres; no como víctimas sino como parte del entorno de la mujer que puede estar sufriendo violencia de género”.

Sin embargo, “por el equívoco generado en la redacción de la cláusula” se ha decidido modificar el pliego y suprimirla. “El nuevo contrato seguirá manteniendo la naturaleza que siempre ha tenido este servicio contra la violencia hacia la mujer”, asegura.

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sanidad-rectificara-pliego-016-suprimir-servicio-atencion-hombres-20180109195331.html

 

Juez fija libertad para detenida por herir pareja con arma blanca en Valladolid

 

Los aberrantes disparates de la ley degenerrrrada.

No es de extrañar que nadie nos crea cuando contamos estos despropósitos. Quien no lo ha sufrido sólo puede pensar que es una invención.

Los privilegios de las feministas basados en las consabidas mentiras como la inexistencia de mujeres maltratadoras.

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Juez fija libertad para detenida por herir pareja con arma blanca  en Valladolid

08/01/2018

Valladolid, 8 ene (EFE).- Un Juzgado ha establecido hoy libertad sin medidas cautelares para una mujer de 46 años que fue arrestada ayer como supuesta autora de herir a su compañero sentimental con un arma blanca y dejarle encerrado en una vivienda de la capital vallisoletana.

La arrestada ha pasado hoy a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Valladolid, que ordenó la puesta en libertad sin medidas cautelares para la detenida, quien será investigada por un delito de lesiones en el ámbito familiar, han informado a EFE fuentes judiciales.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción que corresponda, ya que el arresto no se debió a hechos que tengan que ver con un órgano especializado en violencia de género.

La decisión de optar por un Juzgado de Instrucción se ha tomado en función de las pruebas practicadas, de las que no se deduce que haya existido violencia sobre la mujer.

El herido, al parecer, sufrió lesiones de carácter leve, mientras la mujer que será investigada por un delito de lesiones en el ámbito familiar necesitó atención médica debido al estado de salud mental que presentaba.

Fue una llamada del perjudicado la que avisó ayer de que se encontraba encerrado en un domicilio desde el día anterior, fecha en la que se desató una pelea con su pareja, quien supuestamente le hirió con un arma blanca, posiblemente unas tijeras, han explicado a Efe fuentes de la Policía Local.

El perjudicado manifestó que su compañera le había quitado el teléfono móvil tras el altercado y se lo devolvió ayer por la mañana.

Al lugar del suceso se desplazaron miembros del Cuerpo de Bomberos para intentar acceder a la casa, momentos en los que también apareció la supuesta agresora, quien dio su versión sobre lo ocurrido, igual que hizo el lesionado.

El hombre, de 56 años, presentaba lesiones por arañazos y cortes en un hombro, una pierna y una rodilla y fue trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia, mientras la mujer fue detenida, en principio como supuesta autora de un delito de violencia en el ámbito familiar y posible detención ilegal, han precisado fuentes policiales.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha decidido la puesta en libertad sin medidas cautelares de la mujer, quien será investigada por lesiones en el ámbito familiar, y se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción que corresponda. EFE

http://www.lavanguardia.com/vida/20180108/434169617465/juez-fija-libertad-para-detenida-por-herir-pareja-con-arma-blanca-valladolid.html