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Sanidad abre el servicio de atención al maltrato 016 a hombres separados y luego rectifica

 

Las feminazis no quieren arreglar la supuesta lacra.

La industria del maltrato da pingües beneficios de los que viven miles de estómagos agradecidos. No quieren ni compartir el botín ni arriesgarse a que los datos demuestren sus mentiras. Por ejemplo, las denuncias falsas.

En realidad era el teléfono que pusieron en época de Aído para orientar sobre la nueva masculinidad. El teléfono lo quitaron en época de Pajín para ahorrar cuando llegó la crisis que según el Gobierno de ZP no existía.

El PP ha intentado ponerlo en marcha de nuevo con alguna función nueva y ha tardado dos milisegundos en echarse atrás por las presiones feminazis que no quieren perder sus privilegios. Empezando por las de su propio partido.

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Sanidad abre el servicio de atención al maltrato 016 a hombres separados y luego rectifica

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat ANTONIO HEREDIA

OLGA R. SANMARTÍN Madrid

9 ENE. 2018

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha provocado las primeras grietas dentro del recién alcanzado Pacto de Estado contra la Violencia de Género al abrir el teléfono 016, que presta ayuda a las mujeres maltratadas, a hombres con todo tipo de dudas sobre igualdad de género, separaciones, divorcios, custodia de los hijos o conciliación de la vida laboral con la familia.

Después de que le llovieran todo tipo de críticas por “distorsionar” un servicio que las organizaciones sociales consideran “esencial”, el Departamento que dirige Dolors Montserrat ha decidido rectificar el pliego con las condiciones de licitación, que ya se había publicado, con el fin de eliminar el punto en el que, a los tradicionales servicios de información de emergencia y asesoramiento legal a las víctimas de violencia de género, se había añadido una tercera finalidad: “Informar a los hombres sobre sus derechos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, relaciones paterno-filiales, separación y divorcio, custodia de hijos e hijas etc.”, tal y como aparece en el pliego al que ha tenido acceso EL MUNDO.

Fuentes del Ministerio explican a este periódico que la “redacción de esta cláusula da lugar a equívoco” y que este teléfono “no es para que el hombre llame y haga una consulta sobre él”, sino “para informar sobre casos de violencia contra la mujer”, por lo que “se corregirá en el BOE”.

En un comunicado emitido a última hora de la tarde de este martes, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha expresado que “debido a la polémica creada en torno a la nueva contratación del servicio telefónico 016 por las modificaciones introducidas en los nuevos pliegos de prescripciones técnicas publicados recientemente, en el sentido de que atenderá llamadas y consultas de hombres […] modificará el pliego y suprimirá esta cláusula”.

“El nuevo contrato seguirá manteniendo la naturaleza que siempre ha tenido este servicio contra la violencia hacia la mujer”, ha añadido, y ha asegurado que “el 016 mantiene su identidad, no va a cambiar su naturaleza. Los hombres y las mujeres lo vienen utilizando para denunciar la violencia de género contra las mujeres”.

El PSOE, Ciudadanos, Podemos y Compromís, así como todos los colectivos feministas, habían reclamado al Gobierno que retirara el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio 016, que cambió sólo en este punto, “y sin avisar a nadie”, con el fin de incluir también a los hombres. En palabras de Ángeles Álvarez, diputada responsable de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, “no se puede usar un recurso pensado para situaciones de emergencia y apoyo a las víctimas para hacer campañas para los hombres”.

“Se han introducido nuevas condiciones, pero sin incrementar el presupuesto del servicio, por lo que se están derivando unos recursos que son fundamentales para otro tipo de actividad”, manifestó, tras pedir la comparecencia urgente de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género.

“Rectificar es de sabios”, ha celebrado la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto. “No tenía ningún sentido este cambio. No se discute la necesidad de un teléfono de atención a los hombres, pero debe hacerse desde otro teléfono, no desde el 016”.

Montserrat ya tuvo que recular el año pasado por estas mismas fechas después de anunciar que el Gobierno iba a subir el copago farmacéutico para los jubilados que cobran una pensión de más de 18.000 euros anuales.

El teléfono 016 también ha sido blanco de críticas por su “mal funcionamiento”, en palabras de Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. “Tenemos tantas denuncias que no podemos gestionarlas, ya sólo nos faltaba este disparate”.

“Lo de abrir el teléfono a este tipo de consultas es como poner el 112, que es para emergencias, para asesorar a conductores que llaman para preguntar qué tipo de neumáticos tienen que poner en su coche cuando nieva”, ha expresado Miguel Lorente, que fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género en elMinisterio de Igualdad poco después de estrenarse este servicio, en 2007, que ha atendido ya 2,6 millones de llamadas.

Lorente recalca que el 25% de las llamadas recibidas son “maliciosas, insultantes, obscenas o críticas con la igualdad” y que mayoritariamente están realizadas por hombres.

http://www.elmundo.es/espana/2018/01/09/5a5519bf46163ffe1d8b458a.html

Oleada de críticas a la iniciativa del Gobierno de asesorar a hombres en el teléfono 016 para maltratadas

Dolors Montserrat (centro), el día que las comunidades se sumaron al pacto contra la violencia de género. CLAUDIO ÁLVAREZ

Pilar Álvarez – Madrid – 9 ENE 2018

Sanidad guarda silencio y la oposición denuncia que desvirtúa el servicio y debe rectificar. El Ejecutivo es “sádico con las mujeres”, dice la exsecretaria de Igualdad

El teléfono de atención a mujeres maltratadas 016 tendrá más funciones. Los pliegos del nuevo contrato para 2018 incluyen dar atención “a hombres que accedan al servicio”. Y detalla que se ampliará su utilidad para facilitar a “hombres por la igualdad” enlaces y recursos de organizaciones e informar sobre conciliación, separación, divorcio, custodia de hijos y “resolución pacífica de conflictos”.

PSOE y Podemos han pedido la retirada de los pliegos de contratación y piden explicaciones al Ministerio de Sanidad y a la delegada del Gobierno de Violencia de Género. El cambio ha provocado una oleada de críticas de distintos colectivos. La exsecretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, acusa al Ejecutivo de Mariano Rajoy de ser “sádico con las mujeres y desfigurar” la utilidad de este número.

Es la primera vez que el contrato de este servicio, creado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) contra la violencia de género, se amplía a nuevas tareas en el pliego de condiciones, tal como ha adelantado eldiario.es. Una modificación en un asunto delicado, como es la lucha contra los asesinatos y agresiones a mujeres, que ha provocado críticas de una de las políticas que impulsó el 016 y de quienes tratan a diario con las maltratadas que alertan del riesgo de que se desvirtúe y deje de ser útil para las mujeres. El Gobierno, de momento, guarda silencio.

“Es una manera de deshabilitar un servicio generado, creado y pensado para atender a las víctimas”, critica Soledad Murillo, exsecretaria de Políticas de Igualdad con el Gobierno de Zapatero. “El 016 tenía como cometido garantizar a las víctimas una primera información en clave confidencial y para que las comunidades autónomas derivaran a posibles afectadas desde los números regionales”, añade.

“Conseguimos que fuera un número de referencia en todo el Estado para la lucha contra la violencia de género”, añade la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo. “Ampliar a cuestiones que nada tienen que ver con la violencia de género es confundir a los ciudadanos y desnaturalizarlo”, incide. Para Gonzalo, este cambio supone “una total contradicción con la filosofía del pacto de Estado contra la violencia de género. Que el Gobierno promueva el pacto y al mismo tiempo medidas de este tipo significa que no se lucha de manera eficaz o no se sabe hacer”.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, despidió 2017 con una reunión en las que las comunidades autónomas se sumaron al pacto de Estado y se comprometió a financiar los primeros 200 millones para ponerlo en marcha, si bien solo el 12% de las medidas anunciadas están previstas para 2018.

“LOS PROGRAMAS PARA HOMBRES DEBEN TENER SU PROPIO LUGAR”

El grupo socialista ha reclamado la retirada del pliego de condiciones para la adjudicación del servicio 016. “Está bien que se promueva la implicación de los varones, pero el 016 no es el canal. El Gobierno se ha confundido y debe corregirse”, señala la diputada Ángeles Álvarez. “Los programas de prevención, sean estos destinados a hombres o a mujeres, deben de tener plataformas propias y específicas”, añade la diputada.

“¿Alguien se imagina que el 112 se destinase a hacer programas de prevención”, añade Álvarez que ha pedido la comparecencia urgente de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, para que “explique la utilización de un pliego de prescripciones técnicas para la contratación del 016 para cambiar las funciones de ese servicio”.

Unidos Podemos ha registrado una batería de preguntas en el Congreso sobre el cambio. La diputada Sofía Castañón considera “alarmante” lo ocurrido y considera que añadir “más objetivos a un servicio tan precarizado como el 016 es no entender las prioridades”. Castañón también defiende la necesidad de habilitar formación en igualdad y contra la violencia para hombres “pero no ahí”. “Deben rectificar y dar explicaciones de en qué estaban pensando”, añade la diputada.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha exigido la retirada “inmediata” por parte del Gobierno del pliego. La directora del IAM, Elena Ruiz, ha explicado en un comunicado que dicha ley contempla garantizar este servicio sólo para las víctimas de la violencia de género, por lo que ha instado al Gobierno central a cumplir con la legislación estatal y con el marco jurídico internacional.

La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Elena Blasco Martín, considera que incluir en la línea un servicio para orientar a los hombres “desvirtúa” este servicio y puede “influir negativamente” en él. “Su iniciativa de atención a los hombres es buena y necesaria, pero para ello deben crearse servicios y recursos específicos”, ha añadido.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/09/actualidad/1515500631_611703.html

Sanidad rectificará el pliego del 016 para suprimir el servicio de atención a hombres

09/01/2018

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, modificará el pliego de condiciones para la contratación del servicio de la línea de atención al maltrato 016 a fin de eliminar la cláusula que preveía introducir también un servicio de atención para hombres sobre asuntos de igualdad, divorcios y custodias, entre otros.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Europa Press, “la redacción de esa cláusula lleva a equívoco” y por eso se ha decidido eliminarla, ya que “nunca fue la intención” desnaturalizar el 016 ni variar sus servicios, dirigidos a consultas sobre violencia de género.

Estas fuentes no explican por qué en el pliego para la contratación del 016 en 2018 se decidió incorporar una cláusula por la que se introducía entre sus funciones la de “facilitar a hombres interesados por la igualdad de trato entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia enlaces y recursos que potencien y canalicen sus intereses” así como “informar a hombres sobre sus derechos en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, relaciones paterno filiales, separación y divorcio, custodia de hijos e hijas etcétera”.

Inciden no obstante en que “en ningún momento se ha querido modificar la identidad del 016” y que a esta línea pueden seguir llamando hombres como hasta ahora pero “siempre que se trate de comunicaciones sobre violencia de género.

En un comunicado posterior, la Delegación explica que “con la finalidad de dar cobertura jurídica a una atención telefónica que ya se está prestando de hecho, y de mejorarla” se incluyó ese servicio “dirigido a atender las consultas planteadas por hombres; no como víctimas sino como parte del entorno de la mujer que puede estar sufriendo violencia de género”.

Sin embargo, “por el equívoco generado en la redacción de la cláusula” se ha decidido modificar el pliego y suprimirla. “El nuevo contrato seguirá manteniendo la naturaleza que siempre ha tenido este servicio contra la violencia hacia la mujer”, asegura.

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sanidad-rectificara-pliego-016-suprimir-servicio-atencion-hombres-20180109195331.html

 

Decimotercer aniversario de la Ley 1/2004 integral de medidas contra la violencia de género.

 

Decimotercer aniversario de la Ley 1/2004 integral de medidas contra la violencia de género.

28 de diciembre de 2017

Se cumple el decimotercer aniversario de la Ley integral de medidas contra la violencia de género.

Ley que vulnera principios jurídicos elementales como el de igualdad ante la ley o la presunción de inocencia.

Como era fácilmente previsible, los asesinatos de mujeres no sólo no han disminuido sino que han aumentado. La ley y su aplicación no sólo no han terminado con el problema para el que nos dijeron que se crearon, sino que además ha dado lugar a una más que lucrativa industria del maltrato sustentada en el saqueo de las arcas del Estado mantenidas con los impuestos que pagamos los ciudadanos.

Lejos de reconsiderar lo hecho, se están endureciendo las medidas que se han demostrado ineficaces y se ha incrementado el presupuesto para alimentar el aparato de represión.

Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Albert Einstein.

Ni las opiniones de los expertos llevados al Congreso de los diputados en la tramitación de la ley ni los informes contrarios del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, etc., echaron para atrás tamaño disparate que eliminaba la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia que estipulan los artículos 14 y 24 de nuestra Constitución.

Porque la ley es pura ideología. Ideología de género basada en mentiras y datos falseados. Empezando por el lenguaje. Y esta ideología aberrante es la que ha presidido las pasadas legislaturas en las que todas las leyes que se han aprobado han pasado por el tamiz de la ideología de género. Desde la ley del Registro Civil hasta la Ley de Ciencia pasando por la Ley de Sanidad, la Ley de igualdad o la Ley del divorcio. Sin olvidar la Ley del aborto, la Ley de identidad sexual o la Ley de matrimonios homosexuales.

No en vano la Ley integral de medidas contra la violencia de género fue la primera que se aprobó en el primer año de gobierno de Rodríguez Zapatero pues esta Ley obliga a cambiar todas las leyes anteriores y redactar las posteriores de tal forma que cumplan los disparatados postulados de la ideología de género.

Para ello se han manipulado y falseado datos oficiales, se han impuesto cuotas, se ha forzado el lenguaje, se ha dilapidado el dinero público, se ha controlado los medios de comunicación, se ha cambiado el programa académico de colegios y universidades y se ha creado un entramado de instituciones, organismos, observatorios y supuestas ONGs que se retroalimentan para manipular la opinión pública y justificar sus canalladas, su existencia y sus salarios.

Porque el fin último es eliminar los derechos del ciudadano y sojuzgarle mientras se le esquilman sus bienes.

Está ley está basada en el derecho penal de autor, como bien nos ilustra el juez granadino, D. Manuel Piñar:

Para el magistrado granadino, este “excesivo celo ideológico” de proteger a la mujer “está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos, que con frecuencia comprenden detención y escarnio público, lo que no hace sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de Derecho”.

El criterio ideológico con el que se aplica el derecho penal de autor es puesto de manifiesto por el juez Piñar: “Posicionamiento [el de la Fiscalía] que puede ser preludio sin duda de ese principio de oportunidad que determinadas legislaciones de tipo autoritario atribuían a los fiscales (…) y practicaban con asiduidad los fiscales al servicio de Hitler o Stalin aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes“.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

www.libertaddigital.com/sociedad/2011-09-08/un-juez-cree-asegura-que-la-fiscalia-impide-la-persecucion-a-la-falsas-maltratadas-1276434741/

Cualquiera con un mínimo de sentido común y con el más elemental criterio de justicia entiende que esta legislación es aberrante. Baste el ejemplo de Jean Lucien, ciudadano belga, que terminó suicidándose tras sufrir las consecuencias de una legislación inicua.

– Desde la perspectiva belga, ¿qué opinión le merece la legislación española para este tipo de situaciones?

Aberrante. Tenemos amigos abogados y policías y cuando les contamos lo sucedido nos dijeron que en Bélgica nunca hubieran detenido a un hombre en esas circunstancias sin hacer diligencias de investigación primero. Que sí se le hubiera retirado el pasaporte, se hubieran tomado medidas como ir a firmar al Juzgado cada x días para asegurarse de que no salía del país, se hubiera pasado aviso a la policía de fronteras, etc., pero su hubiera esperado a detenerle o no, al resultado de la autopsia por el médico forense. Les parecía que era actuar `al revés’: en toda Europa eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero este modo de actuar en España, para mi y para los demás compatriotas, profesionales o no de este campo a los que les hemos contado esto, nos parece que es sentar que los hombres son culpables hasta que demuestren lo contrario. De hecho, cuando nuestra abogada nos informó de que esto era posible a través de la Ley de Violencia de Género española, nos pareció una completa locura. En Bélgica hay legislación sobre violencia doméstica, pero nunca se haría de este modo. Como digo, siempre se haría una investigación primero y se encarcelaría después“.

www.diariodeavisos.com/jean-lucien-no-soporto-pensar-acusan-hacerle-dano

Tarde o temprano las aguas volverán a su cauce y los responsables serán juzgados y condenados como lo fueron los jerarcas nazis en los juicios de Nuremberg.

 

 

Dpto. de prensa

Asociación PROJUSTICIA

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Telf.: 620100000

 

www.projusticia.es/decimotercer-aniversario-de-la-ley-1-2004-integral-de-medidas-contra-la-violencia-de-genero

 

1.- Ni Hitler ni Stalin se atrevieron a legislar en base al derecho penal de autor.

www.projusticia.es/anterior/fiscalia/documentos/un-juez-acusa-a-la-fiscalia-de-actuar-como-Hitler-y-Stalin.htm

2.- Ley integral contra la violencia de género.

www.projusticia.es/ley-integral-contra-la-violencia-de-genero

3.- Ley del divorcio.

www.projusticia.es/ley-del-divorcio

4.- Ley de igualdad o de desigualdad

www.projusticia.es/ley-de-igualdad

5.- Denuncias falsas.

www.projusticia.es/denuncias-falsas

6.- Mujeres maltratadoras

www.projusticia.es/mujeres-maltratadoras

7.- “Privilegios” de las “maltratadas”.

www.projusticia.es/anterior/informes/documentos/informe%20del%20CES.htm

8.- Industria del maltrato.

www.projusticia.es/industria-del-maltrato

9.- ¿Casas de acogida o negocio?

www.projusticia.es/casas-de-acogida-ayuda-a-las-victimas-o-negocio-a-costa-de-ellas

10.- La violencia en la pareja, bidireccional y simétrica.

www.projusticia.es/anterior/estudios/Espana/la-violencia-sobre-la-pareja-bidireccional-y-simetrica.html

11.- Las mentiras de las feministas.

www.projusticia.es/mentiras-de-las-feministas

12.- Custodia Compartida.

www.projusticia.es/custodia-compartida

13.- Padres divorciados, padres maltratados.

www.projusticia.es/padres-divorciados-padres-maltratados

14.- La falacia del argumento de los niños maleta.

www.projusticia.es/anterior/audiovisual/presentaciones/la-falacia-del-argumento-de-los-ninos-maleta.ppt

Notas de prensa anteriores

www.projusticia.es/notas-de-prensa

EJEMPLOS DE LA LEGISLACIÓN FEMINAZI ESPAÑOLA.

– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la “igualdad” efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

www.projusticia.es/ley-de-igualdad/

– Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 37. Protección contra los malos tratos.

El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:

El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

www.projusticia.es\ley-integral-de-violencia-de-genero

– Directiva 97/80/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

Artículo 4

Carga de la prueba

  1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=80

Las 26 medidas contra la violencia de género que serán implementadas en 2018

 

Ya han decidido cómo repartirse nuestro dinero con la excusa de ayudar a las maltratadas. Saben perfectamente que no sirve para nada como ejemplifican los dos últimos casos en Villa Real y en San Adrián de Besós.

– La joven de Vila-real sólo tenía protección por “riesgo medio”

– La mujer asesinada en Sant Adrià había presentado dos denuncias contra su pareja

Una vez más el dinero irá a alimentar a los miles de estómagos agradecidos que viven de la industria del maltrato argumentando las consabidas mentiras feminazis.

Dinero destinado a:

Lejos de reconocer el fracaso de las medidas tomadas hasta ahora lo que van a hacer es dar más vueltas de tuerca a la aberrante legislación feminazi.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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Las 26 medidas contra la violencia de género que serán implementadas en 2018

Isabel Miranda – 27/12/2017

El Ministerio de Igualdad y Justicia se reunirán la primera semana de enero para elaborar un calendario legislativo.

El Pacto contra la Violencia de Género echó ayer a andar de forma efectiva. Las comunidades autónomas aprobaron por unanimidad el texto durante la Conferencia Sectorial de Igualdad y, por tanto, el pacto se puso en marcha. Ya no hacen falta más trámites, destacó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

De la reunión de más de tres horas entre el Ministerio, las regiones, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, salieron dos compromisos. El primero, el de ejecutar de forma prioritaria 26 medidas de las 213 que contenía el Pacto aprobado en el Congreso el pasado mes de septiembre. Entre las que se pondrán en marcha en 2018, está la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario, mejor coordinación entre juzgados y administraciones, la elaboración de estudios sobre la situación de los menores o nuevas campañas informativas sobre violencia sexual.

El segundo compromiso que salió adelante ayer fue el de la financiación necesaria para poder poner en marcha estas medidas. Montserrat se comprometió con las comunidades a destinar durante el primer trimestre del año 200 millones de euros, haya acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado o no. De ellos, 100 se repartirán entre las comunidades, 20 serán para los ayuntamientos y 80 para el Gobierno. Falta por determinar los criterios de reparto entre las regiones, que serán elegidos por un grupo de trabajo específico y la Conferencia Sectorial.

En concreto, en la Conferencia Sectorial de Igualdad de ayer se aprobó el texto del Congreso y se determinó la toma en consideración del informe del Senado y las propuestas hechas por las comunidades autónomas en los últimos dos meses, pese a que en un primer momento se habló de refundir todos los textos en uno. Por ello, el acuerdo estaba listo desde el pasado mes de noviembre, pero se aplazó para que no interfiriese con las elecciones catalanas. «Si no hubiese habido periodo electoral, desde el 30 de noviembre estábamos en disposición de convocar la Conferencia», explicó Montserrat.

En total, el pacto prevé una dotación de 1.000 millones para los próximos 5 años. A lo largo de un lustro 100 millones serán gestionados por los ayuntamientos, 500 por las comunidades y 400 por el Gobierno. Precisamente la cuestión monetaria para el próximo año era un punto de fricción con las comunidades. «Necesitamos un presupuesto que se gestione de manera eficaz y rápida, modificaciones legislativas y una homologación en el sistema de acreditación de víctima en todo el Estado», reivindicó ayer la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez a la salida de la sectorial. «En los tres primeros meses del año tiene que estar la financiación para lucha contra la violencia machista encima de la mesa», reclamó por su parte la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, porque «sin recursos y sin medios no se puede combatir la violencia machista».

Con la garantía del Gobierno de que reservará los 200 millones, quedaban las medidas de 2018. Entre ellas se incluyen mejoras en la asistencia y protección de las víctimas, medidas para la sensibilización y la educación, y la formación de los profesionales que intervienen en estos casos.

Tiempos diferentes

Sin embargo, las medidas tendrán tiempos de implementación diferentes. Para las de ámbito sanitario, como la agilización de protocolos de atención primaria, la ministra explicó que se ha trabajando ya en ello y se pondrá en marcha en cuanto el Consejo Interterritorial de Salud dé luz verde, previsiblemente en enero. Por su parte, las iniciativas que afecten al ámbito educativo, como las destinadas a la prevención de la violencia de género o el refuerzo de la inspección, serán implementadas en el Pacto Educativo.

Las medidas que requieren un cambio legislativo serán las más lentas. A partir de la primera semana de enero, Sanidad y Justicia trabajarán conjuntamente para elaborar un calendario de las reformas necesarias, según pudo saber Abc.

Mientras, algunas normas ya han sido implementadas, afirmó la ministra, como el lanzamiento de campañas de concienciación con el foco puesto en el maltratador. También se han creado varios grupos de trabajo. Uno interministerial y otro de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con las comunidades. En este último caso, habrá seis subgrupos que trabajarán en torno a diez ejes, como la detección, sensibilización y formación en violencia; la respuesta institucional y coordinación; la asistencia y protección a las víctimas; otras formas de violencia o compromiso económico y seguimiento del pacto.

Las 26 medidas desglosadas

—Medidas de sensibilización y prevención (6 medidas): prevención de violencia de género y sexual en todas las etapas educativas, refuerzo de inspección educativa y formación del profesorado y personal sanitario.

—Mejora de la respuesta institucional (3 medidas): mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones y acreditación de situaciones de violencia para acceder al estatuto integral de protección.

—Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas (una medida): protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario.

—Asistencia y protección de los menores (6 medidas): suspensión del régimen de visitas, estudios sobre la situación de los niños, el régimen de visitas, refuerzo del apoyo y asistencia y prohibición de que el padre maltratador acceda a grabaciones de la exploración judicial de los menores.

—Impulso a la formación de los distintos agentes (4 medidas): se amplía la formación de profesionales de justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados y procuradores.

—Seguimiento estadístico (una medida): transmisión de información que posibilite el cumplimiento de todas las medidas relacionadas con los estudios y recopilación de datos estadísticos previstos en el Pacto.

—Recomendaciones a las Administraciones Públicas y otras instituciones (2 medidas): a través de acuerdos con la Comisión Nacional de Estadística Judicial y con las comunidades autónomas para las víctimas de trata.

—Visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres (3 medidas): campañas informativas, fomento de la investigación y protocolo común para la actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina.

http://www.abc.es/sociedad/abci-26-medidas-contra-violencia-genero-seran-implementadas-2018-201712272110_noticia.html

 

Mónica Oltra: La violencia de género es “problema de Estado”

 

Mónica Oltra urge al Gobierno a “poner ya” 200 millones contra la violencia machista

Mónica Oltra. EFE

Agencias – 27/12/2017

El presidente y la vicepresidenta valencianos reclaman extremar las medidas tras la muerte de una joven en Benicàssim al estrellar su exnovio el coche en el que se la llevó a la fuerza

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha urgido este miércoles a sacar la violencia de género de “la confrontación partidista” y ha emplazado al Ejecutivo a poner “ya sobre la mesa” los primeros 200 millones de euros contemplados en el pacto de Estado para erradicar este problema.

Oltra se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que ha convocado el Gobierno con comunidades y ayuntamientos para impulsar el documento aprobado en septiembre en el Congreso con más de 200 medidas y las reformas legales necesarias para implementar el pacto de Estado.

“Hay que darle tratamiento de problema de Estado, como se hizo con el terrorismo, y hay que estar unidos al lado de las víctimas y enfrentados a los agresores, algo que se consigue con negociación política”, ha resaltado la vicepresidenta valenciana.

Aunque ha lamentado que la negociación “podría haber sido un poco más profunda” con las comunidades y podría haber habido “más complicidad”, Oltra ha resaltado que, en cualquier caso, “aquí están” las autonomías para “proponer, aportar y decirle al Gobierno que la lucha contra la violencia de género necesita dinero”.

De esta forma, ha urgido al Ejecutivo a poner “ya sobre la mesa” 200 millones de euros de los 1.000 millones que contempla el documento base aprobado en el Congreso para los próximos cinco años.

“Tenemos que abordar este tema con recursos, con medios y con formación” de todos los agentes intervinientes con el objetivo de “dar una protección suficiente y eficaz” a las mujeres que han denunciado y animar a aquellas que no lo han hecho, y sobre todo a su entorno, a romper esas “barreras invisibles que separan la violencia de género del resto de sociedad”.

“Medidas al máximo”

Por otra parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado al referirse a la muerte de una joven de 20 años en Benicàssim al estrellar su novio el coche en el que la se la habría llevado a la fuerza: “Hay que intentar desarrollar medidas al máximo, en todos los ámbitos, desde las medidas de carácter educativo hasta de carácter punitivo”.

La vicepresidenta valenciana también se ha referido al caso de Benicàssim al se ha preguntarse por qué no se pidió prisión preventiva para el conductor también fallecido, dado que era investigado por tres delitos de lesiones como consecuencia de una denuncia de la joven.

 

http://www.eldiario.es/cv/Oltra-violencia_machista-Gobierno_0_723028229.html

 

Los jueces tienen un protocolo para impedir el acoso sexual, moral o laboral por parte de otros jueces

 

El feminazismo y la justicia son términos antitéticos.

El feminazismo y el sentido común son incompatibles.

“En ningún caso, el asesor o asesora confidencial exigirá a la persona que ha presentado la queja pruebas demostrativas de los hechos en que consiste, o realizará actuaciones instructoras dirigidas a la constatación de esos hechos”.

Los “asesores” tienen un “escrupuloso” deber de secreto, por lo que no pueden ser llamados a declarar en los supuestos en los que se siga contra el agresor un expediente disciplinario en relación con los hechos objeto de la queja.

Este texto es una aberración jurídica feminazi como todos los que se han creado tras la promulgación de la ley de violencia de género. Pero éste pertenece a un protocolo de aplicación entre los propios jueces. Jueces que se han callado sabedores de que quien proteste, se oponga o disienta será perseguido y purgado.

Las plazas de delatores oficiales se han cubierto sin demora.

Y aún se enfadan porque las llamamos feminazis y sacamos a la luz sus mentiras.

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Los jueces tienen un protocolo para impedir el acoso sexual, moral o laboral por parte de otros jueces

José Luis Concepción, en el centro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, en la toma de posesión de nuevos jueces; en dicho territorio tienen una “asesora confidencial” para prevenir los casos de acoso. TSJCL

Carlos Berbell

26 diciembre, 2017

Los jueces y magistrados españoles disponen de un “Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a todas las formas de acoso y violencia en la carrera judicial” para los casos en los que el acosador sea otro juez o magistrado.

La existencia en sí de este Protocolo ya presupone que estas situaciones se han producido, se están produciendo o se pueden producir.

Fue elaborado conjuntamente por la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial junto con una Guía de Aplicación.

“El Protocolo se aplicará en su integridad cuando la persona presuntamente víctima y la persona presuntamente agresora sean jueces o juezas, cualquiera que sea su categoría, integrantes de la Carrera Judicial, tanto si se encuentran en servicio activo como si se encuentran en otra situación administrativa siempre que, en el caso de que sea la persona presuntamente agresora la que se encuentra en otra situación administrativa, pueda ser sometida a responsabilidad disciplinaria en los términos establecidos en los artículos 414 a 427 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, dice el artículo 2 de este texto, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el 17 de febrero de 2015 y publicado en el BOE el 17 de febrero de 2016.

A efectos del Protocolo se asimilan a los jueces integrantes de la carrera judicial tanto a los jueces sustitutos, eméritos de paz así como a los alumnos de la Escuela Judicial.

Protocolo frente al acoso en la Carrera Judicial

En el mismo se define acoso sexual “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH).

El Protocolo define los comportamientos que son considerados como acoso sexual: contacto físico innecesario; rozamientos o palmaditas; observaciones sugerentes y desagradables; chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto, y abusos verbales deliberados; invitaciones impúdicas o comprometedoras; uso de imágenes o posters pornográficos en los lugares de trabajo; gestos obscenos; observación clandestina de personas en lugares reservados -los “mirones”, como sería el caso de los servicios; demandas de favores sexuales; y  agresiones físicas.

Guía de aplicación Protocolo Antiacoso Carrera Judicial

También describe los de acoso sexista y los de acoso psicológico o moral.

Estos últimos son los de “dejar al juez o jueza de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique, ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor, exigirle al juez o jueza unos resultados desproporcionados de imposible cumplimiento puestos en relación con los medios materiales y personales que se asignan al órgano judicial, acciones de represalia frente a quienes han planteado quejas, denuncias o demandas, o a quienes han colaborado con las personas reclamantes, insultar o menospreciar repetidamente a un juez o jueza, reprenderlo reiteradamente delante de otras personas, o difundir rumores sobre su profesión o sobre su vida privada”.

“Asesores confidenciales”

Para hacer frente al acoso que se pueda producir dentro de la carrera judicial, en el Protocolo se contempla la figura de los llamados “asesores confidenciales”, cuya principal función es la de resolver las quejas que se produzcan y orientas a las víctimas en su trabajo diario.

Le corresponde a cada uno de las 17 Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia designar a un asesor y a un suplente. La mencionada Comisión de Igualdad y la Comisión nacional de Seguridad y Salud también les corresponde nombrar a un asesor confidencial para los casos que se puedan producir en el seno del CGPJ.

El Protocolo regula el llamado “procedimiento informal de solución”, un instrumento dirigido a resolver las quejas de manera rápida y confidencial y sin necesidad de acudir a la vía disciplinaria.

Es un procedimiento no es de aplicación cuando los hechos revisten caracteres de delito, consisten en violencia o, por su gravedad o trascendencia, comprometen el buen funcionamiento o la imagen pública de la Administración de Justicia.

“Quien entienda es víctima de un acoso, o para prevenir una posible situación de acoso, puede presentar una queja ante el asesor o asesora confidencial. La queja se puede realizar en cualquier forma”, dice el Protocolo.

Relación de asesores confidenciales de los TSJ

“En ningún caso, el asesor o asesora confidencial exigirá a la persona que ha presentado la queja pruebas demostrativas de los hechos en que consiste, o realizará actuaciones instructoras dirigidas a la constatación de esos hechos”.

“Para tramitar la queja -prosigue el Protocolo- el asesor o asesora confidencial, solo o en compañía de la persona que la ha presentado, a elección de ésta, se dirigirá personalmente a la persona a quien se dirige la queja para manifestarle la existencia de una queja sobre su conducta y las responsabilidades disciplinarias en que, de ser ciertas y de reiterarse las conductas objeto de la queja, la persona a quien se dirige la queja podría incurrir, haciéndole saber que la tramitación del procedimiento informal de solución ni es una sanción disciplinaria, ni deja constancia de su tramitación en ningún archivo administrativo, ni supone constatación de los hechos de la queja”.

Realizada la gestión, el asesor o asesora confidencial comunicará su resultado a la persona que ha presentado la queja, transmitiéndole en su caso la explicación que haya dado la persona a quien se dirige la queja, concluyendo así el procedimiento informal de solución.

Procedimiento disciplinario formal

Si los hechos fueran más graves y no encajaran en el procedimiento informal de solución, o si habiéndolo utilizado se hubieran reiterado dichos comportamientos, la persona afectada  puede dirigirse al órgano competente para que se inicie el procedimiento disciplinario formal.

“Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de la comisión del delito de acoso moral tipificado en el artículo 173 del Código Penal, del delito de acoso sexual tipificado en el artículo 184 del Código Penal, o del delito de que se trate de acuerdo con los hechos”, dice el artículo 11.2 de Protocolo.

Los “asesores” tienen un “escrupuloso” deber de secreto, por lo que no pueden ser llamados a declarar en los supuestos en los que se siga contra el agresor un expediente disciplinario en relación con los hechos objeto de la queja.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Protocolo-frente-al-acoso/

http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/COMISI%C3%93N%20DE%20IGUALDAD/PROTOCOLO%20FRENTE%20AL%20ACOSO/FICHEROS/20170203%20Relaci%C3%B3n%20de%20asesores%20confidenciales%20de%20los%20TSJ.pdf

https://confilegal.com/20171226-los-jueces-tienen-protocolo-impedir-acoso-sexual-moral-laboral-parte-otros-jueces/

 

El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

 

Pese a las más que numerosas pruebas el juez ha decidido archivar la causa contra quienes ayudaron a delinquir a Juana Rivas.

Pese a las declaraciones públicas de la “asesora” Francisca Granados en las que hizo ostentación de sus delitos.

Pese a que indujeron e instruyeron para cometer el delito. Realizaron informes y documentos falsos. Malversaron fondos públicos. Etc.

Nada ajeno a lo que sucede cada día en los juzgados de familia y de violencia de género.

Había mucho en juego. Son miles de “asesoras” las que viven de esta industria del maltrato. Las mismas que se manifestaron en toda España para oponerse a la “criminalización” de tanta “experta” que se alimenta del dinero público argumentando las consabidas mentiras de las feministas.

El juez no ha sido capaz de aguantar la presión y la impunidad feminazi seguirá campando a sus anchas.

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El Juzgado que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores archiva la causa contra sus asesores y familiares

Juana Rivas acude al juzgado el pasado septiembre. MIGUEL RODRÍGUEZ

EUROPA PRESS – Granada – 13 DIC. 2017

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga a Juana Rivas por sustracción de menores tras permanecer casi un mes ilocalizable sin acatar la orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos al padre, ha acordado el archivo de esta causa para sus familiares, su asesora en el Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, de modo que el procedimiento continuará sólo contra la madre de Maracena.

En un auto notificado este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado toma esta decisión después de que se unieran a las actuaciones la documentación aportada por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil y de que la Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento provisional de la causa para todos los investigados a excepción de Juana Rivas, que está siendo investigada por supuesta desobediencia judicial y sustracción de menores.

En la causa estaban siendo investigados el padre, la madre, y los hermanos de Juana Rivas por su presunta participación en los hechos, los cuales se acogieron a su derecho a no declarar el pasado agosto cuando fueron citados a comparecer ante el juez.

Días antes fueron citadas la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, como investigadas por “su presunta intervención” como “inductoras” o “partícipes necesarios” en la supuesta sustracción de los hijos de Rivas, extremo que negaron ante los medios.

Ambas estaban representadas por el despacho Aránguez Abogados, que ha presentado tres recursos a lo largo de la instrucción para solicitar elsobreseimiento de la causa respecto a sus patrocinadas por entender que “carecía de fundamento alguno”.

En declaraciones a Europa Press, el letrado Carlos Aránguez ha manifestado su “satisfacción” por esta decisión que, a su entender, “hace justicia” respecto a sus clientes.

En virtud de este auto, contra el que cabe recurso de reforma, la causa continuará exclusivamente contra Juana Rivas, representada por un equipo de abogados de Sevilla en coordinación con una letrada en Italia, donde hay abierto un procedimiento por la civil para decidir sobre la custodia de los pequeños, que residen desde finales de agosto con su padre en la isla de Carloforte.

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/13/5a316ca222601d10188b45c4.html

Promueven una recogida de firmas en apoyo a las asesoras de Juana Rivas en Maracena

Asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados

La plataforma 7N contra las violencias machistas ha promovido una recogida de firmas a través de internet en la que solicita a la justicia española que “deje de criminalizar” a las profesionales que han asesorado y apoyado desde el Centro de la Mujer de esta localidad granadina a Juana Rivas, la madre de Maracena obligada por la juez a entregar este lunes a sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, tras negarse a hacerlo hace más de un mes y declararse en “paradero desconocido”

EUROPA PRESS. 28.08.2017

“Juana Rivas ha mantenido su decisión mientras lo ha considerado posible, no incitada por su asesora jurídica y su psicóloga, sino por propia necesidad y voluntad”, ha señalado esta petición dirigida desde la web change.org al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, y que ha recogido más de 2.000 firmas en sus primeras 13 horas desde su puesta en marcha, en la noche de este pasado domingo.

La madre granadina, según recoge el texto de la petición, consultado por Europa Press, ha sido “incitada, como ella misma manifestó el pasado día 22 de agosto al salir del juzgado, por el apoyo social a su postura de intentar a toda costa lo que considera justo y necesario: conseguir protección de la justicia española para sus hijos frente al padre maltratador”.

“Somos miles las personas que hemos mostrado nuestro respeto a su decisión y nuestro apoyo a Juana Rivas en las plazas (de Maracena, Granada y otras ciudades), en las redes sociales y a través de los medios”, han señalado las promotoras de la iniciativa que se declaran “tan responsables de incitarla a delinquir como lo puedan ser su familia y las profesionales del Centro Municipal de Información a la Mujer de Maracena”, con quienes se solidarizan.

En el caso concreto de la asesora jurídica del CMIM de Maracena, Francisca Granados, la petición ha subrayado que “hay que estar muy convencida de la necesidad de no rendirse para, a pesar del miedo, enfrentar las consecuencias, y también para mantener el apoyo y dar la cara por ella ante la opinión pública”.

Tanto Granados como la psicóloga que ha atendido en el Centro de la Mujer a Juana Rivas, que permanece en libertad investigada por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores, están llamadas a declarar el próximo miércoles 30 de agosto en sede judicial por “su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios, en los delitos de sustracción de menores”.

El jueves 31 de agosto habrán de hacerlo, también como investigados, los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad de Rivas por su presunta intervención en el posible delito de sustracción de menores.

El colectivo feminista que ha promovido la petición en change.org ha indicado, en este sentido, que “las leyes españolas, que desde 2015 dicen proteger del maltrato a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, son tremendamente hipócritas, pues en la práctica permiten su total desprotección”.

“Nuestras leyes dicen que hay que oír a las víctimas, pero no escucharlas”, por lo que, en opinión de la plataforma 7N, “es preciso desarrollarlas y modificar todo aquello contradictorio en las mismas”.

“Eso no es posible sin enfrentar al sistema a los efectos de sus propias contradicciones”, lo cual hace el caso de Juana Rivas, “que convertimos en causa, porque las contradicciones del sistema ya colmaron la paciencia feminista”.

La petición, que lleva por título ‘Basta ya de justicia patriarcal’, comienza explicando que tanto la madre de Maracena como su entorno sabían, cuando compareció ante el juez la semana pasada, que la justicia ordenaría la entrega de los niños al padre “dada la firmeza irrevocable de la sentencia que lo acuerda”.

“Juana Rivas, desde el principio, ha sido informada por su letrada y su asesora jurídica de las posibles consecuencias jurídicas de no devolver a sus hijos al padre”, ha indicado el texto, que ha agregado que la vecina de Maracena “ha querido intentar todo lo posible y lo imposible antes de devolverlos” pues “para ella la de entregar a los hijos al padre maltratador no es opción válida” ya que “equivale a una forma de suicidio: es matar toda posibilidad de defender a sus hijos del maltrato del padre”.

“Si la justicia española, la de su país, no da a sus hijos siquiera la protección temporal que permite el Convenio de la Haya -denegar la devolución inmediata-, mucho menos puede confiar en la italiana” pues en ese país, donde convivió con su excompañero sentimental, Francesco Arcuri, residente en Italia, “es extranjera”.

“La legislación y medios para enfrentar la violencia de género allí son mucho más precarios”, ha advertido la petición, que ha señalado que en Italia “es asesinada por violencia de género una mujer cada 72 horas”, habiendo “condenado” el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al país “por su ineficiente lucha contra la violencia machista”.

El entorno de Rivas está conformado por profesionales y familiares que son “responsables” de “no haber retirado a Juana su apoyo incondicional” mientras “existía aunque fuese un ínfimo resquicio de posibilidad de lograr protección de la justicia española”.

Este lunes al mediodía está previsto en Madrid que diversas asociaciones civiles entreguen en el CGPJ un escrito en contra de la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que obliga a entregar sus hijos al padre en un punto de intermediación familiar a las 17,00 horas.

Distintas iniciativas han sido promovidas en las redes sociales en las últimas semanas en apoyo a Juana Rivas, con etiquetas como #JuanaCuentaConmigo #YoApoyoAJuanaRivas o #JuanaEstáEnMiCasa.

http://www.20minutos.es/noticia/3120725/0/promueven-recogida-firmas-apoyo-asesoras-juana-rivas-maracena/

 

Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

 

Las feminazis no toleran que no les sigan el juego. Menos aún que les lleven la contraria.

Es llamativo que ahora utilicen los argumentos que antes negaban para invalidar el “trabajo” de los equipos psicosociales.

Delito de odio. ¡Hay que tener cara dura!

No olvidemos que es una ideología totalitaria y persiguen al disidente/opositor.

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Denunciado un psicólogo del juzgado de violencia de género de Asturias por odio hacia las mujeres

Manifestación contra la violencia de género celebrada en Madrid el pasado día 25. Javi Martínez

Patricia del Gallo – Oviedo – 29 NOV. 2017

Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres

Las organización Women’s Link Worldwide y el colectivo asturiano Abogadas para la Igualdad han presentado una querella contra el psicólogo forense de Oviedo que emite para la Administración de Justicia en Asturias la mayoría de los informes periciales sobre víctimas de violencia de género y menores que denunciaron abusos sexuales. Le acusan de un delito de odio las mujeres. Según las denunciantes, este profesional, encargado de valorar estos casos, basa sus informes en “prejuicios y estereotipos” de género como que “las mujeres manipulan a sus hijos e hijas para dañar a sus parejas o ex parejas” dice la querella.

Este colectivo ha dado el paso de querellarse amparándose en el artículo del 510 del Código Penal tras su reforma en 2015. Es la vía que han encontrado después de escuchar y presentar durante los últimos años quejas formales contra este profesional, que además es el decano presidente del Colegio de Psicólogos de Asturias. Se encarga de valorar la mayoría de los casos de abusos a menores y Abogadas para la Igualdad y Women’s Link temen que, debido a sus informes, gran parte de los delitos hayan quedado impunes, ya que ante las denuncias lo primero que hacen los jueces es pedir un informe pericial a un especialista. Si éste es desfavorable a la víctima, como aseguran está ocurriendo en la mayoría de los casos, el juez archiva la causa.

En esta querella, presentada por ambos colectivos como acusación popular, se aportan los casos de dos mujeres víctimas de violencia de género y de tres menores que supuestamente sufrieron abusos, dos por parte del padre y en el otro del abuelo. En sus casos, señalan, el psicólogo desacreditó sus versiones y calificó a las madres de “mentirosas y manipuladoras”. Las denunciantes sospechan que hay decenas de casos como estos y les animan a denunciar.

El delito de odio por razones de género recogido en el artículo 510 del Código Penal está tipificado con una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Es la primera vez en España que se presenta una querella por este delito de odio hacia las mujeres.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/29/5a1e70c522601dc2128b45c8.html

 

Ayer nos tomaron declaración como investigados

 

Ayer nos tomaron declaración como investigados.

Esto es, imputados.

Nos han denunciado por “incitación a la discriminación” por pedir “igualdad ante la ley” en una concentración ante los juzgados feminaziss de Madrid.

Los denunciantes son un sindicalista de CC.OO., dos fiscales de los juzgados feminaziss y la jueza decana de los juzgados feminaziss.

Esto es, parte del colectivo de vividores de la industria del maltrato que casualmente sustentan su negocio en la discriminación.

Pese a los años transcurridos y las tristes experiencias al respecto, no deja de sorprenderme como falsean y manipulan esta gente.

Empezando por acusarnos de incitar a la discriminación por pedir igualdad ante la ley, tal y como estipula la Constitución Española en su artículo 14.

Los hechos denunciados se relataron en el siguiente enlace:

http://projusticia.es/concentracion-ante-los-juzgados-feminazis-de-manuel-tovar/

La Gaceta se hizo eco de lo sucedido.

http://gaceta.es/noticias/personas-retenidas-protestar-ley-violencia-genero-21022017-1233

No deja de ser una muestra más de la persecución al disidente/opositor y la indisimulada pretensión de atemorizar a quien osa sacar a la luz las mentiras feminazis.

 

PSOE exige al Gobierno que destine ya 200 millones contra violencia machista

 

Todos estos vividores de la industria del maltrato viven a costa del dinero público.

Necesitan  pagar sus gastos ordinarios y extraordinarios. La hipoteca, la comida, el coche, el ocio, las vacaciones, etc.

Todo ello a costa del dinero de todos y en base a las conocidas mentiras de las feminazis.

El resultado de su pretendida lucha contra el maltrato es un absoluto fracaso. Es precisamente lo que pretenden para poder seguir viviendo del cuento. Justificar más medios para administrar más “medicina” al enfermo imaginario.

Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes“. Albert Einstein.

Locas y malvadas.

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El PSOE reclama al Gobierno “que habilite ya un crédito extraordinario de 200 millones para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género”

08/11/2017

“Sin esa ampliación de crédito el Pacto queda herido de muerte”, ha afirmado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que, ante la prórroga de los PGE, el Gobierno apruebe, por Decreto-Ley, “el incremento de al menos 200 millones para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de violencia de género”.

La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, recuerda que el Pacto de Estado contra la violencia de género -que el Pleno del Congreso aprobó el pasado 28 de septiembre-, “contempla un compromiso económico por parte del Gobierno de mil millones de euros en los próximos 5 años”. “Ya advertimos de que seríamos exigentes con el cumplimiento de los acuerdos y reclamaríamos al gobierno diligencia en la puesta en marcha de las medidas, así como la habilitación de los recursos comprometidos”, ha señalado Álvarez. “Ahora, ante la evidencia de que el Gobierno va a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado, damos curso a esta exigencia pidiendo que se apruebe, mediante un Decreto-ley, la ampliación de crédito de, al menos, 200 millones de euros sobre los presupuestos de 2017 para dar cumplimiento al Pacto de Estado” al inicio del próximo ejercicio de 2018.

“Sin esa ampliación de crédito el Pacto queda herido de muerte”, ha afirmado Álvarez, quien ya indicó en el debate del Pacto celebrado a finales de julio que “está en manos del gobierno dar curso a la puesta en marcha de lo acordado” y que el PSOE no aceptaría “ningún tipo de evasiva para eludir la puesta en marcha de medidas que están enfocadas a salvar vidas”.

Álvarez ha querido insistir en que “ya no cabe una gestión relajada en esta materia” y anunció una batería de propuestas para indicar al Gobierno las acciones urgentes y prioritarias que ha de acometer el Ejecutivo para dar cumplimiento a los acuerdos del Pacto.

http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/export/sites/default/gps/resources/Prensa/Documentos/081117_Pacto_de_Estado_Violencia_de_Gxnero.pdf

http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/opencms/gps/elements/salaPrensa/noticias/listado/news_3813.html

PSOE exige al Gobierno que destine ya 200 millones contra violencia machista

08/11/2017

(EFE).-

El PSOE ha exigido al Gobierno que, en el caso de que se vaya a producir la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, apruebe una subida de al menos 200 millones en 2018 para cumplir las medidas contempladas en el pacto de violencia de género, porque lo contrario lo dejará “herido de muerte”.

Lo ha hecho en una proposición no de ley registrada hoy en el Congreso en la que recuerda que el Ejecutivo se ha comprometido a destinar una dotación económica en los próximos cinco años de 1.000 millones de euros para poner en marcha 213 medidas contempladas en el pacto, aprobado el pasado 28 de septiembre.

“Ya advertimos de que seríamos exigentes con el cumplimiento de los acuerdos y reclamaríamos al Gobierno diligencia en la puesta en marcha de las medidas”, ha subrayado la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.

Por ello, ha pedido que se apruebe, mediante un decreto-ley, la ampliación de crédito de, al menos, 200 millones de euros sobre los presupuestos de 2017.

Sin ella, “el pacto queda herido de muerte”, ha advertido la diputada para insistir en que “ya no cabe una gestión relajada en esta materia”. EFE

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20171108/432725179265/psoe-exige-al-gobierno-que-destine-ya-200-millones-contra-violencia-machista.html

Las denuncias por violencia de género aumentaron un 18% de abril a junio

 

La industria del maltrato alentada y alimentada desde las instituciones.

Pese a la evidente falsedad de los datos la población sigue dándolos por buenos porque los facilita un organismo oficial y se difunde constantemente la mentira a través de todos los medios.

Aún existiendo querellas contra estas falsedades la opinión pública sigue adoctrinada en la mentira.

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Las denuncias por violencia de género aumentaron un 18% de abril a junio

Cada vez menos mujeres renuncian a declarar contra sus maridos. SERGIO VALERO

EFE – Madrid

23 OCT. 2017

Los juzgados españoles recibieron en el segundo trimestre de 2017 un total de 42.689 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 18%, según la estadística publicada hoy por el Poder Judicial, en la que figuran 40.366 mujeres víctimas de maltrato (un 20,7% más).

En el mismo periodo, se elevó también en tres puntos el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que representaron el 67,2% del total de fallos dictados (8.885 condenas de 13.230 sentencias).

Destaca el descenso del número de mujeres que renuncian a declarar contra sus parejas, que siguen haciéndolo el 10,5%. Entre abril y junio de 2017 se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar 4.263 mujeres, frente a las 4.341 del mismo periodo de 2016 (un 1,8% menos).

Siguen siendo las mujeres extranjeras las que más renuncian a declarar contra su agresor (el 13,4 extranjeras y un 9,3 españolas).

El aumento de denuncias un 18% (han pasado de 36.166 denuncias en el segundo trimestre de 2016 a 42.689) significa un incremento de víctimas, en este caso del 20,7% (de 33.440 mujeres a 40.366).

El observatorio judicial refleja un incremento de siete puntos en las solicitudes de órdenes de protección (se pidieron 10.242, 9.586 un año antes) y cuatro puntos en la concesión de las mismas por parte de los órganos judiciales.

La violencia de género se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 supera la media nacional (17) en Baleares (26,3), Murcia (21,8) y Comunidad Valenciana (21,3), mientras que la más baja se da en Castilla y León (10,8) y Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco (ligeramente superiores a 11).

Casi un 70% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales, mientras que el Poder Judicial aprecia un ligero descenso de las presentadas por familiares de las víctimas (sólo fueron el 2%)

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 15,25% de los casos.

En un 50% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección; un 3% de las víctimas que pidieron protección fueron mujeres menores de edad.

Derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 16.217 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio, la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión y las medidas privativas de libertad.

Al mismo tiempo se dictaron 4.138 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal; un 19% en relación con la prestación de alimentos y un 16,5% resolvieron la atribución de la vivienda, detalla la estadística.

En un 5,3% de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 3,7% de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.

La presidenta del observatorio judicial, Ángeles Carmona, ha destacado eldescenso del número de mujeres que renuncian a declarar durante el proceso y el mantenimiento de las medidas judiciales que buscan proteger a los menores, víctimas como son de la violencia de género.

Carmona también ha valorado el aumento de las condenas a los maltratadores y ha destacado la importancia de transmitir el mensaje de que “no hay impunidad para la violencia machista”.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/10/23/59edbf48468aeb15628b4668.html

 

El Congreso exige al Gobierno medidas para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres

 

Más privilegios basados en las habituales mentiras feminazis.

Las mujeres no cobran menos que los hombres por el mismo trabajo.

Si fuese verdad nadie contrataría hombres para así ahorrarse la diferencia en los salarios.

Además está severamente sancionado de forma que no merece la pena vulnerar la norma al respecto.

Da igual las obviedades, los datos, las declaraciones del ministro o del secretario general del sindicato… las feminazis no dudan en mantener sus falacias, instaurar un aparato de represión y exigir privilegios con la excusa de la igualdad.

Por supuesto, las medidas propuestas avanzan aún más en el control de las empresas y la creación de más estómagos agradecidos.

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El Congreso exige al Gobierno medidas para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres

18/10/2017

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes por unanimidad una moción de Unidos Podemos por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para corregir la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres en España.

Para lograrlo, los partidos piden la publicación de los salarios desglosada por género; que las empresas de al menos 50 trabajadores informen a éstos y los sindicatos de la remuneración media por categoría; o que se controlen los convenios colectivos para que no contengan cláusulas discriminatorias por razón de género.

Según ha explicado la portavoz de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, gran parte de estas medidas que se proponen ya están recogidas en las recomendaciones que la Comisión Europea trasladó en 2014 a los estados miembros, unas medidas que, según pedía, debían estar en marcha a finales de 2015. Sin embargo, España aún no las ha aplicado.

El texto firmado por todos los partidos representados en el Congreso, también llama a reforzar los sujetos con legitimación para la presentación de demandas por discriminación indirecta, dándole este poder, por ejemplo, a las asociaciones de mujeres, permitiendo así garantías específicas en el proceso de tutela de derechos fundamentales.

Potenciar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; reformar la normativa laboral y de funcionariado para favorecer la corresponsabilidad y la permanencia de las mujeres en el trabajo; aumentar de la tasa de actividad de las mujeres equiparando los permisos de maternidad y paternidad y con la racionalización de horarios y la financiación de una red de servicios sociales para la atención de las personas dependientes, son otros de los puntos más destacados de esta moción.

CIUDADANÍA Y SINDICATOS INVOLUCRADOS

Por parte del PP, su portavoz en esta materia, Celia Villalobos, ha señalado la necesidad e “involucrar a la sociedad” como acción “fundamental” para concienciar a los agentes sociales de que no se pueden negociar convenios colectivos con desigualdad porque, según ha denunciado, “siguen haciéndolo”, “Los sindicatos deben estar involucrados en esto”, ha señalado durante su intervención en el debate.

“La desigualdad tienen rostro de mujer”, ha declarado por su parte la diputada del PSOE Tamara Raya, quien ha apuntado que en el país existen “trabajadores pobres” y, en su mayoría “son mujeres”. Para la socialista, los problemas de la sociedad en esta materia son consecuencia de una Administración que no sabe solucionar la “inacción” de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien a su juicio, “marea la perdiz” para no reconocer la brecha salarial existente. “Póngase a trabajar y cumpla con el deber de luchar decididamente contra esta situación”, ha pedido Raya.

Del mismo modo, la portavoz de Ciudadanos en materia de Igualdad, Marta Martín, ha hecho un llamamiento a sus compañeras diputadas para denunciar que en el propio Congreso hay desigualdad salarial y les ha recordado que no existe un Plan de Igualdad en este sentido. “Os animo a que lo apoyéis y lo consideréis”, ha apuntado Martín, quien ha pedido para ella el mismo respeto y responsabilidad que sus compañeros varones.

En este sentido, el portavoz de PNV en este debate, Iñigo Barandiarán, ha destacado que la brecha salarial “no es un mero compromiso de las mujeres” sino de toda la sociedad y, aunque ha señalado que algunos puntos de la moción son “mejorables”, ha apuntado que “en lo fundamental” apoyan la iniciativa, destacando, además, el acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-congreso-exige-gobierno-medidas-eliminar-brecha-salarial-hombres-mujeres-20171017192052.html