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Expediente disciplinario y traslado forzoso al funcionario del Tribunal de Cuentas que denunció irregularidades

 

Ver para creer.

El órgano del Estado encargado de fiscalizar el gasto del dinero público no es sino uno de los mayores nidos de corrupción.

Su labor real es ocultar la corrupción y hacer creer a los ciudadanos que sus intereses están protegidos.

Quien se atreve a destaparlo y denunciarlo es perseguido y denigrado.

Mientras tanto Belén Esteban renueva contrato con Telecinco ya que sigue siendo quien lidera la audiencia y quien más libros vende.

Pan y circo.

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Expediente disciplinario y traslado forzoso al funcionario del Tribunal de Cuentas que denunció irregularidades

Fernando Clemente, jurista y letrado del Tribunal de Cuentas, presentó también una denuncia por prevaricación y malversación de fondos públicos ante el Supremo, cuyo edificio aparece al fondo. Carlos Berbell/Confilegal.

Carlos Berbell

24 enero, 2018

El Tribunal de Cuentas ha abierto un expediente disciplinario y ha trasladado de forma forzosa de su puesto de trabajo a Fernando Clemente, letrado de esa institución y miembro del Comité de Empresa (Junta de Personal) quien denunció irregularidades en materia de personal, algunas de las cuales fueron calificadas por el Tribunal Supremo en varias sentencias como de “desviación de poder”.

El expediente disciplinario busca el objetivo evidente, y contrastado, de suspenderle de empleo y sueldo. Medida gravísima para un funcionario que tiene como único ingreso su sueldo.

De la misma manera, Clemente ha sido trasladado del destino que ocupaba desde hace 25 años en la Sección de Enjuiciamiento (desde que en 1993 aprobó las oposiciones de letrado del Tribunal de Cuentas), en el edificio principal -en la calle Ortega y Gasset, 100, en Madrid-, a la Sección de Fiscalización, en un edificio secundario, en la calle Padre Damián, al que la jerga interna de los funcionarios se conoce como “las colonias”.

Este funcionario consiguió que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo condenara hasta cuatro veces al Tribunal de Cuentas por el intento de nombramiento de Enrique Medina, hermano del consejero Javier Medina, número 2 de este órgano de control constitucional -elegido por el Partido Popular- para un importante puesto dentro de la institución.

La consecuencia directa de todos y cada uno de los 4 sentencias y 2 autos fue la imposición de las costas al Tribunal de Cuentas, que superaron los 38.000 euros.

Denuncias

En junio de 2017 Clemente presentó, ante el propio tribunal de cuentas, una denuncia por responsabilidad contable por entender que dichas costas debían asumirlas de su propio bolsillo aquellos cargos de designación política cuya gestión irregular tenía la culpa, en especial el consejero Javier Medina.

El Tribunal de Cuentas, que en esto era “arte y parte”, puesto que era la parte denunciada y al mismo tiempo el juez -como era de esperar- no admitió la denuncia y le condenó en costas.

Un mes más tarde, el 10 de julio, Clemente presentó otra denuncia, esta ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra la Comisión de Gobierno por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos de 38.000 euros.

Al día siguiente el consejero, jefe de este letrado –José Manuel Suárez Robledano– presentó un escrito al presidente en el que señalaba unas “posibles faltas” de carácter disciplinario con el objeto de abrirle el expediente que ahora ha visto la luz.

Clemente, en sus 25 años de servicio en el Tribunal de Cuentas, tiene una hoja de servicios impoluta.

Como miembro del Comité de Empresa y como trabajador de esa institución, el funcionario no podía dejar pasar por alto lo sucedido, por lo que lo denunció por acoso, en el propio Tribunal de Cuentas.

Un procedimiento del que el consejero pasó, negándose a comparecer en la investigación abierta al efecto, y finalmente el Tribunal de Cuentas (su órgano interno de denuncias) archivó.

Nepotismo en el Tribunal de Cuentas

Este funcionario viene denunciado desde hace años el nepotismo en el Tribunal de Cuentas. La denuncia del caso del hermano de Medina no es la primera.

Un precedente directo fue la denuncia, y la consiguiente sentencia condenatoria -que lleva por fecha 30 de septiembre. también por desviación de poder- del nombramiento de la hermana del entonces consejero por el PSOE, Ciriaco de Vicente, que anulo tal decisión.

Un “whistleblower” en el Tribunal de Cuentas

Clemente, colaborador de Transparencia Internacional, es lo que en el mundo se identifica como un “whistleblower” (denunciante de irregularidades).

El pasado 24 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó, por 399 votos a favor (el 60 por ciento de los 666 eurodiputados presentes), 101 en contra(el 15 por ciento) y 166 abstenciones (el 25 por ciento) el informe impulsado por la eurodiputada francesa, Virgine Rozière, en el que se hacía un llamamiento a la Comisión Europea para que, para finales de año, proponga normas que  garanticen la protección a los “whistleblowers” (denunciantes de irregularidades) en los 27 estados miembros de la Unión.

El informe aprobado es un documento no legislativo que, sin embargo, establece una fuerte prioridad en las instituciones europeas en la línea de desarrollar, posiblemente, una Directiva, decisión que ahora queda en manos de la Comisión Europea; a ella le corresponde hacer una propuesta.

“La información facilitada por los ‘whistleblowers’ es uno de los caminos más efectivos para luchar contra la corrupción”, afirmó Renate Schroeder, director de la Federación Europea de Periodistas (EFJ, por sus siglas en inglés).

En el informe aprobado se propone a los países miembros que desarrollen mecanismos para facilitar el lanzamiento de alertas internas y para permitir que los denunciantes informen a las ONG y la prensa, incluida la posibilidad de hacerlo de forma anónima; protección contra represalias, incluidas sanciones contra aquéllos que intentan evitar que los denunciantes hablen y medidas para desalentar las represalias; medidas de apoyo, como asistencia financiera y legal, apoyo psicológico e indemnización por daños a denunciantes en procesos civiles; y la existencia de organismos informadores nacionales independientes, verificando su credibilidad y orientando a los denunciantes, así como la autoridad a nivel de la UE para facilitar la coordinación en casos transfronterizos.

https://confilegal.com/20180124-expediente-disciplinario-traslado-forzoso-al-funcionario-del-tribunal-cuentas-denuncio-irregularidades/

 

Pérez de los Cobos mintió al tribunal al decir que habla tres idiomas: le han puesto un cero

 

Los jueces son una casta aparte que goza de impunidad.

Los “magistrados” del Tribunal Constitucional, como el de la noticia, ni siquiera han de ser jueces. Su impunidad es aún mayor.

Colocados a dedo por los partidos políticos, su imparcialidad y justicia, siempre está en entredicho por razones obvias.

Por muchos menos de lo que la noticia refleja, en otros países dimiten o van a la cárcel.

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Pérez de los Cobos mintió al tribunal al decir que habla tres idiomas: le han puesto un cero

Francisco Pérez de los Cobos.

Rafa Gallego – 22/01/2018

El ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos se quedó en blanco en la votación para obtener un puesto de magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al recibir cero votos de los diez que había en liza por parte de la Comisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

La razón fue que Pérez de los Cobos demostró haber mentido al elaborar su propuesta para obtener el nombramiento. El dominio del inglés y del francés es obligatorio para desempeñar el cargo al que aspiraba, y durante la entrevista quedó evidenciado que no poseía esos conocimientos, a pesar de que en el currículum elaborado para defender su candidatura presumía de hablar tres idiomas -inglés, francés e italiano- además de su lengua nativa, el español.

Según figura en la declaración remitida por Pérez de los Cobos a la Comisión, el propio Pérez de los Cobos aseguraba que “mi nivel de inglés cumple con los estándares requeridos”, si bien reconocía la posibilidad de que tuviese que tomar “clases intensivas para desempeñar mis tareas como juez en Tribunal Europeo de Derechos Humanos” por lo que se comprometía a “tomarlas de cara a cumplir con los deberes que se requieren en dicho puesto”.

Lo cierto es que Pérez de los Cobos fue entrevistado en París el pasado 12 de enero por esta Comisión, formada por miembros de diez nacionalidades diferentes, y cuando éstos comenzaron a preguntarle en inglés, éste respondió: “¿Pueden preguntarme en español?”.

Según relata el portal Confilegal, el candidato De los Cobos “se vio sorprendido porque esperaba que la entrevista fuera en español”. Fue así como perdió sus opciones de llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Fue José Martín y Pérez de Nanclares, director de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores quien ganó la votación, con siete votos, mientras que María Elósegui, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, obtuvo tres votos.

 

https://okdiario.com/espana/2018/01/22/perez-cobos-mintio-tribunal-decir-habla-tres-idiomas-puesto-cero-1723666

 

Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Susana Díaz olvida que no es diputada en el Parlamento italiano, país competente para resolver sobre el asunto. De hecho, ni siquiera es diputada en España.

No deja de ser una muestra de la concepción que tiene del Estado de derecho. Ese Estado en el que no hay división de poderes porque “Montesquieu ha muerto” según sentenció Alfonso Guerra tras modificar el PSOE el sistema de elección de jueces en 1985.

Según van apareciendo grietas en su legislación feminazi van haciendo remiendos con “perspectiva de género” cuya aplicación tiene el aberrante carácter de retroactivo.

El criterio de no legislar “en caliente” se obvia cuando está en juego la red clientelar creada bajo el paraguas de las leyes de género. Red que disfruta de una ingente cantidad de dinero público de cuyo destino real nada se sabe y del que no se exigen responsabilidades.

Susana Díaz se preocupa de sostener los organismos que realizan informes falsos que destrozan miles de vidas cada año.

No es sino una muestra más del desprecio a las decisiones judiciales que no les son favorables y de la obsesión por controlar la judicatura.

Un ejemplo de su concepción totalitaria del Estado.

No es de extrañar que tardase diez años en terminar la carrera de Derecho.

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Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Díaz urge a impedir por ley otorgar custodia a padres maltratadores EFE

Ángela de Bethencourt

Sevilla

29 AGO. 2017

Juana Rivas entrega a sus hijos al padre ante el ultimátum de la Justicia

La presidenta andaluza echa en falta la aplicación del pacto de estado contra la violencia de género en el caso de Juan Rivas.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido este martes un cambio legislativo que impida que un maltratador pueda tener la custodia de sus hijos: “Un buen padre no maltrata a una madre”, ha añadido.

Díaz ha defendido sin embargo el acatamiento de las decisión de la Justicia, que ha fallado en favor del ex marido de Juana Rivas y por la que la granadina se ha visto obligada a devolver voluntariamente a su ex pareja a sus dos hijos este lunes. Aunque ha considerado que el caso de Juana Rivas ha dejado en evidencia la urgencia de una modificación de la ley para evitar que el padre sobre el que haya recaído una sentencia firme por maltrato pueda tener la custodia de los hijos quienes son “víctimas directas” de la violencia de género.

En esta línea, la presidenta ha manifestado la insuficiente aplicación del reciente pacto de estado contra la violencia de género. Dicho pacto, aprobado por unanimidad política a finales del pasado mes de julio, cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros con una margen de aplicación de cinco años y 200 medidas.

Entre las medidas, se contempla aquellas para “prevenir, proteger y reparar” los daños que un ambiente familiar hostil por violencia de género provoque en los menores de edad o la no imposición de la custodia compartida en estos casos. Precisamente, el régimen de custodia compartida en Italia, país donde se encuentra la residencia familiar, es el que le propone su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri.

Susana Díaz ha comparecido este martes tras la primera reunión de su Consejo de Gobierno después del paréntesis del mes de agosto.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/08/29/59a5519d22601dab328b459b.html

 

La magistrada Margarita Robles será la nueva portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados

 

Una muestra más de la separación de poderes y de la independencia judicial de la que gozamos en España.

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La magistrada Margarita Robles será la nueva portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados

Margarita Robles, en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. ALBERTO DI LOLLI

LUIS ÁNGEL SANZ – Madrid – 18 JUN. 2017

La magistrada independiente Margarita Robles será propuesta mañana lunes como la nueva portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, como ha podido saber EL MUNDO. Sólo una sorpresa de última hora podría hacer cambiar de opinión aPedro Sánchez, que propondrá su nombre como portavoz parlamentaria en la primera reunión de la Ejecutiva Federal que tendrá lugar en Ferraz.

Fuentes del entorno del secretario general del PSOE confirman que en la última semana ha dudado entre Adriana Lastra, su candidata inicialmente favorita; Margarita Robles e, incluso, Meritxell Batet, promocionada desde el PSC. Desde siempre, Sánchez quiso a una mujer para enfrentarse a Mariano Rajoy cada miércoles. También a alguien de su máxima confianza, ya que él no es diputado.

Las caras de la nueva Ejecutiva del PSOE

SARA ÁLVAREZ / INMA COBO

Finalmente, ha optado por Robles -por eso ha hecho a Lastra vicesecretaria general-. Considera que por preparación y nivel, puede dar el contrapunto al presidente del Gobierno y representar al PSOE en los grandes debates.

Margarita Robles ha sido magistrada del Tribunal Supremo y secretaria de Estado de Interior en los gobiernos de Felipe González. El año pasado, en junio, aceptó dejar su plaza en el Supremo para ser la número dos de Pedro Sánchez por Madrid.

Margarita Robles no es militante del PSOE, pero tampoco lo fueron otros portavoces anteriores, como José Antonio Alonso.

La primera Ejecutiva Federal de la nueva etapa del PSOE propondrá también al portavoz en el Senado, que casi con toda seguridad será el burgalés Ander Gil, de 43 años, hasta ahora portavoz de Exteriores. En el Parlamento Europeo, volverá a ser portavoz la eurodiputada vallisoletana Iratxe García.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/06/18/5946da2946163fbc5d8b45c8.html

 

La losa de la burocracia: España publica 900 leyes y 960.000 páginas de regulación al año

 

Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene.”

Cayo Cornelio Tácito

Por supuesto, la seguridad jurídica es inversamente proporcional al número de leyes.

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La losa de la burocracia: España publica 900 leyes y 960.000 páginas de regulación al año

Gobierno y comunidades autónomas publican casi 8 millones de páginas de regulación durante la crisis.

La burocracia pesa mucho en España | Pixabay/CC/Geisteskerker

M. Llamas. – 25-05-2017

La economía española todavía tiene importantes retos por delante para dar por superada la crisis, a pesar de la buena marcha que ha registrado la recuperación en los dos últimos años, con avances del PIB superiores al 3% interanual. La alta tasa de paro, la escasa productividad y la elevada deuda pública son los grandes lastres que quedan por solventar, tras el progresivo cambio del modelo productivo, la mejora de la competitividad y la sustancial amortización de deuda privada que han protagonizado familias y empresas.

Y buena parte de esos problemas pendientes tiene que ver, además de con un excesivo gasto público, con una copiosa y muy compleja regulación, cuya aplicación frena la capacidad de las empresas españolas para generar riqueza y empleo. Basta echar un vistazo al número de leyes aprobadas y a los boletines oficiales publicados para percatarse de la ingente normativa a la que están sometidos los españoles y, muy especialmente, autónomos y empresarios en su día a día.

El pasado año fue, hasta cierto punto, una excepción, debido a la existencia de un gobierno en funciones desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016. Así, entraron en vigor un total de 436 normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un descenso del 50,7% interanual, mientras que el Boletín Oficial del Estado (BOE) editó 171.905 páginas, un 2,6% menos, según el informe La producción normativa en 2016, elaborado por la patronal CEOE.

Y algo similar sucede con las comunidades autónomas, ya que aprobaron 245 normas (-19,4%) y publicaron 723.915 páginas en sus respectivos boletines oficiales, una caída del 7,8% con respecto a 2015. Cataluña, con casi 91.000 folios de normativa, fue la región más prolija en esta materia.

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En total, Estado y autonomías aprobaron 681 nuevas normas y 895.820 páginas de regulación en 2016, lo que implica una reducción del 42,7% y 6,8% interanual, respectivamente.

Y todo ello, a pesar de la existencia de un gobierno en funciones. La situación, por tanto, empeora si se echa la vista atrás. Así, el BOE publicó más de 1,6 millones de páginas de regulación desde 2009, que, sumadas, a los más de 6 millones emitidas por las CCAA, hacen un total de 7,7 millones de folios de nueva normativa en los últimos ocho años. De este modo, los políticos han publicado una media de 960.000 páginas al año en los boletines oficiales durante la crisis económica (unos 203.000 el Estado y otros 757.000 los gobiernos regionales).

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Además, si se echa la vista atrás, se observa que España ha aprobado un total de 41.336 normas estatales entre 1970 y 2016, a un ritmo medio de 900 leyes al año, lo cual da idea del denso y complejo marco normativo que sufre el país, lo cual, entre otros efectos, se traduce en graves distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas.

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“Esta situación tiene un impacto directo sobre nuestra capacidad de crecimiento económico, puesto que las empresas no pueden dedicar sus recursos y esfuerzos plenamente a lo que saben hacer, que es crear riqueza y generar empleo”, advierte la patronal. “Hemos de tener presente que si queremos convertirnos en polo de competitividad en la economía globalizada, hemos de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas”, concluye.

Entre otras medidas, la CEOE solicita que el Instituto Nacional de Estadística (INE) recabe los datos sobre empresas que ya tiene de forma directa, que el Gobierno cree la “carpeta del empresario” para facilitar la tramitación del conjunto de procedimientos con las Administraciones Públicas, así como ampliar la operativa del sistema de remisión electrónica de documentos-red, tramitar de forma electrónica las solicitudes de exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, simplificar el Impuesto de Sociedades, sustituir el libro de subcontratación por un modelo de libro electrónico o simplificar la solicitud y renovación de certificados electrónicos.

 

http://www.libremercado.com/2017-05-25/la-losa-de-la-burocracia-espana-publica-900-leyes-y-960000-paginas-de-regulacion-al-ano-1276599688/

 

 

 

Nuevas remesas de subvenciones a los partidos políticos firmadas por una juez

 

Los partidos políticos viven del dinero del erario público.

En esta ocasión reciben subvenciones para los “gastos de funcionamiento ordinario” y para “gastos de seguridad”.

Quien firma las resoluciones es la Directora General de Política Interior, María Cristina Díaz Márquez. Juez de carrera, ha alternado sus destinos como juez con cargos en el Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior y Comunidad de Madrid.

La separación de poderes y la independencia judicial no parecen cumplirse.

Casualmente también está relacionada con el llamado cuarto poder, la prensa. Es la novia del periodista Carlos Herrera.

Caso paradigmático de la “separación” de poderes.

Dentro de algún tiempo volverá a la judicatura.

A esto hay que añadir la facilidad con la que los políticos ocupan cargos en grandes empresas que previamente han obtenido jugosos contratos de la Administración.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5026

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5027

http://www.interior.gob.es/el-ministerio/biografias-de-altos-cargos/cristina-diaz-marquez

http://projusticia.es/ayer-tuvimos-reunion-en-la-consejeria-de-justicia/

 

La Junta acumula trece años de promesas incumplidas en los juzgados

 

Es evidente que los políticos tienen un interés especial en que la Justicia no funcione.

Tener entretenidos a los ciudadanos con problemas menores y hacer que éstos desistan de acudir a la justicia son algunos de los objetivos.

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La Junta acumula trece años de promesas incumplidas en los juzgados

Lorenzo del Río y Emilio de Llera presiden una comisión mixta entre el TSJA y la Consejería de Justicia. M. RODRÍGUEZ

RAMÓN RAMOS – Granada – 7 may. 2017

La Junta anunció una nueva oficina judicial en 2004 que funcionaría al año siguiente, pero todavía no existe

Granada reivindica la “capitalidad judicial” que proclama el Estatuto

Iba a ser un cambio “revolucionario” en organización y métodos de trabajo en la administración de Justicia o, al menos, así se anunció aquel lejano 22 de julio de 2004 en que la entonces consejera María José López reunió en una jornada de trabajo a representaciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Fiscalía Superior, encabezadas por sus titulares de la época, Augusto Méndez de Lugo y Jesús García Calderón: es la fecha inaugural de la Oficina Judicial y Fiscal, que ese día echaba a andar en lo que se anunciaba como una realidad tangible en abril siguiente, es decir en 2005, bajo la premisa mágica que en la jerga autonómica suele acompañar todo plan o proyecto diseñado por la Junta: ‘pionero’.

Pero pasó 2005 y 2006 y… hasta llegar a este 2017 en que con desencanto el actual presidente del TSJA, Lorenzo del Río, al presentar la Memoria del TSJA rescataba lo que se ha convertido en un clásico del anual resumen judicial en Andalucía: los avances experimentados son “anecdóticos”, ningún adelanto “significativo” respecto a la Oficina, “donde todo apunta a una voluntad de implantación más testimonial que efectiva”. Una visita a las sucesivas Memorias de la Fiscalía Superior arrojaría un lamento similar año tras año.

El último hito en esta historia que va camino de los trece años se registró el pasado 22 de noviembre, cuando la Consejería de Justicia remitió al Ministerio la Orden que regula la relación de puestos de trabajo (RPT) en la reorganización de recursos humanos y materiales que conllevará la efectiva implantación de la Oficina. La pelota, pues, está en el tejado del Gobierno central, que debe dar la aprobación definitiva a lo que ya de forma provisional ha hecho la Junta, según comentaron a EL MUNDO portavoces de la Consejería. Una vez recibido el ‘visto bueno’ se pondrán en marcha como ‘experiencia piloto’ en los municipios de El Ejido, Vélez Málaga y Dos Hermanas, ya designados, aunque aquel julio de 2004 en que se habló de abril de 2005 como ‘minuto uno’ se anunció una Oficina por cada provincia de Andalucía.

Las comisiones

En noviembre, por tanto, se puso fin a una larga negociación con la representación sindical de los funcionarios y el tiempo anterior se fue en el trabajo para el diseño de la Oficina y las modificaciones legislativas inherentes a la entrada en servicio de la Oficina. En el tiempo transcurrido desde la jornada iniciática quedaron atrás las comisiones de coordinación y la comisión general constituidas en 2004 para el estudio pormenorizado en cada orden jurisdiccional. A los actores de aquella jornada la historia reciente los ha dejado atrás: a Méndez de Lugo le sucedió Del Río en la presidencia del TSJA, por la Consejería pasaron -después de López-Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez, Luis Pizarro y Francisco Menachoantes del actual Emilio de Llera y el último ‘superviviente’, García Calderón, acaba de ser reemplazado en la Fiscalía por Ana Tárrago.

Trece años después no hay Oficina Judicial y Fiscal pero sí existe el director general de la Oficina Judicial y Fiscal: Juan Rueda, a quien en su oficina de la Consejería no le falta el trabajo pues sus funciones abarcan a la gestión de los recursos humanos en la Administración de Justicia, tarea que ocupa su jornada ante la carencia de facto de funciones respecto a la Oficina Judicial y Fiscal.

Una Oficina que hunde sus orígenes en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que suscribieron en 2001 los principales partidos políticos de nuestro país el 28 de mayo de 2001, que contemplaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, entre otros aspectos, abordar “por primera vez una regulación de los aspectos organizativos de la denominada Oficina Judicial”. En desarrollo del Pacto, el proyecto de la Junta trataba de superar el “obsoleto” sistema organizativo de la Justicia “cuando pueden existir una serie de servicios comunes procesales” que contribuyan “a la agilización y descarga” de la saturación que se acumula en los Juzgados, según expresó a la prensa Méndez de Lugo, mientras Calderónresaltaba la “racionalización de esfuerzos” que conllevaría una Oficina entonces ‘acariciada’ para 2005. Pero la Junta encargada de su desarrollo esperó a enero de 2014 para que se publicase el decreto por el que se regula organización y estructura de la Oficina, definida en la web de la Consejería como “organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, y que va a traer indudables ventajas tanto para la ciudadanía como para el propio personal al servicio de la Administración de Justicia”. Un decreto mirado con desconfianza por los funcionarios que “rompe con la configuración clásica de juzgado, superando el modelo atomizado e incorporando criterios de buenas prácticas”.

A día de hoy, en el apartado correspondiente la web consagra la Oficina como “una necesidad legal y de gestión”, compelida además por “el actual panorama presupuestario que obliga mucho más a optimizar los recursos disponibles en aras de la mejora continua de los servicios públicos”. Una urgencia para la que la Junta se ha tomado su tiempo: ya en fecha temprana, en 2006, la Memoria del TSJA apunta “la frustración ante la actual situación, puesto que el año 2006 puede considerarse un año en blanco, un año perdido en la puesta en marcha de la Oficina Judicial. Nada nuevo puede reseñarse en el proceso de implantación y el estado actual es de desánimo y estancamiento”. Y así, hasta 2017.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/05/07/590e0be9e5fdea5b758b45be.html

 

Educación introduce el matiz «cumplir los requisitos» para obtener el título de la ESO

 

Los políticos se afanan en degradar la educación para poder perpetuarse en el poder.

Cuanto peor sea el nivel académico más fácilmente se manipula a la población. Igualar por abajo para hacer borregos por igual. Todos igual de tontos e ignorantes.

La imposición de la ideología de género y la degradación del sistema educativo van de la mano.

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Educación introduce el matiz «cumplir los requisitos» para obtener el título de la ESO

El Gobierno atiende las sugerencias del sector y acuerda un nuevo término para poder definir a los alumnos que obtengan el título con dos suspensos

PALOMA CERVILLA  – Madrid – 28/04/2017

El Ministerio de Educación ya ha encontrado la fórmula, o mejor dicho el sinónimo de la palabra aprobado, que permita a los alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) obtener el título con dos asignaturas suspendidas, que no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas, y con una calificación inferior al 5. La petición del Consejo Escolar del Estado ya ha sido atendida y ABC ha podido saber de fuentes gubernamentales que la expresión que se ha incorporado al título es «y cumple los requisitos de titulación». Esta expresión, junto a la calificación final de cada alumno, es la que se utilizará en todos los títulos que se otorguen de la ESO a partir del mes de junio.

Este departamento ministerial ha solventado con rapidez la observación que le había realizado el Consejo Escolar del Estado en su reunión del pasado martes y ya ha elaborado el nuevo texto de Real Decreto. Un documento que ha sido enviado al Consejo de Estado para que informe sobre el mismo. Este es el último trámite que tiene que superar esta normativa antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe definitivamente. Esta circunstancia ya no será posible en la reunión de hoy del gabinete ministerial, por lo que podríaproducirse la próxima semana. Las fuentes consultadas no han podido precisar el momento en el que el Gobierno aprobará el Real Decreto.

Con esta medida, el Gobierno pone fin a la polémica que se había suscitado con la legislación transitoria que se debe de aplicar, una vez paralizado en diciembre de 2016 el efecto académico de las reválidas de la Lomce. Al eliminar estas pruebas de evaluación para superar la ESO y el Bachillerato, y hasta que se consiga un Pacto de Estado, el Ministerio de Educación tenía que regular la forma con la que los alumnos de 15 años acrediten que han superado la ESO.

El Ejecutivo redactó un Real Decreto que sometió a la consideración del Consejo Escolar, en el que consideraba que se podía aprobar la ESO suspendiendo dos asignaturas y con una nota inferior al 5. Este organismo emitió un informe preliminar en el que cuestionaba que aprobara con esos criterios, señalando que era una «circunstancia anómala», que sin llegar al 5 se pudiera dar el título, y pidió «reflexionar» sobre ello.

Dicho informe se debatió en la reunión del pasado martes, originando unadivisión interna entre los miembros del citado Consejo. De hecho, ANPE, el sindicato independiente de profesores de la enseñanza pública, presentó una enmienda a este informe de la ponencia, en el que pedía que no se pudiera aprobar la ESO si no se llegaba al 5. Esta enmienda fue rechazada por nueve votos en contra y ocho abstenciones. La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) también se opuso a esta medida y se alineó con ANPE e incluso su responsable de Educación, Mario Gutiérrez, aseguró a ABC que lo que se estaba intentando era «inventar una palabra para esconder la realidad».

El acuerdo al que se llegó fue instar al Ministerio a «reflexionar» sobre este extremo y valorar la inclusión de alguna aclaración junto a la calificación final.

La aclaración será la expresión «y cumple los requisitos de titulación» junto a lo ya especificado en el texto del título actual, al señalar que el alumno «ha superado» los estudios regulados por la ley por el que se establece el currículo básico de la ESO. Por ello, se ha modificado el Real Decretosobre expedición de título académicos y profesionales correspondientes a la ESO con la inclusión de un nuevo anexo en el que se establece el modelo general del texto de título Graduado.

Aunque esta decisión del Gobierno de volver a utilizar los criterios que se aplicaban con anterioridad a la Lomce ha generado algunas críticas, las fuentes consultadas señalan que los casos en que se pueda aprobar con menos de un cinco serán excepcionales y que la nota, en todo caso, se situará en torno al 4,8 o 4,9. La explicación es que para obtener el título los alumnos están obligados a aprobar 46 de las 48 asignaturas que forman el ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Por lo tanto, en el peor de los casos, en el que el estudiante haya sacado un cinco en todas las asignaturas, la media estará alrededor de ese 4,8 o 4,9. Este argumento implica que no habrá alumnos que obtengan el título de la ESO con una nota inferior al 4.

Solo este curso

La entrada en vigor de esta normativa debe realizarse cuanto antes, según señalan representantes del sector, ya que tan solo queda mes y medio para la finalización del curso escolar, a mediados del mes de junio. En ese momento los profesores deben de conocer ya el Real Decreto, que un vez aprobado se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Esta medida solo se aplicará, en principio, para este curso escolar, ya que el próximo está supeditado a la nueva ley que tiene que acordarse por todos los grupos políticos en el Pacto de Estado por la Educación.

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-educacion-introduce-matiz-cumplir-requisitos-para-obtener-titulo-201704280315_noticia.html

 

Eloy Velasco, juez de la ‘Operación Lezo’: “Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino”

 

Conviene recordar que este juez dejó la judicatura para dedicarse a la política y luego volver a la política. Algo que debería estar prohibido. Al igual que Baltasar Garzón parece que sólo busque la venganza sobre quienes no cumplieron lo que le prometieron.

Habla de cumplir la ley y de que ésta emana del pueblo pero se niega a admitir una querella contra Pérez del Campo en base a mentiras palmarias. Más bien parece que ve la realidad con gafas polarizadas y aplica la ley según su criterio personal e intereses, algo común en la mayoría de los jueces ya que no tienen un órgano que les fiscalice y sancione pues tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial no realizan esa labor.

La entrevista no tiene desperdicio.

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Eloy Velasco, juez de la ‘Operación Lezo’: “Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino”

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado...

El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, el pasado miércoles en la sede madrileña de la Deusto Business School. ANTONIO HEREDIA

“Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido político”

“Me siento más independiente que los fiscales, yo no tengo superior”

“Un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional precisa más medios”

Carlos Segovia – 23 abril 2017

Eloy Velasco (Bilbao, 1963) es el juez del momento, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Respetó su compromiso previo de conceder esta entrevista a EL MUNDO, pese a que tuvo lugar el pasado miércoles tras lanzar la operación Lezo. La entrevista había sido concertada con motivo de una conferencia organizada por la Deusto Business School sobre el libro que ha escrito con su esposa Beatriz Saura llamado Cuestiones Prácticas sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y Compliance. Velasco quiere que cale que la reforma penal permite incluso disolver empresas o partidos políticos cuando sus dirigentes incurren en delitos. Rechazó desde el principio comentar la Operación Lezo y el resto de procedimientos en curso que instruye, pero confirma sus planes de futuro y no se muerde la lengua en temas relevantes.

¿Qué opina al menos de la situación de la corrupción en España?
No quiero contestar a eso, porque se puede hacer una lectura sobre casos concretos. Prefiero hablar sobre la importancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Gracias por entenderlo.
Pero está relacionado…
Es uno de los muchos delitos en que puede incurrir una persona jurídica.
¿Cree que hay arsenal jurídico suficiente para castigar a las personas jurídicas delincuentes en España con incluso la disolución?
La disolución es una pena prevista. Es la muerte de la empresa. Para las instrumentales que se usan torticeramente para hacer trampas no es mala solución, pero para las que tienen vocación de permanencia y plantilla de trabajadores, no parece que sea la más adecuada. En la importante sentencia de 29 de febrero de 2016, que llamamos «la bisiesta», el Tribunal Supremo corrige a la Audiencia Nacional, que condenó a la disolución de una empresa con 100 trabajadores. El Supremo prefirió otra opción menos grave como es la sanción. Es importante que no es sólo responsabilidad de las empresas, hay personas jurídicas como son las fundaciones, los partidos, los sindicatos, asociaciones sin ánimo de lucro como puede ser la Iglesia, los equipos de fútbol… El Barcelona ya tiene condena y es el primer equipo que está jugando con antecedentes penales, el Osasuna está siendo investigado, están apareciendo los fraudes en las apuestas en Tercera División… Con la reforma penal se podría llegar a disolver un partido.
¿A un partido político?
Es muy importante que el mensaje no va solo a las empresas, sino a cualquier persona jurídica, salvo al Estado, y que se pueden graduar las distintas sanciones. La normal es la de multa y la más drástica la de la disolución, pero hay otras formas intermedias. Lo que ha querido el legislador es llevarlo al terreno penal y no al administrativo como en Italia o Alemania. Han decidido que el empresario tiene que poner procedimientos para evitar casos como el de Enron. Tiene que ser el empresario el que ponga los costes de la prevención. Eso sí, el plan de prevención de delitos ocompliance es voluntario. El premio es que el que haya hecho planes puede llegar a ser eximido de la acción penal o le puede atenuar la responsabilidad con la correspondiente graduación de la multa.
¿Y en los partidos políticos?
Para los partidos políticos sí es obligatorio. Con la reforma que hizo Rajoy sobre partidos políticos, que introdujo delito de financiación, les obligó a tener planes de prevención.
Entonces nunca veremos la disolución de un partido político, porque tendrá el eximente de contar con un plan de prevención…
Son cosas distintas, un partido puede tener un plan de compliance, pero pese a eso puede que alguien que lo conoce, evite esos controles fraudulentamente y cometa delito. Si es directivo y lo hace para procurar un beneficio al partido, será el partido el que comete el delito. El responsable arrastra a la responsabilidad del conjunto. Es que lo que hace el presidente del Gobierno es como si lo hiciera el Gobierno y lo que hace el representante de la empresa es como si hiciera la empresa. Luego es verdad que los accionistas de una empresa pueden emprender acciones contra el directivo y pedirle que les indemnice.
Disolver a un partido sería privar a los militantes de una fuerza política…
Sí, podría ser interpretado como una interferencia en la expresión política, pero hay otras alternativas. Otras penas son prohibir actividades temporalmente, cerrar locales de una parte del país…
Si no quiere hablar de casos concretos, ¿puede aclarar al menos si va a dejar su actual puesto?
Sí. He pedido una plaza, un cambio de destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. No sé si la ganaré, porque está todo reglado. Es un concurso.
Pero puede dejar casos importantes empantanados…
Esto es la función pública, no hay nadie imprescindible. Si yo me voy, vendrá otro juez y si es mejor que yo, lo hará mejor.
Pero así se ralentizan los procesos judiciales…
Cuando yo llegué, el juez Del Olmo llevaba seis meses en un curso en Francia y me encontré retrasos en el Juzgado. El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser.
Hay que bajar el déficit público…
Ya pero en un juzgado de la envergadura de la Audiencia Nacional pedí un refuerzo y me lo pusieron seis meses. Es ridículo que lo pongan por un plazo tan corto y eso que el compañero trabajó perfectamente. Ahora se ha ofrecido a echarme una mano, pero no es legal que dos jueces funcionen a la vez si no están nombrados por el Consejo. La Audiencia Nacional necesita más medios.
¿Por eso se quiere ir?
Y porque llevo 10 años en la Audiencia Nacional de mis 30 años de juez. Voy a seguir en la Audiencia Nacional, pero haciendo otro trabajo ya. Ya tengo mis años y estar siempre de guardia… En este trabajo te llaman a las dos de la mañana. Estábamos de vacaciones en esta Semana Santa y me llamaron… Pero al servicio que me he pedido de la Sala de Apelaciones no llaman. Es a los jueces instructores a los que nos mueven más. Si consigo el puesto, es menos de actuar y más de escribir.
¿Se va porque le afectan las críticas a sus decisiones?
La crítica me es indiferente, si no es a mí será al siguiente.
Es preocupante que jueces con tanta experiencia quieran dejarlo…
Desde la Sala de Apelaciones tener experiencia es importante y sólo el que ha sido antes instructor sabe cómo está conseguida una prueba. Por ejemplo, cuando veo que la Audiencia Provincial de Navarra dice que no hay kale borroka en unos actos que llama de orden público en Pamplona, en contra de la Audiencia Nacional que se dedica al terrorismo… Eso es banalizarlo y demuestra que no se dedican al terrorismo. También lo veo en materia económica o, por ejemplo, en Justicia universal. Cuando haces un procedimiento por una persona que ha sido masacrada por alguien del régimen de Assad, hay gente sin experiencia internacional que dice: no perdamos el tiempo porque las investigaciones nacionales están necesitadas de tiempo. ¡Qué tendrá que ver una cosa con la otra! Hay gente que no tiene empatía con crímenes contra la Humanidad que son más graves que la muerte. En la Sala de Apelaciones intentaré aportar mi experiencia.
¿Cuándo prevé dejar su puesto?
Está previsto en junio. A ver si entonces tengo la suerte de ganar el concurso y me voy a otra cosa.
¿Volvería a la política tras su etapa en la Generalitat Valenciana?
¿Para qué? Además, en Valencia lo que hice fue gestión. Yo me dediqué a construir infraestructuras judiciales y a informatizar. Cuando llegué usaban máquina de escribir. Cuando me marché, los 300 juzgados usaban ordenadores.
¿Animaría a un compañero a sustituirle? Parece que su juzgado está desbordado…
Yo animaría a evitar juzgados desbordados. Mi trabajo es apasionante. Siempre hay temas graves. Ahora hay uno que parece grave y dentro de poco habrá otro.
¿Con los medios que tiene puede hacer bien su trabajo?
No, así no puedo hacer bien mi trabajo. Me gustaría tener tiempo, porque cada ciudadano, cada víctima merece mucho más tiempo del que yo puedo dedicar.
¿Qué le parece la propuesta de que sean los fiscales los instructores?
Soy contrario. Estoy a favor del juez instructor. Los fiscales son estupendos profesionales y en el 99% de los casos harían la instrucción igual que los jueces, pero hay un 1% de ellos que puede recibir instrucciones de sus superiores. Y yo no, porque no tengo superior. Me siento más independiente que los fiscales, también en esos casos en los que el fiscal general, que es elegido por el Gobierno, puede dar un instrucción.
¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las tarjetas black…
Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación… Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta 2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.
¿Y si se equivocan?
No pasa nada. Hay segunda instancia, hay casación y no hay asunto que no pase por ocho jueces.
¿Es más difícil actuar contra una gran empresa?
Instruir esos casos es complejo. Recuerdo que llevé una trama de información privilegiada de un banco muy importante y me enseñaron un organigrama que no tenía tiempo de entender. No tengo tiempo para entender como funciona un banco pero me tengo que enterar.
¿Cómo solucionarlo?
Hay que especializarse. Los jueces deben tener un equipo de asesores, auditores o contables que nos sepan explicar estos fenómenos.
¿Cómo están trabajando la Udef y la UCO?
Muy bien. Las condenas que empiezan a asomar son gracias a ellos. Son policías sin pistola que estudian desfalcos o desvíos de dinero. Hacen una labor muy buena.
Volviendo a su libro, ¿se dotan las grandes empresas de planes de prevención de delitos?
En las grandes empresas sí, pero no con un solo modelo. Yo tengo unas 80 personas jurídicas investigadas en mi juzgado y veo planes de prevención diferentes. No se ha profundizado en delitos impropios como la trata de personas, el tráfico de drogas, la prostitución, la pornografía infantil… Creen que nunca los van a cometer, pero en el mundo real ocurren esas cosas. Pienso que, o tienen un plan correcto, o como lo tengan débil van a tener problemas.

 

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/23/58fba511468aebac738b45eb.html

La Justicia española resuelve litigios en 238 días frente a los 17 de Dinamarca

 

Una justicia lenta no es justicia.

Los políticos españoles no dotan de medios a la Administración de justicia ni elaboran leyes que eviten y resuelvan problemas. Más bien hacen justo lo contrario para tener enredada a la población en temas menores mientras ellos hacen y deshacen a su antojo amparados en grandes dosis de impunidad.

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La Justicia española resuelve litigios en 238 días frente a los 17 de Dinamarca

Las cifras que prueban la lentitud de los procedimientos judiciales en nuestro país.

Audiencia Provincial de Madrid | Europa Press
Diego Sánchez de la Cruz – 

Dicen que la Justicia lenta no es Justicia, pero no todos los gobiernos europeos se toman en serio esta proclama. Así lo pone de manifiesto la última publicación de indicadores judiciales editada por la Comisión Europea. De acuerdo con dicho documento, hay hasta 700 días de diferencia entre el tiempo medio de resolución de litigios en unos y otros países de la Unión.

La Justicia más eficiente nos la encontramos en Dinamarca, donde la resolución en primera instancia de casos civiles, mercantiles o administrativos apenas supone una demora de 17 días. ¿Imaginan una Justicia capaz de zanjar disputas de esta naturaleza en poco más de dos semanas? Eso es lo que disfrutan los ciudadanos daneses. El informe de la Comisión Europea también deja bien paradas a dos de las tres repúblicas bálticas. Estonia y Lituania ocupan la segunda y tercera posición, con una demora de 39 y 50 días, respectivamente; por su parte, Letonia obtiene un peor resultado, con 161 días de espera media.

Otros países con buenos indicadores de eficiencia judicial serían Austria, Polonia y Hungría, donde el tiempo medio de resolución en primera instancia no llega a los dos meses. Para ser precisos, hablamos de 53 días de espera en Austria, 55 días en Polonia y 59 días en Hungría. A continuación nos topamos con Bulgaria (78 días), Eslovenia (82 días) y Holanda (87 días), donde el tiempo medio de resolución en primera instancia se mueve en el entorno de los tres meses de espera. Plazos más dilatados que los de Dinamarca, sin duda, pero aún dentro de un marco razonablemente eficiente.

Los siguientes clasificados de la tabla son Finlandia (111 días), Suecia (126 días) y Croacia (132 días). Detrás vienen Rumanía (154 días) y República Checa (161 días), además de la ya citada Letonia. Y justo después de este bloque de países nos topamos con España, donde hacen falta 238 días para que los casos civiles, mercantiles o administrativos queden sentenciados en primera instancia.

Tiempo-Medio-Resolucion-Litigios.png

Peor que nuestro país aparecen Eslovaquia (240 días), Francia(304 días), Italia (393 días), Malta (447 días), Grecia (que no ha ofrecido datos desde hace un lustro, pero que se movía en los 510 días en la edición para 2010), Portugal (710 días) y Chipre (1.085 días). Por tanto, a España le queda el consuelo de saber que estamos claramente mejor que el resto de economías del Mediterráneo.

El informe no recoge cifras de algunos países de la UE que no forman parte del proyecto de investigación de la Comisión. Es el caso de Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda o Reino Unido, relevantes economías del Viejo Continente para las que no tenemos datos comparables. Lo que sí incluye el documento es una serie comparada que nos permite comprobar cómo evolucionan los tiempos medios de espera. Aquí hay buenas noticias para España. Y es que, según el informe de 2010, el plazo de resolución de litigios en primera instancia se movía en un promedio de 291 días, frente a los 238 observados en el estudio de 2015.

Otro país que ha experimentado un cambio a mejor es Estonia, que en el último lustro ha reducido el plazo medio de resolución de litigios de 120 a 39 días. De no haber experimentado ningún progreso, el pequeño país báltico se habría quedado en el puesto 11. Sin embargo, el salto adelante observado en los últimos años ha sido suficiente para llegar a la segunda posición, por detrás de una Dinamarca donde también se ha dado una mejoría (de 27 a 17 días de espera media).

Donde las cosas no están cambiando a mejor es en Italia y Francia. La república transalpina parece haberse estancado en el entorno de los 400 días de espera. En 2010, su sistema judicial arrojaba plazos medios de 395 días, mientras que en 2015 sigue en 393. En cuanto a la república gala, la evolución ha sido a peor: 256 días en 2010, 304 en 2015.

http://www.libremercado.com/2017-04-23/la-justicia-espanola-resuelve-litigios-en-238-dias-frente-a-los-17-de-dinamarca-1276597368/