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La altura no puede ser un requisito para entrar en la Policía

 

¿Derechos o privilegios?

Cuando tengan que enfrentarse a un delincuente, ¿le recordarán que la estatura no es un requisito de ingreso en la policía?

¿Acabarán en servicios administrativos pero con los beneficios salariales de profesión peligrosa?

¿Mejorará o empeorará el servicio al ciudadano?

La consabida utilización del argumento de la igualdad para reclamar privilegios argumentando las habituales mentiras feminazis.

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Sentencia de Luxemburgo

La altura no puede ser un requisito para entrar en la Policía

Policías patrullan en las cercanías del estadio U Arena de Nanterre, al oeste de París. PATRICK KOVARIKAFP

BEATRIZ RÍOS

Bruselas

18 OCT. 2017

El TJUE considera discriminatorio hacia las mujeres que haya un umbral mínimo para servir y proteger

Según el tribunal, esta medida no garantiza necesariamente el buen funcionamiento de los servicios de Policía

La altura no puede ser un elemento definitivo para determinar quién será Policía. Muchos cuerpos de seguridad europeos tienen mínimos establecidos que excluyen de sus pruebas de acceso a hombres y mujeres. Lo que durante mucho tiempo ha sido denunciado por particulares y afectados, es ahora una cuestión europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado hoy que exigir una estatura mínima a los candidatos a entrar en la escuela de Policía, con independencia del sexo, puede constituir una forma de discriminación ilegal contra las mujeres, ya que la medida perjudica a un número muy superior de personas de sexo femenino que de personas de sexo masculino.

La alta corte de Luxemburgo reconoce que el ejercicio de determinadas funciones del cuerpo de policía puede requerir el empleo de la fuerza física, y por eso matiza que la normativa no constituye una discriminación indirecta prohibida si está “objetivamente justificada” para garantizar una finalidad legítima.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) subraya en cualquier caso que ciertas funciones de la Policía, como la regulación del tráfico o el auxilio ciudadano, no necesitan de especial fortaleza. Además, el Tribunal considera que suponiendo que todas las labores de la Policía exigieran una aptitud física particular, “no parece que dicha aptitud esté necesariamente relacionada con la posesión de una estatura mínima”.

Por lo tanto, para el TJUE, el requisito de una estatura mínima no garantiza forzosamente el buen funcionamiento de los servicios de Policía y sugiere que dicho objetivo podría alcanzarse “mediante medidas que no perjudicaran tanto a las mujeres”, como una preselección en base a las capacidades físicas de los candidatos.

La sentencia llega tras la denuncia de una ciudadana griega que fue excluida de las pruebas de acceso a la Escuela de Policía, por no alcanzar la estatura mínima de 1 metro y 70 centímetros exigida en la convocatoria.

“Aun suponiendo que todas las funciones ejercidas por la policía helénica exigieran una aptitud física particular, no parece que dicha aptitud esté necesariamente relacionada con la posesión de una estatura física mínima. En cualquier caso, el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión de la policía podría alcanzarse mediante medidas que no perjudicaran tanto a las mujeres, como una preselección de los candidatos que permita verificar sus capacidades físicas”, dicen los magistrados.

 

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/10/18/59e719ce22601d722d8b4678.html

 

El Congreso exige al Gobierno medidas para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres

 

Más privilegios basados en las habituales mentiras feminazis.

Las mujeres no cobran menos que los hombres por el mismo trabajo.

Si fuese verdad nadie contrataría hombres para así ahorrarse la diferencia en los salarios.

Además está severamente sancionado de forma que no merece la pena vulnerar la norma al respecto.

Da igual las obviedades, los datos, las declaraciones del ministro o del secretario general del sindicato… las feminazis no dudan en mantener sus falacias, instaurar un aparato de represión y exigir privilegios con la excusa de la igualdad.

Por supuesto, las medidas propuestas avanzan aún más en el control de las empresas y la creación de más estómagos agradecidos.

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El Congreso exige al Gobierno medidas para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres

18/10/2017

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes por unanimidad una moción de Unidos Podemos por la que se insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para corregir la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres en España.

Para lograrlo, los partidos piden la publicación de los salarios desglosada por género; que las empresas de al menos 50 trabajadores informen a éstos y los sindicatos de la remuneración media por categoría; o que se controlen los convenios colectivos para que no contengan cláusulas discriminatorias por razón de género.

Según ha explicado la portavoz de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, gran parte de estas medidas que se proponen ya están recogidas en las recomendaciones que la Comisión Europea trasladó en 2014 a los estados miembros, unas medidas que, según pedía, debían estar en marcha a finales de 2015. Sin embargo, España aún no las ha aplicado.

El texto firmado por todos los partidos representados en el Congreso, también llama a reforzar los sujetos con legitimación para la presentación de demandas por discriminación indirecta, dándole este poder, por ejemplo, a las asociaciones de mujeres, permitiendo así garantías específicas en el proceso de tutela de derechos fundamentales.

Potenciar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; reformar la normativa laboral y de funcionariado para favorecer la corresponsabilidad y la permanencia de las mujeres en el trabajo; aumentar de la tasa de actividad de las mujeres equiparando los permisos de maternidad y paternidad y con la racionalización de horarios y la financiación de una red de servicios sociales para la atención de las personas dependientes, son otros de los puntos más destacados de esta moción.

CIUDADANÍA Y SINDICATOS INVOLUCRADOS

Por parte del PP, su portavoz en esta materia, Celia Villalobos, ha señalado la necesidad e “involucrar a la sociedad” como acción “fundamental” para concienciar a los agentes sociales de que no se pueden negociar convenios colectivos con desigualdad porque, según ha denunciado, “siguen haciéndolo”, “Los sindicatos deben estar involucrados en esto”, ha señalado durante su intervención en el debate.

“La desigualdad tienen rostro de mujer”, ha declarado por su parte la diputada del PSOE Tamara Raya, quien ha apuntado que en el país existen “trabajadores pobres” y, en su mayoría “son mujeres”. Para la socialista, los problemas de la sociedad en esta materia son consecuencia de una Administración que no sabe solucionar la “inacción” de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien a su juicio, “marea la perdiz” para no reconocer la brecha salarial existente. “Póngase a trabajar y cumpla con el deber de luchar decididamente contra esta situación”, ha pedido Raya.

Del mismo modo, la portavoz de Ciudadanos en materia de Igualdad, Marta Martín, ha hecho un llamamiento a sus compañeras diputadas para denunciar que en el propio Congreso hay desigualdad salarial y les ha recordado que no existe un Plan de Igualdad en este sentido. “Os animo a que lo apoyéis y lo consideréis”, ha apuntado Martín, quien ha pedido para ella el mismo respeto y responsabilidad que sus compañeros varones.

En este sentido, el portavoz de PNV en este debate, Iñigo Barandiarán, ha destacado que la brecha salarial “no es un mero compromiso de las mujeres” sino de toda la sociedad y, aunque ha señalado que algunos puntos de la moción son “mejorables”, ha apuntado que “en lo fundamental” apoyan la iniciativa, destacando, además, el acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-congreso-exige-gobierno-medidas-eliminar-brecha-salarial-hombres-mujeres-20171017192052.html

El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

 

Se amplía la industria del maltrato agravando la inícua ley de violencia de género.

Más privilegios, más dinero público para alimentar estómagos agradecidos.

Todo ello basado en las consabidas mentiras feminazis.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

 

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El Congreso aprueba el pacto para atajar la violencia machista con la abstención de Podemos

El acuerdo incluye considerar a las madres de hijos asesinados como víctimas

Ruth Ortiz sigue las intervenciones en el pleno del Congreso de los Diputados desde la tribuna de invitados. LUIS SEVILLANO

PILAR ÁLVAREZ

Madrid  28 SEP 2017

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves las 213 medidas para poner en marcha el Pacto de Estado para atajar la violencia machista. La propuesta ha salido adelante con 278 votos a favor y 65 abstenciones de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto.

Es el primer gran acuerdo de la legislatura y persigue que las mujeres y sus hijos estén protegidos en todo momento con medidas institucionales, educativas, judiciales o sanitarias, entre otras.  Contempla actuaciones para prevenir la violencia machista desde el colegio e incorpora como víctimas a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o exparejas para hacerles daño.

Más de un millar de mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde enero de 2001. Son 1.006 fallecidas, según el recuento elaborado por EL PAÍS desde entonces. En lo que va de año, hay 37 mujeres y seis menores asesinados, y cuatro casos en investigación. La última mujer muerta, de Cartagena, solo tenía 20 años y había denunciado a su pareja por amenazas apenas una hora antes de que morir asesinada. En Sestao, este mismo jueves, se investiga si otra mujer hallada muerta ha caído a manos de su pareja.

Los pactos de Estado alcanzados en democracia en España se pueden contar apenas con los dedos de una mano. Desde los históricos pactos de La Moncloa, de 1977, al pacto de Toledo centrado en las pensiones (1995) a los cuatro grandes acuerdos antiterroristas rubricados entre 1987 y 2015 contra ETA y el yihadismo. De ahí el empeño que han mostrado distintos grupos políticos para intentar la unanimidad que finalmente no se ha conseguido.

Los acuerdos del pacto, que en un plazo máximo de dos meses debe ser trasladado ahora a comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades, será vigilado por una comisión de seguimiento que aún se debe constituir. Algunos requieren reformas legislativas.

Incluir  entre las víctimas de violencia machista a las madres de hijos asesinados supone que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación. En la tribuna, entre las asistentes al pleno, ha estado Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, a los que mató el padre, José Bretón. “Ya era hora”, ha asegurado Ortiz en una entrevista en la SER horas antes del debate. La madre de los dos menores asesinados ha asegurado sentirse “contenta” por el acuerdo porque supone “un paso bastante importante” para la lucha contra la violencia de género.

“Por todas las Ruth de España vamos a luchar contra esta lacra”, ha señalado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, mirando a Ortiz desde su asiento. “El maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha añadido.

El pleno ha votado las medidas recogidas en el informe elaborado a lo largo de los últimos seis meses por la subcomisión que se creó para impulsar el pacto y que ha escuchado a más de 60 expertos de distintos ámbitos. La previsión es incluir 1.000 millones de euros en los próximos cinco años, 200 millones anuales.

Enmienda a la totalidad

Unidos Podemos se ha abstenido tras presentar una enmienda “crítica” a la totalidad. “Este pacto no nos vale aunque las medidas que están ahí sean buenas. En primer lugar porque no sabemos cuándo se van a poner en marcha”, ha señalado Ángela Rodríguez (En Marea) “No sabemos para quién es el pacto. No vale ni para las mujeres pobres, transexuales ni con diversidad funcional”, según Rodríguez. “Han dejado fuera también a las violadas”. La diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón ha añadido en la tribuna que su confederación no respalda la propuesta porque “es un pacto de mínimos, no es un pacto feminista y no soluciona el problema”. “Mientras estamos aquí haciendo discursos con florituras están discriminando, violando y asesinando a mujeres en este país”, ha añadido.

“Estos acuerdos atienden a la necesidad de comprometer más activamente al Estado en la lucha de la violencia que sufre las mujeres solo por el hecho de serlo”, ha resumido la diputada Ángeles Álvarez (PSOE), que reclamó en su intervención a Unidos Podemos que “actúen con responsabilidad”. “El mejor ejemplo que hoy daremos no estará en la ruptura de la unidad”, ha dicho. “Tampoco está todo el presupuesto y todas las medidas que hubiese querido el PSOE pero todo lo que está es útil al conjunto de las víctimas”, ha señalado en referencia a los diputados abstencionistas. Su partido reclamará un crédito extraordinario de 200 millones de euros si la aprobación de los presupuestos se prorrogan aún más tras la paralización de las nuevas cuentas del Estado por la crisis catalana.

El caso Juana Rivas

Durante la tramitación en el Senado se incluyó una medida que pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género. Recuerda el caso vivido este verano por la granadina Juana Rivas, que se escondió con sus hijos durante un mes para no devolverlos al padre, condenado en 2009 por maltrato y que en la actualidad está con los menores en Italia. Uno de los votos particulares del PSOE alude a que los casos de sustracción de menores en los que hay malos tratos los lleven juzgados especializados, como reclama desde hace más de un año la defensa de Rivas. “Lo que ha ocurrido con Juana Rivas no hubiese pasado si la competencia penal para estos casos estuviera en los juzgados de Violencia”, ha añadido Álvarez.

ENTRE LAS PRINCIPALES MEDIDAS

  • Madres víctimas. Las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas de violencia machista y podrán acceder así a la asistencia, ayuda y protección establecida para ellas.
  • Protección antes de denunciar. Se ampliará la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal, para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral.
  • Prevención precoz sanitaria. Se desarrollarán protocolos de detección de víctimas de violencia machista en urgencias y atención primaria. Se pondrá en marcha una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos.
  • Protección de los huérfanos y de hijos de las víctimas. Las personas que ostenten la patria potestad de huérfanos por violencia de género tendrán beneficios fiscales (excepto el maltratador) y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos recibirán atención psicológica y pedagógica. Tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas.
  • Sin custodia compartida para padres maltratadores. También se suspenderá el régimen de visitas y estará prohibido que los hijos menores acudan a la cárcel a ver a sus progenitores.
  • Se suprimen atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño. Se perfeccionará la tipificación de los delitos en el ámbito digital.
  • Derecho de dispensa, a revisión. El documento acuerda “evitar los espacios de impunidad” que se derivan de la legislación actual, que dispensa a la víctima de la obligación de declarar en un juicio.
  • Se crean unidades de apoyo. Serán multidisciplinares y ofrecerán atención permanente para acompañar y proteger a las víctimas. Se hará un seguimiento individualizado de cada caso para garantizar la ayuda y evitar riesgos de agresiones.
  • Dependencias separadas. El pacto prioriza la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor.
  • Refuerzo de la seguridad. Se establecerán unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana y se incluirá a los hijos e hijas en las valoraciones de riesgo.
  • Prevención en la escuela. Los centros educativos de todos los ciclos impulsarán medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia. En los libros de Historia se incluirá el Movimiento Feminista. No se exigirán requisitos académicos para la concesión y mantenimiento de becas y ayudas al estudio cuando se acredite una situación de violencia machista.
  • Vigilancia de los medios. Se impulsará, de acuerdo con los medios y profesionales audiovisuales, una imagen de la mujer libre de estereotipos y se desarrollará un Código de Publicidad no sexista. El Observatorio de la Imagen de las Mujeres denunciará contenidos denigrantes y discriminatorios en los medios de comunicación.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/actualidad/1506588859_420508.html

 

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 79 Pág. 1 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN Sesión plenaria núm. 75 celebrada el jueves 28 de septiembre de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-79.PDF

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

3 de agosto de 2017

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-199.PDF#page=3

El Congreso aprueba el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=25507&anyo=2017&mes=9&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null

Ley de Ingresos Mínimos y Violencia de Género

28-9-2017

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=25406&mostrarvolver=N

 

Las madres de hijos asesinados serán consideradas como víctimas de la violencia de género

 

Nuevos privilegios para un colectivo a costa del resto de la sociedad.

Resulta aún más indignante dado que la inmensa mayoría de los niños asesinados o maltratados lo son por sus madres.

Las conocidas mentiras feminazis para sustentar la industria del maltrato de la que viven miles de estómagos agradecidos.

La igualdad ante la ley feminazi.

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Las madres de hijos asesinados serán consideradas como víctimas de la violencia de género

Subcomisión para un pacto de estado contra la violencia de género el pasado 28 de julio. BERNARDO DÍAZ

EFE – Madrid -27 sep. 2017

Podemos se abstiene y no vota a favor de las 212 medidas del pacto de Estado de violencia de género

Unanimidad política en 200 medidas para lograr el Pacto de Estado contra la violencia de género

Todos los grupos políticos han consensuado una propuesta para incluir en el pacto de Estado de Violencia de Género que se considere víctimas de este tipo de maltrato a las madres cuyos hijos hayan sido asesinados por sus parejas o ex parejas. El pacto contra la violencia de género se vota mañana jueves en el Pleno del Congreso para su aprobación definitiva e incorporará esta medida a través de un voto conjunto de todos los grupos, según han explicado los portavoces parlamentarios.

El Pleno de la Cámara Baja va a votar las 213 medidas recogidas en el informe elaborado por la Subcomisión para impulsar el pacto de Estado de Violencia de Género, que fue avalado por la Comisión de Igualdad el 28 de julio, con los votos a favor de todos los partidos, excepto Podemos, que se abstuvo y que parece que volverá a hacerlo.

El debate incorporará esta propuesta consensuada, a iniciativa del PSOE, para que se reforme la Ley Integral de Violencia de Género y se reconozca como “víctimas directas” a estas madres, para que tengan acceso a la asistencia, ayuda y protección prevista en la legislación. Además de la votación de las medidas, con una dotación económica de 1.000 millones en cinco años, se van a debatir otros votos particulares de algunos grupos.

La portavoz socialista, Ángeles Álvarez, va a defender 12 votos particulares para que se remitan al Gobierno junto al texto de las medidas, además de las iniciativas que ya fueron respaldados en la Comisión, como la reforma del aborto en relación con las menores para que no precisen el consentimiento de sus padres en caso de maltrato.

Los socialistas también proponen cambiar la ley que permite a las mujeres no declarar contra sus parejas, anulando en muchos casos la única prueba de cargo contra los maltratadores, y que se garantice el derecho de reparación del daño cuando el Estado tiene responsabilidad por una mala praxis de las administraciones. “Nos preocupa la celeridad de la puesta en marcha de las medidas”, ha dicho Álvarez, quien va a pedir que el primer presupuesto que se haga para la ejecución del pacto sea de, al menos, 200 millones de euros. “El pacto es necesario, seremos leales con los acuerdos y ahora esperamos que el Gobierno también lo sea”, ha añadido.

Unidos Podemos mantiene los argumentos de su enmienda a la totalidad y los 34 votos particulares, por lo que tiene previsto volver a abstenerse en la votación definitiva del pacto, según ha confirmado su portavoz Ángela Rodríguez. “En estos momentos, sabiendo que nadie va a apoyar nuestra enmienda a la totalidad, ni ninguna otra propuesta, nuestro voto será la abstención”, ha dicho la parlamentaria. Para el grupo, aunque el pacto “tiene medidas que están bien, pero es insuficiente y no tiene garantía presupuestaria, ni de ejecución y no se sabe cuándo se van a poner en marcha y más ahora que se han aplazado los presupuestos”.

Unidos Podemos justifica su abstención en “diferencias políticas de enfoque muy profundas”, porque entiende que “las políticas de igualdad son la mejor manera de hacer prevención contra la violencia de género y todas las medidas en materia de igualdad que propusimos fueron rechazadas, diciendo que era un pacto de violencia y no de igualdad”. Además, Rodríguez ha lamentado que el pacto no incorpore todas las formas de violencia, tal y como prevé el Convenio de Estambul.

Desde Ciudadanos, Patricia Reyes ha destacado la importancia de que se consiguiera mañana la unanimidad “porque las medidas aprobadas en el pacto van a traer cosas muy positivas a la lucha contra esta lacra”. Su partido va a defender en un voto particular que se establezca “un sistema de control del dinero, para que las distintas asociaciones o administraciones tengan que rendir cuentas y se evalúe la eficacia de esa medida o en su caso se dedique a otra cosa”.

La portavoz del PP, Carmen Dueñas, ha apelado a los grupos a lograr “esa unanimidad para el primer pacto de Estado que se cierra en la Cámara”.”Lo importante era conseguir un paquete de medidas, seguro que hay que hacer muchas más cosas”, ha reconocido la parlamentaria popular, quien ha señalado que hay que seguir trabajando en esta lucha que deja “cifras preocupantes” de víctimas.

La diputada del Grupo Mixto, Marta Sorlí, ha anunciado su apoyo al texto, que entienden “sería mejorable, pero también es un avance para incluir recursos y propuestas contra la violencia de género, más allá de los matices de cada partido”. La parlamentaria de Compromis ha explicado que su grupo presenta tres votos para reclamar una ley marco de violencias machistas, equiparar las víctimas de maltrato a las del terrorismo e incluir la prostitución como una forma de este tipo de maltrato

 

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/27/59cbc9ac22601d07618b45b9.html

 

IU pregunta al Gobierno por qué permite que los jueces impongan la custodia compartida

 

No es de extrañar siendo los herederos ideológicos de Engels y Marx y su concepción de la sociedad en general y de la familia en particular.

Conviene tener en cuenta a la hora de votar quien te roba a tus hijos prohibiendo la lógica Custodia Compartida.

Lo sorprendente es que aún haya quien los vote.

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IU pregunta al Gobierno por qué permite que los jueces impongan la custodia compartida

MADRID, 24 Septiembre 2017. (EUROPA PRESS) –

Los diputados de Izquierda Unida en el Congreso, Alberto Garzón y Ascensión de las Heras, han registrado una pregunta dirigida al Gobierno en la que le piden que aclare su disposición a reformar el Código Civil que en la actualidad está permitiendo judicialmente se imponga la custodia compartida en los casos de separación o divorcio cuando hay menores de por medio, a pesar del “coladero de casos aberrantes”.

Así, detallan que esta práctica de corresponsabilidad parental se está aplicando entre parejas donde existe una mala relación, conflictividad, violencia, o en casos donde no se tiene en cuenta la edad del menor, la distancia entre los domicilios, alguno de los progenitores no se ocupa personalmente del menor de manera continua, dejándolo en manos de terceros incluso cuando se tiene disponibilidad para ello.

La formación ha lanzado esta cuestión al Gobierno tras mantener un encuentro en el Congreso con representantes de asociaciones que desde hace tiempo demandan una solución jurídica a este problema.

Por ello, quieren que el Gobierno aclare si está dispuesto a reformar el Código Civil y suprimir el punto 8 del artículo 92, relativo a la guarda y custodia, que permite este tipo de casos cuando uno de los progenitores la solicita, con el fin de proteger el interés superior del menor.

Desde que en 2005 se reformara este punto Garzón y De las Heras subrayan que “fiscales y jueces actúan de forma arbitraria y subjetiva”, sobre todo “al no tener en cuenta” la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia, ni el “perjuicio irreparable” que, en su opinión, “se está haciendo a los menores”.

No queda fundamentado de forma racional que de esta manera se proteja el interés superior del menor, que es un concepto jurídico abstracto, atentando sin embargo contra el derecho fundamental del menor a un adecuado desarrollo de su vida y su personalidad”, denuncian ambos diputados de IU.

Según subrayan, sus madres, al tratar de defenderlos, se encuentran con que las pruebas “no son tenidas en cuenta” y que “son silenciadas” por parte de los juzgados “con la amenaza implícita de perder la custodia, sufriendo un daño moral irreparable”.

CUSTODIA COMPARTIDA SÍ, PERO DE MUTUO ACUERDO

Para los diputados de Izquierda Unida la custodia compartida debe alcanzarse de mutuo acuerdo, ya que requiere de una alta concienciación entre los progenitores que deben tener una buena comunicación, sin conflictividad, para seguir un mismo modelo de educación y crianza.

Finalmente, reprochan al Gobierno que, pese a la promesa del exministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, y de su sucesor en el cargo, Rafael Català, de emprender una reforma en la materia, “los casos de imposición judicial de custodia compartida son una constante aunque medien sentencias firmes de violencia machista, maltrato y abusos sexuales a los menores o a bebes aún en periodo de lactancia, a los que se separa obligatoriamente de la madre durante una semana”.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-iu-pregunta-gobierno-permite-jueces-impongan-custodia-compartida-20150924143312.html

Montserrat: «No hay mujer con pulsera contra la violencia de género que haya sido asesinada»

 

La industria del maltrato continua boyante.

La ministra presume de gastar 15.000.000 de euros en una nueva remesa de pulseras para controlar a los maltratadores. El contrato “mayor de la democracia”.

Ni que estuviesen chapadas en oro.

La ministra miente cuando dice que ”no hay mujer que tenga pulsera que haya sido asesinada” cuando la realidad es bien distinta pues las pulseras no impiden que las mujeres sean asesinadas. Basta una sencilla búsqueda en internet para comprobar que la ministra miente.

De hecho, tres cuartas partes de las pulseras ni siquiera se usan lo que no impide que se hayan comprado varias remesas en estos años cuyo destino ha sido coger polvo en los almacenes correspondientes.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

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Montserrat: «No hay mujer con pulsera contra la violencia de género que haya sido asesinada»

El nuevo contrato del Gobierno, dotado con 15 millones de euros, es el «mayor de la democracia»

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso – EFE

PALOMA CERVILLA

Madrid – 20/09/2017

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado que la instalación de pulseras de protección en las mujeres víctimas de violencia de género se ha incrementado un 41% desde julio de 2016 a julio de este año, alcanzando las 4.786 más. Ello supone que «no hay mujer que tenga pulsera que haya sido asesinada» y que se incrementa la protección.

Montserrat respondía con este dato a la pregunta de la diputada popular Elena María Bastidas sobre «el contenido del nuevo contrato de adquisición de pulseras para la protección de las víctimas de la violencia de género autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de septiembre».

La ministra aseguro que es el «contrato mayor de la democracia», dotado con un presupuesto de 15 millones de euros, y que las ventajas son «la renovación tecnológica al pasar del 2G, al 3G y el 4G, lo que redunda en mayor seguridad para las víctimas. El contrato también prevé la sustitución progresiva de las pulseras más antiguas a las más actualizadas».

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-pulseras-proteccion-contra-violencia-genero-aumentan-41-por-ciento-201709201155_noticia.html

 

La ayuda valenciana por violencia machista se equiparará a la del terrorismo

 

Más dinero público para la industria del maltrato.

Más estómagos agradecidos viviendo a costa del dinero de todos.

Todo ello basado en las conocidas mentiras de las feministas y suprimiendo derechos y libertades sustentados en principios jurídicos elementales. La igualdad ante la ley o la presunción de inocencia seguirán siendo conculcados por el hecho de pertenecer a un colectivo.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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La ayuda valenciana por violencia machista se equiparará a la del terrorismo

Firma del pacto.

Firma del pacto.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere firmado hoy recoge cerca de 300 medidas

EFE – Valencia

Lunes, 18 septiembre 2017

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere recoge cerca de 300 medidas para situar la violencia machista como un problema social estructural, entre las que destaca la equiparación de las ayudas a estas víctimas con las que perciben los muertos por acciones terroristas.

Esto implica que las ayudas pasen de los 6.000 euros actuales a 75.000 y se une a otras acciones encaminadas a fomentar la educación en igualdad o atajar las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, además de una ampliación presupuestaria del 10 %, que en el caso de la Conselleria de Igualdad llegará a los 12 millones de euros.

El pacto, suscrito hoy por 63 representantes de diferentes instituciones y entidades, ha sido firmado en el Centre del Carme y presentado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en un acto al que han asistido representantes políticos y de la sociedad civil.

Puig ha afirmado que con esta firma se pasa de las palabras a los hechos ante una realidad que “no es tolerable”, mientras que Oltra, que también es consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha dicho sobre esta lucha: “La vamos a ganar porque tenemos la razón”.

 

http://www.lasprovincias.es/comunitat/ayudas-valenciana-violencia-genero-20170918125647-nt.html

 

El Senado incluye una medida para evitar otro caso Juana Rivas en sus propuestas para el Pacto de Estado de Violencia de Género

 

El negocio de la industria del maltrato se amplia.

No les importa conculcar derechos fundamentales.

Si bien la mayor parte de las medidas acordadas ya están en vigor desde hace años, algunas desde la promulgación de la aberrante ley en 2004, se implementarán otras que no hacen sino agravar lo hecho hasta ahora otorgando aún más privilegios a un colectivo a costa de vulnerar los derechos del resto.

Son medidas para asegurarse la imposibilidad de defensa del acusado para facilitar la creación de estadísticas amañadas y poder justificar las propias medidas, los nuevos privilegios y la creación de nuevas partidas presupuestarias para crear nuevos puestos de trabajo para colocar a amigos y afiliados.

El colectivo de vividores de la industria del maltrato siguen lucrándose a costa del engaño constante de la violencia de género.

Tendrán su Nuremberg y su Spandau.

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267 medidas por unanimidad

El Senado incluye una medida para evitar otro caso Juana Rivas en sus propuestas para el Pacto de Estado de Violencia de Género

EUROPA PRESS – Madrid – 13 SEP. 2017

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los miembros de la Cámara (250 votos), el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio para alcanzar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene un total de 267 propuestas y recomendaciones al Gobierno, divididas en ocho apartados.

La votación del acuerdo ha concluido con una ovación de todos los parlamentarios y la enhorabuena del presidente, Pío García Escudero, a los miembros de la Ponencia. Lo que se ha ratificado ha sido la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, con un total de 267 medidas. También se han valorado 13 votos particulares, nueve del PSOE y cuatro de Unidos Podemos, que han sido rechazados con la mayoría parlamentaria del PP en la Cámara Alta.

Entre las medidas más destacadas, la Cámara Alta decidió incorporar una relacionada con el caso vivido este verano por Juana Rivas. Así, pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género.

Otras medidas llamativas proponen sustituir la declaración de la víctima de violencia de género en el juicio oral por la videograbación de su declaración en fase de investigación para evitar “una segunda victimización y la impunidad de los agresores” y estudiar las posibilidades en torno al derecho de dispensa de la víctima respecto al agresor. Igualmente, contempla el derecho de los jóvenes que han sufrido violencia de género a quitarse el apellido del padre maltratador.

En el marco de la ampliación del concepto de violencia de género a otros tipos -trata, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia sexual-, incluye un apartado específico en el que se contempla la realización de un plan de acción que visibilice la violencia sexual -a través de la recogida de datos y una macroencuesta-; así como que se realicen protocolos que actúen contra el “acoso callejero o la violencia sexual en las fiestas populares”.

También sugiere modificar la legislación con el fin de “dejar en suspenso” el régimen de visitas para los padres maltratadores durante la tramitación del procedimiento, y hasta que recaiga sentencia. Asimismo, contempla rechazar la custodia compartida en supuestos de violencia machista para que el menor no quede desprotegido; y la suspensión de la misma, si ya estaba acordado este régimen, en los casos en que se haya adoptado una orden de protección para la madre o para el menor. Para que los menores puedan recibir tratamiento psicológico, insta a eliminar el consentimiento informado de los padres y bastará con “ponerlo en conocimiento” de la otra parte.

El informe recoge, asimismo, impulsar con las comunidades autónomas que los puntos de encuentro familiar sean siempre específicos y no sean utilizados como instrumento de mediación, sino para aquellos supuestos en los que el juez establezca un régimen de visitas.

Además, insta a abordar en las estadísticas los abusos sexuales a menores y a realizar una Macroencuesta que saque a la luz el número de menores que sufren abusos sexuales. En cuanto a las madres de los niños asesinados por sus padres en el marco de esta violencia machista, sugiere que se reconozca a estas madres también como víctimas de violencia de género.

Para evitar la rebaja automática de la pena al maltratador por declararse culpable, insta a estudiar y valorar, junto al Consejo General del Poder Judicial, la supresión de este atenuante de confesión en delitos de asesinato por violencia de género.

Por otro lado, solicita la reforma del artículo de la Ley contra la violencia de género que regula la asistencia letrada a las víctimas para garantizar, “desde el primer momento y para todas las actuaciones y comparecencias en sede judicial” el derecho de la mujer a contar con la defensa de un abogado de forma gratuita. Asimismo, pide que las mujeres tengan acceso a apoyo y recursos sin necesidad de presentar denuncia, pudiendo ser acreditada su condición de víctima por los servicios sociales o sanitarios.

La unanimidad que no se logró en el Congreso

El Senado ha conseguido así mantener la unanimidad que el Congreso no logró en su comisión en julio cuando debatió su propio informe, ya que Podemos, ante la sorpresa de todos, decidió abstenerse. El informe de la Cámara Alta será remitido al Gobierno, junto con el del Congreso (que recogía 212 medidas), aunque el pleno de la Cámara Baja no tiene previsto aprobarlo hasta al menos finales de septiembre, según han confirmado fuentes parlamentarias.

A partir de las aprobaciones de los textos por los plenos de ambas Cámaras legislativas, el Ejecutivo tendrá dos meses para implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que prevé contar con un presupuesto de 1.000 millones de euros a repartir entre ayuntamientos, autonomías y Administración Central del Estado.

Durante la presentación del informe de la ponencia, la senadora ‘popular’, presidenta de la Comisión de Igualdad y ex secretaria de Estado de Igualdad,Susana Camarero, ha explicado que es fruto del “duro trabajo” de la ponencia de estudio y ha agradecido a todos los ponentes “su dedicación y esfuerzo”, su”voluntad de diálogo y consenso” y su “vocación de servicio”.

Además, la presidenta de la Comisión de Igualdad ha defendido que este informe es resultado de “un consenso histórico” y ha puesto de manifiesto que “sólo, desde la fuerza de la unanimidad”, se podrá acabar con el machismo y la violencia sobre la mujer.

Votos particulares y discrepancias

En el turno de defensa de los votos particulares, que han sido rechazados, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos ha explicado que su voto quería añadir el concepto de “diversidad funcional” porque, desde su punto de vista, “refuerza el valor de la dignidad”.

Por parte de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la senadora María Freixanetha detallado que su partido aboga por la creación de una ley marco contra todas las violencias machistas y después otras específicas para evitar la categorización de víctimas. Asimismo, la senadora de la formación morada ha declarado que falta “rigor en los compromisos” presupuestarios y que la distribución de los mismos es “arbitraria”. Además, cree que existe “falta de concreción” en algunos puntos. Así, considera que sus votos particulares “mejorarían” este informe, con propuestas que “generan acuerdo” en su gran mayoría.

Tras presentar sus nueve votos particulares, la senadora socialista Laura Berja ha dicho que “el tiempo apremia” para poner fin a esta lacra. En concreto, Berja ha indicado que el PSOE proponía reconocer la prostitución como una forma de violencia de género y abolirla, así como incorporar la explotación reproductiva de la mujer (gestación subrogada) como violencia de género y reconocer el impago de las pensiones alimenticias como violencia económica, entre otras cuestiones.

http://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/13/59b96dd7468aeb097e8b465d.html

 

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

EUROPA PRESS

MADRID, 28 Jul.

268 medidas acordadas por el Senado y 13 discrepancias 212 medidas acordadas por el Congreso contra la Violencia de Género y 63 discrepancias

El Senado aprueba por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género y rechaza 13 votos particulares

La Cámara Alta pide que en casos como el de Juana Rivas, la mujer no pueda ser acusada de sustracción de menores

La Comisión de Igualdad del Senado ha aprobado por unanimidad 268 medidas para el Pacto contra la Violencia de Género, y ha rechazado, con la mayoría del PP, 13 votos particulares, 9 presentados por el PSOE y 4 presentados por Podemos.

El texto será debatido en el pleno de la Cámara Alta el próximo 12 de septiembre, según han informado a Europa Press en fuentes parlamentarias y se podrán volver a registrar votos particulares durane ese debate hasta el próximo 4 de septiembre.

El acuerdo pactado el pasado lunes por la Ponencia de estudio ha incorporado como novedad una nueva medida a través de un voto particular suscrito por todos los grupos de la Comisión que pretende evitar que se produzcan casos como el de la granadina Juana Rivas.

Concretamente, la Cámara Alta pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor.

El pacto recoge medidas en el ámbito asitencial, legislativo y educativo para mejorar la protección a las víctimas, así como sus hijos y a los huérfanos de la violencia de género y para atender la violencia sexual, con un presupuesto pactado de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años. Durante el debate, todos los grupos parlamentarios se han mostrado “orgullosos” del consenso alcanzado e incluso desde el PP se ha asegurado que la Comisión del Congreso no es tan “cordial” como la del Senado.

Sin embargo, la mayoría del PP ha sido suficiente para que se rechacen los nueve votos particulares presentados por el PSOE y los cuatro presentados por Podemos. Los ‘populares’ han argumentado el rechazo de los votos particulares argumentando que muchas de las medidas dependen de la negociación con las comunidades autónomas.

Las propuestas del PSOE perseguían la aprobación de medidas tendentes a abolir la prostitución; permitir a las menores de 18 años víctimas de violencia de género o intrafamiliar que quieran abortar que no requieran el consentimiento paterno; reconocer el impago de pensiones alimenticias como violencia económica; o dignificar la jubilación para las mujeres víctimas de violencia de género que hayan recibido una Renta Activa de Inserción.

Asimismo, pedían incorporar en la educación la aportación de las mujeres al conocimiento; reconocer la “explotación reproductiva” (gestación subrogada) como violencia contra las mujeres; reformar la Ley para evitar el uso de la custodia compartida como preferente y mantenerla como excepcional; y acotar los plazos de tramitación de cada una de las medidas; y garantizar la asignación de procurador desde el momento en el que se designe abogado.

En cuanto Podemos, quería ampliar el concepto de violencia de género más allá de la ejercida contra sus mujeres por sus parejas o ex parejas; advertir de que la asignación económica es “arbitraria” y “sin garantías; exigir una formación “estructural” en Igualdad; y que la acreditación de las víctimas de violencia de género más amplia que no dependa solo del juez, algo que sí se ha contemplado en el acuerdo del Congreso.

POSIBLE “MÁS ALLÁ” DE IDEOLOGÍAS

Para la presidenta de la Comisión de Igualdad y senadora del Grupo Parlamentario Popular, Susana Camarero, este acuerdo demuestra que el consenso “es posible”, aún defendiendo cada uno “sus intereses e ideologías”. “Hemos demostrado que el pacto y el acuerdo es posible más allá de las ideologías”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

“Estamos al lado de todas las víctimas, las que denuncian y las que no denuncian, porque hay un conjunto de medidas donde se pone de manifiesto que la denuncia ya no es la puerta de salida al maltrato, que hay otras formas de dar la condición de víctimas a las mujeres”, ha comentado la ‘popular’, resaltando también su preocupación de una “forma especial” por los menores y los jóvenes.

En este sentido, ha subrayado la incorporación de las medidas “necesarias” para evitar casos como el de la maltratada Juana Rivas, y evitar así que estas mujeres “puedan ser acusadas de sustracción de menores”.

SENSACIÓN “AGRIDULCE” DEL PSOE

Sin embargo, la senadora del Grupo Socialista Laura Berja ha asegurado que sale de este acuerdo con una “sensación agridulce” pero con una “actitud positiva, porque, en su opinión, “se han quedado cosas en el tintero”. “Espero que el pacto remueva conciencia y cambie actitudes”, ha apuntado la socialista.

“Necesitamos involucrar a todas las instituciones y agentes sociales. El PSOE estará vigilante a través de la Comisión de Seguimiento”, ha advertido, al tiempo que ha pedido que se “respeten” los compromisos presupuestarios.

Durante su intervención en la Comisión, la senadora de Podemos María Freixanet, ha asegurado que el informe, que recoge aquellas propuestas que “generan acuerdo”, “avanza” en la protección de las mujeres. “Estamos de acuerdo en trasladar estas propuestas para la firma de un Pacto de Estado”, ha indicado.

PODEMOS, DE ACUERDO EN TRASLADAR LAS PROPUESTAS A UN PACTO

“No creía que pudiéramos llegar hasta aquí, hasta esta apertura de miras con la que se ha trabajado. Hemos trabajado para detectar los fallos del sistema en la lucha contra la violencia de género, fallos como el del caso de Juana y sus hijos”, ha dicho Freixanet en contraste con sus compañeros del Congreso, que han decidido finalmente abstenerse en el acuerdo por considerarlo insuficiente.

SE VERÁ UN “CAMBIO RADICAL”

En la misma línea, la senadora del Grupo Parlamentario Vasco María Eugenia Iparragirre, ha destacado que el paso es “importante” pero que tiene que ser “un punto y seguido”; y Elisenda Pérez, de Esquerra Republicana, ha asegurado que si se aplican las medidas del informe se verá un “cambio radical” en la lucha contra la violencia machista.

“Todos tenemos que ponernos gafas de género desde que nos levantamos y aportar nuestro granito de arena, porque estamos ante una cuestión de Estado”, ha comentado Yaiza Castilla Herrera, de la Agrupación Socialista Gomera, del Grupo Parlamentario Mixto.

Por último, la senadora del PDeCAT Elisabet Abad, que ha actuado en sustitución del senador del Grupo Nacionalista, Pablo Rodríguez, ha celebrado el acuerdo y el trabajo realizado por todos los participantes en la Ponencia.

 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-senado-aprueba-unanimidad-268-medidas-pacto-contra-violencia-genero-rechaza-13-votos-particulares-20170728141612.html

 

Un padre espera nueve meses para ver a su hijo en el punto de encuentro de la Junta que investiga la juez

 

El negocio de los Puntos de encuentro a costa del sufrimiento de padres e hijos y sustentado con el dinero público.

Los niños se entregan y recogen en el colegio y en vacaciones en el domicilio del progenitor que corresponda. Y a quien no cumpla se le aplica la ley. Incluido el Código Penal. Basta con ejecutar las sentencias de acuerdo a la ley.

Basta con aplicar la Custodia Compartida por defecto, tal y como estipula la jurisprudencia, y respetar la propiedad privada, tal y como estipula la Constitución, para evitar el 99% de los conflictos tras las separaciones.

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Un padre espera nueve meses para ver a su hijo en el punto de encuentro de la Junta que investiga la juez

Silvia Moreno

Sevilla

5 SEP. 2017

Una adolescente pasa por el punto de encuentro de la Junta en Sevilla. ESTHER LOBATO

Los puntos de encuentro familiar de la Junta andaluza acumulan retrasos y listas de espera, según el Defensor del Pueblo

Una juez investiga “vejaciones” a menores en un punto de encuentro de la Junta de Andalucía

La denuncia de cinco padres sobre «vejaciones e insultos» a menores y otras irregularidades en un punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía en Sevilla que está investigando una juez, como informó EL MUNDO, se suma a las reiteradas quejas sobre el funcionamiento de estos equipamientos que ha realizado el Defensor del Pueblo andaluz. Un padre tuvo que esperar nueve meses -desde mayo de 2016 hasta enero de 2017- para poder ver a su hijo en el punto de encuentro que gestiona la Asociación Humanos con Recursos en Sevilla.

El progenitor acudió a la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, que dirige Jesús Maeztu, en busca de ayuda. Esta institución lleva años recibiendo quejas ciudadanas sobre el mal funcionamiento de estos centros, en los que progenitores afectados por separaciones traumáticas, condenados por violencia de género o con orden de alejamiento de sus ex parejas retoman el contacto con sus hijos bajo supervisión judicial o los entregan y recogen en cumplimiento del régimen de visitas.

Fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz indicaron a este diario que las denuncias ciudadanas sobre los puntos de encuentro de la Junta «siempre» han estado presentes en las quejas dirigidas a la institución, por el «malestar» de los padres ante alguna de las decisiones que se toman y también por los retrasos de varios meses o incluso las listas de espera que han debido sufrir antes del encuentro con sus hijos.

Es el caso del padre que esperó nueve meses para poder ver a su hijo, como detalla una de las últimas resoluciones sobre los puntos de encuentro del Defensor del Pueblo andaluz, fechada en abril de 2017, y que está colgada en la web con el título: «Tras dos años de espera, podrá visitar a su hijo en el punto de encuentro familiar».

El hombre expone ante el Defensor del Pueblo andaluz que, tras dos años sin ver a sus hijo, ha conseguido finalmente por sentencia el derecho a verlo. Presenta su queja en mayo de 2016 porque lo han citado en el punto de encuentro para finales de noviembre a una entrevista previa con los técnicos de la Asociación Humanos con Recursos, por lo que aún ni siquiera tiene fecha para ver a su hijo.

Tras la queja, le adelantan la cita para agosto, pero no va, y en octubre, tampoco acude porque no le llegan las notificaciones, así que al final asiste en el mes de noviembre, como decía el primer oficio, según la información recopilada por el Defensor del Pueblo andaluz. El punto de encuentro de Sevilla alega que no tiene ninguna responsabilidad en que no le hayan llegado las citaciones al padre porque ello depende directamente del órgano judicial, del servicio común de notificaciones o de sus representantes legales. Este padre comienza, finalmente, las visitas con su hijo en enero. Con nueve meses de retraso desde que en mayo acudió al Defensor del Pueblo.

La Junta de Andalucía informa de que «se han realizado las actuaciones oportunas para adelantar la cita en el punto de encuentro familiar, tal y como puede acreditarse a través de los escritos remitidos al juzgado», según recoge la resolución del Defensor, en la que da el caso por cerrado, al haberse producido ya el encuentro entre padre e hijo.

Lista de espera

No es la única queja sobre los puntos de encuentro. Una madre de Huelva acudió al Defensor del Pueblo andaluz el año pasado para denunciar el «pésimo» servicio que ofrece el punto de encuentro familiar de la Junta de Andalucía en Huelva. En su queja, expresa su preocupación por los cuatro meses que lleva en lista de espera y, según las noticias que tenía, tendría que esperar como mínimo otro mes y medio.

Tras la denuncia, la Junta tomó medidas para solventar el problema planteado por esta madre de Huelva, según la información reunida por el Defensor del Pueblo.

La Consejería andaluza de Justicia e Interior, que dirige Rosa Aguilar, puntualizó a este diario que todas esas quejas están ya cerradas por el Defensor del Pueblo andaluz, al haberse subsanado los problemas que denuncian los padres afectados. Actualmente, según la Junta, no hay «ni retrasos ni listas de espera» en los puntos de encuentro andaluces.

Tan sólo hay una queja abierta en el Defensor del Pueblo andaluz en la que se menciona un punto de encuentro familiar, si bien los retrasos que denuncia el ciudadano son achacables al órgano judicial, precisó la Junta.

Más controles

A principios de la década, el anterior Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, urgió a la Junta para que intensificara los controles y «con carácter urgente»elaborase una normativa reguladora de los puntos de encuentro familiar tras las reiteradas quejas ciudadanas. La petición era del año 2012, pero el decreto que regula estos centros no se aprobó hasta 2014.

En aquella resolución de Chamizo, del 2 de julio de 2012, se destaca el importante «encargo institucional» que la Junta realiza a las entidades «privadas» gestoras de los puntos de encuentro familiar.

La Consejería de Justicia invierte cada año un millón de euros en los diez puntos de encuentro que funcionan en las provincias andaluzas, en los que el año pasado fueron atendidos 2.426 menores. La Junta no ofrece este servicio a través de sus funcionarios, sino que lo subcontrata con entidades privadas, que son las encargadas de gestionar estos centros.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga la denuncia interpuesta el pasado 19 de junio por cuatro madres y un padre sobre «vejaciones e insultos» a menores en el equipamiento de Sevilla.

Comparecencia en el Parlamento

El Partido Popular pidió este lunes la comparecencia de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, en el Parlamento andaluz para que dé explicaciones sobre la «situación muy grave» que describe la denuncia de un grupo de padres publicada por EL MUNDO sobre las presuntas «vejaciones e insultos» a menores en el punto de encuentro de la Junta de Andalucía en Sevilla.

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, anunció que los parlamentarios del Grupo Popular en la Cámara andaluza presentarán iniciativas parlamentarias requiriendo explicaciones a la consejera «ante la gravedad de la situación y de los hechos que denuncian los padres» sobre el punto de encuentro.

Mientras, Aguilar aseguró que su departamento recabará «información interna»sobre el funcionamiento del punto de encuentro cuando reciba formalmente la denuncia sobre el trato «vejatorio» a los menores en este centro.

Aguilar dijo que «formalmente» no les «ha llegado esa denuncia aún a la Consejería» y que en el momento en que la reciban actuarán «obteniendo la oportuna información interna».

Explicó que el punto de encuentro familiar «está en estos momentos en licitación pública» para adjudicar la prestación del servicio que en estos centros permite a progenitores con orden de alejamiento de sus ex parejas mantener encuentros con sus hijos o su uso para la entrega de los niños al progenitor no custodio en separaciones y divorcios traumáticos.

Estos centros «emiten informes trimestralmente a los jueces de su funcionamiento» que también requerirá la Consejería en caso de recibir la denuncia formal, añadió Aguilar, quien reiteró la «colaboración plena con la Justicia para que se pueda llegar hasta el final» en este asunto. «Actuaremos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y colaboraremos con la Justicia», zanjó.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/09/05/59ada983ca474185058b45a0.html

 

Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Susana Díaz olvida que no es diputada en el Parlamento italiano, país competente para resolver sobre el asunto. De hecho, ni siquiera es diputada en España.

No deja de ser una muestra de la concepción que tiene del Estado de derecho. Ese Estado en el que no hay división de poderes porque “Montesquieu ha muerto” según sentenció Alfonso Guerra tras modificar el PSOE el sistema de elección de jueces en 1985.

Según van apareciendo grietas en su legislación feminazi van haciendo remiendos con “perspectiva de género” cuya aplicación tiene el aberrante carácter de retroactivo.

El criterio de no legislar “en caliente” se obvia cuando está en juego la red clientelar creada bajo el paraguas de las leyes de género. Red que disfruta de una ingente cantidad de dinero público de cuyo destino real nada se sabe y del que no se exigen responsabilidades.

Susana Díaz se preocupa de sostener los organismos que realizan informes falsos que destrozan miles de vidas cada año.

No es sino una muestra más del desprecio a las decisiones judiciales que no les son favorables y de la obsesión por controlar la judicatura.

Un ejemplo de su concepción totalitaria del Estado.

No es de extrañar que tardase diez años en terminar la carrera de Derecho.

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Susana Díaz pide un cambio legislativo que impida que un maltratador tenga la custodia de sus hijos

 

Díaz urge a impedir por ley otorgar custodia a padres maltratadores EFE

Ángela de Bethencourt

Sevilla

29 AGO. 2017

Juana Rivas entrega a sus hijos al padre ante el ultimátum de la Justicia

La presidenta andaluza echa en falta la aplicación del pacto de estado contra la violencia de género en el caso de Juan Rivas.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido este martes un cambio legislativo que impida que un maltratador pueda tener la custodia de sus hijos: “Un buen padre no maltrata a una madre”, ha añadido.

Díaz ha defendido sin embargo el acatamiento de las decisión de la Justicia, que ha fallado en favor del ex marido de Juana Rivas y por la que la granadina se ha visto obligada a devolver voluntariamente a su ex pareja a sus dos hijos este lunes. Aunque ha considerado que el caso de Juana Rivas ha dejado en evidencia la urgencia de una modificación de la ley para evitar que el padre sobre el que haya recaído una sentencia firme por maltrato pueda tener la custodia de los hijos quienes son “víctimas directas” de la violencia de género.

En esta línea, la presidenta ha manifestado la insuficiente aplicación del reciente pacto de estado contra la violencia de género. Dicho pacto, aprobado por unanimidad política a finales del pasado mes de julio, cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros con una margen de aplicación de cinco años y 200 medidas.

Entre las medidas, se contempla aquellas para “prevenir, proteger y reparar” los daños que un ambiente familiar hostil por violencia de género provoque en los menores de edad o la no imposición de la custodia compartida en estos casos. Precisamente, el régimen de custodia compartida en Italia, país donde se encuentra la residencia familiar, es el que le propone su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri.

Susana Díaz ha comparecido este martes tras la primera reunión de su Consejo de Gobierno después del paréntesis del mes de agosto.

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/08/29/59a5519d22601dab328b459b.html